Número Identificador

RES2024___________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

WALESKA IVETTE 

IRIZARRY ROSAS

Recurrida

v.

ROBERTO DANIEL 

ACOSTA MARTÍN, Y 

OTROS

Peticionario

KLCE202400581

CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Mayagüez

Civil núm.

ISCI201600358

Sobre: Liquidación 

de Sociedad de 

Bienes Gananciales

Panel integrado por su presidenta la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 

Romero García y la Jueza Díaz Rivera. 

Díaz Rivera, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Comparece ante nos, Roberto D. Acosta Martín (Acosta Martín 

o peticionario) y nos solicita que revisemos una Resolución emitida 

el 23 de abril de 2024 y notificada el 25 de abril de 2024, por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Mayagüez. 

Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción 

Solicitando Determinación de Hechos Esenciales y Pertinentes Sobre 

los Cuales No Hay Controversia Sustancial de Conformidad con la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 

Sin necesidad de trámite ulterior y por los fundamentos que 

expondremos a continuación, se desestima el recurso de revisión 

judicial por falta de jurisdicción.

I.

El 6 de abril de 2016, Waleska I. Irizarry Rosas (recurrida) 

presentó una Demanda en contra de Acosta Martín, sobre 

liquidación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que estuvo 

constituida entre ambos. Oportunamente, el 1 de agosto de 2016, la 
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parte peticionaria presentó una Contestación a Demanda. Luego, el 

20 de septiembre de 2021, la parte recurrida presentó una Demanda 

Enmendada en la cual incluyó como codemandados a varias 

corporaciones y/o entidades. Consecuentemente, el 24 de mayo de 

2022, el peticionario presentó una Contestación a Demanda 

Enmendada. 

Luego de varios incidentes procesales, innecesarios 

pormenorizar, el 18 de septiembre de 2023, el peticionario presentó 

una Moción Bajo la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Entretanto, el 

10 de noviembre de 2023, la parte recurrida presentó una Oposición 

a Solicitud de Sentencia Sumaria. Así, el 4 de diciembre de 2023, el 

peticionario presentó una Réplica a Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria. 

Ulteriormente, el 1 de abril de 2024, el TPI emitió una 

Resolución y Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud 

de sentencia sumaria que presentó la parte peticionaria. Dicho 

dictamen fue notificado a las partes el 3 de abril de 2024. Así las 

cosas, el 18 de abril de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Moción Solicitando Determinación de Hechos Esenciales y Pertinentes 

Sobre los Cuales No Hay Controversia Sustancial de Conformidad con 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. El 23 de abril de 2024, el foro a 

quo emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

Moción Solicitando Determinación de Hechos Esenciales y Pertinentes 

Sobre los Cuales No Hay Controversia Sustancial de Conformidad con 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.

Insatisfecho con esa determinación, el 24 de mayo de 2024, la 

parte peticionaria acudió ante nos mediante un recurso de certiorari

y señaló la comisión del siguiente error:

Conforme a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar no ha lugar la “Moción solicitando 

determinación de hechos esenciales y pertinentes 
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sobre los cuales no hay controversia sustancial de 

conformidad con la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil” presentada por el demandado aquí recurrente. 

Es decir, por desestimar una moción de sentencia 

sumaria sin cumplir con lo que requiere 

obligatoriamente la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil a los efectos de hacer determinaciones sobre 

los hechos que están no están [sic] en controversia 

y sobre los que están en controversia. 

Examinado el recurso de certiorari, este Tribunal emitió una 

Resolución el 31 de mayo de 2024, concediéndole un término de 

veinte (20) días a la parte recurrida para que presentara su posición 

al recurso. El 24 de junio de 2024, la parte recurrida presentó una 

Solicitud de Desestimación y en la alternativa, Oposición a Expedición 

de Auto; y Alegato en Oposición a Certiorari. Contando con el 

beneficio de la comparecencia de todas las partes, procedemos a 

resolver. 

II.

A. Jurisdicción 

Como es sabido, “[la] jurisdicción es el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. RB 

Power, Inc. v. Junta de Subastas de la ASG PR, 2024 TSPR 24, 213 

DPR ___ (2024). Véase, además, Pueblo v. Torres Medina, 211 DPR 

950 (2023); Cobra Acquisitions, LLC. v. Mun. de Yabucoa, 210 DPR 

384 (2022). Así, para adjudicar un caso el tribunal debe tener tanto 

jurisdicción sobre la materia como sobre las partes litigiosas. Cobra 

Acquisitions, LLC. v. Mun. de Yabucoa, supra, pág. 394. Por 

consiguiente, el primer factor a considerar en toda situación jurídica 

que se presente ante un foro adjudicativo es el aspecto 

jurisdiccional. RB Power, Inc. v. Junta de Subastas de la ASG PR, 

supra; Torres Alvarado v. Maderas Atiles, 202 DPR 495 (2019). 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser
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subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a 

un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 

de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal 

motu proprio”. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco y otros, 211 

DPR 135 (2023). Véase, además, Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 

DPR 364, 372 (2018); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 855 (2009).

Además, sabido es que ante la situación en la que un tribunal 

carece de autoridad para atender un recurso, solamente procede 

decretar la desestimación del caso ante su consideración. Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2011). Las cuestiones de 

jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con 

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que 

puede hacer es así declararlo. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 

DPR 216, 222 (2007). Véase, además, Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950). Al hacer esta determinación, 

debe desestimarse la reclamación sin entrar en los méritos de la 

controversia. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco y otros, supra; 

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989). En 

consecuencia, la ausencia de jurisdicción es insubsanable. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción 

únicamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 264 (2018). Véase, 
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además, Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854, 

859-860 (2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

882 (2007). A tenor con lo anterior, les corresponde a los tribunales 

ser los guardianes de su jurisdicción, independientemente de que la 

cuestión haya sido planteada anteriormente o no. Dávila Pollock et 

al. v. R.F. Mortgage and Investment Corp., 182 DPR 86, 97 (2011). 

Véase, además, Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, supra, pág. 

859; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.

Consecuentemente, si un recurso de apelación se presenta 

luego del término que provee la ley para recurrir, el mismo debe 

desestimarse por ser un recurso tardío. Pueblo v. Rivera Ortiz, 209 

DPR 402 (2022). La presentación tardía del recurso adolece del 

defecto insubsanable de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 107 (2015). 

Así, la desestimación de un recurso tardío es final, por lo que priva 

fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente, ante cualquier 

Foro. 

Lo determinante para concluir si un recurso es tardío, es su 

fecha de presentación. Pueblo v. Rivera Ortiz, supra; Mun. de Rincón 

v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989,1018 (2015). Por lo tanto, se debe 

cumplir estrictamente todo el procedimiento para apelar o de lo 

contrario, el tribunal revisor no tendrá jurisdicción sobre el asunto. 

Pueblo v. Rivera Ortiz, supra; Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 

102, 105 (1974).

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 (B) (1) y (C) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, nos faculta a desestimar, motu 

proprio, un recurso por falta de jurisdicción. Yumac Home v. 

Empresas Massó, supra; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 

(2012).
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B. Enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales 

Según se conoce, la Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V) establece, entre otras cosas, que, 

[l]os recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 

revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 

Instancia o al Tribunal Supremo para revisar las demás 

sentencias o resoluciones finales del Tribunal de Apelaciones 

en recursos discrecionales o para revisar cualquier 

resolución interlocutoria del Tribunal de Apelaciones 

deberán presentarse dentro del término de treinta (30) días 

contados desde la fecha de notificación de la resolución u 

orden recurrida. El término aquí dispuesto es de 

cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien 

circunstancias especiales debidamente sustentadas en la 

solicitud de certiorari.

De otro lado, la Regla 32 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, establece que,

[e]l recurso de certiorari para revisar cualquier otra 

resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo de 

arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se formalizará 

mediante la presentación de una solicitud dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha del archivo en autos de una 

copia de la notificación de la resolución u orden recurrida. 

Este término es de cumplimiento estricto.

Sin embargo, existen varios mecanismos procesales que 

interrumpen el término para acudir a este tribunal apelativo 

mediante el recurso de apelación o certiorari. Entre estos 

mecanismos se encuentra la moción de determinaciones de hechos

iniciales o adicionales. 

La Regla 43.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece 

que, 

No será necesario solicitar que se consignen determinaciones 

de hechos a los efectos de una apelación, pero a moción de 

parte, presentada a más tardar quince (15) días después de 

haberse archivado en autos copia de la notificación de la 

sentencia, el tribunal podrá hacer las determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes 

si éstas no se hubiesen hecho por ser innecesarias, de 

acuerdo con la Regla 42.2, podrá enmendar o hacer 

determinaciones adicionales o podrá enmendar la sentencia 

en conformidad. Si una parte interesa presentar una moción 

de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales, 

reconsideración o de nuevo juicio, éstas deberán presentarse 

en un solo escrito y el tribunal resolverá de igual manera. En 

todo caso, la suficiencia de la prueba para sostener las 

determinaciones podrá ser suscitada posteriormente,

aunque la parte que formule la cuestión no las haya objetado 

en el tribunal inferior, no haya presentado una moción para 

enmendarlas o no haya solicitado sentencia. 
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La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o 

adicionales se notificará a las demás partes en el pleito 

dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla 

para presentarla ante el tribunal. El término para 

notificar será de cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro).

Además, la Regla 43.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

establece que presentada una moción por cualquier parte en el pleito 

para que el tribunal enmiende sus determinaciones o haga 

determinaciones iniciales o adicionales, quedará interrumpido el 

término para apelar, para todas las partes. Así, este término 

comenzará a transcurrir nuevamente tan pronto se notifique y 

archive en autos copia de la resolución que declara con lugar, 

deniega la solicitud o dicta sentencia enmendada, según sea el caso. 

Íd. 

Cónsono con lo anterior, la Regla 67.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V) dispone que se notificará a todas las partes toda 

orden emitida por el tribunal y todo escrito presentado por las 

partes. La notificación se efectuará el mismo día en que se emita la 

orden o se presente el escrito. Íd. Es decir, la Regla 67.1 de 

Procedimiento Civil, supra, también exige la notificación simultánea 

de todo escrito presentado por las partes.

Con relación a los términos de cumplimiento estricto, nuestro 

máximo Foro ha resuelto que el foro apelativo no goza de discreción 

para prorrogar tales términos automáticamente. Así, en Banco 

Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla, 144 DPR 651 (1997), el 

Tribunal Supremo resolvió que los tribunales apelativos solo 

tenemos discreción para extender un término de cumplimiento 

estricto cuando la parte que lo solicita demuestra justa causa para 

la tardanza. Por lo tanto, en ausencia de circunstancias que 

apunten a la existencia de justa causa, carecemos de discreción 

para prorrogar el término y acoger el recurso. Rojas Lugo v. 

Axtmayer Enterpsises, 150 DPR 560 (2000). Es decir, sólo si están 
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presentes las siguientes dos (2) instancias es que podemos eximir a 

una parte de observar fielmente un término de cumplimiento 

estricto, a saber: (1) que realmente y en efecto exista justa causa 

para la dilación; y (2) que la parte le demuestre detalladamente al 

tribunal las bases razonables que tiene para la dilación, acreditando 

adecuadamente la justa causa a la que hemos hecho referencia. 

García Ramis v. Serralles, 171 DPR 250 (2007).

III.

Según surge del tracto procesal que antecede, el 18 de 

septiembre de 2023, el peticionario presentó una solicitud de 

sentencia sumaria. Posteriormente, el 10 de noviembre de 2023, la 

parte recurrida presentó la correspondiente oposición. 

Oportunamente, el 1 de abril de 2024, el foro a quo emitió una 

Resolución y Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud 

de sentencia sumaria que presentó la parte peticionaria. Dicho 

dictamen fue notificado a las partes el 3 de abril de 2024. 

Insatisfecho, el 18 de abril de 2024, el peticionario presentó 

una moción solicitando determinaciones de hechos iniciales o 

adicionales. Según surge del expediente ante nos, dicho escrito fue 

notificado a la parte recurrida el 19 de abril de 2024. Por lo tanto, 

la parte peticionaria incumplió con el requisito de simultaneidad de 

la notificación de la moción presentada al amparo de la Regla 43.1 

de Procedimiento Civil, supra. 

Así pues, ante la presentación tardía de una solicitud de 

determinaciones de hechos iniciales o adicionales que no cumplió 

con los requisitos de la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, supra, el 

término para acudir en apelación no se vio interrumpido y el mismo 

comenzó a transcurrir una vez archivada en autos copia de la 

notificación de la Resolución y Orden; es decir, a partir del 3 de abril 

de 2024. Por consiguiente, el peticionario tenía hasta el 3 de mayo 
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de 2024 para presentar su recurso. El peticionario, sin embargo, 

presentó el recurso de certiorari el 24 de mayo de 2024, más de 

veinte (20) días después. 

En la medida en que el recurso de certiorari se presentó fuera 

del término de treinta (30) días con que contaba la parte peticionaria 

para acudir ante este Tribunal, carecemos de jurisdicción para 

adjudicarlo. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de certiorari por tardío. Se devuelve el caso al foro de instancia para 

la continuación de los procedimientos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones