Número Identificador

SEN2024 ___________________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

RAFAEL ALFREDO 

CINTRÓN PERALES

Peticionario

Ex Parte

KLCE202301430

Consolidado

KLCE202400090

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Municipal de 

Guaynabo

Caso núm.:

GB2020CV00006 

(202)

Sobre: Carta 

Testamentaria 

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera 

Rivera Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

Comparece ante este tribunal apelativo el Lcdo. Rafael Cintrón 

Perales (licenciado Cintrón Perales o el peticionario) mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos la revocación de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guaynabo (el TPI), el 5 de octubre de 2023, notificada 

el 10 del mismo mes y año. También nos peticiona que revoquemos 

la Orden emitida el 19 de diciembre de 2023, notificada el 21 de 

diciembre siguiente.

1 Mediante estos dictámenes, el foro recurrido 

autorizó la intervención del Sr. José M. Toral Muñoz en 

representación de la Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa (los

recurridos), más decretó que el albacea tiene que presentar en el 

caso los informes trimestrales; así como copia de los estados de 

cuenta relacionados al caudal. 

1 Ambos recursos fueron consolidados. Véase nuestra Resolución del 24 de enero 

de 2024. 
KLCE202301430 cons. KLCE202400090 2

Por los fundamentos que expresaremos a continuación,

expedimos los autos de Certiorari solicitados y revocamos los

dictámenes recurridos. 

I.

El 3 de enero de 2020, el licenciado Cintrón Perales presentó 

una petición ex parte solicitando la expedición de cartas 

testamentarias para acreditar su autoridad legal como albacea de la 

sucesión del Sr. Rigoberto Figueroa Figueroa. El 5 de febrero de 

2020, el TPI expidió las cartas testamentarias según solicitadas.

El 25 de mayo de 2023, la Fundación Rigoberto Figueroa 

Figueroa (la Fundación), una organización sin fines de lucro

representada por su presidente, el Sr. José M. Toral Muñoz (señor 

Toral Muñoz), comparecieron mediante un escrito titulado Moción 

de Intervención y Solicitud Orden.

2 Alegaron que en el Testamento 

Abierto otorgado el 5 de abril de 2019, ante la Notario Lcda. Paola 

J. Figueroa Alemañy, el señor Figueroa Figueroa instituyó como 

única y universal heredera a la Fundación. En síntesis, adujeron

que el licenciado Cintrón Perales ha incumplido con su deber de 

rendir los informes trimestrales que requiere la ley. 

Así las cosas, el 6 de junio de 2023, el licenciado Cintrón 

Perales presentó un escrito titulado Urgente Oposición a Moción de 

Intervención y Solicitud de Orden, en el cual solicitó que se denegara 

la intervención, toda vez que por tratarse de un proceso ex parte esta 

no procedía.

3 Señaló que las cartas testamentarias solo van dirigidas

a su expedición, por lo que el recurso para solicitar los reportes 

financieros de la Fundación se debía presentar dentro de un proceso 

ordinario. Agregó, además, que la petición de intervención fue 

instada pasado más de un año desde que se otorgaron las cartas 

testamentarias, por lo que nunca se cuestionó la idoneidad del 

2 Véase el Apéndice del Recurso KLCE202301430, a las págs. 23-26.

3 Íd., a las págs. 27-33.
KLCE202301430 cons. KLCE202400090 3

albacea. También arguyó que el señor Toral Muñoz abandonó sus 

funciones como presidente de la Fundación y que los informes 

financieros de la fundación siempre han estado disponibles. 

El 28 de junio de 2023, el TPI concedió un término al

licenciado Cintrón Perales para presentar los informes trimestrales 

correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y el primer trimestre 

del 2023.4 A su vez, el foro primario señaló vista para el 12 de julio 

de 2023 para atender la petición de intervención solicitada por los 

recurridos. En cumplimiento con dicha Orden, el peticionario 

sometió los informes trimestrales del 2020 al 2023.

5

El 5 de octubre de 2023, el TPI dictó la Resolución recurrida

en la cual resolvió lo siguiente:6

1. Se autoriza la intervención del Dr. José M. Toral 

Muñoz como presidente de la Junta de Directores de la 

Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa, única y 

universal heredera del caudal.

2. El Albacea Rafael A. Cintrón Perales tiene la 

obligación, impuesta por ley, de someter al Tribunal 

Informes Trimestrales sobre su gestión.

3. Como representante de la Fundación, el interventor 

tiene derecho a examinar los Informes Trimestrales 

que, por disposición de ley, está obligado el Albacea 

someter al Tribunal.

El 25 de octubre de 2023, el peticionario sometió una moción

intitulada Moción de Reconsideración de la Resolución del Honorable 

Tribunal. A su vez, los recurridos sometieron su oposición. El 10 de 

noviembre de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar el petitorio.

7

El 15 de diciembre de 2023, los recurridos presentaron una 

Moción Urgente Solicitando Orden Sobre Informes en la cual adujeron

y citamos por su pertinencia:8

 Recientemente la parte interventora y heredera 

ha[n] tenido la oportunidad de examinar lo sometido 

por el albacea como supuestos informes trimestrales. 

Los mismos reflejan un craso incumplimiento con 

las obligaciones de informar sobre los ingresos y 

gastos del caudal hereditario. Los informes se limitan a 

4 Íd., a la pág. 78.

5 Véase el Apéndice Suplementario de los recurridos en el recurso 

KLCE202301430, a las págs. 063-088.

6 Véase el Apéndice del Recurso KLCE202301430, a la pág. 8. 

7 Íd., a la pág. 1. 

8 Véase el Apéndice Suplementario de los recurridos en el recurso 

KLCE202301430, a la pág. 089.
KLCE202301430 cons. KLCE202400090 4

mostrar totales de ingresos y gastos, desconociéndose 

de dónde provienen los ingresos y en qué el albacea 

está gastando el dinero de la herencia. [Énfasis 

nuestro]

Por tanto, los recurridos solicitaron al TPI que ordenara al

licenciado Cintrón Perales a producir copia de todos los estados de 

cuentas del caudal. Posteriormente, estos presentaron una moción 

suplementaria en la cual nuevamente cuestionaron la información 

sometida y la forma en que fueron realizados los informes.

9

El 21 de diciembre, el TPI dictó la Orden recurrida 

disponiendo:

10

 EVALUADA LA MOCI[Ó]N URGENTE SOLICITANDO 

ORDEN SOBRE INFORMES AS[Í] COMO EL ESCRITO 

SUPLEMENTARIO PRESENTADOS POR LA PARTE 

INTERVENTORA, RESOLVEMOS LO SIGUIENTE: 

CONSIDERANDO QUE EL ALBACEA 

INCUMPLI[Ó] CON LA OBLIGACI[Ó]N QUE LE 

IMPONE EL ART[Í]CULO 587 DEL C[Ó]DIGO DE 

ENJUICIAMIENTO CIVIL, SE DECLARA HA 

LUGAR LA SOLICITUD DE LOS 

INTERVENTORES. SE CONCEDE 20 D[Í]AS AL 

ALBACEA PARA QUE PROVEA COPIA DE LOS 

ESTADOS DE CUENTA RELACIONADOS Y/O 

CREADOS EN RELACI[Ó]N AL CAUDAL. [Énfasis 

nuestro]

Por último, el 10 de enero de 2024, el TPI dictó una Orden

señalando la vista para el 7 de febrero siguiente, a los efectos de que 

el peticionario muestre causa por la cual no deba ser encontrado 

incurso en desacato.

11

Inconforme con la Resolución del 5 de octubre de 2023 y con 

la Orden del 21 de diciembre de 2023, el peticionario acude ante este 

foro apelativo imputándole al foro de instancia la comisión de los 

siguientes errores:

A. KLCE202301430

PRIMERO: ERRÓ EL TPI AL ASUMIR JURISDICCIÓN 

EN UN PROCESO EX PARTE SOBRE CARTAS 

TESTAMENTARIAS YA INACTIVO, Y PERMITIR LA 

INTERVENCIÓN DE UNA PARTE, POR SÍ Y A NOMBRE 

DE LA FUNDACIÓN HEREDERA, PARA SOLICITAR LOS 

INFORMES TRIMESTRALES DE CUENTAS DEL 

9 Véase el Apéndice del Recurso KLCE202400090, a la pág. 16.

10 Íd., a la pág. 15. 

11 Íd., a la pág. 25.
KLCE202301430 cons. KLCE202400090 5

ALBACEA CUANDO DICHA INFORMACIÓN HA 

ESTADO DISPONIBLE Y A PESAR DE HABERSE 

IMPUGNADO LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL SR. 

JOSÉ TORAL COMO DIRECTOR EN DICHA ENTIDAD 

POR ABANDONO DE SUS CARGOS Y 

RESPONSABILIDADES, ASÍ COMO DE 

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.

SEGUNDO: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE ES 

OBLIGATORIO LA PRESENTACIÓN DE INFORMES 

TRIMESTRALES EN EL TRIBUNAL A PESAR DE SER LA 

FUNDACIÓN UN HEREDERO DETERMINADO.

TERCERO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONCLUIR QUE EL SR. TORAL MUÑOZ 

TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ESTE CASO PARA 

PRESENTAR UNA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN A 

NOMBRE DE LA FUNDACIÓN Y OBVIAR ASÍ EL 

PROCESO DE SOLICITUD PARA RADICAR PLEITOS A 

LA JUNTA DE DIRECTORES. 

B. KLCE202400090

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN E 

INCURRIÓ EN ERROR MANIFIESTO, AL DETERMINAR 

EN SU RESOLUCIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 

QUE EL ALBACEA HABÍA INCUMPLIDO CON LA 

OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 587 DEL 

CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL A PESAR DE 

HABER SOMETIDO LOS INFORMES. DE ESTA FORMA, 

DA PASO UNA IMPUGNACIÓN POR LA PARTE 

INTERVENTORA QUE REQUIERE UN 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ORDINARIO QUE 

GARANTICE UN DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

PERTINENTE, UNA VISTA PREVIA CON TODOS LOS 

DERECHOS PARA PRESENTAR PRUEBA A SU FAVOR 

Y CONTRAINTERROGAR TESTIGOS, LO CUAL 

CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL DEBIDO 

PROCEDIMIENTO DE LEY; ADEMÁS DE HABER 

ACTUADO SIN JURISDICCIÓN, CON PASIÓN, 

PREJUICIO, PARCIALIDAD Y ERROR MANIFIESTO; Y 

CUYAS DETERMINACIONES DE DERECHO ESTÁN EN 

CONFLICTO CON EL BALANCE MÁS RACIONAL, 

JUSTICIERO Y JURÍDICO DE LA CONTROVERSIA. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN E 

INCURRIÓ EN ERROR MANIFIESTO, AL DETERMINAR 

EN SU RESOLUCIÓN DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 

QUE EL ALBACEA DEBÍA PROVEER COPIA A LA 

PARTE INTERVENTORA DE LOS ESTADOS DE 

CUENTAS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA 

SUCESIÓN, A PESAR DE QUE ES EL PROPIO 

INTERVENTOR, SR. TORAL MUÑOZ, QUIEN ES 

PRESIDENTE Y TESORERO DE LA JUNTA DE 

DIRECTORES DE LA FUNDACIÓN RIGOBERTO 

FIGUEROA FIGUEROA QUIEN, CONFORME A SUS 

ESTATUTOS, ES EL QUE SE SUPONE TENGA A SU 

CARGO Y SEA CUSTODIO DE TODOS LOS ESTADOS 

DE LAS CUENTAS RELACIONADOS Y/O CREADOS EN 
KLCE202301430 cons. KLCE202400090 6

RELACIÓN AL CAUDAL, ACTUANDO EL TPI DE ESTE 

MODO CON PASIÓN, PREJUICIO, PARCIALIDAD Y 

ERROR MANIFIESTO; Y CUYAS DETERMINACIONES 

DE DERECHO ESTÁN EN CONFLICTO CON EL 

BALANCE MÁS RACIONAL, JUSTICIERO Y JURÍDICO 

DE LA CONTROVERSIA. 

El 18 de diciembre de 2023, los recurridos presentaron en el 

recurso KLCE202301430 un Memorando en Oposición a la 

Expedición de Auto de Certiorari. Posteriormente, presentaron una

Moción en Auxilio de Jurisdicción, la cual fue declarada No Ha 

Lugar.

12

De otra parte, en el recurso KLCE202400090 dictamos una 

Resolución el 24 de enero de 2024, ordenándole a los recurridos a 

expresarse en o antes del 31 de enero del año en curso. Ese mismo 

día, los recurridos presentaron un Memorando en Oposición a 

Expedición de Certiorari ... por entender que el mismo es repetitivo. 

También solicitaron la imposición del pago de las costas, gastos, 

honorarios de abogado y sanciones económicas. 

El 31 de enero de 2024, los recurridos instaron una Moción en

Cumplimiento de Orden en Oposición a la Expedición del Auto de 

Certiorari por lo que damos por cumplida nuestra Orden del 24 de 

enero y decretamos perfeccionado los recursos.

Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo;

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II.

El Auto de Certiorari

La Regla 52.2 (b) de las Reglas de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 52.2 (b), y la Regla 32(c) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (c), establece que 

el recurso disponible para revisar resoluciones finales en 

procedimientos de jurisdicción voluntaria dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia, tal como el caso de marras, lo es una petición 

12 Véase la Resolución del 28 de diciembre de 2023.
KLCE202301430 cons. KLCE202400090 7

de certiorari. Sin embargo, previo a ejercer debidamente nuestra 

facultad revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso 

de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (1999). Por supuesto, 

esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros 

que la dirija. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338

(2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596

(2011). 

Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera. (citas omitidas)”. SLG ZapataRivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). Así pues, se ha 

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional 

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no 

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna. 

(citas omitidas)”. Íd. A estos efectos, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, enmarca los criterios que debemos considerar al 

momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha 

regla establece lo siguiente:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
KLCE202301430 cons. KLCE202400090 8

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del 

foro recurrido. Además, es norma trillada que un tribunal apelativo

no intervendrá con las determinaciones discrecionales de un 

tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por este 

último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). También, los criterios antes 

transcritos sirven de guía para poder determinar, de manera sabia 

y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la etapa del 

procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

Jurisdicción voluntaria y las Cartas Testamentarias 

En Puerto Rico hay una distinción entre los asuntos de 

jurisdicción voluntaria y los de jurisdicción contenciosa. RPR & BJJ,

Ex Parte, 207 DPR 389, 404 (2021). La jurisdicción voluntaria se 

define como “[a]quella en que no existe controversia entre las partes; 

la que no requiere la dualidad de las mismas”. G. Cabanellas, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ed. Heliasta, Tomo 

V,1994, a la pág. 54. Se entiende, además, como “aquel ámbito de 

asuntos en que, por disposición de ley y a solicitud de los interesados, 

se requiere la intervención del juez para su tramitación, aun cuando no 

se promueva controversia alguna entre las partes.” [nota al calce 

omitida].” RPR & BJJ, Ex Parte, supra. Incluso, el inciso (b) de la 

Regla 3.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

3.1, establece que: 
KLCE202301430 cons. KLCE202400090 9

(b) El tribunal tendrá facultad para conocer de los 

procedimientos de jurisdicción voluntaria. Se podrá 

acudir al tribunal con un recurso de jurisdicción 

voluntaria con el fin de consignar y perpetuar un hecho 

que no sea objeto de una controversia judicial en ese 

momento y que no pueda resultar en perjuicio de una 

persona cierta y determinada. [Énfasis nuestro]

De otra parte, como es sabido el albacea es la persona 

designada por el testador para ejecutar su última voluntad. Pino 

Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 389 (1993). En lo 

aquí pertinente, el Artículo 597 del Código Enjuiciamiento Civil de 

1933, 32 LPRA sec. 2571, dispone: 

Todo albacea que acepte el nombramiento hecho a 

su favor en un testamento deberá entregar al 

funcionario en cuya oficina se halla protocolado el 

testamento una aceptación del cargo por escrito, 

acompañada de un juramento, también por escrito, 

comprometiéndose a cumplir, del mejor modo que le 

fuere dable, sus obligaciones como albacea, sin lo cual 

no podrá hacerse cargo de los bienes del finado. La sala 

del Tribunal de Primera Instancia de la última 

residencia del finado o del lugar en que radican sus 

bienes, mediante la presentación de una certificación 

del notario u otro funcionario competente, en que 

conste haberse archivado dicha aceptación y juramento 

oficial, expedirá cartas testamentarias a favor del 

albacea, las cuales constituirán prueba de su 

autoridad. Tan pronto como un administrador haya 

prestado su fianza y juramento oficial, el juez o tribunal 

que lo hubiere nombrado expedirá a su favor cartas de 

administración bajo su sello, en testimonio de su 

autoridad. [Énfasis nuestro]

En Vilanova et. al v. Vilanova et. al, 184 DPR 824, 858 (2012) 

nuestro alto foro reiteró que, en la mayoría de los casos, el 

procedimiento para la expedición de las cartas testamentarias es 

uno de jurisdicción voluntaria, que se tramita en el despacho del 

juez de primera instancia sin mayores incidentes. Además, en RPR 

& BJJ, Ex Parte, supra, el Tribunal Supremo reiteró que: “En un 

caso de jurisdicción voluntaria “no se promueve acción alguna entre 

partes conocidas y determinadas. Los peticionarios son los únicos 

interesados en el remedio que se solicita. [...]” Íd., a la pág. 405.

Por otra parte, si bien un procedimiento de jurisdicción 

voluntaria pudiera convertirse en uno contencioso, cuando 

compareciera una parte oponiéndose o pretendiendo un interés 
KLCE202301430 cons. KLCE202400090 10

adverso, dicho trámite debe llevarse de forma tal que garantice los 

postulados de la Regla 1 de Procedimiento Civil y debe estar libre de 

formalismos. Íd., a las págs. 405-406. En los casos de carta 

testamentarias se ha permitido la oposición de una parte a los 

únicos efectos de impugnar la idoneidad del albacea nombrado. 

En esa situación, “... lo que procede es convertir el proceso en uno 

contencioso y seguir el trámite ordinario”. Vilanova et. al v. Vilanova 

et. al, a la pág. 858. 

III.

En esencia, el licenciado Cintrón Perales argumentó que el 

foro de primera instancia erró al permitir que el procedimiento de 

jurisdicción voluntaria de Cartas Testamentarias se convirtiera en 

un procedimiento contencioso al permitir la intervención de los 

recurridos. Por otra parte, planteó que el señor Toral Muñoz no 

puede instar pleitos a nombre la Fundación sin una Resolución 

Corporativa que así lo autorice. 

Examinados los recursos al palio de los criterios de la Regla 

40, determinamos expedir por entender que la etapa en que se 

encuentra el procedimiento es el más propicio para su 

consideración. De igual manera, los remedios y la disposición de las 

decisiones recurridas son contrarios a derecho. Por estar los errores 

relacionados entre sí, los discutiremos conjuntamente. 

De umbral destacamos que no existe duda alguna en cuanto 

al hecho de que el Albacea Testamentario tiene unos deberes 

respecto a los bienes del causante, esto es, la formación de 

inventario, rendir cuentas trimestrales y rendir la cuenta final.

13 Sin 

embargo, estos difieren del procedimiento para la expedición de las 

cartas testamentarias.14 Nos explicamos. 

13 Véanse, los Artículos 568, 587 y 588 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA secs. 2401, 2511 y 2512, respectivamente.

14 A manera persuasiva véase Yolenis L. Simoza González, EX PARTE

KLCE201701472. 
KLCE202301430 cons. KLCE202400090 11

De las mociones presentadas ante el foro recurrido surge con 

meridiana claridad que los asuntos planteados por la Fundación 

constituyen una genuina controversia que amerita ser atendida en 

un procedimiento contencioso. Si bien la Fundación es la única y 

universal heredera de los bienes del Sr. Rigoberto Figueroa Figueroa,

y tiene el derecho a ser informada de las gestiones realizadas por el 

peticionario, el procedimiento de jurisdicción voluntaria no es el 

adecuado para impugnar su incumplimiento como albacea.

Además, no se cumple con los postulados de la Regla 1 de las Reglas 

de Procedimiento Civil permitir que en el presente caso se ventile 

una causa de acción ordinaria predicada en la alegada falta al deber 

de fiducia y lealtad del aquí peticionario como albacea. En este 

sentido, resulta improcedente atender sus reclamos dentro de un 

proceso no contencioso, el cual ya culminó con la expedición de 

las cartas testamentarias. En consecuencia, erró el TPI al conceder 

la intervención de la Fundación tres años después de haber sido 

expedidas las cartas testamentarias a favor del peticionario. 

Constituye un error de derecho permitir que el caso de epígrafe se 

convierta en un pleito adversativo, cuando a todas luces, será uno 

extremadamente contencioso. 

De otro lado, puntualizamos que también existe una 

controversia genuina en cuanto a la legitimación del señor Toral 

Muñoz para instar una causa de acción como presidente de la 

Fundación sin la autorización de la Junta de Directores (la Junta)

emitida mediante una Resolución Corporativa. Incluso, en sus 

escritos el peticionario argumentó que en contra del señor Toral 

Muñoz se instó una demanda por el abandono de sus funciones en 

la Fundación. Sin duda alguna de estas alegaciones, unidas a los 

escritos y documentos presentados ante esta Curia, surge una 

disputa genuina entre el peticionario y el señor Toral Muñoz, quien 

fue originalmente nombrado como tesorero en la Junta por el Sr. 
KLCE202301430 cons. KLCE202400090 12

Rigoberto Figueroa Figueroa (QEPD), que requiere se dilucide en un 

pleito independiente. Por lo cual, existe controversia en cuanto a que 

la Junta haya sido constituida conforme a los Estatutos Corporativos 

(By Laws) de la Fundación.15 Al respecto, precisamos que en el 

Artículo 13, inciso 1, de los Estatutos Corporativos (By Laws) se 

estableció que la Junta es la encargada del gobierno, administración 

y representación de la Fundación.16 En fin, forzoso es concluir, que 

las controversias aquí trabadas requieren la autorización de la 

Junta de Directores para poder llevar a cabo la intervención judicial. 

Asunto que no puede ser atendido en un procedimiento de 

jurisdicción voluntaria. 

Por último, solo nos resta advertir que, con respecto a los 

señalamientos de la obligación del albacea de presentar las cuentas 

trimestrales, la misma está mandatada por el Artículo 587 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, supra. De igual manera, este 

precepto exige ponerlas de manifiesto en la secretaría del tribunal 

“a disposición de cualquiera de las partes.” Íd. No obstante, este 

mandato legal, reiteramos que cualquier controversia que surja de 

estos informes, así como la imputación de faltas al albacea son 

reclamos a ser dilucidados en un pleito independiente. Por ende, se 

hace menester apuntalar que el foro a quo actuó incorrectamente al 

exigir presentar dichos informes y, más aún, dilucidar las 

controversias relativas a estos dentro de la petición de las cartas 

15 Obsérvese que en el Memorando en Cumplimiento de Orden ... los recurridos 

señalan que “Cintrón Perales intentó tomar control de la Fundación haciéndose 

pasar falsamente como miembro de su Junta de Directores...” Además, se 

describió al aquí peticionario como uno “incumplidor y recalcitrante.” Íd., a las 

págs. 1 y 2.

16 Véase el Apéndice del Recuso KLCE202301430, a la pág. 63. Asimismo,

destacamos que la Junta estará compuesta de tres (3) miembros que ocuparán 

los cargos de presidente, tesorero y secretario. En un principio la Junta de 

Directores estuvo compuesta por su presidente y miembro fundador el Sr. Ricardo 

Figueroa Figueroa (QEPD), el señor Toral Muñoz como tesorero y el Sr. Juan 

Cancel Alegría como Secretario. En el Artículo 15 inciso 1 de los By Laws el 

Miembro Fundador designó como sucesor en caso de renuncia, incapacidad o 

muerte al Sr. Juan Carlos Vega Martínez. Así, “[u]na vez integrado el Sr. Vega 

Martínez a la Junta de Directores, sus miembros elegirán un nuevo Presidente.”

Íd., a la pág. 64. 
KLCE202301430 cons. KLCE202400090 13

testamentarias. Esto, especialmente, y como explicamos, nunca se 

impugnó la idoneidad del peticionario como albacea en dicho 

proceso de jurisdicción voluntaria y se habían expedido las cartas 

testamentarias más de tres (3) años anteriores a la petición de 

intervención. 

En conclusión, los errores señalados se cometieron. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos los recursos 

de epígrafe, y revocamos los dictámenes aquí recurridos. En 

consecuencia, decretamos que las partes deberán instar las causas 

de acción que incluyan sus reclamos de manera independiente

según lo antes resuelto. Asimismo, advertimos que el Sr. Rafael 

Cintrón Perales deberá cumplir con su responsabilidad de presentar

en la Secretaría del foro primario los informes trimestrales, según 

exige el Código de Enjuiciamiento Civil, supra, y conforme a lo 

previamente determinado. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones