Número Identificador

RES2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN Y OTROS

Peticionario

v.

RAMONITA ARCE 

RUBERTÉ,

COMISIÓN APELATIVA DEL 

SERVICIO PÚBLICO

Recurrido

KLCE202400172

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de San Juan

Sobre:

Revisión de Laudo 

de Arbitraje 

Obrero-Patronal 

Núm. L-21-041 

emitido por la Hon. 

Árbitro Jeovany 

Vázquez Ocasio, de 

la Comisión 

Apelativa del 

Servicio Público

Caso Número:

SJ2021CV07900

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Bonilla Ortíz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

Comparece la parte peticionaria, el Departamento de 

Educación (en adelante,  ̈peticionario ̈ o  ̈DE ̈) mediante recurso de 

Certiorari Civil y solicita la revisión de la Sentencia dictada el 22 de 

diciembre de 2023, notificada el 26 de diciembre de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en 

adelante,  ̈TPI ̈). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar el recurso de revisión judicial presentado por el DE y confirmó 

un Laudo de Arbitraje dictado por la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (en adelante,  ̈CASP ̈). En la misma, se dejó sin efecto la 

destitución de la Sra. Ramonita Arce Ruberté (en adelante, 

 ̈recurrida ̈ o  ̈Sra. Arce Ruberté ̈) y ordenando al DE la devolución 

de los salarios y haberes dejados de recibir. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el auto de certiorari solicitado.

I.

El 21 de noviembre de 2013, el entonces Secretario del DE, 

Hon. Rafael Román Meléndez (en adelante,  ̈Secretario ̈), le notificó 

a la Sra. Arce Ruberté de su intención de iniciar un procedimiento 

disciplinario en su contra y la relevó sumariamente de su empleo, 

sin privación de sueldo. La misiva le imputó a la recurrida un patrón 

de conducta irrespetuosa hacia una compañera de trabajo entre

agosto de 2012 y septiembre de 2013.

Luego, el 31 de octubre de 2014, el Secretario le cursó a la 

Sra. Arce Ruberté una carta de destitución de su puesto permanente 

de Contador III en la Región Educativa de Mayagüez.

Inconforme, el 10 de marzo de 2015, la Sra. Arce Ruberté 

presentó una Apelación ante la CASP. Luego de varios trámites 

procesales, el 19 de marzo de 2021, se celebró una Vista de 

Arbitraje. Durante la Vista, el DE presentó el testimonio de la Sra. 

Marta I. Olmos Matías, investigadora de querellas, y del Sr. 

Francisco Nieves Sánchez, supervisor directo de la recurrida.

Además, presentó como evidencia documental el Informe de 

Investigación realizado por el DE y la declaración jurada del Sr. 

Nieves Sánchez.

Por otro lado, las partes pactaron que el laudo arbitral fuera 

conforme a derecho.

El 24 de septiembre de 2021, la CASP emitió un Laude de 

Arbitraje, en el cual concluyó que la destitución de la Sra. Arce 

Ruberté no estuvo justificada. A su vez, ordenó al DE a reinstalar a 

la recurrida en su puesto de Contador III y devolverle los salarios y 

haberes dejados de recibir. La CASP determinó que el DE no 
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presentó prueba suficiente para probar la conducta imputada.

Específicamente, resolvió que:

[...] La AGENCIA present[ó] el Informe de 

Investigación de este caso el cual describió unos 

incidentes en que el que est[á] envuelta la 

QUERELLANTE junto con varias Declaracio[es] 

Juradas de otros empleados. Sin embargo, estos 

empleados no fueron presentados como testigos en 

este caso por lo que la parte Querellante no tuvo la 

oportunidad de contrainterrogar a estos testigos ni 

a confrontar la prueba. Por lo tanto, esta evidencia 

no será considerada. Fuera de lo ya mencionado no se 

presentó algún otro testigo[,] solo el Sr. Nieves.

[...]

Luego de haber evaluado la prueba presentada 

determinamos que la misma no fue suficiente para 

probar todos los hechos que se le imputaron en la 

carta de intención de medida disciplinaria. Es sabido 

que el peso de probar los hechos recae en la AGENCIA 

por ser una medida disciplinaria. Ya que el patrono, de 

ordinario, está en control y en posesión de toda la 

información necesaria para que la cuestión pueda ser 

resuelta. JRT v. AEE, 113 DPR 564. Ante el hecho que 

la AGENCIA no presen[ó] prueba suficiente en este 

caso[,] concluimos que el mismo no fue probado. Por 

tanto, se determinó que no hubo justa causa para la 

imposición de la medida disciplinaria de destitución en 

contra de la QUERELLANTE. (Énfasis suplido).

Posteriormente, el 1 de diciembre de 2021, el DE presentó un 

recurso de Revisión Judicial de Laudo de Arbitraje ante el TPI. Alegó 

que la CASP intervino irrazonablemente con la discreción del 

Secretario al eliminar la medida disciplinaria impuesta a la Sra. Arce 

Ruberté. Además, arguyó que la CASP aplicó incorrectamente las 

Reglas de Evidencia al no admitir el Informe de Investigación 

presentado por el DE. También, señaló que la CASP actuó arbitraria 

e irrazonablemente al no considerar el contenido de las 

declaraciones de los testigos e impartirle el valor probatorio que 

merecían.

El 6 de diciembre de 2021, el DE presentó la transcripción de 

la Vista de Arbitraje.

El 10 de octubre de 2022, la Sra. Arce Ruberté presentó su 

oposición al recurso de revisión. La recurrida alegó que la CASP 
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actuó correctamente al excluir el Informe de Investigación, ya que 

no fue estipulado ni presentado como evidencia.

Luego de varios trámites procesales, el 22 de diciembre de 

2023, el TPI emitió una Sentencia, notificada el 26 de diciembre de 

2023. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar el 

recurso de revisión presentado por el DE y confirmó el Laudo de 

Arbitraje dictado por la CASP. Particularmente, concluyó lo 

siguiente:

Surge del laudo y de los documentos que obran 

en el expediente judicial que el Departamento 

presentó dos testigos, de los cuales uno fue una 

investigadora, que no fue quien presentó el informe 

de investigación ni realizó las entrevistas de campo. 

Tampoco se presentaron los testimonios de los 

empleados y empleadas involucrados en los 

incidentes que se le imputaron a la señora Arce 

Ruberté. Según expresó la árbitra en el laudo  ̈estos 

empleados no fueron presentados como testigos en este 

caso por lo que la parte Querellante no tuvo la 

oportunidad de contrainterrogar a estos testigos ni 

confrontar la prueba ̈.

[...]

Por tanto, determinamos que no se cometió el 

error imputado por el Departamento de Educación. De 

un análisis del caso surge que las determinaciones de 

la Árbitra Vázquez Ocasio tienen base racional en la 

evidencia sustancial que le fue presentada y aquilatada. 

El récord está carente de prueba de que se haya 

actuado erradamente, arbitrariamente, ilegalmente 

o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituya un ejercicio fuera de su discreción. En 

fin, la decisión de la árbitra goza de una presunción de 

legalidad y corrección que debe ser respetada mientras 

la parte que la impugna no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla. Misión Ind. P R v. JP, 146 DPR 

64 (1998). (Énfasis suplido).

El 3 de enero de 2024, el DE presentó una Moción de 

Reconsideración a Sentencia. Ante ello, el 9 de enero de 2024, el TPI 

dictó una Orden declarando No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración.

Inconforme, el 9 de febrero de 2024, el DE compareció ante 

esta Curia mediante Petición de Certiorari y solicitó que se revoque 
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el dictamen recurrido y se reinstale la sanción impuesta a la Sra. 

Arce Ruberté. El DE realizó el siguiente señalamiento de error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al confirmar el 

Laudo de Arbitraje de CASP[,] a pesar de que la 

Árbitro abusó de su discreción al no considerar la 

totalidad de la evidencia presentada por el DE.

El 13 de febrero de 2024, emitimos una Resolución en la cual

le ordenamos a la parte recurrida la presentación de su alegato en 

oposición, conforme dispone la Regla 37 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 37.

El 11 de marzo de 2023, el DE presentó tardíamente su 

alegato en oposición.

Perfeccionado el recurso y examinados los documentos que 

obran en el expediente, estamos en posición de resolver.

II.

A. El certiorari

El auto de certiorari, constituye un vehículo procesal 

discrecional, que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). En lo aquí 

pertinente, debemos mencionar, que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que la revisión de órdenes y sentencias emitidas 

por el foro primario, confirmando, modificando, corrigiendo o 

revocando un laudo de arbitraje, son revisables mediante el recurso 

de certiorari. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1, 23 

(2011). 

Los criterios que guían nuestra facultad discrecional al 

determinar la expedición de un recurso de certiorari están 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B. Dicha regla dispone lo siguiente: 
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El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición de un 

auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución 

final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

B. El arbitraje

El arbitraje es un método alternativo de solución de disputas, 

existe como alternativa al litigio tradicional. Aut. Puertos v. HEO, 

186 DPR 417, 424 (2012). El proceso de arbitraje le impone un 

carácter excluyente al proceso judicial, ya que una cláusula de 

arbitraje es un contrato que impide a los jueces y tribunales conocer 

en primera instancia de los conflictos o cuestiones litigiosas 

sometidas a arbitraje. Indulac v. Central General de Trabajadores, 

207 DPR 279, 194 (2021). 

El arbitraje en el ámbito laboral surge como parte del proceso 

de negociación colectiva. Íd. Ello surge cuando en un convenio 

colectivo se pacta someter a arbitraje las controversias que puedan 

surgir entre el patrono y los empleados. Íd. Es importante 
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mencionar, que en nuestro ordenamiento jurídico se favorece el 

arbitraje, en especial en el entorno obrero-patronal, pues es un 

proceso menos técnico, más flexible y menos oneroso que los 

tribunales de justicia. Íd. 

Los procedimientos de arbitraje y laudos emitidos en el campo 

laboral disfrutan de una gran deferencia por parte de los 

tribunales. J.R.T. v. Adm. Muelles Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 325 

(1941). La deferencia brindada cede cuando se demuestra la 

existencia de fraude, conducta impropia del árbitro, falta del debido 

proceso de ley, ausencia de jurisdicción, omisión de resolver todas 

las cuestiones en disputa o que sea contrario a la política 

pública. Íd. 

Con relación a la revisión judicial de los procesos de arbitraje, 

nuestro más alto foro ha expresado que, aunque la intervención no 

esté vedada, ante un convenio de arbitraje lo más prudente es la 

abstención judicial. UCPR v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 

133 (1994). Por ello, cuando se acuerda el uso del arbitraje como 

mecanismo para ajustar las controversias, se crea un foro sustituto 

a los tribunales de justicia, cuya interpretación merece gran 

deferencia. López v. Destilería Serrallés, 90 DPR 245 (1964); JRT v. 

Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318 (1988).

Es por esto que la revisión de los laudos de arbitraje se 

circunscribe al determinar: 

(1) la existencia de fraude, 

(2) conducta impropia, 

(3) falta del debido proceso de ley, 

(4) violación a la política pública, 

(5) falta de jurisdicción o, 

(6) que el laudo no resuelve todos los asuntos en 

controversia. COPR v. SPU, 181 DPR 299, 319 

(2011).
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No obstante, si las partes pactan que el laudo arbitral sea 

conforme a derecho, los tribunales podrán corregir errores jurídicos 

en atención al derecho aplicable. Ello significa que el árbitro no 

puede ignorar o dejar pasar por desapercibidas las normas 

interpretativas, en el campo laboral, de derecho sustantivo emitidas 

por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el de Puerto Rico. JRT 

v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 DPR 62, 68 (1987).

De igual modo, las decisiones de los tribunales de primera 

instancia, de las agencias administrativas y los laudos arbitrales se 

reputarán persuasivos. Íd. En tal supuesto, la revisión judicial de 

los laudos de arbitraje es análoga a la revisión judicial de las 

decisiones administrativas. Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808, 

821-822 (1998); Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos PR, 149 DPR 

347 (1999); UCPR v. Triangle Engineering Corp., supra. Sin embargo, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que la intervención 

judicial no se justifica por una mera discrepancia de criterio con el 

árbitro ya que se destruiría la esencia de los procesos de arbitraje.

UGT v. Hima San Pablo Caguas, 202 DPR 917, 929 (2019). Por lo 

tanto, es la norma que los foros judiciales apelativos tendrán la 

autoridad para revisar todas las cuestiones de derecho sustantivo 

resueltas por el árbitro para poder determinar si son correctas.

COPR v. SPU, supra, pág. 370. Es decir, procede la anulación del 

laudo solo si no se ha resuelto la controversia conforme a derecho.

Íd.

III.

Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra 

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el 

expediente a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro 
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deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las 

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro 

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en 

aquellos laudos en los que haya mediado fraude, conducta impropia 

del árbitro, falta del debido proceso de ley, ausencia de jurisdicción, 

omisión de resolver todas las cuestiones en disputa o que sea 

contrario a la política pública. Reiteramos que en el recurso que aquí 

atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos 

escenarios.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de 

certiorari solicitado.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones