Número Identificador

S EN 2 02 4

_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

MUNICIPIO DE GUÁNICA Y OTROS

A pelante s

v. ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

A pelad a KLAN20 2 4 0 00 6 2 Apelación procedente del Tribunal de Primer a Instanci a, Sala de P once

C ivil N úm .: PO2023CV03331

Sobre: Sentencia Declaratoria, Inju n ction Preliminar y Permanente

Panel integrado por su presidente, el j u ez Figueroa C abán, el j ue z Bonilla Ortiz , la j uez a Mateu Meléndez y la jueza Pr ats Pa lerm Figueroa C abán, Juez Ponen te

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 13 de marz o de 202 4

. Compa rece n el Municipio de Guánica y otros , en
adelante el Municipio o el apelante y en conjunto , los apelante s, quien es nos solicita n que revoquemos la
Sentenci a e mit ida por el Tribunal de Primera Ins tancia,

Sala de P once , en adelante TPI. Mediante l a misma, e l

TPI resolvi ó que , según el Art. 42 de la Ley Núm. 9

- 2013, la Asociación de Empleados del Estad o Libre

Asociado de Puerto Rico , en adelante la A EELA, no es t á obligada a pag ar arbitrios de construcción al Municipio

y , también , eximió d el pago de lo s arbitrios a la
compañ ía contratada por la AEELA para realizar los

tra bajos de demolición

. Por los fundamentos que exp ondr e mo s a continuación, se confirma la S ent encia apelada

.K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 2

- I
L a AE EL A inst ó una D emanda sobre sentencia
declaratoria, inju n ction preli minar y perm anente contra

los apelantes

. 1 Solicit ó a l TP I qu e dec r et ara la
insistencia del M unicipio , en cobrar le los arbitrios municipales , como una violación a los derecho s de la

ape lada y s us socios, por d os raz ones: (1) deja sin

efecto la ley especial que delinea y establece los
poderes y facu ltades de la Asamblea de De legados de la

AEELA , y (2) la l e gislatura no le ha de l ega do a l Municipio la facultad pa r a i mponer le contribucion es .
Ta mbién , solicitó al foro sentenciador que or den ara a los apelantes a no forzar a la a pelada a rea lizar el

pago de los arbitrios ni a someterse a un procedimiento administrativo para impugnar el pago ; que ordenara a l Municipio a e m itir una certificació n ne ga tiva de deu d a por concept o de los arbitrios de construcción y ; que
ordenara a la Of icina de Gerencia de Permisos , a emitir el permiso de demolición

. En fin, solicitó la exención
del pago de arbitrios muni cipales , conforme a lo

d i spuesto en el Art . 42 de la Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de

2013 , en adelante la Ley Núm. 9

- 2 013

. Por su parte , e l TPI celebr ó una V ista en su

F ondo , en la que hizo con star que la AE ELA está e xenta , por dispo s ición legal , de l pag o de contribuciones y simpli f i c ó la controversia a dilucid ar si la exención

contributiva se extiende a lo s contratistas independientes que realizarán los trabajos de
demolición , en lo predi os que pertenece n a la apelada

. 2

1 Apéndice de la apelada , págs. 1

- 33

. 2 I d , págs . 146

- 1 50.K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 3

Además , les c o ncedió término a l as partes para presentar memorandos de derecho y al Municipio , para

conte s t ar la demanda de la AEELA. Así pues , el M unicipio presentó su contestación a
la demanda ; en síntesi s, arguyó que la necesidad y urgencia d e la demolición hacen a c adémico el rem edio de injunction preliminar y permanente ; que es su responsabilidad y deber cobrar los arbitrios por

co nstrucción ; y que l a apelada no adujo causas de

a cci ón que justifiquen la concesión de un remedio

. 3

En e l térmi n o concedido, las parte s pr esentaron

sus res pectivos memorandos de derecho. 4 Con el beneficio de la comparecencia de ambas
part es, el T PI declaró ha lugar la D emanda y emitió una

Sen ten cia Declaratoria , en la que estableció que

conform e a l o dispuesto en el Art . 42 de la Ley Núm

. 9

- 2013, l a AE ELA no tiene la obligación de pagar

arbitrios de construcción al Municip io y declaró no ha lugar la petición de inju n ction preliminar y permanente
. 5 D el mismo modo, formuló las siguientes

determinaciones de hechos:

1. La Asociación es dueña de u n e dificio denominado Centro Vacacional Playa Santa (CVPS), localizado en el barrio Ensenada de Gu ánica. El CVPS lo constituye una edificación de 1 3 p isos que alberga 98 apartamentos para el disfrute de vacaciones de los emple ad os públicos, sus familiares y l a comunidad en general. El complejo oper ó desde 1982 hasta enero de 2020. Entre finales del 201 9 y principios del 2020, una secuencia de más de 2,0 00 sismos afect ó la zona sur de Puerto Rico generando escenas de caos, devas ta ción y destrucción. El CVPS suf rió daño estructural como consecuencia de estos terremotos. Debido a la destrucción y los daños ocasionados por los terremotos, el CVPS quedó in hab itable y fue clausurado, con el fin de garantizar la seguridad de los empleado s, los visitantes y la
comu n ida d de Ensenada.

3 I d ., págs

. 155

- 161

. 4 Apé ndice de lo s apelantes, págs. 24

- 70. 5 I d ., págs

. 1

- 2 1

.K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 4

2. Ante la severidad de los daños y la peligrosidad que representaba, en reunión
e xtraordinaria celebrada el 24 de septiembre de 20 21, la Asamblea de Delegados de l a Asociación, autorizó el inicio de los trámites necesarios para la demolic i ón del edificio.

3. Luego de un proceso de s ubasta formal (SAE

- 14

- 23

- 00), e l 12 de mayo de 20 23, se adjudicó la buena pro de la subasta p a ra demoler y disponer de los materia les remanentes del Centro V acac ional, mediante el uso de explosivos. La agraciada c on la buena pro de la subasta fue la empres a Alpha Demolitions, Inc. Una compañía dedicada a l n egocio de demoliciones industrial es, comerciales, residenciales, demoliciones con métodos mecánicos, demo lici ones con uso de explosivos y desmantelamientos en ge neral establecida en Puerto Rico.

4. Mediante reunión ordinaria llevada a cabo el 14 de junio de 2023, el Comité Ejecutivo de la Asociación ratificó la demolición de la Torre del Centro Vacacional de Pl aya Santa, asignó los fondos necesarios para la adjudica ción de la obra para la demolición de la es tructura y la disposición de los materiales a Alp ha Demolitions.

. . . . . . . . 19. El 12 de octubr e de 2023, el licen ciado Merle Feliciano comunicó al representante legal de AEELA que la determinac ión del hon orable alcalde del municipio de Guánic a e ra no conceder el certificado de exención solicitado.
[

... ]

22. El 20 de octub re de 2023, el señor alcald e no tificó una comunicación en la que reitera su oposición de no proveer el certificado de exención solicitado e instó a la Asociación a someterse y ag otar el procedimiento administrativo dispuesto en el Artículo 2. 110 de la Ley Núm. 107

- 2020 (Código Muni cipa l de Puerto Rico) para cuestionar la cuantía del pago por concepto de arbitrios de construcción . Plantea, a demás, que tomaba conocimiento de que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley 9

- 2013 la As ociación goza d e la exoneración del pago de t oda clase de contribuciones, arbitrios y derechos, pero que, frente a esa disposición, el Artíc ulo 2.110, i nciso (f) de la Ley 107

- 2020, dispon e c uáles son las excepciones que puede conceder el municipio y en éstas no existe n inguna que les obligue a c once der la exención solicitada por AEELA. De igual manera expresa que la interpretación del Municip io es que la exoneración solicitada no procede c uan do las obras de construcción son llevadas a cabo por una perso na natural o juríd ica actuando a favor o en repr esentación de, o por un contrato o subcontrato con una compañía privada.
[

... ]K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 5

27. La o rde nanza Núm. 60 Se r ie 2005

- 2006 impone un arbitrio de 5% del cost o total de la obr a para las construcciones, amp liaciones, demoliciones, relocalizaciones y mejoras a cualquier estructura o edificación y real ización de excavaciones y movimientos de tierra.

28. De proceder e n derecho, el arbitrio de construcción que le corresponde a pag ar al contratista asciende a l a cantidad de ciento veintinueve mil dólares ($129,000.00).

29. Entre las alegaciones de la pa rte Demandante expuestas en la demanda, no se al ega que estas posea n o que estas gocen de un decreto de exención contributiva, conf orme a la Ley de Incentivo s Co ntributivos.

30. AEELA no se dedica a la construcción o la demolición y contrató para estos fi nes una compañía privada especializada. 6

E n cons ecuencia , el fo r o apelado concluy ó :

En este caso es un hecho cierto que se tra ta de una obra de construc ción dentro de los límites territoriales del Municipio de Guánica. De igual forma, para esta Curia es un hecho indubitado que en este caso la obr a pe rtenece a la AEEL A
. Ciertamente, la AEELA no se dedica a realiza r obras de constr ucción por lo que se ve en la necesidad de adquirir estos servicios de contratistas independientes. En los hechos de este
cas o el contratista es un ejecutor de una obra de
con strucción de la c u al el dueño es AEELA. Consideramos meritorio reconocer que los contratistas transfieren e l im porte de los arbitrios como un costo de construcción a los dueños de la obra. Por lo que, una i nterpretación contraria a extender los benefic ios de la exención al contratista independiente tendría el efecto de frustrar el prop ósito legislativo de la ex enci ón concedida a la AEELA. De igual manera, somos del pensar que el arbitrio de construcción re cae sobre la obra y no sobre la persona que la rea liza; y al ser la Asociación una persona jurídica exenta del pag o de los arbitrio s la dueña de esta; el Mun icip io no puede requerirle el pago de los arbitrios de construcción a la parte demandante. 7

E n d esacuerdo , los apelantes pre sentaron un a Apela c i ón en la que alega n que el TPI incurrió en los siguiente s error es : ERRÓ EL TRIBUNA L DE PRIMERA INSTANCIA, SA LA S UPERIOR DE PONCE, AL RESOLVER QUE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL ELA NO ESTÁ OBLIGADA A PAGAR A RBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPALES POR UNA O BRA DE DEMOLICIÓN PAR A LA CUAL CONTRATÓ A UNA ENTIDAD PRIVADA.

6 I d ., págs

. 1 0

- 1 4

. 7 I d ., págs

. 2 0

- 2 1

.K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 6
ERRÓ EL TRIBUNAL DE P RIMERA INSTANCIA AL RESOLV ER Q UE UN CONTRATISTA PRIVADO A QUIEN LA AEELA CONTRATA PARA DEMOLER UNA ESTRUCTURA ESTÁ EXENTA DE PAGAR LOS ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECID OS PARA DICHO TIPO DE A CTIVIDAD. Opo rtunamente, l a apelad a present ó s u escrito en oposición

. Examinados lo s esc ritos de las partes , el expediente y la prueba documental, estamos en pos ici ón

de resolver.

- II
A. La Regla 59.1 de las de Procedimiento Civ il, dispone:

El Tribu na l de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar derechos , estados y otras relacion es j urídicas aunque se inste o pueda instarse otro remedio. No se estimará como motivo suficiente p ara atacar un procedimiento o una acción el qu e se solicite una res ol ución o sentencia declaratoria. La declaración podrá ser en su forma y efectos, afirmati va o negativa, y tendrá la eficacia y el vigor de las sentencias o resoluciones definitivas

. Inde pendie ntemente de lo dispuesto en la Regla 37 de este apéndice, el tr ibunal podrá ordenar una vista rápida de un pleito de sentenci a declaratoria, dándole pr efer encia en el calendario. 8 El mecanismo procesal de la sentencia declaratoria permite a un tribu nal de clarar derechos, estados y relaciones ju rídicas. 9 Así pues, e l resultado de dicho recurso procesal es una decisión judicial s obre cualquier divergencia en la interpretación de una ley. 10 Conviene destacar, que el propósito de la sentencia

declaratoria es di sipar una controversia sustancial y

real entre partes con int er eses legales adversos, para de este modo disipar la incertidum bre jurídica

existente ent re a quellos. 11 En ausencia de un peligro

8 32 LPRA Ap. V, R. 59.1. 9 Mun. de Fajardo v. Srio. d e Justicia , 187 DPR 245, 254 (2012). 10 Id

. 11 Id

.K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 7

potencial contra el promovente, el recurso de sentencia

dec larato ria es improcedente, 12 amenazando en conv ertir cualquier dicta me n judicial en una determinación abstracta e hipotética. Como e n el caso de cualquier

acc ión justiciable, el promovente tiene que demostrar la existencia de un daño claro, palpable, real,

inmedi ato, y preciso, no abstracto o hipotétic o; que
exista nexo ca us al entre el daño y la causa de acción invocada; y que la causa de acción surja al amparo de la constitución o de una ley. 13

B

. Conforme lee la exposición de motivos , la Asambl ea Legislativa aprobó el Código Municipal de Puerto Ri co ,
ta mbién conoc ido como Le y Núm . 107

- 2020 , a los fi nes de integrar , organizar y actualiz ar las leyes aplicables a

la o rganización, la administración y el funcionamiento de los municipios

. E l estatuto les reconoce a los

munici pios la autonomía en el ejercicio de sus poderes jurídi co s, económicos y administrativos sobre asuntos

relativos al bie nestar general de sus habi tant es . 14

Entre l as facul tades conferidas , el g obierno muni cipal

ostenta el poder inherente de fijar impuestos municipales dentro de sus límites jurisdiccionales ,
sobr e materias que no sean incompatibles con la

tributac ión del Esta do , y de asumir participación en

los rec audos para asegurar recursos y estabilidad fiscal, suj eto a los parámetros establecidos por la

12 Romero Barceló v. E L A , 169 DPR 460 , 475 ( 2006 ). 13 Hernández Torres v. Hernández Coló n , et a l

. , 131 DPR 593 , 599 (1992). Véase, ad em ás, Rosario Rodríguez v. Rosado Colomer et al. , 208 DPR 419, 427

- 428 (202 1). 14 Art. 1.007 de la Ley Núm. 107

- 2020 (21 L P R A sec. 7012)

.K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 8

Asamblea Legislativa mediante l ey o en este Código

. 15 De

m od o que , en el desemp eño de sus facultades, la

l egislatura m unic ipal tendrá todas las limitaciones

i mpue stas por la Constitución de Puerto Rico y por la
Ley Nú m. 600 del 3 de julio de 1950

. 16
Como par te de la autonomía municipal reconocida, el Código Munic ip al permite a los municipios :
(c)

... imponer y cobrar contribucion es o tributos , arbitrios de construc ción y otros arbitrios e impuestos, tasas y tarifas razonab les dentro de los límites territoriales del municipio , compatibles con el Código de Rentas Intern as y las leyes del Gobierno de Puerto Rico

... por la constru cción de obras y el derribo de edificios

.. . Toda obra de construcción dentro de los límites territoriales de un municipio, realizada por u na persona natural o jurídica privada, o que sea llevada a c abo por una persona natural o jurídica privada a favor o en re presentación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia pública o corporación pública o instrumentali dad del Gobierno estatal o municipal o del Gobierno federa l, i ncluyendo aque ll a obra que no requiera la solicitud o e xpedición de un permiso , deberá pagar arbitrio de construcción correspondiente, previo al comienzo de la obra. 17 Conviene destacar que el Código Municipal define

una actividad de construcción com o e l acto de

“ cons tr uir, reconstruir, remodelar, reparar, r emover,
trasladar o rel ocalizar cualquier edificación, obra,
estructura, casa o construcción de simil ar naturaleza fija y permanente, pública o privada, incluyendo, cualquier acto o actividad inher ente o directament e relacionada a la formalización y ejecuc ión de estas

... ”

. 18

A su v ez, define a rbitrio de cons trucción como

“ [a] quella contribución impuesta por los municipios a
través de una ordenanza municipal aprobada con dos terceras (2/3) partes para ese fin, la cual re ca e sobre

15 I d

. Véa s e, además, Lilly del Caribe v. Mun. de C arolina , 201 DPR 306, 3 16

- 317 (2022) ; ECA Gen . Contract. v. Mun. de Mayagüez , 200 DPR 665 , 675 (2018). 16 Art. 1.0 38 de la Ley Núm. 107

- 2020 (21 L P R A sec. 70 6 4 )

. 17 Art. 2.109 de la Ley Núm. 107

- 2020 (21 L P R A sec. 7 331 )

. (Énfasis suplid o )

. 18 Art. 8

. 001 de la Ley Núm. 107

- 2020 ( 21 L P R A sec. 835 1 )

.K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 9

el derecho de llevar a cabo una actividad de

construcc ión y/o una obra de construcción dentro de los límites territoriales del municipio ”

. 19

C.

L a A E ELA e s una asoc iac i ón sin fines de lucro que se originó para estimular el ahorro entre las emplead as , los empleados, las socias y los socios acogidos pensionados, establece r pl anes de seguro, efectuar préstamos, proveerle a este grupo de personas hogares e instalaciones hospitalarias para el tratamiento médico de ellas y sus familiares y proveer

otros be neficios ta les como el Centro Vacacional Playa

Santa del Caribe

. 20 En ta nto los se rvic ios que ofrece

tien en u n impac t o social y económico , la Asamblea Legislativa le confirió un carácter c ompulsorio para los empleados público s que componen las agencias d el gobiern o central de Puerto Rico , las corporaciones pública s y los munic ipios. 21 Lo ant erior implica que la

A E E LA no recibe fondos del gobierno, por el contrario,

esta subs iste con las aportaciones d e los empleados y las empleadas públicos.

P or otro lado, c omo parte de los esfuerzos par a ratificar la naturaleza privada de la AE ELA , estab lece r las regulaciones propias de una institución privada, garantizar que las socias y los socios retomen el control del gobierno y de la administración de los
asuntos oper ac ionales y financieros, a través de la

19 Id

. 20 Exposición de mot iv os de la L ey Núm. 9

- 201 3

. Véase , además, Art
. 5 de la Ley N úm. 9

- 201 3 (3 L P R A sec. 900 4 )

. 21 Art. 11 de la Ley Núm. 9

- 2013 ( 3 L P R A sec. 90 1 0). Véase, además, Aquino v. Asociación , 182 DPR 1 , 31 ( 2011) (citan do a F i rst F ederal
v. S rio . de Hacienda , 86 D PR 56, 70 (1962)).K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 10

Asamblea de Delegados , 22 la Asamble a Legislat iva eximió de toda clase de impuestos, derechos y contribuciones ,
l os negocios y las propiedades de la A EELA , así como las que pueda adquirir en el futuro

. 23

Del mismo mo do , esta legislación exime a la AEELA

de los derecho s de aranceles ante el R egistro de l a

P ropiedad ; 24 de los derechos, sellos y comprobantes de rentas internas relativos a la expedición de

certificaciones ; 25 de los derechos de examen de las
entidades fisc al izadoras ; 26 y del cumplimiento con los requisitos de inscripción impuestos por la Ley Nú m. 6 0 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como la "Ley Uniforme de Valores" 27

. Finalmente, la Ley Núm. 9

- 2013 dispone que :

T oda obligación expedida a f av or de la Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico, s e considerar á propiedad d e la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así también, tendrá derecho de propiedad sobre todos los fondos y bienes inmuebles, muebles, mix to s, corpóreos e incorpóreos, de cualquier clase que sean y en c ualquier sit io radicados, pos eídos, explotados o controlados por la Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico. Los Registradores de la Propiedad de Puerto Rico considerarán concluyent em ente que toda propiedad inmueble o derecho real inscrito a fav or de la Aso ciación de Em plea dos de Gobierno de Puerto Rico, será propiedad de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin que sea necesario presentar documento al gu no en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico para acredita r ese hecho. 28

- III
El apelante a duc e que tiene amp lia fac ultad “ para imponer contribuciones sobre activida des que constituy a n u na obra de construcción” . Esta facultad es

22 Exposición de motivos de la L ey Núm. 9

- 201 3

. Véase, además, Art. 4 6 de la Ley Núm. 9

- 2013 ( 3 L P R A sec. 90 4 5 ). 23 Art. 42 de la Ley Núm. 9

- 2013 ( 3 L P R A sec. 90 41 ). 24 Art. 4 1 de la Ley Núm. 9

- 2 013 ( 3 L P R A sec. 90 40 ). 25 Art. 4 0 de la Ley N úm . 9

- 2013 ( 3 L P R A sec. 90 39 ). 26 Art. 4 3 de la Ley Núm. 9

- 2013 ( 3 L P R A sec. 90 42 ). 27 Art. 4 4 de la Ley Núm. 9

- 2013 ( 3 L P R A sec. 90 4 3 ). 28 Art. 53 de la Ley Núm. 9

- 2013 ( 3 L P R A sec. 90 52 ). (Énfasis suplido).K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 11

e xtensi va “ a toda ob ra de construc ción ” ejecutada por persona natural o jurídica pr ivada “ inde p endientement e
de qu e la obra sea realizada pa ra sí, o a favor [ sic .] en representación de una agencia o corporación pública

o instrumentalidad del G obierno estatal o municipal

. ”

P or otro lado, para el M unicipio , la AEELA no está exenta del pago de arbitrio s de construc ci ón. A sí p ues,
la s exenciones respecto a impuestos, derechos y
contribuciones de las cuales se beneficia l a apel ada, se limitan estrictamente a aquellas actividades

r ec lamadas con los fines que el artículo 42 de la Ley
Núm. 9

- 2013 le s asigna.

A esto añade el a pela nte, que el Código Municipal
no exoneró a la AEELA del pago de arbitr ios de
construcción

. Peo r aú n, dicho cuerpo legislativo rechazó expresamente que las e x en ciones tribu tarias

reconoc idas se exte ndieran a los contratistas independi entes que reali zan obras p ara las entidades
gube rnamentales exentas.
En cambio, la AEELA arguye q ue como es una persona jur ídica exenta del pago de arbitrios, el arbitrio de

cons t ru cción recae sobre la obra y que , a demás, es
dueña de l a obra , por lo que e l Municipio no pued e requerir el pago de arbitrios al contratista que eligió para los trabajos de demolición del C entro V a cacional

Pla ya Sa nta del Cari be.

Nos encontramos ante u n a controversia sobre la

i nterpretación de la Ley Núm . 9

- 2013. Ante l a disyun tiva sus c itada , l a normativa jurisprudenc ial

estable ce q ue las secciones de los estatutos no pueden interpretarse aisladamente, por el contrario, es

necesario armonizar e l s ignifi c ad o de sus distint asK LAN2 0 2 4 0 00 6 2 12

partes e implementar la intención le g is lativa, de modo que se asegure el resultado que el legislador quiso
obtener al crear la ley. 29

En considera ción a lo anterior , l a Ley Núm. 9

- 2023 establece qu e l a AE ELA es una organización sin fi n e s de
lucro, creada con el pro p ósito de ofre cer beneficios
económi cos y soci ales a los empleado s públicos, así

como a su s familiares. Con el propósito de alcanzar el objetivo legislativo, la Ley Núm. 9

- 2013 establec ió un esquema amplio de ex enciones contr i bu tivas, a saber , exi mió a la AEELA : (1) de toda clase de impuestos,

derecho s y contribuciones cuando se trata de l os negocios y las propiedades de la A EELA , así como las que pueda adquirir en el futuro ; (2 ) de los derecho s de

aranceles ante el R egistro d e l a P ropiedad ; (3) de los derechos, sellos y comprobantes de rentas internas relativos a la expedición de certificaciones ; (4) de

los derechos de examen de las entidades fiscalizadoras ; (5) y del cumplimiento con los requisitos de inscripción impuestos po r l a Ley Nú m. 6 0 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como la "L ey
Uniforme de Valores ”

. Por otro lado, e n lo aquí pertinente, e l Código Municipal define el arbitrio de construcción en los siguientes términ os: “ [a] quella contribución impuesta

po r los municipios a través de una ordenanza municipal
aprobada con dos terc eras (2/3) partes para ese fin, la

cual recae sobre el derecho de llevar a cabo una actividad de construcción y/o una obra de construcción
dentro de los límites territoriales del m un icipio ”

. 30

29 Mén dez e t al . v. Alcalde d e Aguadilla , 151 DPR 8 53, 858

- 859 (2000). 30 Art. 8

. 001 de la Ley Núm. 107

- 2020 (21 L P R A sec. 835 1 )

.K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 13
Ahora bien, para determinar si un municipio tiene
facultad para cobrar el arbitrio de const rucción hay que examinar el tipo de obra , su localización y a quién pertenece
. 31 Además , es meneste r considerar los siguientes factores: los ar bitrios d e c onstrucción

re caen sobre la obra y no sobre qui é n la ejecuta , 32 el

costo de l proyecto define la cuantí a de los arb itrios 33

y aunque el contratista pague los arbitrios de construcción, esta suma proviene del d ue ño de la obra 34

.
P or otro lado, conviene des t ac a r que el caso ante

nuest ra consideración presenta una notable an alogía co n Coop . Aho r r o s Rincón v. Mun
. Mayagüez , 200 DPR 546
(2018). Semejante a la Ley de Sociedades Cooperativas

de Ahorr o y Crédito de 2002 , en adelante Ley Núm. 255

- 2002, objeto de an á li sis en este último caso, la Ley
Núm. 9

- 2013 se creó con varios propósit o s d e i nterés
social, tales com o estimular el ahorro , establece r pl anes de seguro, efectuar préstamos, proveer hogares e instalaciones hospitalarias , entre otr o s . Además , análog o a l a L ey Núm. 255

- 2002, la Ley Núm. 9

- 2013
estatuy ó una abarcadora gama de exenciones

c ontributivas a favor de la AEELA, a saber , la exi me : (1) de toda clase de impuestos, derechos y

contribuciones cuando se trata de l os negocios y las propiedades de la A EELA , a sí como las que pueda adquirir en el futuro ; (2 ) de los derecho s de aranceles

ant e el R egistro de l a P ropiedad ; (3) de los derechos, sellos y comprobantes de rentas internas relativos a la expedición de certificaciones ; (4) de los derechos de

31 C oop. Aho rros Rincón v. Mun. Mayagüez , 200 DPR 546 , 55 9 (2 018 ) ; Interior Developers v. Mun. d e San Juan , 177 DPR 693, 706 (2009). 32 Muñiz Burgos , Inc. v. Mun. de Yauco , 187 DPR 665, 675 (20 13) ; Interior Developers v. Mun. d e San Juan , supra. 33 Muñiz Burgos , Inc. v. Mun. de Yauco , supra . 34 Interior Developers v. Mun. d e San Juan , supra.K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 14

examen de l as entidades fiscalizadoras ; (5) y del cumplimiento con los requisitos de inscripci ón impuestos por la Ley Nú m. 6 0 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como la "Ley Uniforme de

Valores ”.

En el pleito de epígrafe, sim ilar a Coop . Aho r r o s
Rin c ón v. Mun
. Mayagüez , supra, e l apelante alega que la exención solo aplica a lo s tributos qu e le impone

directamente a la AEELA. Así pues, están exentas las operaciones que la AEEL A realiza para alca nzar s us
fines institucionales

. Sin embargo , al igual que en Co op . Aho r r o s Rincón

v. Mun
. Mayagüez , supra , “ la dificultad con ese planteami ento es que no toma en cuenta que el monto del arbitrio de construcción que pretende cobrar al contratista se incluye como parte del costo de la

obra ” 35 , por lo que , en última ins ta n c ia , es la AEELA la que lo pagará. Conforme a lo previam ente expuesto, no p ode mos acoger el ar gumento del Municipio de imponer arbitrios

d e construcción a la AEELA

. La posición sugerida por e l

ape lante no se sostiene , en tanto l os arbitrios de

const rucc ió n se fijan conforme al valor de la obra , tomando en cuenta quié n es su d ue ño y aunque los pague

e l con tr atista, el costo se transfiere al due ñ o de la

obra. P or consiguie nte, la contención del apelante

derrota ría la in t ención legislativa de conceder u n

es qu ema amplio de exenciones contributivas a la AEELA para que alcanc e sus loab les fines en benefic io de los

e mpleado s públicos

.

35 C oop. Aho rros Rincón v. Mun. Mayagüez , supra , p ág. 55 8

.K LAN2 0 2 4 0 00 6 2 15
A la luz de lo antes expuesto, s i el Tribunal
Supr emo de Puerto Rico con s ideró que para proteger los
fines d el cooperativismo hab ía que recurrir a un esquema amplio de exenciones tribut arias, incl uyendo los arbitrios municipale s , no encontramos ningún fundamento jurídico o social para no hacer lo propio

con la AEELA

. Así pues, aunque las exenciones debe n interpretarse restrictiv amen te , “ dichas normas no deben ser interpretadas tan restrictivamente como para que pueda quedar frustrada la intención legislativa ”

. 36

Finalmente , y entrando en el ámbito de la especulación hermenéutica , si el legislador hubie se entendido que para log rar los fi nes de la AEELA había que imponer el pago de arbitrios municipale s , lo hubiese declarado expresamente en el Código Municipa l

de 2 020

.

- IV
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

S ent encia apelada

.
Lo acordó y mand a el Trib unal y lo c erti fi ca la

Secreta ria del T ribunal de Ape la cion es.

Lcda. Lilia M

. Oq uendo Sol ís Secr et ar i a del Tr ib unal de Apelaci ones

36 Interior Developers v. Mun. d e San Juan , supra , pág. 707.