Número Identificador RES 202 3

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI SA POBLA INVESTMENTS,

LLC PETICIONARI O

v. COSTA DEL SUR INVESTMENTS, LLC Y OTROS RECURRIDOS KLCE20230 1251 Certiorari pr ocedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan Caso Número: SJ2023CV05067 Sobre: Cobro de dinero

ordinario

- embargo, Ley de Corporaciones Panel integrado por su presidenta , la Juez a Ortiz Flores, el Juez Rivera Torres y la Juez a Rivera Pérez Ortiz Flores, Jueza Ponente RESOLUCIÓN En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 202 3

. La parte peticionari a , S A Pobla Investments LLC , comparece mediante un recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos una
R esolución emitida y notificada el 22 de agosto de 2023 , por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan

. E n el aludido dictamen , el foro primario denegó una solicitud de descalificación de la representación legal de la parte recurrida , Geodata PR International Inc., en referencia a Santiago Torres Law Office s LLC , el licenciado Edgardo Santiago Torres y
el licenciado Rafael Rivera Rivera

. Adelantamos la denegación a la expedición del auto de certiorari
solicitado

. I El 26 de mayo de 20 23 , la parte peticionari a presentó una D emanda sobre cobro de dinero, embargo de bienes, ejecución de garantías y disolución de una empresa común, 1 al amparo del Artículo 9.03 de la Ley General de Corporaciones, en contra de Healthcare Ventures LLC , Costa

1 La empresa común es la codemandada Healthcare Ventures LLC a quien, luego de dejarse sin efecto la anotación de rebeldía, se le designará un administrador judicial. Entrada s 41, 49 , 61 y 66 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)

.KLCE20230 1251 2

del Sur Investments LLC y Geodata PR International Inc. 2 Luego de diligenciar los respectivos emplazamientos, 3 el 30 de junio de 2023, Geodat aPR compareció por conducto de su representación legal, conformada por el Lcdo. Santiago Torres de Santiago Torres Law Offices LLC y el Lcdo. Rivera Rivera, y solicitó una prórroga para presentar su alegación responsiva. 4 El TPI la concedió. 5
Entonces , la parte peticionaria instó el 1 de agosto de 2023 una
M oción Solicitando Órdenes . E ntre otros remedios, solicitó la descalificación del Lcdo. Santiago Torres por la alegada violación del Canon 21 de Ética Profesional, Intereses encontrados , en la modalidad de representación sucesiva adversa , así como la descalificación del Lcdo. Rivera Rivera, conforme a la doctrina de descalificación imputada

. 6 En síntesis, la parte peticionaria alegó que el Lcdo. Santiago Torres fungió como abogado de todos los asuntos de SA Pobla hasta su despido a inicios
de 2023

. Indic ó que, l uego de varias solicitudes a esos efectos , el 21 de
abril de 2023 , el Lcdo. Santiago Torres entregó el expediente de SA Pobla

. 7 Añadió que este también diseñó y suscribió un documento atinente a la reclamación dineraria de autos , en alusión al Memorando de Términos y Condiciones

. En cuanto al Lcdo. Rivera Rivera, adujo que le aplicaba la presunción de que los abogados comparten información confidencial. El Lcdo. Santiago Torres 8 y el Lcdo. Rivera Rivera 9 presentaron sendos escritos judiciales en los que se opusieron a la descalificación . En particular, el Lcdo. Santiago Torres indicó que no había conflicto de interés alguno , ya que se había limitado a realizar el registro e inscripción de SA
Pobla ante el Departamento de Estado de Puerto Rico y a tramitar su cumplimiento co n el Departamento de Hacienda , mediante la presentación

2 Apéndice, págs. 1

- 16 con anejos a las págs. 17

- 55. 3 Apéndice, págs. 56

- 61. 4 Apéndice, págs. 62

- 63. 5 Entrada 12 SUMAC. 6 Apéndice, págs. 113

- 135. 7 Surge del expediente que el Lcdo. Santiago Torres también entregó el expediente de FC Investment Holdings LLC. 8 Apéndice , págs . 137

- 155, con anejo a las págs. 156

- 158. 9 Apéndic e, págs. 159

- 165.KLCE20230 1251 3

de derechos anuales y planillas

. Afirmó que dichos asuntos concretos no conllevaron conocer asuntos internos de la entidad jurídic a, la cual estuvo inoperante entre 2018 y los inicios de 2021

. Con relación al expediente de la par te peticionaria en su poder , señaló que solo contenía documentos
relaci o nados con el registro de la entidad corporativa; a saber: la información de incorporación y registro en el Departamento de Estado, la

c arta y n otificación sobre el seguro social patronal, el r egistro de comerciante, los “By

- Laws” , un “Operating Agreement” , el Libro Corporativo, el pago de d erechos a nuales y la prese ntación de planillas de entidad inoperante, para el cumplimiento con el Código de Rentas Internas. Igualmente, expres ó que ni él ni Santiago Torres Law Office s LLC habían representado al peticionario en ningún procedimiento judicial

— ya fuere de jurisdicción voluntaria o de naturaleza adversativa

— ante un foro judicial o administrativo. Al entender que SA Pobla incumplió con los requerimientos
en Derecho para sostener sus alegaciones sobre conflicto ético , el Lcdo. Santiago Torres solicitó la imposición de honorarios de abogado por concepto de temeridad. Por su parte, el Lcdo. Rivera Rivera se unió a los fundamentos esbozados antes y rechazó la procedencia del pedimento

. Asimismo, resaltó la ausencia de evidencia de SA Pobla para apoyar sus imputaciones sobre las supuest as violaciones al Canon 21 de Ética
Profesional

. Aclaró también que no trabajaba en el b ufete del Lcdo. Santiago Torres ni había representado legalmente a SA Pobla en ningún
asunto . Aseveró que no existía confidencia o secreto alguno de SA Pobla
que el Lcdo. Santiago Torres pudiera conocer o compartir. Atendidos los escritos presentados , el 22 de agosto de 2023 , el foro
a quo notificó la Re solución recurrida, mediante la cual declaró no ha lugar
la solicitud descalificadora

. 10 Este dictamen fue objeto de una oportuna Moción de Reconsideración

. 11 En lo que nos compete , SA Pobla adujo que

10 Apéndice, pág. 166. El tribunal recurrido también apercibió a los representantes legales de su “deber de preservar la dignidad de los procedimientos judiciales mediante la aplicación de normas de urbanidad y respeto mutuo

. ” 11 Apéndice, págs. 167

- 182, con anejos a las págs. 1 83

- 225.KLCE20230 1251 4

Santiago Torres Law Offices preparó el “ Operating Agreement” y los “ By

Laws ” de SA Pobla y brindó asesoramiento al ente corporativo en torno a un contrato de servicios y a la apertura de cuentas bancarias . Del mismo
modo , por primera vez, señal ó varios asuntos en los que el Lcdo. Santiago
Torres supuesta mente intervino , los cuales vinculaban al licenciado Fermín
Fra cinetti Rivas, administrador de SA Pobla , a su esposa , la doctora Yolanda Capó Fernández, a la sociedad conyugal que estos conforman y

a l hijo de ambos

. 12 Aludió a la “presunta representación de Healthcare y/o Geodata en [la] preparación de borradores y [ en la] negociación ” de l Memorando de Términos y Condiciones

. Mencionó la intervención del Lcdo. Santiago Torres en la preparación de documentos corporativos y asesoría contributiva ante el CRIM de Sampierdarena Investments LLC, accionista minoritaria de GeodataPR en un 30%

. En fin, a rguyó sobre lo impermisible de permitir que los recurridos contrainterroguen a l Lcdo.
Fracinetti Rivas “ en cualquier contexto ” ya que causaría un “perjuicio irreparable.” 13 SA Pobla i nsistió en la descalificación del Lcdo. Santiago
Torres y en la descalificación vicaria del Lcdo. Rivera Rivera. El Lcdo. Santiago Torres replicó. 14 Luego de cuestionar los nuevos
asuntos no esgrimidos antes , reiteró que SA Pobla no demostró que la representación legal de la parte recurrida haya intervenido en cuestiones
sustancialmente relacionad as con la s controversi as planteada s en la
Demanda de marras. Aclaró que la llamada “asesoría” constó de tramites

12 SA Pobla adujo que el Lcdo. Santiago Torres asesoró al Lcdo. Fracinetti Rivas en posibles reclamaciones judiciales sobre cobro de dinero , asuntos contributivos y en el manejo del pleito Habibe v. Fracinetti

. Además, d ijo que participó en unos procesos puntuales al examinar el expediente del hijo del Lcdo. Fracinetti Rivas en un pleito de daños y asistió al yerno de l Lcdo. Fracinetti Rivas , Lcdo. Luis González, en unos trámites ante el Pentagon Federal Credit Union

. Dijo que e l recurrido r ealizó también i nvestigaciones jurídicas y preparó pagarés

. En cuanto a la Dra, Capó Fernández , se indicó que el Lcdo. Santiago Torres preparó formularios jurados, ofreció asesoría contributiva y participó en acciones sobre cambio de nomb re y restitución de pagaré. 13 La parte peticionaria citó, además, el Canon 22 de Ética Profesional, Abogado como testigo , en referencia a unas alegadas expresiones verbales y escritas extrajudiciales del Lcdo. Santiago Torres relacionadas con la entrega de un pagaré. E n respuesta, e l Lcdo. Santiago Torres apostilló que no exist ía ninguna controversia que lo pudiera converti r en un testigo del caso, ya que los contendientes ha bía n admitido la inexistencia de un pagaré. Aclaró que el alegado “pagaré” se trata del mismo Memorando de Términos y Condiciones , que SA Pobla denomina Contrato de Financiamiento

. 14 Apéndice, págs. 226

- 235.KLCE20230 1251 5

de índole contributiv a, en los que se limit ó a gestion ar las declaraciones y planillas conforme al cumplimiento de Ley

. Indicó que l a relación abogado

cliente con SA Pobla y las otras personas naturales y jurídicas
mencionadas fue ocasional , limitada y concerniente a asuntos determinados. Es decir, l a información necesaria p ara realizar dichas gestiones fue espec í fica y no requi rió la compenetración en los asuntos
internos de SA Pobla , más allá de conocer los datos concretos necesarios para la gestión particular que se le encomendó

. Ratific ó no haber representado legalmente al ente corporativo en ninguna controversia relacionada con el pleito del título

. Acerca de los documentos presentados
por la parte peticionari a (facturas y correos electrónicos) , el Lcdo. Santiago Torres explicó que de estos no surg ía evidencia de un conflicto de interés, por lo que no cab ía hablar de una representación sucesiva adversa y, por ende, tampoco de la descalificación imputada

. La petición de reconsideración fue denegada mediante Resolución emitida y notificada el 11 de octubre de 2023. Insatisfecha , la parte peticionari a acudió a tiempo ante este Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso de certiorari y señaló los siguiente s erro res: ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA PETICIÓ N DE DESCALIFICACIÓN DE ABOGADOS DE SA POBLA YA QUE DE SU FAZ SE DESPRENDE QUE EL LCDO. SANTIAGO TORRES VIOLÓ EL CANON 21 DE LOS CÁNONES DE ÉTICA PROFESIONAL

. ERRÓ EL TPI AL NO CONSIDERAR LA EVIDENCIA PROVISTA EN LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

. ERRÓ EL TPI AL ACOGER LOS FUNDAMENTOS DE LA RÉPLICA DE GEODATA PUES INDUDABLEMENTE LOS MIEMBROS DE UN MISMO BUFETE DE ABOGADOS COMPARTEN CONFIDENCIAS E INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LAS REPRESENTACIONES LEGALES QUE SUSTENTAN

. En armonía co n la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 7(B)(5) , mediante la cual este foro revisor puede “ prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos ” , ello “ con el propó sito de lograrKLCE20230 1251 6

su más justo y eficiente despacho ”, eximimos a la parte recurrida de presentar su alegato en oposición.
II
A.
El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR , 185 DPR 307, 337

- 338 (2012), que cita a : Pueblo v. Díaz de León , 176 DPR 913, 917 (2009); Gar cía v. Padró , 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso discrecional, para el cual existen unos parámetros que sirven de guía al momento de decidir si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders v. BBVAPR , supra

. De esta forma, el asunto que se no s plantee en el recurso de certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (Regla 52.1). En específico, l a Regla 52.1 dispone lo siguiente:
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sob re la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión

. [...] (Énfasis nuestro.) De acuerdo con la anterior disposición legal y la jurisprudencia interpretativa, nos corresponde realizar un análisis dual para determinar si se expide o no un auto de certiorari. Este examen consta de una parte objetiva y otra parte subjetiva. Por ello, e n primer lugar, tenemos que
analizar si la materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabidaKLCE20230 1251 7

dentro de un o de l o s asuntos específic o s establecid o s en la Regla 52.1, toda vez que esta enumera taxativamente bajo qué materias, solamente, se podrá exp edir el auto de certiorari . En aquellos en los que la materia no esté comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente. Superada esta etapa, corresponde analizar si bajo la discreción
concedi da a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 40 (Regla 40), debemos o no expedir el auto de certiorari . A esos fines, la Regla 40 establece los criterios que debemos tomar en consideració n para determinar si expedimos o no un auto de certiorari . Estos son:
A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el anális is del problema.
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deb erán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. A su vez, los foros apelativos “ no debemos intervenir con el ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, perjuicio, error manifiesto o parcialidad.”
Trans

- Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp. , 184 DPR 689, 709 (2012), que cita

a Lluch v. España Service Sta. , 117 DPR 729, 745 (1986). Asimismo, con relación a determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, no debemos sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribun alKLCE20230 1251 8

de instancia, “salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v. Caribbean Int ́l News , 151 DPR 649, 664 (2000). Finalmente, la norma procesal apunta expresamente que , al denegar la expedición de un auto d e certiorari de acuerdo con la Regla 52.1, este Tribunal no tiene que fundamentar su decisión.
B. La Regla 9.3 de las de Procedimiento Civil, supra , dispone en lo pertinente al recurso ante nosotros lo siguiente: [...] El tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de supervisar la conducta de los abogados y [las] abogadas que postulan ante sí, podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, imponer sanciones económicas o de otra naturaleza, o descalificar a u n abogado o abogada que incurra en conducta que constituya un obstáculo para la sana administración de la justicia o infrinja sus deberes hacia el tribunal, sus representados(as) o sus compañeros(as) abogados(as). (Énfasis nuestro.) Es decir, “[l]os trib unales de instancia tienen la facultad de ordenar [ motu proprio

] la descalificación de un abogado” y “[t]ambién pueden otorgarla accediendo a una solicitud de parte.” Meléndez v. Caribbean Int ́l
New s, 151 DPR 649, 661 (2000). En Job Connection Center, Inc . v. Supermercados Econo , 185 DPR 585 (2012) , el Tribunal Supremo interpret ó la norma de descalificación de los abogados como sigue: Los procedimientos disciplinarios por violación a los Cánones de Ética Profesional el abogado se expone a una sanción o pen alidad. Aunque en el caso de una descalificación no se expone a esto, la realidad es que la descalificación de un abogado afecta negativamente varios aspectos, tales como los derechos de las partes y el trámite de los procedimientos . En consideración a lo anterior, una descalificación es un remedio que no debe imponerse ligeramente

. Esta solo debe proceder cuando sea estrictamente necesario, por considerarse un remedio drástico que debe ser evitado si existen medidas menos onerosas que aseguren la integrida d del proceso judicial y trato justo a las partes . El tribunal deberá realizar un balance entre el efecto adverso que la representación legal pueda tener sobre los derechos de las partes a un juicio justo e imparcial, y en el sistema judicial

. (Énfasis nuestro.) Id. , págs. 596

- 597.KLCE20230 1251 9 En los casos en que una parte “solicita la descalificación de un representante legal, la mera presentación de una moción de descalificación no conlleva automáticamente la concesión de la petición en cuestión” pues

co rresponde al tribunal “hacer un análisis de la totalidad de las circunstancias” , a base de los siguientes factores: (1) si quien solicita la descalificación tiene legitimación activa para invocarla; (2) la gravedad de la posible violación ética involucrada; (3) la complejidad del derecho o los hechos pertinentes a la controversia y el “expertise” de los abogados implicados; (4) la etapa de los procedimientos en que surja la controversia sobre descalificación y su posible efecto en cuanto a la solución justa, rápida y económica del caso, y (5) el propósito detrás de la descalificación, es decir, si la moción está siendo utilizada como mecanismo para dilatar los procedimientos. Job Connection Center, Inc. v. Supermercados Econo , supra, págs. 597

- 598 que cita a Otañ o v. Vélez , 141 DPR 820, 828 (1996) ( Per Curiam ) y Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza , 138 DPR 850, 865 (1995).

“ E l juez que atiende una moción de descalificación debe analizar si la continuación de la representación legal le causaría un perjuicio o desventaja indebida en el caso a quien la solicita” y “deberá brindar la oportunidad al representante legal, cuya descalificación está siendo solicitada, para que se exprese.” Job Connection Center, Inc. v. Supermercados Econo , supra , pág. 598

. El criterio rector es “si al abogado representar los intereses de un cliente en un caso, la representación posterior de otro cliente en uno relacionado sustancialmente con el primero puede entenderse como un cambio de lado. ” P. R. Fuels, Inc., v. Empire Ga s Company, Inc ., 133 DPR 112 , 119 (1993)

. En cuanto a la doctrina de descalificación imputada o vicaria, se refiere a aquella que recae sobre un bufete completo o un grupo de abogados debid o a la previa descalificación de uno o más de sus miembros por razón de un conflicto de intereses. La descalificación vicaria s e basa en el supuesto de las conf idencias compartidas entre los abogados de unKLCE20230 1251 10

bufete

. Por tanto, l a evaluación de la descalificación vicaria implica una serie de intereses que deben sopesarse y que están presentes en contextos muy diversos. P. R. Fuels, Inc., v. Empire Gas Company, Inc ., supra , pág. 120. “Los intereses primordiales lo constituyen la protección de las confidencias del cliente y el ejercicio de un criterio profesional independiente, pero no puede n menospreciarse los intereses que compiten
con estos: la movilidad de los abog ados en el mercado de empleos y los posibles efectos perjudiciales para la parte cuyo abogado es descalificado .” (Énfasis nuestro.) Id.
III
En sus señalamiento s de error, la parte peticionari a aduce que el Tribunal de Primera Instancia incidió al denegar su petición de descalificar al Lcdo. Santiago Torres y al Lcdo. Rivera River al afirmar que el primero violó el Canon 21 y , sin duda , los miembros del mismo bufete comparten las confidencias de sus clientes . A du ce también que el foro primario erró al

no sopesar la evidencia sometida en la etapa de reconsideración

. A tales efectos , solicita la revocación del dictamen, la descalificación de los recurridos o, en la alternativa, la celebración de una vista evidenciaria.
Por tratarse de un recurso de certiorari nos corresponde evaluar si el asunto ante nuestra consideración versa sobre alguna de las materias contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil , supra . Ciertamente, el presente recurso podría incid ir sobre una de las materias incluidas en la Regla 52.1, entiéndase, “ cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia” , por lo que podríamos ostentar jurisdicción bajo dicha disposición legal. 15

15 Una solicitud de descalificación de representación legal procedente en Derecho no concedida o una descalificación incorrectamente aplicada podría n incidir en aquella materia de la Regla 52.1 que alude a “ cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia , ” p or las repercusiones y menoscabos de derechos que pudiese ocasionar el no revisar órd enes de descalificaciones o sus denegatorias , ya que la apelación sería un remedio infructuoso

. Por ello, el Tribunal Supremo ha resuelto que estas controversias podrían s er revisables de conformidad con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra

. Véase, Job Connection Center v. Sup. Econo , 185 DPR 585, 599

- 601 (2012).KLCE20230 1251 11 No obstante, superada esta etapa , debemos realizar la segunda parte del análisis, es decir, si conforme la discreción concedida a este Tribunal revisor mediante la Regla 40, debemos expedir o no el auto de
certiorari

. Respondemos en la negativa. Luego de evaluar el expediente ante nuestra consideración, así como la Resolución recurrida, resolvemos conferir deferencia al foro primario en su determinación. Al no descalificar a los recurridos, el tribunal a quo justipreció que la Demanda del epígrafe no está sustancialmente relacionada con las intervenciones puntuales de l Lcdo. Santiago Torres en determinados asuntos específicos de la parte peticionaria. Por ende, coligió como igualmente improcedente argüir sobre la doctrina de descalificación vicaria. En este caso, n o encontramos fundamento alguno que nos lleve a concluir que la primera instancia judicial hay a abusado de su discreción o que haya aplicado el Derecho de forma errada o actuado de manera arbitraria, con pasión, prejuicio o parcialidad al denegarle a l a parte peticionari a la descalificación de los recurridos. Siendo ello así y en ausencia de alguno de los criterios contemplados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no se justifica nuestra intervención. En consecuencia, procede mos a denegar la expedición del
auto de certiorari solicitado.
IV
Por los fundamentos antes ex puestos, denegamos la expedición del
auto de certiorari solicitado. Notifíquese. Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones