Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

VÍCTOR ALEXIS FELIZ 

ESTEVA

PETICIONARIO

v.

FEDERAL EXPRESS 

CORPORATION ( ̈FEDEX ̈) Y 

OTROS

RECURRIDOS

KLCE202400442

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Bayamón

Caso Núm. 

BY2024CV01333

Sobre: 

Despido Injustificado; 

Horas Extras; Acoso 

Laboral; Represalias; 

Procedimiento 

Sumario

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero, y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

RESOLUC IÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2024.

I.

El 17 de abril de 2024, Víctor Alexis Feliz Esteva (señor Feliz 

Esteva o peticionario) presentó un recurso de Certiorari en el que 

solicitó que revoquemos una Orden emitida el 10 de abril de 2024 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón 

(TPI), notificada y archivada en autos ese mismo día.

1 Por medio del 

referido dictamen, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha 

Lugar una solicitud de anotación de rebeldía promovida por el 

peticionario contra el co-querellado señor Ricardo Rodríguez García 

(señor Rodríguez García o recurrido). 

El 18 de abril de 2024, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos al recurrido un término de 10 días para exponer su 

posición sobre los méritos del recurso. 

1 Apéndice del Certiorari, Anejo 1, págs. 1-2.
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El 25 de abril de 2024, el recurrido radicó una Oposición a 

petición de Certiorari en la que se opuso al recurso de Certiorari de 

epígrafe, alegando que el procedimiento sumario laboral no le es 

aplicable. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por 

perfeccionado el recurso. En adelante, pormenorizamos los hechos 

procesales atinentes a la petición de Certiorari que nos ocupa.

II.

El caso de marras tiene su génesis en una querella radicada 

por el señor Feliz Esteva el 11 de marzo de 2024 contra Federal 

Express Corporation (FedEx) y el señor Rodríguez García por 

alegado despido injustificado, represalias y salarios adeudados.2

Solicitó que la misma se tramitara bajo el procedimiento sumario 

contemplando en la Ley Núm. 2-1961.

3

Según se alegó en la reclamación, el peticionario comenzó a 

ser empleado a tiempo parcial para FedEx en el mes de octubre de 

2020 en las facilidades de Metro Office Park en Guaynabo. En el mes 

de julio de 2021, fue contratado como empleado a tiempo completo 

como ‘Swing Driver’. Según surge de la querella, Feliz Esteva no 

tenía un horario y tenía que llamar a una línea telefónica (‘Call Note’) 

para conocer su horario de entrada. Durante el mes de abril de 

2022, FedEx realizó una encuesta de satisfacción a los empleados 

titulada como ‘Survey Feedback Action’. De la querella surge que, 

los resultados de la encuesta con respecto a los empleados 

gerenciales de la facilidad de Guaynabo fueron negativos. Por 

consecuencia, se celebraron varias reuniones por parte de los 

empleados gerenciales con el personal para conocer el fundamento 

de los resultados. En una de las reuniones celebradas, el personal 

2 Íd., Anejo 2, págs. 3-13. 

3 Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como la Ley 

de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118, et al.

[(Ley 2)]. 
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manifestó que uno de los malestares era la incertidumbre del 

personal al tener que llamar al ‘Call Note’ para conocer su horario 

de entrada. Un empleado corporativo de FedEx alegó que la causa 

por la cual los empleados tenían que llamar era por situaciones 

relacionadas a conflictos internacionales, entre ellos en China. 

Durante la reunión, el señor Feliz Esteva expresó su inconformidad 

con la respuesta al parecerle irrazonable. Luego de la referida 

reunión, se designó al señor Rodríguez García como supervisor de 

Feliz Esteva. Alega el peticionario que, el señor Rodríguez García lo 

perseguía, señalaba y falsamente le imputó fraude en relación con 

unos paquetes lo que resultó en lo que aduce, su despido 

injustificado el 29 de septiembre de 2023.

El 12 de marzo de 2024, el TPI expidió un emplazamiento 

dirigido al señor Rodríguez García.

4

El 4 de abril de 2024, el señor Feliz Esteva presentó una 

Moción Informando Diligenciamiento de Emplazamientos en la que 

notificó que el emplazamiento del señor Rodríguez García fue 

diligenciado en las facilidades de FedEx en Metro Office Park el 27 

de marzo de 2024.5

El 9 de abril de 2024, el peticionario radicó una Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía en la que solicitó que se anotara 

la rebeldía en contra del señor Rodríguez García porque no 

respondió la querella dentro de los diez (10) días que tenía para 

hacerlo.

6

Ese mismo día, la parte recurrida Rodriguez García presentó 

su contestación a la querella, el día 9 de abril de 2024.7

El 10 de abril de 2024, el señor Feliz Esteva radicó una

Urgente Moción Solicitando que Contestación a la Querella 

4 Íd., Anejo 3, págs. 14-16.

5 Íd., Anejo 4, págs. 17-24.

6 Íd., Anejo 5, págs. 25-27. 

7 Íd., Anejo 6, págs. 28-35.
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Presentada Tardíamente por Ricardo Rodríguez García se Tenga Por 

No Puesta y Reiterando Solicitud de Anotación de Rebeldía en la que 

solicitó que la contestación tardía de la querella se tuviese por no 

puesta y, en consecuencia, se anotara rebeldía del recurrido.

8

El 10 de abril de 2024, el TPI emitió, notificó y archivo en 

autos digitalmente la Orden recurrida en la que declaró No Ha Lugar 

la Moción de Solicitud de Anotación de Rebeldía y se señaló una vista 

inicial el día 24 de abril de 2024 a las 9:00 a.m.9

Inconforme, el señor Feliz Esteva presentó el recurso ante nos 

e imputó al TPI los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al permitir, 

de manera ultra vires por no tener jurisdicción para ello, la 

contestación a la querella presentada tardíamente por el 

peticionado, Ricardo Rodríguez García, luego de transcurrido 

el término fatal dispuesto por la sección 3 de la Ley 2 de 17 

de octubre de 1961.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no anotar 

rebeldía al peticionado Ricardo Rodríguez García. 

El 25 de abril de 2024, el recurrido presentó una Oposición a 

Petición de Certiorari en la que se opuso a la expedición del Certiorari

solicitado. Según argumentó, el TPI actuó correctamente al no 

anotar la rebeldía en su contra, puesto que se trata de un 

codemandado y no del patrono, al que no le aplica el procedimiento 

sumario contemplado en la Ley 2, supra. 

III.

A.

El auto de certiorari es un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Es en esencia 

un recurso extraordinario por el cual se solicita a un tribunal de 

mayor jerarquía la corrección de un error cometido por el tribunal 

8 Id., Anejo 7, págs. 36-38.

9 Íd., Anejo 1, págs. 1-2.
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inferior. supra, 729. Distinto al recurso de apelación, el tribunal 

revisor tiene la facultad de expedir el recurso de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. No 

obstante, nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, y 

siempre procurar lograr una solución justa. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada, establece las instancias en las que el foro revisor posee 

autoridad para expedir el auto de certiorari sobre materia civil.10

Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, et als., 202 DPR 

478 (2019). A su vez, dicha regla sufrió varios cambios 

fundamentales encaminados a evitar la revisión judicial de aquellas 

órdenes o resoluciones que dilataban innecesariamente el proceso 

pues pueden esperar a ser revisadas una vez culminado el mismo, 

uniendo su revisión al recurso de apelación. Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare LLC, supra. En esa línea, el rol de este foro al 

atender recursos de certiorari descansa en la premisa de que es el 

foro de instancia quien está en mejor posición para resolver 

controversias interlocutorias y con el cuidado que debemos ejercer 

para no interrumpir injustificadamente el curso ordinario de los 

pleitos que se están ventilando en ese foro. Torres Martínez v. 

10 Esta Regla dispone que:

[....] 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic), 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 

por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto 

a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 
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Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).

Si el asunto comprendido en el recurso de certiorari está en 

una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, entonces este foro ejerce un segundo escrutinio. Este 

se particulariza por la discreción que se le ha sido conferida al 

Tribunal de Apelaciones para expedir, autorizar y adjudicar en sus 

méritos el caso. Para poder ejercer de manera razonable y prudente 

la facultad discrecional concedida, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra 40, R.40, establece los criterios que 

debemos tener ante nuestra consideración al atender una solicitud 

de expedición de un auto de certiorari.

11 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha 

expresado referente a la expedición del auto de certiorari al amparo 

de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada.12

Este foro y el Tribunal Supremo tienen la facultad para revisar por 

medio del auto certiorari, las resoluciones interlocutorias dictadas 

por los tribunales de instancia. Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., 147 DPR 483, 491 (1999). En esa línea, la Sección 

3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 

establece que las Reglas de Procedimiento Civil serán aplicables al 

procedimiento sumario establecidos en la referida Ley en todo 

aquello que no esté en conflicto con las disposiciones o con el 

11Esta Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.

12Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como la Ley 

de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118, et al. 

[(Ley 2)].
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carácter sumario del procedimiento.

13 Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc, supra, 493. A tenor con el propósito rápido y 

sumario de la referida Ley, el Tribunal Supremo enfatizó que, para 

revisar las resoluciones interlocutorias dictadas por los tribunales 

de instancia, esta facultad está limitada en el caso de las 

resoluciones interlocutorias dictadas dentro de un procedimiento 

llevado al amparo de dicha Ley. Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc, supra, 497. Este principio está cimentado en que, la 

esencia de dicho trámite "es proveer un mecanismo procesal judicial 

que logre la rápida consideración y adjudicación de las querellas 

presentadas por los obreros o empleados, principalmente en casos 

de reclamaciones salariales y beneficios". Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare LLC, supra, 733. Consecuentemente, la 

facultad revisora de las resoluciones interlocutorias queda limitada 

de revisión por un tribunal de mayor jerarquía.

Ahora bien, el Tribunal Supremo delimitó las excepciones en 

que se puede expedir el auto recurso de certiorari en la mencionada 

Ley. A tenor con lo dispuesto por el referido foro, para requerir la 

revisión inmediata tienen que ser a modo de excepción en aquellos 

casos en que, (i) se haya dictado sin jurisdicción, (ii) cuando hacerlo 

disponga del caso en forma definitiva y (iii) en aquellos casos 

extremos en los cuales a fines de la justicia requiera la intervención 

del foro apelativo, es decir evitar una grave injusticia. Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc, supra, 498.

B.

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada,

supra, es conocida como la “Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales”. En la Exposición de Motivos, el legislador 

13 Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como la Ley 

de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118, et al.

[(Ley 2)].
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expone la intención de promover un mecanismo procesal sumario 

para lograr una rápida adjudicación de reclamaciones laborales de 

los empleados contra sus patronos. Exposición de Motivos Ley Núm. 

2-1961, supra. Además, por la naturaleza y finalidad la reclamación 

debe ser resuelta a la mayor brevedad posible. Íd. A tenor con el 

mecanismo procesal sumario, acorta el término para responder a la 

querella, limita el descubrimiento de prueba y la aplicación de las 

Reglas de Procedimiento Civil. Íd. Cónsono con el proceso sumario, 

se propende a que cuando se dicte la sentencia en rebeldía o por 

incomparecencia de una de las partes, la revisión de la sentencia 

será mediante el auto del recurso de certiorari cuya expedición por 

el tribunal revisor será discrecional. Íd. A su vez, el Tribunal 

Supremo ha expresado que la Ley Núm. 2, supra, provee un 

procedimiento expedito para lograr los propósitos de proteger el 

empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveerle al 

empleado despedido los remedios económicos para su subsistencia 

mientras obtiene un nuevo empleo. Ocasio v. Kelly Servs, et al, 

163 DPR 653, 666 (2005). 

El artículo tres (3) de la Ley 2-1961, supra sec. 3120, establece 

que el secretario del tribunal notificará a la parte querellada con 

copia de la querella que debe responder dentro de diez (10) días a 

partir de la notificación, si la querella es dentro del distrito judicial 

o quince (15) días si la misma es fuera del distrito judicial de la 

acción en su contra constatando haber servido copia de esta al 

abogado de la parte querellante o a ésta si hubiere comparecido por 

derecho propio. Consecuentemente, de no responder dentro del 

término establecido se dictará sentencia en su contra, concediendo 

el remedio solicitado y sin más citarle ni oírle. Íd. En otros términos, 

a solicitud de la parte querellada o de esta comparecer bajo derecho 

propio, puede exponer bajo juramento, a discreción del juez y de 

encontrarse causa justificada en la moción, prorrogar el término 
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para responder. Íd. A su vez, dicho artículo establece que las Reglas 

de Procedimiento Civil serán de aplicación de no entrar en conflicto 

con el procedimiento sumario de la referida ley. Íd. 

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha hecho un análisis 

minucioso sobre la prórroga que concede el artículo tres (3) de la 

referida ley, supra. En efecto, si el querellado no responde en la 

forma que exige la ley, el tribunal tendrá que atender el caso bajo 

rebeldía y recurrir a la Regla de Procedimiento Civil sobre sentencia 

de rebeldía siempre que sea cónsono con el proceso sumario de la 

mencionada ley. Si bien es cierto que la ley no concede prórroga y 

es a discreción del juez concederla, hay casos excepcionales que se 

justifica concederla. Ocasio v. Kelly Servs, et al, supra pág. 669. 

“A modo de ejemplo, una razón para conceder la prórroga sería 

cuando del propio expediente surge la causa para la dilación en 

responder a la querella”. Íd. De surgir las circunstancias, el tribunal 

puede motu proprio y a su discreción, conceder a la parte querellada 

una prórroga de entender se evitaría un fracaso a la justicia. Íd. Del 

mismo modo, ante el incumplimiento de los términos establecidos, 

el tribunal puede dictar sentencia para conceder el remedio 

solicitado. No obstante, un tribunal de instancia no podrá dictar 

sentencia en rebeldía de forma automática si no surge del 

expediente que la parte querellante tiene derecho al remedio 

solicitado. Íd., pág. 673. En esa misma línea, la parte querellante 

debe fundamentar los hechos específicos que de su faz de ser 

probados hacen a la parte querellada deudora del remedio 

solicitado. Íd. 

IV.

En el caso de marras, el peticionario arguye que el TPI erró al 

permitir que el recurrido contestara la querella fuera del término 

establecido en ley y, consecuentemente, al no anotarle la rebeldía. 

Su solicitud de anotación de rebeldía ocurrió un día después de 
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vencido el término que tenía el señor Rodríguez García para 

responder la querella. Simultaneo a esta solicitud, el recurrido 

contestó la querella. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente, 

a la luz de los criterios esbozados tanto en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, como en la Regla 40 del Tribunal 

de Apelaciones, supra, R. 40, resolvemos que debemos abstenernos 

de ejercer nuestra función revisora. En esencia, no se configuran los 

requisitos para expedir el recurso discrecional. A juicio nuestro, no 

atisbamos motivo o error alguno que amerite intervención. No 

intervendremos con lo actuado por el foro de instancia. Surge del 

expediente que la contestación del señor Rodríguez García a la 

querella fue únicamente un día posterior a vencer el término. 

Prorrogar este término es una facultad dentro de la discreción del 

TPI de este entender que se provocaría un fracaso a la justicia. No 

obstante, la anotación de rebeldía no procede automáticamente, 

sino que la necesidad de su imposición debe surgir de los hechos y 

del expediente del caso.

V.

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición auto de certiorari.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones