Número Identificador

SEN2024__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

AWILDA GONZÁLEZ CRUZ

Apelante

 

v.

PEDRO JOSÉ DE PEDRO 

MARTÍNEZ

Apelado

KLAN202301092

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala

Superior de Bayamón

Civil Núm.:

GB2019CV01507 (505)

Sobre:

Liquidación de 

Comunidad de Bienes

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

S E N T EN C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2024.

Comparece ante nos la señora Awilda González Cruz (señora 

González Cruz o apelante) mediante recurso de apelación y solicita

la revisión de la Sentencia Parcial emitida y notificada el 25 de agosto 

de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI o foro primario). Mediante el referido dictamen, el TPI

declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial

presentada por el señor Pedro José De Pedro Martínez (señor De 

Pedro Martínez o apelado). En consecuencia, el foro primario 

determinó que treinta (30) acciones de Refrigerama, Inc. 

(Refrigerama) y treinta y seis (36) acciones de Empresas R&D de 

Puerto Rico, Inc. (Empresas R&D), fueron adquiridas por el señor 

De Pedro Martínez, mediante donación de su padre y, por lo tanto, 

son privativas.

Por los fundamentos que exponemos a continuación,

confirmamos el recurso presentado.
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I.

Según surge del expediente ante nos, la señora González Cruz

y el señor De Pedro Martínez contrajeron matrimonio el 13 de 

noviembre de 1971. Posteriormente, el 4 de marzo de 2019, el señor 

De Pedro Martínez presentó demanda de divorcio por la causal de 

ruptura irreparable ante el TPI. Consecuentemente, el 15 de julio de 

2019, notificada el 23 de julio de 2019, el TPI emitió una Sentencia

mediante la cual decretó roto y disuelto el vínculo matrimonial.

El 20 de noviembre de 2019, la señora González Cruz presentó

Demanda1 sobre liquidación de bienes contra el señor De Pedro 

Martínez. En esencia, reclamó liquidar la comunidad de bienes

procedente de la extinta sociedad legal de gananciales compuesta 

por la apelante y el apelado y desglosó los bienes en común entre 

estos, incluyendo las acciones en las compañías Refrigerama y 

Empresas R&D.

El 4 de febrero de 2020, el señor De Pedro Martínez presentó 

Contestación a Demanda y Reconvención2. En su contestación a 

demanda, alegó afirmativamente que las acciones de Refrigerama y 

Empresas R&D son privativas, así como los dividendos que fueron 

declarados luego de la separación de las partes. En su reconvención, 

adujo que tiene créditos a su favor, los cuales estima en una suma 

no menos de $200,000.00. 

El 23 de febrero de 2020, la señora González Cruz presentó 

su Contestación a Reconvención3 en la que negó la mayoría de las 

alegaciones en su contra.

1 Apéndice del recurso, págs. 6-9.

2 Apéndice del recurso, págs. 14-24.

3 Apéndice del recurso, págs. 28-37.
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Eventualmente, el 1 de diciembre de 2022, el señor De Pedro 

Martínez presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial4, en la 

cual abordó la controversia sobre si las 30 acciones de Refrigerama 

y las 36 acciones de Empresas R&D eran de carácter privativo o 

ganancial. En síntesis, adujo que dichas acciones las adquirió 

mediante donación de su padre y, por ende, son privativas. El 

apelado acompañó su moción con varios documentos corporativos e 

incluyó una Certificación de Cancelación de Gravamen emitida por 

el Departamento de Hacienda de Puerto Rico el 31 de diciembre de 

2003 con un anejo en el que se detalla la donación de treinta y seis

(36) acciones de Empresas R&D y treinta (30) acciones de 

Refrigerama, ambas de parte del señor Raúl De Pedro Villamil a favor 

de su hijo, el señor De Pedro Martínez5.

Por su parte, el 21 de diciembre de 2022, la señora González 

Cruz presentó una Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

Parcial6. Argumentó que el apelado no probó la inexistencia de 

controversias de hecho y de derecho que demuestren el carácter 

privativo de las acciones adquiridas durante el matrimonio. 

El 24 de enero de 2023, el señor De Pedro Martínez presentó 

Réplica a “Oposición A Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

Parcial7. Adujo que la apelante no cumplió con las exigencias y 

requisitos que establece la Regla 36.3 de Procedimiento Civil8 y la 

jurisprudencia en cuanto a la oposición a una moción de sentencia 

sumaria. Además, el apelado reiteró su planteamiento respecto a 

que las acciones en controversia son privativas. El 13 de febrero de 

2023, la señora González Cruz presentó una Dúplica y Oposición a 

Réplica a Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria9. En 

4 Apéndice del recurso, págs. 56-94.

5 Apéndice del recurso, págs. 69-71.

6 Apéndice del recurso, págs. 95-183.

7 Apéndice del recurso, págs. 187-216.

8 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.

9 Apéndice del recurso, págs. 222-242.
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síntesis, sostuvo que la prueba presentada por el apelado no derrota 

la presunción de ganancialidad de las acciones, por lo que procede 

declarar no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial. 

Evaluadas las mociones presentadas por las partes, el 25 de 

agosto de 2023, el foro primario emitió y notificó Sentencia Parcial10, 

en la cual declaró “Ha Lugar” la sentencia sumaria parcial 

presentada por el señor De Pedro Martínez y estableció las 

siguientes determinaciones de hechos:

1. Refrigerama, Inc. es una corporación registrada bajo las 

leyes de Puerto Rico, el 25 de septiembre de 1959.

2. Empresas R & D de Puerto Rico, Inc., es una corporación 

registrada bajo las leyes de Puerto Rico, el 1 de noviembre 

de 1996.

3. Las partes de epígrafe contrajeron nupcias el 13 de 

noviembre de 1971, bajo el régimen de Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales. 

4. Durante el matrimonio, las partes adquirieron bienes y 

deudas con cargo a la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales.

5. El 30 de junio de 1999, el Sr. Pedro De Pedro Martínez, 

adquirió 30 acciones de Refrigerama por vía de donación.

6. Además, el 30 de junio de 1999, el Sr. Pedro De Pedro 

Martínez, adquirió 36 acciones de Empresas R & D de 

Puerto Rico, Inc., por vía de donación.

7. El 23 de julio de 2019, el tribunal notificó la Sentencia 

emitida el 15 de julio de 2019, mediante la cual declaró 

roto y disuelto el vínculo matrimonial habido entre el Sr. 

Pedro De Pedro Martínez y doña Awilda González.

8. En marzo del 2020, Refrigerama declaró dividendos a favor 

de varios accionistas, incluyendo al Sr. Pedro De Pedro 

Martínez, por 52 acciones, a razón de $2,252.25 por 

acción.

9. Conforme la certificación bajo juramento provista por 

Refrigerama, así como sus respectivos anejos, el Sr. Pedro 

De Pedro Martínez es titular de una cantidad mayor de 

30 acciones de Refrigerama.

10. En marzo del 2020, Empresas R & D declaró dividendos 

por 63 acciones a favor del Sr. Pedro De Pedro Martínez, 

a razón de $1,111.11 por acción.

11. Conforme la certificación bajo juramento, provista por 

Empresas R & D, el Sr. Pedro De Pedro Martínez es titular 

de una cantidad mayor de 36 acciones de Empresas R & 

D.

12. Refrigerama y Empresas R & D han consignado en el 

Tribunal de Puerto Rico varias sumas de dinero, producto 

del pago de dividendos de cada una de dichas entidades.

13. Durante el presente pleito, la parte demandantereconvenida se ha negado a reconocer que las acciones 

aquí identificadas son privativas del Sr. Pedro De Pedro 

Martínez.

En desacuerdo con la determinación, el 8 de septiembre de 

2023, la señora González Cruz presentó una Moción Solicitando 

10 Apéndice del recurso, págs. 246-255.
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Reconsideración a Sentencia Sumaria Parcial11. El 3 de noviembre de 

2023, el señor De Pedro Martínez compareció mediante Oposición a 

Moción de Reconsideración12. En vista de lo anterior, el 7 de 

noviembre de 2023, el TPI emitió una Resolución y Orden13 en la que 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.

Inconforme aún, el 6 de diciembre de 2023, la señora González 

Cruz presentó el recurso de Apelación que nos ocupa, en el cual 

imputó al TPI la comisión del siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia 

Sumaria Parcial declarando que las acciones de las 

Empresas Refrigerama y Empresas R&D son de carácter 

privativo del demandado recurrido.

El 8 de enero de 2024, el señor De Pedro Martínez compareció 

mediante Alegato en Oposición a Apelación Civil. Con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

II.

-AEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en varias 

ocasiones que la sentencia sumaria es un remedio extraordinario y 

discrecional que sólo se debe conceder cuando no existe una 

controversia genuina de hechos materiales y lo que resta es aplicar 

el derecho14. En términos generales, al dictar sentencia sumaria, el 

tribunal deberá hacer lo siguiente:

(1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de 

sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en 

oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; 

(2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún 

hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna 

por los documentos15. 

Analizados estos criterios, el tribunal no dictará sentencia 

sumaria cuando existan hechos materiales y esenciales 

11 Apéndice del recurso, págs. 256-268.

12 Apéndice del recurso, págs. 269-285.

13 Apéndice del recurso, págs. 1-2.

14 Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 39 (2004).

15 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).
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controvertidos; cuando haya alegaciones afirmativas en la demanda 

que no han sido refutadas; cuando surja de los propios documentos 

que acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, o cuando como cuestión de derecho, no 

procede16. La sentencia sumaria se puede dictar a favor o en contra 

de la parte que la solicita, según proceda en Derecho17.

Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del mecanismo 

de sentencia sumaria tiene que ser mesurado y solo procederá 

cuando el tribunal quede claramente convencido de que tiene ante 

sí documentos no controvertidos18. Es importante mencionar que, 

este Tribunal utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar si procede una moción de sentencia 

sumaria19.

Los criterios que este foro intermedio debe tener presentes al 

atender la revisión de una sentencia sumaria son los siguientes: 

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario;

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como 

su oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la referida Regla 36, supra; 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos;

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia20.

-BEn nuestro ordenamiento jurídico, la donación es un acto de 

liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una 

16 Íd., págs. 333-334.

17 Maldonado v. Cruz, supra, pág. 39.

18 Íd. 

19 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679 (2018).

20 Íd.
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cosa a favor de otra que la acepta21. En general, se clasifican en 

donaciones entre vivos (inter vivos) o por causa de muerte (mortis 

causa), según el momento en que surten efectos jurídicos22.

Las donaciones entre vivos pueden ser de tres clases, entre 

ellas, la donación puramente graciosa o la que se hace sin condición 

y por mera liberalidad; la onerosa, o aquella en que se impone al 

donatario un gravamen sobre el valor de lo donado y la 

remuneratoria o la que se hace a una persona por sus méritos o por 

los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan 

deudas exigibles23.

La donación de un bien mueble no requiere formalidades. Sin 

embargo, la donación de un bien inmueble tiene que hacerse en 

escritura pública para que sea válida24. La aceptación podrá hacerse 

en la misma escritura de donación o en otra separada, pero no

surtirá efecto si no se hace en vida del donante25. 

-CAl contraer matrimonio, los esposos determinan el régimen 

económico que regirá su matrimonio26. De acuerdo con el Art. 1267 

del Código Civil de Puerto Rico de 1930, a los matrimonios les aplica 

el régimen económico de sociedad legal de gananciales, salvo que 

existan capitulaciones matrimoniales27. Se reputan gananciales 

todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que 

pertenecen privativamente al marido o a la mujer28. El carácter 

ganancial de los bienes obtenidos durante el matrimonio es 

21 Art. 558 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1981. El referido Código 

Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., fue 

derogado por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq., 

aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, con 

vigencia desde el 28 de noviembre de 2020. Sin embargo, para propósitos de la 

adjudicación de este recurso, citamos el Código Civil derogado debido a que los 

hechos en controversia surgieron durante su vigencia.

22 Art. 559 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1982.

23 Art. 560 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1983.

24 Art. 575 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 2010.

25 Íd.

26 Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, 92-93 (2011).

27 31 LPRA ant. sec. 3551.

28 31 LPRA ant. sec. 3647.
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controvertible. La parte que alegue el carácter privativo de 

determinado bien tendrá el peso de la prueba para derrotar 

presunción iuris tantum de ganancialidad29.

Durante la existencia de la sociedad legal de gananciales, 

ambos cónyuges son codueños y administradores de la totalidad del 

patrimonio matrimonial30. Se reconocen como bienes gananciales: 

(1) los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa 

del caudal común para la comunidad o para uno solo de los esposos, 

(2) los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges 

o de cualquiera de ellos y (3) los frutos, rentas o interés percibidos 

o devengados durante la vigencia del matrimonio procedente de los 

bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges31.

El Código Civil de Puerto Rico de 1930 establece que el 

régimen de bienes gananciales puede coexistir con el patrimonio 

individual de cada cónyuge. Así pues, el Art. 1299 del referido 

Código, dispone que son bienes propios de cada uno de los 

cónyuges: (1) los que aporte al matrimonio como de su pertenencia, 

(2) los que adquiere durante el matrimonio a título lucrativo, bien 

sea por donación, legado o herencia, (3) los adquiridos por derecho 

de retracto o por permuta con otros bienes pertenecientes a uno solo 

de los cónyuges, y (4) aquellos bienes comprados con dinero 

exclusivo de un cónyuge particular32.

La disolución del matrimonio trae consigo el nacimiento de 

una comunidad ordinaria de bienes entre los excónyuges, 

compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial. Ambos 

participarán en la comunidad en partes iguales, mediante cuotas 

independientes, alienables y homogéneas. Los excónyuges poseen 

una cuota abstracta, independiente y alienable y tendrán el derecho 

29 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 980 (2010).

30 SLG Báez-Casanova v. Fernández, 193 DPR 192, 197 (2015); Montalván v. 

Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004).

31 Art. 1301 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3641.

32 31 LPRA ant. sec. 3631.
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a intervenir en la administración de la comunidad y a pedir su 

división. A esta comunidad también se le conoce como comunidad 

postganancial33. 

-DConforme al Artículo 6.01 de la Ley Núm. 144 de 9 de agosto 

de 1995, conocida como la Ley General de Corporaciones de 1995 

(Ley Núm. 144-1995)34, el título de propiedad de las acciones podrá 

ser traspasado únicamente:

a) mediante la entrega del certificado endosado en blanco 

o a favor de persona determinada, por el dueño de las 

acciones según conste en el certificado que las 

representa.

b) mediante la entrega del certificado y de documento aparte 

en el cual conste la cesión del certificado o un poder para 

vender, ceder o traspasar el certificado o las acciones que 

representa, documento que será firmado por el dueño de las 

acciones según conste en el certificado que las representa. 

La cesión o el poder podrá ser en blanco o a favor de persona 

determinada.

c) en caso de acciones sin certificado, por inscripción del 

traspaso en los libros de la corporación realizada por un 

oficial registrador o agente de traspaso designado por la 

corporación para dicho propósito.35 (Énfasis nuestro).

La condición de accionista de una corporación es de carácter 

fungible. Un accionista puede sustituirse por otro con la simple 

transmisión de las acciones, pues éstas son una expresión de la 

condición jurídica del accionista y de los derechos que la misma 

confiere sobre la corporación36.

-ELa Regla 804 de las Reglas de Evidencia, establece que “[s]alvo

que de otra manera se disponga por ley, no será admisible prueba 

de referencia, sino de conformidad con lo dispuesto en este capítulo.

33 Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 532-533 (2009); Montalván v. 

Rodríguez, 161 DPR 411, 421 (2004); Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 

DPR 289, 305-306 (2003).

34 La Ley Núm. 144-1995 fue derogada por la Ley Núm. 164 de 16 de diciembre 

de 2009, según enmendada, 14 LPRA sec. 3501 et seq. Sin embargo, para 

propósitos de la adjudicación de este recurso, citamos dicha norma debido a que 

los hechos en controversia surgieron durante su vigencia.

35 14 LPRA ant. sec. 2851.

36 C. Díaz Olivo, Corporaciones, Publicaciones Puertorriqueñas, Inc., Mayagüez, 

Puerto Rico, 1999, pág. 151.
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Esta regla se denominará Regla de prueba de referencia.”

37. Como 

norma general, este tipo de prueba es inadmisible38. No obstante, 

las Reglas de Evidencia reconocen una serie de excepciones a esta 

regla con el fin de permitir su admisibilidad durante un juicio. Ese 

es el caso de los récords de actividades de negocio que se realizan 

con regularidad. Al respecto, la Regla 805 de las Reglas de

Evidencia, supra, dispone lo siguiente:

Aun cuando la persona declarante esté disponible como 

testigo, una declaración no estará sujeta a la regla general 

de exclusión de prueba de referencia en las siguientes 

circunstancias:

[...]

(F) Récords de actividades que se realizan con regularidad:

Un escrito, informe, récord, memorando o compilación de 

datos -en cualquier forma- relativo a actos, sucesos, 

condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan 

preparado en o cerca del momento en que éstos surgieron, 

por una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos, 

o mediante información transmitida por ésta, si dichos 

récords se efectuaron en el curso de una actividad de 

negocios realizada con regularidad, y si la preparación de 

dicho escrito, informe, récord, memorando o compilación de 

datos se hizo en el curso regular de dicha actividad de 

negocio, según lo demuestre el testimonio de su custodio o 

de alguna otra persona testigo cualificada, o según se 

demuestre mediante una certificación que cumpla con las 

disposiciones de la Regla 902(K) o con algún estatuto que 

permita dicha certificación, a menos que la fuente de 

información, el método o las circunstancias de su 

preparación inspiren falta de confiabilidad. El término 

negocio, según se utiliza en este inciso, incluye, además de 

negocio propiamente, una actividad gubernamental y todo 

tipo de institución, asociación, profesión, ocupación y 

vocación, con o sin fines de lucro.39

37 32 LPRA Ap. VI, R. 804.

38 Pueblo v. Zeno Torres, 211 DPR 1, (2022).

39 32 LPRA Ap. VI, R. 805. La Regla 902(k) de las Reglas de Evidencia, supra, 

dispone lo siguiente:

No se requerirá evidencia extrínseca de autenticación como condición 

previa a la admisibilidad de:

(A) Documentos reconocidos

 Documentos acompañados de un certificado de reconocimiento o de 

prueba, si el certificado cumple con los requisitos pertinentes en ley 

relativos a certificaciones, particularmente con las disposiciones sobre 

derecho notarial.

(B) Documentos públicos bajo sello oficial.

 Documentos bajo sello si éste aparenta ser el sello oficial de:

(1) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

(2) los Estados Unidos de América;

(3) un estado, territorio o posesión de los Estados Unidos de América, o

(4) un departamento, agencia pública, corporación pública o 

funcionario de cualquiera de las entidades enumeradas en las cláusulas 

(1), (2) y (3) de este inciso. Dichos documentos deben estar firmados por 

la persona que aparenta ser la que los otorga.

(C) Documentos públicos firmados por funcionarios

 Documentos -aunque no estén bajo sello- presuntamente firmados en 

su capacidad oficial por una persona que es funcionaria de cualquiera de 
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Al comparar la Regla 805 (f) de Evidencia, supra con su 

predecesora, Regla 65 (F)40, comenta el profesor E.L. Chiesa Aponte 

que “[u]n cambio importante ... es que ya no es absolutamente 

necesario el testimonio del custodio de los récords u otro testigo que 

declare para autenticarlos y explicar el momento y método de su 

preparación. Ahora, tal testimonio puede ser sustituido con ‘una 

certificación que cumpla con las disposiciones de la Regla 902(K) o 

con algún estatuto que permita dicha certificación’

41. 

III.

Tras una revisión cuidadosa del expediente ante nuestra 

consideración, colegimos que la Oposición a Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Parcial42, presentada por la señora González 

Cruz, no cumple con los requisitos de la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil43. La señora González Cruz no realizó una relación concisa y 

detallada de los hechos esenciales y pertinentes que están 

controvertidos, ni acompañó prueba admisible que sostuviera los 

mismos. La apelante se limitó a indicar los hechos que entendía que 

estaban en controversia o necesitaban aclaración sin señalar ni 

identificar la evidencia que sustenta sus argumentos.

Como bien indicó el foro primario, la apelante se limitó a 

“incluir en su moción de oposición una lista alternativa de trece (13) 

hechos que, según su criterio, no estaban en controversia...”44.

Ahora bien, según mencionamos anteriormente, si la parte 

opositora no cumple con los requisitos de la Regla 36.3(b) de 

Procedimiento Civil, supra, no procede conceder el remedio 

las entidades enumeradas en los subincisos (1), (2) y (3) del apartado (B) 

de esta Regla, siempre que tales documentos sean acompañados por una 

certificación bajo sello expedida por la persona que en calidad de 

funcionaria competente da fe de que la firma es genuina y de que es la 

funcionaria con capacidad oficial para firmar los documentos.

[...].

40 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 985 (2010).

41 E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, Pubs. 

JTS, 2009, pág. 261.

42 Apéndice del recurso, págs. 95-183.

43 32 LPRA Ap. V, R 36.3.

44 Apéndice del recurso, págs. 96-98.
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solicitado de forma automática, pues es necesario evaluar si existe 

una controversia sobre algún hecho material45. Veamos.

En lo referente a la presente controversia, la señora González 

Cruz señala en su recurso un solo error cometido por el TPI. En 

esencia, arguye que incidió el foro primario al determinar que las 

acciones de Refrigerama y Empresas R&D son de carácter privativo. 

Alega que, conforme al Art. 1307 del Código Civil de 1930, “se 

reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se 

pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer”

46. 

Además, señala que el documento de la cancelación de gravamen 

contributivo es meramente un requisito del Departamento de 

Hacienda para cobrar aquellos gravámenes a favor del Gobierno de

Puerto Rico y no para establecer la naturaleza con la que se llevó a 

cabo dicha donación o transferencia. 

No cabe duda de que bajo nuestro ordenamiento jurídico 

existe una presunción iuris tantum de ganancialidad47. No obstante, 

la naturaleza ganancial de los bienes adquiridos durante la vigencia 

del matrimonio es controvertible48. Esta presunción puede ser 

rebatida por la parte que alega que esos bienes son privativos49. La 

parte que alegue el carácter privativo de determinado bien tendrá el 

peso de la prueba para derrotar esta presunción de ganancialidad50.

La Regla 302 de las Reglas de Evidencia51 dispone lo siguiente 

sobre el efecto de las presunciones en casos civiles:

En una acción civil, una presunción impone a la parte 

contra la cual se establece la presunción el peso de la prueba 

para demostrar la inexistencia del hecho presumido. Si la 

parte contra la cual se establece la presunción no ofrece 

evidencia para demostrar la inexistencia del hecho 

presumido, la juzgadora o el juzgador debe aceptar la 

existencia de tal hecho. Si se presenta evidencia en apoyo de 

la determinación de la inexistencia de tal hecho, la parte que 

interesa rebatir la presunción debe persuadir a quien juzga 

45 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 137 (2015).

46 31 LPRA ant. sec. 3647.

47 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, 980.

48 Íd. 982. 

49 Íd.

50 Íd.

51 32 LPRA Ap. VI, R. 302.
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de que es más probable la inexistencia que la existencia del 

hecho presumido.

Así pues, nos corresponde evaluar la prueba presentada por

el señor De Pedro Martínez, quien intenta impugnar la presunción 

de ganancialidad de las acciones en controversia. Surge del 

expediente que la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial52 estuvo 

acompañada de once (11) anejos. Los documentos pertinentes a la 

controversia ante nuestra consideración son: 

1. Certificación emitida por el Departamento de Hacienda 

con fecha del 1 de diciembre de 2021 en el cual se 

certifica que el documento que se acompaña es una copia 

fiel y exacta del Certificado de Cancelación de Gravamen 

expedido en el caso número 0364436300008 del 

causante o donante De Pedro Villamil Raúl. Copia 

adjunta de Certificación de Cancelación de Gravamen con 

fecha del 31 de diciembre de 2003, el cual incluye Anejo 

A sobre el detalle de las donaciones del 30 de junio de

1999, en la cual se describe que al señor De Pedro 

Martínez le fueron donadas treinta y seis (36) acciones de 

Empresas R&D y treinta (30) acciones de Refrigerama53.

2. Declaración Jurada del señor De Pedro Martínez con 

fecha de 1 de diciembre de 202254.

3. Certificado Núm. 42 emitido el 30 de junio de 1999 por

Refrigerama, en el cual se certifica que el señor De Pedro 

Martínez es titular registrado de treinta (30) acciones55.

4. Certificado Núm. 12 emitido el 30 de junio de 1999 por 

Empresas R&D, en el cual se certifica que el señor De 

Pedro Martínez es titular registrado de treinta y seis (36) 

acciones56.

Apuntalamos que la prueba presentada por el apelado es 

suficiente para determinar la inexistencia de la presunción de 

ganancialidad57. Concluimos que los hechos incontrovertidos del 

presente caso demuestran que las treinta (30) acciones de 

Refrigerama y las treinta y seis (36) acciones de Empresas R&D 

fueron adquiridas por el señor De Pedro Martínez mediante 

52 Apéndice del recurso, págs. 56-94.

53 Apéndice del recurso, págs. 69-71.

54 Apéndice del recurso, págs. 72-73.

55 Apéndice del recurso, pág. 75.

56 Apéndice del recurso, págs. 76-77.

57 Véase, Regla 110(F) de las Reglas de Evidencia, la cual dispone como sigue: 

(F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del juzgador se hará 

mediante la preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad, 

a menos que exista disposición al contrario. En los casos criminales, la 

culpabilidad de la persona acusada debe ser establecida más allá de duda 

razonable.” 32 LPRA, Ap. VI, R. 110(F).
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donación de su padre, por tanto, las mismas se reputan privativas. 

Como bien resolvió el foro primario, la señora González Cruz “no 

tiene derecho a reclamar sobre los dividendos que se hayan 

declarado y/o pagados en base a estas acciones con posterioridad al 

divorcio, entre las partes”

58. Por tanto, resolvemos que el TPI no 

cometió el error imputado por la apelante. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

58 Apéndice del recurso, págs. 254-255.