Número Identificador

SEN(RES)2023____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

SERVIMETAL, INC.

Recurrida

v.

CHALLENGER BRASS & 

COPPER, INC.

ABIMAEL PADILLA 

NEGRÓN 

Peticionario 

KLCE202301232

CERTIORARI

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Toa 

Alta

Núm.:

TA2022CV00833

Sobre:

Cobro de Dinero —

Vía Ordinaria 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de diciembre de 2023.

Comparece ante nos el señor Abimael Padilla Negrón (“señor 

Padilla Negrón” o “Peticionario”). Nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida y notificada el 25 de agosto de 2023, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Alta (“TPI” o “foro 

primario”). Mediante la referida Resolución el foro primario declaró 

No Ha Lugar la Moción Urgente en Solicitud de Desestimación

presentada por el Peticionario en la reclamación sobre cobro de 

dinero presentada en su contra por Servimetal Inc., (“Servimetal” o 

“Recurrida”).

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, denegamos la expedición del auto certiorari.

I.

El 16 de agosto de 2022, Servimetal presentó Demanda sobre 

cobro de dinero por la vía ordinaria en contra de Challenger Brass 

& Copper Inc., Roy D. Allen y el Peticionario, en la que alegó que 

estos le adeudan la suma total de $20,795.75 por concepto de 
KLCE202301232 2

mercancía y material conocido como “Hot Rolled Steel” y Galvalume, 

más otros gastos.

1 De igual forma, Servimetal alegó que les requirió 

el pago de la deuda, pero que las gestiones de cobro resultaron 

infructuosas. Cónsono con lo anterior, esbozó que la deuda está 

vencida y es líquida y exigible. Servimetal alegó, además, que Roy 

D. Allen y el Peticionario en su capacidad personal, suscribieron el 

4 de octubre de 2019 una solicitud de crédito y un Contrato de 

Garantía Continua, por lo que de forma solidaria se obligaron a 

pagar cualquier deuda que tuviera Challenger Brass & Copper Inc.2

En lo pertinente, el 13 de julio de 2023, el señor Padilla Negrón 

presentó Moción Urgente en Solicitud de Desestimación.

3 Allí expuso 

que tras el fallecimiento del Sr. Roy D. Allen, Servimetal liberó a sus 

sucesores de su porcentaje de responsabilidad en la alegada deuda, 

toda vez que el 9 de septiembre de 2022, la Recurrida solicitó al foro 

primario que procediera a desestimar la demanda en cuanto a éste.4

En síntesis, razonó el Peticionario que la Demanda, además de dejar 

de acumular parte indispensable, dejó de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio, por lo que procede su 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap.V, R.10.2. 

En respuesta, el 27 de julio de 2023, Servimetal presentó 

Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación.

5 En esencia, 

sostuvo que en la Demanda se había alegado que la deuda estaba

vencida y anejó a la misma como prueba los siguientes documentos:

solicitud de crédito, el Contrato de Garantía Continua firmado por 

el Sr. Roy D. Allen y el señor Padilla Negrón, las facturas 

desprovistas de pago y el estado de cuenta debidamente notificado. 

A esos fines, arguyó la Recurrida que presentó las alegaciones

1 Véase Anejo 1 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.

2 Véase Anejo 2 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.

3 Véase Anejo 5 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.

4 Véase Entrada Núm. 6 de SUMAC en el caso TA2022CV00833.

5 Véase Anejo 7 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.
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correspondientes y prueba de la existencia y liquidez de la deuda,

así como de obligación solidaria. Por tanto, la desestimación de la 

Demanda solicitada era improcedente. 

Así las cosas, mediante Resolución de 25 de agosto de 2023, 

el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción Urgente en Solicitud 

de Desestimación presentada por el señor Padilla Negrón.6

En desacuerdo, el 11 de septiembre de 2023, el Peticionario 

presentó Moción en Solicitud de Reconsideración, en la que reiteró los 

argumentos esbozados en la Moción Urgente en Solicitud de 

Desestimación7 presentada. Acto seguido, el 29 de septiembre de 

2023, Servimetal presentó Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación.

8 Finalmente, mediante Resolución de 4 de octubre de 

2023, notificada el 6 de octubre del corriente año, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Reconsideración

presentada por el señor Padilla Negrón.

Inconforme, el Peticionario presentó el recurso de epígrafe y 

señaló la comisión de los siguientes errores por parte del foro 

primario:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN EN 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LO 

RESUELTO EN ORTIZ V. MORA DEVELOPMENT, 187 DPR

649 (2013); ASOC. FOTOPERIODISTAS V. RIVERA 

SCHATZ, 180 DPR 920 (2011); SÁNCHEZ V. AUTORIDAD 

DE LOS PUERTOS, 153 DPR 559 (2001), EXISTIENDO 

OTRAS DEFENSAS Y FUNDAMENTOS ALEGADOS 

APLICABLES AL CASO PARA DESESTIMAR.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN EN 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN Y LA SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN, AL NO APLICAR EL ARTÍCULO 

1100 DEL CÓDIGO CIVIL QUE DISPONE QUE LA 

CONDONACIÓN DE LA DEUDA CON CUALQUIER 

DEUDOR SOLIDARIO DE LA MISMA CLASE EXTINGUE 

LA OBLIGACIÓN CON RESPECTO A LOS DEMÁS.

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN EN 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN POR FALTA DE PARTE 

INDISPENSABLE Y LA SOLICITUD DE 

6 Véase Anejo 8 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.

7 Véase Anejo 9 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.

8 Véase Anejo 10 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.
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RECONSIDERACIÓN, TODA VEZ QUE DE MANERA 

INCONTROVERTIDA SURGE QUE LA PARTE RECURRIDA 

DEJÓ FUERA Y EXCLUYÓ A LA PARTE INDISPENSABLE 

ROY D. ALLEN Y/O SUS SUCESORES.

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN EN 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN Y LA SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN, EN CONTRA DEL PETICIONARIO, 

TODA VEZ QUE DE LA TOTALIDAD DEL DOCUMENTO 

DE SOLICITUD DE CRÉDITO SURGE QUE ESTE 

COMPARECIÓ EN CAPACIDAD REPRESENTATIVA DE LA 

CORPORACIÓN Y LOS ÚNICOS SOLICITANTES DE 

CRÉDITO LO FUERON LA CORPORACIÓN Y LA PARTE 

EXCLUÍDA POR LA PARTE RECURRENTE, EL SR. ROY D. 

ALLEN Y/O SU SUCESIÓN. 

QUINTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DICTAR SENTENCIA SUMARIA AL 

CONTENER MATERIAS NO CONTENIDAS EN LA 

DEMANDA LAS CUALES NO FUERON EXCLUÍDAS POR 

EL TRIBUNAL.

SEXTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD 

DE RECONSIDERACIÓN AL AMPARO DE LOS 

ARGUMENTOS ESBOZADOS EN LOS ESCRITOS DE LAS 

PARTES, AL NO PRESENTARSE OPOSICIÓN DE LA 

PARTE RECURRIDA RESPECTO A LA DEFENSA DE 

EXONERACIÓN, SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA, 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN POR FALTA DE 

JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA.

SÉPTIMO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD 

DE RECONSIDERACIÓN AL HABERSE TORNADO 

ACADÉMICO EL CASO Y NO SER JUSTICIABLE.

El 16 de noviembre de 2023, Servimetal compareció ante nos 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden; Oposición de Certiorari. 

En esencia, sostuvo que no empece determinó no proseguir la

reclamación en contra del Sr. Roy D. Allen, co-deudor fallecido, esto 

implicó que no condonó al Peticionario de la deuda reclamada, quien 

es deudor solidario de la obligación contraída. Sobre esos extremos,

razonó que no incidió el foro primario al denegar la solicitud de 

desestimación presentada por el peticionario. 

II.

A.

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario que permite que un tribunal de mayor jerarquía 
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revise las determinaciones9 de un foro inferior.

10 Esta facultad 

discrecional de los tribunales apelativos, para expedir o denegar un 

recurso de certiorari, está limitada por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico,

11 que establece cuáles asuntos 

interlocutorios serán revisables. 

Esta norma procesal faculta nuestra intervención en 

situaciones determinadas. En específico, dispone que:

[...]

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre 

la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones 

de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación 

en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de 

este apéndice sobre los errores no perjudiciales12.

Una vez el tribunal apelativo determina que la resolución 

interlocutoria es revisable según la Regla 52.1, supra, procede su 

evaluación al amparo de otros parámetros. Así pues, la discreción 

del tribunal apelativo en este aspecto no opera en un vacío ni sin 

parámetros13. Al ejercer de forma sabia y prudente nuestra facultad 

9 “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una sentencia, es revisable 

mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 

203 DPR 708, 718 (2019).

10 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto 

Rico, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012). Véase, además, Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___ 

(2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023.

11 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

12 Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar 

la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar 

a ser planteadas a través del recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp.

et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).

13 Véase Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).
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discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos 

son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones señala los criterios que para 

ello debemos considerar14. Éstos son:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Nuestro ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal 

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo 

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto15. Esta norma de 

deferencia también aplica a las decisiones discrecionales de los 

tribunales de instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente:

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en 

el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último 

(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un 

craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo16.

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

15 Coop. de Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).

16 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
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evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. No obstante, “[a]l denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”.

17

B.

La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil,

18 “es aquella que formula el demandado antes 

de presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que 

se desestime la demanda presentada en su contra”.

19 La citada regla 

dispone que la parte demandada puede presentar una moción de 

desestimación en la que alegue las defensas siguientes: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia;

(2) falta de jurisdicción sobre la persona; 

(3) insuficiencia del emplazamiento;

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio;

(6) dejar de acumular una parte indispensable.

20

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5)

de Procedimiento Civil, supra, los tribunales deberán tomar “como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan 

sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no 

den margen a dudas”.

21 La norma que impera es que “tales 

alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y 

de la manera más favorable posible para la parte demandante”.

22

Por lo tanto, “al examinar la demanda para resolver este tipo de 

moción se debe ser sumamente liberal y “únicamente procedería 

[desestimar] cuando de los hechos alegados no podía concederse 

17 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.

18 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

19 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008).

20 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.” (Énfasis en el original). González Méndez v. Acción 

Social de Puerto Rico, 196 DPR 213, 234 (2016). 

21 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, en la pág. 428.

22 Íd., en la pág. 429.
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remedio alguno a favor del demandante”.

23 Además, “[t]ampoco 

procede la desestimación, si la demanda es susceptible de ser 

enmendada”.

24

Nuestro máximo foro judicial ha expresado que al examinar 

una moción de este tipo “debemos considerar, ‘si a la luz de la 

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda 

a favor de [e]ste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida’”. (Énfasis suplido).

25 Además, el Tribunal debe 

aceptar como ciertos todos los hechos que hayan sido bien alegados 

en la demanda y excluir de sus análisis conclusiones legales. Luego, 

debe determinar si, a base de esos hechos que aceptó como ciertos, 

la demanda establece una reclamación plausible que justifique la 

concesión de un remedio. Si de este análisis el Tribunal entiende 

que no se cumple con el estándar de plausibilidad entonces debe 

desestimar la demanda, pues no debe permitir que proceda una 

demanda insuficiente bajo el pretexto de que se podrán probar las 

alegaciones conclusorias con el descubrimiento de prueba26. 

El tratadista Cuevas Segarra nos comenta que nuestro 

Tribunal Supremo explicó de forma acertada en Reyes v. Sucn. 

Sánchez Soto lo siguiente: 

El texto de la actual Regla es a[u]n más favorable para un 

demandante, ya que la moción para desestimar no ha de 

considerarse s[o]lo a la luz de una causa de acción 

determinada y sí a la luz del derecho del demandante a la 

concesión de un remedio, cualquiera que [e]ste sea. En 

vista de ello, las expresiones que hicimos en el caso de 

Boulon, particularmente la de que una demanda no debe 

ser desestimada por insuficiencia, a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de hechos que puedan ser probados en apoyo de su 

reclamación, tienen aún mayor virtualidad [...]. (Énfasis 

nuestro).

23 Colón Rivera v. Secretario, et al, 189 DPR 1033, 1049 (2013), citando a R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 

2007, pág. 231.

24 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, en la pág. 429. 

25 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, en la pág. 429 que cita a 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., [137 DPR 497 (1994)], Unisys v. Ramallo 

Brothers, 128 DPR 842 (1991).

26 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2010, pág. 268. 
KLCE202301232 9

Para que el demandado prevalezca al presentar una moción 

de desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento 

Civil, supra, “debe establecer con toda certeza que el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho 

que pueda ser probado en apoyo a su reclamación, aun 

interpretando la demanda de la forma más liberal posible a su 

favor”27. Sin embargo, esto último “se aplica solamente a los hechos 

bien alegados y expresados de manera clara y concluyente que de 

su faz no den margen a dudas”28. 

Por último, cabe mencionar que se plantea que cuando se 

presenta una moción de desestimación bajo la Regla 10. 2(5) de 

Procedimiento Civil, supra, “[l]a controversia no es si el demandante 

va finalmente a prevalecer, sino, si tiene derecho a ofrecer prueba 

que justifique su reclamación, asumiendo como ciertos los hechos 

[correctamente] alegados en la demanda”. Así pues, al analizarse 

una moción de desestimación presentada tras una demanda “el 

tribunal debe concederle el beneficio de cuanta inferencia sea 

posible de los hechos alegados en dicha demanda”.

29

III.

Es la contención principal del Peticionario en el recurso de 

epígrafe que incidió el foro primario al denegar su Moción Urgente en 

Solicitud de Desestimación presentada al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra. 

De acuerdo con el marco jurídico antes reseñado, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos faculta la revisión de 

resoluciones dictadas por el TPI, a manera de excepción, cuando se 

recurre de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Tanto la moción desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

27 Íd., en la pág. 530.

28 Cuevas Segarra, op. cit., en la pág. 529.

29 Íd., en la pág. 532.
KLCE202301232 10

Procedimiento Civil, supra, como la solicitud de sentencia sumaria,

son mociones de carácter dispositivo cuya denegatoria por el foro 

primario es revisable ante este Tribunal de apelaciones mediante 

petición de certiorari. 

Sin embargo, es preciso recalcar que nuestra discreción no se 

ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece los criterios para nosotros determinar 

si debemos ejercer nuestra facultad discrecional revisora. 

Evaluado el recurso de certiorari aquí presentado por el 

Peticionario, junto a la Resolución recurrida, bajo los criterios de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, somos 

del criterio que procede denegar la expedición del auto de certiorari

solicitado por el señor Padilla Negrón. Es nuestro criterio que en la 

resolución recurrida no medió prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto por parte del TPI. Véase, Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Lo cierto es que no está presente 

ninguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, que mueva nuestra discreción para intervenir con el 

dictamen recurrido.

No identificamos que el foro primario haya actuado de manera 

arbitraria, caprichosamente o que hubiese abusado de su discreción 

al emitir la resolución recurrida. Tampoco nos encontramos ante 

una situación que amerite nuestra intervención para evitar un 

fracaso de la justicia. Por tanto, al amparo de los criterios que guían 

nuestra discreción, resolvemos que no se han producido las 

circunstancias que exijan nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. En consecuencia, procede denegar la expedición 

del auto de certiorari solicitado por el señor Padilla Negrón.

 IV.

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari.
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones