Número Identificador

RES2024_______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Recurrido

v.

JOSÉ RAMÓN CAMACHO 

TORRES

Peticionario

KLCE202400316

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez 

CRIM. NÚM.:

ISCR202300826

Y OTROS

Sobre: Art. 93A 

CP Y OTROS

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres, la Juez Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Campos Pérez, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2024.

Mediante un recurso de certiorari presentado el 14 de marzo 

de 2024, comparece el Sr. José Ramón Camacho Torres (señor 

Camacho Torres o peticionario). Requiere la revocación de la 

Resolución dictada el 12 de febrero de 2024 y notificada al día 

siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez

(TPI). Por medio del dictamen recurrido, el TPI declaró no ha lugar 

la Moción en cumplimiento con Resolución y/u Orden instada por el 

peticionario. En consecuencia, el TPI denegó el descubrimiento de 

prueba en torno al inciso W, conforme expuesto en la Moción

solicitando descubrimiento de prueba al amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal presentada por el señor Camacho Torres.

Anticipamos la denegación del recurso discrecional de 

certiorari.

I.

Por hechos presuntamente ocurridos el 4 de noviembre de 

2022 en el Municipio de Lajas, el Pueblo de Puerto Rico (Ministerio 

Público o recurrido) presentó sendas denuncias en contra del señor 
KLCE202400316 2

Camacho Torres por los delitos de Asesinato en primer grado (Art. 

93 A) y Destrucción de prueba, (Art. 285), según tipificados en el 

Código Penal de Puerto Rico de 2012.

1 Además, presentó tres 

denuncias por una trilogía de infracciones a la Ley de Armas de 

Puerto Rico de 2020, a saber: Artículo 6.05 (Portación, transportación 

o uso de armas de fuego sin licencia); Artículo 6.14 B (Disparar o 

apuntar armas de fuego); y Artículo 6.22 (Fabricación, distribución, 

posesión y uso de municiones; importación de municiones).

2 En 

síntesis, al peticionario se le imputó, en común y mutuo acuerdo 

con otras cuatro personas, la comisión del asesinato por acecho de 

Jonathan Moisés López Merced, mediante un arma de fuego de 

calibre .40. El Sr. Carlos Javier Caraballo Caraballo es uno de los

cuatro señalados en la denuncia y a su vez, figura como testigo del 

Ministerio Público.

El 13 de enero de 2023, el TPI encontró causa para arresto en 

contra del señor Camacho Torres. Luego de varias sesiones del 

proceso de vista preliminar, el 12 de septiembre de 2023, el TPI 

encontró causa para la celebración de juicio por cada uno de los 

delitos antes descritos.

3 Surge de los autos que el señor Caraballo 

Caraballo testificó en el proceso de la etapa preliminar.

Con fecha de 22 de noviembre de 2023, el señor Camacho 

Torres incoó la Moción solicitando descubrimiento de prueba al 

amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal.

4 En lo que nos 

atañe, en el inciso W expresó:

. . . . . . . .

Que ordene al Ministerio Fiscal descubrir toda la 

prueba, evidencia, documentos, videos o cualquier otro 

documento en su poder sobre la investigación, arresto 

y acusación en contra del Sr. Carlos J. Caraballo 

Caraballo para la intervención del 7 de diciembre de 

2022. Entregar toda orden de registro y allanamiento, 

1 33 LPRA secs. 5142 y 5378. Apéndice del recurso, págs. 3-4; 11-12

2 25 LPRA sec. 466d, 466m y 466u. Apéndice del recurso, págs. 5-10.

3 Apéndice del recurso, págs. 41-50. Casos ISCR202300826, ISCR202300827, 

ISCR202300828 ISCR202300829 y ISCR202300830.

4 Apéndice del recurso, págs. 51-54.
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copia de evidencia ocupada, todas las notas de los 

agentes que trabajan con la investigación, arresto y 

acusación. Evidencia de balística, del arma ocupada, y 

todo informe relacionado con las denuncias número 

2022-03-401-00143 radicadas en 7 de diciembre de 

2022. Toda evidencia relacionada al caso en su contra.

. . . . . . . .

Aun cuando surge del expediente que el 14 de diciembre 

de 2023, el Ministerio Público presentó su postura en torno a la 

petición, el señor Camacho Torres no anejó el escrito judicial 

instado ante el TPI. El peticionario se limitó a decir que el recurrido 

objetó los incisos U5 y W por constituir una expedición de pesca.

Así las cosas, el 8 de enero de 2024, mediante dos mociones 

intituladas Escrito en solicitud de orden y Escrito en solicitud de 

orden con relación a descubrimiento de evidencia, el señor Camacho 

Torres solicitó al TPI que ordenara al Ministerio Público a develar lo 

peticionado en el inciso W para fines de impugnación. Además, 

requirió información sobre los beneficios que el testigo Caraballo 

Caraballo haya recibido por declarar.6 El 12 de enero de 2024, 

notificado el día 19 siguiente, el TPI ordenó lo que sigue:7

RESOLUCIÓN Y/U ORDEN

Examinado el ESCRITO EN SOLICITUD DE 

ORDEN, este tribunal dispone:

El Ministerio Público deberá informar por escrito a 

la defensa, si existe acuerdo de inmunidad con el testigo 

Carlos J. Caraballo Caraballo sea verbal o escrito. De 

igual manera, cualquier beneficio que se le haya 

ofrecido por declarar como Testigo de Cargo en el caso.

Examinado el ESCRITO EN SOLICITUD DE ORDEN 

CON RELACIÓN A DESCUBRIMIENTO DE 

EVIDENCIA, este tribunal dispone:

En cuanto a los incisos (u) y (w) de la moción sobre 

descubrimiento de prueba, la defensa deberá demostrar 

la pertinencia de lo solicitado. Deberá especificar la 

relación que tiene la solicitud con los hechos del caso.

(Énfasis en el original, subrayado nuestro).

. . . . . . . .

5 El inciso U no es objeto de impugnación en este recurso.

6 Apéndice del recurso, págs. 55-57; 58-59.

7 Apéndice del recurso, págs. 60-61.
KLCE202400316 4

En respuesta, el 29 de enero de 2024, el Ministerio Público

informó que, si bien no existía un acuerdo de inmunidad ni 

documento escrito que proveer, sí hubo conversaciones entre la 

Fiscal de Distrito y la representación legal del señor Caraballo 

Caraballo. El ofrecimiento discutido consistió:8

. . . . . . . .

Por el Art. 93 CP - 10 años LAP9 en modalidad de 

cooperador.

Por el Art. 285 CP - 3 años concurrentes en LAP

Archivo de todos los casos de la Ley de Armas.

. . . . . . . .

Por su parte, en cuanto al inciso W, el 25 de enero de 2024, el 

señor Camacho Torres incoó la Moción en Cumplimiento con 

Resolución y/u Orden, a la que unió dos querellas de la Policía de 

Puerto Rico: la primera de 4 de noviembre de 2022 de los hechos 

imputados y la segunda de 7 de diciembre de 2022 de la intervención 

del señor Caraballo Caraballo.10 Aseveró que:

. . . . . . . .

2. Para la fecha de 7 de diciembre de 2022, la Policía de 

Puerto Rico llev[ó] a cabo un registro y allanamiento 

según se desprende del Informe de Querella número 

2022:3-401:000143 confeccionado por la agente 

Marisol Ortiz Santiago. (Véase Anejo II)

3. Según se desprende de dicho informe se ocupó en la 

residencia del [s]eñor Carlos Javier Caraballo quien es 

el testigo del Ministerio Público, una pistola marca 

Glock Calibre 9 mm, 58 municiones 9 mm y evidencia 

adicional.

4. En el informe de querella 2022:3-401:000143, el 

calibre 9 mm encontrado en la escena del McDonald's 

de Lajas es el mismo calibre que se le ocupó al [t]estigo

Carlos Javier Caraballo en su residencia el día 7 de 

diciembre de 2022 durante el allanamiento realizado.

5. Entendemos a base de lo anterior que es más que 

pertinente se produzca todo lo solicitado por el acusado 

y su defensa en cuanto a los incisos (u) y (w) de la 

Moción de Descubrimiento de Prueba para poder 

prepararnos y contrainterrogar eficientemente a ambos 

testigos. Esto es, todo documento o investigación, 

8 Apéndice del recurso, págs. 62-63.

9 Siglas de “libertad a prueba”; véase, Artículo 51 del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5084.

10 Apéndice del recurso, págs. 64-66, con anejos a las págs. 67-94; reproducidos 

también a las págs. 13-28 y 29-40.
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entrevista y cualquier evidencia pertinente que posea el 

Ministerio Público o pueda solicitar, a cualquier otra 

instrumentalidad o Gobierno.

. . . . . . . .

Cabe mencionar que el peticionario incluyó en los autos 

ante este foro intermedio tres denuncias contra el señor 

Caraballo Caraballo por los hechos antes narrados de 7 de 

diciembre de 2022.

11

Subsiguientemente, el 29 de enero de 2024, notificada al día 

siguiente, el TPI pronunció:12

RESOLUCIÓN Y/U ORDEN

Examinado la MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO CON 

RESOLUCIÓN Y/U ORDEN, este tribunal dispone:

a. En cuanto al inciso U de descubrimiento de prueba, 

no se ha cumplido con el crisol de establecer la 

pertinencia ni de que dichas investigaciones 

contaban con prueba exculpatoria.

b. En cuanto al inciso W de Moción sobre 

descubrimiento de prueba, el Ministerio Público 

deberá informar las razones por las cuales no se

deba permitir el descubrimiento en cuanto al arma 

ocupada al Sr. Carlos J. Caraballo Caraballo.

c. Se ordena a Secretaría desglosar inmediatamente a 

la defensa los documentos anejados con la moción. 

Resulta improcedente someter documentos al 

Tribunal en un juicio que aún no ha comenzado.

(Énfasis en el original, subrayado nuestro).

. . . . . . . .

A tales efectos, el 8 de febrero de 2024, el Ministerio Público

presentó la Moción en cumplimiento de Orden.

13 De entrada, protestó 

por la inclusión de los documentos que el TPI ordenó desglosar, en 

referencia a las querellas de la Policía de Puerto Rico de 4 de 

noviembre de 2022 y 7 de diciembre de 2022. Con relación a la 

solicitud de descubrimiento de prueba esgrimida en el inciso W, el 

recurrido indicó que la petición era impertinente. El Ministerio 

Público aseveró que el planteamiento del señor Camacho Torres era 

11 Apéndice del recurso, págs. 99-104.

12 Apéndice del recurso, págs. 95-96.

13 Apéndice del recurso, págs. 97-98.
KLCE202400316 6

erróneo e inducía a error. En específico, enunció que el arma de 

fuego ocupada en la residencia del señor Caraballo Caraballo de 

calibre 9 mm, en la jurisdicción de Ponce, “en nada [tenía] que ver 

con el caso que nos ocupa” ni estaba en posesión del recurrido.

Añadió que la evidencia ocupada en la intervención de 7 de 

diciembre de 2022 no iba a ser utilizada. Explicó que la prueba 

establecida en la vista preliminar fue que el único calibre 

ocupado en la escena del asesinato de Jonathan Moisés López 

Merced fue de calibre .40. Afirmó, además, que toda la prueba que 

obraba en el sumario fiscal fue entregada. Finalmente, expresó: 

“Una vez establecido que el calibre ocupado en la escena fue 

diferente al calibre que alega la defensa se le ocupó al Sr. Carlos 

Caraballo, la defensa no ha podido poner en posición a este Tribunal 

en cuanto a la pertinencia y materialidad de lo solicitado”.

Entonces, el 13 de febrero de 2024, el TPI notificó la 

Resolución y/u Orden aquí impugnada. En ésta, declaró No Ha 

Lugar el descubrimiento solicitado en el inciso W.14 Inconforme, el 

señor Camacho Torres acudió oportunamente ante nos y señaló la 

comisión del siguiente error:

COMETIÓ ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR “NO HA LUGAR” 

EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA SOLICITADO YA 

QUE EL TESTIGO DEL MINISTERIO PÚBLICO ERA 

QUIEN ESTABA SIENDO INVESTIGADO POR VARIOS 

ASESINATOS Y TODA LA PRUEBA DE IMPUGNACIÓN 

ES EVIDENCIA EXCULPATORIA Y LA MISMA TIENE 

QUE SER DESCUBRIBLE A UN ACUSADO PREVIO AL 

JUICIO.

Acordamos eximir a la parte recurrida de presentar su alegato 

en oposición, en armonía con la Regla 7 (B) (5) de nuestro 

Reglamento. Como se conoce, la norma provee para que este 

Tribunal de Apelaciones prescinda de “términos no jurisdiccionales, 

escritos, notificaciones o procedimientos específicos”, ello “con el 

14 Apéndice del recurso, págs. 1-2.
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propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7 (B) (5).

II.

A.

El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones judiciales de un foro inferior y corregir algún 

error cometido por éste. 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 

174 (2020); IG Builders et al., v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha definido discreción como el “poder para 

decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”. García v. Padró, supra, que cita a Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así, pues, la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera...” Pueblo v. Sánchez González, 90 

DPR 197, 200 (1964), citado con aprobación en García v. Padró, 

supra, págs. 334-335.

En cuanto a este foro revisor, el ejercicio de la discreción no 

equivale a hacer abstracción del resto del Derecho, ya que ese 

proceder constituiría, en sí mismo, un abuso de discreción. Negrón 

v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Por lo tanto, el examen 

al auto discrecional que realizamos antes de decidir el curso a seguir 

no se da en el vacío ni en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce 

de León v. AIG, supra, pág. 176. Ello así, porque “el adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad”. García v. Padró, supra, pág. 

335; Pueblo v. Ortega Santiago, supra. En virtud de lo anterior, para 

ejercer sabia y prudentemente nuestra facultad discrecional, al 

determinar si expedimos o denegamos un recurso de certiorari, nos 

guiamos por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
KLCE202400316 8

Criterios para la expedición del auto de certiorari, 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 40. Así reza:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

De ordinario, este tribunal intermedio no interviene con 

las determinaciones emitidas por el foro primario ni sustituye 

su criterio discrecional, “salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio 

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. 

v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018) y la jurisprudencia citada. 

B.

De acuerdo con nuestro esquema constitucional, toda 

persona tiene derecho a un debido proceso de ley como condición 

previa a ser privado de su libertad. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, 

Tomo 1, ed. 2023. A esos fines, todo imputado de delito tiene 

derecho “a preparar adecuadamente su defensa y a obtener, 

mediante descubrimiento de prueba, la evidencia que pueda 

favorecerle”. Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766 (1994). El 
KLCE202400316 9

Tribunal Supremo ha reiterado que el derecho a un descubrimiento 

de prueba es consustancial con el derecho a defenderse en un 

proceso criminal, consagrado en la Carta de Derechos de nuestra 

Constitución.

15 Pueblo v. Rodríguez González, 202 DPR 258, 270 

(2019); Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137, 147 (2004); Pueblo v. Santa 

Cruz, 149 DPR 223, 231 (1999).

Una prueba favorable puede consistir tanto en prueba 

sustantiva exculpatoria como de impugnación. Pueblo v. Torres 

Feliciano, 201 DPR 63, 73 (2018), que cita a Brady v. Maryland, 373 

US 83 (1973). A esos efectos, el alto foro ha indicado:

[La] prueba exculpatoria no es toda prueba que por sí 

sola es capaz de producir la absolución del acusado sino 

aquella que puede favorecerlo, sin considerar su 

materialidad o confiabilidad. Por su parte, la prueba de 

impugnación es “prueba favorable” para efectos de 

Brady v. Maryland, supra, pues, de ser utilizada 

efectivamente por la defensa, puede representar la 

diferencia entre una absolución y una convicción.

(Citas suprimidas y énfasis nuestro). Pueblo v. Torres 

Feliciano, supra, pág. 73.

Claro está, la naturaleza, la calidad y el peso de la prueba 

favorable es igual o más importante que la existencia misma de la 

evidencia. Es decir, la prueba no sólo debe ser favorable al acusado, 

sino también material a su culpabilidad o castigo. Id., pág. 74. Una 

evidencia es material si existe una probabilidad razonable de variar

el resultado del proceso criminal. Id., pág. 75, que cita a United 

States v. Bagley, 473 US 667 (1985). El Tribunal Supremo, a su vez,

ha ilustrado sobre los conceptos de relevancia, pertinencia y 

materialidad:

Por un lado, relevancia y pertinencia son conceptos 

que corresponden al ámbito del descubrimiento de 

prueba. Se refieren al criterio general con el que 

determinada prueba debe cumplir para ser 

descubrible. En lo criminal, además de prueba 

relevante o pertinente a la defensa del acusado, el 

Ministerio Público está obligado, por imperativo 

constitucional, a descubrir indicios de falsedad en la 

prueba del Estado y prueba exculpatoria. Por otro 

lado, materialidad se refiere al estándar desarrollado 

15 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2023.
KLCE202400316 10

por el Tribunal Supremo federal para examinar cuándo 

procede dejar sin efecto una convicción y conceder un 

nuevo juicio ante la supresión de prueba favorable.

(Citas suprimidas y énfasis nuestro). Pueblo v. Torres 

Feliciano, supra, pág. 77.

Cónsono con lo anterior, la Regla 95 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 95, regula el descubrimiento de prueba

del Ministerio Público en favor del acusado. La norma procesal 

establece lo siguiente:

(a) El acusado presentará moción al amparo de esta 

Regla dentro en un término de cumplimiento estricto de 

veinte (20) días contados a partir de: i) la celebración del 

acto de lectura de acusación en los casos que se impute 

la comisión de un delito grave; o ii) la primera

comparecencia del acusado al proceso asistido por el 

abogado que habrá de representarlo en el juicio, en los 

casos en que se impute la comisión de un delito menos 

grave. En el caso que la persona acusada manifieste que 

se representará por derecho propio, el tribunal deberá 

advertirle desde cuándo comienza a discurrir el término 

establecido en esta Regla, así como las consecuencias 

de su incumplimiento. Sometida la moción de la defensa 

conforme a lo dispuesto en esta Regla, el tribunal 

ordenará al Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o 

instrumentalidad pública que permita al acusado 

inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente material o 

información que está en posesión, custodia o control del 

Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o 

instrumentalidad pública:

(1) Cualquier declaración jurada que el Ministerio Fiscal 

tenga del acusado.

(2) Cualquier declaración jurada de los testigos de cargo 

que hayan declarado en la vista para determinación de 

causa probable para el arresto o citación, en la vista 

preliminar, en el juicio o que fueron renunciados por el 

Ministerio Fiscal y los récords de convicciones 

criminales previas de éstos.

(3) Cualquier resultado o informe de exámenes físicos o 

mentales y de experimentos o pruebas científicas que 

sea relevante para preparar adecuadamente la defensa 

del acusado o que vaya a ser utilizado en el juicio por el 

Ministerio Fiscal.

(4) Cualquier libro, papel, documento, fotografía, objeto 

tangible, estructura o lugar que sea relevante para 

preparar adecuadamente la defensa del acusado, que 

el Ministerio Fiscal se propone utilizar en el juicio o 

que fue obtenido del acusado o perteneciera al 

acusado.

(5) El récord de convicciones criminales previas del 

acusado.
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(6) Cualquier informe preparado por agentes de la 

Policía en relación con las causas seguidas contra el

acusado que sea relevante para preparar 

adecuadamente la defensa del acusado. El 

descubrimiento de esta prueba estará sujeto a las 

siguientes condiciones:

(A) Que los objetos, libros, documentos y papeles que 

el acusado interesa examinar se relacionan o 

describen con suficiente especificación;

(B) que no afecte la seguridad del Estado ni las 

labores investigativas de sus agentes policiacos, y

(C) la correspondiente moción del acusado sea 

presentada con suficiente antelación a la fecha 

señalada para la celebración del juicio, de manera 

que no haya innecesarias dilaciones en los 

procedimientos ni se produzcan molestias indebidas 

a los funcionarios del Estado.

(b) El Ministerio Fiscal revelará toda aquella 

evidencia exculpatoria del acusado que tenga en su 

poder.

(c) La defensa deberá incluir, junto con la solicitud de 

Descubrimiento de Prueba, las órdenes necesarias para 

solicitar el material o la información que [prevé] que el 

Ministerio Público no tendrá bajo su custodia, dirigidas 

a las personas o entidades que la poseen, custodian o 

controlan. El Ministerio Público deberá entregar la 

información y/o material solicitado que tenga bajo su 

custodia o control e informar al tribunal si existe algún 

material o información que le fue solicitada, pero que 

no se encuentra bajo su posesión, custodia o control, 

en cuyo caso el tribunal ordenará a la persona o entidad 

que la posea, custodie o controle, que la ponga a la 

disposición del acusado.

(d) No estarán sujetos a descubrimiento o inspección de 

la defensa los escritos de investigación legal, informes, 

memorandos, correspondencia u otros documentos 

internos que contengan opiniones, teorías o 

conclusiones del Ministerio Fiscal.

(e) Toda información y/o material que se pretenda 

solicitar y no esté enumerado en esta Regla, deberá 

venir acompañado de una explicación sobre la 

necesidad o pertinencia que tiene el mismo para la 

defensa del acusado. (Énfasis nuestro).

Del mismo modo, la Regla 95B, 34 LPRA Ap. II, R. 95B, entre 

otros extremos, impone a las partes el deber continuo de informar, 

establece el término de diez días antes del juicio para completar el 

proceso de descubrimiento y faculta al tribunal para emitir las 

órdenes necesarias en el caso de incumplimiento.
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III.

En la presente causa, el señor Camacho Torres arguye que el

TPI incidió al descartar el descubrimiento de prueba solicitado en el 

inciso W. En éste, el peticionario solicitó el descubrimiento de toda

la prueba vinculada con la intervención del 7 de diciembre de 2022

en contra del señor Caraballo Caraballo, en particular, la evidencia 

de la pistola de calibre 9 mm supuestamente ocupada a éste en la 

jurisdicción de Ponce.

Ante la oposición del Ministerio Público, el TPI indagó sobre la 

pertinencia de lo solicitado e instó al señor Camacho Torres a 

especificar la relación de su petición con los hechos del caso. En 

respuesta, el señor Camacho Torres aludió al registro y allanamiento

aparentemente efectuados el 7 de diciembre de 2022 al señor 

Caraballo Caraballo y a la ocupación de una pistola de calibre 9 mm. 

Sostuvo que el mismo calibre fue encontrado en la escena del 

asesinato de Jonathan Moisés López Merced, por el cual es 

acusado. Añadió que la producción de la evidencia era con fines de 

impugnación y para preparar el contrainterrogatorio.

Como cuestión de umbral, según reseñado, debemos apuntar

la impropiedad del peticionario al incluir documentos que el TPI no

consideró en su determinación e incluso ordenó su inmediato

desglose. Este foro revisor igualmente tiene que descartar lo que no 

fue tomado en cuenta por el foro impugnado.16 De otro lado, es

evidente que el señor Camacho Torres decidió omitir la inclusión de,

por lo menos, un escrito judicial esencial, instado por el recurrido.

Nos referimos a la postura del Ministerio Público con respecto a la

solicitud que presentó el peticionario al palio de la Regla 95 de

Procedimiento Criminal, supra.

16 Véase, Regla 74 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 74 (B).
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Independientemente de lo anterior, lo cierto es que, según se 

desprende de una de las cinco acusaciones en contra del 

peticionario, en específico, la acusación por la infracción al Artículo 

6.22 de la Ley de Armas de 2020, el señor Camacho Torres fue

imputado porque “ilegal, voluntaria, intencional, maliciosa, con 

conocimiento, a propósito, a sabiendas, criminalmente y actuando 

en común y mutuo acuerdo con [...] CARLOS JAVIER CARABALLO 

CARABALLO [...] poseyó, usó, portó y transportó municiones 

calibre .40, las cuales fueron utilizadas en el arma de fuego con 

la que le ocasionó la muerte a Jonathan Moisés López Merced”.

17

Adviértase también que el Ministerio Público indicó que la prueba 

testifical y documental vertida en el procedimiento de vista 

preliminar estuvo relacionada únicamente con el calibre .40. 

Asimismo, el recurrido aseguró que le entregó a la representación 

legal del señor Camacho Torres toda la evidencia que obra en el 

sumario fiscal del caso.

Es sabido que el Ministerio Público está compelido a entregar 

la evidencia exculpatoria y favorable que esté bajo el poder del 

Estado. Claro está, ello no equivale a que el imputado tenga derecho 

a realizar una expedición de pesca en otro sumario fiscal, en alusión 

al de la región de Ponce. Por ello, corresponde al TPI justipreciar si 

la evidencia solicitada cumple con los criterios reglamentarios y 

jurisprudenciales. En esta causa, el señor Camacho Torres falló en 

poner en posición al TPI, y a este foro intermedio, de que lo 

relacionado con el arma de calibre de 9 mm cumple con el estándar 

esbozado para que la prueba sea descubrible. Tratándose de calibres 

distintos, la evidencia solicitada no es pertinente ni relevante ni 

demuestra indicios de falsedad en la prueba que el Ministerio 

Público se propone utilizar en el juicio.

17 Apéndice del recurso, pág. 47.
KLCE202400316 14

Nótese, por otro lado, que el Ministerio Fiscal sí informó sobre 

el ofrecimiento verbal de la Fiscal de Distrito al testigo del pueblo. 

Por supuesto, al amparo de la Regla 95B de Procedimiento Criminal, 

supra, las partes tienen el deber continuo de informar, por lo que, si 

se produce un acuerdo escrito con el testigo Caraballo Caraballo, se 

espera que el mismo sea remitido al peticionario. Véase, Giglio v. 

United States, 405 US 150 (1972).

Así, pues, tras un cuidadoso análisis de aquellos documentos 

pertinentes al caso del título y los planteamientos del peticionario, 

bajo el crisol de la doctrina jurídica atinente y a la luz de los criterios 

de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concordamos en que 

debemos abstenernos de ejercer nuestra función revisora. 

Recuérdese que nuestra máxima curia ha opinado que “la 

discreción que cobija al Tribunal de Primera Instancia en sus 

determinaciones discrecionales es amplia, por lo que sus 

decisiones merecen gran deferencia”. (Énfasis nuestro). Citibank 

et al. v. ACBI et al., supra, pág. 735. Ciertamente, no atisbamos 

algún vicio al debido proceso de ley ni a los derechos que cobijan al 

peticionario en esta etapa de los procedimientos que requieran 

intervenir con la discreción judicial al emitir el dictamen recurrido.

Por lo tanto, procede denegar el recurso de certiorari solicitado.

IV.

En atención a lo expresado, se deniega la expedición del auto 

de certiorari solicitado.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones