Número Identificador SEN 202 3

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_____ _____ _____________ Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

AWILDA TORRES MÉNDEZ, MIGUEL A. TORRES MALDONADO y la SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES y otros Peticionari os

v. MUNICIPIO DE UTUADO , ERNESTO IRIZARRY SALVA Y OTROS Recurrido s KLCE202300700 C ERTIORARI p rocedente de l Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado
C aso n úm. : UT2020CV00258
Sobre: Injunction (Entredicho Provisional, Injunction Preliminar y Permanente)

Panel integrado por su president e e l j uez Sánchez Ramos, e l j uez Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz

. Rivera Torres, Juez Ponente
SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 30 de ju n io de 20 2 3

. Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Awilda Torres Méndez, el Sr. Miguel A. Torres Maldonado y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos ( los peticionarios) mediante el
recurso de Certiorari de epígrafe solicitan do la revisión de una
Resolución dictada y notificada el 27 de abril de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (TPI ). En este dictamen, el foro primario concluyó que el Municipio de Utuado (Municipio o parte recurrida) contaba con un permiso vigente y otorgado conforme a derecho que le permite operar oficinas, estacionamiento, almacén y un taller de mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada en un predio aledaño a la propiedad de los peticionarios. De esta forma, el foro a quo determinó que la parte recurrida cumplió con los parámetros establecidos por una
Sentencia dictada el 24 de noviembre de 2020 en la que se ordenóKLCE202300 700 2

la paralización del uso del predio hasta que se consiguieran los debidos permisos, entre otras disp osiciones. Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos el dictamen
recurrid o . I. El 19 de octubre de 2020, los peticionarios solicitaron al TPI
la concesión de un injunction para ordenar la paralización del uso por el Municipio de Utuado de un predio de terreno aledaño a su propiedad al amparo de las disposiciones del Artículo 14.1 de la Le y para la R eforma del P roceso de P ermisos de Puerto Rico , Ley n úm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, 23 LPRA sec.
9011 et seq . (Ley n úm. 161

- 2009). En ese momento, estos plantearon que el Municipio de Utuado: (1) no tenía los permisos para operar un Garaje Municipal en el predio; (2) llevaba a cabo una operación ilegal de almacenamiento de desperdicios sólidos no peligrosos, sin tener los debidos permisos para ello; (3) pe rmitía que terceros arrojaran basura y desperdicios sólidos al predio, permitiendo la creación de un vertedero clandestino y operando una estación de manejo de este tipo de desperdicios; (4) mantenía un área de estacionamiento de vehículos y equipo pesado en el predio, sin contar con los permisos para ello; y (5) situó en el predio una oficina administrativa, un almacén y un taller de mecánica, sin permiso para ello. El 24 de noviembre de 2020, el TPI dictó una Sentencia en la que concedió la petición de In junction estatutario promovida por los peticionarios y concluyó que todo uso del predio era ilegal e indebido

ante la ausencia de permisos para la operación o uso de la propiedad
en cuestión

. En consecuencia, el foro primario ordenó lo siguiente:

a. La par alización inmediata de todo uso no autorizado en la propiedad donde ubica el Garaje Municipal hasta tanto se obtengan losKLCE20230 0700 3 correspondientes permisos. El Municipio de Utuado deberá tomar todas las medidas para clausurar la propiedad hasta tanto y cuando obte nga los permisos necesarios para poder utilizar la propiedad de conformidad con las exigencias legales y reglamentarias aplicables.
b. La remoción inmediata de todos los desperdicios sólidos, chatarra, neumáticos, escombros y cualquiera otro almacenados en la propiedad. Para esto se le concede al Municipio de Utuado un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta Sentencia para que realice todas las gestiones y acciones necesarias para cumplir con lo antes indicado.
c. El Mu nicipio deberá de inmediato tomar todas las medidas necesarias y de seguridad para impedir que sus agentes, empleados o terceros depositen desperdicios en la propiedad o sus inmediaciones. d. Se dispone, que de incumplir la parte demandada, el Municipio, sus representantes y/o funcionarios obligados por ley a cumplir con lo aquí ordenado, podrá ser encontrado incurso en desacato. e. Se ordena a la Oficina de Alguaciles diligenciar la presente sentencia a la oficina del Alcalde del Municipio de Utuado

. ( Énfasis nuestro ) Posteriormente, el 16 de marzo de 2022, los peticionarios
acudieron al TPI mediante una moción titulada Solicitud para que se cumpla con lo ordenado mediante Sentencia en la que señalaron el incumplimiento del Municipio de Utuad o con los incisos (a) y (b) de
la antedicha Sentencia

. Luego de varios trámites procesales, el 27 de abril de 2023, el
foro recurrido emitió la Resolución impugnada en la que concluyó que el Municipio de Utuado demostró que contaba con un permiso vigente, otorgado conforme a derecho , que le permite operar, en el predio en cuestión, tanto oficinas de servicios del Departamento de Obras Públicas municipal como el estacionamiento, almacén y taller de mantenimiento de vehículos municipales y maquinaria pesada. Por tanto, el foro primario dio por cumplida la Sentencia dictada el 24 de noviembre de 2020. Inconformes, los peticionarios instaron

una reconsideración la cual fue declarada No Ha Lugar mediante

una Orden dictada el 16 de mayo, notifi cada el 22 de mayo siguiente.KLCE202300 700 4 Todavía en desacuerdo, l os peticionarios comparecen ante

esta Curia mediante una petición de c ertiorari imputándole al tribunal de primera instancia haber incurrido en el siguiente error:

ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA PRESENTADA DURANTE LA VISTA EVIDENCIARIA Y EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS DEL CASO AL DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 DETERMINANDO QUE EL MUNICIPIO CUENTA CON UN PERMISO OTORGADO CONFORME A DERECHO QUE PERMITE LAS OPERACIONES EN CONTROVERSIA Y AL IGNORAR QUE LOS PERMISOS PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO FUERON OBTENIDOS DE MANERA FRAUDULENTA Y EN VIOLACIÓN A LA LEY DE CERTIFICACIÓN DE PLANOS O PROYECTOS. Examinado el recurso y los documentos que le fueron adjuntados, prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida, conforme nos faculta la Regla 7(B)(5) del Reglamento d e
este Tribunal de Apelaciones

. Analizados el escrito y el expediente apelativo ; así como estudiado el derecho aplicab le, procedemos a resolver.
II. Auto de certiorari
El auto de certiorari constituye un vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las
determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders at al. v. BBVAPR , 185 DPR 307, a las págs. 337

- 338 (2012); García v. Padró , 165 DPR 324, a las págs. 334

- 335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia , 154 DPR 79, a las págs. 90

- 92 (2001). Todo recurso de certiorari presentado

ante este tribunal intermedio debe ser examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V , R. 52.1

. No obstante, y a pesar de que la Regla 52.1, supra , no lo contempla, el certiorari también es el recurso apropiado para solicitar la revisión de determinaciones post sentencia. Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional en la consideración de los asuntos planteados mediante dicho recurso,KLCE20230 0700 5

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.
XXII

- B, dispone lo siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciaci ón de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. De estar presente alguno de estos criterios, esta Curia podrá ejercer su discreción e intervenir con el dictamen recurrido. De lo contrario, estará impedida de expedir el auto y deberá prevalecer la
determinación del foro recurrido. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty , 175 DPR 83, 97 (2008). Ahora bien, es una norma reiterada que, de ordinario, los tribunales apelativos no deben intervenir con el ejercicio de la discreció n de los foros de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad. Trans

- Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp. , 184 DPR 689, 709 (2012).
III.
En esencia , los peticionarios argumenta ro n que erró el TPI al resolver que los permisos otorgados al Municipio eran conforme a
derecho. A esos efectos , estos plantearon que la prueba presentada demostró que dichos permisos fueron otorgados de maneraKLCE202300 700 6

fraudulenta y en violación a la le gislación regente que regula la certificación de planos o proyectos.
Evaluado el recurso ante nuestra consideración al palio de los criterios de la Regla 40, antes citadas, determinamos expedir el auto
de cert i orari por entender que están presentes algunos de estos, en especial, el TPI se equivocó en la interpretación de l trámite procesal
e incurrió en un error de derecho

. Veamos. Como es conocido, a través del mecanismo del desacato el juez hace valer las órdenes y sentencias dictadas y obliga a una parte a realizar cualquier acto que resulte necesario para el ejercicio efectivo de las funciones judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores , 147 DPR
669 , 681 (19 99 ). Tradicionalmente, los casos de desacato se clasifican en civiles y criminales dependiendo de la finalidad que persigue la sanción impuesta por la falta o incumplimiento. Si lo que se persigue es lograr el cumplimiento prospectivo de una orden, el
desacato es civil . Si lo que se pretende es castigar a la persona por

una co nducta pasada, el desacato es criminal. E.L.A. v. Asociación de Auditores, supra , a la pág. 683 ; Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc. , 130 DPR 782, 804 (1992); Pueblo v. Lamberty , 112 DPR 79, 81 (1982). Por tanto, en el presente caso, la moción prese ntada por los peticionarios el 16 de marzo de 2022 ante el TPI constituye un a solicitud para que se encontrara al Municipio incurso en desacato por un alegado incumplimiento con la Sentencia de injunction dictada el 24 de noviembre de 2020. Luego de celebrada la vista de rigor, el foro recurrido concluyó que el Municipio cuenta con un permiso vigente y que “cumplió con los parámetros señalados en la sentencia.” 1 En otras palabras, no encontró que este hubiese

1 Véase el Apéndice del Recurso , a la pág. 0004.KLCE20230 0700 7

incumplido la S entencia de injun ction , por lo cual no incurrió en un
desacato. Incluso , el TPI dio por cumplido dicho dictamen.
Examinado el Ap éndice del recurso, surge sin duda alguna que el Municipio cuenta con un Permiso de Uso Único Automático , N úmero de t r á mite: 2022

- 449780

- PU A

- 008 251 para el uso de las Oficinas de Servicios del Departamento de Obras Publicas Municipal y sus Servicios ; y el Permiso Único , Número de tr á mite: 2022

- 449780

- PU

- 200332, en el cual se incluye el estacionamiento, almacén y el taller de mantenimiento a vehícu los municipales y maquinaria pesada. 2 Ambos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). En consecuencia, no erró el TPI al dar por cumplida la S entencia del 24 de noviembre de 2020. Ahora bien, precisa enfatizar que mediante el dictamen
recurrido el TPI solo podía atend er y resolv er las alegaciones referentes a que a ú n el Municipio utilizaba el terreno colindante con la propiedad de los peticionarios, como garaje municipal y para los fines antes descritos, sin contar con los debi dos permisos para su
uso y operación . Es to debido a que el foro a quo , previo a este petitorio, nunca tuvo ante su consideración una causa de acción
relativa a la ilegalidad de los permisos otorgados por la OGPe. En este sentido, e st a nueva causa de acción de los peticionarios , la cual requiere dilucidar la procedencia de los permisos ostentados por el Municipio de Utuado, se tiene que presentar y considerar al amparo de los recursos estatuidos en el ordenamiento jurídico para
ello o en un pleito inde pendiente. Es decir , este reclamo no puede
formularse en un procedimien to posterior a la sentencia , etapa en la que se encontraba el presente caso

. Más aún, como advertimos, estamos en un proceso post sentencia que pretende hacer valer lo dispuesto en la deteminación

2 Íd., a las páginas 0080 y 0128.KLCE202300 700 8

mediante la que, reiteramos, solamente se consideró argumentos
sobre la no tenencia de los permisos correspondientes de uso y operación por el Municipio. En resumen, el foro recurrido actuó correctamente al declarar no ha lugar el desacato. En este sentido, recordemos que, en el caso
de autos , la S entencia de injunction se d ictó cuando el M unicipio no
tenía el permiso correspondiente , pero ahora sí cuenta con el mismo por lo que actuó correctamente el TPI al razonar que no procedía el
desacato

. De otra parte, se hace menester advertir que el foro a quo erró al resolver que los p ermiso s fue ron otorgado s conforme a derecho. En este punto, enfatizamos que , aún si es os permiso s fuese n nulos ,

eso no e ra un asunto para atenderlo el TPI, mucho menos en el contexto de este trámite post sentencia. En consecuencia, reiteramos que el TPI no tenía jurisdicción para adjudicar la legalidad de l os permiso s . Por lo cual , procede que deja mos sin efecto dicha determinación

. Así, y acorde con la normativa apel ativa que nuestra revisión
se da contra el dictamen y no contra sus fundamentos , procede
confirma r el dictamen recurrido debido a que resultaría i ncorrecto encontrar al Municipio incurso en desacato , según hemos explicado

. 3 Por último, p untualizamos que nuestra determinación no pretende prejuzgar la controversia aducida por los peticionarios en cuanto a la alegada nulidad de los permisos. También r ecalcamos

3 El corolario básico del Derecho apelativo es que la apelación o revisión se da contra la sentencia o decisión apelada; es decir, contra el resultado y no contra sus fundamentos. Asoc. Pescadores Punta Figueras, Inc. v. Marina Puerto del Rey , 155 DPR 906 (2001) ; Pérez v. Criado Amunategui , 151 DPR 355 (2000). Es por ello que , aunque algunos de los fundamentos de la sentencia recurrida sean erróneos, ello no constituye base para una revocación si por otr os motivos puede sostenerse lo dispuesto en la sentencia. Pueblo v. Pérez , 159 DPR 554, 556 (2003); Sánchez v. Eastern Airlines , Inc. , 114 DPR 691 , 695 (1983); Corrada v. Asamblea Municipal , 79 DPR 365 , 370 (1956). A ú n la revisión de órdenes o resoluciones interlocutorias se da contra la decisión emitida y no contra sus fundamentos. Ramos v. Hosp. Sub

- Regional de Aguadilla , 111 DPR 744 , 750 (1981).KLCE20230 0700 9

que los peticionarios aún tienen otros mecanismos disponibles para impugnar los permisos ostentados por el Municipio de Utuado.
IV. Por los principios antes expuestos, se expide el auto de
certiorari solicitado y se confirma la Resolución recurrid a aunque por otros fundamentos

. Notifíquese. Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS Secretaria del Tribunal de Apelaciones