Número Identificador

RES2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

HACIENDA TULIPANES INC 

Y OTROS

Peticionario

v.

CRIADERO LA GLORIA INC 

Y OTROS

Recurrido

KLCE202400745

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Caguas

Civil Núm.:

CG2023CV00717

Sobre:

Daños y otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente 

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2024.

Comparecen Hacienda Tulipanes, Inc., Florencio Berríos 

Castodad, Irma Sara Casillas Santos y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (peticionarios) y nos solicitan 

que revoquemos dos resoluciones interlocutorias notificadas por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI o foro primario). 

Mediante el primer pronunciamiento recurrido, emitido el 22 de 

mayo de 2024, el foro primario dejó sin efecto una vista señalada y 

declaró ha lugar una Moción informativa presentada por Edgardo 

Vélez Ríos, Gloribel Miranda Navarro, Criadero La Gloria, Inc. y 

Crazy House, Inc.,

1 (recurridos). Luego, al atender una solicitud de 

reconsideración sobre el referido dictamen, el foro primario notificó 

una orden, en la que dispuso lo siguiente: “Informen las partes la 

determinación en relación a consolidación presentada en el caso 

más antiguo CG2022CV01555, sala 702.”

1 Apéndice, pág. 222.
KLCE202400745 2

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,2

estamos en posición de resolver. 

De un examen sosegado del recurso ante nos, y en particular,

el cuadro fáctico procesal que surge del apéndice se colige que, el 

recurso según presentado resulta prematuro, lo cual incide sobre 

nuestra jurisdicción. Veamos.

I.

La demanda de epígrafe versa sobre alegados 

incumplimientos de contrato y daños ocasionados por los 

demandados en su manejo de un contrato de arrendamiento de la 

Hacienda Tulipanes, Inc., así como posteriores subarrendamientos

y los presuntos actos ilegales perpetrados que resultaron en dolo 

contractual. De otra parte, es importante señalar que, mediante un 

pleito independiente entre las mismas partes (CG2022CV01555), se 

dilucida una acción de cobro de dinero por cánones de 

arrendamiento adeudados, entre otros asuntos. 

Conforme surge del expediente y atinente a la causa ante nos, 

se presentó una solicitud de consolidación de pleitos en el caso más 

antiguo. Pendiente lo anterior, las partes continuaron el 

procedimiento de rigor, conforme el manejo del caso autorizado por 

el TPI en el caso de epígrafe. 

Culminadas ciertas incidencias3 que no son necesarias 

pormenorizar, el TPI entretuvo una Moción solicitando orden 

protectora instada por los recurridos.4 En esencia, objetaron los 

reiterados requerimientos de admisiones dirigidas a la Sra. Miranda, 

toda vez que, a su entender, el mismo ya había sido contestado. En 

reacción a este y otros asuntos, el foro primario señaló una vista a 

celebrarse el 22 de mayo de 2024.

5 En reacción, los recurridos 

2 El 16 de agosto de 2024, la parte recurrida presentó su Alegado en Oposición.

3 Véase lo resuelto por este panel en el KLCE20230798. Apéndice, págs. 94-102.

4 Apéndice, págs. 217-218.

5 Apéndice, págs. 220-221.
KLCE202400745 3

presentaron una Moción informativa el 16 de mayo de 2024 en la que 

informaron sobre la Moción de consolidación pendiente en el otro 

pleito y, a esos efectos, solicitaron la paralización de los procesos y 

reiteraron su súplica para la expedición de la referida orden 

protectora a su favor.

6

A lo antes, se opuso la otra parte. Sostuvo que, no procede 

paralizar los procesos y coartarle el derecho a un descubrimiento de 

prueba amplio. Suplicó al foro primario que, dejara sin efecto la 

paralización de los procesos y diera por admitidos los 

requerimientos de admisiones en controversia. Evaluado lo anterior, 

el TPI emitió una Resolución el 22 de mayo de 2024 en la que 

resolvió: “Ha lugar. Se deja sin efecto la vista del 22 de mayo de 

2024”.

7 Inconforme la peticionaria solicitó reconsideración.

No obstante, en atención al petitorio de reconsideración, el TPI 

se limitó a ordenar a las partes a informar sobre la solicitud de 

consolidación pendiente en el otro pleito (CG2022CV01555).8 De un 

análisis del referido dictamen nos resulta evidente que, el foro 

primario no ha resuelto el petitorio en reconsideración pendiente 

ante su consideración. De esta forma, nos impide la revisión 

apelativa solicitada. Nos explicamos.

II.

A. La jurisdicción

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Municipio de Aguada v. 

W. Construction, LLC y otro, 2024 TSPR 69, resuelto el 21 de junio 

de 2024. Es por ello, que, la falta de jurisdicción de un tribunal 

incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia. Íd.; Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 

385 (2020). 

6 Apéndice, págs. 222-223.

7 Apéndice, pág. 230.

8 Apéndice, pág. 241.
KLCE202400745 4

Por consiguiente, el primer factor a considerar en toda 

situación jurídica que se presente ante un foro adjudicativo es el 

aspecto jurisdiccional. R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, 2024 TSPR 24, 

resuelto el 13 de marzo de 2024. Ello, pues los tribunales tienen la 

responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, su 

propia jurisdicción, así como la del foro de donde procede el recurso 

ante su consideración. Municipio de Aguada v. W. Construction LLC 

y otro, supra.

En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo 

ha expresado que, los tribunales tenemos el deber de proteger 

nuestra jurisdicción, sin poseer discreción para asumirla donde no 

la hay. Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). A esos efectos, 

las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser 

resueltas con preferencia. Íd. A causa de ello, al cuestionarse la 

jurisdicción de un tribunal por alguna de las partes o, incluso, 

cuando no haya sido planteado por éstas, dicho foro examinará y 

evaluará, con rigurosidad, el asunto jurisdiccional como parte de su 

deber ministerial, pues este incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Municipio de Aguada v. W. 

Construction, LLC y otro, supra.

Como se sabe, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Pueblo v. Rivera 

Ortiz, 209 DPR 402 (2022). Ello, pues su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, ya que en ese momento 

todavía no ha nacido autoridad judicial o administrativa para 

acogerlo. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 503 (2019). 

De ese modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta declararlo

así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la 

controversia. Municipio de Aguada v. W. Construction LLC y otro,

supra. Es decir, procede la inmediata desestimación del recurso 
KLCE202400745 5

apelativo, según lo dispuesto en las leyes y los reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos. Allied Mgmt. Group v. Oriental 

Bank, supra.

A esos efectos, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), faculta al foro apelativo a 

actuar por iniciativa propia para desestimar un recurso apelativo 

ante la ausencia de jurisdicción. La falta de jurisdicción es un 

defecto que no puede ser subsanado. Íd. Cabe señalar, sin embargo, 

que "la desestimación de un recurso por prematuro le permite a la 

parte que recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado 

resuelve lo que estaba ante su consideración". PR Eco Park et al. v. 

Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 538 (nota 25) (2019), citando a Yumac 

Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 107 (2015).

B. La moción de reconsideración y su efecto interruptor

En términos generales, una moción de reconsideración 

permite que, la parte afectada por un dictamen judicial pueda 

solicitar al tribunal que considere nuevamente su decisión antes de 

apelar o de acudir en revisión judicial. De igual manera, el petitorio 

de reconsideración viabiliza que, un foro adjudicativo enmiende o 

corrija los errores cometidos al emitir su dictamen. Div. Empleados 

Públicos UGT v. CEMPR, 212 DPR 742 (2023).

Cónsono con lo anterior, la Regla 47 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 47, lee:

La parte adversamente afectada por una orden o 

resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá 

presentar, dentro del término de cumplimiento estricto 

de quince (15) días desde la fecha de la notificación de 

la orden o resolución, una moción de reconsideración 

de la orden o resolución. 

La parte adversamente afectada por una sentencia del

Tribunal de Primera Instancia podrá presentar, dentro 

del término jurisdiccional de quince (15) días desde la 

fecha de archivo en autos de copia de la notificación de 

la sentencia, una moción de reconsideración de la 

sentencia. 

La moción de reconsideración debe exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 
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derecho que el promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 

relacionadas con las determinaciones de hechos 

pertinentes o conclusiones de derecho materiales. 

La moción de reconsideración que no cumpla con las 

especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” 

y se entenderá que no ha interrumpido el término para 

recurrir. 

Una vez presentada la moción de reconsideración 

quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 

alzada para todas las partes. Estos términos 

comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que 

se archiva en autos copia de la notificación de la 

resolución resolviendo la moción de reconsideración. 

La moción de reconsideración se notificará a las demás 

partes en el pleito dentro de los quince (15) días 

establecidos por esta regla para presentarla ante el 

tribunal de manera simultánea. El término para 

notificar será de cumplimiento estricto. (Énfasis 

nuestro.)

Como vemos, la citada Regla 47 establece que, el término de 

revisión judicial puede ser interrumpido por una oportuna y 

fundamentada solicitud de reconsideración. Simons y otros v. Leaf 

Petroleum Corp., 209 DPR 216 (2022). Sobre el particular, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que, el efecto interruptor de la moción 

de reconsideración siempre está sujeto a que se cumplan los 

requerimientos de la Regla 47. Div. Empleados Públicos UGT v. 

CEMPR, supra. A esos efectos, y citando a Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 DPR 1, 8 (2014), nuestro más Alto Foro expresó 

que, al determinar si un petitorio de reconsideración interrumpe el 

término para acudir en revisión judicial, el criterio rector es la 

especificidad. Simons y otros v. Leaf Petroleum Corp., supra. De 

manera que, si una moción cuestiona razonablemente un dictamen 

y fundamenta su planteamiento cumple con la Regla 47. Íd.

III.

En el presente recurso, los peticionarios invocan nuestra 

jurisdicción para que revisemos tanto la Resolución del foro 

primario, mediante la cual declaró ha lugar la Moción informativa

presentada por los recurridos y en su consecuencia, autorizó una 
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orden protectora y dejó sin efecto la vista señalada, así como otra 

Orden en la que solicita que las partes informen sobre la

consolidación pendiente en otro pleito. Puntualizamos que, al 

examinar el expediente ante nuestra consideración nos percatamos 

de un asunto de índole jurisdiccional que amerita nuestra atención 

con prioridad, y así procedemos.

Se colige del tracto procesal que, el foro primario señaló una 

vista a celebrarse el 22 de mayo de 2024, en atención a una 

controversia sobre el descubrimiento de prueba.9 Más adelante, los 

recurridos presentaron una Moción Informativa. En esta, le 

notificaron al TPI, la presentación de una solicitud de consolidación 

en el caso más antiguo (CG2022CV01555). Por consiguiente, le 

solicitaron al foro primario dejar sin efecto la vista señalada, la 

paralización del proceso y que emitiera una orden protectora en 

torno al descubrimiento de prueba.

Así las cosas, el foro primario declaró ha lugar la moción 

presentada y dejó sin efecto la vista señalada. En reacción, los 

peticionarios instaron una Moción de Reconsideración de Resolución 

de 22 de mayo de 2024 (DKT.146), el 3 de junio de 2024. En su 

petitorio de reconsideración, de forma específica y fundamentada, 

los peticionarios le solicitaron al TPI la continuación de los procesos 

con el señalamiento de la vista en su fondo. A su vez, argumentaron 

que no procedía la concesión de una orden protectora y tampoco la 

paralización del caso. Por otro lado, expusieron que la solicitud de 

consolidación presentada en el otro pleito no había sido resuelta. 

Luego de examinar el petitorio de reconsideración, el cual 

cumple con las especificidades de la Regla 47 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, el TPI emitió una Orden mediante la cual

expuso lo siguiente: “Informen las partes la determinación en 

relación a consolidación presentada en el caso más antiguo 

9 Apéndice, págs. 220-221.
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CG2022CV01555, sala 702”. Entiéndase que, el foro primario sólo 

le requirió a las partes, que informaran la determinación, si alguna,

sobre la solicitud de consolidación presentada en el otro pleito. Sin 

embargo, nos resulta evidente que el TPI no atendió ni adjudicó la 

solicitud de reconsideración instada por los peticionarios en torno a 

la determinación de dejar sin efecto la vista, la procedencia de una 

orden protectora y la paralización del caso. 

En consideración a lo anterior, y nuestro deber de auscultar 

nuestra jurisdicción, como un asunto de umbral, colegimos que, 

hasta tanto el TPI no adjudique los planteamientos expuestos por 

los peticionarios, los términos para recurrir en revisión judicial ante 

esta Curia no habrán de comenzar a decursar. Colón Burgos v. 

Marrero Rodríguez, 201 DPR 330 (2018); Mun. Rincón v. Velázquez 

Muñiz y otros, 192 DPR 989 (2015); Morales y otros v. The Sheraton 

Corp., 191 DPR 1 (2014).

De manera que, nuestra intervención en esta etapa, sobre el 

caso y la controversia de marras, resulta prematura. Finalmente, un 

recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre. Lo anterior, por cuanto su presentación 

carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno, ya que en ese 

momento todavía no ha nacido autoridad judicial para acogerlo. 

Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 501. Ante un tribunal 

que carece de jurisdicción, solo resta declararlo así y desestimar la 

reclamación, sin atender los méritos de la controversia. Íd. A esos 

efectos, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, nos faculta a actuar por iniciativa propia para desestimar un 

recurso apelativo ante la ausencia de jurisdicción.

IV.

En atención a lo previamente discutido, desestimamos el 

recurso instado por falta de jurisdicción ante su presentación 

prematura.
KLCE202400745 9

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones