Número Identificador

RES2023 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO 

Recurrida 

v.

JESÚS MÉNDEZ 

LEBRÓN 

Peticionario

KLCE202301157

Certiorari procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de 

Arecibo 

Criminal Núm.:

CSC2019G0319 al 

CSC2019G0325; 

CSC2021G0023 al 

CSC2021G0025, 

CLA2021G0016, 

CLA2021G0017

Sobre:

Art. 401 Ley 4 (8 cargos)

Art. 403 Ley 4 (2 cargos)

Art. 5.04 y 6.01 LA

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2023. 

Comparece el señor Jesús Méndez Lebrón (señor Méndez 

Lebrón o peticionario) vía petición de certiorari a fin de solicitar la 

revocación de la Resolución emitida el 11 de agosto de 2023 y 

notificada el 14 de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Arecibo. Mediante el referido dictamen, el foro 

primario declaró no ha lugar a la Solicitud de Supresión de Evidencia

presentada por el peticionario. Por los fundamentos que expondremos 

a continuación, denegamos la expedición del auto de certiorari

solicitado. 

El Ministerio Público presentó unas denuncias contra el señor 

Méndez Lebrón por presuntas infracciones a los Artículos 401, 403 y 

406 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4-
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1971 (24 LPRA 2401, 2403 y 2406), a raíz de unas alegadas 

transacciones de compraventa ilegal de sustancias controladas en las 

que participó el peticionario y un agente encubierto durante las 

siguientes fechas: (1) 20 de junio de 2018, (2) 26 de junio de 2018, (3) 

12 septiembre de 2018 y (4) 19 de octubre de 2018. Surge del 

expediente ante nuestra consideración que, el agente encubierto capturó 

en videos con audio las presuntas transacciones. 

Como resultado de tales observaciones, el Tribunal de Primera 

Instancia expidió dos órdenes de registro y allanamiento para obtener

el correspondiente material probatorio en la residencia del peticionario 

y en un solar colindante a ésta. Luego del diligenciamiento de dichas 

órdenes, la fiscalía radicó unas acusaciones adicionales bajo el Artículo 

401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, y los Artículos 5.04, 

5.10(b) y 459 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404 de 

2000 (25 LPRA sec. 455) derogada por la Ley Núm. 168-2019, 

conocida como Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, por alegada 

intención de distribuir sustancias controladas y por poseer un arma de 

fuego cargado de municiones y con número serial mutilado.

Tras una serie trámites procesales, la defensa del peticionario 

presentó una Solicitud de Supresión de Evidencia. En ésta solicitó la

exclusión de las grabaciones de los videos con audio y de la evidencia 

incautada en el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento. 

Planteó que para efectuar tales grabaciones, el agente encubierto 

requería una orden judicial expedida por un magistrado. Como 

respuesta, la fiscalía radicó su Oposición a la Solicitud de Supresión de 

Evidencia en la cual argumentó a favor de la razonabilidad del alcance 

del registro.
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Posteriormente el peticionario radicó una Urgente Petición de 

Bifurcación de Controversias Planteadas en la “Solicitud de Supresión 

de Evidencia” y Suspensión de Vista Pautada para el 14 de marzo de 

2023. En dicho documento solicitó que el tribunal primero atendiese la 

controversia sobre la admisibilidad de las grabaciones de videos con 

audio. Peticionó que considerara luego la solicitud de supresión del 

material incautado por el Estado en el diligenciamiento de la Orden. En 

consecuencia, el Ministerio Público presentó su Contestación 

Complementaria a Solicitud de Supresión de Evidencia, en 

Contestación a Petición de Bifurcación de Controversias y en 

Cumplimiento de Orden. En este escrito solicitó que el tribunal 

declarara no ha lugar la petición para suprimir los videos con audio.

Según la fiscalía, tales videos motivaron la expedición de la Orden de 

Registro y Allanamiento contra el peticionario.

Luego de celebrar una vista argumentativa, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Resolución declarando no ha lugar a la 

Solicitud de Supresión de Evidencia. En esencia, resolvió que la

defensa no colocó al foro primario en una posición para determinar si 

el acusado tenía una expectativa de intimidad. Determinó que la 

conversación incriminatoria frente al agente encubierto no está 

protegida constitucionalmente, por lo que tampoco lo está su grabación. 

Por otro lado, resolvió que en el presente caso no existen imputaciones 

bajo la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero en el 

Estado Libre Asociado, según enmendada, Ley Núm. 33-1978 (25 

LPRA sec. 971). Por tanto, no se requería una orden judicial para 

efectuar la grabación. Por último, ordenó la continuación de los 

procesos para atender la solicitud de supresión de evidencia en torno al 
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material probatorio incautado en el diligenciamiento de la Orden de 

Registro y Allanamiento. Oportunamente el peticionario presentó una 

Solicitud de Reconsideración. Evaluada la aludida petición, el foro 

primario determinó no ha lugar a dicha solicitud. 

Inconforme con el referido dictamen, acudió ante nos mediante 

una Petición de Certiorari. En esencia, señaló que procedía la supresión 

del video con audio capturado por el agente encubierto por no contar 

con una orden judicial para dicha intervención. Por su parte, el 

Ministerio Público presentó el Escrito en Cumplimiento de Resolución. 

En éste argumentó que el peticionario no establece cuál es su 

expectativa de intimidad a pesar de sus argumentos sobre la ilegalidad 

de la intervención del agente encubierto en su residencia. 

El 22 de noviembre de 2023, el peticionario presentó una 

Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción y Paralización de los 

Procedimientos, y Para Que Se Tome Conocimiento Judicial de la 

Prueba Cuyo Desglose Se Ha Solicitado Bajo la Regla 201 de las de 

Evidencia. En vista de dicha solicitud, un panel especial, designado por 

la Orden Administrativa OATA-2023-179 a fin de atender asuntos 

urgentes durante la semana de Acción de Gracia, emitió una Resolución

concediendo al Procurador General hasta el 27 de noviembre de 2023 

para que se expresara al respecto. Contando con la posición de ambas 

partes, procedemos a resolver. 

Como es sabido, el certiorari es un recurso extraordinario 

mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su 

discreción una determinación de un tribunal inferior. Orthopedics Prod. 

Of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 994 (2021), Art. 670 

del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido como Ley de 
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Recursos Extraordinarios, (32 LPRA sec. 3491). La característica 

distintiva de este recurso “se asienta en la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. 

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, 2023 TSPR 65; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). En ese sentido, 

la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, delimita 

los criterios para la expedición de un auto de certiorari. Sus criterios 

orientan la función del tribunal apelativo intermedio para ejercer 

sabiamente su facultad discrecional. Rivera Gómez v. Arcos Dorados 

Puerto Rico, supra. A su vez, la aludida regla permite que el análisis 

del foro apelativo intermedio no se efectúe en el vacío ni se aparte de 

otros parámetros al momento de considerar los asuntos planteados. 

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, supra; 800 Ponce de 

León v. American International, 205 DPR 163 (2020).

En lo concerniente, la Constitución de Estados Unidos y la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contienen 

disposiciones que protegen a los ciudadanos contra registros e 

incautaciones irrazonables de sus hogares, vehículos, efectos 

personales o cualquier propiedad o lugar en donde el ciudadano tenga 

una expectativa razonable a la intimidad. Pueblo v. López Colón, 200 

DPR 273 (2018). En específico, la Cuarta Enmienda de la Constitución 

de los Estados Unidos (LPRA, Tomo I) y el Artículo II de las Secciones 

1, 8 y 10 de la Constitución de Puerto Rico (LPRA, Tomo I) prohíben 

los registros y allanamientos irrazonables, y a su vez, salvaguardan el 

derecho a la intimidad. No obstante, no siempre son ilegales los 

registros sin orden judicial, pues “lo que la Constitución intenta evitar 

son los registros irrazonables”. Pueblo v. Rivera Colón, 28 DPR 672, 
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682 (1991) (citando al Diario de Sesiones de la Convención 

Constituyente 1566 (1961)).

Ahora bien, el derecho de intimidad no es absoluto. Esta garantía

se activa siempre y cuando exista “un interés personal del individuo 

sobre el lugar u objeto allanado, incautado o registrado, de modo que 

exista una expectativa razonable de intimidad”. Pueblo v. Díaz Bonano, 

176 DPR 601, 612 (2009) Véase, también, ELA v. PR Tel. Co., 114 

DPR 394 (1983). A tales fines, resulta necesario examinar los 

siguientes criterios en conjunto: (1) el lugar registrado o allanado; (2) 

naturaleza y grado de intrusión de la intervención policiaca; (3) el 

objetivo o el propósito de la intervención; (4) si la conducta de la 

persona era indicativa de una expectativa subjetiva de intimidad; (5) la 

existencia de barreras físicas que restrinjan la entrada o visibilidad al 

lugar registrado; (6) la cantidad de personas que tienen acceso legítimo 

al lugar registrado, y (7) las inhibiciones sociales relacionadas con el 

lugar registrado. Pueblo en interés menor N.O.R., 136 DPR 949 (1994); 

Pueblo v. Rivera Colón, supra.

En cuanto a las residencias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reconoce que “[e]l interior del hogar es, sin duda una, la zona sobre la 

cual una persona legítimamente tiene la mayor expectativa de 

intimidad”. Pueblo v. Soto, 168 DPR 46, 55 (2006). Esta protección se 

extiende a la inmediación (curtilage), es decir, “más allá del interior de 

la residencia para incluir también a la zona contigua a la casa, 

compuesta por el terreno y las estructuras accesorias”. Íd. pág. 56;

Véase también, Pueblo v. Rivera Colón, supra. En estos casos, el 

análisis jurisprudencial fija los siguientes criterios: (1) la proximidad a 

la casa de la zona que se alega compone el curtilage; (2) si el área se 
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encuentra dentro de los linderos de la casa; (3) la naturaleza y el uso 

que se le da a esa zona, y (4) las medidas que haya tomado el residente 

para proteger esta zona de observaciones que puedan hacer los 

transeúntes que por allí pasan. Pueblo v. Rivera Colón, supra; Véase, 

también, United States v. Dunn, 480 US 294 (1987). Evaluadas tales 

consideraciones, se toman cuenta los siguientes aspectos: (1) la 

naturaleza de la intrusión gubernamental, (2) su efecto sobre la 

expectativa de intimidad del ciudadano y (3) la necesidad y la utilidad 

del método investigativo utilizado para implantar la ley. Pueblo v. Báez 

López, 189 DPR 918 (2013); Pueblo v. Rivera Colón, supra.

En virtud de tales garantías, una persona agraviada por un 

allanamiento o un registro ilegal puede solicitar del tribunal la 

supresión evidencia al amparo de la Regla 234 de Procedimiento 

Criminal (34 LPRA, Ap. II, R. 234). Por medio de esta regla un 

ciudadano tiene la facultad de peticionar la supresión de evidencia 

material (objetiva) y testifical antes del juicio. Pueblo v. Blase Vázquez, 

148 DPR 618, (1999). La parte peticionaria debe exponer los hechos 

precisos o las razones específicas que justifiquen el fundamento o 

fundamentos en que basa su solicitud. (34 LPRA Ap. II, R. 234). Al 

respecto, un fundamento que activa la supresión de evidencia es el 

hecho de que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de 

allanamiento o registro. En tal instancia, la supresión de evidencia 

procede si el imputado demuestra que posee la capacidad (standing) 

para solicitar tal remedio, es decir, debe exhibir una expectativa 

legítima y razonable de intimidad en el lugar ilegalmente registrado. 

Pueblo v. Rivera Colón, supra. 
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En los casos de agente encubiertos, la grabación de 

conversaciones mediante equipo electrónico no requiere una 

autorización judicial siempre y cuando la persona que sea objeto de la 

investigación sea consciente de la presencia del agente en el lugar, aun 

cuando no conozca su identidad o su intención de grabar la 

conversación. Pueblo de Puerto Rico v. Santiago Feliciano, supra. 

Véase, además, United States v. Cáceres, 440 US 741 (1979). En ese 

sentido, “las declaraciones voluntarias incriminatorias hechas a otros 

son incuestionablemente admisibles en evidencia en un procedimiento 

criminal, sujeto a las Reglas de Evidencia aplicables, sin necesidad de 

una orden judicial”. Pueblo de Puerto Rico v. Santiago Feliciano, 

supra, pág. 392. Cabe destacar que, la expectativa de intimidad es 

limitada en circunstancias relacionadas directamente con la comisión 

de un acto criminal. Íd. Véase también, PR Tel. Co. v. Martínez, 114 

DPR 328 (1983). La persona que confíe en un agente encubierto no 

ostenta una expectativa razonable de intimidad merecedora de 

protección respecto de sus declaraciones incriminatorias. Pueblo de 

Puerto Rico v. Santiago Feliciano, supra.

Por último, el Artículo 18 de la Ley Contra el Crimen 

Organizado, Ley Núm. 33-1978 (25 LPRA sec. 971q) requiere que las 

grabaciones de conversaciones no telefónicas se efectúen cuando medie 

una orden judicial. Sin embargo, la aplicabilidad de este precepto legal 

no es automática. En estos escenarios hay que determinar la existencia 

de un patrón de crimen organizado. Pueblo v. Meliá León, 143 DPR 

708 (1997). Según la precitada ley, la actividad de crimen organizado 

constituye cualquier acto o amenaza relacionado con asesinato, 

secuestro, juegos ilegales, leyes relativas a la prostitución, incendio, 
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apropiación ilegal, robo, obscenidad, soborno, extorsión o la venta, 

posesión y transportación de sustancias controladas, o armas, sujeto a 

acusación criminal bajo las leyes de Puerto Rico o Estados Unidos. (25 

LPRA sec. 971a). En cuanto al patrón, requiere por los menos dos (2) 

años de actividad de crimen organizado realizado dentro de un periodo 

de diez (10) años, uno de los cuales deberá ocurrir con posterioridad a 

la fecha de este inciso. (25 LPRA sec. 971a).

Tras examinar sosegadamente la totalidad del expediente, no

encontramos criterios que nos motiven a intervenir en la determinación

recurrida a la luz de Regla 40 del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

Ap. XXII-B). El señor Méndez Lebrón señala que corresponde la 

supresión de las grabaciones con audio y del material probatorio 

incautado debido a que éstos proceden de un registro y allanamiento 

irrazonable. Sin embargo, el peticionario no demuestra haber colocado 

al foro recurrido en posición para determinar que es acreedor de una 

expectativa legítima y razonable de intimidad. Por consiguiente, no 

podemos determinar que dicho Tribunal haya excedido su discreción al 

determinar que ocurrió una intervención irrazonable por parte del 

Estado que produjera la supresión de la evidencia en cuestión.

Asimismo, dicho tribunal se atuvo al marco de su autoridad y no 

incurrió en abuso en la medida en que la jurisprudencia establece que 

un agente encubierto no requiere una orden judicial para obtener 

grabaciones con audio durante sus funciones. Pueblo de Puerto Rico v. 

Santiago Feliciano, supra. Igual que también se mantuvo en el ámbito 

de su discreción al considerar que en este caso no median las 

circunstancias contempladas bajo la Ley Contra el Crimen Organizado, 

supra, y que no es necesario contar con una orden judicial a tenor con 
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el referido precepto legal. Adviértase que nuestro ordenamiento 

jurídico no prohíbe los registros sin órdenes, sino que limita los 

registros irrazonables. Pueblo v. Rivera Colón, supra. En vista de lo

anterior, no identificamos actuación que manifieste error, prejuicio o

parcialidad que fundamente la expedición del auto solicitado.

Por losfundamentos que anteceden, denegamosla expedición del

auto solicitado, y consecuentemente, la petición de auxilio de

jurisdicción que permanecía pendiente.

Notifíquese de inmediato a todas las partes.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones