Número Identificador

RES2023_______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

SA POBLA INVESTMENTS, 

LLC 

PETICIONARIO

v.

COSTA DEL SUR 

INVESTMENTS, LLC 

Y OTROS

RECURRIDOS

KLCE202301251

Certiorari procedente 

del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior 

de San Juan

Caso Número: 

SJ2023CV05067

Sobre: 

Cobro de dineroordinario-embargo, 

Ley de Corporaciones

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera 

Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2023.

La parte peticionaria, SA Pobla Investments LLC, comparece 

mediante un recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos una 

Resolución emitida y notificada el 22 de agosto de 2023, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En el aludido dictamen, el 

foro primario denegó una solicitud de descalificación de la representación 

legal de la parte recurrida, GeodataPR International Inc., en referencia a

Santiago Torres Law Offices LLC, el licenciado Edgardo Santiago Torres y 

el licenciado Rafael Rivera Rivera. 

Adelantamos la denegación a la expedición del auto de certiorari

solicitado.

I

El 26 de mayo de 2023, la parte peticionaria presentó una Demanda

sobre cobro de dinero, embargo de bienes, ejecución de garantías y 

disolución de una empresa común,1 al amparo del Artículo 9.03 de la Ley 

General de Corporaciones, en contra de Healthcare Ventures LLC, Costa 

1 La empresa común es la codemandada Healthcare Ventures LLC a quien, luego de 

dejarse sin efecto la anotación de rebeldía, se le designará un administrador judicial. 

Entradas 41, 49, 61 y 66 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC).
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del Sur Investments LLC y GeodataPR International Inc.2 Luego de 

diligenciar los respectivos emplazamientos,3 el 30 de junio de 2023, 

GeodataPR compareció por conducto de su representación legal, 

conformada por el Lcdo. Santiago Torres de Santiago Torres Law Offices 

LLC y el Lcdo. Rivera Rivera, y solicitó una prórroga para presentar su 

alegación responsiva.4 El TPI la concedió.5

Entonces, la parte peticionaria instó el 1 de agosto de 2023 una 

Moción Solicitando Órdenes. Entre otros remedios, solicitó la 

descalificación del Lcdo. Santiago Torres por la alegada violación del 

Canon 21 de Ética Profesional, Intereses encontrados, en la modalidad de 

representación sucesiva adversa, así como la descalificación del Lcdo. 

Rivera Rivera, conforme a la doctrina de descalificación imputada.

6 En 

síntesis, la parte peticionaria alegó que el Lcdo. Santiago Torres fungió 

como abogado de todos los asuntos de SA Pobla hasta su despido a inicios 

de 2023. Indicó que, luego de varias solicitudes a esos efectos, el 21 de 

abril de 2023, el Lcdo. Santiago Torres entregó el expediente de SA Pobla.

7

Añadió que este también diseñó y suscribió un documento atinente a la 

reclamación dineraria de autos, en alusión al Memorando de Términos y 

Condiciones. En cuanto al Lcdo. Rivera Rivera, adujo que le aplicaba la 

presunción de que los abogados comparten información confidencial.

El Lcdo. Santiago Torres8 y el Lcdo. Rivera Rivera9 presentaron 

sendos escritos judiciales en los que se opusieron a la descalificación. En 

particular, el Lcdo. Santiago Torres indicó que no había conflicto de interés 

alguno, ya que se había limitado a realizar el registro e inscripción de SA 

Pobla ante el Departamento de Estado de Puerto Rico y a tramitar su

cumplimiento con el Departamento de Hacienda, mediante la presentación 

2 Apéndice, págs. 1-16 con anejos a las págs. 17-55.

3 Apéndice, págs. 56-61.

4 Apéndice, págs. 62-63.

5 Entrada 12 SUMAC.

6 Apéndice, págs. 113-135.

7 Surge del expediente que el Lcdo. Santiago Torres también entregó el expediente de FC 

Investment Holdings LLC.

8 Apéndice, págs. 137-155, con anejo a las págs. 156-158.

9 Apéndice, págs. 159-165.
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de derechos anuales y planillas. Afirmó que dichos asuntos concretos no

conllevaron conocer asuntos internos de la entidad jurídica, la cual estuvo 

inoperante entre 2018 y los inicios de 2021. Con relación al expediente de 

la parte peticionaria en su poder, señaló que solo contenía documentos 

relacionados con el registro de la entidad corporativa; a saber: la 

información de incorporación y registro en el Departamento de Estado, la 

carta y notificación sobre el seguro social patronal, el registro de 

comerciante, los “By-Laws”, un “Operating Agreement”, el Libro 

Corporativo, el pago de derechos anuales y la presentación de planillas de 

entidad inoperante, para el cumplimiento con el Código de Rentas Internas.

Igualmente, expresó que ni él ni Santiago Torres Law Offices LLC habían 

representado al peticionario en ningún procedimiento judicial —ya fuere de 

jurisdicción voluntaria o de naturaleza adversativa— ante un foro judicial o

administrativo. Al entender que SA Pobla incumplió con los requerimientos

en Derecho para sostener sus alegaciones sobre conflicto ético, el Lcdo. 

Santiago Torres solicitó la imposición de honorarios de abogado por 

concepto de temeridad. Por su parte, el Lcdo. Rivera Rivera se unió a los 

fundamentos esbozados antes y rechazó la procedencia del pedimento. 

Asimismo, resaltó la ausencia de evidencia de SA Pobla para apoyar sus

imputaciones sobre las supuestas violaciones al Canon 21 de Ética 

Profesional. Aclaró también que no trabajaba en el bufete del Lcdo. 

Santiago Torres ni había representado legalmente a SA Pobla en ningún 

asunto. Aseveró que no existía confidencia o secreto alguno de SA Pobla 

que el Lcdo. Santiago Torres pudiera conocer o compartir. 

Atendidos los escritos presentados, el 22 de agosto de 2023, el foro 

a quo notificó la Resolución recurrida, mediante la cual declaró no ha lugar 

la solicitud descalificadora.

10 Este dictamen fue objeto de una oportuna

Moción de Reconsideración.

11 En lo que nos compete, SA Pobla adujo que 

10 Apéndice, pág. 166. El tribunal recurrido también apercibió a los representantes legales 

de su “deber de preservar la dignidad de los procedimientos judiciales mediante la 

aplicación de normas de urbanidad y respeto mutuo.”

11 Apéndice, págs. 167-182, con anejos a las págs. 183-225.
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Santiago Torres Law Offices preparó el “Operating Agreement” y los “ByLaws” de SA Pobla y brindó asesoramiento al ente corporativo en torno a 

un contrato de servicios y a la apertura de cuentas bancarias. Del mismo 

modo, por primera vez, señaló varios asuntos en los que el Lcdo. Santiago 

Torres supuestamente intervino, los cuales vinculaban al licenciado Fermín 

Fracinetti Rivas, administrador de SA Pobla, a su esposa, la doctora 

Yolanda Capó Fernández, a la sociedad conyugal que estos conforman y 

al hijo de ambos.

12 Aludió a la “presunta representación de Healthcare y/o 

Geodata en [la] preparación de borradores y [en la] negociación” del 

Memorando de Términos y Condiciones. Mencionó la intervención del 

Lcdo. Santiago Torres en la preparación de documentos corporativos y 

asesoría contributiva ante el CRIM de Sampierdarena Investments LLC, 

accionista minoritaria de GeodataPR en un 30%. En fin, arguyó sobre lo 

impermisible de permitir que los recurridos contrainterroguen al Lcdo.

Fracinetti Rivas “en cualquier contexto” ya que causaría un “perjuicio 

irreparable.”13 SA Pobla insistió en la descalificación del Lcdo. Santiago 

Torres y en la descalificación vicaria del Lcdo. Rivera Rivera. 

El Lcdo. Santiago Torres replicó.14 Luego de cuestionar los nuevos 

asuntos no esgrimidos antes, reiteró que SA Pobla no demostró que la 

representación legal de la parte recurrida haya intervenido en cuestiones 

sustancialmente relacionadas con las controversias planteadas en la 

Demanda de marras. Aclaró que la llamada “asesoría” constó de tramites 

12 SA Pobla adujo que el Lcdo. Santiago Torres asesoró al Lcdo. Fracinetti Rivas en 

posibles reclamaciones judiciales sobre cobro de dinero, asuntos contributivos y en el 

manejo del pleito Habibe v. Fracinetti. Además, dijo que participó en unos procesos 

puntuales al examinar el expediente del hijo del Lcdo. Fracinetti Rivas en un pleito de 

daños y asistió al yerno del Lcdo. Fracinetti Rivas, Lcdo. Luis González, en unos trámites 

ante el Pentagon Federal Credit Union. Dijo que el recurrido realizó también 

investigaciones jurídicas y preparó pagarés. En cuanto a la Dra, Capó Fernández, se 

indicó que el Lcdo. Santiago Torres preparó formularios jurados, ofreció asesoría 

contributiva y participó en acciones sobre cambio de nombre y restitución de pagaré.

13 La parte peticionaria citó, además, el Canon 22 de Ética Profesional, Abogado como 

testigo, en referencia a unas alegadas expresiones verbales y escritas extrajudiciales del 

Lcdo. Santiago Torres relacionadas con la entrega de un pagaré. En respuesta, el Lcdo. 

Santiago Torres apostilló que no existía ninguna controversia que lo pudiera convertir en 

un testigo del caso, ya que los contendientes habían admitido la inexistencia de un pagaré. 

Aclaró que el alegado “pagaré” se trata del mismo Memorando de Términos y Condiciones, 

que SA Pobla denomina Contrato de Financiamiento.

14 Apéndice, págs. 226-235.
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de índole contributiva, en los que se limitó a gestionar las declaraciones y 

planillas conforme al cumplimiento de Ley. Indicó que la relación abogadocliente con SA Pobla y las otras personas naturales y jurídicas

mencionadas fue ocasional, limitada y concerniente a asuntos 

determinados. Es decir, la información necesaria para realizar dichas 

gestiones fue específica y no requirió la compenetración en los asuntos 

internos de SA Pobla, más allá de conocer los datos concretos necesarios

para la gestión particular que se le encomendó. Ratificó no haber 

representado legalmente al ente corporativo en ninguna controversia 

relacionada con el pleito del título. Acerca de los documentos presentados 

por la parte peticionaria (facturas y correos electrónicos), el Lcdo. Santiago 

Torres explicó que de estos no surgía evidencia de un conflicto de interés, 

por lo que no cabía hablar de una representación sucesiva adversa y, por 

ende, tampoco de la descalificación imputada.

La petición de reconsideración fue denegada mediante Resolución

emitida y notificada el 11 de octubre de 2023. Insatisfecha, la parte

peticionaria acudió a tiempo ante este Tribunal de Apelaciones mediante el 

presente recurso de certiorari y señaló los siguientes errores:

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA PETICIÓN 

DE DESCALIFICACIÓN DE ABOGADOS DE SA POBLA YA 

QUE DE SU FAZ SE DESPRENDE QUE EL LCDO. 

SANTIAGO TORRES VIOLÓ EL CANON 21 DE LOS 

CÁNONES DE ÉTICA PROFESIONAL.

ERRÓ EL TPI AL NO CONSIDERAR LA EVIDENCIA 

PROVISTA EN LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN.

ERRÓ EL TPI AL ACOGER LOS FUNDAMENTOS DE LA 

RÉPLICA DE GEODATA PUES INDUDABLEMENTE LOS 

MIEMBROS DE UN MISMO BUFETE DE ABOGADOS 

COMPARTEN CONFIDENCIAS E INFORMACIÓN 

RELEVANTE SOBRE LAS REPRESENTACIONES 

LEGALES QUE SUSTENTAN.

En armonía con la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), mediante la cual este foro 

revisor puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos”, ello “con el propósito de lograr 
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su más justo y eficiente despacho”, eximimos a la parte recurrida de 

presentar su alegato en oposición.

II

A.

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012), 

que cita a: Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso discrecional, para 

el cual existen unos parámetros que sirven de guía al momento de decidir 

si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders v. BBVAPR, supra. De 

esta forma, el asunto que se nos plantee en el recurso de certiorari debe 

tener cabida dentro de alguna de las materias reconocidas en la Regla 52.1 

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (Regla 52.1). En 

específico, la Regla 52.1 dispone lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 

el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. [...] (Énfasis nuestro.)

De acuerdo con la anterior disposición legal y la jurisprudencia 

interpretativa, nos corresponde realizar un análisis dual para determinar si 

se expide o no un auto de certiorari. Este examen consta de una parte 

objetiva y otra parte subjetiva. Por ello, en primer lugar, tenemos que 

analizar si la materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida 
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dentro de uno de los asuntos específicos establecidos en la Regla 52.1, 

toda vez que esta enumera taxativamente bajo qué materias, solamente, 

se podrá expedir el auto de certiorari. En aquellos en los que la materia no 

esté comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe negarse a 

expedir el auto de certiorari automáticamente. 

Superada esta etapa, corresponde analizar si bajo la discreción 

concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40), debemos o 

no expedir el auto de certiorari. A esos fines, la Regla 40 establece los 

criterios que debemos tomar en consideración para determinar si 

expedimos o no un auto de certiorari. Estos son:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

A su vez, los foros apelativos “no debemos intervenir con el ejercicio 

de la discreción de los foros de instancia, salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción, perjuicio, error manifiesto o parcialidad.” 

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), que cita 

a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Asimismo, con 

relación a determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, no 

debemos sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal 
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de instancia, “salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o 

craso abuso de discreción.” Meléndez v. Caribbean Int ́l News, 151 DPR 

649, 664 (2000). Finalmente, la norma procesal apunta expresamente que,

al denegar la expedición de un auto de certiorari de acuerdo con la Regla 

52.1, este Tribunal no tiene que fundamentar su decisión. 

B.

La Regla 9.3 de las de Procedimiento Civil, supra, dispone en lo 

pertinente al recurso ante nosotros lo siguiente: 

[...] El tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de 

supervisar la conducta de los abogados y [las] abogadas que 

postulan ante sí, podrá, a iniciativa propia o a solicitud de 

parte, imponer sanciones económicas o de otra naturaleza, o 

descalificar a un abogado o abogada que incurra en 

conducta que constituya un obstáculo para la sana 

administración de la justicia o infrinja sus deberes hacia el 

tribunal, sus representados(as) o sus compañeros(as) 

abogados(as). (Énfasis nuestro.)

Es decir, “[l]os tribunales de instancia tienen la facultad de ordenar 

[motu proprio] la descalificación de un abogado” y “[t]ambién pueden 

otorgarla accediendo a una solicitud de parte.” Meléndez v. Caribbean Int ́l 

News, 151 DPR 649, 661 (2000). En Job Connection Center, Inc. v. 

Supermercados Econo, 185 DPR 585 (2012), el Tribunal Supremo

interpretó la norma de descalificación de los abogados como sigue:

Los procedimientos disciplinarios por violación a los Cánones 

de Ética Profesional el abogado se expone a una sanción o 

penalidad. Aunque en el caso de una descalificación no se 

expone a esto, la realidad es que la descalificación de un 

abogado afecta negativamente varios aspectos, tales 

como los derechos de las partes y el trámite de los 

procedimientos. En consideración a lo anterior, una 

descalificación es un remedio que no debe imponerse 

ligeramente. Esta solo debe proceder cuando sea 

estrictamente necesario, por considerarse un remedio 

drástico que debe ser evitado si existen medidas menos 

onerosas que aseguren la integridad del proceso judicial 

y trato justo a las partes. El tribunal deberá realizar un 

balance entre el efecto adverso que la representación legal 

pueda tener sobre los derechos de las partes a un juicio justo 

e imparcial, y en el sistema judicial. (Énfasis nuestro.) Id., 

págs. 596-597.
KLCE202301251 9

En los casos en que una parte “solicita la descalificación de un 

representante legal, la mera presentación de una moción de descalificación 

no conlleva automáticamente la concesión de la petición en cuestión” pues 

corresponde al tribunal “hacer un análisis de la totalidad de las 

circunstancias”, a base de los siguientes factores: 

(1) si quien solicita la descalificación tiene legitimación activa 

para invocarla;

(2) la gravedad de la posible violación ética involucrada;

(3) la complejidad del derecho o los hechos pertinentes a la 

controversia y el “expertise” de los abogados implicados;

(4) la etapa de los procedimientos en que surja la 

controversia sobre descalificación y su posible efecto en 

cuanto a la solución justa, rápida y económica del caso, y

(5) el propósito detrás de la descalificación, es decir, si la 

moción está siendo utilizada como mecanismo para dilatar 

los procedimientos. Job Connection Center, Inc. v. 

Supermercados Econo, supra, págs. 597-598 que cita a 

Otaño v. Vélez, 141 DPR 820, 828 (1996) (Per Curiam) y 

Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850, 

865 (1995). 

“El juez que atiende una moción de descalificación debe analizar si 

la continuación de la representación legal le causaría un perjuicio o 

desventaja indebida en el caso a quien la solicita” y “deberá brindar la 

oportunidad al representante legal, cuya descalificación está siendo 

solicitada, para que se exprese.” Job Connection Center, Inc. v. 

Supermercados Econo, supra, pág. 598. El criterio rector es “si al abogado 

representar los intereses de un cliente en un caso, la representación 

posterior de otro cliente en uno relacionado sustancialmente con el 

primero puede entenderse como un cambio de lado.” P. R. Fuels, Inc., v. 

Empire Gas Company, Inc., 133 DPR 112, 119 (1993). 

En cuanto a la doctrina de descalificación imputada o vicaria, se 

refiere a aquella que recae sobre un bufete completo o un grupo de 

abogados debido a la previa descalificación de uno o más de sus miembros 

por razón de un conflicto de intereses. La descalificación vicaria se basa en 

el supuesto de las confidencias compartidas entre los abogados de un 
KLCE202301251 10

bufete. Por tanto, la evaluación de la descalificación vicaria implica una 

serie de intereses que deben sopesarse y que están presentes en 

contextos muy diversos. P. R. Fuels, Inc., v. Empire Gas Company, Inc.,

supra, pág. 120. “Los intereses primordiales lo constituyen la protección de 

las confidencias del cliente y el ejercicio de un criterio profesional 

independiente, pero no pueden menospreciarse los intereses que compiten 

con estos: la movilidad de los abogados en el mercado de empleos y 

los posibles efectos perjudiciales para la parte cuyo abogado es 

descalificado.” (Énfasis nuestro.) Id.

III

En sus señalamientos de error, la parte peticionaria aduce que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al denegar su petición de descalificar

al Lcdo. Santiago Torres y al Lcdo. Rivera River al afirmar que el primero 

violó el Canon 21 y, sin duda, los miembros del mismo bufete comparten

las confidencias de sus clientes. Aduce también que el foro primario erró al 

no sopesar la evidencia sometida en la etapa de reconsideración. A tales 

efectos, solicita la revocación del dictamen, la descalificación de los 

recurridos o, en la alternativa, la celebración de una vista evidenciaria.

Por tratarse de un recurso de certiorari nos corresponde evaluar si 

el asunto ante nuestra consideración versa sobre alguna de las materias 

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Ciertamente, el 

presente recurso podría incidir sobre una de las materias incluidas en la 

Regla 52.1, entiéndase, “cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”, por lo que 

podríamos ostentar jurisdicción bajo dicha disposición legal.15

15 Una solicitud de descalificación de representación legal procedente en Derecho no 

concedida o una descalificación incorrectamente aplicada podrían incidir en aquella 

materia de la Regla 52.1 que alude a “cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia,” por las repercusiones y 

menoscabos de derechos que pudiese ocasionar el no revisar órdenes de 

descalificaciones o sus denegatorias, ya que la apelación sería un remedio infructuoso. 

Por ello, el Tribunal Supremo ha resuelto que estas controversias podrían ser revisables

de conformidad con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Véase, Job Connection 

Center v. Sup. Econo, 185 DPR 585, 599-601 (2012).
KLCE202301251 11

No obstante, superada esta etapa, debemos realizar la segunda 

parte del análisis, es decir, si conforme la discreción concedida a este 

Tribunal revisor mediante la Regla 40, debemos expedir o no el auto de 

certiorari. Respondemos en la negativa. Luego de evaluar el expediente 

ante nuestra consideración, así como la Resolución recurrida, resolvemos 

conferir deferencia al foro primario en su determinación. Al no descalificar 

a los recurridos, el tribunal a quo justipreció que la Demanda del epígrafe 

no está sustancialmente relacionada con las intervenciones puntuales del 

Lcdo. Santiago Torres en determinados asuntos específicos de la parte 

peticionaria. Por ende, coligió como igualmente improcedente argüir sobre 

la doctrina de descalificación vicaria. 

En este caso, no encontramos fundamento alguno que nos lleve a 

concluir que la primera instancia judicial haya abusado de su discreción o 

que haya aplicado el Derecho de forma errada o actuado de manera 

arbitraria, con pasión, prejuicio o parcialidad al denegarle a la parte 

peticionaria la descalificación de los recurridos. Siendo ello así y en 

ausencia de alguno de los criterios contemplados en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no se justifica nuestra 

intervención. En consecuencia, procedemos a denegar la expedición del 

auto de certiorari solicitado.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones