Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI (ESPECIAL)

ANJANETTE LÓPEZ AGUSTINI

Recurrida

v.

DR. FULANO DE TAL, SU 

ESPOSA FULANA DE TAL Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA 

ENTRE AMBOS Y OTROS

Peticionarios

KLCE202301280

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala

Superior de Bayamón

Civil Núm.:

BY2021CV00965 

(504)

Sobre:

Impericia médica

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Torres, la Jueza 

Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

S E N T EN C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

Comparece ante nos el doctor Pierre M. Diomi (Dr. Diomi o 

peticionario) mediante recurso de certiorari intitulado Petición de 

Certiorari Civil y solicita la revocación de la Resolución1 emitida el 31 

de agosto de 2023, notificada el 1 de septiembre de 2023, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI o foro 

primario). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró “Sin Lugar”

la Moción de Sentencia Sumaria presentada por el peticionario. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos la 

Resolución recurrida. 

I.

El 9 de marzo de 2021, la señora Anjanette López Agustini 

(señora López Agustini o recurrida) instó una Demanda2 de daños y 

perjuicios por impericia médico-hospitalaria en contra de los 

doctores Fulano de Tal, Sutano de Tal, Mengano de Tal, sus 

1 Véase Apéndice del recurso, págs. 903-916.

2 Véase Apéndice del recurso, págs. 1-6.

Número Identificador

SEN2024__________
KLCE202301280 2

respectivas esposas y sociedades legales de gananciales, el Hospital 

Metropolitano, Inc. y otros. En esta, alegó que sufrió daños como 

consecuencia de un diagnóstico erróneo de gastritis realizado en 

una visita que hizo a la sala de emergencias del Hospital 

Metropolitano de Guaynabo los días 6 y 7 de diciembre de 2019. 

Adujo que, al persistir el dolor abdominal, el 10 de diciembre de 

2019, acudió a la sala de emergencias del Hospital Auxilio Mutuo,

en donde fue diagnosticada con diverticulitis aguda del colon 

sigmoides, asociado a perforación. Apuntó, además, que fue 

hospitalizada en varias ocasiones, esta última vez, el 9 de marzo de 

2020, en donde fue atendida por un gastroenterólogo, quien 

confirmó el diagnóstico de diverticulitis con perforación.

El 1 de julio de 2021, la recurrida presentó una Demanda 

Enmendada3 para incluir como codemandado al Dr. Diomi. 

Posteriormente, el 22 de octubre de 2021, presentó una Segunda 

Demanda Enmendada4 para incluir a la compañía de seguros5 de

este.

El 10 de marzo de 2022, compareció el peticionario mediante 

Contestación a Segunda Demanda Enmendada6, en la cual, entre 

sus defensas afirmativas, levantó que la causa de acción en su 

contra estaba prescrita. Más adelante, el 13 de diciembre de 2022, 

presentó una Moción de Sentencia Sumaria7, en la cual solicitó al 

foro primario que dictara sentencia sumaria desestimando con 

perjuicio la demanda en su contra. En respuesta, el 25 de enero de 

2023, la recurrida presentó una Moción en Oposición a Sentencia 

Sumaria8. 

3 Véase Apéndice del recurso, págs. 7-19.

4 Véase Apéndice del recurso, págs. 20-32.

5 Para la fecha de los hechos alegados en la Demanda, la compañía de seguros del 

peticionario era Puerto Rico Medical Defense Insurance Company. 

6 Véase Apéndice del recurso, págs. 33-48.

7 Véase Apéndice del recurso, págs. 453-466.

8 Véase Apéndice del recurso, págs. 887-902.
KLCE202301280 3

Tras varios incidentes procesales, el 31 de agosto de 2023, el 

TPI, mediante Resolución9, concluyó que no procedía dictar 

sentencia sumaria, por entender que existían controversias de 

hechos genuinas en el caso, las cuales debían dilucidarse en una 

vista en su fondo. Asimismo, estableció los siguientes hechos:

HECHOS NO CONTROVERTIDOS

1. El 9 de marzo de 2021, la parte demandante presentó su 

demanda. (Ver demanda del 9 de marzo de 2021, SUMAC 

#1). En la misma, adujo que fue evaluada en el Hospital 

Metropolitano de Guaynabo, por dolor abdominal, luego 

de lo cual fue dada de alta el 7 de diciembre de 2019, con 

un diagnóstico de gastritis. 

2. La demanda fue enmendada el 1ro de julio de 2021 

(Sumac #5), (donde identifica al Dr. Diomi), seguido de 

una segunda demanda enmendada, el 22 de octubre de 

2021 (Sumac #29), en la que se incluyó a la compañía de 

seguros del Dr. Diomi. 

3. Conforme se alega en la segunda demanda enmendada, 

la paciente Anjanette López acudió a sala de emergencias 

del Hospital Metropolitano de Guaynabo, a la 1:23 p.m. 

del 6 de diciembre de 2019, con queja de dolor abdominal 

desde hacía tres días. 

4. Ese mismo día, fue evaluada por el Dr. Noel Ortiz, quien 

ordenó estudios de imágenes, laboratorios y 

medicamentos.

5. Entre las imágenes ordenadas por el Dr. Noel Ortiz, este 

incluyó un CT Scan del abdomen con contraste oral. 

6. A las 4:41 pm ya se tenían los resultados de los 

laboratorios. 

7. El estudio de imagen (CT Scan) fue realizado a las 9:58 

p.m.

8. El mismo reveló distención del duodeno con 

engrosamiento circunferencial. 

9. También, reflejó divertículos del colon, más evidente en el 

colon sigmoides, con engrosamiento irregular de las 

paredes de este y signos de inflamación peri colónica. 

10.La impresión del radiólogo fue correlacionar clínicamente 

gastro duodenitis aguda, íleo reflejo segmental y 

diverticulitis segmental temprana del colon sigmoides. 

11.Para el 7 de diciembre de 2019, el Dr. Pierre Diomi, 

laboraba en sala de emergencias del Hospital 

Metropolitano- Guaynabo. A las 12:53 a.m., reevaluó a la 

paciente y documentó una nota de alta, indicando que los 

síntomas se habían aliviado tras el tratamiento en sala de 

emergencias. A la paciente se le dio de alta con 

tratamiento de antibióticos, seguimiento con médico 

primario e instrucciones de acudir nuevamente a la sala 

de emergencias, si los síntomas regresaban. A las 3:06 

a.m. la enfermera completó el alta de la paciente, quien 

se marchó ambulando en compañía de un familiar. 

9 Véase Apéndice del recurso, págs. 903-916.
KLCE202301280 4

12.El 10 de diciembre de 2019, a las 2:39 a.m., la señora 

López acudió a la Sala de Emergencias del Hospital 

Auxilio Mutuo, debido a dolor abdominal. 

13.Luego de ser evaluada, se ordenó un CT Scan del área 

abdominopélvica sin contraste, el cual se realizó el mismo 

día - 10 de diciembre de 2019. El resultado del CT Scan 

sin contraste intravenoso reveló que la paciente sufría de 

diverticulitis aguda del colon sigmoides, asociado a 

perforación, sin evidencia de formación de abscesos ni 

flemones. 

14.El caso fue consultado con el Dr. Escribano, cirujano. 

Este evaluó a la paciente el mismo día de admisión. El Dr.

Escribano diagnosticó diverticulitis del colon con 

perforación.

15.El diagnóstico de admisión fue de diverticulitis del 

intestino grueso con perforación, sin absceso ni sangrado 

(“DVTRLI LG ONT W/PERF ABSC NO BLEED”).

16.El 12 de diciembre de 2019 a las 2:50 p.m. el Dr. 

Escribano evaluó a la paciente y documentó que la misma 

tenía menos dolor y flatulencias. Su conclusión fue de 

diverticulitis complicada con perforación. 

17.A su admisión al Hospital Auxilio Mutuo, se consultó al 

departamento nutricional del hospital, cuyo personal 

evaluó a la paciente, el 13 de diciembre de 2019. En dicha 

evaluación, se documenta que se les consulta por 

diverticulitis del colon con perforación que le había sido 

diagnosticado a la paciente. Inclusive, documenta haber 

orientado a la paciente, sobre su condición de forma 

verbal y escrita y hasta se le entregó un folleto (leaflet), 

sobre diverticulitis. 

18.Prácticamente, en todas las páginas del expediente 

médico del Hospital Auxilio Mutuo de la hospitalización 

del 10 al 17 de diciembre de 2019, donde hay entradas 

de progreso u órdenes médicas, se identifica el 

diagnóstico de diverticulitis con perforación. 

19.El 17 de diciembre de 2019, a las 6:32 p.m., el Dr. 

Escribano dio de alta a la Sra. López, recuperada de su 

diverticulitis complicada. 

20.Su médico de cabecera para el año 2015 hasta el 2019, 

fue el doctor Cedeño.

21.Del expediente del Dr. Cedeño se desprende que la parte 

demandante padece de divertículos desde el 2015.

22.Previo a los hechos que nos ocupa, la demandante había 

sido hospitalizada en el Hospital Pavía de Hato Rey, 

donde permaneció del 4 al 7 de junio de 2019, con un 

diagnóstico de diverticulitis aguda. 

23.El 19 de julio de 2022, se le tomó una deposición a la 

parte demandante, Sra. Anjanette López Agostini. 

24.La parte demandante declaró en su deposición que, a su 

llegada a Sala de Emergencia del Hospital de Auxilio 

Mutuo, el 10 de diciembre de 2019, se le realizó un 

estudio del abdomen.

25.La demandante afirma que, durante su hospitalización 

del 10 al 17 de diciembre de 2019, en el Hospital Auxilio 

Mutuo, le explicaron que se le había perforado el intestino 

y que el doctor Escribano le dijo que tenía septicemia con 

el intestino perforado. 
KLCE202301280 5

26.El expediente médico de la parte demandante en el 

Hospital Auxilio Mutuo refleja que su diagnóstico en la 

hospitalización del 10 de diciembre del 2019 fue 

diverticulitis aguda, asociada a una perforación. 

27.Al cuestionarle a la demandante en su deposición, qué le 

explicó el doctor Escribano en su hospitalización del 10 

de diciembre de 2019, en el Hospital Auxilio Mutuo, sobre 

su condición, esta declaró: “Bueno, él me pregunta que, 

si yo me había comido algún pescado, alguna espina o 

algo... porque él no... él no... él... él no... según su 

experiencia, él no... él no sabía cómo se había perforado, 

con el boquete que tenía mi intestino. Y ahí yo le digo: 

Mire, doctor. Yo vengo de... de... del Metropolitano y me 

rece... me dijeron cómete esto y tómate esos antibióticos. 

–y me dijo– Por poco te matan. A ti te debieron de 

hospitalizar en Metropolitano porque tú estabas tan y 

tan... y ese intestino estaba ya tan débil, tan... que... que 

lo hizo fue que te... te obstruyó. El medicamento que te 

mandaron allá, ellos tenían que ponerte por vena. Te 

perforó el intestino, te explotó por dentro”. 

28.La parte demandante, bajo juramento afirma que, lo que 

le dijeron en el Hospital Auxilio Mutuo en su 

hospitalización del 10 de diciembre de 2019, le causó un 

daño irremediable. 

Así también, el foro primario estableció los hechos en 

controversia a saber:

HECHOS EN CONTROVERSIA

1. Si la parte demandante se enteró de su daño mientras 

estuvo hospitalizada, en el Hospital Auxilio Mutuo del 10 

al 17 de diciembre de 2019. 

2. Si la parte demandante entendió que los daños en la 

demanda fueron a consecuencia de la perforación del 

intestino, la peritonitis y la septicemia que le 

diagnosticaron y le informaron en el Hospital Auxilio 

Mutuo, durante su hospitalización del 10 al 17 de 

diciembre de 2019.

En desacuerdo con la determinación, el 18 de septiembre de 

2023, el peticionario presentó una Moción de Reconsideración10. El 

16 de octubre de 2023, el TPI declaró “SIN LUGAR” la misma.

Aun inconforme, el 15 de noviembre de 2023, el peticionario 

acudió ante nos mediante Petición de Certiorari Civil y señaló la 

comisión del siguiente error:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 

No ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria bajo el 

fundamento de prescripción presentada por el peticionario. 

10 Véase Apéndice del recurso, págs. 917-927.
KLCE202301280 6

El 21 de diciembre de 2023, la recurrida presentó su Oposición 

a Petición de Certiorari.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II.

-AEl auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía 

puede rectificar errores jurídicos en el ámbito de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil11 y conforme a los criterios que dispone la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones12. Nuestro 

ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal revisor no 

debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando 

estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto13. Esta norma de deferencia 

también aplica a las decisiones discrecionales de los tribunales de 

instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado lo siguiente:

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 

actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo.14

En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia15. No obstante, la Regla 52.1, supra, 

faculta nuestra intervención en situaciones determinadas por la 

norma procesal. En específico establece que:

[...]

11 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

12 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

13 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).

14 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

15 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 

170, 180 (1992).
KLCE202301280 7

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. 

[...]

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala 

los criterios que para ello debemos considerar. Éstos son:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.

-BEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en varias 

ocasiones que la sentencia sumaria es un remedio extraordinario y 
KLCE202301280 8

discrecional que sólo se debe conceder cuando no existe una 

controversia genuina de hechos materiales y lo que resta es aplicar 

el derecho16. En términos generales, al dictar sentencia sumaria, el 

tribunal deberá hacer lo siguiente:

(1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de 

sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en 

oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; 

(2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún 

hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna 

por los documentos17. 

Analizados estos criterios, el tribunal no dictará sentencia 

sumaria cuando existan hechos materiales y esenciales 

controvertidos; cuando haya alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; cuando surja de los propios 

documentos que acompañan la moción una controversia real sobre 

algún hecho material y esencial, o cuando como cuestión de 

derecho, no procede18. (Énfasis nuestro). La sentencia sumaria se 

puede dictar a favor o en contra de la parte que la solicita, según 

proceda en Derecho19.

Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del mecanismo 

de sentencia sumaria tiene que ser mesurado y solo procederá 

cuando el tribunal quede claramente convencido de que tiene ante 

sí documentos no controvertidos20. Es importante mencionar que, 

este Tribunal utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar si procede una moción de sentencia 

sumaria21.

Los criterios que este foro intermedio debe tener presentes al 

atender la revisión de una sentencia sumaria son los siguientes: 

16 Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 39 (2004).

17 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).

18 Íd., págs. 333-334.

19 Maldonado v. Cruz, supra, pág. 39.

20 Íd. 

21 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679 (2018).
KLCE202301280 9

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario;

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 

oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la referida Regla 36, supra; 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos;

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia22.

-CEn nuestro ordenamiento jurídico “las obligaciones nacen de 

la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia”23. A tenor, las obligaciones que nacen de la culpa o 

negligencia se rigen por lo establecido en el Artículo 1802 del Código 

Civil de Puerto Rico de 193024. Dicho artículo señala que, “[e]l que 

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La 

imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización”25.

El propósito del referido artículo es ofrecerle una 

compensación a la persona que sufra daños y lesiones provocadas 

por los actos u omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género 

de culpa o negligencia de otra persona26. Ahora bien, para que 

prospere esta acción civil es necesario que la parte demandante 

22 Íd.

23 Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 2992. El 

referido Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., fue 

derogado por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq., 

aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, con 

vigencia desde el 28 de noviembre de 2020. Sin embargo, para propósitos de la 

adjudicación de este recurso, citamos el Código Civil derogado debido a que los 

hechos en controversia surgieron durante su vigencia.

24 Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5141.

25 Íd.

26 H. M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico,

Segunda Edición, Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 1986, pág. 4.
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demuestre, mediante preponderancia de la prueba, (1) que ha 

habido un acto u omisión culposa o negligente; (2) que hay una 

relación causal entre el acto y el daño sufrido; y (3) que se ha 

causado un daño real al reclamante27.

Nuestro Tribunal Supremo ha definido la culpa o negligencia, 

como la falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y 

prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de 

un acto que una persona prudente y precavida habría de prever en 

las mismas circunstancias28. Así pues, la figura de previsibilidad es 

un elemento esencial de la responsabilidad por culpa o 

negligencia29. Según el Máximo Foro, la previsibilidad “[n]o se 

extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda 

amenazar la seguridad sino a aquél que llevaría a una persona 

prudente a anticiparlo”30.

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que la previsibilidad 

está atada al concepto de causalidad31. Dicho concepto es conocido 

como la doctrina de causalidad adecuada y conforme a la 

jurisprudencia, este dispone que, “no es causa toda condición sin la 

cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general”32. A tales 

efectos, la figura de causalidad adecuada es un componente 

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, ya que “es 

un elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el 

hecho antijurídico”33.

Cónsono con lo anterior, en nuestra jurisdicción, la figura de 

negligencia no se presume y quien la alega debe probarla34. No 

27 Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 4 (1997).

28 Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 18 (2002).

29 SLG Colón-Rivas v. ELA, 196 DPR 855, 864 (2016). 

30 Íd.

31 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005). 

32 Sociedad de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).

33 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, pág. 422.

34 Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799, 803 (1978). 
KLCE202301280 11

obstante, en los casos de daños y perjuicios, la referida figura no se 

tiene que probar mediante prueba directa y se puede probar 

mediante prueba circunstancial35. 

-DEn nuestra jurisdicción, la prescripción es una institución de 

derecho sustantivo que se rige por las disposiciones del Código Civil

y constituye una forma de extinción de un determinado derecho 

debido a la inercia de la relación jurídica durante un periodo de 

tiempo determinado. El transcurso del periodo de tiempo establecido 

por ley sin que el titular del derecho lo reclame da lugar a la 

presunción legal de abandono de éste, lo que en conjunto con la 

exigencia que informa el ordenamiento jurídico para eliminar la 

incertidumbre de las relaciones jurídicas, constituyen los 

fundamentos básicos de la prescripción extintiva36. 

En cuanto a las acciones para exigir responsabilidad 

extracontractual, estas prescriben por el transcurso de un (1) 

año, contado desde que la persona agraviada conoce la 

existencia del daño y quien lo causó37. (Énfasis nuestro). En otras 

palabras, se podrá ejercitar una acción en daños dentro del año 

a partir de “la fecha en que el perjudicado conoció el daño, quien 

fue el autor, y desde que este conoce los elementos necesarios 

para poder ejercitar efectivamente su causa de acción”38. 

(Énfasis suplido). Esto es lo que se conoce como la teoría 

cognoscitiva el daño39. Sobre el particular, para que esta opere la 

parte perjudicada tendrá el peso de la prueba para demostrar la 

35 Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 522 (2001). 

36 García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 DPR 137, 142 (1994); Cintrón v. 

E.L.A.,127 DPR 582, 588 (1990).

37 Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5298.

38 González Rodríguez v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 215, 217 (1998); Martínez v. Soc. 

de Gananciales, 145 DPR 93 (1998).

39 Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 212 (2016).
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fecha en que advino en conocimiento de los elementos necesarios 

para ejercitar su causa de acción40. 

Es norma reiterada que los términos prescriptivos son 

susceptibles de interrupción. El Artículo 1874 del Código Civil de 

193041 establece que la prescripción se interrumpe por su ejercicio 

ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor42. El 

término prescriptivo se entiende interrumpido “cuando el titular del 

derecho lleva a cabo gestiones que demuestran su interés en 

reclamar su acreencia”43. 

En el caso particular de las acciones, al amparo del Artículo 

1802 del Código Civil de Puerto Rico de 193044, estas prescriben por 

el transcurso de un (1) año contado desde que la persona agraviada 

conoce la existencia del daño y quien lo causó45. Ahora bien, cuando 

hay más de un causante de un daño se debe interrumpir la 

prescripción, con relación a cada cocausante por separado, dentro 

del referido término de un (1) año, si interesa conservar su causa de 

acción contra cada uno de ellos.

El Tribunal Supremo ha establecido que la presentación 

oportuna de una demanda contra un presunto cocausante no 

interrumpe el término prescriptivo contra el resto de los alegados 

cocausantes, porque tal efecto secundario de la solidaridad no obra 

en la obligación in solidum46. Así pues, en las acciones de daños 

extracontractuales el damnificado debe interrumpir 

individualmente el término prescriptivo respecto a cada cocausante 

solidario47.

40 Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 DPR 383, 385 (1982).

41 Artículo 1874 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5303.

42 Íd.

43 Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1019 (2008).

44 Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5141.

45 Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5298. 

46 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 389 (2012), reiterado en 

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 200.

47 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 381. 
KLCE202301280 13

Esta norma adoptada no representa una carga mayor para el 

demandante, quien solo deberá ejercer con diligencia su causa de 

acción contra todos los posibles cocausantes del daño cuya 

identidad conozca48. La prescripción de las acciones es un asunto 

de derecho sustantivo, no procesal, que persigue “evitar la 

incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en el 

ejercicio de los derechos”

49.

III.

Tras una revisión cuidadosa del expediente ante nuestra 

consideración, colegimos que, la Moción de Sentencia Sumaria50

presentada por el peticionario, cumplió con los requisitos de forma 

dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil51. El peticionario 

enumeró 30 hechos materiales. Por otra parte, concluimos que la 

parte recurrida en su Moción en Oposición a Sentencia Sumaria52, no 

cumplió con los requisitos de forma dispuestos en la Regla 36.3 (a) 

de Procedimiento Civil53. No obstante, no procede conceder el 

remedio solicitado de forma automática, pues es necesario evaluar 

si existe una controversia sobre algún hecho material54. Veamos.

Asimismo, procedemos a revisar si el foro primario determinó 

que el caso de autos es uno donde no procede resolverse por la vía 

de la sentencia sumaria, porque existen o no controversias de 

hechos materiales. Al respecto, determinamos que el TPI aplicó 

correctamente el derecho.

Surge del expediente apelativo que el TPI acogió 28 hechos 

materiales que no están en controversia (enumerados de 1 al 28) de

la Moción de Sentencia Sumaria55, los cuales fueron sustentados con 

48 Íd., pág. 389. 

49 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008).

50 Entrada número 78 de SUMAc.

51 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.

52 Entrada número 84 de SUMAc.

53 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.

54 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 137.

55 Entrada número 78 de SUMAc.
KLCE202301280 14

prueba documental admisible. Concurrimos y adoptamos el listado 

de hechos materiales del foro primario ya expuestos en el tracto 

procesal de este escrito.

El TPI determinó que los hechos materiales número 29 y 30 

propuestos en la Moción de Sentencia Sumaria56 son hechos que 

están en controversia, a saber:

29. Si la parte demandante se enteró de su daño mientras 

estuvo hospitalizada, en el Hospital Auxilio Mutuo del 10 al 

17 de diciembre de 2019. 

30. Si la parte demandante entendió que los daños en la 

demanda fueron a consecuencia de la perforación del 

intestino, la peritonitis y la septicemia que le diagnosticaron 

y le informaron en el Hospital Auxilio Mutuo, durante su 

hospitalización del 10 al 17 de diciembre de 201957.

Referente a los hechos materiales número 29 y 30 el 

peticionario alega que, la causa de acción presentada en su contra 

el 9 de marzo de 2021 está prescrita, ya que el término prescriptivo 

comenzó a transcurrir a partir del 10 de diciembre de 2019. Fecha 

en que la recurrida acudió a la sala de emergencias del Hospital 

Auxilio Mutuo, donde le diagnosticaron diverticulitis aguda, 

asociada a perforación. 

Por su parte, la recurrida aduce en su alegato que, conforme 

la teoría cognoscitiva del daño, el término prescriptivo de un (1) año 

comienza a transcurrir cuando el reclamante conoció, o debió 

conocer que sufrió un daño, quién se lo causó y los elementos 

necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción58. 

El TPI determinó que no procede resolverse por la vía de la 

sentencia sumaria, por el tipo de caso que es y porque existen 

controversias de hechos, entiéndase, los hechos 29 y 30 

previamente mencionados.

56 Entrada número 78 de SUMAc.

57 Véase Apéndice del recurso, pág. 909.

58 González Rodríguez v. Wal-Mart, Inc., supra, pág. 217; Martínez v. Soc. de 

Gananciales, supra.
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Puntualizamos que, las decisiones discrecionales que toma el 

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción59. El propósito de esa 

regla consiste en que los foros apelativos no deben pretender 

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario60. Al revisar la Resolución impugnada de novo, nos resulta 

forzoso concluir que en el presente caso existen controversias de 

hechos materiales con relación a la fecha en que la recurrida se 

enteró de su daño, así como de los elementos para poder ejercitar 

su causa de acción. Al igual que determinó el foro primario, 

colegimos que, no procede dictar sentencia sumaria a favor del 

peticionario. Coincidimos con el criterio del TPI que, en su discreción 

y búsqueda de propiciar una solución justa, entendió que era 

necesaria la celebración de una vista en su fondo para dilucidar las 

controversias.

IV.

En vista de lo anterior, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos la Resolución recurrida. Consecuentemente, 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

59 SLG Zapata v JF Montalvo, 189 D.P.R. 414, 434 (2013).

60 Íd.