Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

ISRAEL BAUTISTA RAMOS 

RIVERA y OTROS

Apelantes

v.

ANGIEMIVA PAGÁN 

MARRERO

Apelada

KLAN202301120

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan

Civil Núm.:

SJ2022CV02381

Sobre:

Cumplimiento 

Específico, 

Incumplimiento de 

Contrato y Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Pagán Ocasio, el Juez 

Marrero Guerrero y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2024.

Comparecen ante este Foro, mediante recurso de Apelación, el 

señor Israel Bautista Ramos Rivera (Sr. Ramos) y la señora Santa 

Aida Rivera Souffront (Sra. Rivera) (en conjunto, matrimonio RamosRivera o Apelantes). Mediante dicho recurso, nos solicitan que 

revoquemos la Sentencia Parcial2 emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), en donde el TPI declaró 

Ha Lugar a la Moción de Nulidad de Contrato de Compraventa3 y No 

Ha Lugar a la Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial4.

Por las razones que discutimos en adelante, revocamos la 

Sentencia Parcial.

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2024-021 de 2 de febrero de 2024, se 

designó a la Hon. Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de este Panel 

Especial en sustitución del Hon. Roberto J. Sánchez Ramos.

2 Apéndice de Apelación, Anejo I, págs. 1-18. Notificada y archivada en autos el 

12 de octubre de 2023.

3 Íd., Anejo XXIII, págs. 918-939.

4 Íd., Anejo XXV, págs. 1213-1240.
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I.

Para enero de 2008, el Sr. Ramos se mudó a la segunda planta 

de la propiedad localizada en la Calle Santa Cecilia #59, San Juan, 

PR 00911 (la Propiedad), en calidad de arrendatario. Pactó aquel 

contrato de arrendamiento con la señora Josefina Aurora Marrero 

Fossé (Sra. Marrero), quien vivía para aquel entonces en la primera 

planta de la Propiedad. En agosto de 2008, la Sra. Rivera se mudó a 

la Propiedad como pareja del Sr. Ramos. 

Luego de varios años viviendo en la Propiedad en calidad de 

arrendatarios, el 4 de noviembre de 2010, los Apelantes pactaron un 

Contrato de Opción de Compraventa (Contrato) con la Sra. Marrero, 

mediante el cual la Sra. Marrero se obligó a venderle ambas plantas 

de la Propiedad a los Apelantes por el precio de $125,000.00.

5 Las 

partes pactaron que los Apelantes le pagarían a la Sra. Marrero un 

depósito de $75,000.00 en aquel momento, en calidad de adelanto 

del precio de compraventa. La Sra. Marrero, por su parte, se obligó 

a no “vender, ceder o transferir en forma alguna la propiedad objeto 

de la presente transacción en lo que los [Apelantes] saldan el balance 

de precio de compraventa, es decir CINCUENTA MIL DÓLARES 

($50,000.00)”.6 Las partes añadieron, además, una cláusula 

resolutoria para disponer lo que ocurrirá si no se resuelve el Contrato 

según pactado. Esta cláusula dispone que:

5. Si por causas ajenas a su voluntad, los 

[Apelantes] no saldan el balance del precio de 

compraventa, es decir CINCUENTA MIL DÓLARES 

($50,000.00), [la Sra. Marrero] devolverá la cantidad 

total del depósito [a los Apelantes]. Si por el contrario, 

los [Apelantes] desisten de llevar a cabo esta 

compraventa, [la Sra. Marrero] retendrá la cantidad de 

DIEZ MIL DÓLARES ($10,000.00) y le devolverá a los 

[Apelantes] los SESENTA Y CINCO MIL DÓLARES 

($65,000.00).7

5 Íd., Anejo VI, págs. 203-207.

6 Íd., pág. 204.

7 Íd., págs. 204-205.
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Así como pactaron las partes, los Apelantes depositaron 

$75,000.00 en la cuenta número 3739075 del Banco Popular First 

Community Bank en Florida. Aproximadamente cuatro meses 

después, los Apelantes le ofrecieron a la Sra. Marrero los $50,000.00 

para cumplir con lo pactado y llevar a cabo la opción en su 

totalidad.

8 No obstante, por razones desconocidas, la Sra. Marrero 

no aceptó el dinero.9 Alrededor de dos a tres meses después, los 

Apelantes volvieron a intentar a entregarle a la Sra. Marrero los 

restantes $50,000.00 pero no la pudieron localizar. Aparentemente, 

la Sra. Marrero se mudó de la primera planta de la Propiedad sin 

informarle a los Apelantes. Aun así, los Apelantes continuaron 

viviendo en la Propiedad, en calidad de arrendatarios e incurriendo 

en gastos necesarios y útiles.10 Dichos gastos ascendieron a 

$266,343.85.11

Así las cosas, el 29 de marzo de 2022, los Apelantes 

presentaron una Demanda ante el TPI para exigir el cumplimiento

específico del Contrato y recobrar daños y perjuicios sufridos al 

asumir las obligaciones propietarias de la Sra. Marrero.12 Tras 

varios trámites procesales, la parte demandada fue emplazada por 

edicto, y tras su incomparecencia, el 11 de mayo de 2022, el TPI le 

anotó la rebeldía.

13 El juicio en rebeldía se celebró el 6 de junio de 

2022 y el 7 de junio de 2022 el TPI declaró Ha Lugar a la Demanda.

14

El 7 de julio de 2022, compareció la señora Angiemiva Pagán 

Marrero (Sra. Pagán o Apelada), única heredera de la Propiedad

según el Testamento Abierto de la Sra. Marrero, suscrito ante notario 

8 Íd., Anejo II, págs. 64-65.

9 Íd.

10 Tomamos conocimiento judicial del caso SJ2022CV02381 en el Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), Entrada Núm. 1, Anejo 

3. (Aunque dicho documento aparece en el Índice del recurso de Apelación, el 

mismo no fue incluido en el Apéndice).

11 Íd.

12 Apéndice, supra, Anejo VII, págs. 208-214.

13 Íd., Anejo IX, págs. 236.

14 Íd., Anejos X y XI, págs. 240-252.
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el 9 de marzo de 2005.15 Mediante Moción Asumiendo 

Representación Legal y Se Deje Sin Efecto Sentencia Emitida, la Sra. 

Pagán informó que existía otro caso pendiente ante el Tribunal de 

Primera Instancia en contra de los Apelantes de desahucio y cobro 

de dinero.16 Además, le informó al TPI que la Sra. Marrero falleció el 

6 de noviembre de 2014. Alegó que en virtud de ser la heredera de 

la Propiedad, era parte indispensable en el pleito de autos, por lo 

que solicitó que se dejara sin efecto la Sentencia de 7 de junio de 

2022. El 29 de julio de 2022, el TPI emitió una Orden dejando sin 

efecto su Sentencia. 

Tras varios trámites procesales, y con la participación de la 

Sra. Pagán en los procedimientos, el 28 de julio de 2023, la Sra. 

Pagán presentó una Moción Sobre Nulidad de Contrato de Opción de 

Compraventa,

17 en la que arguyó que, entre otras razones, el 

Contrato deber ser declarado nulo por no establecer un término o 

plazo fijo para ejercer la opción. El 31 de agosto de 2023, los 

Apelantes, por su parte, presentaron una Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Parcial, en la que solicitaron que el TPI les 

permitiera consignar los $50,000.00 restantes del Contrato,

$10,000.00 en daños y $8,000.00 en honorarios.18

Así las cosas, el 10 de octubre de 2023, el TPI dictó la 

Sentencia recurrida. Mediante dicha determinación, resolvió 

declarar Ha Lugar a la Moción Sobre Nulidad de Contrato de Opción 

de Compraventa presentada por la Sra. Pagán y No Ha Lugar a la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria presentada por los Apelantes. 

Concluyó que:

A la luz de las determinaciones antes expuestas, 

el Tribunal concluye que el aludido Contrato es nulo, 

pues el mismo carece de uno de los elementos 

esenciales de ese tipo de contrato, el plazo. Véase 

Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, [156 DPR 234, 246 

15 Entrada Núm. 26, Anejo 4 en SUMAC.

16 Apéndice, supra, Anejo XII, págs. 253-256.

17 Íd., Anejo XXIII, págs. 903-917.

18 Íd., Anejo XXV, págs. 1213-1240.
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(2002)]. En consecuencia, se determina que no existe 

ninguna obligación entre los demandantes y la parte 

demandada a esos efectos.

19

Inconforme con aquella determinación, y luego de 

infructuosamente presentar una Moción de Reconsideración,

20 el 14 

de diciembre de 2023, el matrimonio Ramos-Rivera presentó el 

recurso de Apelación ante nuestra consideración. En dicha 

comparecencia, presentó los siguientes señalamientos de error:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA DE LA PARTE DEMANDANTE Y 

DETERMINAR QUE EL CONTRATO DE [O]PCION DE 

COMPRAVENTA FIRMADO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 

2020 NO TENÍA UN PLAZO SEGÚN DEFINIDO POR 

LA JURISPRUDENCIA Y EL CÓDIGO CIVIL DE 

PUERTO RICO 1930.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR 

LA DEMANDA DE LA PARTE APELANTE Y 

DETERMINAR QUE EL CONTRATO DE [O]PCIÓN DE 

COMPRAVENTA FIRMADO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 

2010 NO TENÍA UN PLAZO CIERTO APLICANDO ASÍ 

LOS REQUISITOS DE UN CONTRATO DE OPCIÓN DE 

COMPRAVENTA DEL CÓDIGO CIVIL DE PUERTO 

RICO 2020.

TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA DE LA PARTE APELANTE Y DETERMINAR 

QUE LOS APELANTES HABÍAN INDICADO QUE EL 

CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRAVENTA NO 

TENÍA UN PLAZO, SEGÚN DISPUSO EN LOS HECHOS 

NO CONTROVERTIDOS 10 Y 30 DE LA SENTENCIA, 

CUANDO DE LAS DEPOSICIONES E 

INTERROGATORIOS LOS APELANTES 

CLARAMENTE EXPRESARON QUE EL CONTRATO DE 

OPCIÓN DE COMPRAVENTA TENÍA UN PLAZO Y QUE 

EL MISMO LO EJERCIERON.

CUARTO ERRO: ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA DE LA PARTE APELANTE Y NO 

DETERMINAR COMO HECHO NO CONTROVERTIDO 

QUE LOS APELANTES EJERCIERON SU DERECHO 

DE OPCIÓN EN EL CONTRATO DE OPCIÓN DE 

COMPRAVENTA, QUEDANDO ENTONCES 

PERFECCIONADO EL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA, INCUMPLIENDO JOSEFINA 

AURORA MARRERO FOSSÉ CON EL MISMO A 

TENOR CON MAYAGÜEZ HILTON CORP. V. 

BETANCOURT, SUPRA. Y EL CÓDIGO CIVIL DE 

PUERTO RICO 1930.

QUINTO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA DE LA PARTE APELANTE Y NO APLICAR 

19 Íd., Anejo I, pág. 17.

20 Íd., Anejo II, págs. 19-34.
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EL CASO MAYAGÜEZ HILTON CORP. V. 

BETANCOURT, SUPRA. Y EL CÓDIGO CIVIL DE 

PUERTO RICO 1930, TENIENDO UN CONTRATO 

PERFECCIONADO.

SEXTO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA DE LA PARTE APELANTE Y DETERMINAR 

QUE EL CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRAVENTA

ERA NULO [TODA VEZ] QUE EL TÉRMINO PARA 

DECRETAR LA NULIDAD HABÍA EXPIRADO, EL 

TÉRMINO PARA EJERCER LA NULIDAD DE 

CONTRATO ES DE 4 AÑOS SEGÚN DISPONE EL 

CÓDIGO CIVIL DE PUERTO RICO DE 1930.

II.

A.

La obligación “consiste en el deber de realizar una prestación. 

Esta es la conducta que ha de seguir el obligado para extinguir la 

obligación mediante el correspondiente acto de cumplimiento”. J. Puig 

Brutau, Compendio de derecho civil, 2a ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 

1994, Vol. II, pág. 1. De particular interés a nuestro análisis son las 

obligaciones que nacen de los contratos.

Un contrato es el negocio jurídico entre dos o más personas 

donde las partes contratantes se obligan a dar, hacer o no hacer una 

cosa. El Artículo 1044 del Código Civil de 1930,21 (30 LPRA sec. 2994) 

(Código Civil de 1930) dispone que “[l]as obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse a tenor de los mismos”. Los contratantes pueden exigir el 

cumplimiento específico con las cláusulas y condiciones pactadas. 

Casera Foods v. E.L.A., 108 DPR 850 (1979). “Si los términos de un 

contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas”. Código Civil 

de 1930, supra, Artículo 1233. Los contratantes se “obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

21 Aunque el Código Civil de 1930 fue derogado tras la aprobación del Código Civil 

de 2020, Ley Núm. 55-2020, (31 LPRA sec. 5311 et seq.), hacemos referencia al 

Código Civil de 1930 puesto que estaba vigente al momento de los hechos del 

presente caso. 
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consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, 

al uso y a la ley”. Íd., Artículo 1210.

Cuando una parte no cumple lo pactado, incurre en 

incumplimiento contractual. “[L]a responsabilidad contractual se basa 

‘en el quebrantamiento de un deber que surge de un contrato expreso 

o implícito’. A través de las acciones ex contractu se vindican los daños

acaecidos como consecuencia del incumplimiento de obligaciones 

previamente pactadas”. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 

DPR 38, 56 (2015) (citando a Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 

DPR 508, 521 (1998)).

Ahora bien, los contratos se desenvuelven “en tres fases o 

momentos principales: la generación, la perfección y la consumación”. 

J. Puig Brutau, op. cit., pág. 213. Es desde el momento que los 

contratos quedan perfeccionados que estos obligan a las partes. 

Código Civil de 1930, supra, Artículo 1210. Sobre el contrato de 

compraventa, el Artículo 1339 del Código Civil de 1930 dispone que 

“[l]a venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será 

obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del 

contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan 

entregado”. Por lo tanto, una compraventa se considera perfeccionada 

luego de haber convenio entre las partes sobre el objeto y el precio; 

esta no depende de la entrega del objeto, por lo que la entrega antes 

de que haya convenio sobre el precio no perfecciona el contrato.

El tratadista José Ramón Vélez Torres señala que lo importante 

en la fijación del precio es que este “esté determinado al comienzo del 

contrato, o sea susceptible de determinación posterior, mediante la 

fijación del mismo por un tercero”. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho 

Civil: derecho de contratos, San Juan, Ed. Rev. Jur. U.I.A., 1990, T. IV, 

Vol. II, pág. 157. De esta forma, en el contrato de compraventa, el 

comprador solo está obligado a pagar el precio pactado. Esto 
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puesto que el contrato debe cumplirse específicamente según las 

condiciones pactadas.

Por otro lado, un contrato de compraventa puede requerir que 

se cumplan con unas condiciones para que se dé su 

perfeccionamiento. Esto es, puede haber requisitos para que se 

formalice un contrato de compraventa. El Artículo 1066 del Código 

Civil de 1930 señala que “[s]erá exigible desde luego toda obligación 

cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un 

suceso pasado, que los interesados ignoren”. “El referido estatuto 

establece la norma general de que las obligaciones son exigibles 

inmediatamente. Sin embargo, existen excepciones a esta regla general 

que son las llamadas obligaciones condicionales. En estas 

obligaciones las partes adquieren o pierden derechos, dependiendo de 

la ocurrencia del acontecimiento que constituya la condición”. Jarra 

Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772-773 (2001).

El Artículo 1067 del Código Civil de 1930 añade que “[e]n las 

obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la 

resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerá del 

acontecimiento que constituya la condición”. El efecto es que “‘[s]i la 

condición suspensiva se cumple, la obligación surge [...]. Si [...] no se 

realiza, el vínculo de derecho no llega a aparecer [...]’”. Meléndez v. 

Jiménez Realty, Inc., 98 DPR 892, 897 (1970) (citando a J.M. Manresa 

y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6a ed. rev., Madrid, Ed. 

Reus, 1967, Tomo VIII, Vol. 1, pág. 367).

B.

El contrato de opción de compraventa no estaba expresamente 

en el Código Civil de 1930, por lo que debemos acudir a la 

jurisprudencia interpretativa para identificar sus requisitos. 

Puig Brutau denomina este contrato como “el contrato con pacto 

de opción”, puesto que considera que mediante este, “no se opta por 

optar, sino que la opción es la posibilidad de perfeccionar un contrato 
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previamente delimitado”. J. Puig Brutau, op. cit., pág. 321. Ante dicha 

interpretación, hablamos de un contrato de compraventa normal cuyo 

perfeccionamiento está supeditado a una condición pactada. En Rosa 

Valentín v. Vázquez Lozada ̧ 103 DPR 796 (1975), nuestro Tribunal 

Supremo tuvo la oportunidad de definir los requisitos esenciales para 

un contrato de opción de compraventa. Primero, consideró las 

posturas de los tratadistas en torno al contrato de opción y concluyó 

que:

Todos están de acuerdo en que es un contrato sujeto a 

término o plazo fijo, en que el titular del derecho objeto 

del contrato, a quien llamamos promitente o concedente, 

queda obligado frente a otra persona, que llamaremos el 

optante, a hacerle reserva exclusiva del derecho que es 

objeto de la opción.

Íd., pág. 807.

Además, determinó que se trata de un contrato unilateral, 

puesto que “el optante no está obligado a nada[;] que tiene libertad 

absoluta para tomar o no tomar la cosa ofrecida”. Íd. (cita omitida). Lo 

atribuyó como un contrato preparatorio o precontrato, y que tiene los 

siguientes requisitos: (1) concesión por una parte a la otra la facultad 

de decidir sobre la celebración o no del contrato principal, sin 

obligación alguna de ésta, toda vez que la prima en el contrato, si 

alguna, es un elemento accidental; (2) concesión de modo exclusivo; 

(3) por un plazo cierto; y, (4) sin otra condición que el propio juicio 

del optante. Íd., págs. 807-808. (Énfasis nuestro). De los requisitos 

esbozados, surge claramente que para que exista un contrato de 

opción de compraventa válido, las partes deben pactar un plazo fijo 

para ejercer la opción. De no tenerlo, no estamos ante un contrato de 

opción de compraventa.

C.

Las obligaciones no solo nacen de los contratos, sino estas 

pueden surgir mediante las acciones de las personas. Nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce las obligaciones que se contraen sin 
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convenio o cuasicontratos. Uno de estos es el denominado 

“enriquecimiento injusto”. 

El Código Civil de 1930 no regulaba la figura del 

enriquecimiento injusto. No obstante, si regula los cuasicontratos. El 

Artículo 1787 del Código Civil de 1930, supra, dispone que “[s]on 

cuasicontratos los hechos lícitos y puramente voluntarios, de los que 

resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación 

recíproca entre los interesados”. Nuestro Tribunal Supremo ha 

reconocido que esta figura contempla el enriquecimiento injusto. Ortiz 

Andujar v. ELA, 122 DPR 817, 823 (1988). En aquella ocasión, tuvo la 

oportunidad de establecer los siguientes requisitos para que se dé un 

enriquecimiento injusto: (1) la existencia de un enriquecimiento; (2) un 

correlativo empobrecimiento; (3) una conexión entre el 

enriquecimiento y el empobrecimiento; (4) falta de justa causa que 

justifique el enriquecimiento; y, (5) la inexistencia de un precepto legal 

que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa. Íd. (citando a 

M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 

Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1984, T. XXIV, págs. 27-28).

III.

Con el derecho aplicable esbozado, nos encontramos en posición 

para resolver las controversias ante nos. Por versar sobre la existencia 

de un contrato válido, atenderemos los errores señalados en conjunto. 

En síntesis, la parte Apelante sostiene que el TPI erró al concluir que 

el Contrato no tenía un plazo cierto y en consecuencia, declararlo nulo.

Luego de analizar el Contrato, sus cláusulas y la totalidad de la 

prueba que obra en el expediente, concluimos que el TPI no erró al 

determinar que el Contrato adolecía de un plazo cierto. El Contrato

dispone que la entrega de la Propiedad se hará luego de que la parte 

Apelante pague el restante $50,000.00 para completar el precio 

convenido de $125,000.00. Dicho plazo no puede ser considerado un 

plazo cierto puesto que era imposible conocer con certeza cuándo la 
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parte Apelante iba a pagar el restante. Al contrario, estimamos que 

este término es un plazo condicional e incierto, cuyo cumplimiento era 

necesario para que la Sra. Marrero se viera obligada a entregar el 

objeto de compraventa. Puesto que un plazo cierto es un requisito 

indispensable de un contrato de opción de compraventa, el TPI no erró 

al determinar que el Contrato entre las partes no es un contrato de 

opción. 

Ahora bien, el TPI sí erró en declarar el Contrato nulo en su 

totalidad. Aun no siendo el Contrato uno de opción, sí es un contrato 

válido por cumplir con los requisitos básicos de un contrato de 

compraventa. Veamos. 

En el caso de autos, el Contrato pactado por los Apelantes y la 

Sra. Marrero reúne los requisitos para ser considerado un contrato 

valido y ejecutable. Aquí, las partes pactaron la compraventa de la 

Propiedad por un precio fijo. El contrato de compraventa está definido 

por el Artículo 1334 del Código Civil de 1930, supra, que dispone que

“[p]or el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga 

entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio 

cierto, en dinero o signo que lo represente”. ¿Cuándo es que el contrato 

de compraventa se perfecciona y es ejecutable? Para contestar este 

interrogante, el Artículo 1339 del Código Civil de 1930, nos dice que

“[l]a venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será 

obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del 

contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan 

entregado”. (Énfasis nuestro). Por lo tanto, el perfeccionamiento del 

contrato de compraventa no depende de la entrega del objeto ni del 

dinero pactado, únicamente depende del convenio entre las partes 

para entregarse las contraprestaciones acordadas.

Mediante el Contrato, las partes manifestaron sus voluntades y 

consintieron a la compraventa de la Propiedad. El TPI estimó que no 

quedaron probadas las alegaciones atacando el consentimiento 
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otorgado por la Sra. Marrero y no existe duda sobre la voluntad de la 

parte Apelante. Además, hubo convenio sobre un bien especifico, lícito 

y en el tráfico jurídico, por lo que el Contrato reúne los requisitos de 

objeto, consentimiento y causa necesarios para su validez. Ante esto, 

el TPI erró al declararlo nulo.

Teniendo ante nos un contrato de compraventa válido, los 

contratantes tienen derecho a exigir el cumplimiento estricto con sus 

condiciones. Los Apelantes sostienen que tienen toda intención y 

voluntad de pagar los restantes $50,000.00 para cumplir con lo 

pactado y llevar a cabo la opción en su totalidad y exigir que la parte 

apelada entregue la Propiedad, según sus cláusulas. Dicho deber por 

parte de la Sra. Marrero, y ahora su heredera la Sra. Pagán, nació en 

el 2011, cuando los Apelantes le informaron a la Sra. Marrero de su 

intención y habilidad de entregarle los restantes $50,000.00. Es 

importante recordar que los Apelantes ya habían depositado 

$75,000.00 en una cuenta del Banco Popular en calidad de pago 

adelantado o depósito. Según las cláusulas pactadas, dicho depósito 

sería acreditado al precio final para la compraventa. No obstante, la 

Sra. Marrero, por razones desconocidas, no aceptó el dinero, 

reteniendo los $75,000.00. Los Apelantes intentaron 

infructuosamente comunicarse con la Sra. Marrero posteriormente.

El Contrato contiene una cláusula que dispone lo que debe 

suceder si el mismo no puede ser cumplido. Cuando el incumplimiento 

se debió al desistimiento por parte de los Apelantes, la parte vendedora 

se verá obligada a devolver el depósito, pero tendrá derecho a retener 

$10,000.00. Por otro lado, cuando el incumplimiento no es atribuible 

a los Apelantes, la parte vendedora se verá obligada a devolver la 

totalidad del depósito, entiéndase $75,000.00. En el caso de autos, el 

TPI declaró nulo el Contrato pero nada dispuso de los $75,000.00 

dados en depósito. Al no existir causa por la retención de este dinero, 

esto constituye un enriquecimiento injusto por parte de la Sra. Pagán.
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En resumen, revocamos la Sentencia Parcial del TPI. Aunque 

Tribunal no erró al determinar que el Contrato no es uno de opción, sí 

erró al declararlo nulo. El Contrato cumple con los requisitos para 

constituir un contrato de compraventa válido y perfeccionado. Los 

Apelantes tienen derecho a exigir el cumplimiento estricto con sus 

condiciones. De no poderse cumplir, procedería la aplicación de la 

Quinta Cláusula del Contrato y la devolución de los $75,000.00 

entregados en calidad de depósito.

IV.

Por los fundamentos discutidos, revocamos la Sentencia Parcial

del TPI. Devolvemos el caso al TPI para que continúen los 

procedimientos conforme lo aquí resuelto.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones