Número Identificador

SEN2024_________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS 

NATURALES Y 

AMBIENTALES

V.

JUNTA DE 

DIRECTORES DEL 

CONDOMINIO TORRE 

DE ORO y/o CONSEJO 

DE TITULARES DEL 

CONDOMINIO TORRE 

DE ORO; JUAN 

CARLOS NIEVES, 

KARLA O. PÉREZ 

GONZÁLEZ, LOURDES 

COLONDRES ROSADO

KLRA202400237

REVISIÓN

ADMINISTRATIVA

procedente del 

Departamento de 

Recurso Naturales y 

Ambientales

Caso Núm.: 23-285-A

Sobre: Ley para la 

Conservación, el 

Desarrollo y Uso de 

los Recursos de Agua 

de PR

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2024.

Comparece ante nos, Carlos W. Santiago (recurrente), tesorero 

de la Junta de Directores del Condominio Torre de Oro, y nos solicita 

que revisemos la Notificación y Orden emitida el 22 de abril de 2024 

y notificada el 23 de abril de 2024, por el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA). Mediante dicho dictamen, el 

DRNA, entre otras cosas, le ordenó al recurrente realizar gestiones 

con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para

conectar el servicio de agua. 

Sin necesidad de trámite ulterior y por los fundamentos que 

expondremos a continuación, se desestima el recurso de revisión 

judicial por falta de jurisdicción.

I.

Surge del expediente ante nos, que el DRNA presentó una 

Querella en contra del Condominio Torre de Oro (Condominio) y el 

Consejo de Titulares del Condominio Torre de Oro (Consejo de 
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Titulares). En esencia, el DRNA solicitó una orden de cese y desista 

por el aprovechamiento de aguas del pueblo de Puerto Rico sin 

contar con una franquicia para esos fines. Consecuentemente, se le 

impuso tres (3) boletos por la cantidad de $500.00 cada uno, por las 

tres (3) ocasiones en que los vigilantes visitaron el lugar y 

encontraron que el condominio continuaba usando las aguas del 

pueblo de Puerto Rico sin tener una franquicia, a pesar de haber 

sido advertidos de que estaban cometiendo una violación a la 

reglamentación existente.

Luego de varios incidentes procesales, el 11 de abril de 2024, 

se llevó a cabo una Vista Administrativa. Posteriormente, el 22 de 

abril de 2024, el DRNA emitió una Notificación y Orden mediante la 

cual le ordenó a la parte recurrente, entre otras cosas, que en el 

término de treinta (30) días lograra las gestiones con la AAA para el 

servicio de agua. 

Inconforme, el 13 de mayo de 2024, la parte recurrente acudió 

ante nos mediante un recurso de revisión judicial. Indicó que la 

propuesta de la Oficial Examinador de que sacaran la franquicia y 

continuaran usando el agua del DRNA, es contraria a derecho. 

Sostuvo, además, que cumpliendo con la Notificación y Orden fue 

citado por la AAA para una orientación de agua, luego de pagar la 

deuda. Añadió que, la AAA tiene que realizar una investigación y que 

la misma excede el tiempo concedido por el DRNA en la Notificación 

y Orden.

II.

A. Jurisdicción 

Como es sabido, “[la] jurisdicción es el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. RB 

Power, Inc. v. Junta de Subastas de la ASG PR, 2024 TSPR 24, 213 

DPR ___ (2024). Véase, además, Pueblo v. Torres Medina, 211 DPR 

950 (2023); Cobra Acquisitions, LLC. v. Mun. de Yabucoa, 210 DPR 
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384 (2022). Así, para adjudicar un caso el tribunal debe tener tanto 

jurisdicción sobre la materia como sobre las partes litigiosas. Cobra 

Acquisitions, LLC. v. Mun. de Yabucoa, supra, pág. 394. Por 

consiguiente, el primer factor a considerar en toda situación jurídica 

que se presente ante un foro adjudicativo es el aspecto 

jurisdiccional. RB Power, Inc. v. Junta de Subastas de la ASG PR, 

supra; Torres Alvarado v. Maderas Atiles, 202 DPR 495 (2019). 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a 

un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 

de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal 

motu proprio”. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco y otros, 211 

DPR 135 (2023). Véase, además, Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 

DPR 364, 372 (2018); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 855 (2009).

Además, sabido es que ante la situación en la que un tribunal 

carece de autoridad para atender un recurso, solamente procede 

decretar la desestimación del caso ante su consideración. Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2011). Las cuestiones de 

jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con 

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que 

puede hacer es así declararlo. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 

DPR 216, 222 (2007). Véase, además, Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950). Al hacer esta determinación, 
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debe desestimarse la reclamación sin entrar en los méritos de la 

controversia. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco y otros, supra; 

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989). En 

consecuencia, la ausencia de jurisdicción es insubsanable. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción 

únicamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 264 (2018). Véase, 

además, Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854, 

859-860 (2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

882 (2007). A tenor con lo anterior, les corresponde a los tribunales 

ser los guardianes de su jurisdicción, independientemente de que la 

cuestión haya sido planteada anteriormente o no. Dávila Pollock et 

al. v. R.F. Mortgage and Investment Corp., 182 DPR 86, 97 (2011). 

Véase, además, Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, supra, pág. 

859; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.

B. Perfeccionamiento del recurso de revisión 

El perfeccionamiento del recurso de revisión está regulado en 

la Parte VII del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Específicamente, la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que:

Contenido del recurso de revisión

[...]

(C) Cuerpo 

(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en el orden aquí 

dispuesto, las partes siguientes: 

(a) En la comparecencia, el nombre de los recurrentes.

(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen la 

jurisdicción y la competencia del Tribunal.

(c) Una referencia a la decisión, reglamento o providencia 

administrativa objeto del recurso de revisión, la cual incluirá el 

nombre y el número del caso administrativo, organismo o la 

agencia o funcionario o funcionaria que la dictó, la Región Judicial 

correspondiente, la fecha en que fue dictada y la fecha en que se 

archivó en autos copia de su notificación a las partes. También, 
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una referencia a cualquier moción, resolución u orden mediante 

las cuales se haya interrumpido y reanudado el término para 

presentar el recurso de revisión. Además, se especificará cualquier 

otro recurso sobre el mismo caso o asunto que esté pendiente ante 

el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal Supremo a la fecha 

de presentación.

(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y de los 

hechos importantes y pertinentes del caso.

(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de 

la parte recurrente cometió el organismo, agencia o funcionario 

recurrido o funcionaria recurrida.

(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables.

(g) La súplica.

[...]

(E) Apéndice

(1) El recurso de revisión incluirá un Apéndice que contendrá una 

copia literal de: 

(a) Las alegaciones de las partes ante la agencia, a saber, la 

solicitud original, la querella o la apelación y las contestaciones a 

las anteriores hechas por las demás partes. 

(b) En el caso de la impugnación de una regla o reglamento, si no 

hubiere un trámite previo ante el foro administrativo, dicha regla o 

reglamento constituirá la primera parte del Apéndice. 

(c) La orden, resolución o providencia administrativa objeto del 

recurso de revisión que se solicita, incluyendo las determinaciones 

de hechos y las conclusiones de derecho en que esté fundada, 

cuando procedieren. 

(d) Toda moción, resolución u orden necesaria para acreditar la 

interrupción y reanudación del término para presentar el recurso 

de revisión. 

(e) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de cualquiera 

de las partes que forme parte del expediente original 

administrativo, en los cuales se discuta expresamente cualquier 

asunto planteado en el recurso de revisión o que sean relevantes a 

ésta. 

(f) Cualquier otro documento que forme parte del expediente 

original en la Agencia y que pueda ser útil al Tribunal de 

Apelaciones en la resolución de la controversia. 

(g) En caso de que en apoyo al recurso de revisión se haga 

referencia a una regla o reglamento, deberá incluirse en el Apéndice 

el texto de la regla o reglas, o la sección o secciones del reglamento 

que sea pertinente o pertinentes. 

(2) El tribunal podrá permitir, a petición del recurrente en el 

recurso, en moción o motu proprio, a la parte recurrente la 

presentación de los documentos a que se refiere el subinciso (1) 

con posterioridad a la fecha de presentación del recurso de 

revisión, dentro de un término de quince días contado a partir de 

la fecha de notificación de la resolución del tribunal que autoriza 

los documentos. 

La omisión de incluir los documentos del Apéndice no será causa 

de desestimación del recurso.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló en Morán v. Martí,

165 DPR 365, 366 (2005), la necesidad de discutir y fundamentar 
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los errores que se imputan al foro de instancia. Allí explicó que el 

promovente del recurso tiene la obligación de poner en posición al 

foro apelativo de aquilatar y jurisprudenciar el error señalado. Así 

pues, nuestro máximo Foro reconoció que “solamente mediante un 

señalamiento de error y una discusión, fundamentada, con 

referencia a los hechos y a las fuentes de derecho en que se sustenta, 

podrá el foro apelativo estar en posición de atender los reclamos que 

le plantean”. Además, señaló como más importante que “el craso 

incumplimiento con estos requisitos impide que el recurso se 

perfeccione adecuadamente privando de jurisdicción al foro 

apelativo”. Íd. 

Así, toda la reglamentación aplicable a los diversos recursos 

apelativos requiere que el escrito contenga un señalamiento breve y 

conciso de los errores que a juicio del promovente cometió el foro 

recurrido. H. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de PR, Derecho 

Procesal Apelativo, Ed. LexisNexis de PR Inc., Hato Rey, PR, (2001),

pág. 294. El cumplimiento de esa exigencia es importante porque el 

tribunal apelativo está obligado a considerar solamente los errores 

que el promovente señaló específicamente. Íd. No obstante, esa 

omisión no es fatal, si el litigante de facto alude de otro modo al error 

contenido y lo discute en su alegato. Íd. 

C. Incumplimiento con el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones

En lo pertinente, la Regla 83 (C), 4 LPRA Ap. XXII-B, del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que este foro podrá 

motu proprio, en cualquier momento, desestimar un recurso porque: 

(1) no tiene jurisdicción; (2) se presentó fuera del término establecido 

en ley y sin justa causa; (3) no se presentó con diligencia o buena 

fe; (4) es frívolo y surge claramente la falta de una controversia 

sustancial; (5) es académico.
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Las partes deben observar rigurosamente las disposiciones 

reglamentarias para el perfeccionamiento de los recursos ante los 

foros apelativos. M-Care Coumpounding et al v. Dpto. de Salud, 186 

DPR 159-176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 144 

(2008). Así, el incumplimiento con las disposiciones reglamentarias 

concernientes al contenido, forma y presentación de los recursos 

podría implicar que sean desestimados. Pueblo v. Valentín Rivera, 

197 DPR 636 (2017). Por lo tanto, conforme ha resuelto nuestro 

máximo Foro, la parte que comparece ante el Tribunal de 

Apelaciones, tiene la obligación de perfeccionar su recurso según lo 

exige el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para así colocar al 

foro apelativo en posición de poder revisar al tribunal de instancia. 

Morán v. Marti, supra. 

Así pues, la aplicación flexible del reglamento solo procede en 

situaciones muy particulares, en las cuales tal flexibilidad está 

plenamente justificada. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reconoció que el reglamento debía aplicarse flexiblemente, cuando 

se incumple con un requisito de forma de menor importancia.

Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 130 (1998). Asimismo, en Febles v. 

Romar, 159 DPR 714 (2003), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

advirtió que “el hecho de que las partes comparezcan por derecho 

propio, por sí solo, no justifica que incumplan con las reglas 

procesales”. 

III.

En el caso de epígrafe, el recurso presentado por la parte 

recurrente no es revisable. La parte recurrente incumplió 

sustancialmente con los requisitos reglamentarios para su 

perfeccionamiento, necesarios para que podamos asumir 

jurisdicción y atenderlo. Es decir, la parte recurrente incumplió con 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, al no incluir un 

señalamiento de error breve y conciso de los errores que a su juicio 
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cometió el foro administrativo. Tampoco realizó una relación fiel y 

concisa de los hechos procesales y de los hechos importantes y 

pertinentes del caso. Además, no discutió los errores que imputa a 

la agencia administrativa, ni incluyó las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicable en la que está fundamentada su solicitud 

de revisión. 

Asimismo, la parte recurrente no incluyó una discusión 

basada en fundamentos de hecho y derecho cuestionando la 

decisión de la agencia. Tal omisión, imposibilita que podamos 

aquilatar de forma adecuada la determinación de ese foro.

En fin, la ausencia de un señalamiento de error breve y 

conciso, de una relación fiel de los hechos procesales, de una 

discusión basada en fundamentos de hecho y de derecho, junto a la 

falta de la disposición legal aplicable, nos privan de jurisdicción para 

atender el recurso. 

IV.

Por los fundamentos antes expuesto, se desestima el recurso 

de revisión judicial por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones.

La Juez Brignoni Mártir concurre sin opinión escrita.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones