Número Identificador

SEN2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

MUNICIPIO DE GUÁNICA 

Y OTROS

Apelantes

v.

ASOCIACIÓN DE 

EMPLEADOS DEL ESTADO 

LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO

Apelada

KLAN202400062

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera

Instancia, Sala 

de Ponce

Civil Núm.:

PO2023CV03331

Sobre: Sentencia 

Declaratoria, 

Injunction

Preliminar y 

Permanente

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa 

Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y

la jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 13 de marzo de 2024.

Comparecen el Municipio de Guánica y otros, en 

adelante el Municipio o el apelante y en conjunto, los

apelantes, quienes nos solicitan que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce, en adelante TPI. Mediante la misma, el 

TPI resolvió que, según el Art. 42 de la Ley Núm. 9-

2013, la Asociación de Empleados del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, en adelante la AEELA, no está 

obligada a pagar arbitrios de construcción al Municipio 

y, también, eximió del pago de los arbitrios a la 

compañía contratada por la AEELA para realizar los 

trabajos de demolición.

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada.
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-ILa AEELA instó una Demanda sobre sentencia 

declaratoria, injunction preliminar y permanente contra

los apelantes.1 Solicitó al TPI que decretara la 

insistencia del Municipio, en cobrarle los arbitrios 

municipales, como una violación a los derechos de la 

apelada y sus socios, por dos razones: (1) deja sin 

efecto la ley especial que delinea y establece los 

poderes y facultades de la Asamblea de Delegados de la 

AEELA, y (2) la legislatura no le ha delegado al

Municipio la facultad para imponerle contribuciones. 

También, solicitó al foro sentenciador que ordenara a 

los apelantes a no forzar a la apelada a realizar el 

pago de los arbitrios ni a someterse a un procedimiento 

administrativo para impugnar el pago; que ordenara al

Municipio a emitir una certificación negativa de deuda 

por concepto de los arbitrios de construcción y; que 

ordenara a la Oficina de Gerencia de Permisos, a emitir 

el permiso de demolición. En fin, solicitó la exención 

del pago de arbitrios municipales, conforme a lo

dispuesto en el Art. 42 de la Ley de la Asociación de 

Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2013, en adelante la Ley Núm. 9-2013.

Por su parte, el TPI celebró una Vista en su 

Fondo, en la que hizo constar que la AEELA está exenta,

por disposición legal, del pago de contribuciones y 

simplificó la controversia a dilucidar si la exención 

contributiva se extiende a los contratistas 

independientes que realizarán los trabajos de 

demolición, en lo predios que pertenecen a la apelada.2

1 Apéndice de la apelada, págs. 1-33.

2 Id, págs. 146-150.
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Además, les concedió término a las partes para 

presentar memorandos de derecho y al Municipio, para 

contestar la demanda de la AEELA.

Así pues, el Municipio presentó su contestación a 

la demanda; en síntesis, arguyó que la necesidad y

urgencia de la demolición hacen académico el remedio de 

injunction preliminar y permanente; que es su 

responsabilidad y deber cobrar los arbitrios por 

construcción; y que la apelada no adujo causas de 

acción que justifiquen la concesión de un remedio.3

En el término concedido, las partes presentaron 

sus respectivos memorandos de derecho.4

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, el TPI declaró ha lugar la Demanda y emitió una 

Sentencia Declaratoria, en la que estableció que 

conforme a lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley Núm. 9-

2013, la AEELA no tiene la obligación de pagar 

arbitrios de construcción al Municipio y declaró no ha 

lugar la petición de injunction preliminar y 

permanente.5 Del mismo modo, formuló las siguientes 

determinaciones de hechos:

1. La Asociación es dueña de un edificio 

denominado Centro Vacacional Playa Santa 

(CVPS), localizado en el barrio Ensenada de 

Guánica. El CVPS lo constituye una edificación 

de 13 pisos que alberga 98 apartamentos para el 

disfrute de vacaciones de los empleados 

públicos, sus familiares y la comunidad en 

general. El complejo operó desde 1982 hasta 

enero de 2020. Entre finales del 2019 y 

principios del 2020, una secuencia de más de 

2,000 sismos afectó la zona sur de Puerto Rico 

generando escenas de caos, devastación y 

destrucción. El CVPS sufrió daño estructural 

como consecuencia de estos terremotos. Debido a 

la destrucción y los daños ocasionados por los 

terremotos, el CVPS quedó inhabitable y fue 

clausurado, con el fin de garantizar la 

seguridad de los empleados, los visitantes y la 

comunidad de Ensenada.

3 Id., págs. 155-161.

4 Apéndice de los apelantes, págs. 24-70.

5 Id., págs. 1-21.
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2. Ante la severidad de los daños y la 

peligrosidad que representaba, en reunión 

extraordinaria celebrada el 24 de septiembre de 

2021, la Asamblea de Delegados de la 

Asociación, autorizó el inicio de los trámites

necesarios para la demolición del edificio. 

3. Luego de un proceso de subasta formal (SAE-14-

23-00), el 12 de mayo de 2023, se adjudicó la 

buena pro de la subasta para demoler y disponer 

de los materiales remanentes del Centro 

Vacacional, mediante el uso de explosivos. La 

agraciada con la buena pro de la subasta fue la 

empresa Alpha Demolitions, Inc. Una compañía 

dedicada al negocio de demoliciones 

industriales, comerciales, residenciales, 

demoliciones con métodos mecánicos, 

demoliciones con uso de explosivos y 

desmantelamientos en general establecida en 

Puerto Rico.

4. Mediante reunión ordinaria llevada a cabo el 14 

de junio de 2023, el Comité Ejecutivo de la

Asociación ratificó la demolición de la Torre 

del Centro Vacacional de Playa Santa, asignó 

los fondos necesarios para la adjudicación de 

la obra para la demolición de la estructura y 

la disposición de los materiales a Alpha 

Demolitions. 

. . . . . . . . 

19. El 12 de octubre de 2023, el licenciado Merle 

Feliciano comunicó al representante legal de 

AEELA que la determinación del honorable 

alcalde del municipio de Guánica era no 

conceder el certificado de exención 

solicitado.

[...]

22. El 20 de octubre de 2023, el señor alcalde 

notificó una comunicación en la que reitera 

su oposición de no proveer el certificado de 

exención solicitado e instó a la Asociación a 

someterse y agotar el procedimiento 

administrativo dispuesto en el Artículo 2.110 

de la Ley Núm. 107-2020 (Código Municipal de 

Puerto Rico) para cuestionar la cuantía del 

pago por concepto de arbitrios de 

construcción. Plantea, además, que tomaba 

conocimiento de que en virtud de lo dispuesto 

en el Artículo 42 de la Ley 9-2013 la 

Asociación goza de la exoneración del pago de 

toda clase de contribuciones, arbitrios y 

derechos, pero que, frente a esa disposición, 

el Artículo 2.110, inciso (f) de la Ley 107-

2020, dispone cuáles son las excepciones que 

puede conceder el municipio y en éstas no 

existe ninguna que les obligue a conceder la 

exención solicitada por AEELA. De igual 

manera expresa que la interpretación del 

Municipio es que la exoneración solicitada no 

procede cuando las obras de construcción son 

llevadas a cabo por una persona natural o 

jurídica actuando a favor o en representación 

de, o por un contrato o subcontrato con una 

compañía privada. 

[...]
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27. La ordenanza Núm. 60 Serie 2005-2006 impone un 

arbitrio de 5% del costo total de la obra para 

las construcciones, ampliaciones, 

demoliciones, relocalizaciones y mejoras a 

cualquier estructura o edificación y 

realización de excavaciones y movimientos de 

tierra.

28. De proceder en derecho, el arbitrio de 

construcción que le corresponde a pagar al 

contratista asciende a la cantidad de ciento 

veintinueve mil dólares ($129,000.00).

29. Entre las alegaciones de la parte Demandante 

expuestas en la demanda, no se alega que 

estas posean o que estas gocen de un decreto 

de exención contributiva, conforme a la Ley 

de Incentivos Contributivos.

30. AEELA no se dedica a la construcción o la 

demolición y contrató para estos fines una 

compañía privada especializada.6

En consecuencia, el foro apelado concluyó:

En este caso es un hecho cierto que se trata 

de una obra de construcción dentro de los límites 

territoriales del Municipio de Guánica. De igual 

forma, para esta Curia es un hecho indubitado que 

en este caso la obra pertenece a la AEELA. 

Ciertamente, la AEELA no se dedica a realizar 

obras de construcción por lo que se ve en la 

necesidad de adquirir estos servicios de 

contratistas independientes. En los hechos de este 

caso el contratista es un ejecutor de una obra de

construcción de la cual el dueño es AEELA. 

Consideramos meritorio reconocer que los 

contratistas transfieren el importe de los 

arbitrios como un costo de construcción a los 

dueños de la obra. Por lo que, una interpretación 

contraria a extender los beneficios de la exención 

al contratista independiente tendría el efecto de 

frustrar el propósito legislativo de la exención 

concedida a la AEELA. 

De igual manera, somos del pensar que el 

arbitrio de construcción recae sobre la obra y no 

sobre la persona que la realiza; y al ser la

Asociación una persona jurídica exenta del pago de 

los arbitrios la dueña de esta; el Municipio no 

puede requerirle el pago de los arbitrios de 

construcción a la parte demandante.7

En desacuerdo, los apelantes presentaron una 

Apelación en la que alegan que el TPI incurrió en los 

siguientes errores:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

SUPERIOR DE PONCE, AL RESOLVER QUE LA ASOCIACIÓN 

DE EMPLEADOS DEL ELA NO ESTÁ OBLIGADA A PAGAR 

ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPALES POR UNA OBRA 

DE DEMOLICIÓN PARA LA CUAL CONTRATÓ A UNA ENTIDAD 

PRIVADA.

6 Id., págs. 10-14.

7 Id., págs. 20-21.
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER 

QUE UN CONTRATISTA PRIVADO A QUIEN LA AEELA 

CONTRATA PARA DEMOLER UNA ESTRUCTURA ESTÁ EXENTA 

DE PAGAR LOS ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN 

ESTABLECIDOS PARA DICHO TIPO DE ACTIVIDAD.

Oportunamente, la apelada presentó su escrito en 

oposición.

Examinados los escritos de las partes, el 

expediente y la prueba documental, estamos en posición 

de resolver.

-IIA.

La Regla 59.1 de las de Procedimiento Civil, 

dispone:

El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad 

para declarar derechos, estados y otras relaciones 

jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro 

remedio. No se estimará como motivo suficiente 

para atacar un procedimiento o una acción el que 

se solicite una resolución o sentencia 

declaratoria. La declaración podrá ser en su forma 

y efectos, afirmativa o negativa, y tendrá la 

eficacia y el vigor de las sentencias o 

resoluciones definitivas.

Independientemente de lo dispuesto en la Regla 37 

de este apéndice, el tribunal podrá ordenar una 

vista rápida de un pleito de sentencia

declaratoria, dándole preferencia en el 

calendario.8

El mecanismo procesal de la sentencia declaratoria 

permite a un tribunal declarar derechos, estados y 

relaciones jurídicas.9 Así pues, el resultado de dicho 

recurso procesal es una decisión judicial sobre 

cualquier divergencia en la interpretación de una ley.10

Conviene destacar, que el propósito de la sentencia 

declaratoria es disipar una controversia sustancial y 

real entre partes con intereses legales adversos, para 

de este modo disipar la incertidumbre jurídica 

existente entre aquellos.11 En ausencia de un peligro 

8 32 LPRA Ap. V, R. 59.1.

9 Mun. de Fajardo v. Srio. de Justicia, 187 DPR 245, 254 (2012).

10 Id.

11 Id. 
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potencial contra el promovente, el recurso de sentencia 

declaratoria es improcedente,12 amenazando en convertir 

cualquier dictamen judicial en una determinación 

abstracta e hipotética. Como en el caso de cualquier 

acción justiciable, el promovente tiene que demostrar 

la existencia de un daño claro, palpable, real, 

inmediato, y preciso, no abstracto o hipotético; que 

exista nexo causal entre el daño y la causa de acción 

invocada; y que la causa de acción surja al amparo de 

la constitución o de una ley.13

B.

Conforme lee la exposición de motivos, la Asamblea 

Legislativa aprobó el Código Municipal de Puerto Rico,

también conocido como Ley Núm. 107-2020, a los fines de 

integrar, organizar y actualizar las leyes aplicables a 

la organización, la administración y el funcionamiento 

de los municipios. El estatuto les reconoce a los 

municipios la autonomía en el ejercicio de sus poderes 

jurídicos, económicos y administrativos sobre asuntos 

relativos al bienestar general de sus habitantes.14

Entre las facultades conferidas, el gobierno municipal

ostenta el poder inherente de fijar impuestos 

municipales dentro de sus límites jurisdiccionales, 

sobre materias que no sean incompatibles con la 

tributación del Estado, y de asumir participación en 

los recaudos para asegurar recursos y estabilidad 

fiscal, sujeto a los parámetros establecidos por la 

12 Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 475 (2006).

13 Hernández Torres v. Hernández Colón, et al., 131 DPR 593, 599 

(1992). Véase, además, Rosario Rodríguez v. Rosado Colomer et al., 

208 DPR 419, 427-428 (2021).

14 Art. 1.007 de la Ley Núm. 107-2020 (21 LPRA sec. 7012).
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Asamblea Legislativa mediante ley o en este Código.15 De 

modo que, en el desempeño de sus facultades, la

legislatura municipal tendrá todas las limitaciones 

impuestas por la Constitución de Puerto Rico y por la 

Ley Núm. 600 del 3 de julio de 1950.16

Como parte de la autonomía municipal reconocida, 

el Código Municipal permite a los municipios:

(c)...imponer y cobrar contribuciones o tributos,

arbitrios de construcción y otros arbitrios e 

impuestos, tasas y tarifas razonables dentro de 

los límites territoriales del municipio, 

compatibles con el Código de Rentas Internas y las 

leyes del Gobierno de Puerto Rico... por la 

construcción de obras y el derribo de edificios... 

Toda obra de construcción dentro de los 

límites territoriales de un municipio, realizada 

por una persona natural o jurídica privada, o que

sea llevada a cabo por una persona natural o 

jurídica privada a favor o en representación de, o 

por contrato o subcontrato suscrito con una 

agencia pública o corporación pública o 

instrumentalidad del Gobierno estatal o municipal 

o del Gobierno federal, incluyendo aquella obra 

que no requiera la solicitud o expedición de un 

permiso, deberá pagar arbitrio de construcción 

correspondiente, previo al comienzo de la obra.17

Conviene destacar que el Código Municipal define

una actividad de construcción como el acto de 

“construir, reconstruir, remodelar, reparar, remover, 

trasladar o relocalizar cualquier edificación, obra, 

estructura, casa o construcción de similar naturaleza 

fija y permanente, pública o privada, incluyendo, 

cualquier acto o actividad inherente o directamente 

relacionada a la formalización y ejecución de estas...”.18

A su vez, define arbitrio de construcción como 

“[a]quella contribución impuesta por los municipios a 

través de una ordenanza municipal aprobada con dos 

terceras (2/3) partes para ese fin, la cual recae sobre 

15 Id. Véase, además, Lilly del Caribe v. Mun. de Carolina, 201 DPR 

306, 316-317 (2022); ECA Gen. Contract. v. Mun. de Mayagüez, 200 

DPR 665, 675 (2018).

16 Art. 1.038 de la Ley Núm. 107-2020 (21 LPRA sec. 7064).

17 Art. 2.109 de la Ley Núm. 107-2020 (21 LPRA sec. 7331). (Énfasis 

suplido).

18 Art. 8.001 de la Ley Núm. 107-2020 (21 LPRA sec. 8351).
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el derecho de llevar a cabo una actividad de 

construcción y/o una obra de construcción dentro de los 

límites territoriales del municipio”.19

C.

La AEELA es una asociación sin fines de lucro que 

se originó para estimular el ahorro entre las 

empleadas, los empleados, las socias y los socios 

acogidos pensionados, establecer planes de seguro, 

efectuar préstamos, proveerle a este grupo de personas 

hogares e instalaciones hospitalarias para el 

tratamiento médico de ellas y sus familiares y proveer

otros beneficios tales como el Centro Vacacional Playa 

Santa del Caribe.20 En tanto los servicios que ofrece 

tienen un impacto social y económico, la Asamblea 

Legislativa le confirió un carácter compulsorio para 

los empleados públicos que componen las agencias del

gobierno central de Puerto Rico, las corporaciones 

públicas y los municipios.21 Lo anterior implica que la 

AEELA no recibe fondos del gobierno, por el contrario, 

esta subsiste con las aportaciones de los empleados y 

las empleadas públicos.

Por otro lado, como parte de los esfuerzos para

ratificar la naturaleza privada de la AEELA, establecer 

las regulaciones propias de una institución privada, 

garantizar que las socias y los socios retomen el 

control del gobierno y de la administración de los 

asuntos operacionales y financieros, a través de la 

19 Id.

20 Exposición de motivos de la Ley Núm. 9-2013. Véase, además, Art. 

5 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9004).

21 Art. 11 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9010). Véase, además, 

Aquino v. Asociación, 182 DPR 1, 31 (2011) (citando a First Federal 

v. Srio. de Hacienda, 86 DPR 56, 70 (1962)).
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Asamblea de Delegados,22 la Asamblea Legislativa eximió 

de toda clase de impuestos, derechos y contribuciones, 

los negocios y las propiedades de la AEELA, así como 

las que pueda adquirir en el futuro.23

Del mismo modo, esta legislación exime a la AEELA 

de los derechos de aranceles ante el Registro de la 

Propiedad;24 de los derechos, sellos y comprobantes de 

rentas internas relativos a la expedición de 

certificaciones;25 de los derechos de examen de las 

entidades fiscalizadoras;26 y del cumplimiento con los 

requisitos de inscripción impuestos por la Ley Núm. 60 

de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como 

la "Ley Uniforme de Valores"27.

Finalmente, la Ley Núm. 9-2013 dispone que:

Toda obligación expedida a favor de la Asociación 

de Empleados de Gobierno de Puerto Rico, se 

considerará propiedad de la Asociación de 

Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Así también, tendrá derecho de propiedad 

sobre todos los fondos y bienes inmuebles, 

muebles, mixtos, corpóreos e incorpóreos, de 

cualquier clase que sean y en cualquier sitio 

radicados, poseídos, explotados o controlados por 

la Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto 

Rico. Los Registradores de la Propiedad de Puerto 

Rico considerarán concluyentemente que toda 

propiedad inmueble o derecho real inscrito a favor 

de la Asociación de Empleados de Gobierno de 

Puerto Rico, será propiedad de la Asociación de 

Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, sin que sea necesario presentar documento 

alguno en el Registro de la Propiedad de Puerto 

Rico para acreditar ese hecho.28

-IIIEl apelante aduce que tiene amplia facultad “para

imponer contribuciones sobre actividades que 

constituyan una obra de construcción”. Esta facultad es 

22 Exposición de motivos de la Ley Núm. 9-2013. Véase, además, Art. 

46 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9045).

23 Art. 42 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9041).

24 Art. 41 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9040).

25 Art. 40 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9039).

26 Art. 43 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9042).

27 Art. 44 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9043).

28 Art. 53 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9052). (Énfasis 

suplido).
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extensiva “a toda obra de construcción” ejecutada por 

persona natural o jurídica privada “independientemente 

de que la obra sea realizada para sí, o a favor [sic.]

en representación de una agencia o corporación pública 

o instrumentalidad del Gobierno estatal o municipal.”

Por otro lado, para el Municipio, la AEELA no está

exenta del pago de arbitrios de construcción. Así pues, 

las exenciones respecto a impuestos, derechos y 

contribuciones de las cuales se beneficia la apelada, 

se limitan estrictamente a aquellas actividades 

reclamadas con los fines que el artículo 42 de la Ley 

Núm. 9-2013 les asigna.

A esto añade el apelante, que el Código Municipal

no exoneró a la AEELA del pago de arbitrios de 

construcción. Peor aún, dicho cuerpo legislativo 

rechazó expresamente que las exenciones tributarias 

reconocidas se extendieran a los contratistas 

independientes que realizan obras para las entidades 

gubernamentales exentas.

En cambio, la AEELA arguye que como es una persona 

jurídica exenta del pago de arbitrios, el arbitrio de 

construcción recae sobre la obra y que, además, es 

dueña de la obra, por lo que el Municipio no puede 

requerir el pago de arbitrios al contratista que eligió 

para los trabajos de demolición del Centro Vacacional

Playa Santa del Caribe.

Nos encontramos ante una controversia sobre la 

interpretación de la Ley Núm. 9-2013. Ante la 

disyuntiva suscitada, la normativa jurisprudencial 

establece que las secciones de los estatutos no pueden 

interpretarse aisladamente, por el contrario, es 

necesario armonizar el significado de sus distintas 
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partes e implementar la intención legislativa, de modo 

que se asegure el resultado que el legislador quiso 

obtener al crear la ley.29

En consideración a lo anterior, la Ley Núm. 9-2023 

establece que la AEELA es una organización sin fines de 

lucro, creada con el propósito de ofrecer beneficios 

económicos y sociales a los empleados públicos, así 

como a sus familiares. Con el propósito de alcanzar el 

objetivo legislativo, la Ley Núm. 9-2013 estableció un 

esquema amplio de exenciones contributivas, a saber, 

eximió a la AEELA: (1) de toda clase de impuestos, 

derechos y contribuciones cuando se trata de los 

negocios y las propiedades de la AEELA, así como las 

que pueda adquirir en el futuro; (2) de los derechos de 

aranceles ante el Registro de la Propiedad; (3) de los 

derechos, sellos y comprobantes de rentas internas

relativos a la expedición de certificaciones; (4) de 

los derechos de examen de las entidades fiscalizadoras;

(5) y del cumplimiento con los requisitos de 

inscripción impuestos por la Ley Núm. 60 de 18 de junio 

de 1963, según enmendada, conocida como la "Ley 

Uniforme de Valores”.

Por otro lado, en lo aquí pertinente, el Código 

Municipal define el arbitrio de construcción en los 

siguientes términos: “[a]quella contribución impuesta

por los municipios a través de una ordenanza municipal 

aprobada con dos terceras (2/3) partes para ese fin, la 

cual recae sobre el derecho de llevar a cabo una 

actividad de construcción y/o una obra de construcción 

dentro de los límites territoriales del municipio”.30

29 Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853, 858-859 

(2000).

30 Art. 8.001 de la Ley Núm. 107-2020 (21 LPRA sec. 8351).
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Ahora bien, para determinar si un municipio tiene 

facultad para cobrar el arbitrio de construcción hay 

que examinar el tipo de obra, su localización y a 

quién pertenece.31 Además, es menester considerar los 

siguientes factores: los arbitrios de construcción

recaen sobre la obra y no sobre quién la ejecuta,32 el

costo del proyecto define la cuantía de los arbitrios33

y aunque el contratista pague los arbitrios de 

construcción, esta suma proviene del dueño de la obra34.

Por otro lado, conviene destacar que el caso ante 

nuestra consideración presenta una notable analogía con

Coop. Ahorros Rincón v. Mun. Mayagüez, 200 DPR 546 

(2018). Semejante a la Ley de Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Crédito de 2002, en adelante Ley Núm. 255-

2002, objeto de análisis en este último caso, la Ley 

Núm. 9-2013 se creó con varios propósitos de interés 

social, tales como estimular el ahorro, establecer 

planes de seguro, efectuar préstamos, proveer hogares e 

instalaciones hospitalarias, entre otros. Además, 

análogo a la Ley Núm. 255-2002, la Ley Núm. 9-2013 

estatuyó una abarcadora gama de exenciones

contributivas a favor de la AEELA, a saber, la exime:

(1) de toda clase de impuestos, derechos y 

contribuciones cuando se trata de los negocios y las 

propiedades de la AEELA, así como las que pueda 

adquirir en el futuro; (2) de los derechos de aranceles 

ante el Registro de la Propiedad; (3) de los derechos, 

sellos y comprobantes de rentas internas relativos a la 

expedición de certificaciones; (4) de los derechos de 

31 Coop. Ahorros Rincón v. Mun. Mayagüez, 200 DPR 546, 559 (2018); 

Interior Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 706 (2009).

32 Muñiz Burgos, Inc. v. Mun. de Yauco, 187 DPR 665, 675 (2013); 

Interior Developers v. Mun. de San Juan, supra.

33 Muñiz Burgos, Inc. v. Mun. de Yauco, supra.

34 Interior Developers v. Mun. de San Juan, supra.
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examen de las entidades fiscalizadoras; (5) y del 

cumplimiento con los requisitos de inscripción 

impuestos por la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, 

según enmendada, conocida como la "Ley Uniforme de 

Valores”.

En el pleito de epígrafe, similar a Coop. Ahorros

Rincón v. Mun. Mayagüez, supra, el apelante alega que 

la exención solo aplica a los tributos que le impone 

directamente a la AEELA. Así pues, están exentas las 

operaciones que la AEELA realiza para alcanzar sus 

fines institucionales.

Sin embargo, al igual que en Coop. Ahorros Rincón

v. Mun. Mayagüez, supra, “la dificultad con ese 

planteamiento es que no toma en cuenta que el monto del 

arbitrio de construcción que pretende cobrar al 

contratista se incluye como parte del costo de la 

obra”35, por lo que, en última instancia, es la AEELA la 

que lo pagará.

Conforme a lo previamente expuesto, no podemos 

acoger el argumento del Municipio de imponer arbitrios 

de construcción a la AEELA. La posición sugerida por el 

apelante no se sostiene, en tanto los arbitrios de 

construcción se fijan conforme al valor de la obra, 

tomando en cuenta quién es su dueño y aunque los pague 

el contratista, el costo se transfiere al dueño de la 

obra. Por consiguiente, la contención del apelante 

derrotaría la intención legislativa de conceder un

esquema amplio de exenciones contributivas a la AEELA 

para que alcance sus loables fines en beneficio de los 

empleados públicos.

35 Coop. Ahorros Rincón v. Mun. Mayagüez, supra, pág. 558.
KLAN202400062 15

A la luz de lo antes expuesto, si el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico consideró que para proteger los 

fines del cooperativismo había que recurrir a un 

esquema amplio de exenciones tributarias, incluyendo 

los arbitrios municipales, no encontramos ningún

fundamento jurídico o social para no hacer lo propio 

con la AEELA. Así pues, aunque las exenciones deben

interpretarse restrictivamente, “dichas normas no deben 

ser interpretadas tan restrictivamente como para que 

pueda quedar frustrada la intención legislativa”.36

Finalmente, y entrando en el ámbito de la 

especulación hermenéutica, si el legislador hubiese 

entendido que para lograr los fines de la AEELA había 

que imponer el pago de arbitrios municipales, lo 

hubiese declarado expresamente en el Código Municipal

de 2020.

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

36 Interior Developers v. Mun. de San Juan, supra, pág. 707.