Número Identificador

RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

JOHN HANRATTY; ET ALS

Peticionarios

v.

THOMAS R. MCOSKER; 

ET ALS

Recurridos

v.

LESSER FLAMINGO, LLC Y 

OTROS

Terceros demandados

KLCE202301397

Certiorari

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

San Juan

Sobre: Daños y 

Perjuicios; 

Apropiación 

Ilegal, 

Enriquecimiento 

injusto

Caso Núm.: 

SJ2019CV06916

(Sala 603)

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2024. 

Comparecen ante nos, el Sr. John Hanratty, Ebury Street 

Capital LLC y EB 1EMIALA LLC, EB 2EMIALA LLC, Ebury Fund 1 

NJ LLC y Ebury Fund 2 NJ LLC (los peticionarios), para que 

revisemos la Orden emitida y notificada el 14 de octubre de 2023,

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan

(TPI). En la aludida orden, se determinó que la información 

requerida era pertinente, y que se debía cumplir con el 

descubrimiento de prueba solicitado.

Aunque, oportunamente los peticionarios solicitaron 

reconsideración, el TPI mantuvo su determinación. 

Evaluados los escritos de las partes comparecientes, 

resolvemos denegar el auto solicitado. Veamos.
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-IEl 15 de agosto de 2019, los peticionarios presentaron una 

Demanda Enmendada contra el Sr. Thomas R. McOsker, BCMG 

International LLC, Gricklegrass Farms LLC, 100 Aker Wood LL, 

BCMG Technologies LLC, Map Plus LLC, BCMG Services LLC, 

McOsker Holdings LLC, Stonewall Holdings, LLC, BCMG LLC, Echo 

Recovery Solutions LLC y CambisPR LLC (los recurridos).1 En 

apretada síntesis, la parte peticionaria alega que la contra parte se 

apropió ilegalmente de 3.5 millones de dólares que estaban 

depositados en unas Cuentas Plica o “Escrow Accounts”. 

Por su parte, el 9 de octubre de 2020, el Sr. Thomas R. 

McOsker, BCMG LLC, BCMG Services LLC y BCMG Technologies 

LLC, presentaron una Segunda Reconvención y Demanda Contra 

Tercero Enmendada.

2 Posteriormente, el 8 de junio de 2021, los 

recurridos sometieron su contestación a demanda.3

Luego de varios trámites procesales, el 10 de octubre de 

2022, los recurridos remitieron a cada peticionario individualmente

el Primer Pliego de Interrogatorios, Requerimiento de Admisiones y 

Solicitud de Producción de Documentos.

4 Tiempo después, el 6 de

marzo de 2023 los recurridos presentaron SOLICITUD DE REMEDIO 

AMPARO DE LA REGLA 34 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

5

Surge del expediente que, el 30 de mayo de 2023 los

peticionarios notificaron sus respectivas contestaciones a los pliegos 

de interrogatorios y requerimientos de producción de documentos. 

1 Apéndice 1 de la Solicitud de Certiorari, págs. 1 – 15. 

2 Las causas de acción presentadas fueron son incumplimiento de contrato, culpa 

in contrahendo, dolo y fraude, sentencia declaratoria, enriquecimiento injusto y 

daños.; Véase, Apéndice 2 de la Solicitud de Certiorari, págs. 16 – 42.

3 Apéndice 3 de la Solicitud de Certiorari, págs. 43 – 76.

4 La parte peticionaria adujo que:

- El documento enviado a Hanratty tiene un total de 274 interrogatorios, 

requerimientos y solicitudes de documentos con varios incisos.

- El documento enviado a Ebury Street Capital LLC tiene un total de 243

interrogatorios, requerimientos y solicitudes de documentos con varios incisos.

- Cada documento enviado a EB 1EMIALA LLC, EB 2EMIALA LLC, EBURY Fund 1 

NJ LLC y EBURY Fund 2 NJ LLC tiene un total de 238 interrogatorios, 

requerimientos y solicitudes de documentos con varios incisos.

5 Apéndice 6 de la Solicitud de Certiorari, págs. 81 – 94.
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Por su parte, Sr. El Sr. Thomas R. McOsker sometió sus objeciones 

a las respuestas de los interrogatorios.

El 25 de septiembre de 2023, los recurridos solicitaron al 

TPI la imposición de sanciones,6 dado a que los peticionarios se 

habían negado a atender las objeciones. 

Atendida dicha solicitud, el TPI emitió una Orden de 

Sanciones el 26 de septiembre de 2023.

7 En lo pertinente, expresó; 

En atención a solicitud de sanciones presentada por las 

partes demandadas [recurridas], se dispone Ha Lugar. 

Examinado el expediente surge que, luego de múltiples 

oportunidades, las partes demandadas [recurridas] 

notifican que las partes demandantes [peticionarios] no 

han cumplido con el descubrimiento de prueba 

solicitado, en consecuencia y conforme apercibidas, [...] por 

atrasar los procedimientos y prolongar innecesariamente el 

caso, se les impone a las partes demandantes [peticionarios]

$500.00 de sanciones, [...], tengan 3 días perentorios para 

satisfacer las mismas, cumplir las órdenes y el 

descubrimiento de prueba solicitado.

8

En igual fecha —26/sept/2023— los peticionarios solicitaron 

reconsideración de la orden.9 En esencia, arguyeron que no se le 

informó al TPI, que los peticionarios habían reiterado sus 

objeciones. Sin embargo, los recurridos se opusieron a la 

reconsideración.10 Alegaron que las objeciones sostenidas no 

cumplían con la Regla 34 de Procedimiento Civil. Arguyeron, 

además, que los peticionarios no habían provisto ni un solo 

documento. 

Examinadas las posiciones de las partes, el 27 de septiembre 

de 2023, el TPI reconsideró su determinación. También, les 

concedió 24 horas a las partes para presentar los interrogatorios, 

sus contestaciones y/o objeciones.11 

Al siguiente día —28/sept/2023— los peticionarios 

comparecieron, y, plantearon que no se cumplió con lo establecido 

6 Apéndice 17 de la Solicitud de Certiorari, págs. 134 – 154.

7 Apéndice 18 de la Solicitud de Certiorari, págs. 155 – 158.

8 Id., a la pág. 157. Énfasis nuestro.

9 Apéndice 19 de la Solicitud de Certiorari, págs. 159 – 165.

10 Apéndice 20 de la Solicitud de Certiorari, págs. 166 – 523.

11 Apéndice 22 de la Solicitud de Certiorari, págs. 527 – 528.
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en la Regla 30.1 de Procedimiento Civil.12 Por lo que, solicitó que se 

les concediera 20 días para cumplir con la correspondiente 

oposición. No obstante, el TPI declaró No Ha Lugar.

13

Así pues, el TPI emitió y notificó una Orden el 4 de octubre 

de 2023.

14 En lo pertinente, esbozó:

Este Tribunal pudo observar los interrogatorios, las 

contestaciones y las objeciones. Así, somos del criterio que la 

información y/o los documentos solicitados pueden guardar 

relación directa con la existencia de los asuntos en 

controversia según presentados por las partes. Similarmente, 

las objeciones a las preguntas son estereotipadas, no 

contestan la información solicitada y/o son repetitivas. Los 

demandantes [peticionarios] no lograron explicar porque son 

impertinentes, opresivas y amplias la información o 

documentos solicitados. Es principio reconocido que no 

constituirá objeción el que la información solicitada sea 

inadmisible en el juicio, siempre que exista una probabilidad 

razonable de que dicha información conduzca al 

descubrimiento de evidencia admisible. Por lo que el Tribunal 

determina que la información requerida es pertinente y 

descubrible a base de las alegaciones y/o controversias 

levantadas por ambas partes en sus reclamaciones y debe 

cumplirse con el descubrimiento de prueba solicitado.

15

No conforme, los peticionarios le solicitaron al TPI la 

reconsideración de dicha orden.16 Los recurridos se opusieron a la 

misma,

17 esencialmente, argumentaron que los peticionarios 

intentaban dilatar los procesos. 

Mediante Resolución, el TPI declaró No ha lugar a la 

reconsideración el 8 de noviembre de 2023.

18 En lo pertinente, 

expuso:

[E]valuada la solicitud de reconsideración [...] presentada por 

la parte demandante [peticionarios], así como las posturas en 

oposición [...] de la parte demandada [recurrida], se acogen 

los fundamentos presentados por la parte demandada

[recurrida], colegimos que la orden [...] encuentra cómodo asilo 

en el récord del caso y la sana discreción del Tribunal, por lo 

que se dispone No ha Lugar a la primera [...].19

El 13 de noviembre de 2023 se celebró una vista de estado 

de los procedimientos.20 Allí, el TPI manifestó lo siguiente: “[Q]ueda 

12 Apéndice 25 de la Solicitud de Certiorari, págs. 1144 – 1146.

13 Apéndice 27 de la Solicitud de Certiorari, págs. 1150 – 1152.

14 Apéndice 29 de la Solicitud de Certiorari, págs. 1155 – 1159.

15 Id., a las págs. 1157 – 1158. Énfasis nuestro.

16 Apéndice 30 de la Solicitud de Certiorari, págs. 1160 – 1191.

17 Apéndice 32 de la Solicitud de Certiorari, págs. 1194 – 1202.

18 Apéndice 33 de la Solicitud de Certiorari, págs. 1203 – 1205.

19 Id., a las pág. 1205. Énfasis nuestro.

20 Apéndice 34 de la Solicitud de Certiorari, págs. 1206 – 1208.
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enmendada la orden del 4 de octubre de 2023 a los fines de conceder 

a la parte demandante [peticionarios] hasta el 11 de diciembre de 2023 

para que presente las contestaciones enmendadas que se habían 

autorizado. Fecha final, firme e improrrogable.”21

Inconformes, los peticionarios recurrieron el 8 de diciembre 

de 2023 ante nos y señalaron la comisión de dos (2) errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR EN LA 

ORDEN DICTADA Y NOTIFICADA EL 4 DE OCTUBRE DE 2023 

(AP.@1155), QUE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN 

LOS PLIEGOS DE INTERROGATORIOS, REQUERIMIENTO DE 

ADMISIONES Y SOLICITUD DE PRODUCCIÓN DE 

DOCUMENTOS “ES PERTINENTE Y DESCUBRIBLE A BASE 

DE LAS ALEGACIONES Y/O CONTROVERSIAS LEVANTADAS 

POR AMBAS PARTES EN SUS RECLAMACIONES Y DEBE 

CUMPLIRSE CON EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

SOLICITADO”. [sic].

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO ELIMINAR LOS 

INTERROGATORIOS Y LAS SOLICITUDES DE PRODUCCIÓN 

DE DOCUMENTOS INCLUIDOS EN LA MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN A: ORDEN (SUMAC 343) (AP.@1160) Y/O 

LIMITAR EL ALCANCE DE DICHOS INTERROGATORIOS Y 

SOLICITUDES DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS. [sic].

En oposición, el 22 de diciembre de 2023 comparecieron los 

recurridos. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por 

sometido el asunto.

-IIEl recurso de certiorari es un medio procesal de carácter 

discrecional, que a su vez, permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior.22 Así, se 

entiende por discreción como el poder para decidir en una forma u 

otra; esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción.

23

Por ello, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, delimita las 

instancias en que habremos de atender —vía certiorari— las 

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia:

[E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

21 Id., a la pág. 1207.

22 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).

23 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
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solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. [...].24

Bajo el carácter de discrecionalidad, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones establece los siguientes 

criterios para mostrar causa o para la expedición del auto de 

certiorari:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.25

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 

de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.26

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

24 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.

25 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

26 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
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de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de instancia a 

quien le corresponde la dirección del proceso.27

-IIIEn síntesis, los peticionarios nos plantean que el TPI erró al 

no delimitar el descubrimiento de prueba, específicamente, la 

información requerida en los pliegos de interrogatorios, 

requerimiento de admisiones y solicitud de producción de 

documentos. 

Nótese que, la Resolución recurrida constituye una decisión 

dentro del claro ejercicio de discreción conferido a los tribunales de 

instancia y de su facultad de manejar el descubrimiento de prueba

de la manera que entiendan más adecuada, conforme las normas de 

derecho aplicables y los hechos ante su consideración. 

Es decir, no se configura ninguna de las instancias 

contempladas en la citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, ni los 

criterios establecidos en la referida Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones. Razón por la cual, no encontramos 

justificación para intervenir. 

-IVPor lo fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de 

certiorari solicitado.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

27 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).