Número Identificador

SEN2024 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

PROPIETARIOS PASEOS 

DE AGUADILLA, INC.

Peticionarios

v.

EDGARDO VARGAS 

SANTIAGO

Recurrido

KLCE202301155

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Aguadilla

Caso Núm.: 

AG2021CV00539

Sobre: Cobro de 

Dinero - Ordinario

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, el juez

Salgado Schwarz y el juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2024.

Comparece ante nos la entidad, Propietarios Paseos de 

Aguadilla, Inc., (Paseos de Aguadilla o peticionario) para que 

revoquemos una Orden emitida el 3 de septiembre de 2023 y

notificada el 13 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Aguadilla (TPI o foro primario), que

declaró No Ha Lugar una Solicitud de Relevo de Sentencia. 

Examinada la naturaleza del recurso, lo acogemos como 

certiorari. Recibido el alegato de la parte recurrida y luego de 

examinar el recurso presentado, se expide el auto de certiorari 

solicitado y se confirma la Resolución recurrida. 

-ISegún surge del expediente, Paseos de Aguadilla es una 

asociación compuesta por los residentes de la Urbanización Paseos 

de Aguadilla. El 13 de febrero de 2023, presentó una demanda 

contra el señor Edgardo Ramón Vargas Santiago (señor Vargas 

Santiago o el recurrido) por cobro de dinero bajo el proceso de 
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sumario al amparo de la Regla 60 de las de Procedimiento Civil.

Alegó que el recurrido era dueño de la casa No. 1 en la Urbanización 

Paseos de Aguadilla, y como parte de la compra del bien inmueble, 

se obligó a satisfacer una cuota de mantenimiento a razón de 

$110.00 mensuales con un recargo por pago tardío de $10.00. Adujo 

que el señor Vargas Santiago había incumplido con los pagos de la 

cuota de mantenimiento y que, al mes de diciembre de 2020, 

adeudaba una suma líquida y exigible ascendente a $13,015.00. 

Luego de varios tramites procesales relacionados a la 

incomparecencia del señor Vargas Santiago,1 el TPI celebró vista en 

su fondo el 23 de noviembre de 2022. En la vista, declaró el señor 

Héctor Rodríguez Babilonia (señor Rodríguez Babilonia), tesorero de 

la Junta de Directores de la Asociación de Titulares en Paseos de 

Aguadilla. Por medio de su testimonio, se autenticó y se admitió 

como evidencia un documento intitulado Certificación de Balance de 

Cuota de Mantenimiento para el mes de noviembre del año 2022. En 

ese entonces, el balance adeudado ascendía a $15,785.00.

Culminado el desfile de prueba de la parte peticionaria, el caso fue

sometido. 

Por su parte, el señor Vargas Santiago solicitó y argumentó la

desestimación de la demanda por insuficiencia de la prueba. En 

apretada síntesis, el recurrido argumentó que Paseos de Aguadilla 

no probó dos elementos esenciales de su reclamación. 

Primeramente, como ente corporativo, no le acreditó al foro primario

tener legitimación activa ni estar en good standing para incoar una 

reclamación sobre cobro de dinero. Segundo, no demostró la 

existencia de un vínculo obligacional o contractual entre la parte

1 El 3 de mayo de 2022, las partes fueron citadas para una vista el 1 de junio de 

2022; no obstante, el 31 de mayo de 2023 el señor Vargas Santiago compareció a 

través de su representante legal y solicitó mediante moción que la vista fuera por 

videoconferencia. Llegado el 1 de junio de 2022, el TPI tuvo que reseñalar la vista 

para el 29 de junio de 2022, ya que no había atendido la moción radicada por el 

señor Vargas Santiago. El recurrido no compareció a dicha vista debido a que se 

encontraba recibiendo tratamiento médico.
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peticionaria y el recurrido que acreditara la legalidad o exigibilidad 

de la obligación reclamada. 

El 25 de mayo de 2023 el TPI emitió una Sentencia que fue 

notificada el 31 de mayo de 2023. Allí, declaró no ha lugar la 

demanda de cobro de dinero por insuficiencia de la prueba. En 

específico, hizo las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El señor Héctor Rodríguez Babilonia, testigo de la parte 

demandante, expresó que es titular de la residencia número 

16 de la Urbanización Paseos de Aguadilla y que, al momento 

de la vista, fungía como el tesorero de la Junta de Directores 

de la Asociación de Titulares. Expresó además que entre sus 

funciones estaba trabajar con las finanzas, con la buena 

administración de la urbanización y que dentro de los 

informes que preparan, hay un informe mensual que el mismo

notifica a los titulares por correo electrónico, a partir del día 

11 de cada mes, donde les informa el balance de sus cuotas 

de mantenimiento.

2. Sobre el origen de la obligación de los titulares al pago de la 

cuota de mantenimiento, el testigo no fue claro, ni preciso. Por 

un lado expreso que la cuota estaba desde el inicio de la 

urbanización; luego testificó que la cuota se impuso en la 

Primera Junta de Titulares y luego que la cuota se impuso en 

el primer reglamento. Expresó que es una cuota de $110 

dólares mensuales, pagaderos del 1-10 de cada mes; que 

luego del día 10 de mes se impone un recargo por cuota tardía 

de $10 dólares adicionales.

3. En relación al cómputo, a la corrección o certeza de la deuda

reclamada en este caso, el testigo declaró que la deuda surge 

de todos los récords de la demandante que indican que el 

titular de la residencia número 1 dejó de pagar desde enero 

de 2012, por lo que les adeuda 10 años y 11 meses.

4. En cuanto a este testimonio, se admitió en evidencia como 

Exhibit 1 con la objeción de la demandada. Es un documento 

intitulado Certificación de Balance de Cuota de 

Mantenimiento, residencia #1 - Urb. Paseos de Aguadilla. La

certificación la preparó y firmó el propio testigo y el señor 

Orlando Rosa, quien es el presidente, indicando que es una 

certificación del balance de cuota al 30 de noviembre de 2022, 

de la cual surge que la cuota cubre el mantenimiento de áreas

comunes como lo son el portón eléctrico, piscina y recogido de 

basura.

5. El testigo no supo contestar quién era el dueño de la residencia 

número 1, sino hasta que el abogado le produce el nombre de 

la parte demandada.

6. El testigo declara que tiene un registro de titulares.

7. El testigo declara que el demandado adquirió la propiedad 

cuando se hizo la Urbanización.

8. El testigo reclama que la deuda al 30 de noviembre de 2022 

por concepto de pagos mensuales y recargos es de $15,785.00 

y que estaba reclamando en total la cantidad de $20,520.50, 

que incluye otra penalidad según el Art. 30 del reglamento. 

Esto produce objeción de la parte demandada, pues ello no 

fue ni alegado, ni reclamado en la demanda.
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El TPI razonó que Paseos de Aguadilla no presentó prueba 

alguna que acreditara que la corporación vecinal se creó en 

cumplimiento con la Ley General de Corporaciones,

2 como una 

corporación sin fines de lucro y/o en cumplimiento con la Ley de 

Control de Acceso. Tampoco ofreció documento alguno que 

evidenciara la existencia del alegado vínculo contractual entre 

Paseos de Aguadilla y el señor Vargas Santiago. Además, el

testimonio del señor Rodríguez Babilonia fue contradictorio, pues 

ofreció tres eventos distintos en los que se impuso la cuota de 

mantenimiento, mas no pudo establecer las fechas en las que 

ocurrieron. Añadió que, contrario a lo alegado por la parte

peticionaria en su demanda, no logró probar que la obligación de

contractual surgía del contrato de compraventa del inmueble. 

La Sentencia antes dicha, advino final y firme. No obstante, el 

28 de julio de 2023 la parte peticionaria presentó una Moción al 

amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil (Relevo de 

Sentencia).

3 En síntesis, alegó que aun cuando el señor Vargas 

Santiago sabía que los intereses de su ex esposa y cotitular, señora 

Santiago González se verían afectados por la demanda en cobro de 

dinero, este no lo divulgó al tribunal. Esto, a pesar de que la señora 

Santiago González era parte indispensable sin la cual no se podía 

disponer de la controversia. Indicó que advino en conocimiento de 

este hecho cuando examinó la Escritura Pública Núm. 290 de 

compraventa del inmueble en cuestión, otorgada ante el notario 

Miguel A. Román Villanueva. Por ello, solicitó que se le relevara de 

la Sentencia por ser nula y por representar una violación al debido

proceso de ley, ya que privó a la señora Santiago González de ser 

notificada y la oportunidad de ser oída.

2 Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada, 14 LPRA secc. 

3501 et seq.

3 Véase, Apéndice de los Peticionarios, págs. 10-15.
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Oportunamente, el señor Vargas Santiago compareció 

mediante Oposición a Moción Solicitando Relevo de Sentencia Bajo la 

Regla 49.2 y Solicitud de Honorarios por Temeridad.

4 En síntesis, 

arguyó que Paseos de Aguadilla carecía de legitimación activa y que 

los intereses de la señora Santiago González no se vieron afectados,

puesto que el TPI desestimó la demanda por cobro de dinero. Razonó 

que —si el foro primario le hubiese impuesto responsabilidad 

pecuniaria a la señora Santiago González— entonces sería nula la 

sentencia, pues ella no figuró como parte en el pleito. Por ello, 

solicitó que se declarara no ha lugar la moción de relevo de sentencia

y se le impusiera a la peticionaria el pago de $1,000.00 por 

conceptos de honorarios de abogados.

El 3 de septiembre de 2023, el TPI emitió Orden en la que 

declaró no ha lugar la moción de relevo de sentencia y la solicitud de

imposición de honorarios de abogados.

5 

Inconforme, el 13 de octubre de 2023 la parte peticionaria

comparece ante nos y señaló el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Aguadilla al haber declarado no ha lugar una 

Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia Nula por falta de 

parte indispensable dictada en violación al debido proceso de 

ley. 

El 9 de noviembre de 2023, el recurrido presentó Memorando 

en Oposición a Solicitud para que se Expida Certiorari. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a exponer 

la normativa jurídica aplicable al caso de autos. 

-IIComo bien se ha señalado el auto de certiorari constituye un 

medio procesal de carácter discrecional que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal de 

4 Véase, Apéndice de los Peticionarios, págs. 94-98.

5 Notificada el 13 de septiembre de 2023.
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menor rango.

6 Con el fin de que podamos ejercer nuestra facultad 

discrecional sabiamente, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,

7establece los siguientes criterios para determinar la 

procedencia de la expedición de este recurso: siguiente:

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean 

justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, orden o procedimiento 

por las razones siguientes: 

a) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

b) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

c) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

d) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

e) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

f) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

g) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.

B.

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

8 establece el mecanismo 

procesal que se tiene disponible para solicitar al TPI el relevo de los 

efectos de una sentencia. En ese sentido la referida Regla 49.2, 

dispone lo siguiente:

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean 

justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, orden o procedimiento 

por las razones siguientes: 

a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;

b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 

una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta 

a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con 

la Regla 48; 

c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 

―intrínseco y el también llamado ―extrínseco), falsa 

representación u otra conducta impropia de una parte 

adversa; 

d) nulidad de la sentencia; 

e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 

6 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009).

7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

8 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
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fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 

efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor, o 

f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia.9

Cabe resaltar que constituye una decisión discrecional el 

relevar a una parte de los efectos de una sentencia, salvo en los 

casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha.10

Por otra parte, nuestra jurisprudencia ha establecido como 

norma procesal reiterada que la Regla 49.2, supra, no puede 

utilizarse para alegar cuestiones sustantivas que debieron ser 

planteadas mediante los recursos de reconsideración y 

apelación.11

-IIIEn síntesis, la parte peticionaria arguye que el TPI erró al 

declarar no ha lugar su solicitud de relevo de sentencia, puesto que 

la Sentencia recurrida es nula por falta de parte indispensable. No 

tiene razón. 

De entrada, la Sentencia de epígrafe advino final y firme, por 

lo que no tiene efecto sobre ninguna persona relacionada a la parte

recurrida. En la Sentencia en cuestión, el TPI no encontró probado 

que el señor Vargas Santiago hubiese contraído una obligación 

contractual con Paseos de Aguadilla, por lo que desestimó la 

demanda en cobro de dinero por cuota de mantenimiento adeudada. 

Por otro lado, la alegación de falta de parte indispensable que en la 

moción de relevo de sentencia presenta la peticionaria, se basa en 

que al examinar la escritura pública otorgada el 10 de diciembre de 

2019 sobre la compraventa de la propiedad inmueble, descubrió que 

la señora Santiago González y el señor Vargas Santiago compraron 

la misma bajo la Sociedad Legal de Gananciales. A todas luces, la 

parte peticionaria pudo haber descubierto esa información con un 

9 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.

10 García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 - 540 (2010).

11 Id., pág. 541. 
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mínimo de diligencia; razón por la cual, pretende utilizar como 

subterfugio la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, para re 

litigar una Sentencia final y firme. 

En virtud de lo anterior, la moción de relevo de sentencia 

presentada por la parte peticionaria no cumple con los criterios 

establecidos en la mencionada Regla 49.2 de Procedimiento Civil, y 

de igual forma, no hallamos criterio alguno bajo la referida Regla 40 

de nuestro Reglamento para variar la Resolución recurrida de No Ha 

Lugar al relevo de sentencia. 

-IVPor los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari solicitado y confirmamos la Resolución recurrida. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones