Número Identificador

SEN2023________________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

AWILDA TORRES 

MÉNDEZ, MIGUEL A. 

TORRES MALDONADO

y la SOCIEDAD LEGAL 

DE GANANCIALES y 

otros

Peticionarios

v.

MUNICIPIO DE 

UTUADO, ERNESTO 

IRIZARRY SALVA Y 

OTROS

Recurridos

KLCE202300700

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Utuado

Caso núm.:

UT2020CV00258

Sobre: Injunction 

(Entredicho 

Provisional, 

Injunction 

Preliminar y 

Permanente)

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez 

Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Rivera Torres, Juez Ponente

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Awilda Torres 

Méndez, el Sr. Miguel A. Torres Maldonado y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (los peticionarios) mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe solicitando la revisión de una 

Resolución dictada y notificada el 27 de abril de 2023 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (TPI). En este 

dictamen, el foro primario concluyó que el Municipio de Utuado 

(Municipio o parte recurrida) contaba con un permiso vigente y 

otorgado conforme a derecho que le permite operar oficinas, 

estacionamiento, almacén y un taller de mantenimiento de vehículos 

y maquinaria pesada en un predio aledaño a la propiedad de los 

peticionarios. De esta forma, el foro a quo determinó que la parte 

recurrida cumplió con los parámetros establecidos por una 

Sentencia dictada el 24 de noviembre de 2020 en la que se ordenó 
KLCE202300700 2

la paralización del uso del predio hasta que se consiguieran los 

debidos permisos, entre otras disposiciones. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos el dictamen 

recurrido. 

I.

El 19 de octubre de 2020, los peticionarios solicitaron al TPI 

la concesión de un injunction para ordenar la paralización del uso 

por el Municipio de Utuado de un predio de terreno aledaño a su 

propiedad al amparo de las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley 

para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley núm. 

161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, 23 LPRA sec. 

9011 et seq. (Ley núm. 161-2009). En ese momento, estos 

plantearon que el Municipio de Utuado: (1) no tenía los permisos 

para operar un Garaje Municipal en el predio; (2) llevaba a cabo una 

operación ilegal de almacenamiento de desperdicios sólidos no 

peligrosos, sin tener los debidos permisos para ello; (3) permitía que 

terceros arrojaran basura y desperdicios sólidos al predio, 

permitiendo la creación de un vertedero clandestino y operando una 

estación de manejo de este tipo de desperdicios; (4) mantenía un 

área de estacionamiento de vehículos y equipo pesado en el predio, 

sin contar con los permisos para ello; y (5) situó en el predio una 

oficina administrativa, un almacén y un taller de mecánica, sin 

permiso para ello.

El 24 de noviembre de 2020, el TPI dictó una Sentencia en la 

que concedió la petición de Injunction estatutario promovida por los 

peticionarios y concluyó que todo uso del predio era ilegal e indebido 

ante la ausencia de permisos para la operación o uso de la propiedad 

en cuestión. En consecuencia, el foro primario ordenó lo siguiente:

a. La paralización inmediata de todo uso no 

autorizado en la propiedad donde ubica el Garaje 

Municipal hasta tanto se obtengan los 
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correspondientes permisos. El Municipio de Utuado 

deberá tomar todas las medidas para clausurar la 

propiedad hasta tanto y cuando obtenga los permisos 

necesarios para poder utilizar la propiedad de 

conformidad con las exigencias legales y 

reglamentarias aplicables. 

b. La remoción inmediata de todos los desperdicios 

sólidos, chatarra, neumáticos, escombros y cualquiera 

otro almacenados en la propiedad. Para esto se le 

concede al Municipio de Utuado un término de treinta 

(30) días contados a partir de la notificación de esta 

Sentencia para que realice todas las gestiones y 

acciones necesarias para cumplir con lo antes indicado. 

c. El Municipio deberá de inmediato tomar todas las 

medidas necesarias y de seguridad para impedir que 

sus agentes, empleados o terceros depositen 

desperdicios en la propiedad o sus inmediaciones. 

d. Se dispone, que de incumplir la parte demandada, el 

Municipio, sus representantes y/o funcionarios 

obligados por ley a cumplir con lo aquí ordenado, podrá 

ser encontrado incurso en desacato. 

e. Se ordena a la Oficina de Alguaciles diligenciar la 

presente sentencia a la oficina del Alcalde del Municipio 

de Utuado. (Énfasis nuestro)

Posteriormente, el 16 de marzo de 2022, los peticionarios 

acudieron al TPI mediante una moción titulada Solicitud para que se 

cumpla con lo ordenado mediante Sentencia en la que señalaron el 

incumplimiento del Municipio de Utuado con los incisos (a) y (b) de 

la antedicha Sentencia.

Luego de varios trámites procesales, el 27 de abril de 2023, el

foro recurrido emitió la Resolución impugnada en la que concluyó 

que el Municipio de Utuado demostró que contaba con un permiso 

vigente, otorgado conforme a derecho, que le permite operar, en el 

predio en cuestión, tanto oficinas de servicios del Departamento de 

Obras Públicas municipal como el estacionamiento, almacén y taller 

de mantenimiento de vehículos municipales y maquinaria pesada. 

Por tanto, el foro primario dio por cumplida la Sentencia dictada el 

24 de noviembre de 2020. Inconformes, los peticionarios instaron 

una reconsideración la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

una Orden dictada el 16 de mayo, notificada el 22 de mayo siguiente. 
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Todavía en desacuerdo, los peticionarios comparecen ante 

esta Curia mediante una petición de certiorari imputándole al 

tribunal de primera instancia haber incurrido en el siguiente error:

ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA 

PRESENTADA DURANTE LA VISTA EVIDENCIARIA Y 

EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

DEL CASO AL DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA 

DICTADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 

DETERMINANDO QUE EL MUNICIPIO CUENTA CON 

UN PERMISO OTORGADO CONFORME A DERECHO 

QUE PERMITE LAS OPERACIONES EN 

CONTROVERSIA Y AL IGNORAR QUE LOS PERMISOS 

PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO FUERON 

OBTENIDOS DE MANERA FRAUDULENTA Y EN 

VIOLACIÓN A LA LEY DE CERTIFICACIÓN DE PLANOS 

O PROYECTOS.

Examinado el recurso y los documentos que le fueron 

adjuntados, prescindimos de la comparecencia de la parte 

recurrida, conforme nos faculta la Regla 7(B)(5) del Reglamento de 

este Tribunal de Apelaciones. 

Analizados el escrito y el expediente apelativo; así como 

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II.

Auto de certiorari

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders at al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, a las págs. 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 

79, a las págs. 90-92 (2001). Todo recurso de certiorari presentado 

ante este tribunal intermedio debe ser examinado primeramente al 

palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1. No obstante, y a pesar de que la Regla 52.1, supra, no lo 

contempla, el certiorari también es el recurso apropiado para solicitar 

la revisión de determinaciones post sentencia.

Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional en 

la consideración de los asuntos planteados mediante dicho recurso, 
KLCE202300700 5

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, dispone lo siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto 

de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

De estar presente alguno de estos criterios, esta Curia podrá 

ejercer su discreción e intervenir con el dictamen recurrido. De lo 

contrario, estará impedida de expedir el auto y deberá prevalecer la 

determinación del foro recurrido. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). Ahora bien, es una norma reiterada que, de 

ordinario, los tribunales apelativos no deben intervenir con el 

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 709 (2012).

III.

En esencia, los peticionarios argumentaron que erró el TPI al 

resolver que los permisos otorgados al Municipio eran conforme a 

derecho. A esos efectos, estos plantearon que la prueba presentada 

demostró que dichos permisos fueron otorgados de manera 
KLCE202300700 6

fraudulenta y en violación a la legislación regente que regula la

certificación de planos o proyectos.

Evaluado el recurso ante nuestra consideración al palio de los 

criterios de la Regla 40, antes citadas, determinamos expedir el auto 

de certiorari por entender que están presentes algunos de estos, en 

especial, el TPI se equivocó en la interpretación del trámite procesal

e incurrió en un error de derecho. Veamos. 

Como es conocido, a través del mecanismo del desacato el juez 

hace valer las órdenes y sentencias dictadas y obliga a una parte a 

realizar cualquier acto que resulte necesario para el ejercicio efectivo 

de las funciones judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR

669, 681 (1999). Tradicionalmente, los casos de desacato se 

clasifican en civiles y criminales dependiendo de la finalidad que 

persigue la sanción impuesta por la falta o incumplimiento. Si lo que 

se persigue es lograr el cumplimiento prospectivo de una orden, el 

desacato es civil. Si lo que se pretende es castigar a la persona por 

una conducta pasada, el desacato es criminal. E.L.A. v. Asociación 

de Auditores, supra, a la pág. 683; Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San 

José, Inc., 130 DPR 782, 804 (1992); Pueblo v. Lamberty, 112 DPR 

79, 81 (1982).

Por tanto, en el presente caso, la moción presentada por los 

peticionarios el 16 de marzo de 2022 ante el TPI constituye una 

solicitud para que se encontrara al Municipio incurso en desacato 

por un alegado incumplimiento con la Sentencia de injunction

dictada el 24 de noviembre de 2020. Luego de celebrada la vista de 

rigor, el foro recurrido concluyó que el Municipio cuenta con un 

permiso vigente y que “cumplió con los parámetros señalados en la 

sentencia.”1 En otras palabras, no encontró que este hubiese 

1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 0004. 
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incumplido la Sentencia de injunction, por lo cual no incurrió en un 

desacato. Incluso, el TPI dio por cumplido dicho dictamen. 

Examinado el Apéndice del recurso, surge sin duda alguna 

que el Municipio cuenta con un Permiso de Uso Único Automático, 

Número de trámite: 2022-449780-PUA-008251 para el uso de las 

Oficinas de Servicios del Departamento de Obras Publicas Municipal 

y sus Servicios; y el Permiso Único, Número de trámite: 2022-

449780-PU-200332, en el cual se incluye el estacionamiento, 

almacén y el taller de mantenimiento a vehículos municipales y 

maquinaria pesada.2 Ambos expedidos por la Oficina de Gerencia de 

Permisos (OGPe). En consecuencia, no erró el TPI al dar por 

cumplida la Sentencia del 24 de noviembre de 2020.

Ahora bien, precisa enfatizar que mediante el dictamen 

recurrido el TPI solo podía atender y resolver las alegaciones 

referentes a que aún el Municipio utilizaba el terreno colindante con 

la propiedad de los peticionarios, como garaje municipal y para los 

fines antes descritos, sin contar con los debidos permisos para su 

uso y operación. Esto debido a que el foro a quo, previo a este 

petitorio, nunca tuvo ante su consideración una causa de acción 

relativa a la ilegalidad de los permisos otorgados por la OGPe. En 

este sentido, esta nueva causa de acción de los peticionarios, la

cual requiere dilucidar la procedencia de los permisos ostentados 

por el Municipio de Utuado, se tiene que presentar y considerar al 

amparo de los recursos estatuidos en el ordenamiento jurídico para 

ello o en un pleito independiente. Es decir, este reclamo no puede 

formularse en un procedimiento posterior a la sentencia, etapa en 

la que se encontraba el presente caso. 

Más aún, como advertimos, estamos en un proceso post 

sentencia que pretende hacer valer lo dispuesto en la deteminación 

2 Íd., a las páginas 0080 y 0128.
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mediante la que, reiteramos, solamente se consideró argumentos 

sobre la no tenencia de los permisos correspondientes de uso y 

operación por el Municipio. 

En resumen, el foro recurrido actuó correctamente al declarar 

no ha lugar el desacato. En este sentido, recordemos que, en el caso 

de autos, la Sentencia de injunction se dictó cuando el Municipio no 

tenía el permiso correspondiente, pero ahora sí cuenta con el mismo 

por lo que actuó correctamente el TPI al razonar que no procedía el 

desacato. 

De otra parte, se hace menester advertir que el foro a quo erró 

al resolver que los permisos fueron otorgados conforme a derecho. 

En este punto, enfatizamos que, aún si esos permisos fuesen nulos, 

eso no era un asunto para atenderlo el TPI, mucho menos en el 

contexto de este trámite post sentencia. En consecuencia, 

reiteramos que el TPI no tenía jurisdicción para adjudicar la 

legalidad de los permisos. Por lo cual, procede que dejamos sin 

efecto dicha determinación.

Así, y acorde con la normativa apelativa que nuestra revisión 

se da contra el dictamen y no contra sus fundamentos, procede 

confirmar el dictamen recurrido debido a que resultaría incorrecto

encontrar al Municipio incurso en desacato, según hemos 

explicado.

3

Por último, puntualizamos que nuestra determinación no

pretende prejuzgar la controversia aducida por los peticionarios en 

cuanto a la alegada nulidad de los permisos. También recalcamos 

3 El corolario básico del Derecho apelativo es que la apelación 

o revisión se da contra la sentencia o decisión apelada; es decir, contra el 

resultado y no contra sus fundamentos. Asoc. Pescadores Punta Figueras, Inc. v. 

Marina Puerto del Rey, 155 DPR 906 (2001); Pérez v. Criado Amunategui, 151 DPR 

355 (2000). Es por ello que, aunque algunos de los fundamentos de la sentencia 

recurrida sean erróneos, ello no constituye base para una revocación si por otros 

motivos puede sostenerse lo dispuesto en la sentencia. Pueblo v. Pérez, 159 DPR 

554, 556 (2003); Sánchez v. Eastern Airlines, Inc., 114 DPR 691, 695 (1983); 

Corrada v. Asamblea Municipal, 79 DPR 365, 370 (1956). Aún la revisión de 

órdenes o resoluciones interlocutorias se da contra la decisión emitida y no contra 

sus fundamentos. Ramos v. Hosp. Sub-Regional de Aguadilla, 111 DPR 744, 750 

(1981). 
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que los peticionarios aún tienen otros mecanismos disponibles para 

impugnar los permisos ostentados por el Municipio de Utuado.

IV.

Por los principios antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se confirma la Resolución recurrida aunque por 

otros fundamentos. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones