Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

DAYNA LEE ALLENDE DE 

LEÓN Y/O FRANCISCO 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ 

GIRONA

Parte Recurrida

v.

ALFREDO ROMÁN 

CORREA; MAPFRE 

PRAICO INSURANCE 

COMPANY

Parte Recurrente

KLRA202300273

Revisión de Decisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Asuntos del 

Consumidor

Querella núm.: 

SAN-2019-0004407

Sobre: 

Ley Núm. 5 de 23 

de abril de 1973 

Construcción

Panel integrado por su presidenta, la Juez Grana Martínez, el Juez 

Rodríguez Flores y el Juez Salgado Schwarz.

1

Rodríguez Flores, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2024.

El Sr. Alfredo Román Correa (Sr. Román Correa o recurrente) 

solicita que revoquemos la Resolución emitida el 10 de abril de 2023, 

notificada en igual fecha, por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO o agencia recurrida). Mediante el referido 

dictamen, DACO declaró con lugar la reclamación instada por la 

Sra. Dayna Lee Allende de León y el Sr. Francisco Alejandro 

Hernández Girona (en adelante esposos Hernández Allende o 

recurridos) y ordenó al Sr. Román Correa pagarle a los recurridos 

varias sumas.2

Tras examinar los escritos de las partes comparecientes, así 

como los documentos que conforman el apéndice, y tomando en 

1 Véase, OATA-2024-033, en la que se designa al juez Salgado Schwarz en 

sustitución del juez Figueroa Cabán.

2 DACO ordenó al Sr. Román Correa pagarle a los recurridos las siguientes sumas: 

$6,047.50 por incumplir con su obligación de realizar una obra satisfactoria, 

$1,000.00 por concepto de daños y angustias mentales y $ 2,000.00 por concepto 

de honorarios de abogado. En su dictamen, DACO ordenó a MAPFRE PRAICO 

Insurance Company, fiadora del Sr. Román Correa, responder de forma 

subsidiaria por las sumas impuestas hasta cubrir el monto de la fianza de 

$4,000.00.
KLRA202300273 2

consideración el extenso trasfondo fáctico y procesal del caso, se 

modifica la resolución recurrida y así modificada, se confirma.

I.

A.

Los esposos Hernández Allende otorgaron Escritura de 

Compraventa y Designación de Hogar Seguro3, mediante la cual 

adquirieron una propiedad reposeída a través de un préstamo FHA 

203k. Dicho préstamo, realizado a través de Home Mortgage Bank 

(en adelante Banco), permite financiar la compra y efectuar las 

reparaciones necesarias a la propiedad con una sola hipoteca. En la 

escritura, los esposos Hernández Allende acordaron que la compra 

de la propiedad se realizaba en el estado y condición actual de esta

(as is, where is). La propiedad, ubicada en el Municipio de Toa Alta, 

estuvo abandonada y desocupada por alrededor de dos años. Por 

ello, la propiedad requería extensas reparaciones para poder ser 

habitada por los esposos Hernández Allende. Dado a que el

matrimonio no logró conseguir contratistas para las reparaciones, 

estos acudieron al Banco quien le refirió al contratista Sr. Alfredo 

Román Correa.

Conforme surge de los documentos que obran en el apéndice 

del recurso, el 26 de noviembre de 2018, el Sr. Román Correa 

suscribió un documento titulado Alfredo Román Correa, General 

Construction Services, Reparación y Remodelación de Propiedad4. En 

este, surge un desglose con la descripción de los trabajos a realizarse 

en la propiedad de los esposos Hernández Allende. Los trabajos

detallados en la hoja son los siguientes:

Descripción Qty Materiales Labor Total

Certificación Utilidades 

(AAA/AEE)

1 450.00 450.00

3 Véase, apéndice del recurso, págs. 190-201.

4

Íd., pág. 182. El documento está firmado únicamente por el Sr. Román Correa.
KLRA202300273 3

Descripción Qty Materiales Labor Total

Lavado y sellado de 

techo de residencia 

(sellador elastomérico)

1 1,500.00 1,500.00 3,000.00

[A]condicionamiento 

sistema el[é]ctrico, 

panel, outlets, switch, 

rosetas

1 650.00 1,850.00 2,500.00

[A]condicionamiento de 

rejas exteriores, 

remoción de ventana

1 700.00 250.00 950.00

Acondicionamiento de 

piscina

1 1,750.00 1,250.00 3,000.00

Instalación de 

Calentador de l[í]nea 

(220 V)

1 280.00 125.00 405.00

Detectores de Humo (5) 1 100.00 100.00 200.00

Lavamano en el (1/2) 

baño

1 100.00 100.00 200.00

Pintura 

interior/exterior

1 1,000.00 1,000.00 2,000.00

Instalación de 

Gabinetes (PVC) en 

cocina

1 2,800.00 2,200.00 5,000.00

Remoción de Terraza 

en madera, Limpieza, 

recogido de escombros

1 250.00 140.00 390.00

Total 18,095.00

En la parte inferior, el documento lee como sigue:

Esperamos, servir y realizar el trabajo con la 

excelencia y orgullo que solamente Román & 

Associates le ofrece a sus clientes. Costo total del 

proyecto a ser realizado será de $18,095.00. El 

mismo debe culminar en o antes de (30) días 

naturales. Los cuales se facturar[á]n con un 

anticipo del 50% del precio total y el restante al 

culminar e inspecci[ó]n de la obra. Todo trabajo 

anterior será realizado a las especificaciones e 

instrucciones de los propietarios. Cualquier 

alteración o desviación de las especificaciones 

arriba mencionadas, incluyendo vicios ocultos 

serán ejecutadas solamente por órdenes escritas

comunicadas y vendrá a ser un cargo adicional al 

estimado original. (Énfasis nuestro)5

El término de treinta (30) días establecido en el documento

respondía a la necesidad del matrimonio de ocupar la vivienda, pues 

tenían que desocupar el apartamento alquilado en el que residían. 

5 Según surge de las alegaciones del recurso, el recurrente entregó el documento 

para la firma de los esposos Hernández Allende. No obstante, no surge del 

expediente ni del apéndice que dicho documento haya sido firmado ni la fecha en 

que los recurridos alegadamente firmaron el mismo.
KLRA202300273 4

El 15 de diciembre de 2018, los esposos Hernández Allende 

pagaron al Sr. Román Correa la cantidad de $9,047.50, suma 

equivalente al anticipo del 50% del pago total requerido. De dicha 

suma, el Sr. Román Correa devolvió a los esposos Hernández Allende 

la cantidad de $3,000.00, correspondiente al costo de la instalación

de gabinetes de cocina en PVC, dado que el matrimonio le expresó 

que un familiar le regalaría los gabinetes. Así, el Sr. Román Correa 

contaba con un adelanto de $6,047.50 para comenzar los demás 

trabajos en la propiedad. 

El Sr. Román Correa y sus empleados realizaron trabajos en

la propiedad desde el 17 de diciembre de 2018 hasta el 28 de 

diciembre de 2018, para un total de 11 días trabajados. Según 

expuesto por el recurrente en su recurso, durante ese periodo, se 

percató de múltiples vicios ocultos que no se notaban a simple vista, 

pero que requerían reparación para que los trabajos acordados 

quedaran bien hechos.6 El Sr. Román Correa notificó sobre los vicios 

ocultos a los esposos Hernández Allende, quienes rechazaron los 

señalamientos y alegaron no tener dinero. El Sr. Román Correa

expuso que, durante la relación entre las partes—en inicio una de

amistad—todos los cambios y modificaciones realizados a los 

acuerdos se hicieron de forma verbal. El Sr. Román Correa adujo

que no realizó extensiones de tiempo o modificaciones por escrito,

por entender que los esposos Hernández Allende se negarían a que 

se realizaran las modificaciones señaladas, así como pagar las 

mismas. Así, entre las partes surgió una serie de desavenencias que 

impidieron la culminación de la obra. El 4 de febrero de 2019, el Sr. 

Román Correa acudió a la propiedad de los recurridos por última 

vez, para soldar un tubo del techo. Ese día, entre el Sr. Hernández

6 Véase, Recurso de Revisión Administrativa, página 5, acápite 12.
KLRA202300273 5

y el Sr. Román Correa surgió una discusión que culminó cuando el

Sr. Hernández le pidió al recurrente que se fuera y no volviera.

El 20 de febrero de 2019, los esposos Hernández Allende

presentaron por derecho propio una querella ante DACO por 

incumplimiento y defectos en la obra. En síntesis, alegaron que el 

Sr. Román Correa dejó trabajos incompletos en la propiedad, que su 

último día de trabajo fue el 4 de febrero de 2019, y que este requirió 

más dinero a los recurridos por los trabajos acordados y no 

terminados. Detallaron una lista de los trabajos incompletos y 

solicitaron a DACO que revocara la licencia del Sr. Román Correa o 

se le sancionara. 

El 7 de marzo de 2019, el Sr. Román Correa contestó la 

querella. En síntesis, atribuyó la paralización de las obras a la 

conducta del Sr. Hernández, lo que impidió que las obras se 

completaran en el término acordado, además de negarse a pagar 

dinero adicional por los vicios ocultos señalados. Reclamó que los 

esposos Hernández Allende le adeudan la suma de $6,547.50, así 

como $5,000.00 por violación de contrato y difamación a su 

persona.

El 19 de junio de 2019, el técnico de investigación de DACO, 

Sr. José Carmona Longo, hizo una inspección de la propiedad. A la 

inspección compareció el Sr. Román Correa y los esposos Hernández 

Allende. El informe de inspección fue notificado a las partes el 6 de 

agosto de 2019.7 A la luz de los resultados8 de la inspección, el 

técnico de investigación recomendó que se celebrara una vista 

7 El 10 de agosto de 2019, el Sr. Román Correa presentó sus objeciones al informe. 

Véase, apéndice del recurso, páginas 97-99.

8 El informe resume los siguientes hallazgos según alegados en la querella: 1. 

Certificaciones: Ok.; Reparación y tratamiento de techo: Intervino, pero no ha sido 

efectivo, continúan las filtraciones; 3. Trabajo completo de electricidad. Realizado 

parcialmente.; 4. Reparación de rejas en Segundo piso y remoción de Ventana. A. 

Pésima la reparación realizada. B. la Ventana fue removida.; 5. 

Acondicionamiento de piscina. Permanece sin el acondicionamiento; 6. Detectores 

de humo. Mal instalados.; 7. lavamanos en medio baño. OK; 8. Pintura. El trabajo 

realizado es uno pésimo; 9. Gabinetes de cocina. OK; 10. Remoción de terraza en 

madera. OK.
KLRA202300273 6

administrativa. Notificado el informe, la agencia citó a las partes a 

una vista administrativa el 17 de octubre de 2019.

Mientras, el 27 de septiembre de 2019, los esposos Hernández 

Allende enmendaron la querella a los fines de reclamar daños y 

perjuicios por el incumplimiento del querellado. En síntesis, 

alegaron que las actuaciones del Sr. Román Correa le causaron 

daños por el tiempo que la piscina de la propiedad estuvo dañada, 

por riesgos de enfermedades y contaminación, así como aprehensión 

por las condiciones de la vivienda y quedar privados del libre uso y 

disfrute de la propiedad. El 2 de octubre de 2019, DACO notificó la 

enmienda a las partes.

Llegado el día de la vista administrativa, los esposos 

Hernández Allende informaron que contrataron una abogada que no 

podía comparecer. También, que interesaban enmendar 

nuevamente la querella a los fines de incluir a MAPFRE PRAICO 

Insurance Company, fiadora del Sr. Román Correa. La vista se 

convirtió en una sobre el estado de los procedimientos y se les

concedió un término a los esposos Hernández Allende para 

enmendar la querella. Ese mismo día, los recurridos enmendaron la 

querella para incluir a MAPFRE PRAICO Insurance Company como 

coquerellada, por ser esta la fiadora del Sr. Román Correa. El 21 de 

octubre de 2019, DACO notificó la enmienda a las partes. El 12 de 

noviembre de 2019, el Sr. Román Correa, a través de su 

representación legal, presentó un escrito en solicitud de término a 

la agencia y pidiendo una segunda inspección del hogar.9

El 15 de noviembre de 2019, los esposos Hernández Allende, 

esta vez mediante representación legal, presentaron Querella 

Enmendada en la que presentaron más alegaciones. El Sr. Román 

Correa, presentó Moción en Solicitud de Remedio, arguyendo que 

9 Véase, apéndice del recurso, págs. 51-52.
KLRA202300273 7

ante las numerosas enmiendas de los esposos Hernández Allende, 

se le dificultaba presentar una contestación adecuada a la querella. 

Por ello, solicitó a DACO ordenar a los recurridos presentar una 

querella final completa, en ánimos de poder contestar la querella 

adecuadamente. Después de varios trámites y enmiendas a la 

querella, los procedimientos ante DACO fueron detenidos y los 

términos suspendidos, como consecuencia de la emergencia del 

COVID-19. 

Reanudados los procedimientos y, luego de un breve 

descubrimiento de prueba, se celebraron varias vistas

administrativas. En la vista del 10 de febrero de 2022, testificó la 

querellante, Sra. Dayna Allende y el Sr. Carmelo Hernández 

Alvarado, contratista que, a solicitud de los esposos Hernández 

Allende, realizó una cotización de los trabajos que el Sr. Román 

Correa no completó. En la vista del 15 de agosto de 2022, continuó 

el testimonio de la Sra. Allende De León y también testificó el perito 

electricista de la parte querellante, el Sr. Ricardo Fonseca Serrano. 

Durante la vista del 22 de agosto de 2022, testificó el querellante, 

Sr. Francisco Hernández Girona y el testigo Christian Román 

Lozada, hijo del querellado (Sr. Román Correa).

Luego de la renuncia del juez administrativo que presidía los 

procedimientos, el caso fue reasignado a otra jueza administrativa y 

la última vista administrativa se celebró el 20 de diciembre de 2022. 

En esta se desfiló el testimonio del querellado, Sr. Román Correa. 

Desfilada la prueba por las partes, el caso quedó sometido para 

adjudicación. La jueza administrativa, de conformidad con la Regla 

26.2 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de DACO, 

solicitó a las partes presentar propuestas de determinaciones de 

hechos, las cuales fueron sometidas por las partes.
KLRA202300273 8

Así, de conformidad con la prueba admitida y la totalidad del 

expediente administrativo, DACO emitió 56 determinaciones de 

hechos, las cuales se transcriben a continuación:

1. La parte querellante del presente caso se identifica 

como Dayna Lee Allende De León y Francisco 

Hernández Girona, casados entre sí y residentes de 

Toa Alta, en adelante, la parte querellante. 

2. La parte querellada Alfredo Román Correa es una 

persona natural, que se desempeña como 

contratista, y que está inscrito en el Registro de 

Contratistas del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, conforme lo exige la Ley 146 del 10 de 

agosto de 1995. Su licencia de contratista es la 

Número DACO SJ-7277-CN. 

3. La parte coquerellada Mapfre Praico Insurance

Company fue la fiadora que prestó la fianza al 

querellado Alfredo Román Correa, al amparo de la 

Ley 146 de 1995. El número de la fianza es el 

1302148000891, por la cantidad de $4,000.00.

4. Para el mes de noviembre de 2018, la parte 

querellante se interesó en una propiedad reposeída, 

ubicada en la Urbanización Montecasino, en la Calle 

Pino Número 18, en el municipio de Toa Alta. La 

propiedad tenía 23 años de construcción. 

5. Los querellantes decidieron adquirir la residencia 

mediante un préstamo 203k, que permite financiar 

la compra y efectuar las reparaciones a la propiedad, 

asegurando el colateral del préstamo, a través de la 

institución hipotecaria Home Mortgage Bank. 

6. Los querellantes estuvieron buscando sin éxito 

contratistas que pudieran realizar las reparaciones a 

la propiedad, por lo que se comunicaron con el banco 

para informarlo y dos empleados del banco, Sr. 

Edwin León y Dimarie Aldecoa, le refirieron al 

contratista querellado, el Sr. Alfredo Román Correa. 

7. La parte querellante se comunicó con el contratista 

querellado Alfredo Román Correa y le explicó que 

tenían que mudarse a la nueva propiedad para el 1 

de enero de 2019, debido a que el dueño del 

apartamento donde residían, necesitaba rentarlo 

para esa fecha. A esos efectos, las reparaciones 

debían realizarse para el mes de diciembre 2018. El 

querellado estuvo de acuerdo y así quedó establecido 

en el contrato suscrito entre las partes.

8. El tasador del banco, la parte querellante y el 

contratista querellado llevaron a cabo una 

inspección de la propiedad, para que el tasador 

hiciera su estimado de reparaciones. El estimado 

del contratista debía ceñirse a las reparaciones 

requeridas por el tasador y a los costos de 

reparación.
KLRA202300273 9

9. El 12 de noviembre de 2018, el banco Home 

Mortgage Bankers realizó una tasación de la 

propiedad, la cual refleja las condiciones existentes 

en la propiedad a ese momento y recomienda las 

reparaciones que debían realizarse en la misma. 

10. El día 26 de noviembre de 2018, la parte 

querellante y el querellado Alfredo Román 

suscribieron un contrato de reparación y 

remodelación de propiedades, en el cual se establece 

que el costo total del proyecto era de $18,095.00. La 

facturación del trabajo sería de un anticipo del 50% 

del precio total y el restante al culminar e 

inspeccionar la obra. 

11. De conformidad con el contrato suscrito entre las 

partes, los trabajos debían culminar en o antes de 

treinta (30) días naturales. 

12. Los trabajos a realizarse, según el contrato, eran 

los siguientes: 

1. Certificación de Utilidades (AAA/AEE)

2. Lavado y sellado de techo residencia (sellador 

elastómerico)

3. Acondicionamiento sistema eléctrico, panel, 

outlets, switch, rosetas

4. Acondicionamiento de rejas exteriores, 

remoción de ventana

5. Acondicionamiento de piscina

6. Instalación de Calentador de línea (220V)

7. Detectores de humo

8. Lavamanos en el (1/2) baño

9. Pintura interior/Exterior

10. Instalación de Gabinetes (PVC) en cocina

11. Remoción de Terraza en madera, Limpieza, 

recogido de escombros

13. Posteriormente, [las] partes acordaron que, por la 

urgencia de los siguientes trabajos, los mismos no 

los llevaría a cabo el querellado Alfredo Román 

Correa:

Lavamanos en el (1/2) baño

Instalación de Gabinetes (PVC) en cocina

14. El contrato establecía además que, “Todo trabajo 

anterior será realizado a las especificaciones e 

instrucciones de los propietarios. Cualquier 

alteración o desviación de las especificaciones 

arribas mencionadas, incluyendo vicios ocultos 

serán ejecutadas por órdenes escritas comunicadas 

y vendrá a ser un cargo adicional al estimado 

original”. 

15. El querellado Alfredo Román Correa tuvo la 

oportunidad de examinar la tasación del banco con 

las recomendaciones del tasador, en la cual se 

apreciaban las filtraciones del techo y el estado de 

deterioro de la piscina y de la propiedad en general. 
KLRA202300273 10

16. La tasación de noviembre del 2018, estipulada 

por las partes, contiene un listado de trabajos a 

realizarse a un costo de $12,300.00, que no incluía 

algunas partidas que surgen del contrato de 

construcción, tales como gabinetes de cocina, y 

certificaciones de AAA y AEE. 

17. Los querellantes hicieron el cierre hipotecario el 

30 de noviembre de 2018, mediante escritura 

pública, ante notario Jorge Fernando Colón 

Montaner. En esta fecha se les hizo entrega de las 

llaves de la casa. 

18. El primer pago al querellado Alfredo Román fue el 

15 de diciembre de 2018. Al momento de cambiar el 

cheque, que era por $9,047.59, el querellado les 

devolvió a los querellantes la suma de $3,000.00 por 

concepto de los gabinetes que no trabajaría, por lo 

que retuvo $6,047.50 para comenzar la obra. 

19. El querellado Alfredo Román Correa y sus 

empleados comenzaron la obra el 17 de diciembre 

del 2018. La casa estaba vacía en ese momento, sin 

la presencia de los querellantes. Los primeros 

trabajos que el querellado hizo en la casa de los 

querellantes fue el sellado de techo y pintura 

interior. 

20. Los empleados estuvieron trabajando desde el 17 

de diciembre del 2018 hasta el 28 de diciembre del 

2018. El querellado nunca les indicó a los 

querellantes que se iba a ausentar de la obra. 

21. Como los querellantes tenían que desalojar el 

apartamento alquilado en o antes del 1 de enero 

de 2019, el coquerellante Francisco Hernández 

intentó comunicarse y le envió mensajes de texto 

al querellado, para saber el estatus de la obra, 

pero éste no aparecía. 

22. El 7 de enero de 2019, el coquerellante Francisco 

Hernández le escribió un correo electrónico a la 

funcionaria del banco, Dimarie Aldecoa, porque el 

querellado no aparecía a trabajar. Ese día, a las 

10:24am, el querellado apareció en la propiedad. Los 

querellantes autorizaron su entrada, ya que el 

deseo de éstos era poder mudarse y finalizar los 

trabajos, e informaron al banco que el querellado se 

había reportado. 

23. La parte querellante se trasladó a residir a la 

propiedad la segunda semana del mes de enero del 

2019, por necesidad de desalojar el apartamento 

alquilado, conforme le habían advertido al 

querellado Alfredo Román cuando suscribieron el 

contrato de obra. Cuando los querellantes se 

mudaron a la casa, la propiedad estaba habitable. 

24. Debido a que los querellantes se habían mudado 

a la propiedad, ni el querellado Alfredo Román 

Correa ni sus empleados podían hacer trabajos 
KLRA202300273 11

dentro de la casa, mientras no estuviera alguno de 

los dueños o persona autorizada. 

25. El querellado Alfredo Román Correa regresó a la 

obra con sus empleados el 7 de enero del 2019 y 

trabajaron hasta el 24 de enero de 2019. El 

querellado no volvió a la casa hasta el 4 de febrero 

de 2019, fecha en que no regresó más a la obra. 

26. El 4 de febrero de 2019, el querellado Alfredo 

Román llegó a la casa acompañado de su empleado, 

y les notificó a los querellantes que venían a soldar 

un tubo del techo. El querellado les indicó que él 

había terminado los demás trabajos y que sólo 

faltaba la piscina.

27. El coquerellante Francisco Hernández le expresó 

al querellado Alfredo Román que faltaban muchos 

trabajos por hacer, como los eléctricos, la pintura y 

los cables del techo, y que había varias deficiencias 

en los trabajos realizados, entre ellos, las 

filtraciones. El querellado les indicó que esos 

trabajos se quedaban así, que, si querían 

arreglarlos, tenían que pagar más dinero. El 

querellado se molestó y con palabras soeces, 

abandonó la casa. 

28. Los querellantes notificaron a la Sra. Dimarie

Aldecoa, a través de un correo electrónico, lo 

ocurrido con el querellado Alfredo Román Correa, 

por lo que se ordenó una inspección por parte del 

banco. 

29. El 13 de febrero de 2019, el Sr. Alex Santos 

Santos, por orden del banco, luego de realizar una 

inspección de la casa y llevar a cabo una nueva 

tasación, preparó un documento titulado 

“Compliance Inspection Report”, de la que surgen las 

reparaciones que fueron hechas y las que no 

pudieron ser completadas por el querellado. En ese 

documento se especifica que la piscina no fue 

reparada. 

30. En esta segunda ocasión, se expresa que las 

reparaciones no fueron completadas y que el valor 

estimado de la propiedad estaba sujeto a que las 

mismas se completaran. De no completarse las 

reparaciones, el valor del mercado de la propiedad se 

vería afectado, según el documento.

31. Ante esta situación, la parte querellante procedió 

a radicar una querella ante el Departamento contra 

el contratista Alfredo Román Correa, por derecho 

propio, el 20 de febrero de 2019. Esta querella fue 

enmendada posteriormente para incluir a la 

coquerellada Mapfre Praico Insurance Company. 

32. Como parte de los procedimientos, el 

Departamento citó a todas las partes a una 

inspección de la propiedad objeto de la querella, con 

el Investigador de Querellas de Construcción, Sr. 
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José Carmona Longo, para el 19 de junio de 2019. A 

dicha inspección comparecieron la parte querellante 

y el querellado Alfredo Román Correa, ambos por 

derecho propio. El inspector recomendó a la parte 

querellante someter estimado de costos por los 

trabajo mal hechos y por los que el querellado no 

realizó, el día de la vista administrativa.

33. El informe sobre los hallazgos de la inspección 

realizada el 19 de junio de 2019 por el Sr. José

Carmona Longo, y que fue notificado a las partes el 

6 de agosto de 2019, consigna lo siguiente: 

Hallazgos de la construcción según alegaciones de la 

querella: 

1. Certificaciones 

Ok. 

2. Reparación y tratamiento del techo

Intervino, pero no ha sido efectivo, continúan 

las filtraciones. 

3. Trabajo completo de electricidad

Realizado parcialmente.

4. Reparación de rejas en segundo piso y 

remoción de ventana

a. Pésima la reparación realizada

b. La ventana fue removida

5. Acondicionamiento de piscina

Permanece sin el acondicionamiento

6. Detectores de humo

Mal instalados. 

7. Lavamanos en medio baño

Ok. 

8. Pintura

El trabajo realizado es uno pésimo. 

9. Gabinetes de cocina.

Ok. 

10. Remoción de terraza en madera 

Ok. 

34. Como parte del contrato, el querellado tenía que 

limpiar la piscina, pintarla y poner a funcionar el 

motor y los drenajes. La misma ya fue arreglada por 

un tercero que reparó los drenajes, poniéndola a 

funcionar, para finalmente marmolizarla. 

35. El 2 de octubre de 2019, la parte querellante 

enmendó la querella para reclamar daños y 

perjuicios por el alegado incumplimiento del 

querellado. El 17 de octubre de 2019, la parte 

querellante enmendó la querella para incluir a 

Mapfre Insurance Company como parte 

coquerellada. 

36. El Departamento citó a una nueva inspección 

para el 23 de enero de 2020, pero la misma no fue 

celebrada, ante la incomparecencia de la abogada de 

Alfredo Román y de un representante de Mapfre. 

37. El 4 de septiembre de 2020, el Departamento 

llevó a cabo una segunda inspección técnica de la 

propiedad. El informe de inspección notificado el 8 

de septiembre de 2020, consigna lo siguiente: 
KLRA202300273 13

Se hizo una segunda inspección completa, en la cual 

estuvieron presentes las partes con sus respectivas 

abogadas. 

1. La parte querellante ha realizado mejoras en 

la propiedad por iniciativa propia. 

2. Se puede apreciar que la piscina está en uso y 

funcionando. 

3. Se indica nuevamente que la parte querellante 

presentará estimado de costos por los trabajos 

mal hechos y los trabajos que el querellado 

nunca llegó a realizar el día en que se celebre 

la Vista Administrativa en el Departamento.

4. En adición le hará llegar copia de los mismos 

a la representación legal del querellado previo 

a que se celebre dicha Vista. 

38. El 16 de octubre de 2020, los querellantes 

solicitaron una cotización para llevar a cabo las 

reparaciones que el querellado no completó, al Sr. 

Carmelo Hernández. Esta cotización no incluye 

trabajos de impermeabilización de techo. 

39. El Sr. Carmelo Hernández testificó sobre la 

cotización de los trabajos no terminados o que 

fueron mal hechos por el querellado, y cuyo costo, a 

tenor con su cotización, asciende a $10,400.00. Este 

declaró lo siguiente: 

a) Techo: que, a simple vista, cuando visitó la 

residencia de los querellantes, se veían los liqueos 

del techo y la corrosión en el piso por las goteras 

y por eso los puso en su cotización. 

b) Que en su cotización puso la remoción de las 

losas a la orilla del techo, ya que los liqueos en la 

propiedad eran evidentes. 

c) Al techo del closet que se encuentra en la 

marquesina había que aplicarle primer y sellador, 

ya que este trabajo no se había realizado. 

d) Pintura Exterior: La casa parecía que no se 

pintaba hace mucho tiempo ni que se le hubiese 

pasado manguera de presión y había paredes mal 

pintadas. 

e) Pintura Interior: Había que pintar la marquesina, 

el “family” y el plafón del techo, ya que esto estaba 

mal pintado. 

f) Reja del segundo nivel: Había que remover tubos 

dañados y poner tubos nuevos, además que había 

que estirar los tensores, ya que éstos estaban 

sueltos. Este trabajo tampoco se había realizado. 

g) Que la cotización que hizo fue con los costos y 

precios existentes para el año 2020, pero que los 

mismos han aumentado drásticamente, por lo 

que, cuando se realicen esos trabajos, la 

cotización podría aumentar. 

h) Que en ningún momento se le mencionó nada 

acerca de los trabajos que había realizado el 

querellado ni se le había mostrado su cotización. 

40. Los querellantes contrataron a Ricardo Serrano, 

perito electricista, debidamente licenciado por la 

Junta Examinadora de Peritos Electricistas del 

Departamento de Estado, licencia número 4080, 
KLRA202300273 14

para reparar y/o terminar los trabajos de 

electricidad y energizar completamente la residencia. 

41. Este perito fue quien cotizó los trabajos de 

electricidad, con posterioridad a los trabajos 

realizado por el querellado Alfredo Román. El 

perito electricista declaró durante la vista 

administrativa, que el panel de distribución de la 

casa, que tenía la tapa instalada, al remover la 

misma, reflejó que estaban sobrecargados los 

circuitos al ser conectados a un solo "breaker". 

Según el perito, en el caso de los "breakers" de 30 

amperes, éstos no deben sobrepasar el 80% de su 

capacidad, porque al aplicar la carga, podrían 

ocasionar un incendio.

42. Cuando el perito electricista Ricardo Serrano 

fue a verificar el panel de distribución, pudo 

detectar las diversas deficiencias eléctricas del 

trabajo realizado por el querellado, que eran 

contrarias a las disposiciones del Código 

Eléctrico.

43. El perito electricista encontró que el 60% de la 

casa no estaba energizada y procedió a corregir todas 

las deficiencias encontradas, entre ellas:

Remplazo de dos receptáculos regulares del cuarto 

máster con cables partidos, que hubo que realambrar y un receptáculo Ground fault del baño del 

cuarto máster

Reemplazo receptáculo Ground Fault en medio baño

Reemplazar receptáculo en family y donde va el 

abanico instalar un receptáculo

Reemplazar tres receptáculos de la terraza e instalar 

dos rosetas en el techo

Reemplazar dos receptáculos en el área del garaje

Reparar receptáculos en el gabinete de la cocina

Receptáculo de la columna de la verja de concreto y 

luminaria tuvo que ser alambrada

Reemplazar dos detectores de humo no cumplían 

con el Código Eléctrico 

Se reemplazó caja del panel de distribución, con sus 

respectivos "breakers"

44. El perito Ricardo Serrano estableció que en el 

área de electricidad no puede haber vicios 

ocultos, y que los trabajos que debió realizar el 

querellado no constituían vicios ocultos, y que, 

de haber tenido un buen perito electricista, se 

hubiesen podido realizar correctamente los 

trabajos que cotizó en el contrato.

45. El perito electricista Ricardo Serrano instaló 

detectores de humo nuevos y explicó la manera 

correcta de hacerlo, ya que habían sido mal 

instalados por el querellado.
KLRA202300273 15

46. La certificación eléctrica que el querellado entregó 

a los querellantes al inicio de las obra indicaba que 

todo estaba en perfecto estado; no indicaba que 

hubiese pillos ni ningún problema con el sistema 

eléctrico en la propiedad, así como tampoco con la 

conexión eléctrica 220.

47. Las fotos admitidas en evidencia demuestran las 

condiciones de las instalaciones eléctricas en la 

residencia, al momento de la inspección por parte del 

electricista.

48. El perito electricista tuvo inconvenientes para 

energizar la terraza, porque tuvo que alambrar todo.

En términos generales, el perito electricista encontró 

que los trabajos realizados con anterioridad a su 

intervención no fueron realizados por un perito 

electricista, porque los métodos utilizados no fueron 

los adecuados ni de conformidad con el Código 

eléctrico.

49. El 16 de febrero de 2021, el perito electricista 

Ricardo Serrano emitió la certificación eléctrica, en 

la cual se establecen todos los trabajos de 

electricidad realizados.

50. La certificación anterior del [perito] electricista 

Miguel A. Rivera por desuso, no refleja las 

deficiencias encontradas por el perito Ricardo 

Serrano, por lo que el perito concluye que dicha 

certificación estuvo basada en una simple 

inspección visual.

51. Los querellantes pagaron al electricista Ricardo 

Serrano la suma de $2,826.43 por los trabajos 

eléctricos, mediante dos cheques que ya fueron 

cobrados. 

52. Los querellantes le dieron prioridad a la 

restauración de la piscina, porque era una cuestión 

de seguridad, ya que el agua estancada atraía 

mosquitos y constituía un peligro para sus hijos. El 

querellante le echó pastillas de cloro a la piscina, 

pero ello no resolvió el problema. 

53. Home Mortgage Bank autorizó el arreglo de la 

piscina y contrató a Fournier Professional Pool 

Service para el arreglo de la piscina, para lo cual el 

banco le pagó la suma de $9,075.00 que era el 

remanente del préstamo 203k que hicieron los 

querellantes para el arreglo de la propiedad. 

54. El costo de reparación de la piscina incluye la 

suma de $3,500.00 por concepto de marmolizado, 

que el querellado no venía obligado a hacer.

55. Los querellantes han sufrido daños y angustias 

mentales como resultado del incumplimiento de la 

parte querellada. 
KLRA202300273 16

56. Los querellantes, quienes tienen hijos menores de 

edad, no han podido disfrutar plenamente de su 

hogar, ya que se han visto afectados tanto 

emocionalmente como económicamente, como 

resultado de las deficiencias de la obra realizada por 

el querellado. 

(Énfasis nuestro).

En virtud de lo anterior, DACO concluyó que las partes 

perfeccionaron un contrato de arrendamiento de obras. Añadió que, 

a base de la prueba documental y testifical, creída y admitida, el Sr. 

Román Correa fue negligente en el cumplimiento de su obligación, y 

que este no presentó prueba fehaciente que justificara por qué no 

cumplió con la obra en el término acordado de treinta (30) días 

naturales, ni con la reparación de los defectos de forma satisfactoria. 

En vista de lo anterior, DACO determinó que el Sr. Román Correa 

incumplió con su obligación al no realizar un trabajo satisfactorio y 

sin que mediara una razón justificada o fuerza mayor que le 

impidiera hacerlo. Por ello, DACO decretó la resolución del contrato

y ordenó la devolución de las prestaciones.

En consecuencia, DACO ordenó al Sr. Román Correa devolver

a los esposos Hernández Allende la suma de $6,047.50, la suma de 

$1,000.00 en concepto de los daños y angustias reclamados, más 

$2,000.00 en concepto de honorarios de abogado. Sobre las 

cuantías impuestas, DACO dispuso que MAPFRE respondería

subsidiariamente hasta cubrir el monto de la fianza de $4,000.00.

Insatisfecho con el dictamen, el 1 de mayo de 2023, el Sr. 

Román Correa solicitó reconsideración, la cual DACO rechazó de 

plano, al transcurrir el término dispuesto sin que acogiera la misma. 

Inconforme aún, el 12 de junio de 2023, el recurrente acude 

ante este foro apelativo y formuló los siguientes señalamientos de 

error:

A. Erró la agencia al imponer honorarios de abogado al 

recurrente ante la ausencia de temeridad.

B. Erró la agencia al imponer daños y perjuicios al 

recurrente ante falta de prueba.
KLRA202300273 17

C. Erró la agencia al no acreditar al recurrente los 

trabajos que fueron realizados y aceptados por la 

propia agencia y la propia parte recurrida. 

El 12 de julio de 2023, los esposos Hernández Allende 

presentaron Alegato en Oposición a Revisión. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, estamos en posición de resolver. 

II.

A.

Es norma firmemente establecida que los tribunales 

apelativos han de conceder gran consideración y deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos. Ello, dado que las 

agencias administrativas cuentan con vasta experiencia y 

conocimiento especializado en cuanto a los asuntos que les han sido 

encomendados.10

Como resultado, la decisión de una agencia administrativa 

gozará de una presunción de legalidad y corrección que será 

respetada, siempre que la parte que la impugna no produzca 

evidencia suficiente para rebatirla.11 Así, en cuanto a las 

determinaciones de hecho que realiza una agencia, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que los tribunales revisores tienen que 

sostenerlas si se encuentran respaldadas por evidencia suficiente 

que surja del expediente administrativo al ser considerado en su 

totalidad.12 Por evidencia sustancial se entiende “aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”.13

10 Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 839 (2021), citando a OCS 

v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 

DPR 800 (2012); Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

11 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).

12 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). Véase, además, Sec. 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 9675.

13 Rolón Martínez v. Superintendente, 201 DPR 26, 36 (2018); González Segarra et 

al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728-729 

(2005). 
KLRA202300273 18

Por lo tanto, la parte afectada deberá reducir el valor de la 

evidencia impugnada o demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación del ente administrativo no estuvo basada 

en evidencia sustancial.14 En fin, el tribunal debe limitar su 

intervención a evaluar si la determinación de la agencia es 

razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal revisor sustituya 

el criterio de la agencia por el suyo.15

Por otro lado, respecto a las conclusiones de derecho, la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, Ley Núm. 38-2017, señala que éstas pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos.16 Ahora bien, lo anterior “no implica que los 

tribunales revisores tienen la libertad absoluta de descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia”.17

Consecuentemente, cuando un tribunal llega a un resultado distinto 

al de la agencia, éste debe determinar si la divergencia es a 

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la 

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones 

de política pública o en la apreciación de la prueba.18 Dicho de otro 

modo, “[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el 

propio solo cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa”.19

Por consiguiente, la deferencia concedida a las agencias 

administrativas únicamente cederá cuando: (1) la determinación 

administrativa no esté basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo haya errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) cuando el organismo administrativo 

14 Otero v. Toyota, supra, pág. 728.

15 Íd.

16 Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675.

17 Otero v. Toyota, supra, pág. 729.

18 Otero v. Toyota, supra, pág. 729.

19 Íd.
KLRA202300273 19

actúe arbitraria, irrazonable o ilegalmente, al realizar 

determinaciones carentes de una base racional; o, (4) cuando la 

actuación administrativa lesione derechos constitucionales 

fundamentales.20

B.

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) fue 

creado en virtud de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 LPRA 

sec. 341 et seq., con el propósito primordial de proteger, vindicar e 

implementar los intereses y derechos de los consumidores en Puerto 

Rico. Este organismo fue dotado con amplias facultades para dictar 

las acciones correctivas que fueren necesarias para cumplir con el 

mandato de su ley habilitadora de proteger a los consumidores; 

adjudicar las querellas que se traigan ante su consideración y 

conceder los remedios procedentes conforme a derecho, incluidas 

las compensaciones económicas, si procedieran; establecer las 

reglas y normas necesarias para la conducción de los 

procedimientos administrativos e interponer cualesquiera remedios 

legales que fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos de 

la ley, entre otros.21 El Artículo 8 (a) dispone que el Secretario del

DACO tendrá poder para aprobar, enmendar o revocar aquellas 

reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones 

necesarias al cumplimiento de esta ley.22

C.

La sección 3.21 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38 de 30 de 

junio de 2017, autoriza a las agencias a imponer costas y honorarios 

de abogado en los procesos adjudicativos ante sí en los mismos 

20 Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021); Torres Rivera v. Policía 

de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 (2016); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712, 744-745 (2012).

21 3 LPRA sec. 341e (d), (g) e (i); Suárez Figueroa v. Sabanera Real, 173 DPR 694, 

704 (2008); Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756, 765-767, 769 

(1997). 

22 3 LPRA § 341g.
KLRA202300273 20

casos que dispone la Regla 44 de Procedimiento Civil.23 El 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de DACO recoge esta 

facultad administrativa dispuesta en la LPAU al establecer que el 

funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida la vista podrá 

imponer a la parte perdidosa el pago de costas y honorarios de 

abogados, según lo dispuesto en la Regla 44 de Procedimiento Civil. 

Sobre el particular, la Regla 20 establece lo relacionado al 

procedimiento de vistas administrativas. En específico, la Regla 20.2 

dispone que el Departamento podrá condenar al pago de honorarios 

de abogado o dictar cualquier otra orden que en derecho proceda. 

Más adelante, la Regla 27.5 establece lo siguiente:

El funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida 

la vista podrá imponer a la parte perdidosa el pago de 

costas y honorarios de abogado. El procedimiento se 

regirá por lo dispuesto en la Regla 44 de la Ley (sic) de 

Procedimiento civil de Puerto Rico de 2009, según 

enmendada.

D.

La Regla 44.1, inciso (d) provee para la concesión de 

honorarios de abogado en casos donde cualquiera de las partes o 

sus abogados hayan procedido con temeridad o frivolidad.24 En 

específico, la mencionada regla establece lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado.— En caso que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle 

en su sentencia al responsable el pago de una suma 

por concepto de honorarios de abogado que el 

tribunal entienda correspondan a tal conducta. En 

caso que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

sus municipios, agencias o instrumentalidades haya 

procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 

deberá imponerle en su sentencia una suma por 

concepto de honorarios de abogado, excepto en los 

casos en que esté expresamente exento por ley del 

pago de honorarios de abogado. 

23 3 LPRA sec. 9661(c). 

24 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1.
KLRA202300273 21

El Tribunal Supremo ha dispuesto que “[l]a temeridad es una 

actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia”.25 El propósito de 

los honorarios de abogados es sancionar al litigante perdidoso que 

por su temeridad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud frívola o desprovista de fundamento, obliga a la otra parte a 

asumir innecesariamente las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito.26 La imposición de honorarios por 

temeridad descansa en la discreción de la agencia. Cuando una 

agencia administrativa ejerce su discreción al imponer honorarios 

de abogado, dicha determinación no será alterada por los tribunales 

a menos que haya mediado un abuso en ella.27 En cuanto al 

determinación de temeridad, y pertinente a la controversia ante 

nuestra consideración, en Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 

695 (1999), el Tribunal Supremo reiteró lo siguiente:

La condena en honorarios de abogado es imperativa 

cuanto el tribunal sentenciador concluye que una parte 

ha sido temeraria. En ausencia de una conclusión 

expresa a tales efectos, un pronunciamiento en la 

sentencia que condene al pago de honorarios de 

abogado, implica que el tribunal sentenciador consideró 

temeraria a la parte así condenada. Por lo tanto, al 

imponerle los honorarios de abogado, el tribunal de 

instancia implícitamente realizó una determinación de 

temeridad. (Énfasis suplido.)

El Tribunal Supremo ha establecido que existe temeridad en 

las siguientes circunstancias: (1) hacer necesario un pleito que se 

pudo evitar; (2) prolongar innecesariamente un pleito; (3) causar que 

otra parte incurra en gestiones evitables; (4) contestar el demandado 

una demanda y negar su responsabilidad total, aunque la acepte 

posteriormente; (5) cuando el demandado se defiende 

injustificadamente de la acción; (6) si el demandado en efecto cree 

que la cantidad reclamada es exagerada y esa es la única razón que 

25 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764 (2001).

26 Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., supra, pág. 777.

27 Íd.
KLRA202300273 22

tiene para oponerse a las peticiones del demandante y no admite 

francamente su responsabilidad, limitando la controversia a la 

fijación de la cuantía a ser concedida; (7) si el demandado se arriesga 

a litigar un caso del que se desprendía prima facie su negligencia; y 

(8) negar un hecho que le consta es cierto al que hace la alegación.28

La partida de honorarios de abogado concedida no se variará 

en apelación, a menos que la misma sea excesiva, exigua o 

constituya un abuso de discreción.29

III.

Comenzaremos por establecer que, aun cuando el Sr. Román 

Correa ataca la apreciación de la prueba testifical desfilada en la 

vista, particularmente la adjudicación de credibilidad a los

testimonios, este no cumplió su obligación de solicitar que se le 

autorizara preparar una exposición narrativa o una transcripción de 

la prueba oral. Regla 66 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. R. 66. Por lo tanto, no nos ha puesto en condición de evaluar 

ningún señalamiento de error basado en la errónea apreciación de 

la prueba oral. Así pues, sin contar con otra evidencia más allá de 

las alegaciones del recurrente, este Tribunal no está en posición de 

ejercer su función revisora sobre el segundo y tercer señalamiento 

de error. De modo que, para resolver este recurso nos basaremos en 

los hechos, según determinados por el DACO.

En primer lugar, atenderemos el segundo señalamiento de 

error. En este, el Sr. Román Correa plantea que la agencia incidió al 

imponer daños y perjuicios a pesar de la insuficiente prueba de 

daños presentada. En específico, arguye que, para establecer los 

daños, los recurridos presentaron sus propios testimonios, que 

calificó de estereotipados, sin prueba pericial médica alguna que los 

sustentara. Arguye que, los daños reclamados fueron provocados 

28 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718-719 (1987).

29 Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339 (1989).
KLRA202300273 23

por los propios recurridos, pues si estos le hubieran permitido 

terminar el trabajo y no lo hubieran removido de la obra, esta se 

hubiera terminado de forma satisfactoria. Por su parte, los esposos 

Hernández Allende sostienen que DACO adjudicó credibilidad a la 

prueba testifical desfilada y que el Sr. Román Correa no presentó 

prueba alguna para impugnar la misma.

Resulta menester recalcar la importancia de la norma de 

deferencia que cobija las determinaciones hechas por las agencias 

administrativas. Como regla general, dicha norma establece que 

tales determinaciones serán sostenidas. Solamente, a modo de 

excepción, este Tribunal podrá desplazar el criterio de las agencias 

administrativas en casos de un claro abuso de discreción, error 

manifiesto o prejuicio. También podemos sustituir el criterio de las 

agencias recurridas cuando sus determinaciones no están 

sostenidas por prueba que obra en el expediente administrativo.

En el presente caso, las determinaciones de hechos consignan 

que el deseo de los esposos Hernández allende era mudarse al 

inmueble en enero de 2019, y así se lo advirtieron al Sr. Román 

Correa cuando suscribieron el contrato de obra.30 Los trabajos de 

reparación se realizaron a partir del 17 de diciembre de 2018, hasta 

el 28 de diciembre de 2018.31 Se continuó con dichos trabajos del 7 

de enero de 2019, al 24 de enero de 2019.32 El 4 de febrero de 2019, 

el Sr. Román Correa regresó a la residencia para efectuar una última 

reparación. Ese día, el coquerellante Francisco Hernández le expresó 

al recurrente que faltaban muchos trabajos por hacer, como los 

eléctricos, la pintura y los cables del techo, y que había varias 

deficiencias en los trabajos realizados. El Sr. Román Correa le indicó 

que los trabajos se quedaban así, y que, si querían arreglarlos, 

30 Determinaciones de hecho núms. 7, 22 y 23.

31 Determinación de hechos núm. 20.

32 Determinación de hechos núm. 25.
KLRA202300273 24

tenían que pagar más dinero.33 El informe de inspección de la casa 

realizado por el banco el 13 de febrero de 2019, especifica que la 

piscina no fue reparada.34 La piscina fue arreglada por un tercero 

que reparó los drenajes, la puso a funcionar y la marmolizó. El 

DACO reconoció que el recurrente no se comprometió a hacer el 

marmolizado.35 Los esposos Hernández Allende solicitaron al Sr. 

Carmelo Hernández una cotización para llevar a cabo las 

reparaciones que el recurrente no realizó. Este testificó en detalle la 

cotización efectuada.

36 También los recurridos contrataron al perito 

electricista Ricardo Serrano, quien testificó sobre sus hallazgos y 

corrección de las deficiencias encontradas.37 Las fotos admitidas en 

evidencia demuestran las condiciones de las instalaciones eléctricas 

al momento de la inspección por parte del electricista.38 Los esposos 

Hernández Allende pagaron al Sr. Ricardo Serrano por los trabajos 

eléctricos.39

El juez administrativo del DACO sopesó la prueba presentada, 

sopesó credibilidad y concluyó que el Sr. Román Correa se obligó a 

realizar las reparaciones a la residencia, que no atendió 

oportunamente las reclamaciones de los recurridos y que la mayoría 

de los trabajos los realizó de manera defectuosa. Basado en tales 

determinaciones, concluyó que el recurrente incumplió con sus 

obligaciones contractuales, lo que obligó a los esposos Hernández 

Allende a incurrir en gastos para acondicionar la casa. Así pues, la 

determinación de daños y perjuicios está amparada en las 

determinaciones del DACO y en la norma general de responsabilidad 

dispuesta en el Código Civil que dispone que la persona que de 

cualquier modo contraviene su obligación debe indemnizar por los 

33 Determinaciones de hecho núms. 26 y 27.

34 Determinación de hechos núm. 29.

35 Determinaciones de hechos núms. 34 y 54.

36 Determinaciones de hecho núms. 38 y 39.

37 Determinaciones de hecho núms. 40-45, 48-49.

38 Determinación de hecho núm. 47.

39 Determinación de hecho núm. 51. 
KLRA202300273 25

daños y perjuicios causados.

40 La misma es razonable y ante la 

ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad, debe sostenerse.

En su tercer señalamiento de error, el Sr. Román Correa alega 

que la agencia incidió al no acreditar los trabajos que sí fueron 

realizados y aceptados. Alega que la controversia no era sobre 

trabajos mal realizados, sino de trabajos que no pudieron ser 

completados por las acciones de los recurridos. Añade que los 

recurridos nunca pagaron la totalidad de lo acordado ni las 

modificaciones o trabajos adicionales que le solicitaron. En su 

escrito, efectuó un desglose de los acuerdos escritos, así como de las 

órdenes de cambio o modificaciones verbales presuntamente 

solicitadas y consentidas por los recurridos. También reseñó las 

tareas realizadas y aceptadas por los recurrentes y aquellos trabajos 

adicionales efectuados, pero no pagados por los recurrentes. Al 

respecto, los esposos Hernández Allende arguyen que los trabajos 

realizados estuvieron mal hechos, lo cual quedó demostrado en la 

vista administrativa, así como de los informes de inspección.

Surge del expediente que la obra realizada por el recurrente 

adolecía de algunos defectos, los cuales fueron verificados por DACO 

durante las inspecciones realizadas. Así, la inspección del DACO de 

19 de junio de 201941 consignó que la reparación y tratamiento del 

techo no fue efectiva, pues continuaban las filtraciones; que el 

trabajo de electricidad se realizó de manera parcial; que la 

reparación de las rejas del segundo piso y del trabajo general de 

pintura fueron de pésima calidad; la piscina no estaba en 

condiciones adecuadas y que los detectores de humo estaban mal 

instalados. Como obras realizadas, la misma inspección señaló que 

se removió una ventana; que existían certificaciones (que no 

40 Art. 1158 Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA Sec. 9303; anterior Art. 1054 

del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. ant. 3018. 

41 Determinación de hecho núm. 33.
KLRA202300273 26

reflejaron las deficiencias encontradas por el perito electricista 

Ricardo Serrano42); y que se removió la terraza en madera. La 

inspección también señaló que se instalaron los gabinetes de cocina

y que se colocó el lavamanos en el medio baño; no obstante, el propio 

recurrente ha admitido y el DACO determinó que ese trabajo lo 

realizó una tercera persona.43

La segunda inspección del DACO, de 4 de septiembre de 

202044, reflejó que los esposos Hernández Allende realizaron 

mejoras a la propiedad por iniciativa propia y que, de hecho, el 

inspector apreció que la piscina estaba en uso y funcionado. 

Surge además de las determinaciones de la agencia, que el 

inspector del DACO recomendó a los recurridos presentar un 

estimado de costos por los trabajos mal hechos o incompletos.45 Uno 

de estos estimados lo realizó el Sr. Carmelo Hernández a petición de 

los recurridos. La cotización corroboró las filtraciones del techo, el 

mal estado de la pintura del interior y exterior de la casa, y la 

necesidad de reparar las rejas del segundo nivel.

46 Los trabajos de 

electricidad los revisó el Sr. Ricardo Serrano, quien declaró sobre el 

mal estado de las instalaciones eléctricas y los trabajos realizados 

para corregir las deficiencias.47

Las determinaciones de la agencia recurrida no respaldan las 

siguientes modificaciones verbales reclamadas por el Sr. Román 

Correa en su recurso. Específicamente nos referimos a la limpieza 

de la piscina ($500.00), la realización de dos entradas en la parte 

baja de la residencia ($350.00), el lavado y sellado de parte del techo 

($3,000.00), calentador de línea ($405.00), detectores de humo 

($200.00), pintura interior en la segunda planta ($600.00), pintura 

42 Determinaciones de hecho núms. 46 y 50.

43 Determinaciones de hecho núm. 13 y 18.

44 Determinación de hecho núm. 37.

45 Determinaciones de hecho núms. 32 y37.

46 Determinación de hecho núm. 39. 

47 Determinaciones de hecho núms. 40-45.
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interior en la segunda planta ($600.00), pintura exterior en el 

segundo nivel ($600.00), trabajos adicionales en las rejas exteriores 

y ventanas ($1,000.00) y las 24 láminas de cristal instaladas en las 

ventanas, para las cuales no identificó valor pecuniario. 

Ahora bien, las determinaciones de hechos de la resolución 

recurrida manifiestamente exponen que el Sr. Román Correa realizó 

satisfactoriamente los siguientes trabajos especificados en el 

contrato que suscribió con los recurridos: (1) remoción de la terraza 

en madera y recogido de escombros ($390.00), (2) remoción de la 

ventana ($125.00, que constituye la mitad de la labor contratada 

por concepto del acondicionamiento de rejas y remoción de 

ventanas) y (3) certificación de utilidades ($450.00); para un total de 

$1,415.00. Por consiguiente, corresponde ordenar a los esposos 

Hernández Allende reembolsar al Sr. Román Correa la suma de 

$1,415.00 por concepto de los trabajos que efectivamente realizó en 

la residencia.

El Sr. Román Correa aduce, además, que DACO incidió al 

imponerle honorarios de abogado. Lo anterior, porque a su 

entender, no incurrió en temeridad y la agencia recurrida tampoco 

hizo una determinación de frivolidad o temeridad en la resolución 

recurrida. 

Por su parte, en su alegato en oposición, los esposos 

Hernández Allende sostienen que el Sr. Román Correa fue temerario 

al “pretender defenderse de las alegaciones del querellante cuando 

resultó obvio, para todas las personas que realizaron inspecciones 

en la propiedad, que las obras y reparaciones contratadas o no 

fueron realizadas o fueron mal realizadas.”48

Según expuesto en la segunda parte de este escrito, cuando 

un tribunal impone a una parte el pago de honorarios sin hacer una 

48 Véase, Alegato en Oposición a Revisión, pág. 5.
KLRA202300273 28

determinación previa de temeridad, implícitamente se entiende que 

el juzgador encontró temeraria a la parte así condenada. Sin 

embargo, no encontramos que el expediente sustente determinación 

de temeridad alguna que justifique la imposición de los honorarios 

de abogado al Sr. Román Correa. No surge del expediente indicio 

alguno que demuestre que el recurrente actuara de forma temeraria, 

contumaz, frívola o sin fundamento al defenderse de las alegaciones 

en su contra. Por el contrario, éste levantó las defensas que entendió 

le asistían para que fueran dirimidas por el juez administrativo. En 

virtud de todo lo anterior, modificamos la resolución recurrida a los 

efectos de eliminar la suma de $2,000.00 que le fue impuesta al Sr. 

Román Correa por concepto de honorarios de abogado.

IV.

Por los fundamentos expuestos, se modifica la resolución 

recurrida, a los efectos de que disponga que los esposos Hernández 

Allende deberán reembolsar al Sr. Román Correa la suma de 

$1,415.00 por concepto de los trabajos que efectivamente realizó en 

la residencia, y de eliminar la suma de $2,000.00 que le fue 

impuesta al Sr. Román Correa por concepto de honorarios de 

abogado. Así modificada, se confirma la resolución recurrida.

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones