Número Identificador

SEN2024_______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

JAVIER CARRIÓN VÁZQUEZ

Recurrente

v.

JUNTA DE LIBERTAD BAJO 

PALABRA

Recurrido

KLRA202400140

REVISIÓN JUDICIAL

procedente del 

Gobierno de 

Puerto Rico; 

Oficina de

Libertad Bajo 

Palabra 

____________

Caso Núm. 147840

Confinado Núm.: 

B7-21858

Sobre:

No Concesión del 

Privilegio de

Libertad Bajo 

Palabra- Volver a 

Considerar 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del 

Toro.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2024. 

Comparece ante nos el señor Javier E. Carrión 

Vázquez (señor Carrión Vázquez o recurrente) y nos 

solicita que revoquemos el Resolución emitida por la 

Junta de Libertad Bajo Palabra (en adelante Junta) el 18

de enero de 2024. Por medio del referido dictamen, la

Junta determinó no concederle al señor Carrión Vázquez 

el privilegio de libertad bajo palabra.

Examinado el recurso presentado, así como el 

derecho aplicable, acordamos revocar el dictamen 

recurrido.

-IEl señor Carrión Vázquez comenzó a cumplir una 

sentencia de ciento quince (115) años el 19 de agosto de 
KLRA202400140 2

1998 por los delitos de asesinato en primer grado, robo, 

tentativa de robo y empleo de violencia o intimidación

contra la autoridad pública. Cumple sentencia, además, 

por violación a la Ley de Armas de 1951 e infracción a 

la Ley para Establecer Restricciones al Uso de Teléfonos 

Celulares a Personas Confinadas en las Instituciones 

Penales de Puerto Rico, Ley Núm. 15-2018. El recurrente 

extingue su sentencia, tentativamente, el 12 de julio de 

2106. 

En lo concerniente a la controversia de auto, el 18 

de mayo de 2023, se rindió un Informe Breve para Referir 

Casos de Sentencia por Delito Grave y Menos Grave ante 

la Junta de Libertad Bajo Palabra.1 En este informe, se 

detalló que el señor Carrión Vázquez se encuentra 

clasificado en custodia mínima desde el 15 de agosto de 

2019. También se detalló que el recurrente completó el 

un programa varias terapias dirigidas a los patrones 

adictivos del señor Carrión Vázquez.2 En el informe se 

detalló, además, que el recurrente contaba con plan de 

salida y amigo consejero. No obstante, el señor Carrón 

Vázquez no contaba con un plan de empleo y se le orientó 

sobre el cumplimiento de este requisito. 

A esos efectos, el 2 de junio de 2023, la señora 

Ketty I. Rodríguez Melesio (señora Rodríguez Melesio) le 

remitió una carta a la Técnico Socio Penal del 

recurrente, la señora Vanessa Pagán De León (señora 

Pagán De León) mediante la cual solicitó ser la amiga 

consejera del recurrente en su proceso de libertad bajo 

palabra.3 De igual forma, el 6 de junio de 2023, la 

compañía Imperial Solutions LLC remitió una 

1 Apéndice del Recurso, páginas 12-15.

2 Apéndice del Recurso, página 15.

3 Apéndice del Recurso, página 16.
KLRA202400140 3

Certificación de Empleo en la cual se detalló el puesto 

a ocupar y horario de trabajo para el señor Carrión 

Vázquez.4 

Así las cosas, el 8 de septiembre de 2023, la TSS 

Dalia Pizarro Manso (TSS Pizarro Manso) emitió un 

Informe de Libertad Bajo Palabra.5 Señaló la TSS Pizarro 

Manso que el recurrente propuso como plan de salida 

residir con su madre. Por ello, la TSS Pizarro Manso 

visitó la comunidad en la que el señor Carrión Vázquez 

propuso residir para obtener la opinión de los vecinos 

del área. Indicó la TSS Pizarro Manso que, en la 

comunidad, había pocos vecinos disponibles y que logró 

entrevistar a tres personas. Estas personas indicaron 

que no conocían al recurrente porque eran nuevos en el 

área, por lo que no quisieron emitir opinión al respecto. 

Ante este cuadro, el 20 de diciembre de 2023, la 

Junta celebró la vista de consideración del privilegio 

de libertad bajo palabra para evaluar el caso de 

epígrafe. A esta vista comparecieron mediante sistema de 

videoconferencia, el señor Carrión Vázquez y la TSS 

Alexandra I. Rodríguez Rodríguez6, quienes se 

encontraban en el Instituto Educativo Correccional 308 

en Bayamón, Puerto Rico. Para esta vista, la TSS 

Alexandra I. Rodríguez Rodríguez tuvo el expediente 

social y criminal el recurrente ante sí. Además, 

compareció a las instalaciones de la Junta la 

representante legal del señor Carrión Vázquez, la Lcda. 

Maritza Luna de la Sociedad para Asistencia Legal. En la 

vista se evaluó toda la documentación que obra en el 

4 Apéndice del Recurso, página 17. 

5 Apéndice del Recurso, páginas 30-32.

6 Esta compareció en sustitución de la señora Pagán De León, TSS 

encargada del caso. 
KLRA202400140 4

expediente; entiéndase, los informes, evaluaciones y 

expedientes referidos por el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación. 

Finalmente, el 8 de enero de 2024, la Oficial 

Examinadora Lcda. Patricia Molina Vázquez emitió su 

Informe de Oficial Examinador en el cual esbozó las 

siguientes determinaciones de hechos:

1. Al momento de la evaluación del expediente, 

surge el peticionario no cuenta con casos 

ante los tribunales, denuncias o querellas 

institucionales. 

2. Conforme se desprende del expediente, el 

peticionario se encuentra clasificado en 

custodia mínima desde el 15 de agosto de 

2019. 

3. La parte peticionaria cuenta con un plan de 

salida estructurado y viable en sus tres 

áreas, entiéndase vivienda, amigo consejero

y oferta de empleo. 

4. El 23 de agosto de 2023 le fue realizada la 

muestra de ADN, conforme lo requiere la Ley 

Núm. 175 del del 24 de julio de 1998, según 

enmendada, conocida como la Ley del Banco 

de Datos de ADN de Puerto Rico.

5. El 10 de noviembre de 2016 completó el 

tratamiento de Transformación de Patrones 

Adictivos. 

6. Consta en el expediente que, el 31 de 

octubre de 2019, el peticionario fue 

evaluado por Salud Correccional y 

determinaron que no ameritaba servicios de 

salud mental. 

7. El peticionario completó las Terapias 

Individuales para el Desarrollo de su 

Capacidad de Resilencia y Apoderamiento el 

14 de agosto de 2017. 

8. El 17 de abril de 2017 el peticionario 

completó el programa de Tratamiento PsicoEducativo Aprendiendo a Vivir sin 

Violencia, ofrecido por la Sección de 

Programa de Evaluación y Asesoramiento 

(SPEA). Del mismo modo, fue evaluado por 

SPEA y cuenta con el Informe de evaluación 

psicológica emitido el 26 de junio de 2023. 

9. Según informado en la vista de 

consideración, el peticionario se encuentra 

cursando un grado Asociado en Mercadeo 

Digital en “Caribbean University”.

10.En la vista de consideración, la tss 

Rodríguez informó que el peticionario se 

encuentra laborando en el programa de 

Teatro Correccional “Tú Decides”. Este 

programa se dedica a educar a la juventud 

estudiantil y a la ciudadanía en general, 

sobre las conductas de riesgo para así 

evitar que incurran en conductas delictivas 
KLRA202400140 5

en el futuro. Surge en el expediente del 

peticionario una carta suscrita el 15 de 

junio de 2023 por Elia Enid Canilla, 

Directora de dicho programa, en donde 

describe como excelente la participación y 

el desempeño del peticionario.

11.Consta en el expediente del peticionario 

que se ha beneficiado de varios 

adiestramientos y talleres como el de “Uso 

de la Computadora” y “Desarrollo 

Empresarial”.

12.La tss Rodríguez recomienda que se le de la 

oportunidad al peticionario para el 

disfrute del privilegio de libertad bajo 

palabra.7 

Concluyó la Lcda. Patricia Molina Vázquez que el 

recurrente reunía los requisitos para beneficiarse del 

privilegio de libertad bajo palabra. De manera que, se 

le concedió el privilegio de libertad bajo palabra.

El 18 de enero de 2024, la Junta emitió una 

Resolución en la cual determinó no concederle al señor 

Carrión Vázquez el privilegio de libertad bajo palabra.8

Razonó la Junta que, a pesar de que el recurrente cumplía 

con los requisitos para beneficiarse del privilegio de 

libertad bajo palabra, éste no contaba con un hogar 

viable para el proceso de rehabilitación. Esto, debido 

a la proximidad del hogar de la madre del señor Carrión 

Vázquez y el hogar de los perjudicados. Por ello, la 

Junta resolvió no concederle al recurrente el privilegio 

de libertad bajo palabra. 

Inconforme con la Resolución de la Junta, el señor 

Carrión Vázquez presentó una Moción en Reconsideración 

de Resolución de Conceder Privilegio de Libertad Bajo 

Palabra el 1 de febrero de 2024.9 Arguyó el recurrente 

que el Departamento de Corrección y Rehabilitación

corroboró debidamente la vivienda propuesta. Además, del 

informe se desprende que, luego de realizarse la 

7 Apéndice del Recurrente, páginas 33-39.

8 Apéndice del Recurso, páginas 40-44. 

9 Apéndice del Recurso, páginas 45-52.
KLRA202400140 6

investigación, la vivienda propuesta resultó ser viable 

conforme a lo establecido en el reglamento aplicable.

El 16 de febrero de 2024, la Junta emitió una 

Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la Moción en 

Reconsideración del señor Carrión Vázquez.10 

Inconforme aún, el 1 de abril de 2024, el recurrente 

presentó el recurso ante nuestra consideración y alegó

la comisión del siguiente error:

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN LA JUNTA DE LIBERTAD 

BAJO PALABRA (JLBP) AL NO CONCEDER EL 

PRIVILEGIO DE LIBERTAD A PRUEBA AL 

PETICIONARIO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN 

EVIDENCIA EX PARTE, SIN QUE EL RECURRENTE 

PUDIERA CONFRONTAR O PRESENTAR EVIDENCIA DE 

REFUTACIÓN EN CRASA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCEO 

DE LEY, RESULTANO EN UNA DETERMINACIÓN QUE: 

(1) NO ESTÁ BASADA EN EXPEDIENTE, (2) NI ESTÁ 

BASADA EN EVIDENCIA SUSTANCIAL. 

En esencia, el señor Carrión Vázquez alega que la 

Junta no divulgó durante la vista de consideración la 

alegada proximidad entre las residencias. Alega el 

recurrente que dicha información no consta en los 

documentos de la investigación, ni en el informe del 

Programa a la Comunidad. Tampoco consta, según alega el 

recurrente, en el Informe de la Oficial Examinadora ni 

en los documentos que obran en el expediente del caso. 

Además, arguye el señor Carrión Vázquez que la Junta no

le permitió refutar la evidencia relacionada a la 

proximidad de las viviendas ni a contrainterrogar sobre 

la distancia entre las residencias y por qué estas se 

consideran próximas. Alega el recurrente que tampoco se 

le permitió presentar prueba en contrario ni ofrecer 

alguna otra alternativa. Finalmente, el señor Carrión 

Vázquez alega que las acciones de la Junta constituyen 

10 Apéndice del Recurso, páginas 53-54. 
KLRA202400140 7

una violación al debido proceso de ley establecido en el 

Reglamento de la Junta.

Por su parte, la Junta compareció el 17 de abril de 

2024 mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución. 

Arguye la Junta que, aun cuando el Reglamento de la Junta 

faculta al Oficial Examinador a permitir que los

confinados peticionarios realicen contrainterrogatorios, 

esto no es un derecho reconocido por el Reglamento. La 

Junta agregó que cualquier contrainterrogatorio que se 

realice en la vista de consideración se limita a los 

testigos que estén presentes en la vista.

El 26 de abril de 2024, el señor Carrión Vázquez 

presentó una Réplica urgente al Escrito en Cumplimiento 

de Orden y esta Curia tomó conocimiento del mismo. Luego 

de examinar el expediente ante nuestra consideración, 

estamos en posición de resolver. 

-IIA. La Revisión Judicial 

Es harto conocido que, en la revisión de las 

determinaciones administrativas finales, los tribunales 

apelativos estamos llamados a otorgarles una amplia 

deferencia por la experiencia y pericia que se presumen 

tienen estos organismos para atender y resolver los 

asunto que les han sido encomendados.11 Sobre esto, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que las 

determinaciones de los entes administrativos gozan de 

“una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar, mientras la parte que las 

11 Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 819 (2021).

Véase, Accumail PR v. Junta Sub. AAA, 170 DPR 821 (2007).
KLRA202400140 8

impugna no presente la evidencia suficiente para 

derrotarla”.12

De manera que, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas se limita a revisar si 

la actuación de la agencia fue razonable, y solo cederá 

cuando: (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el ente 

administrativo erró en la aplicación o interpretación de 

las leyes o reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 

actuación administrativa lesionó derechos 

constitucionales fundamentales.13

Así, al revisar la determinaciones e 

interpretaciones de una agencia administrativa, impera 

el criterio de razonabilidad.14 Por lo que, únicamente 

intervendremos cuando el organismo recurrido haya 

actuado de una manera tan irrazonable que actuación 

constituya un abuso de discreción.15 

Por otro lado, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 

Núm. 38-2017, dispone que las determinaciones de hechos 

de las decisiones de las agencias serán sostenidas por 

el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo.16 De lo contrario, 

12 Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018). Énfasis 

suplido. 

13 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012).

Énfasis suplido. 

14 Super Asphalt v. AFI y otro, supra en la pág. 820.

15 Super Asphalt v. AFI y otro, supra.

16 3 LPRA sec. 9675.
KLRA202400140 9

las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal.17 

B. Reglamento de la Junta 

La Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según 

emendada, creó la Junta y la declaró como la agencia

autorizada a “decretar la libertad bajo palabra de 

cualquier persona recluida en cualquiera de las 

instituciones penales de Puerto Rico [...]” para que 

cumpla la última parte de su sentencia fuera de la 

institución.18 La libertad bajo palabra no es un derecho, 

sino un privilegio que se le concede a un confinado 

cuando sirva al mejor interés de la sociedad y propicie 

la rehabilitación moral y económica del individuo, según 

la sana discreción de la Junta.19

Para ejercer adecuadamente su discreción, la Junta 

aprobó el Reglamento de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, Reglamento Núm. 9232 de 18 de noviembre de 2020

(Reglamento 9232). Este reglamento establece las normas 

procesales y sustantivas que gobiernan las funciones

adjudicativas de la Junta e incorpora las disposiciones 

de los procedimientos adjudicativos estatuidos por la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico.20

El Artículo X del Reglamento 9232 establece los 

criterios que la Junta deberá considerar al evaluar la 

solicitud de libertad bajo palabra de un confinado. En 

particular, la Sección 10.1 detalla ciertos criterios de 

17 Id.

18 4 LPRA sec. 1501; 4 LPRA sec. 1503.

19 Quiles v. del Valle, 167 DPR 458, 475 (2006); Lebrón Pérez v. 

Alcaide, Cárcel de Distrito, 91 DPR 567, 570-571 (1964); Emanuelli 

v. Tribunal de Distrito, 74 DPR 541, 549 (1953).

20 3 LPRA secs. 9601 et seq.
KLRA202400140 10

elegibilidad, entre los cuales se destaca la Sección 

10.1(B)(7)(e)(iv): 

Si cuenta con un plan de salida estructurado 

y viable en las áreas de oferta de empleo y/o 

estudio, residencia y amigo consejero

iv. Para determinar si la vivienda propuesta 

es viable, la Junta considerara: 

a. Las características personales e 

historial delictivo de las personas 

con las cuales convivirá el 

peticionario en la vivienda, y cómo el 

peticionario se relaciona con estos. 

b. Opinión de la comunidad sobre la 

determinación de conceder el 

privilegio y las personas con las 

cuales convivirá el peticionario. 

c. Condición de la planta física de la 

residencia y cantidad de habitantes de 

la misma. 

d. Si la residencia propuesta está 

relativamente cercana a la residencia 

de la víctima del delito. 

e. Si existe algún impedimento en ley 

para que el peticionario resida en la 

vivienda propuesta, excepto se 

encuentre incluido en el contrato de 

vivienda o certificación de la 

administración correspondiente. 

f. Cualquier otra consideración que la 

Junta estime pertinente dentro de los 

méritos del caso individual.21

Por otro lado, el Artículo XI dispone la forma en 

la que llevaran a cabo los procedimientos ante la Junta. 

En específico, el inciso (C)(2) dispone que durante la 

vista, la Junta o el funcionario que presida estará 

facultado para “[o]frecer a todas las partes la 

oportunidad de responder, presentar evidencia y 

argumentar, conducir, contrainterrogar y someter 

evidencia en refutación”. Mas adelante, en el inciso 

(I), el Reglamento 9232 establece que durante la vista 

se le garantizarán al peticionario o liberado lo derecho 

que se enumeran a continuación: 

1. Derecho a comparecer por derecho propio o 

mediante representación legal. Cuando el 

21 Énfasis suplido. 
KLRA202400140 11

peticionario interese comparecer por 

derecho propio, deberá completar el 

formulario de "Renuncia de Representación 

Legal" provisto por la Junta. 

2. Derecho a presentar evidencia a su favor. 

3. Derecho a una adjudicación imparcial. 

4. Derecho a que la decisión sea basada en el 

expediente. 

 

C. Debido Proceso de Ley 

El debido proceso de ley es un derecho fundamental 

consagrado en el Artículo II, Sección 7 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

el cual establece que a todo ciudadano debe 

garantizársele el debido proceso de ley cuando se le 

intenta privar un derecho propietario o del derecho a la 

libertad o a la vida.22

Por otro lado, la norma de debido proceso de ley en 

el campo del derecho administrativo no tiene la rigidez 

que se le reconoce en la esfera penal.23 En el ámbito 

administrativo, el debido proceso de ley no es un molde 

rígido que prive de flexibilidad a las agencias.24 No 

obstante, se requiere que todo proceso sea uno justo, 

equitativo y que respete la dignidad de las personas 

afectadas.25 De esta forma, el principio de debido 

proceso de ley ofrece protección contra la arbitrariedad 

administrativa.26

El debido proceso de ley en el ámbito 

administrativo lo conforman: 1) la notificación adecuada 

del proceso; 2) la oportunidad de ser oído; 3) el 

procedimiento ante un juzgador imparcial; 4) el derecho 

a contrainterrogar a los testigos y a examinar la 

22 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

23 López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 113 (1996); 

A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 DPR 875, 882 (1974).

24 López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 230-231 (1987).

25 Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696 (2004).

26 López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra, pág. 113.
KLRA202400140 12

evidencia presentada en su contra; 5) que la decisión se 

fundamente en la evidencia presentada y admitida; y 6) 

tener asistencia de abogado.27

A su vez, se ha establecido que la decisión 

administrativa debe ser informada con conocimiento y 

comprensión de la evidencia.28 Asimismo, se deben 

efectuar determinaciones de hecho y consagrarse los 

fundamentos en derecho para la decisión administrativa.29

De manera que, al momento de considerar si un 

procedimiento administrativo de tipo adjudicativo cumple 

con los requisitos constitucionales del debido proceso 

de ley, hay que analizar los siguientes factores: (1) el 

interés privado que puede resultar afectado por la 

actuación oficial; (2) el riesgo de una determinación 

errónea debido al proceso utilizado y el valor probable 

de garantías adicionales o distintas; y, (3) el interés 

gubernamental protegido en la acción sumaria, inclusive 

los cargos fiscales y administrativos que conllevaría el 

imponer otras garantías procesales.30

-IIIEl señor Carrión Vázquez acude ante esta Curia y 

nos solicita la revocación de la Resolución del 18 de 

enero de 2024. Esto, porque la Junta tomó una 

determinación contraria a derecho in permitirle al 

recurrente que confrontara la prueba en su contra. 

Surge del expediente del recurrente que la Junta le 

envió carta de Notificación y Citación a las víctimas de 

los delitos perpetrados por el señor Carrión Vázquez. 

27 Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 395-396 (2005); McConnell 

v. Palau, 161 DPR 734, 758 (2004).

28 López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra, pág.114; 

A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, supra, pág. 883.

29 López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra, pág. 114.

30 Báez Díaz v. E.L.A., supra.
KLRA202400140 13

Las cartas se enviaron a la última dirección conocida de 

cada una de las víctimas. Sin embargo, obra en el 

expediente que el servicio postal devolvió a la Junta, 

en dos ocasiones, la correspondencia enviada a una de 

las víctimas con la siguiente anotación: “Return to 

Sender. No Such Number. Unable to Forward”.31 Por otro 

lado, la correspondencia enviada a la segunda víctima 

regresó a la Junta con la siguiente anotación: “Return 

to Sender. Not Deliverable as Adressed. Uanble to 

Forward”.32 Surge del expediente que la Junta conservó 

los sobres devueltos sin realizar ninguna otra gestión 

para notificar nuevamente a las víctimas del recurrente.

Concluimos que procede revocar la decisión 

recurrida, pues el señor Carrión Vázquez nos demostró 

que la misma fue irrazonable y contraria a derecho. La 

Junta no realizó ningún esfuerzo razonable para 

contactar a las víctimas y corroborar si en efecto, 

residen cerca de la residencia propuesta por el 

recurrente. Nótese, que un esfuerzo razonable tiene el 

efecto dual de auscultar y notificarles a las víctimas, 

y a su vez, sirve como un fundamento para aceptar no 

denegar la solicitud de un probando. 

Cabe destacar, que esta prueba no se presentó en la 

Vista de Consideración del 20 de diciembre de 2023. De 

manera que, la representación legal del recurrente no 

tuvo una oportunidad razonable de refutar esa 

información y de presentar prueba en contrario. 

A todas luces, la actuación de la Junta nos parece 

irrazonable y claramente contradictoria al debido 

proceso de ley. Si bien es cierto que en el ámbito 

31 Apéndice de la Junta, páginas 16 y 19. 

32 Apéndice de la Junta, página 30. 
KLRA202400140 14

administrativo el debido proceso de ley no es un molde 

rígido que priva de flexibilidad a las agencias33, dicha 

flexibilidad no puede rayar en la dejadez.

Nos parece necesaria la revocación del caso de 

epígrafe y su devolución para que la Junta realice una 

vista evidenciara en torno a la viabilidad de la vivienda 

propuesta por el recurrente. 

-IVPor los fundamentos expuestos, se revoca la 

determinación de la Junta y se devuelve el caso para que 

se realice una vista evidenciara sobre la viabilidad de 

la vivienda propuesta. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

33 López Vives v. Policía de P.R., supra.