Número Identificador

SEN2024_____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

OBED MORALES 

COLÓN

Recurrido

v.

AUTORIDAD DE 

ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS 

DE PUERTO RICO

Recurrente

KLRA202400208

REVISIÓN JUDICIAL

procedente de la 

Oficina de Apelaciones, 

Autoridad de 

Acueductos y 

Alcantarillados

Caso núm.:

AO-22-008

Sobre: Aumento por 

Reinstalación

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera 

Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2024.

Comparece ante este tribunal apelativo la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarrillados (la AAA o la recurrente) mediante 

Solicitud de Revisión Administrativa solicitándonos que revoquemos 

la Resolución Final emitida por la Oficina de Apelaciones de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados (la Oficina de 

Apelaciones o la recurrida) el 29 de febrero de 2024, notificada el 

1 de marzo posterior. Mediante este dictamen, el foro administrativo 

declaró Con Lugar la apelación instada por el Sr. Obed Morales 

Colón (el señor Morales Colón o el recurrido) y ordenó a la AAA 

conceder el aumento salarial solicitado en el recurso. 

Por los fundamentos que expondremos más adelante, se 

revoca la Resolución Final recurrida.

I.

Surge del recurso que, el 2 de agosto de 2022, el señor Morales 

Colón incoó Apelación ante la Oficina de Apelaciones donde reclamó 

aumento por reinstalación en su puesto de carrera dentro de la AAA. 
KLRA202400208 2

En esencia, argumentó que del 2013 al 2017 ocupó un puesto de 

confianza y que, el 30 de marzo de 2017, fue reinstalado a su puesto 

de carrera como Asesor Legal en la Oficina de Asesoramiento Legal 

de la AAA. A base de ello, y de conformidad con la Carta Circular 

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto OGP 145-17 de 6 de abril 

de 2017 intitulada Disposiciones para el Establecimiento de Guías 

Aclaratorias Sobre las Disposiciones Consignadas en el Artículo 11 

de la Ley Núm. 66-2014, según enmendada, y su Vigencia Bajo la 

Ley Núm. 3-2017 instó un primer recurso ante la Comisión Apelativa 

del Servicio Público (CASP) en la que, entre otras peticiones, solicitó 

la concesión del aumento por reinstalación con efectividad a la fecha 

en que fue reubicado. 

Expuso que, en aquel entonces, la CASP así como esta Curia 

(caso KLRA202100456) concluyeron que tanto la Ley Núm. 66-2014, 

infra, y la Ley Núm. 3-2017, infra, “prohibían que durante la 

vigencia de las leyes se concedieran aumentos por reinstalación 

independientemente lo establecido en la Carta Circular de OGP.”1 

Añadió que, a pesar de lo decidido, aún no se ha resuelto si el 

aumento puede ser concedido luego de la vigencia de las referidas 

leyes y con fecha posterior a su caducidad. Por lo que, el 18 de julio 

de 2022 le solicitó a la Directora de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales de la AAA el aumento ya que “... lo que se prohibía era 

que se reclamara retroactivamente con fecha de efectividad en la 

cual estuviera aún vigente la Ley 3-2017.”2 Además, requirió a la 

AAA que completara la evaluación de sus ejecutorias durante el 

periodo de enero de 2013 a marzo de 2017 para determinar si el 

cumplía con los requisitos para un aumento por reinstalación y que 

el mismo fuera efectivo a partir del 1 de julio de 2021. Junto a la 

Apelación incluyó una certificación emitida en diciembre de 2016,

1 Véase, Apéndice del Recurso, a la pág. 1. Énfasis y subrayado en el original. 

2

Íd.
KLRA202400208 3

por el entonces Director de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales, en la que “se hace referencia a las excelentes ejecutorias 

del apelante.” Mediante comunicación del 1 de agosto de 2022, la 

AAA denegó la petición expresando que el asunto era cosa juzgada

y que la Ley Núm. 3-2017 lo prohibía. 

En virtud de lo anterior, el señor Morales Colón le solicitó a la 

Oficina de Apelaciones que le ordenara a la AAA finalizar la 

evaluación correspondiente y determinara si cumplía con los 

requisitos para ser acreedor del aumento por reinstalación de forma 

prospectiva a partir del vencimiento de la Ley Núm. 3-2017.

El 16 de agosto de 2022, la AAA instó Moción de Desestimación 

por Cosa Juzgada y por Prescripción en la que señaló, en esencia, 

que el pedido del recurrente está prohibido por la Ley Núm. 3-2017 

la cual dispuso una “prohibición de reclamaciones retroactivas al 

concluir la vigencia de [dicha] ley”,

3 y en su Artículo 11 

expresamente proscribió el poderse conceder un aumento por la 

reinstalación. Asimismo, sostuvo que el petitorio constituye cosa 

juzgada, ya que el reclamo de aumento salarial por la reinstalación 

a su puesto de carrera “efectiva al 30 de marzo de 2017 fue atendido 

y adjudicado por la Comisión Apelativa del Servicio Público (“CASP”) 

bajo el caso Obed Morales Colón v. Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, Caso Núm. 2017-06-1306. Por lo que procede la 

desestimación de la apelación.”4 A su vez, argumentó que el 

recurrido acudió ante este Tribunal de Apelaciones para revisar esta 

decisión y este foro mediante Sentencia, caso Morales Colón v. AAA, 

Caso KLRA202100456, confirmó la Resolución de la CASP. Allí, se 

resolvió que el recurrido fue reinstalado en su puesto de carrera 

durante la vigencia de la Ley Núm. 3-2017 y “dicho estatuto 

claramente dispone que “[d]esde y durante la vigencia de esta Ley 

3

Íd., a la pág. 9.

4

Íd., a la pág. 10.
KLRA202400208 4

no se concederán aumentos en beneficios económicos ni 

compensación monetaria extraordinaria a los empleados de las 

Entidades de la Rama Ejecutiva.”5

Por su parte, la AAA adujo que la reclamación estaba prescrita

acorde con la Sección 19.2 del Reglamento de Recursos Humanos,

la cual preceptúa que un empleado deberá presentar su apelación 

dentro de los diez (10) días laborables siguientes a la fecha en que 

se le haya notificado la decisión o acción del Presidente Ejecutivo o 

su Representante Autorizado. La Oficina de Apelaciones carecerá 

de jurisdicción para atender reclamaciones presentadas fuera de 

dicho término. Así, explicó que el señor Morales Colón tenía 

diez (10) días a partir del 2 de julio de 2021 para instar su reclamo 

ante la Oficina de Apelaciones y no lo hizo. Ello, debido a que en 

ese instante su derecho a un aumento por reinstalación se reactivó, 

“lo cual negamos.”6

El señor Morales Colón presentó oportuna oposición en la cual 

reiteró que al “momento no se ha resuelto si el aumento por 

reinstalación puede ser concedido luego del vencimiento de ambas 

de las leyes.”7 Por lo que, el 18 de julio de 2022 cursó la 

comunicación a la Directora de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales en la que, entre otros asuntos, advirtió que: “Nada 

impedía que la obligación se reconociera de forma prospectiva luego 

de que la Ley hubiese caducado.”8 En este sentido, razonó que era 

inaplicable la doctrina de cosa juzgada debido a que la Ley “habla 

de suspensión temporera, no de eliminación de beneficios. De igual 

manera que no se podrá reclamar retroactivamente, nada establece 

al exigir el cumplimiento luego de la vigencia de la Ley.”9 A su vez, 

5

Íd., a las págs. 11 y 73.

6

Íd., a la pág. 18. 

7

Íd., a la pág. 76.

8

Íd.

9

Íd., a la pág. 78.
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mencionó que la Carta Circular Núm. 145-17 de la OGP dice que los 

beneficios permanecerán paralizados y no eliminados. 

El 2 de mayo de 2023, el Juez Administrativo, Héctor Urgell 

Cuebas, de la Oficina de Apelaciones, declaró No Ha Lugar el 

petitorio desestimatorio presentado por la AAA. Sobre la doctrina 

de cosa juzgada se determinó que resultaba improcedente debido a 

que: “el reclamo que el apelante [recurrido] formula ahora ante este 

foro es totalmente distinto a lo resuelto y adjudicado. ... resulta 

evidente que el apelante [recurrido] no tuvo la oportunidad de litigar 

lo que ahora alega. Nótese, además, que la solicitud del apelante 

[recurrido] es prospectiva y no retroactiva. .... nunca se ha pasado 

juicio sobre lo que tenemos ante nuestra consideración.”

10

Respecto a la alegación de la prescripción, el Juez

Administrativo entendió que era improcedente, ya que el término 

reglamentario de diez (10) días para instar la apelación comenzó a 

decursar al notificarse la comunicación del 1 de agosto de 2022, por 

la Directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, quien 

hizo dicha advertencia en la misma.

La AAA solicitó reconsideración a la que se opuso el recurrido. 

La misma fue denegada mediante Resolución del 30 de junio 

de 2023. Previo a ello, el 2 de junio, la AAA presentó Contestación a 

Apelación, en la que admitió algunas alegaciones e incluyó varias 

defensas afirmativas. Entre estas están: la reclamación constituye 

cosa juzgada y está prescrita, y la solicitud está expresamente 

vedada por la Ley Núm. 3-2027. 

El 19 de julio de 2023, las partes presentaron Informe 

Conjunto en el que estipularon trece (13) hechos.

11 También la 

AAA indicó que no estipularía la certificación propuesta por el 

recurrido al esta no constar en el expediente de personal del ente 

10 Íd., a las págs. 104-105. 

11 Íd., a las págs. 137-138.
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público y por no tener la oportunidad de realizar descubrimiento de 

prueba en torno a la misma.

El 4 de agosto, el señor Morales Colón instó Moción en 

Solicitud de Resolución Sumaria en donde planteó que las 

controversias son estrictamente de derecho y que procedía la 

resolución sumaria a su favor. El 15 posterior, este presentó moción 

para incluir, como documentos suplementarios a dicho pedido, la 

Declaración Jurada suscrita por el Sr. Alberto Feliciano Nieves, ex 

Director de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la AAA. 

Allí, además, afirmó que el lo supervisó y que el 21 de diciembre 

de 2016, el señor Feliciano Nieves le entregó una certificación que 

reconoce los logros obtenidos.

12 Ese mismo día, la AAA replicó 

expresando que objetaba la resolución sumaria del caso más 

apuntaló que de la referida Declaración Jurada no surgía que, al 

27 de marzo de 2017, el ex funcionario ocupaba dicho cargo. 

Además, reiteró que no ha tenido la oportunidad de realizar 

descubrimiento de prueba sobre el documento. 

En respuesta a dichos escritos, el 24 de agosto de 2023, la

Oficina de Apelaciones emitió Resolución y Orden denegando la 

solicitud sumaria y permitió a la AAA realizar el descubrimiento de 

prueba. Así las cosas, surge del recurso que, el 18 de diciembre, se 

celebró una vista evidenciaria en la que el recurrido presentó el 

testimonio del Sr. Alberto Feliciano Nieves y fue admitida como 

exhibit la certificación suscrita por este el 21 de diciembre 

de 2016.13 Además, fue admitida como exhibit de la AAA la 

certificación emitida por la Sra. Iris K. Vélez Rodríguez, Supervisora 

de Servicios, con fecha del 29 de noviembre de 2017.14 En el 

recurso, se incluye un extracto de lo declarado por el testigo. 

12 Íd., a las págs. 218-219. 

13 Véase, Solicitud de Revisión Administrativa, a la pág. 6.

14 Íd., a la pág. 167.
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El 8 de enero de 2024, la AAA presentó Memorando sobre Vista 

Evidenciaria. En esta, detalló doce (12) determinaciones de hechos 

que a su entender resultaron de la prueba desfilada.15 Además, 

argumentó lo declarado por el señor Feliciano Nieves. El recurrido 

replicó. 

El 29 de febrero de 2024, notificada el 1 de marzo posterior,

la Oficina de Apelaciones emitió la Resolución Final objetada, en la 

que declaró Con Lugar la apelación instada por el señor Morales 

Colón. En consecuencia, ordenó a la AAA conceder el aumento 

salarial por reinstalación solicitado por este. En el dictamen, se 

incluyeron los hechos estipulados por las partes en el Informe 

Conjunto más el foro revisado formuló nueve (9) determinaciones de 

hechos resultantes del testimonio del señor Feliciano Nieves “quien 

nos mereció entera credibilidad su declaración.” Además, en el 

referido dictamen, el Juez Administrativo reiteró lo resuelto en las 

Resoluciones emitidas el 2 de mayo y 30 de junio de 2023, en las 

que atendió las solicitudes desestimatorias de la AAA donde se 

argumentó la doctrina de cosa juzgada y la prescripción. Así las 

cosas, el foro recurrido razonó que:16

De la anterior disposición [en referencia al Artículo 23 

de la Ley 3-2017, 3 LPRA sec. 9413] lo que 

primeramente resalta es que se trata de una prohibición 

de reclamar retroactivamente compromisos que hayan 

sido temporalmente suspendidos. La solicitud del 

apelante es para que se le conceda prospectivamente el 

aumento, al cesar la vigencia de la Ley. Esto es, que el 

referido Artículo 23 no prohíbe que se conceda el 

aumento objeto de consideración.

También, resulta evidente que se trata de una 

suspensión temporal del derecho a recibir el 

aumento por la reinstalación. 

Por otra parte, es pertinente tomar en consideración lo 

que establecen los Artículos 4 y 6 de la indicada Ley a 

los efectos de que las medidas estarían en vigor hasta 

el 1ro de julio de 2021 y que se dispone de la 

suspensión de algunos convenios colectivos, leyes o 

15 Íd., a las págs. 227-229. 

16 Íd., a las págs. 243-245.
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reglamentos durante la vigencia de ésta. Lo anterior es 

cónsono con la [Exposición] de Motivos de la Ley. 

... 

Por tanto, concluimos que lo que se dispuso por la Ley 

fue la suspensión temporera del aumento salarial 

debido a la reinstalación, pero una vez cesada la Ley 

nada se provee para que no se conceda 

prospectivamente como solicita el apelante.

... 

En torno al Reglamento de Personal de la Autoridad y 

corolario de lo anterior debemos dejar establecido que 

el mismo continuó vigente, salvo la suspensión 

temporera de aumento salarial bajo consideración. 

....

[...], debemos señalar que si es cierto que la 

reinstalación la verificó el Presidente Ejecutivo, no es 

menos cierto que durante prácticamente todo el tiempo 

en que el apelante se desempeñó en los puestos de 

confianza quien era su supervisor directo lo fue el 

Sr. Feliciano Nieves. Tómese en cuenta que el 

Sr. Feliciano Nieves ocupó el puesto de Director de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales hasta 

diciembre de 2016. Así las cosas, resulta obvio que el 

funcionario idóneo y lógico para emitir la evaluación 

del apelante lo era el Sr. Feliciano Nieves, quien así 

lo hizo en su carácter oficial. 

Cabe destacar que la Autoridad en forma alguna 

cuestionó o impugnó la evaluación del apelante, la 

cual tomamos como cierta y correcta. 

[...]. Pero lo que sí es innegable es que el apelante 

fue evaluado en sus ejecutorias por el funcionario 

responsable y con autoridad. 

En lo pertinente, y de conformidad con lo expuesto, 

determinamos que la Sección 15.2 (3), supra, establece 

que el empleado tendrá derecho a un incremento hasta 

un 10 % del sueldo que devengaba en el Servicio de 

Confianza. No se trata de una discreción para su 

cumplimiento. Además, consideramos que es un 

derecho adquirido que merece nuestra completa

protección. 

En el caso del apelante podemos afirmar que cumplió 

con los requisitos de dicha reglamentación, por lo que 

procede que se le reconozca y conceda el aumento 

salarial solicitado. (Énfasis nuestro y subrayado en el 

original)

Inconforme, la AAA presentó reconsideración en la que 

argumentó, entre otros asuntos, que el aumento por reinstalación 

no es un derecho adquirido por el recurrido sino un beneficio que 
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otorga el Reglamento de Recursos Humanos y depende de que se 

cumplan ciertos requisitos. Adujo, además, que la certificación del 

21 de diciembre de 2016 no puede considerarse para efectos de la 

Sección 15.2 (3), infra, del Reglamento de Recursos Humanos de la 

AAA al no haber sido emitida de forma oficial y tampoco cubre todo 

el periodo en que este ocupó el puesto de confianza. El petitorio fue 

denegado por la Oficina de Apelaciones mediante Resolución del 

21 de marzo de 2024, y notificada el 25 posterior. 

Todavía en desacuerdo, la AAA acude ante esta Curia 

imputándole al foro administrativo recurrido haber incurrido en los 

siguientes errores: 

ERRÓ LA OA AL DETERMINAR QUE PROCEDE SE LE 

RECONOZCA Y SE LE CONCEDA AL RECURRIDO UN 

AUMENTO SALARIAL POR REINSTALACIÓN A SU 

PUESTO DE CARRERA OCURRIDA EL 30 DE MARZO 

DE 2017, Y QUE EL MISMO SEA EFECTIVO AL 2 DE 

JULIO DE 2021, LUEGO DE CULMINADA LA VIGENCIA 

DE LA LEY NÚM. 3-2017, IGNORANDO LOS 

PLANTEAMIENTOS DE DERECHO DE LA AAA COMO 

POR EJEMPLO LAS DEFENSAS DE PRESCRIPCIÓN Y 

COSA JUZGADA. 

ERRÓ LA OA AL CONSIDERAR LA CERTIFICACIÓN 

DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, SUSCRITA POR 

ALBERTO FELICIANO, LA CUAL NO CONSTA EN LOS 

RÉCORDS OFICIALES DE LA AAA Y QUE FUE 

PRESENTADA POR EL RECURRIDO PARA FINES DE 

SU APELACIÓN, COMO UNA EVALUACIÓN PROPIA DE 

LA EJECUTORIA DEL RECURRIDO EN 

CUMPLIMIENTO CON LA SECCIÓN 15.2 DEL 

REGLAMENTO RH COMO REQUISITO PARA LA 

CONCESIÓN DEL AUMENTO POR REINSTALACIÓN. 

El 2 de mayo de 2024, emitimos Resolución en la que 

concedimos el término de treinta (30) días a la recurrida para 

expresarse. El 20 de mayo siguiente, se cumplió con lo ordenado 

mediante escrito intitulado Oposición a Petición de Revisión 

Administrativa. Por lo que, nos damos por cumplidos y a su vez, 

decretamos perfeccionado el recurso.

Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo,

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver. 
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II. 

Revisión judicial de las decisiones administrativas

La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene 

como fin primordial limitar la discreción de las agencias y 

asegurarse que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley.

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008). En 

el ámbito administrativo, los tribunales apelativos deben conceder 

una gran deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado en los 

asuntos que les han sido encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010).

17

No obstante, esta deferencia reconocida a las decisiones de las 

agencias administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la 

misma no esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia 

erró en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

185 DPR 800, 822 (2012). Por consiguiente, la revisión judicial de 

una decisión administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el 

remedio concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están 

sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar 

la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, a la pág. 940. 

En este ejercicio, nuestro más alto foro ha sido enfático en que

las determinaciones de hechos de organismos y agencias públicas 

tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Camacho Torres v. AAFET,

168 DPR 66, 91 (2006). Quien las impugne tiene el deber 

insoslayable, para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

17 Véanse, también, Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589, (2005); Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 727 (2003).
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descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. El peso de la prueba descansa entonces sobre la 

parte que impugna la determinación administrativa. Íd.

Como corolario a lo anterior, la Sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAUG), Ley núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675, dispone que las 

determinaciones de hechos realizadas, por una agencia

administrativa, serán sostenidas por el tribunal revisor si se 

encuentran respaldadas por evidencia suficiente que surja del 

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad.

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). De modo, que la 

parte afectada deberá reducir el valor de la evidencia impugnada o 

demostrar la existencia de otra prueba que sostenga que la 

actuación del ente administrativo no estuvo basada en evidencia 

sustancial. Otero v. Toyota, supra, a la pág. 728. En consecuencia, 

nuestra función se circunscribe a considerar si la determinación de 

la agencia es razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal 

revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. Íd.

Por otro lado, las conclusiones de derecho son revisables en 

toda su extensión. Sección 4.5, Ley núm. 38-2017, supra. Sin 

embargo, ello “no implica que los tribunales revisores tienen la 

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia.” Otero v. Toyota, supra, a la 

pág. 729. Cuando un tribunal llega a un resultado distinto, este 

debe determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio 

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la 

apreciación de la prueba. Íd.

En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio cuando no pueda encontrar una base racional 
KLRA202400208 12

para explicar la determinación administrativa. Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006).

La Ley Núm. 3-2017 conocida como la Ley para Atender la 

Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el

Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico

En lo aquí pertinente, el 17 de junio de 2014, se aprobó la Ley 

Núm. 66-2014 para crear la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y 

Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

3 LPRA sec. 9101 et seq. Conforme surge de su Exposición de 

Motivos, dicho estatuto fue promulgado a los fines de declarar un 

estado de emergencia fiscal en el gobierno y adoptar un plan para 

manejar las consecuencias de la crisis fiscal y económica que 

atraviesa el país. 

La legislación incluyó, entre otras cosas, una serie de 

disposiciones como parte de las medidas de reducción de gastos en 

la Rama Ejecutiva, que aplican a las corporaciones públicas. Es por 

ello que nuestros Legisladores dispusieron que esta ley tendrá 

primacía sobre cualquier otra. Artículo 3 de la Ley Núm. 66-2014,

3 LPRA sec. 9102.

Ahora bien, entre las medidas adoptadas para tratar la crisis 

fiscal del país, se encuentra la no concesión de beneficios 

económicos ni compensación monetaria extraordinaria a los 

empleados de la Entidades de la Rama Ejecutiva desde y durante 

la vigencia de la Ley Núm. 66-2014. Artículo 11 inciso (a), supra,

3 LPRA sec. 9117. La ley dispone que se considerará como aumento 

en beneficios económicos los aumentos de sueldo por años de 

servicio, servicio meritorio, retribución adicional por habilidades o 

competencia, y aumentos generales. Íd., inciso (b)(1).

De otra parte, es menester apuntalar que la Ley Núm. 3-2017, 

aprobada el 23 de enero de 2017, intitulada Ley para Atender la 

Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el 

Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico reiteró los preceptos de 
KLRA202400208 13

austeridad fiscal de la Ley Núm. 66-2014. De igual manera 

estableció como medida temporera de emergencia el no conceder 

aumentos en beneficios económicos ni compensación monetaria 

extraordinaria a los empleados de las Entidades de la Rama 

Ejecutiva, incluyendo las corporaciones públicas, desde y durante 

su vigencia.18 Artículo 7 de la Ley Núm. 3-2017, 3 LPRA sec. 9397.

En el referido estatuto también se consignó que “[l]a Ley 66-2014 

dispondrá lo que es considerado como un aumento en beneficio 

económico.” Íd.

En lo que nos atañe, el Artículo 23 de la Ley Núm. 3-2017, 

3 LPRA sec. 9413, menciona que: 

Prohibición de reclamaciones retroactivas al 

concluir la vigencia de esta Ley. 

Con excepción de lo dispuesto en el Artículo 11 de la 

Ley 66-2014, sobre liquidaciones en efectivo por 

concepto del exceso de la licencia de vacaciones o 

enfermedad, cualquier compromiso u obligación que 

haya sido temporalmente suspendido mientras esté 

en vigor esta Ley no podrá ser reclamado 

retroactivamente, ni configurará crédito alguno, 

una vez pierda su vigencia. (Énfasis nuestro)

Interpretación de las leyes

De entrada, destacamos que, durante la vigencia de la Ley

Núm. 3-2017, era aplicable el Código Civil de 1930 el cual fue 

posteriormente derogado por la Ley Núm. 55–2020. Por ende, 

utilizaremos para el análisis del presente recurso el Código Civil de 

1930. 

El Artículo 14 del derogado Código Civil, 31 LPRA sec. 14, 

establecía que:

Cuando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra

de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto 

cumplir su espíritu. 19

18 Al respecto, el Artículo 4 de la Ley Núm. 3, supra, 3 LPRA sec. 9394, preceptúa 

que las medidas tomadas al amparo de la Ley Núm. 3 estarán en vigor hasta el 

1 de julio de 2021, salvo que antes ocurra alguna de las circunstancias 

establecidas.

19 El Artículo 19 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, en su Artículo 19, 

31 LPRA sec.5341, incluye una disposición similar. 
KLRA202400208 14

A tenor con la disposición legal antes citada, al interpretar un 

estatuto debemos remitirnos inicialmente al texto de la ley cuando 

el legislador se ha manifestado en un lenguaje claro e inequívoco.

Por tales razones, al momento de interpretar una ley, la función 

principal de los tribunales debe consistir en lograr que prevalezca el 

propósito legislativo de la misma. García Pagán v. Shiley Caribbean, 

etc., 122 DPR 193, 208 (1988).

Cuando la ley contiene un lenguaje confuso, es deber de los 

tribunales llenar las lagunas que hubiese y armonizar aquellas 

disposiciones que estén o parezcan estar en conflicto. P.P.D. v. 

Gobernador, 111 DPR 8, 13 (1981). Con relación a lo anterior, el

Artículo 19 del derogado Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 19, exponía que el medio más eficaz y universal para descubrir 

el verdadero sentido de una ley en caso de duda es considerar la 

razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que indujeron al poder 

legislativo a dictarla. Col. Int’l Sek P.R., Inc., v. Escribá, 135 DPR 

647, 661 (1994).

20

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha expresado que el análisis

de la ley debe hacerse teniendo en mente los fines que persigue, de

forma que la ley se ajuste a la política pública que la inspira. 

Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 749 (1992). De igual 

manera, se ha resuelto que en el proceso de interpretación no se 

debe desvincular la ley del problema que se intenta solucionar. Íd.

Por tales razones, los tribunales deben hacer que el derecho sirva 

para propósitos útiles y evitar una interpretación literal que lleve a 

resultados absurdos. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 DPR 404, 409 

(1998).

20 Al respecto, el Artículo 20, del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 5342, dispone 

que: Para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son 

ambiguas, se considerará su razón y su espíritu, mediante la atención a los 

objetivos del legislador, a la causa o el motivo para dictarla.
KLRA202400208 15

Cosa Juzgada, Impedimento Colateral por Sentencia y 

Fraccionamiento de Causa

El Código Civil de 2020, Ley núm. 55-2020, no contiene una 

disposición que contenga los postulados de cosa juzgada. Sin 

embargo, se mantiene en nuestro ordenamiento dicha doctrina de 

raigambre romana.

21 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., 175 DPR 

139 (2008). 

En fin, el efecto inexorable de la doctrina de cosa juzgada es 

que la sentencia decretada en un pleito anterior impide que en un 

pleito posterior se litiguen entre las mismas partes y sobre la misma 

causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas, 

y aquellas que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con 

propiedad en la acción previa. Méndez v. Fundación, 165 DPR 253 

(2005); Pagán Hernández v. UPR, 107 DPR 720, 732-733 (1978); 

Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 DPR 940, 950 (1972).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha establecido como 

requisito adicional para que aplique la doctrina de cosa juzgada, que 

la sentencia decretada en el primer pleito se dictó por un tribunal o 

agencia administrativa con jurisdicción. Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 513, 536 (1991). En los procesos administrativos esta 

doctrina tiene aplicabilidad cuando se satisfacen los siguientes 

requisitos: (1) la agencia debe actuar en su función adjudicativa, 

donde resuelve las controversias ante sí; y (2) las partes deben haber 

tenido una oportunidad adecuada para defenderse. Pagán 

Hernández v. U.P.R., supra, a la pág. 733. Es importante señalar, 

que esta defensa afirmativa puede manifestarse de tres formas en la 

esfera administrativa: (1) dentro de la misma agencia; 

(2) interagencial, o sea, entre las agencias; y (3) entre las agencias y 

21 A manera ilustrativa véase el Artículo 1500 del Código Civil (ed. 2020), 31 LPRA 

sec. 10644. El mismo dispone que “[l]a transacción produce los efectos de la cosa 

juzgada”.
KLRA202400208 16

los tribunales. Rodríguez Oyola v. Machado Díaz, 136 DPR 250, 253 

(1994).

Por otro lado, el Alto Foro ha decretado que la aplicación de 

esta defensa no es absoluta ni automática. Ésta no se aplicará 

cuando estén presentes consideraciones de orden público; o cuando 

su aplicación derrota los fines de la justicia y produce resultados 

absurdos. Parrilla Hernández v. Rodríguez Morales, supra; Meléndez

v. García, 158 DPR 77, 92 (2002); Pagán Hernández v. U.P.R., supra, 

a la pág. 736; Mercado Riera v. Mercado Riera, supra, a la pág. 953.

También, en el ámbito administrativo la aplicación de la doctrina de 

cosa juzgada es flexible y depende de la naturaleza de la controversia 

planteada. Pagán Hernández v. U.P.R., supra, a la pág. 736; Banco 

de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 DPR 730, 739 (1992).

De otra parte, se reconoce en nuestro acervo jurídico la figura 

del impedimento colateral por sentencia y el fraccionamiento de 

causa, como modalidades de la doctrina de cosa juzgada. La 

doctrina de impedimento colateral por sentencia opera cuando un 

hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se 

dilucida y se determina mediante sentencia válida y final, y la 

determinación es concluyente en un segundo pleito entre las 

mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción distintas. 

Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 655, 672-673 (2011). En dicho 

contexto, la aplicación de esta doctrina impide que se litigue en un 

litigio posterior un hecho esencial que fue adjudicado mediante 

sentencia final en un litigio anterior. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & 

Asoc., supra, a la pág. 152. Por otro lado, la figura del 

fraccionamiento de causa aplica, cuando el demandante tiene varias 

reclamaciones, que surgen de un mismo evento, contra un mismo 

demandado y presenta una de esas reclamaciones en un primer 

pleito. La doctrina de fraccionamiento de causa le impide presentar 

otro pleito contra el mismo demandado por las otras 
KLRA202400208 17

reclamaciones. La modalidad de fraccionamiento de causa tiene el 

propósito de promover el fin de las controversias judiciales y evitar 

las molestias continuas, que ocasiona a una parte, la presentación 

sucesiva de pleitos sobre el mismo asunto. Esta modalidad procede, 

cuando el demandante obtiene una sentencia en un primer pleito y 

luego radica una segunda acción contra la misma parte por otra 

porción de esa misma reclamación. Presidencial v. Transcaribe, 

186 DPR 263, 277-278 (2012).

III.

La recurrente planteó que erró la Oficina de Apelaciones al 

determinar que procedía otorgarle al recurrido de manera 

prospectiva el aumento salarial por reinstalación que no recibió por 

estar vigente la Ley Núm. 3-2017, ignorando además las defensas 

de prescripción y cosa juzgada. Asimismo, señaló que el foro 

admininistrativo actuó incorrectamente al considerar la certificación 

suscrita por el Sr. Alberto Feliciano Nieves la cual no consta en los 

récords oficiales y fue presentada por el señor Morales Colón como 

una evaluación en cumplimiento con la Sección 15.2(3) del 

Reglamento de Recursos Humanos de la AAA. 

Resulta imprescindible advertir que la AAA no presentó ante 

este tribunal una transcripción o una exposición narrativa de la 

prueba oral vertida en la vista evidenciaria celebrada ante el Juez 

Administrativo el 18 de diciembre de 2023, conforme lo provisto por 

la Regla 66 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 66.

Correspondía a la recurrente solicitar la reproducción de la prueba 

oral al presentar su recurso de revisión, lo que no hizo. Así pues, 

debemos concluir forzosamente que se falló en ponernos en posición 

de evaluar la prueba oral desfilada, en especial el testimonio del 

señor Feliciano Nieves mediante el cual fue admitida en evidencia la 

certificación. Por tanto, no contamos con los criterios necesarios 

para dilucidar si la Oficina de Apelaciones incidió o no en la 
KLRA202400208 18

apreciación de la prueba testifical y al admitir dicho documento 

como pieza evidenciaria.

Por su parte, y como indicamos, las determinaciones de 

hechos de organismos y agencias públicas tienen a su favor una 

presunción de regularidad y corrección, que debe ser respetada 

mientras la parte que las impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla. Por consiguiente, debemos presumir que las 

nueve (9) determinaciones de hechos, relacionadas a dicho 

testimonio y consignados en la determinación recurrida, están 

conforme a la prueba presentada en la vista evidenciaria. Las 

restantes determinaciones fueron de hechos estipulados por las 

partes. En consecuencia, solo nos corresponde evaluar si la 

recurrida erró en la aplicación del derecho. Como enunciamos, la 

LPAUG dispone que las conclusiones de derecho serán revisables 

por el tribunal en todos los aspectos. Véamos.

a.

En los errores presentados, la AAA aduce que erró la Oficina 

de Apelaciones al conceder el aumento solicitado y al considerar una 

prueba documental que no forma parte de los récords oficiales de la 

agencia. Arguyó, además, que al presente caso le es aplicable la 

doctrina de cosa juzgada o en su defecto esta prescrita. Por estar

los errores relacionados entre sí, los atenderemos conjuntamente. 

En síntesis, la AAA reitera, en su recurso, que constituye cosa 

juzgada el reclamo del recurrido, ya que ante el foro administrativo 

(CASP) y esta Curia se resolvió que este no tenía derecho a recibir 

su aumento. Sin embargo, el Juez Administrador resolvió y lo 

reiteró en el dictamen aquí recurrido que resultaba improcedente su 

aplicación debido a que el reclamo ahora formulado es “totalmente 

distinto” a lo ya resuelto y adjudicado. Más aún, razonó que 

resultaba evidente que el recurrido no tuvo la oportunidad de 

“litigar” lo que ahora alega. 
KLRA202400208 19

Como indicáramos, el efecto inexorable de la doctrina de cosa 

juzgada es que la sentencia decretada en un pleito anterior impide 

que en un pleito posterior se litiguen entre las mismas partes y 

sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya 

litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron haber sido 

litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción previa. Del

trámite procesal antes consignado surge sin duda alguna que el 

reclamo del señor Morales Colón es un asunto ya adjudicado. 

En el presente caso no hay duda alguna en cuanto al requisito 

de identidad de partes. Tampoco existe controversia en relación con

que ambos pleitos tratan la misma causa de acción y cosas, es decir, 

el derecho a un incremento de hasta un 10% del sueldo que 

devengaba en el puesto del Servicio de Confianza, según dispone la 

Sección 15.2(3) del Reglamento de la AAA. El tercer criterio es si las 

cuestiones ya litigadas y adjudicadas, incluso aquellas que pudieron 

haber sido litigadas y adjudicadas, son las mismas. Asimismo,

aplica a si un hecho esencial previamente resuelto mediante 

sentencia válida y final es concluyente en un segundo pleito entre 

las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción 

distintas, tal cual exige la modalidad de impedimento colateral por 

sentencia. A continuación, analizamos estos criterios.

El señor Morales Colón instó su primera reclamación el 9 de 

abril de 2017 solicitando el incremento del 10% en su sueldo. En 

dicha reclamación su argumento estuvo basado en que la Ley 

Núm. 66 no aplicaba a beneficios económicos, que a su vigencia, ya 

habían sido adquiridos y formaban parte de su compensación 

salarial. El 2 de agosto de 2021, ya vencida la Ley Núm. 3-2017, el 

Oficial Examinador de la CASP emitió su informe en el cual concluyó 

lo siguiente:22

22 Véase, Apéndice del Recurso, a las págs. 63-65. 
KLRA202400208 20

Nada de lo citado nos permite deducir que el aumento 

de sueldo por reinstalación es un derecho absoluto y 

que el mismo ya es parte de la compensación del 

APELANTE por el hecho de trabajar en el servicio de 

confianza. Tal interpretación es errada y no es cónsona

con la clara letra del postulado en cuestión. 

De la disposición reglamentaria citada surge que para 

ser acreedor a un aumento por reinstalación se debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 1. Trabajar en el 

servicio de confianza con derecho a reinstalación; 

2. Dejar de trabajar en el servicio de confianza y ser 

reinstalado en el servicio de carrera; y 3. Que se 

evidencie que ejecutó sus funciones en el servicio de 

confianza de manera excelente. [...]

...

Bajo esa premisa, no cabe duda de que el APELANTE 

cumplió con el primer requisito desde el momento en 

que fue nombrado al servicio de confianza el 24 de enero 

de 2013. No obstante, los dos requisitos restantes se 

cumplieron o ser pudieron haber cumplido en una fecha 

posterior a la aprobación de la Ley 66. Concretamente, 

la Ley 66 entró en vigor el 17 de junio de 2014, mientras 

que el APELANTE dejó de trabajar en el servicio de 

confianza y fue reinstalado en el servicio de carrera el 

30 de marzo de 2017. 

No obstante, más importante aún, es el tercer requisito 

sobre evidenciar que ejecutó sus funciones en el servicio 

de confianza de manera excelente. Ciertamente no 

existe manera lógica de que se pueda evidenciar una 

ejecutoria excelente en el desempeño de sus 

funciones como empleado de confianza antes de 

efectivamente ejecutarlas y culminarlas. [...] 

...

Como se ha mencionado, el APELANTE fue reinstalado 

a su puesto en el servicio de carrera el 30 de marzo 

de 2017, momento en que la Ley 66 ya se encontraba 

vigente. Recordemos que la Ley 66 es una ley de 

carácter socioeconómico que persigue un fin legítimo y 

cuyas disposiciones tienen primacía sobre cualquier 

otro cuerpo legal. Por lo tanto, concluimos que la 

prohibición de concesión de aumento en beneficios 

económicos, en su modalidad de aumentos por 

reinstalación, establecida en el Artículo 11(b) de la 

Ley 66, aplica al aumento por reinstalación solicitado 

por el APELANTE, por lo que el mismo no puede ser 

otorgado. [Énfasis nuestro]

Como hemos mencionado, el recurrido acudió ante esta Curia 

y como consignáramos, el 19 de octubre de 2021, un Panel Hermano 

dictó Sentencia en la cual confirmó que “..., a partir de la Ley 66, la 
KLRA202400208 21

AAA estaba impedida de conceder un aumento salarial por 

reinstalación.”23 También resolvió que:24

“[...], el aumento pretendido no formaba parte de la 

compensación del Recurrente a la fecha de vigencia 

de la Ley 66. Así pues, no se trata de un aumento 

salarial automático, ya que el mismo está sujeto a una 

evaluación de su desempeño.

Por tanto, no es posible concluir que, a la vigencia de la 

Ley 66 (años antes de la reinstalación del Empleado al 

puesto de carrera), ya el Recurrente fuese acreedor a 

dicho aumento. Ello porque, para advenir acreedor del 

mismo, era necesario haber antes culminado el 

desempeño de sus funciones en el puesto de confianza, 

para así poder determinarse si hubo la “ejecutoria 

excelente” requerida. Más aún, en este caso tampoco 

surge del récord alguna evaluación de desempeño 

del Empleado mientras este ocupó la plaza de 

confianza. Por tanto, aun en ausencia de la Ley 66, 

es cuestionable que el foro recurrido hubiese podido 

ordenar a la AAA que se otorgara el aumento solicitado.

Independientemente de lo anterior, el aumento 

pretendido estaba prohibido por otra razón. El 

Recurrente fue reinstalado en su puesto de carrera 

durante la vigencia de la Ley 3-2017, y dicho estatuto 

claramente dispone que “[d]esde y durante la vigencia 

de esta Ley no se concederán aumentos en beneficios 

económicos ni compensación monetaria extraordinaria 

a los empleados de las Entidades de la Rama 

Ejecutiva”.” Íd. (Énfasis nuestro)

En virtud de los dictámenes antes reseñados surge con 

meridiana claridad que a la reclamación del recurrente le es 

aplicable la doctrina de cosa juzgada y debió ser desestimada de su 

faz. Como adelantamos, existe entre los dos pleitos en cuestión 

identidad de partes y la calidad en que lo fueron. También 

encontramos que en ambos pleitos se reclama el aumento por 

reinstalación. La única diferencia es que ahora el recurrido elaboró 

otra teoría, a saber, que la Ley Núm. 3-2017 ya no está vigente, lo 

cual pudo y debió haber planteado en su reclamo anterior. Incluso,

aun cuando no hubiese sido posible plantearlo ante la CASP, la 

realidad es que dicho nuevo planteamiento en nada afecta o varia 

los dictámenes, y hechos, ya adjudicados. 

23 Íd., a la pág.72.

24 Íd., a la pág. 73.
KLRA202400208 22

En el caso de autos ya era un hecho determinado que el 

aumento por reinstalación no era un derecho absoluto ni 

automático, y mucho menos un derecho adquirido. Incluso,

surge claramente de los dictámenes antes citados que,

independientemente de los efectos de la Ley Núm. 66-2014 y la Ley

Núm. 3-2017, era cuestionable que la CASP hubiese podido ordenar 

a la AAA que le otorgara el aumento solicitado. Nótese que, tanto la 

CASP, como este foro intermedio, dictaminaron que era requisito 

indispensable que el recurrido hubiese recibido una evaluación 

del desempeño de sus funciones en el puesto de confianza.

Asunto que le fue permitido relitigar al recurrido en el recurso de 

epígrafe. Por tanto, la Oficina de Apelaciones debió desestimar el 

presente reclamo bajo la doctrina de cosa juzgada en cualquiera de 

sus modalidades. Constituyó un error de derecho concluir que el 

reclamo era “totalmente distinto” a lo ya resuelto y adjudicado. 

Por último, aun cuando no fuera aplicable la doctrina de cosa 

juzgada, adelantamos que es imposible avalar la pretensión del 

señor Morales Colón. 

b.

Conforme establecimos en el trámite procesal antes 

consignado, luego de que el dictamen emitido por esta Curia 

adviniera final y firme,25 el recurrido vuelve a solicitar el mismo 

aumento, pero aduciendo que le corresponde a partir del 2 de julio 

de 2021 cuando la Ley Núm. 3-2017 perdió su vigencia. En su 

escrito en oposición plantea que ahora lo que esta “requiriendo ... 

es que se cumpla con la obligación y se proceda con el aumento 

salarial luego de la caducidad de la ley”.26 En otras palabras, el 

recurrido pretende que se ignore los efectos que tuvo la Ley 

Núm. 3-2017 sobre su reclamo, los hechos ya adjudicados, y que 

25 El mandato fue remitido 5 de mayo de 2022. 

26 Véase, Oposición a Petición ... a la pág. 7. 
KLRA202400208 23

pasados más de siete (7) años de su reinstalación, esta se considere 

como si hubiese ocurrido luego de vencida la Ley Núm. 3–2017. Sin 

duda alguna, forzoso es concluir que no le asiste la razón. 

Añadimos a lo anterior que resulta ser un hecho 

incontrovertido que el recurrido fue reinstalado en su puesto de 

carrera el 30 de marzo de 2017 cuando la Ley Núm. 3-2017 estaba 

imperante. Asimismo, es otro hecho incuestionable que, en ese 

instante, nació su derecho al beneficio del incremento por ajuste 

salarial de un 10% según concede el Reglamento de Recursos 

Humanos de la AAA, pero no podía ser acreedor del mismo por 

mandato diáfano del estatuto.

27 Como bien ha sido previamente 

adjudicado, tanto por la CASP, como por esta Curia, existía una 

prohibición expresa en la Ley Núm. 3-2017 para reclamar cualquier 

compromiso u obligación económica suspendida desde y durante 

la vigencia del estatuto, es decir, hasta el 1 de julio de 2021. Más 

aún, el artículo preceptúa que el aumento o la compensación 

monetaria no representará un crédito cuando la ley pierda su 

vigencia. 

Ahora bien, el recurrido razona que al 2 de julio de 2021 ya 

no existía un impedimento legal y desde ese mismo día podía 

beneficiarse del susodicho incremento salarial por reinstalación. 

Precisa enfatizar que en este somero análisis el señor Morales Colón 

27 La Sección 15.2 del Reglamento intitulado Ajustes en la Compensación

establece que la AAA adoptará la normativa pertinente para que sea viable para 

la ejecución de ajustes en los salarios de las transacciones de personal. En lo 

concerniente al recurso ante nos, la normativa en disputa lee: 

1. ...

2. Reinstalación- ...

3. Si la reinstalación es como resultado de la separación de un empleado 

de un puesto de confianza a uno de carrera, el empleado tendrá 

derecho a todos los beneficios en términos de clasificación y sueldo que 

se hayan extendido al puesto de carrera que ocupaba durante el 

término que sirvió en el servicio de confianza. También tendrá derecho 

a los aumentos de sueldos otorgadoos vía legislación estatal o 

municipal o aumentos generales y a un incremento de sueldo hasta 

un 10% del sueldo que devengaba en el puesto del Servicio de 

Confianza. Para otorgar este reconocimiento será necesario que 

se evidencie la ejecutoria excelente del empleado(a). ... (Énfasis 

nuestro)
KLRA202400208 24

obvia por completo varios hechos previamente adjudicados, es decir, 

que su derecho al aumento no era absoluto ni adquirido, y que no

se cumplió con el requisito de evaluación. Asimismo, olvida que el

supuesto derecho a solicitar dicha compensación económica se 

originó el 30 de marzo de 2017 cuando estaba en todo vigor la 

prohibición patente de la Ley Núm. 3-2017. Por tanto, 

vehementemente rechazamos la invitación que nos extiende el señor 

Morales Colón de recibir ajuste salarial a partir del 2 de julio de 2021 

por hechos ocurridos en el 2017, lo cual es un petitorio ya 

adjudicado y resuelto. El permitirle realizar un reclamo prospectivo 

a base de un derecho de solicitud de ajuste salarial retroactivo esta 

claramente vedado por ley. Es decir, colegimos que lo vetado en el 

referido mandato legal no es susceptible de emerger sin una 

expresión legislativa que así lo autorice. Como destacáramos, al 

interpretar un estatuto debemos remitirnos inicialmente al texto de 

la ley cuando el legislador se ha manifestado en un lenguaje claro e 

inequívoco.

Agregamos a lo anterior que, como bien advierte, el 

Artículo 23 de la Ley Núm. 3-2017, supra, el legislador pretendió 

impedir que cualquier persona afectada pudiese, posterior a la 

vigencia de ley, hacer un reclamo por una compensación monetaria

que dejó de percibir. Esto, siempre que estuviese fundamentado en 

un beneficio económico que estuviese suspendido como lo es un 

aumento por reinstalación. Artículo 11 de la Ley Núm. 66-2014, 

3 LPRA sec. 9117. Por lo que, permitir lo contrario, resultaría en un 

total contrasentido con la intención legislativa y el propósito que 

persigue la ley.

28 Al respecto, reiteramos que como tribunal, nuestra 

obligación fundamental es imprimirle efectividad a la intención 

28 Del Diario de Sesiones del Senado de Puerto Rico del 18 de enero de 2017 surge 

que la Senadora Migdalia Padilla Alvelo, entonces Presidenta de la Comisión de 

Hacienda, fue quien presentó el Proyecto de la Cámara 451 (posterior Ley Núm. 

3-2017) y allí, esta manifestó que entre los gastos que se proponen reducir está 

suspender la concesión de aumentos en beneficios económicos. 
KLRA202400208 25

legislativa con el fin de alcanzar el propósito que persigue la ley.29 

Asimismo, y de entenderse que la Ley Núm. 3-2017 no establece que 

todo aumento quedó prohibido o eliminado, “[e]l profundo respeto 

que nos merece la intención del legislador nos obliga en 

determinadas ocasiones a suplir las inadvertencias en que éste 

pueda haber incurrido.”

30 En consecuencia, la razón y espíritu de 

la Ley Núm. 3-2017, así como su causa, nos lleva a concluir que 

cualquier derecho acontecido durante su vigencia no puede ser 

invocado terminada la misma con excepción de los beneficios 

excluidos en el propio estatuto. Por tanto, al haber sido reinstalado 

en el puesto de carrera el 30 de marzo de 2017, reiteramos que no 

es permisible invocar un alegado derecho después de cuatro (4) 

años, máxime, cuando a dicha fecha estaba totalmente proscrito el 

ajuste salarial por reinstalación.

A su vez, se hace menester señalar que el reclamo está 

fundamentado en la concesión de un beneficio económico que no 

formaba parte de su compensación como empleado ni menos 

constituye un derecho adquirido según entendió en el pleito anterior 

el foro recurrido. Recordemos que este es un beneficio por ajuste de 

salario que se creó mediante reglamento promulgado y adoptado por 

la AAA, más su concesión no es automática, ya que como dictaminó 

el Hermano Panel “el mismo [referencia al aumento] está sujeto a 

una evaluación de desempeño.”

En cuanto a la evaluación del desempeño, el señor Morales 

Colón justifica su petición de ajuste salarial por reinstalación 

incluyendo ahora una evaluación del 21 de diciembre de 2016 que 

no formó parte ni fue incluida en el pleito anterior. Incluso, del 

dictamen revisado surge que, en la vista evidenciaria, se presentó

29 Véase, Vázquez v. A.R.P.E., supra, a la pág. 523 citando Chase Manhattan Bank,

v. Mun. de San Juan, 126 DPR 759, 766 (1990).

30 Véase, Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 DPR 77, 84, (1961).
KLRA202400208 26

como evidencia la certificación suscrita por la Sra. Iris K. Vélez 

Rodríguez, Supervisora de Servicios de Personal de la AAA, en donde 

esta afirmó que dicho documento no estaba en el Expediente de 

Personal del recurrido. La certificación fue expedida el 29 de 

noviembre de 2017 y fue estipulada por las partes ante la Oficina 

de Apelaciones.31 Por tanto, no podemos coincidir con lo expresado 

por el Juez Administrativo sobre que la “... Autoridad en forma 

alguna cuestionó o impugnó la evaluación del apelante, la cual 

tomamos como cierta y correcta.”32 En este sentido, del trámite 

detallado por el propio Juez Administrador, en cuanto a los 

documentos admitidos en evidencia durante la vista evidenciaria,

surge que sí fue cuestionada de forma directa la existencia de la 

certificación emitida por el señor Feliciano Nieves a través de otra,

de posterior fecha, que fue además estipulada por el señor Morales 

Colón y la AAA. Asimismo, entendemos meritorio mencionar que de 

las determinaciones de hechos consignadas en el dictamen 

recurrido no surge las razones por las cuales dicha evaluación no 

fue presentada en el pleito anterior. La inexistencia de la misma fue 

uno de los fundamentos utilizados por la CASP y esta Curia para 

concluir que era cuestionable que se le ordenase a la AAA otorgar el 

aumento solicitado.

En conclusión, examinado el expediente en su totalidad, 

concluimos que el foro administrativo erró en la aplicación del 

derecho y actuó irrazonable al concluir que procede el aumento 

solicitado. Reiteramos que el reclamo debió ser desestimado por ser 

un asunto ya juzgado.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución 

Final recurrida.

31 Véase, Apéndice del Recurso, a la págs. 238-239, y 240-241.

32 Íd., a la pág. 244. 
KLRA202400208 27

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones