Número Identificador

SEN2024_________________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

ELLIOT RIVERA 

NAZARIO

Recurrente 

v. 

JUNTA DE LIBERTAD 

BAJO PALABRA

Recurrida

KLRA202400110

REVISIÓN JUDICIAL

procedente de La 

Junta de la Junta de

Libertad Bajo Palabra 

Caso núm.: 

JLBP #147324

Sobre: Concesión de 

Libertad Bajo Palabra

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera 

Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2024.

Comparece ante este tribunal apelativo, el Sr. Elliot Rivera 

Nazario (el señor Rivera Nazario o el recurrente) mediante la Petición 

de Revisión Administrativa de epígrafe solicitándonos que 

revoquemos la Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo 

Palabra (la Junta o la recurrida) el 29 de noviembre de 2023, 

notificada el 8 de diciembre siguiente. Mediante este dictamen, la 

Junta determinó que el recurrente no cualifica para beneficiarse del 

privilegio de libertad bajo palabra. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

procede desestimar el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

I.

De la Resolución recurrida surge que el señor Rivera Nazario 

cumple una Sentencia de 159 años de cárcel por incurrir en delitos 

de asesinato en primer grado, robo y secuestro e infracción a la Ley 

de Armas. Asimismo, se indica que la Junta adquirió jurisdicción 

para considerar su caso para el disfrute del privilegio de libertad 

bajo palabra desde el 22 de marzo de 2017. Además, se menciona

que el 10 de julio de 2023 la Junta evaluó el caso, pero determinó 
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suspender la determinación por un término de 60 días para contar 

con un plan de salida en el área de la vivienda que no estuviese bajo 

el Plan 8 Federal. Esto, debido a que en dicho programa está, entre 

sus disposiciones, no aceptar en dichas viviendas a personas con 

historial de antecedentes penales. Así, se estableció como fecha de 

reconsideración octubre de 2023. 

Llegada la fecha, la recurrida analizó los documentos 

presentados por el señor Rivera Nazario; así como toda la evidencia 

que obra en el expediente, y acorde con su análisis concluyó que el 

hogar propuesto no es viable debido a la proximidad de este con la 

residencia de las víctimas. Asimismo, coligió que la evaluación 

psicológica realizada el 8 de marzo de 2023, refleja que el recurrente 

tiene pobre introspección, pobre control de impulsos y dificultad para 

posponer la gratificación. Así, entendió que “aún no cualifica para 

beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra.”1 No obstante, el 

foro administrativo estableció que el caso volverá a ser considerado 

para noviembre de 2024, “fecha en el cual el DCR deberá someter 

un informe de ajuste y progreso con el plan de salida debidamente 

corroborado.”2

Inconforme con lo determinado, el 28 de diciembre de 2023 el 

señor Rivera Nazario instó una Moción de Reconsideración. En dicho 

pedido, el recurrente expuso que el único señalamiento de la Junta, 

tras la Vista de Consideración del 10 de mayo de 20233, fue que la 

vivienda propuesta en el Plan de Salida no podía estar bajo el 

Programa de Sección 8, a pesar de que la subvención ha dicho 

programa había sido cancelado el 1 de septiembre de 2023.4 

Además señaló que, en la vivienda a la cual recibe sus pases sin 

custodia, no se ha observado ninguna conducta negativa ni 

1 Véase el Apéndice del Recurso, Resolución, a la pág. 31. 

2 Íd. Itálicas en el original.

3 Véase la Resolución del 10 de julio de 2023, Apéndice del Recurso, a la pág. 20.

4 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 22-24.
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querellas reportadas en su contra. Mencionó que no surge indicio 

de que su presencia en el lugar represente algún peligro, amenaza o 

acercamiento de él a las víctimas. 

Analizados los argumentos planteados, la Junta mediante 

una Resolución del 16 de enero de 2024, archivada en autos el 

18 de enero siguiente, y notificada a la representante legal del 

recurrente, Lcda. Yahaira Colón Rodríguez, ese mismo día al 

correo electrónico yacolón@salpr.org, y entregada al recurrente en 

la institución penal el 1 de febrero de 2024, declaró el petitorio No 

Ha Lugar.

5 

Todavía insatisfecho, el 1 de marzo de 2024, el recurrente 

acude ante este foro intermedio mediante un recurso de revisión 

judicial imputándole a la Junta haber incurrido en el siguiente error: 

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN LA JUNTA DE LIBERTAD 

BAJO PALABRA AL DENEGAR EL PRIVILEGIO DE 

LIBERTAD A PRUEBA DEL PETICIONARIO AL TOMAR 

EN CONSIDERACIÓN EVIDENCIA EX PARTE, EN LA 

INADECUADA CITACIÓN DEL INFORME 

PSICOLÓGICO EN LOS QUE BASÓ SU 

DETERMINACIÓN DE DENEGACIÓN, SIN QUE LA 

DEFENSA PUDIERA CONFRONTAR LA EVIDENCIA O 

PRESENTAR EVIDENCIA DE REFUTACIÓN 

ACOGIENDO LA RECOMENDACIÓN DE UN INFORME 

DE UN OFICIAL EXAMINADOR QUIEN NO PARTICIPÓ 

DE LA VISTA DE CONSIDERACIÓN EN CRASA 

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

Examinado el expediente a la luz del derecho vigente y al tenor 

de la determinación arribada, resolvemos sin la comparecencia de 

la parte recurrida. Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. R. 7(B)(5).6

II.

Jurisdicción, Asunto de Umbral

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en diversas 

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Cordero et al. v. ARPe et al, 187 DPR 445 

5 Íd., a las págs. 46-47.

6 El 6 de marzo de 2024 el recurrente presentó una Moción Informativa en Solicitud 

de Corrección de Autos, la cual nos damos por enterados.
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(2012); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta 

de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). Las cuestiones relativas 

a la jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser resueltas con 

preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Una 

vez un tribunal entiende que no tiene jurisdicción solo tiene 

autoridad para así declararlo y, por consiguiente, desestimar el 

recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. ASG v. Mun. 

San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. Gobernador,

130 DPR 248 (1992). Los tribunales deben velar cuidadosamente 

por su propia jurisdicción y abstenerse de asumirla donde no existe. 

Vázquez v. ARPe, supra. Es por ello que, como celosos guardianes 

de nuestro poder de intervención apelativa, si carecemos de 

jurisdicción para atender los méritos de un recurso, nuestro deber 

es así declararlo y sin más, proceder a desestimar. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Carattini v. Collazo 

Systems Analysis, Inc., supra.

De otra parte, la Sección 4.2 de la Ley núm. 38-2017 conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAUG), según enmendada, 3 LPRA sec. 

9672, establece, en lo pertinente, que:

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el

por el organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar una solicitud de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un

término de treinta (30) días contados a partir de la 

fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la

agencia o a partir de la fecha aplicable de las 

dispuestas en la sec. 9655 de este título, cuando el 

término para solicitar la revisión judicial haya sido 
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interrumpido mediante la presentación oportuna de 

una moción de reconsideración. (Énfasis nuestro)

Relativo a lo anterior, la referida Sección 3.15 de la LPAUG, 3 

LPRA sec. 9655, preceptúa que una vez la agencia deniega la moción 

de reconsideración, el término para solicitar revisión empezará a 

contarse desde la fecha en que se archive en autos copia de la 

notificación de la resolución de la agencia resolviendo 

definitivamente la moción de reconsideración. 

Por su parte, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R 57, establece un término 

jurisdiccional de treinta (30) días para presentar un recurso de 

revisión judicial, contados a partir de la fecha del archivo en 

autos de la copia de la notificación de la orden o resolución 

final del organismo o agencia. 

Recordemos que el incumplimiento con un término 

jurisdiccional no admite justa causa y, contrario a un plazo de 

cumplimiento estricto, es uno fatal, improrrogable e insubsanable, 

por lo que no puede ser acortado ni extendido. Martínez, Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). En atención a este 

principio, un recurso tardío impide que entremos a considerarlo en 

sus méritos ya que “sencillamente adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.” S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883, que cita a Juliá et al. 

v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001). Ello se debe a que 

su presentación carece de eficacia, por lo que no produce efecto 

jurídico alguno, ya que en el momento que fue presentado no había 

autoridad judicial alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, supra.

Por su parte, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, sobre desistimiento y 

desestimación nos concede facultad para desestimar por iniciativa 
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propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto 

discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción. La 

jurisdicción es un asunto respecto el cual debemos guardar celo y 

examinar con cuidado, pues si no poseemos autoridad en ley para 

dirimir una causa, cualquier pronunciamiento será nulo, salvo que 

sea para declarar la falta de jurisdicción y desestimar. Pagán v. 

Alcalde Mun. De Cataño, 143 DPR 314 (1997). 

III.

Analizado el recurso ante nuestra consideración nos 

corresponde, en primera instancia, atender el asunto relativo a la 

jurisdicción debido a que debe ser resuelto con preferencia a 

cualquiera otra cuestión. Ello, aun cuando ninguna de las partes lo 

haya argumentado o solicitado. 

Según esbozamos en el trámite procesal, la Resolución

resolviendo definitivamente la reconsideración instada por el señor 

Rivera Nazario fue emitida por la Junta el 16 de enero de 2024, y 

archivada en autos el 18 de enero siguiente. Según surge del 

expediente, ese mismo día se le notificó el dictamen a la 

representante legal del recurrente, Lcda. Yahaira Colón 

Rodríguez, al correo electrónico yacolón@salpr.org. Asimismo, la 

Resolución le fue entregada al recurrente en la institución penal el 1 

de febrero de 2024.

Por tanto, el término jurisdiccional de 30 días comenzó a 

decursar el 18 de enero, fecha en que se ordenó el archivo en autos

de la Resolución, por lo que el recurrente tenía hasta el 20 de febrero

de 20247 para presentar el correspondiente recurso de revisión 

judicial ante esta Curia. No obstante, este se presentó el 1 de marzo, 

en exceso del plazo jurisdiccional para ello. Recalcamos que la Junta 

7 El día 30 fue sábado por lo que se extiende el término hasta el próximo día 

laborable el cual fue el martes 20 de febrero por ser el lunes 19 un día feriado. 

Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R, 68.1. 
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incluyó este apercibimiento en el documento bajo el acápite titulado 

ADVERTENCIAS.

8

Por ende, no cabe duda de que se computó incorrectamente el 

término para acudir en revisión, esto a partir del 1 de febrero, día 

en que se le fue entregada la Resolución al recurrente. Precisa 

señalar que, a esta fecha, todavía se contaba con 20 días para 

cumplir con el término de revisión. 

Como señalamos, la Sección 4.2 de la LPAUG, antes citada, 

así como la Regla 57 de nuestro Reglamento, supra, disponen 

claramente que una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia podrá presentar una solicitud de 

revisión ante este foro apelativo dentro del término de treinta (30) 

días, contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 

copia de la notificación de la resolución final. Por otro lado, cuando 

el término es interrumpido por una oportuna moción de 

reconsideración, la LPAUG establece que el término para solicitar 

revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archive 

en autos copia de la notificación de la resolución de la agencia 

resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. 

Por tanto, y en atención a la antedicha normativa, forzoso es 

concluir que nos encontramos ante un recurso tardío, el cual impide 

que entremos a considerarlo en sus méritos. Reiteramos que un 

recurso tardío “sencillamente adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.” 

Además, como consignamos, el incumplimiento con un término 

jurisdiccional no admite justa causa y, contrario a un plazo de 

cumplimiento estricto, es uno fatal, improrrogable e insubsanable, 

por lo que no puede ser acortado ni extendido. 

8 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 46.
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En consecuencia, la presentación del recurso de epígrafe 

carece de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno, ya 

que en el momento que fue presentado no había autoridad judicial 

alguna para acogerlo. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción ante su presentación tardía. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones