Número Identificador

SEN2024 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI-ESPECIAL

UNIVERSAL INSURANCE 

COMPANY;

CARIBE FEDERAL CREDIT 

UNION

APELANTES

V.

ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO;

SECRETARIO DE JUSTICIA;

SUPERINTENDENTE DE LA 

POLICÍA p/c SECRETARIO 

DE JUSTICIA 

APELADOS

KLAN202400554

APELACIÓN

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia 

Sala de Guayama

Caso Núm. 

GM2023CV00327

Sobre:

Impugnación de 

confiscación

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera 

Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2024.

Comparece ante nosotros CARIBE FEDERAL CREDIT UNION y 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY (Caribe; Apelante; Demandante) 

mediante un recurso de apelación y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior 

de Guayama, el 24 de abril de 2024.1 En este dictamen, el TPI declaró NO 

HA LUGAR a la demanda de impugnación de confiscación por la Parte 

Demandante. 

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la Sentencia apelada.

I

A. Hechos

Los hechos que dan origen a este pleito se retrotraen al 5 de marzo 

de 2023. Para esta fecha la Sra. Nieves era titular del vehículo de motor 

Mercedes Benz, modelo Sprinter 25000, con tablilla 0114-ET del año 2014. 

1 Apéndice del Recurso, págs. 3-14.
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Este automóvil era utilizado para fines comerciales por la compañía 

Professional Transport PR LLC. (PTPR), registrada a nombre del Sr. Carlos 

Iván Martínez Giusti, esposo de la Sra. Nieves. Esta compañía se dedica a 

la transportación de individuos y otros servicios privados.

En la fecha mencionada, el Sr. Carlos Manuel Martínez López, 

conductor de PTPR, tuvo asignado el vehículo Mercedes Benz y proveyó 

un servicio de transportación al Sr. Christian Yulián Díaz Méndez y el Sr. 

Esteban David Cruz Vargas. El conductor recogió a los individuos en Plaza 

Las Américas en San Juan y se paró en varios destinos hasta llegar a un 

establecimiento en Santa Isabel. En el establecimiento de Santa Isabel 

ocurrió una intervención de los agentes del orden público, que terminó en 

una persecución policial hasta Guayama. En Guayama ocurrió una 

balacera entre los transportados y los agentes, en el cual culminó en el 

arresto de estos individuos y el conductor. La policía procedió a ocupar el 

vehículo de transporte bajo el Artículo 93-A del Código Penal y la Ley de 

Armas.

B. Trámite Procesal

Luego de ocupar el vehículo de interés, se emitió una orden de 

ocupación para fines de confiscación el 23 de marzo de 2023.2 El 6 de abril 

de 2023, el Sr. Carlos Martínez López recibió por correo certificado, la 

notificación sobre la confiscación del Mercedes Benz, propiedad de la Sra. 

Nieves. 3 El 1 de mayo de 2023, la Parte Demandante presentó su 

Demanda en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.4 El 5 de 

junio de 2023, el Gobierno de Puerto Rico presentó su Contestación a 

Demanda.

5 El 13 de julio de 2023, la Parte Demandante presentó su

Moción Informativa sobre Legitimación.

6

El 18 de julio de 2023, el TPI emitió una Sentencia Parcial y se 

decretó el archivo de la reclamación del codemandante Universal sin 

2 Apéndice del Recurso, págs. 22-23. 

3 Apéndice del Recurso, págs. 24-25.

4 Apéndice del Recurso, págs. 19-25.

5 Apéndice del Recurso, págs. 26-31.

6 Apéndice del Recurso, págs. 32-40.
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perjuicio.7 Además, para esta misma fecha el Tribunal a través de una 

Resolución, reconoció la legitimación activa de Caribe.8 El 19 de julio de 

2023, se notificó la Minuta sobre la Vista de Legitimación Activa celebrada 

el 18 de julio de 2023.9 El 1 de noviembre de 2023, se notificó la Minuta

sobre la Vista sobre el Estado de los Procedimientos, celebrada ese mismo 

día.10

El 12 de diciembre de 2023, las Partes del pleito presentaron en 

conjunto el Informe Preliminar de Conferencia con Antelación al Juicio.

11 El 

14 de diciembre de 2023, se notificó la Minuta sobre la Vista de Conferencia 

con Antelación a Juicio mediante video conferencia, celebrada el 13 de 

diciembre de 2023.

12 El 1 de abril de 2024, la Parte Demandante presentó 

Moción sometiendo Prueba Estipulada.

13 El 5 de abril de 2024, el Gobierno 

de Puerto Rico presentó su Moción sometiendo Prueba Admitida en 

Juicio.

14

El 12 de abril de 2024, Secretaría notificó la Minuta sobre la Vista en 

su Fondo, celebrada el 2 de abril de 2024.15 El 24 de abril de 2024, el TPI 

emitió su Sentencia y declaró “NO HA LUGAR” la demanda de impugnación 

de confiscación.

16 El 2 de mayo de 2024, la Parte Demandante presentó su 

Moción de Reconsideración.

17

El 7 de mayo de 2024, el TPI declaró “NO HA LUGAR” a la moción 

de reconsideración de la Parte Demandante. 18 Inconforme, la Parte 

Apelante acude ante este foro, el 6 de junio de 2024 y expone el siguiente 

señalamiento de error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE 

GUAYAMA, AL DETERMINAR QUE LA TITULAR DEL 

VEHICULO OCUPADO Y LA PARTE APELANTE NO ES 

UN TERCERO INOCENTE.

7 Apéndice del Recurso pág. 41.

8 Apéndice del Recurso, pág. 42.

9 Apéndice del Recurso, págs. 43-44.

10 Apéndice del Recurso, pág. 45.

11 Apéndice del Recurso, págs. 46-65.

12 Apéndice del Recurso, pág. 66.

13 Apéndice del Recurso, págs. 67-73. 

14 Apéndice del Recurso, págs. 74-145.

15 Apéndice del Recurso, págs. 146-153.

16 Apéndice del Recurso, págs. 3-14.

17 Apéndice del Recurso, págs. 15-18.

18 Apéndice del Recurso, págs. 1-2.
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Además, en esta misma fecha, la Parte Demandante le presentó a 

este foro una Moción Solicitando Breve Término para Someter la 

Transcripción de la Prueba Oral. El 26 de junio de 2024, la Parte Apelante 

presentó su Alegato Suplementario y Moción Sometiendo la Transcripción 

de la Prueba Oral a este tribunal apelativo. La parte apelada presentó el 19 

de julio de 2024 su Alegato. Con el beneficio de los Alegatos de ambas 

partes y la Transcripción de la Prueba Oral, resolvemos.

II

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha definido la 

confiscación “como el acto de ocupación que lleva a cabo el Estado de todo 

derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes que hayan sido utilizados 

en relación con la comisión de ciertos delitos”. Díaz Ramos v. E.L.A. y 

Otros, 174 DPR 194, 202 (2008). La confiscación de bienes se le denomina

in rem y es una ficción jurídica debido a que se le imputa responsabilidad 

a la propiedad usada o vinculada en el acto delictivo. Coop. Seg. Múlt. v. 

E.L.A.,180 DPR 655, 665 (2011).

La autoridad del Estado para ejercer estos poderes confiscatorios 

surge de la Ley Núm. 119 de 12 de julio de 2011, como un efecto disuasivo 

a la actividad criminal. 34 LPRA Sec. 1724 et seq. No obstante, el TSPR

ha reiterado que los estatutos que autorizan la incautación de bienes se 

deben de interpretar “restrictivamente” debido a su carácter punitivo. 

Pueblo v. González Cortés, 95 DPR 164, 168 (1967). Posteriormente, se 

pautó por el Alto Foro lo siguiente: 

El proceso de incautación de propiedades al amparo de la 

Ley Uniforme de Confiscaciones es civil en su forma[,] pero 

punitivo en su naturaleza. Su objetivo, claramente identificado 

por la Asamblea Legislativa, es castigar al delincuente con la 

pérdida de su propiedad, además de la posible pérdida de su 

libertad. A ello se refiere la Legislatura cuando habla del 

propósito disuasivo de la confiscación. Coop. Seg. Múlt. v. 

E.L.A., supra, pág. 680.

La confiscación es una excepción a la prohibición constitucional 

sobre la privación de la propiedad sin justa compensación. Art. II, Sec. 9

Const. PR, LPRA, Tomo 1, Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, págs. 662-

663. Sin embargo, al ejecutar este procedimiento se le requiere al Estado 
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cumplir con las garantías del debido proceso de ley, es decir, el derecho de 

ser notificado y escuchado. Pueblo v. González Cortés, supra, págs. 167-

168. Por tanto, para determinar si procede la confiscación se debe evaluar 

“si existe prueba suficiente y preponderante de que se haya cometido un 

delito, y que exista un nexo entre la comisión del delito y la propiedad 

confiscada.” Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 983 (1994).

Debido a la naturaleza in rem del procedimiento de confiscación y la 

norma establecida en nuestra jurisprudencia, el derecho que tenga una 

persona sobre propiedad confiscada no se encuentra protegido cuando 

este ha puesto el bien en la posesión del infractor de forma voluntaria. 

E.L.A. v. Tribunal Superior, 94 DPR 717, 721 (1967). Pero esto no implica 

que la persona dueña de la propiedad queda desprovista de cualquier 

defensa. La jurisprudencia ha desarrollado la doctrina del tercero inocente 

para proteger aquellos con interés legal sobre propiedad incautada.

General Accident Ins. Co. v. E.L.A., 137 DPR 466, 472-473 (1994). La

doctrina protege al tercero, que incluye al “propietario o al tenedor del 

interés legal o económico en el vehículo” que no ha cedido voluntariamente 

la posesión de la propiedad o que haya tomado “medidas cautelares

expresas” para prevenir el uso delictivo del mismo. First Bank, Univ. Ins. 

Co. v. E.L.A., 156 DPR 77, 83-84 (2002), que cita a General Accident Ins. 

Co. v. E.L.A., supra, págs. 472-474. Esta defensa en contra de la 

confiscación cobija “tanto el dueño del vehículo como el vendedor 

condicional o cualquier otro con interés en éste”. First Bank, Univ. Ins. Co. 

v. E.L.A., supra, pág. 84, que cita a General Accident Ins. Co. v. E.L.A., 

supra.

III

El Apelante señaló en su recurso que el TPI erró al determinar que 

la Sra. Nieves no era un tercero inocente. Le asiste la razón.

En Flores Pérez v. ELA, 195 DPR 137 (2016), el TSPR resolvió que 

la titular del vehículo le aplicaba la defensa de tercera inocente debido a 

que ella no le entregó a su hijo el auto de manera irrestricta y tomó medidas 
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para evitar el uso ilegal del mismo. Flores Pérez v. ELA, supra, págs. 155-

156. Además, indicó que la titular desconocía las actividades criminales de 

su hijo, no estuvo involucrada en el delito y tampoco consintió al uso ilegal 

del vehículo. Id. 

En la situación de hechos correspondiente al recurso ante nuestra 

consideración, la Sra. Nieves estaba ajena a los actos delictivos que 

redundaron en la confiscación del vehículo. Ahora bien, al ceder 

voluntariamente el vehículo se corrió el riesgo del uso que se haga por el 

conductor. No obstante, la titular no cedió el vehículo de forma 

irrestricta. 

Surge de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) que, durante el 

interrogatorio directo a la Sra. Nieves, esta declaró que el auto confiscado 

era de uso comercial para la compañía PTPR y que el Sr. Carlos Martínez 

era un conductor de la compañía.

19 Además, indicó que el Sr. Carlos 

Martínez estaba asignado ese día al vehículo de interés.20 Es decir, el

vehículo fue asignado a un chofer de la compañía, para un propósito 

comercial, que consiste en un servicio de transporte de individuos, por lo 

cual, el bien no fue cedido de manera irrestricta. El uso del vehículo era 

para realizar los servicios ofrecidos por la compañía y no surge del 

expediente que se haya autorizado para otro propósito.

En la TPO, la Sra. Nieves declaró que le impartió instrucciones al Sr. 

Carlos Martínez de no consumir bebidas alcohólicas mientras ofrece 

servicios y de seguir las leyes de tránsito.

21 También, durante el redirecto,

indicó que no permite a los choferes, incluído Carlos Martínez, hacer uso 

ilegal del vehículo o hacer actos delictivos dentro del mismo.

22

En la sentencia apelada, el foro primario determinó que las 

instrucciones de la titular no cumplen con el criterio de especificidad que 

requiere la doctrina de tercero inocente; sin embargo, no estamos de 

acuerdo con esta determinación. La Sra. Nieves le impartió las 

19 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 11-13.

20 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 13-14.

21 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 14-15.

22 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 23.
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instrucciones al conductor sobre lo más habitual y las precauciones que 

uno debe tener al manejar un vehículo de motor. Los hechos que llevaron 

a la confiscación del vehículo fueron excepcionales y no predecibles. Mas 

aún, de la TPO se observa que el Sr. Carlos Martínez López ha sido 

empleado de la compañía por un periodo aproximado de dos años.23 Del 

expediente no surge evidencia que sugiera que el conductor haya tenido 

antecedentes penales o que haya estado participando de actividad delictiva 

previo al día los hechos.

En síntesis, la Sra. Nieves cedió el vehículo de forma restricta para 

un propósito comercial, tomó medidas cautelares expresas al impartir 

instrucciones sobre el uso vehicular y la prohibición general del uso ilegal 

del mismo. La titular no estaba asociada a la actividad delictiva y no tenía 

razón para conocer sobre el uso ilegal que se le hubiera dado al vehículo. 

Por todo lo cual, resolvemos que a la Sra. Nieves le cobija la protección del 

tercero inocente, por lo que el TPI erró al determinar que la Parte Apelante 

no es un tercero inocente.

IV

Por los fundamentos antes expuestos se revoca la Sentencia 

apelada y se declara ha lugar la impugnación de confiscación.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

23 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 21.