Número Identificador

SEN2024 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

ROBERTO CARLOS

RIVERA GONZÁLEZ

Apelado

V.

ANEL FELICIANO SOTO 

y OLGA LYDIA RIVERA

ROSADO y la Sociedad 

Legal de Gananciales 

compuesta por ambos 

Apelantes

KLAN202400254

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia Sala de 

UTUADO

Caso Núm. 

UT2020CV00317

Sobre:

PRESCRIPCION 

ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2024.

Anel Feliciano Soto y Olga Lydia Rivera Rosado (en conjunto 

los Apelantes) solicitan la revocación de una Sentencia 

Enmendada emitida y notificada el 9 de febrero de 2023 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (TPI). 

Mediante esta, el foro de instancia ordenó la remoción del portón 

que impide el acceso a la propiedad de Roberto Carlos Rivera 

González (señor Rivera González o Apelado), a costa de los 

Apelantes.

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la determinación recurrida.

I.

El 1 de diciembre de 2020, el señor Rivera González

presentó una Demanda sobre deslinde, acción reivindicatoria, 

sentencia declaratoria y servidumbre de paso, contra Anel 
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Feliciano Soto y Olga Lydia Rivera Rosado.1 Alegó que los 

Apelantes estaban en posesión de terrenos pertenecientes al 

Apelado en el municipio de Adjuntas, Puerto Rico. Adujo, además, 

que existe un camino desde tiempo inmemorial que da acceso 

directo a la finca objeto de este pleito y que fue obstruido por los 

Apelantes con la construcción de un portón.

2

En respuesta, el 8 de febrero de 2021, los Apelantes 

presentaron una Contestación a Demanda.

3 Alegaron prescripción 

tanto ordinaria como extraordinaria por haber transcurrido más 

de veinte (20) años de posesión pacífica, púbica, ininterrumpida 

y en concepto de dueño, justo título y buena fe.

4

La Conferencia Inicial se celebró el 3 de mayo de 2021, 

donde el TPI determinó que se debía proveer el acceso al predio 

al perito Jorge Soto Colón.5 El 1 de septiembre de 2021, el TPI 

celebró una Vista Inspección Ocular.

6

Tras varios trámites procesales, el 26 de octubre de 2022, 

el TPI expidió una orden dirigida a los Apelantes concediéndoles

un término para notificar el nombre del perito que habría de 

utilizar. Se les apercibió que el incumplimiento los privaría de 

presentar prueba pericial.7 Por tal razón, el 7 de diciembre de 

2022, el TPI emitió una Resolución donde dispuso que, ante el 

incumplimiento de los Apelantes, no se le permitiría la 

presentación de prueba pericial.8 Inconformes, los Apelantes 

1 Apéndice de la Apelación, págs. 1-4.

2

Íd.

3

Íd., págs. 5-9.

4

Íd., pág. 8.

5 Apéndice de la Oposición a Apelación, pág. 15.

6 Examinamos el expediente electrónico en el Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC) de conformidad con la facultad que nos 

concede la Regla 77(D)(2) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B. Véase, 

entrada 21.

7 Apéndice de la Oposición a Apelación, pág. 18.

8

Íd., pág. 19.
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presentaron una Moción en Reconsideración el 1 de febrero de 

2023,9 pero el TPI la declaró No Ha Lugar.10

El Informe Preliminar Entre Abogados se suscribió el 13 de 

marzo de 2023.11 La Conferencia con Antelación al Juicio se 

celebró el 5 de abril de 2023.12 El 3 de noviembre de 2023, los 

Apelantes presentaron una Solicitud de Permiso para Enmendar 

Informe de Conferencia Preliminar Entre Abogados.

13

Así las cosas, el 9 de febrero de 2024, el TPI emitió y notificó

una Sentencia Enmendada.

14

 Mediante esta, el foro de instancia 

ordenó la remoción del portón que impide el acceso a la propiedad 

del señor Rivera González, a costa de los Apelantes.15

En desacuerdo con la determinación del TPI, el 14 de marzo 

de 2024 los Apelantes presentaron el recurso que atendemos. 

Alegó que incidió el TPI:

AL DISPONER DE MANERA ABSOLUTA EL DEJAR SI[N] PROTECCIÓN 

Y AL USO DE UN PERITO AGRIMENSOR A LOS DEMANDADOS CON 

EL CONOCIMIENTO DE QUE EL CASO REQUERÍA ESE TIPO DE 

PERITAJE. TAL CUAL QUED[Ó] EVIDENCIADO EN LA VISTA DEL 

CASO EN LA QUE LOS DEMANDANTES EN MANERA ALGUNA 

INFORMARON LA CABIDA DEL SOLAR NÚMERO TRES (3), CUANDO 

YA HABÍA SIDO MEDIDO POR OTRO AGRIMENSOR DE NOMBRE 

AGRIM. MILTON GONZÁLEZ FERNANDINI, A QUIEN DECIDIERON 

DESPEDIR POR NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA INFORMACIÓN.

ELLO MÁS BIEN FUNDAMENTADO EN UNA COMUNICACIÓN DEL 

AGRIMENSOR EDWIN CRESPO CUEVAS, DE FECHA 5 DE 

DICIEMBRE DE 2022. POSTERIORMENTE, PEOR PREVIO AL JUICIO 

EL TRIBUNAL DETERMINÓ PROHIBIR A LOS DEMANDADOS EL USO 

DE UN PERITO AGRIMENSOR, VÉASE ENTRADA 57 Y 59 EXH. F,

PÁGS. 29 A 31 Y ENTRADAS 665, EXH G. PÁGS. 32 A 37.

DE IGUAL MANERA EL TRIBUNAL A UNA SOLICITUD NUESTRA PARA 

ENMENDAR LA CONFERENCIA CON ANTELACIÓN AL JUICIO PARA 

INCLUIR DOS (2) TESTIGOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD 

YA QUE DE LOS 20 A 25 ENTREVISTADOS SOLO ESTOS DOS 

NOTIFICARON QUE ESTARÍAN DISPUESTOS A TESTIFICAR,

DETERMINACIÓN HECHA DESPUÉS DE TENER UNA CONFERENCIA 

CON LOS DEMANDADOS Y MI PERSONA. ESA PETICIÓN TAMBIÉN 

9

Íd., págs. 24-28.

10 Íd., pág. 29.

11 SUMAC, entrada 74.

12 Íd., entrada 79.

13 Apéndice de la Oposición a Apelación, págs. 32-34.

14 Apéndice de la Apelación, págs. 10-21.

15 Íd., pág. 21.
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FUE DENEGADA POR EL TRIBUNAL. VÉASE ENTRADAS 82 Y 83,

EXH. H, [PÁGS. 38 A 41.]

ERRÓ EL TRIBUNAL AL RECLAMAR Y SOLICITAR DEL TESTIGO 

ULISES TOLEDO GONZÁLEZ, QUE DESCRIBIRÁ CON LUJO DE 

DETALLE, LA DESCRIPCIÓN, LOCALIZACIÓN EXACTA Y PRECISA DE 

LOS DE LA QUE FUERA SU PROPIEDAD HASTA EL AÑO DE 2004,

(CUANDO VENDIÓ LA PROPIEDAD), LOS PUNTOS DE COLINDANCIA 

DEL PREDIO NÚMERO DOS (2), HOY PROPIEDAD DE LOS 

DEMANDADOS Y NO EL NOMBRE DE LOS COLINDANTES, EL 

NÚMERO DE LA CARRETERA O EL NÚMERO DEL SOLAR O LOTE QUE 

ES LO QUE INFORMA LA DESCRIPCIÓN DEL LOTE NÚMERO DOS (2)

Y DESCRIBE EN LA ESCRITURA QUE SE INCLUYE EN LAS PÁGINAS 

CINCO Y SEIS (5 Y 6) DE LA SENTENCIA ENMENDADA, AL 

APARTADO NÚMERO DOS (2) DE LAS DETERMINACIONES DE 

HECHO.

El 23 de abril de 2024, el señor Rivera González presentó su 

oposición. Con el beneficio de ambas comparecencias, 

adjudicamos el recurso.

II.

A.

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 47, 

dispone en lo aquí pertinente como sigue: 

La parte adversamente afectada por una orden o 

resolución del tribunal de Primera Instancia podrá, 

dentro del término de cumplimiento 

estricto de quince (15) días desde la fecha de la 

notificación de la orden o resolución, presentar una 

moción de reconsideración de la orden o 

resolución. 

La moción de reconsideración es uno de los actos 

determinados que, para que surta efectividad, demanda 

el cumplimiento con los requisitos que postula la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. (Regla 47).

La Regla 47 es una herramienta que permite que el foro 

adjudicativo enmiende o corrija los errores incurridos al dictar una 

sentencia, resolución u orden. Simons y otros v. Leaf Pretroleum 

Corp., 209 DPR 216 (2022). La presentación de la moción de 

reconsideración repercute en la interrupción automática del 

término para invocar el socorro de un foro revisor. A tenor con la 

norma procesal, la parte promovente de la solicitud de 
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reconsideración tendrá el término de quince días contado desde la 

fecha en que el tribunal archive en autos copia de la notificación 

de la sentencia, resolución u orden. Cuando el dictamen es una 

sentencia, el término es jurisdiccional y si son resoluciones u 

órdenes, el plazo es de cumplimiento estricto. Simons y otros v. 

Leaf Pretroleum Corp., 209 DPR 216 (2022); Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 731 (2016); Morales y otros 

v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014). 

A diferencia de un término jurisdiccional, un término 

de cumplimiento estricto puede prorrogarse siempre y cuando 

exista una justa causa. Ahora bien, los tribunales no gozamos de 

discreción para prorrogar los términos de cumplimiento estricto 

automáticamente. Rivera Marcucci et al v. Suiza Dairy, 196 DPR 

157, 170 (2016); Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 

414 (2015); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 

(2013); Montañez Leduc v. Robinson Santana, supra.

Los foros adjudicativos poseen discreción para extender un 

término de cumplimiento estricto, solamente cuando la parte que 

lo solicita demuestra justa causa para la tardanza. Rivera 

Marcucci v. Suiza Dairy Inc., supra, pág. 171. Al ser así, se le 

requiere a quien solicita la prórroga o a quien actúe fuera del 

término que presente justa causa por la cual no puede o pudo 

cumplir con el término establecido. Íd. 

La justa causa se acredita mediante explicaciones concretas 

y particulares, -debidamente evidenciadas en el escrito- que le 

permitan al tribunal concluir que hubo una excusa

razonable para la tardanza o la demora. Rivera Marcucci v. Suiza 

Dairy Inc., supra, pág. 171; citando a Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra. Por otro lado, no constituyen justa causa las 

"vaguedades y las excusas o planteamientos estereotipados". De 
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lo contrario, la acreditación de la justa causa se convertiría en un 

juego de "mero automatismo" con justificaciones genéricas 

carentes de los detalles que causaron la dilación. Rivera Marcucci 

v. Suiza Dairy Inc., supra, pág. 171-172.

Por consiguiente, para establecer justa causa, la parte 

deberá demostrar al tribunal 1) que en efecto 

exista justa causa para la dilación y (2) que la parte le demuestre 

detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para 

la dilación, es decir, que acredite de manera adecuada 

la justa causa aludida. Rivera Marcucci et al v. Suiza 

Dairy, supra, pág. 171. En ausencia de alguna de estas dos 

condiciones, los tribunales carecen de discreción para prorrogar 

términos de cumplimiento estricto. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 93.

Las partes litigantes deben atender estos requerimientos 

con seriedad, ya que "[n]o se permitirá desviación alguna del 

plazo[...] so pena de desestimación del recurso, a menos que la 

tardanza ocurrida se justifique detalladamente y a 

cabalidad". Rivera Marcucci et al v. Suiza Dairy, supra, pág. 171, 

citando a Pueblo v. Fragoso Sierra, 109 DPR 536, 539 (1980).

Es un deber acreditar la existencia de justa causa, 

incluso antes de que un tribunal se lo requiera, si no se observa 

un término de cumplimiento estricto". Rivera Marcucci et al v. 

Suiza Dairy, supra, citando a Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 97. (Énfasis suplido).

B.

La Regla 37.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 37.4, 

exige que los abogados o las abogadas de las partes en los casos 

señalados para conferencia con antelación al juicio se reúnan para 
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confeccionar el Informe preliminar entre abogados. Conforme la 

citada regla, este informe contendrá: 

(a) Nombres, direcciones, teléfonos, fax y correo 

electrónico de los abogados y las abogadas que 

intervendrán en representación de las partes en la 

vista en su fondo del caso. 

(b) Una breve relación de los hechos pertinentes a las 

reclamaciones o defensas de las partes. Si se 

reclaman daños, un desglose detallado de éstos. 

(c) Estipulaciones sobre los hechos, documentos y 

asuntos sobre los cuales no exista controversia y que 

eviten la presentación de evidencia innecesaria. 

(d) Una exposición breve de la posición de las partes 

con respecto a los hechos, documentos y asuntos 

sobre los cuales exista controversia y la base legal que 

apoye tal posición. 

(e) Un resumen del derecho aplicable a los hechos 

específicos del caso, un resumen de las cuestiones de 

derecho que las partes anticipen que se plantearán o 

que ya se hayan planteado, señalando aquellos en que 

exista desacuerdo y sus opiniones, y la jurisprudencia 

específica aplicable. 

(f) Una relación detallada de la prueba documental 

debidamente identificada, incluso las deposiciones u 

otra prueba que se ofrecerá y respecto a cuya 

admisión en evidencia no exista controversia. 

(g) Una relación de la prueba documental que ofrecerá 

cada parte y respecto a cuya admisión en evidencia 

exista controversia, incluso una sucinta exposición de 

los fundamentos en que se base la objeción. 

(h) Una lista de cada parte con los nombres y las 

direcciones de las personas testigos, incluso los 

peritos y las peritas de ocurrencia, que testificarán en 

el juicio (excepto los testigos de impugnación o de 

refutación), incluso un resumen de su testimonio. 

(i) Una lista de cada parte con los nombres de las 

personas peritos que testificarán en el juicio, 

incluyendo un resumen de su testimonio. 

(j) Las reclamaciones o defensas que cada parte 

alegue que se han desistido o renunciado. 

(k) Una lista de todas las mociones presentadas y 

aquellas que consideren someter, sujeto a la 

discreción del tribunal, para permitirlas en esta etapa 

del procedimiento. 

(l) Las enmiendas a las alegaciones y los fundamentos 

por los cuales éstas no se presentaron con 

anterioridad. 

(m) Un estimado del número de días y horas 

requeridas para la presentación de la prueba de cada 

una de las partes en el juicio en su fondo. 
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(n) La posibilidad de una transacción. 

(o) Considerar cualesquiera otras medidas que 

puedan facilitar la más pronta terminación del pleito. 

(Énfasis suplido).

Igualmente, la Regla 37.4, supra, establece que el informe 

deberá someterse diez (10) días antes del señalamiento para la 

conferencia con antelación al juicio. Por último, esta regla señala 

que, a menos que se demuestre justa causa, no se permitirá 

presentar prueba que no haya sido previamente 

identificado en el informe a prepararse.

Los tribunales de instancia gozan de amplia discreción para 

pautar y conducir la tramitación de los procedimientos ante su 

consideración. In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). El 

funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial y la más 

rápida disposición de los asuntos litigiosos requieren que nuestros 

jueces de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para 

trabajar con el diario manejo y tramitación de los asuntos 

judiciales. Id.

C.

La apelación no es un recurso de carácter discrecional como 

lo es el certiorari, por lo que, satisfechos los requisitos 

jurisdiccionales y para el perfeccionamiento del recurso, el 

Tribunal de Apelaciones viene obligado a atender el asunto y 

resolverlo en sus méritos, de forma fundamentada. Pellot v. 

Avon, 160 DPR 125, 136 (2003). Al revisar una determinación de 

un tribunal de menor jerarquía, los tribunales tenemos la tarea 

principal de auscultar si se aplicó correctamente el derecho a los 

hechos particulares del caso. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 770 (2013). Con relación a las conclusiones de 

derecho, estas son revisables en su totalidad por los tribunales 

apelativos. Ibíd.
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Como regla general, los foros superiores no tenemos 

facultad para sustituir las determinaciones del tribunal de 

instancia con nuestras propias apreciaciones. Id., pág. 

771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 

Así pues, tampoco debemos intervenir con las determinaciones de 

hechos que realizó dicho foro, la apreciación de la prueba y la 

adjudicación de credibilidad de los testigos. Ibíd. Sin embargo, 

la norma de deferencia antes esbozada encuentra su excepción y 

cede, cuando la parte promovente demuestra que hubo un craso 

abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Zorniak 

Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 

(1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos 

de acción”. García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). No 

obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Ibíd. El 

Tribunal Supremo ha enumerado las situaciones que constituyen 

un abuso de discreción, estas son:

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma 

en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un 

hecho material importante que no podía ser pasado 

por alto; cuando por el contrario el juez, sin 

justificación y fundamento alguno para ello, le 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el 

mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en 

cuenta todos los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez livianamente sopesa 

y calibra los mismos. Ramírez v. Policía de P.R., 158 

DPR 320, 340-341 (2002).
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En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista 

de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554, 572 (1959).

A la luz de la mencionada normativa, evaluamos.

III.

Los Apelantes señalan que el TPI incidió al prohibirles el uso 

de un perito agrimensor. En un caso presentado el 1 de diciembre 

de 2020 y luego de múltiples requerimientos de que indicara su 

perito, surge del tracto procesal que el 26 de octubre de 2022, el 

TPI le concedió un término final, mediante orden, para notificar el 

nombre del perito que habría de utilizar. Además, el foro primario 

les apercibió que el incumplimiento con esa orden, los privaría de 

presentar prueba pericial. Aun así, los Apelantes incumplieron. 

Por tal razón, el 7 de diciembre de 2022, el TPI emitió una 

Resolución donde dispuso que, ante el incumplimiento de los 

Apelantes, no se le permitiría la presentación de prueba pericial. 

Insatisfechos, los Apelantes presentaron una moción de 

reconsideración el 1 de febrero de 2023, pero el TPI la declaró No 

Ha Lugar.

Según esbozado, la parte adversamente afectada por una 

resolución del TPI podrá, dentro del término de cumplimiento 

estricto de quince (15) días, presentar una moción 

de reconsideración. Los foros adjudicativos poseen discreción 

para extender un término de cumplimiento estricto cuando la 

parte que lo solicita demuestra justa causa para la tardanza. Sin 

embargo, no constituyen justa causa las vaguedades y las excusas 

o planteamientos estereotipados. Hemos encontrado que, en 
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múltiples instancias a lo largo del caso, se le indicó a la parte 

apelada que tenía que informar el nombre de su perito, si 

interesaba presentar uno, pero nunca lo hizo a tiempo. No incidió 

el TPI.

Por otro lado, los Apelantes señalan que el TPI erró al no 

permitirle enmendar el informe de conferencia con antelación al 

juicio. Surge del expediente que el Informe Preliminar Entre 

Abogados se suscribió el 13 de marzo de 2023 y los Apelantes 

presentaron una Solicitud de Permiso para Enmendar Informe de 

Conferencia Preliminar Entre Abogados el 3 de noviembre de 

2023.

Conforme a la normativa antes expuesta, la Regla 37.4 de 

Procedimiento Civil, supra, señala que, a menos que se 

demuestre justa causa, no se permitirá presentar prueba 

que no haya sido previamente identificado en el informe a 

prepararse. Sabemos, además, que los tribunales de instancia 

gozan de amplia discreción para pautar y conducir la tramitación 

de los procedimientos ante su consideración. La pretensión de la 

parte apelante de anunciar nuevos testigos pocos días antes de la 

fecha pautada para comenzar el juicio del caso pautado meses 

antes fue una afrenta al proceso. Tampoco erró el TPI.

Finalmente, los Apelantes señalan que el TPI incidió al 

solicitar del testigo Ulises Toledo González, que describa la 

localización exacta de lo que era su propiedad hasta el año de 

2004. Reiteramos que no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos que realizó dicho foro, la apreciación 

de la prueba y la adjudicación de credibilidad de los testigos. 

En este caso, la parte promovente no logró demostrar que 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 
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aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

Es decir, la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, por 

lo que debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.

IV.

Por los fundamentos ante expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia Enmendada emitida por el TPI. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones