CORPORACIÓN DE INVERSIONES 

PRIVADAS EN EL EXTRANJERO (OPIC)

MANUAL DE NORMAS Y ESTRATEGIAS 

ANTICORRUPCIÓN 

[Sello]

Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero

Estados Unidos de América

Septiembre de 2006
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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OPIC

La corrupción en los medios oficiales tiene un efecto pernicioso en la inversión tanto en 

el país como en el extranjero. Amenaza los principios básicos del sistema de mercado 

libre y mina el estado de derecho. La corrupción se manifiesta de muchas maneras

diferentes. Unas veces es directa, como una solicitud o exigencia de soborno; otras veces

es mucho más sutil. Al elevar el costo de las operaciones comerciales de una forma 

inapropiada e ineficiente, desvía un capital muy necesario hacia otros puntos de destino y 

obstaculiza los esfuerzos mundiales por erradicarla.

Últimamente se ha avanzado mucho. Varias instituciones y organizaciones financieras, como el Banco Mundial, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

(OCDE), la Corporación del Desafío del Milenio (MCC), las Naciones Unidas y 

Transparency International, desempeñan una función más amplia en el combate a la 

corrupción. La OPIC apoya decididamente sus actividades y busca siempre la manera de 

trabajar con esas instituciones en pro del logro de la meta común de erradicar la 

corrupción mundial.

El Gobierno de los Estados Unidos sigue desempeñando una parte importante en la lucha 

mundial contra la corrupción. En la Cumbre del Grupo de los Ocho (G­8) celebrada en 

San Petersburgo en 2006, los Estados Unidos y otras naciones reafirmaron su 

compromiso de luchar contra la corrupción y de promover una mayor transparencia de la 

gestión de los fondos públicos. El 10 de agosto de 2006, el Presidente Bush reveló su 

estrategia nacional para internacionalizar las actividades de lucha contra la corrupción de 

alto nivel por funcionarios públicos superiores. Afirmó lo siguiente: 

“La corrupción de alto nivel por funcionarios públicos superiores, o cleptocracia,

es un grave y corrosivo abuso de poder y representa la forma más odiosa de 

corrupción pública. Amenaza nuestro interés nacional y viola nuestros valores. Dificulta nuestros esfuerzos para promover la libertad y la democracia, terminar

con la pobreza y combatir la delincuencia y el terrorismo internacionales. La 

cleptocracia es un obstáculo para el progreso democrático, socava la fe en las

instituciones públicas y priva de prosperidad a los pueblos. La promoción de una 

gobernanza transparente y responsable es un elemento crítico de nuestro 

programa de trabajo en pro de la libertad”.

Presidente George W. Bush, 10 de agosto de 2006.

En 1977, el Congreso promulgó la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA). El 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de la aplicación 

de la ley penal y civil relacionada con las disposiciones de la FCPA en el caso de las

empresas nacionales y las empresas y los ciudadanos extranjeros. La Comisión de 

Valores y Bolsas (SEC) tiene la responsabilidad de la aplicación de la ley civil 

relacionada con las disposiciones de la FCPA contra la corrupción en el caso de los

emisores de valores sujetos a la supervisión de dicha Comisión.
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La OPIC, como organismo del Gobierno de los Estados Unidos, trabaja cuidadosamente 

para asegurar el empleo de las prácticas óptimas contra la corrupción en los proyectos

que apoya y el cabal cumplimiento de estos últimos con la FCPA y otras leyes contra la 

corrupción. La OPIC realiza un extenso proceso de diligencia debida con respecto a los

proyectos propuestos desde el principio y los supervisa en todas las etapas para 

determinar si hay indicios de pagos y prácticas corruptos. Como posible beneficiario del 

apoyo de los proyectos de la OPIC, a usted se le pedirá que expida una certificación del 

cumplimiento de las disposiciones contra la corrupción al presentar su solicitud de 

financiamiento o de seguro contra riesgo político de la OPIC. Se exigirán otras

seguridades con respecto al cumplimiento en los documentos de transacciones de la 

OPIC, que también le solicitará a usted información personal y sobre el programa de 

cumplimiento de las disposiciones de lucha contra la corrupción en su empresa.

El Manual tiene por objetivo explicar las políticas y los procedimientos generales de 

lucha contra la corrupción establecidos por la OPIC y sus obligaciones al respecto. También contiene una exposición detallada de la FCPA. Esta ley impone requisitos en 

dos campos amplios, a saber, las disposiciones contra el soborno y las referentes a 

contabilidad. Las disposiciones contra el soborno, si bien prohíben en términos generales

los pagos corruptos a funcionarios extranjeros, también ofrecen orientación con respecto 

a pagos a terceros, a ciertos pagos permisibles y a la defensa afirmativa de presuntas

infracciones.

Las disposiciones sobre contabilidad, establecidas con el fin de que funcionen junto con 

las disposiciones de la FCPA contra el soborno, exigen que las empresas amparadas por

dichas disposiciones establezcan y mantengan libros y asientos contables que reflejen con 

precisión y a cabalidad las transacciones de la empresa y creen y mantengan un sistema 

adecuado de controles contables internos.

Espero que el Manual le sea de utilidad al preparar su solicitud de financiamiento o 

seguro de la OPIC. La Organización necesita su apoyo en nuestro esfuerzo común para 

combatir la corrupción. Muchas gracias por su asistencia.

[firmado] Robert Mosbacher, Jr.
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LA CORRUPCIÓN ES UNA AMENAZA CONTINUA PARA EL DESARROLLO 

MUNDIAL

¿Por qué nos importa el efecto de la corrupción? En calidad de organismo del Gobierno 

de los Estados Unidos con el mandato de promover el desarrollo internacional y proteger

las inversiones estadounidenses en el exterior, la OPIC reconoce que la lucha contra la 

corrupción está íntimamente vinculada a su misión. Desde el punto de vista del 

crecimiento y desarrollo económicos, la corrupción presenta una amenaza para la 

inversión por varias razones: reduce la eficiencia de los sectores público y privado al 

permitir que determinadas personas asuman cargos de poder por medio de clientelismo y 

no de capacidad; distorsiona el medio financiero y económico; promueve el 

comportamiento centrado en la captación de rentas en lugar del mercado competitivo y, en su máxima expresión, introduce inestabilidad y anarquía a1 proceso político. Un 

medio económico previsible también es importante para los inversionistas privados. Cuando se asegura a estos últimos que los rendimientos de la empresa y la inversión se 

destinan al empresario y al inversionista, es más probable que haya inversión. Un medio 

económico inestable en el que prevalecen la corrupción y el soborno aumenta los costos y 

somete los rendimientos de la inversión a maquinaciones políticas.

Todavía hay mucho trabajo pendiente. Más de dos terceras partes de las 159 naciones

estudiadas en el índice de percepciones de corrupción preparado en 2005 por

Transparency International tuvieron una puntuación inferior a cinco dentro de una de 10,

asignada a la ausencia de corrupción, lo que indica un grado preocupante de corrupción 

en una mayoría de los países estudiados. El índice de 2005 es testimonio de la doble 

carga de pobreza y corrupción que llevan los países de menor desarrollo del mundo. La 

corrupción es una causa importante de la pobreza y una barrera para superarla. 

Extensas investigaciones muestran que la inversión extranjera es menor en los países que 

se consideran corruptos, lo que obstaculiza aún más sus posibilidades de prosperar. Cuando los países mejoran la gobernanza y reducen la corrupción, cosechan un  “dividendo del desarrollo” que, según el Instituto del Banco Mundial, puede incluir una 

mejora de las tasas de mortalidad infantil, un mayor ingreso per cápita, y un mayor grado 

de alfabetismo. Las investigaciones realizadas por el Banco Mundial sobre los

indicadores de gobernanza apoyan el hecho de que la mejora real del estado de derecho o 

del control de la corrupción en una nación podría redundar en un cuantioso aumento 

porcentual del ingreso per cápita a largo plazo. Véase: 

http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/govmatters4.html.

La erradicación de la corrupción y la introducción de reformas encabezadas por los

beneficiarios revisten importancia crítica para el aumento de la inversión directa 

extranjera y el logro de las metas cruciales de desarrollo humano y económico 

establecidas por la comunidad internacional. Es indispensable tener sólidos sistemas

judiciales y regímenes de reglamentación para atraer nueva inversión y nutrir el 

crecimiento. Habiendo dicho eso, se cree que la globalización económica alimenta la 

necesidad imperativa del estado de derecho al ejercer presión sobre los gobiernos para
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que ofrezcan la estabilidad, la transparencia y la responsabilidad que exigen los

inversionistas internacionales.

ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORMULADA POR 

LA OPIC

La OPIC reconoce que puede y debe desempeñar una función importante y activa en la 

lucha mundial para erradicar la corrupción y ayudar a fortalecer el estado de derecho en 

los países en desarrollo. Como único organismo del Gobierno de los Estados Unidos con 

la misión de facilitar y movilizar la inversión de capital estadounidense en los países en 

desarrollo, la OPIC está plenamente consciente de las dificultades que enfrentan los

inversionistas en los mercados donde el estado de derecho es débil y la corrupción es

desenfrenada. A menudo la OPIC es el prestamista o el asegurador de último recurso en 

esos mercados difíciles; por lo tanto, es imprescindible que realice una función previsiva 

en la lucha mundial contra la corrupción. De acuerdo con ello, la OPIC tiene una 

estrategia muy dinámica de lucha contra la corrupción. Además de prevenir la corrupción 

relacionada con los proyectos que apoya y de fomentar el estado de derecho por medio de 

los requisitos legales y en materia de política que impone a las transacciones que apoya, 

la OPIC respalda decididamente el empeño mundial por mejorar la transparencia y 

reducir la corrupción.

En su más amplio nivel, la postura de la OPIC con respecto a los asuntos relativos a la 

lucha contra la corrupción tiene por fin reducir la carga que impone la corrupción amplia 

y generalizada a los gobiernos y las economías del mundo. En términos más específicos, el enfoque de la OPIC se centra en cuatro objetivos: 

● Fomentar los esfuerzos mundiales para reducir la corrupción y mejorar la transparencia 

en las transacciones comerciales en el ámbito internacional. ● Fomentar la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción en cada país. ● Apoyar y ampliar la función del sector privado en la gobernanza y las actividades de 

lucha contra la corrupción en el sector público. ● Prevenir la corrupción en los proyectos apoyados por la OPIC.

Para alcanzar esos objetivos, la OPIC participa en programas de gobernanza que 

fomentan las actividades de lucha contra la corrupción y abordan otras cuestiones

relacionadas con el estado de derecho, incluso una reforma reglamentaria, jurídica y 

judicial. También trabaja estrechamente con varios organismos del Gobierno de los

Estados Unidos, instituciones financieras internacionales y organizaciones de lucha 

contra la corrupción para compartir información y colaborar en iniciativas de gobernanza,

transparencia y lucha contra la corrupción. Una parte importante de la estrategia de la 

OPIC se centra en animar al sector privado a desempeñar una función activa en la lucha 

contra la corrupción mundial. Para prevenir la corrupción en los proyectos apoyados por

la OPIC, ésta analiza y mejora constantemente sus propios procedimientos y políticas

internos para velar por la adopción de mejores prácticas. MANUAL DE LA OPIC SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
­6­

Este Manual es parte clave de la estrategia de lucha contra la corrupción formulada por la 

OPIC. Se preparó principalmente para los patrocinadores, los inversionistas, las empresas

y otras partes afines que realizan proyectos apoyados por la OPIC. Ofrece un amplio 

panorama general de las políticas, las directrices y los procedimientos de la OPIC en 

materia de lucha contra la corrupción y describe los diversos requisitos impuestos por la 

Organización a las transacciones que apoya como parte de su estrategia de lucha 

correspondiente. Además, contiene una exposición detallada pero de fácil lectura de la 

Ley de prácticas corruptas en el extranjero y una explicación de la forma en que se aplica 

dicha ley a los proyectos extranjeros apoyados por organismos del Gobierno de los

Estados Unidos tales como la OPIC. En todo el Manual y en el Anexo B se ofrecen 

enlaces a sitios virtuales que ofrecen recursos complementarios.

Este Manual puede consultarse en el sitio web de la OPIC y se distribuye a todos los

solicitantes de apoyo de la Organización. Según sea necesario, dentro del marco de varios

de sus programas, la OPIC exige que los solicitantes presenten una certificación de que 

han leído y entendido el Manual. Además los solicitantes que busquen apoyo de la OPIC

deben certificar que han distribuido el Manual a una lista de partes del proyecto aprobada

por la OPIC. En el caso de proyectos que exigen financiamiento de la OPIC, esta última, 

en general, exige que se distribuya el Manual a todos los funcionarios de la empresa 

participante en los proyectos, a sus afiliados, a todos los accionistas con una participación 

superior a 10% (diez por ciento) en la empresa que realiza el proyecto y a cada persona o 

entidad que proporcione crédito u otro apoyo de importancia al proyecto. A continuación 

se ofrece una exposición general de otras clases de certificación relacionadas con las

leyes de prácticas corruptas.

DEFINICIONES

El término “corrupción” se usa como referencia abreviada para designar una amplia gama 

de actividades ilícitas o ilegales. Aunque no hay una definición universal ni amplia de lo 

que constituye un comportamiento corrupto, las definiciones más destacadas tienen en 

común la importancia dada al abuso del poder público o de un cargo público para ventaja 

personal. La sucinta definición utilizada por el Banco Mundial es “el abuso de un cargo 

público para beneficio privado”. La OPIC ha adoptado una definición similar pero más

detallada en la que señala preocupaciones particulares.

“La corrupción entraña un patrón de conducta indebida e ilícita por parte de 

funcionarios del sector público, ya sean políticos o empleados públicos, para 

enriquecimiento propio o de personas allegadas mediante el abuso del poder

público que se les ha confiado.”

La OPIC comparte las preocupaciones de las instituciones financieras internacionales,

tales como el Banco Asiático de Desarrollo, de que la corrupción y el comportamiento 

poco ético de las personas en el sector privado fomentan la corrupción en el sector

público. La OPIC cree firmemente que el sector privado debe desempeñar una función 

clave en la ayuda para eliminar la corrupción en el sector público.
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El fraude y la corrupción suelen incluir actos de i) soborno, ii) extorsión y coerción, iii)

fraude y iv) colusión. La OPIC define esos términos de la manera siguiente: 

i. “Soborno”. El acto de ofrecer o dar alguna cosa de valor para ejercer 

influencia en las acciones o decisiones de terceros o el recibo o la solicitud de 

cualquier beneficio a cambio de acciones u omisiones relacionadas con el 

desempeño de funciones.

ii. “Extorsión” o “coerción”. El acto de obtener algo, obligar a realizar una 

acción o influir en una decisión por medio de intimidación, amenaza o uso de 

fuerza, con perjuicio potencial o real para una persona, su reputación o sus

bienes.

iii. “Fraude”. Cualquier acción u omisión realizada con la intención de tergiversar

la verdad con el fin de inducir a otros a actuar con confianza en ello para 

obtener alguna ventaja injusta o causar daño a otros.

iv. “Colusión”. Un acuerdo secreto entre dos o más partes para defraudar o causar 

daño a una persona o entidad o para lograr un fin ilícito.

Estas definiciones presentan algunos de los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. A continuación se ofrece a manera de ejemplo una lista de 

patrones de comportamiento corrupto: 

● El diseño o la selección de proyectos poco económicos por causa de oportunidades de 

pago de comisiones financieras clandestinas y de clientelismo político. ● Fraude en adquisiciones, incluso colusión, cobro excesivo o selección de contratistas, proveedores y consultores basada en criterios distintos del licitante que presenta la oferta 

más baja o del “mejor valor” determinado con una amplia evaluación. ● Pagos ilícitos de “dinero rápido” a funcionarios públicos para facilitar la entrega

oportuna de bienes y servicios a los que el público tiene derecho por ley, tales como 

permisos y licencias. ● Pagos ilícitos a funcionarios públicos para facilitar el acceso a bienes, servicios e 

información a los que el público no tiene derecho o para negar el acceso al público a 

bienes y servicios a los que tiene derecho por ley. ● Pagos ilícitos para prevenir la aplicación de normas y reglamentos de una manera justa 

y coherente, en particular en campos relacionados con la seguridad pública, la aplicación 

de la ley o la recaudación de ingresos fiscales. ● Pagos a funcionarios públicos para fomentar o sostener un acceso monopolista a los

mercados a falta de una justificativa económica convincente con respecto a esas

restricciones. ● El uso indebido de información confidencial para beneficio personal, como el uso de 

información sobre las rutas de transporte público para invertir en bienes raíces con 

posibilidades de valorización. ● La revelación deliberada de información falsa o errónea sobre la situación financiera de 

ciertas empresas, que podría impedir que los posibles inversionistas valoren con precisión 

su patrimonio, como el hecho de dejar de revelar un gran volumen de pasivos eventuales

o la subvaloración de activos en empresas que se pretende privatizar.
­8­

● El robo o la malversación de bienes o dineros públicos. ● La venta de puestos, cargos o promociones oficiales, el nepotismo u otras acciones que 

minen la creación de una administración pública meritocrática profesional. ● La extorsión y el abuso de un cargo público, como el recurso a la amenaza de una 

auditoría tributaria o de sanciones legales para lograr favores personales. ● La obstrucción de la justicia y la obstaculización del cumplimiento del deber de los

organismos encargados de detectar, investigar y procesar el comportamiento ilícito.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OPIC CONTRA LA CORRUPCIÓN 

1. Diligencia debida

El programa de diligencia debida de la OPIC se destina a proteger a la institución contra 

la realización de operaciones comerciales con organizaciones, empresas y personas

corruptas y carentes de ética. Los patrocinadores e inversionistas que busquen el apoyo 

de la OPIC para proyectos en el exterior deben saber que la OPIC tiene un riguroso y 

amplio proceso de diligencia debida para identificar y evaluar las cuestiones relacionadas

con el riesgo de carácter, incluso violaciones y presuntas violaciones de las leyes contra 

la corrupción y de otra índole. Antes de comprometerse a realizar cualquier transacción,

la OPIC trabaja con consultores externos, asesores jurídicos locales, las Embajadas de los

Estados Unidos y muchos organismos del Gobierno de los Estados Unidos para 

identificar las posibles cuestiones de riesgo de carácter que sean motivo de preocupación.

La ley exige que la OPIC avise al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)

sobre cualquier denuncia de fraude o de representación errónea recibida que sea digna de 

crédito. Al determinar si existen denuncias dignas de crédito, la OPIC examinará la 

información que reciba caso por caso y a menudo solicitará más detalles sobre un asunto 

determinado al solicitante para abordar las circunstancias atenuantes y las medidas

correctivas que se deben tomar.

La OPIC es un organismo del Gobierno de los Estados Unidos que, según la disposición 

de la ley, está “...sujeta a la orientación del Secretario de Estado de los Estados Unidos

en materia de política exterior”. El Departamento de Estado (DOS) u otro organismo del 

Gobierno de los Estados Unidos (por ejemplo, el organismo nacional de inteligencia) 

pueden desaconsejarle a la OPIC que apoye un proyecto particular por causa de un grave 

problema de riesgo de carácter, como cuando una parte del proyecto (o un funcionario, director o accionista de una parte de un proyecto) tiene vínculos con el terrorismo, participa en lavado de dinero o, de alguna otra forma, ha participado en actividades

corruptas, fraudulentas o poco éticas. En ese caso, es posible que la OPIC no esté en 

condiciones de dar una explicación a la parte del proyecto o ni siquiera al patrocinador o 

al inversionista de los Estados Unidos. La OPIC no asumirá ninguna responsabilidad por

reclamaciones de pérdida o daño como resultado de una decisión de no seguir adelante 

respaldada por un informe o una orientación recibida de otro organismo del Gobierno de 

los Estados Unidos, ya sea que ese organismo pueda o no pueda proporcionar 

información sobre su decisión.
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2. Certificación del cumplimiento de las leyes de prácticas corruptas exigida 

por la OPIC

Todos los programas de apoyo de la OPIC exigen que ciertas partes que realizan 

proyectos presenten varias clases de certificación del cumplimiento de la FCPA y otras

leyes aplicables sobre prácticas corruptas. Estas disposiciones y clases de certificación se 

encuentran en las solicitudes y los documentos de los proyectos de la OPIC y, en general, son similares, pero adaptadas a las actas de cierre empleadas por cada programa de la 

OPIC. Como se señaló antes, se exige que determinadas partes de la OPIC certifiquen 

que han leído y distribuido este Manual. A continuación se presenta una breve discusión 

de las otras clases de certificación exigidas. Se insta encarecidamente a los solicitantes a 

que examinen estas (y todas las demás) clases de certificación en detalle con su asesor

jurídico antes de firmar los documentos.

A. Informes de declaración de los patrocinadores

Los informes de declaración de los patrocinadores (Sponsor Disclosure Reports, SDR) se exigen en todos los casos en que la OPIC presta apoyo financiero como 

parte de su proceso inicial de diligencia debida. Durante el proceso de solicitud de 

préstamos directos, garantías de préstamos y fondos de inversión de la OPIC, los

patrocinadores de proyectos, los socios generales de los fondos de inversiones y 

otros participantes en los proyectos y fondos importantes deben presentar los SDR 

como complemento de la información suministrada por medio de la solicitud de 

financiamiento.

El SDR es un documento básico para acopiar información, entre otras cosas, sobre 

los participantes en proyectos o fondos; el posible efecto de un proyecto o un 

fondo en la economía y el empleo en los Estados Unidos; los antecedentes de los

dueños y funcionarios de la empresa patrocinadora de un proyecto primario; y el 

cumplimiento de la FCPA y otras leyes similares contra la corrupción. El SDR 

también incorpora los formularios de los informes obligatorios de declaración 

contra el ejercicio del cabildeo y el consentimiento exigido para que la OPIC

realice auditorías tributarias y verificaciones de crédito durante el proceso de 

examen correspondiente. 

Los informes de declaración de los patrocinadores son formularios del Gobierno 

de los Estados Unidos que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB)

debe examinar y aprobar periódicamente. Los patrocinadores y prestatarios de la 

OPIC deben saber que esta última puede revisar periódicamente los SDR para 

asegurarse de que reflejen las mejores prácticas. Los patrocinadores deben tener

presente que cualquier representación errónea u omisión de información 

pertinente puede dar lugar a un enjuiciamiento penal de conformidad con el 

Título 22, Sección 2197 n), del Código de los Estados Unidos, así como a la 

terminación de un compromiso o a la declaración de incumplimiento de las

condiciones del préstamo.
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El SDR de la OPIC tiene una página dedicada solamente a “Certificación del 

cumplimiento de las leyes de prácticas corruptas”. Contiene una certificación de 

que los patrocinadores del proyecto han establecido las prácticas internas

necesarias de administración y contabilidad para asegurar el cumplimiento de 

todas las leyes aplicables contra la corrupción. El SDR también exige que los

patrocinadores del proyecto informen sobre cualquier investigación y condena 

relacionadas con la FCPA y otra ley de prácticas corruptas y certifiquen que el 

proyecto se realizará en cumplimiento de las leyes aplicables sobre prácticas

corruptas.

B. Documentación sobre compromisos financieros y préstamos

También se necesita certificación relacionada con las leyes de prácticas corruptas

en las cartas de compromiso y los documentos de préstamo de la OPIC. (En esos

documentos se citan las diversas clases de certificación también como 

“Representaciones”, “Garantías” o “Pactos”). Por ejemplo, el formulario normal 

de la carta de compromiso para el programa de garantía de préstamos de la OPIC

exige que los patrocinadores, la empresa participante en el proyecto y sus

respectivos funcionarios, directores, empleados y agentes declaren que dicha 

empresa realiza sus operaciones en cumplimiento de todas las leyes aplicables

sobre prácticas corruptas. También se incluirá una certificación similar en los

acuerdos de financiamiento y préstamo de la OPIC. Esta última también exige 

acceso irrestricto a los documentos necesarios para la investigación de denuncias

de fraude o corrupción y disponibilidad de empleados y agentes para responder a 

cualquier pregunta. 

Los patrocinadores deben tener en cuenta que la certificación en los compromisos

y los documentos de préstamo presentada a la OPIC en relación con las leyes de 

prácticas corruptas y otras leyes pertinentes se mantendrá archivada durante el 

período de vigencia del préstamo de la OPIC. Cualquier representación o garantía 

hecha en cualquier documento de financiamiento que sea incorrecta puede llevar a 

una declaración de incumplimiento de las condiciones del préstamo. Esto último 

puede suceder también si el prestatario deja de cumplir con cualquier acuerdo o 

convenio en un documento de financiamiento, incluso si deja de mantener

controles internos adecuados para impedir una violación de la FCPA o de 

cualesquiera otras leyes de prácticas corruptas. Se insta encarecidamente a los

patrocinadores y prestatarios a que examinen con cuidado todas las clases de 

certificación exigidas para que las entiendan a cabalidad antes de firmar los

documentos de la OPIC.

C. Solicitudes y contratos de seguro

Aunque los SDR no se usan en el programa de seguro de la OPIC, las solicitudes

de seguro de riesgo político contienen varias explicaciones similares para los

inversionistas en las que se aborda el cumplimiento de la FCPA y otras leyes

contra la corrupción. Además, se pide al inversionista (parte asegurada) que
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certifique que el proyecto se ha establecido de conformidad con todas las leyes

aplicables sobre prácticas corruptas.

En virtud de la Sección 237(I) de la Ley de asistencia exterior de 1961, en su 

forma enmendada, se prohíbe que la OPIC pague indemnización por una 

reclamación de seguro en casos en que la causa preponderante del incidente 

cubierto por el seguro sea una infracción de la FPCA o de cualquier otra ley 

aplicable sobre prácticas corruptas. Todos los contratos de seguro de la OPIC

contienen esta prohibición.

3. Políticas y procedimientos generales de la OPIC contra la corrupción

a)  La OPIC exige a todas las empresas participantes en proyectos que establezcan un 

programa de cumplimiento de las medidas de lucha contra la corrupción, que sea 

satisfactorio para la OPIC. Para orientación preliminar sobre la forma de 

establecer un programa eficaz, véase más adelante la sección titulada

Establecimiento de un programa de cumplimiento eficaz.

b) Si la organización recibe denuncias de que una empresa, una entidad o una 

persona que reciba apoyo de la OPIC en materia de financiamiento o seguro, o de 

que cualquier afiliado, funcionario, empleado o accionista con una participación 

superior a diez por ciento (10%) de esa empresa, entidad o persona ha cometido 

un acto de fraude o corrupción como parte de un proyecto de la OPIC, esta última 

puede solicitar una explicación de las denuncias a la parte correspondiente. Si la 

OPIC determina que las denuncias son “dignas de crédito”, 1 remitirá el asunto al 

DOJ y a cualquier otra autoridad apropiada de aplicación de la ley. Además, puede hacer lo siguiente: 

i) examinar el programa de cumplimiento de las leyes contra la corrupción 

establecido por la empresa y solicitar un plan de medidas correctivas por

escrito y 

ii) si no se toman medidas correctivas razonables dentro de un período que la 

OPIC considere prudencial, tomar la decisión de suspender o cancelar y 

acelerar la amortización de un contrato de préstamo o de seguro o una 

parte del préstamo; 

iii) decidir abstenerse de proporcionar apoyo para cualquier propuesta 

pendiente o futura presentada por la misma parte; 

iv) solicitar que la empresa participante en el proyecto busque recuperación 

de cualquier pago corrupto identificado hecho en relación con los

proyectos de la OPIC; 

v) tomar otras medidas que se consideren necesarias en esas circunstancias.

1 El Asesor Jurídico General de la OPIC determinará si hay pruebas dignas de crédito que exijan tomar 

cualquiera de las medidas previamente citadas. Esta determinación se documentará en un memorando 

enviado al Presidente y al Director Ejecutivo de la OPIC, quién adoptará una decisión final sobre las

medidas que puede tomar la Organización.
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c)  La OPIC se reserva el derecho de dejar de realizar cualquier operación comercial 

previsible con una persona o entidad declarada culpable de una violación de la 

FCPA con respecto a otro proyecto no apoyado por la OPIC. Ésta se reserva el 

derecho de dejar de realizar cualquier operación comercial previsible con una 

persona o entidad declarada culpable de una infracción de cualquier ley local 

contra la corrupción. Esta prohibición se aplicaría a los funcionarios, afiliados y 

accionistas con una participación superior a diez por ciento (10%) de una entidad 

declarada culpable. 

En caso de una condena impuesta según las disposiciones de la FCPA, la OPIC

también debe seguir los procedimientos estipulados en sus reglamentos

relacionados con la FCPA (véase el Título 22, Parte 709, del Código del 

Reglamento Federal). Estos procedimientos exigen que el Asesor Jurídico General 

confirme la condena y que esta última se impuso por una ofensa relacionada con 

un proyecto apoyado por la OPIC. Después de dar a la parte declarada culpable la 

oportunidad de hacer comentarios, la OPIC debe determinar si convendría 

imponer una suspensión en esas circunstancias y en pro de la seguridad nacional. Esa suspensión evitaría que la persona o entidad declarada culpable recibiera 

cualquier apoyo complementario.

d) La OPIC se reserva el derecho de dejar de realizar cualquier operación comercial 

previsible con una persona o entidad que figure en la lista de instituciones

descalificadas mantenida por cualquier institución financiera internacional,

incluso por el Banco Mundial. Esta prohibición también se aplica a los

funcionarios, afiliados y accionistas con participación superior a diez por ciento 

(10%) de una entidad declarada culpable. 

El Presidente y el Director Ejecutivo de la OPIC examinarán los asuntos cubiertos

por los párrafos b) y c) supra y, según el estudio de un informe del Asesor

Jurídico General de la OPIC, en el que se señalarán las circunstancias atenuantes

y se incluirá una discusión de cualquier actividad correctiva, tomarán una 

determinación referente a la descalificación. En lo que respecta a la preparación 

de este informe sobre una empresa declarada culpable, la OPIC se reserva el 

derecho de examinar el plan de medidas correctivas propuesto por la empresa y su 

programa general de cumplimiento de las medidas contra la corrupción.

e)  La OPIC puede declarar un caso de incumplimiento y acelerar la amortización de 

un préstamo si se declara culpable al prestatario de conformidad con la FCPA u 

otras leyes aplicables sobre prácticas corruptas en relación con el proyecto.

También puede cancelar cualquier seguro expedido a un inversionista admisible si 

hay una condena ya sea de dicho inversionista o de la empresa extranjera en 

relación con el proyecto.

f) La OPIC analizará las pruebas aceptables, tales como la opinión de un asesor

jurídico local (exigida en relación con la mayoría de los procedimientos de cierre 

de transacciones financieras de la OPIC), que identifique cualquier infracción de
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las leyes locales contra la corrupción (condena por esa causa) de las empresas

participantes en el proyecto o de sus principales funcionarios, directores y 

accionistas.

g) La OPIC ha publicado un reglamento que prescribe el procedimiento en virtud del 

cual se puede suspender el derecho de las personas y empresas a recibir servicios

del OPIC por un período máximo de cinco (5) años por causa de una condena por

violación de la FCPA en relación con un proyecto de la OPIC. El procedimiento 

estipula que el Asesor Jurídico General examinará ese asunto y presentará un 

informe al Presidente de la OPIC, quien tomará la determinación sobre la 

suspensión después de analizar cualquier circunstancia atenuante o prueba que 

pueda presentar la empresa objeto de examen.

LÍNEA TELEFÓNICA DIRECTA DE LA OPIC PARA DENUNCIAR LA 

CORRUPCIÓN [202­312­2153]

La OPIC tiene una línea telefónica directa (en adelante, línea directa) para la denuncia de 

presuntos actos de corrupción y fraude relacionados con los proyectos que apoya. Las

partes de los proyectos también pueden usar la línea directa para comunicarse con el Jefe 

de Cumplimiento, quien responderá a preguntas relacionadas con su campo de 

competencia. Para más información sobre la línea directa, el público puede consultar el 

sitio web de la OPIC: www.opic.gov .

INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS (EITI)

La OPIC respalda decididamente los principios de la Iniciativa para la transparencia de 

las industrias extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) y anima a sus clientes que 

realizan proyectos en esas industrias a que accedan a poner en práctica las directrices de 

la misma. Para más información sobre la EITI puede consultarse su sitio web: 

www.eitransparency.org .

La EITI apoya una mejor gobernanza en los países con abundancia de recursos mediante 

la publicación y verificación de todos los pagos hechos por las empresas y de los ingresos

fiscales provenientes de la explotación de petróleo, gas y minerales. Es una iniciativa en 

la que participan muchos interesados directos, con asociados de varios gobiernos, organizaciones internacionales, empresas, ONG, inversionistas y organizaciones

comerciales e industriales. Los asociados de todos esos grupos accedieron a hacer una  “Declaración de principios y medidas acordadas”, acompañada de declaraciones de 

apoyo. Más de 20 países se han comprometido a cumplir con los principios y criterios de 

la EITI desde la conferencia celebrada en Lancaster House en 2003. Algunos países solo 

ahora comienzan a lanzar el proceso, en tanto que otros tienen datos publicados sobre 

ingresos y pagos.

Como se señala en el sitio web de la EITI: “Los principales beneficiarios de la Iniciativa 

son los gobiernos y ciudadanos de los países con abundancia de recursos. Saber lo que
­14­

reciben los gobiernos, y lo que pagan las empresas, es un primer paso de importancia 

crítica para lograr que las instancias decisorias rindan cuentas por el uso de estos

ingresos. Los países ricos en recursos que ejecutan la Iniciativa se pueden beneficiar 

gracias a un mejor clima de inversión, al enviar una señal clara a los inversionistas y a las

instituciones financieras internacionales de que sus gobiernos están decididos a fortalecer 

la transparencia y la rendición de cuentas con respecto a los ingresos provenientes de la 

explotación de sus recursos naturales. Mediante su apoyo a la Iniciativa en los países

donde operan, las empresas y los inversionistas pueden ayudar a mitigar el riesgo de 

inversión, ya que la corrupción crea inestabilidad política y, a su vez, pone en peligro 

inversiones que a menudo hacen uso intensivo de capital y se realizan a largo plazo. La 

sociedad civil también puede beneficiarse con un mayor volumen de información pública

acerca de los ingresos que los gobiernos administran en nombre de sus ciudadanos, lo 

cual redunda en un aumento de la rendición de cuentas y la transparencia. En resumen, la 

puesta en marcha de la Iniciativa como parte de un programa para mejorar la gobernanza

contribuirá a asegurar que los ingresos provenientes de la explotación de petróleo, gas y 

minerales ayuden al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”.

Dado el potencial para la participación en la EITI con el fin de reducir los riesgos que 

acarrea la corrupción, la OPIC estudiará la participación en la EITI de las empresas que 

realicen proyectos, al establecer las tarifas de los seguros y las comisiones del 

financiamiento y al determinar si debe proceder a realizar un proyecto. El Anexo A 

contiene una copia de los principios y criterios de la EITI.

LA FUNCIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN EL COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN

Las prácticas que alguna vez se consideraron parte inevitable de las operaciones

comerciales en muchas partes del mundo son cada vez más inaceptables. Las leyes

nacionales y las convenciones internacionales más estrictas, como la Convención de la 

OCDE contra el Soborno, aprobada en 1999, y la Convención de las Naciones Unidas

contra la Corrupción, que se ratificará en breve, han obligado a las empresas a establecer 

nuevas políticas contra el soborno o a examinar las vigentes. Los escándalos

empresariales de los últimos años, ampliamente conocidos, han hecho que las empresas

estén cada vez más conscientes de que las prácticas corruptas acarrean graves y costosos

riesgos para su reputación y sostenibilidad.  La comprensión de esos riesgos, junto con 

una creciente expectativa del público en cuanto a rendición de cuentas y probidad en el 

sector empresarial, ha ejercido mayor presión en las empresas para  establecer prácticas

comerciales más éticas y cumplir con ellas.

La OPIC respalda decididamente los principios de administración empresarial (principios

empresariales) establecidos por Transparency International y publicados en junio de 

2003. Los principios empresariales son el producto de una actividad conjunta de varias

empresas, instituciones académicas, sindicatos y organismos no gubernamentales. Ofrecen un modelo para las empresas que trabajan por adoptar un amplio programa de 

represión del soborno. La OPIC anima a las empresas a emplear los principios
­15­

empresariales como punto de partida para establecer sus propios programas de represión 

del soborno o como punto de referencia para los vigentes.

La clave de los principios básicos está en un compromiso adquirido por la empresa para 

ejecutar un programa eficaz de cumplimiento de las medidas de represión del soborno. La 

OPIC espera que los patrocinadores e inversionistas conciban y ejecuten un programa de 

cumplimiento de las medidas de lucha contra la corrupción que se adapte al tamaño de su 

entidad y a la singularidad de sus actividades comerciales.

ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EFICAZ

Como se señaló antes, la OPIC exige que todas las empresas participantes en proyectos

establezcan programas eficaces de cumplimiento de las medidas de lucha contra la 

corrupción, que sean satisfactorios para la Corporación. Con respecto a cualquier 

transacción, la OPIC puede examinar el programa de cumplimiento de las medidas de 

lucha contra la corrupción que tenga la empresa. Un programa eficaz de esa clase es

aquel que, en definitiva, produce los resultados previstos: educación, detección y 

disuasión. Para ser eficaz, un programa de cumplimiento debe recibir el apoyo de la alta 

administración y aplicarse en todos los escalafones de la organización.

La OPIC anima a los clientes que necesiten asistencia para establecer un programa de 

cumplimiento eficaz a que examinen toda la gama de instrumentos de Transparency 

International, entre ellos un “juego de herramientas” de amplio alcance, que ofrece más

información general y práctica a quienes deseen instituir un programa de cumplimiento o 

examinar sus propios procesos de lucha contra la corrupción. El juego de herramientas

proporciona orientación para ayudar a las empresas grandes, medianas y pequeñas a 

diseñar un programa de cumplimiento de las medidas de represión del soborno de una 

forma armonizada con la singularidad de la cultura, el perfil de riesgo y los mecanismos

existentes de la empresa y ofrece ejemplos útiles de programas de cumplimiento en tres

empresas manufactureras pequeñas y medianas y en tres empresas grandes.

Se reconoce oficialmente que las actividades particulares de cumplimiento que se 

necesitan deben ser diferentes, según el tamaño de la empresa interesada. Las empresas

más pequeñas pueden satisfacer las expectativas con programas de cumplimiento menos

extensos, siempre y cuando esos programas se hayan diseñado para lograr eficacia en las

circunstancias determinadas de las empresas interesadas. De conformidad con ello, el 

grado de formalidad exigido a un programa para prevenir y descubrir cualquier infracción 

de la ley variará según el tamaño de la organización. Típicamente, cuanto mayor sea la 

organización, mayor deberá ser el grado de formalidad del programa.

Las políticas y directrices específicas incorporadas a un programa de cumplimiento 

variarán de una empresa a otra, según diversos factores, tales como los riesgos

geográficos e industriales, y la estructura y la cultura empresariales. Sin embargo, los

elementos básicos de las directrices eficaces para el cumplimiento de las medidas de 

lucha contra la corrupción se mantienen constantes. Entre ellos cabe citar los siguientes:
­16­

● Una breve declaración sobre política hecha por la alta administración. ● Una declaración del alcance de las directrices (es decir, las partes cubiertas). ● Designación de las personas responsables. ● Visión general de las leyes contra la corrupción aplicables, incluso de la FCPA. ● Directrices sobre asuntos específicos, tales como regalos, entretenimiento y 

gastos de promoción; gastos de viaje y otros afines; contribuciones a 

actividades políticas y de beneficencia. 

● Discusión sobre la forma de facilitar los pagos y de resolver los conflictos de 

interés. ● Orientación sobre los avisos de alerta de los que se debe estar pendiente.

● Procedimientos de diligencia debida y visión general de los instrumentos de 

evaluación de riesgos. ● Política en materia de salvaguardias. ● Procedimientos para vigilar las relaciones con terceros. ● Disposición sobre los requisitos de mantenimiento de libros y asientos

contables. ● Mecanismos para denunciar posibles infracciones y responder a los problemas

surgidos.

Un programa eficaz de cumplimiento de las medidas de lucha contra la corrupción 

ayudará a las empresas a protegerse con antelación contra las infracciones de la FCPA. Las pautas federales de sentencia para organizaciones publicadas por la Comisión Federal 

de Sentencias de los Estados Unidos, aplicables a las infracciones penales de todas las

leyes federales, tales como la FCPA, exigen que los tribunales federales que impongan 

sanciones penales tengan en cuenta la existencia o la falta de programas empresariales de 

cumplimiento que sean eficaces. La existencia de un programa eficaz de esa índole puede

llevar a reducir en forma apreciable la sentencia impuesta a una empresa, en tanto que la 

falta de dicho programa puede agravarla.

TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

ECONÓMICOS (OCDE)

La OCDE agrupa a 30 países miembros que comparten un compromiso con el gobierno 

democrático y la economía de mercado. Tiene alcance mundial en virtud de sus

relaciones activas con otros 70 países y ONG. Aunque se le conoce más por sus

publicaciones y estadísticas, su trabajo cubre asuntos económicos y sociales. Desempeña 

una función destacada en la lucha contra la corrupción mundial y el fomento de la buena 

gobernanza y la responsabilidad empresarial.

Las empresas multinacionales que invierten en los países caracterizados por un gobierno 

débil o inexistente necesitan tener particular cuidado al manejar la gama de riesgos y 

dilemas de ética que no se enfrentan habitualmente en los países con arreglos de 

gobernanza más sólidos. Alrededor de 900 millones de personas, o sea cerca del 15% de 

la población mundial, viven en las llamadas zonas de “gobernanza débil”,

particularmente en África subsahariana, donde los gobiernos no están dispuestos o no son
­17­

capaces de asumir sus responsabilidades en relación con la administración pública y la 

protección de los derechos humanos.

En 2006, la OCDE diseñó un instrumento de sensibilización al riesgo para ayudar a las

empresas a pensar en los riesgos y dilemas que pueden encarar en esas zonas y en la 

forma de responder a los mismos. Dicho instrumento se creó como parte del trabajo del 

Comité de Inversión de la OCDE, que agrupa a los 30 países de esa Organización y a 

varios participantes externos. También responde a una solicitud hecha por los

participantes en la reunión de cumbre del Grupo de los Ocho (G8) celebrada en 

Gleneagles en 2005, que solicitaron “la orientación de la OCDE para las empresas que 

funcionan en zonas de gobernanza débil”. 

Uno de los principales instrumentos del Comité de Inversión de la OCDE son las líneas

directrices de la OCDE para empresas multinacionales (en adelante, las directrices), un 

código de conducta para las empresas internacionales, respaldado por el Gobierno, empleado como patrón de la conducta empresarial responsable, incluso en los países en 

desarrollo. El instrumento de sensibilización al riesgo, compatible con los objetivos y 

principios de las directrices que son de cumplimiento voluntario más que obligatorio, no 

es prescriptivo, pero presenta una serie de preguntas que deben analizar las empresas en 

lo referente a 1) obedecer la ley y observar los instrumentos internacionales, 2)

intensificar el cuidado en la gestión de las inversiones, 3) conocer a los socios

empresariales y a los clientes, 4) tratar con funcionarios del sector público, y 5) denunciar 

cualquier acto contrario a la ley.

El instrumento de sensibilización al riesgo se ha beneficiado de los aportes de las

empresas, los sindicatos y los representantes de la sociedad civil tanto de los países y 

economías de la OCDE como de los no pertenecientes a ella. También hace uso del 

trabajo de otros órganos de la OCDE, notablemente en los campos de gobernanza

pública, lucha contra la corrupción y asistencia para la prevención de conflictos en zonas

en desarrollo. En la próxima fase, las empresas y los interesados directos trabajarán con 

la OCDE para buscar fuentes que tengan experiencia práctica en hacer frente a los

desafíos que aborda. 

La OPIC insta a todos los inversionistas extranjeros a emplear sus directrices y su 

instrumento de sensibilización al riesgo como ayuda para la adopción de las mejores

prácticas.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS EN EL

EXTRANJERO (FCPA) 

Responsabilidad de la OPIC

La OPIC tiene tanto una obligación legal de ayudar a velar por el cumplimiento de la 

FCPA como un compromiso anticipado de cumplir con esa responsabilidad. Trabaja con 

el DOJ para prevenir problemas de cumplimiento y denunciar infracciones. A usted,

como posible beneficiario del apoyo de la OPIC, se le pedirá, por medio del informe de
­18­

declaración de los patrocinadores (SDR), la solicitud de seguro, el préstamo o el acuerdo 

financiero, que demuestre que su empresa no ha cometido ninguna infracción de la FCPA 

ni de las leyes extranjeras contra la corrupción.

Los estatutos de la OPIC también estipulan que no se hará ningún pago con arreglo a sus

contratos de seguro o reaseguro por una pérdida relacionada con un proyecto si la causa 

preponderante de la pérdida se debió a un acto cometido por un inversionista, un dueño 

mayoritario de un inversionista, un agente de un inversionista o una autoridad de control 

que constituya una infracción de la FCPA. Esa determinación puede hacerse solamente 

en una sentencia definitiva impuesta por un tribunal de justicia. Los acuerdos de 

financiamiento y préstamo de la OPIC también ofrecen medidas correctivas y formas de 

protección apropiadas para el organismo. Medidas de prevención tomadas por las empresas

Desde 1977, la ley de los Estados Unidos ha prohibido hacer ofertas, promesas o pagos a 

funcionarios públicos, partidos, funcionarios políticos y candidatos a cargos públicos

extranjeros para realizar negocios. Una empresa o una persona que infrinja la FCPA o las

leyes contra la corrupción recientemente promulgadas de otros países puede estar sujeta a 

acusaciones penales y multas elevadas. Las empresas que se encuentren en esa situación 

también pueden sufrir pérdida del financiamiento y de los seguros ofrecidos por

instituciones nacionales e internacionales y descalificación para la adjudicación de 

contratos públicos. Los infractores de la FCPA también pueden sufrir grave perjuicio de 

su reputación y su capacidad para competir en negocios internacionales.

El siguiente resumen de las principales disposiciones de la FCPA se presenta con la 

intención de ayudarle a asegurarse de que su empresa cumpla con la FCPA. El 

establecimiento de un amplio programa de cumplimiento de las medidas de lucha contra 

la corrupción como parte de la práctica normal de las operaciones comerciales de su 

empresa y de sus subsidiarias extranjeras puede limitar el riesgo para su empresa y 

ayudar a evitar posibles costos. Una estrategia de cumplimiento de las medidas de lucha 

contra la corrupción también puede ayudar a proteger la reputación de su empresa,

reducir al mínimo su obligación legal dentro del marco de la FCPA y mantener su 

viabilidad a largo plazo.

La siguiente información se ofrece con el fin de dar una descripción general de la FCPA

y no de sustituir los consejos de un asesor jurídico particular sobre asuntos específicos

relacionados con la FCPA. Además, esta información no tiene por fin exponer las

intenciones vigentes de acción coercitiva del DOJ, la Comisión de Valores y Bolsas

(SEC) de los EE.UU. o cualquier otro organismo del Gobierno de los Estados Unidos

con respecto a situaciones relacionadas con hechos particulares.

Denuncia de la corrupción
­19­

En muchas partes del mundo, las empresas se han vuelto más previsivas al solicitar a sus

respectivos gobiernos nacionales y anfitriones que les ayuden en su empeño de crear, por

medio de canales diplomáticos, mecanismos para erradicar la corrupción generalizada.

Si usted o su empresa ha encontrado prácticas corruptas en un país en particular o ha 

quedado en una situación particularmente desventajosa por un acto de soborno cometido 

por otro competidor o por otra entidad comercial extranjera, o si un funcionario 

extranjero le pide un soborno, debe informar de ello a la sección o al funcionario 

encargado de los asuntos económicos o comerciales en la Embajada o el Consulado de 

los Estados Unidos en la localidad. 

Usted también puede presentar esa información a la OPIC por medio de una llamada a su 

línea directa ordinaria o de la establecida para casos de soborno, mantenida por la 

Administración del Comercio Internacional del Departamento de Comercio (en adelante,

Comercio) de los Estados Unidos, al teléfono (202) 482­3723, o por Internet, en 

www.tcc.mac.doc.gov .

Cualquier pregunta relacionada con la FCPA puede dirigirse a la Sección de Fraude del 

DOJ por el teléfono (202) 514­7023 o por correo electrónico a FCPA.Fraud@usdoj.gov .

Además se ofrece orientación general a los exportadores de los Estados Unidos sobre 

sucesos internacionales referentes a la FCPA o a la Convención de la OCDE contra el 

Soborno por medio de la Oficina del Asesor Jurídico Principal para el Comercio 

Internacional, Departamento de Comercio, en el teléfono (202) 482­0937 o en el sitio 

web: www.osec.doc.gov/ogc/occic/tabi.html .

Responsabilidad con respecto al cumplimiento de la FCPA

La Ley de Comercio de 1988 ordenó que el Fiscal General proporcionara orientación 

sobre la política en materia de acción coercitiva del DOJ con respecto a la FCPA a los

posibles exportadores y pequeñas empresas que no pudieran obtener asesoramiento 

jurídico especializado en cuestiones relacionadas con la FCPA. La orientación se limita a 

respuestas a las solicitudes hechas con arreglo al procedimiento de opinión de la Ley de 

prácticas corruptas en el extranjero del DOJ y a explicaciones generales sobre 

responsabilidades con respecto al cumplimiento y posibles obligaciones legales dentro 

del marco de la FCPA. La siguiente información constituye la explicación general de la 

FCPA dada por el DOJ.

Las empresas estadounidenses que busquen realizar operaciones comerciales en 

mercados extranjeros deben conocer la FCPA. En general, esa Ley prohíbe los pagos

corruptos a funcionarios extranjeros con objeto de obtener o mantener un negocio. El 

DOJ es el principal organismo de aplicación de la ley y la SEC desempeña una función 

coordinada. La Oficina del Asesor Jurídico General del Departamento de Comercio 

también responde a preguntas generales de los exportadores de los EE.UU. sobre los

requisitos básicos y las restricciones que impone la FCPA.
­20­

Aplicación de la ley

El DOJ tiene la responsabilidad de la aplicación de la ley penal y civil relacionada con las

disposiciones contra el soborno en el caso de las instituciones nacionales y las empresas y 

los ciudadanos extranjeros. La SEC tiene la responsabilidad de la aplicación de la ley 

civil relacionada con las disposiciones contra el soborno en el caso de los emisores. El 

Anexo C contiene los resúmenes de las decisiones judiciales contra la corrupción y las

acciones coercitivas más recientes adoptadas en los Estados Unidos.

Disposiciones contra el soborno

Prohibiciones básicas

La FCPA determina que es ilícito sobornar a los funcionarios públicos extranjeros para 

obtener o retener un negocio. Con respecto a la prohibición básica, hay cinco elementos

que se deben cumplir para que un acto constituya una infracción de la Ley: 

1. Quién. La FCPA puede aplicar el término quién a cualquier persona, empresa, 

funcionario, director, empleado o agente de una empresa o a cualquier accionista 

que obre en nombre de una empresa. 

También se puede castigar a las personas y a las empresas si ordenan, autorizan o 

ayudan a alguien más a infringir las disposiciones contra el soborno o si conspiran 

para infringirlas.

En virtud de la FCPA, la jurisdicción de los Estados Unidos sobre los pagos

corruptos a funcionarios extranjeros depende de que el infractor sea un emisor, una “empresa nacional” o un ciudadano o negocio extranjero.

Un emisor es una corporación que ha emitido valores registrados en los Estados

Unidos o a la cual se exige que presente informes periódicos a la SEC.

“Una empresa nacional” es cualquier persona que sea ciudadana, natural o 

residente de los Estados Unidos o cualquier corporación, sociedad, asociación, sociedad en comandita por acciones, fideicomiso comercial, organización sin 

personalidad jurídica, o empresa de propiedad individual que tiene su sede 

comercial en los Estados Unidos, o que está constituida en virtud de las leyes de 

un estado, territorio, posesión o mancomunidad de los Estados Unidos.

La FCPA puede considerar responsables a los emisores y empresas nacionales de 

conformidad con los principios ya sea de jurisdicción territorial o de nacionalidad. 

Cuanto se trate de actos realizados dentro del territorio de los Estados Unidos, los

emisores y empresas nacionales son responsables si realizan una acción en 

respaldo de un pago corrupto a un funcionario extranjero mediante el uso de los

sistemas de correo de los Estados Unidos u otros medios o instrumentos de 

comercio interestatal. Tales medios o instrumentos comprenden llamadas
­21­

telefónicas, transmisiones por fax, transferencias electrónicas y viajes

interestatales o internacionales. Además, se puede responsabilizar a los emisores y 

a las empresas nacionales de cualquier acto en respaldo de un pago corrupto 

realizado fuera de los Estados Unidos. De este modo, se puede considerar

responsable a una empresa o un ciudadano de los Estados Unidos por un pago 

corrupto autorizado por empleados o agentes que trabajen totalmente fuera de los

Estados Unidos, por medio del uso de dinero de cuentas de bancos extranjeros y 

sin ninguna participación del personal físicamente presente dentro de los Estados

Unidos.

Antes de 1998, las empresas extranjeras, con excepción de las que reunían los

requisitos de clasificación como “emisores”, y los ciudadanos extranjeros no 

estaban cubiertos por la FCPA. Las enmiendas de 1998 ampliaron la FCPA para 

afirmar la jurisdicción territorial sobre las empresas y los ciudadanos extranjeros. Ahora, una empresa o persona extranjera está sujeta a la FCPA si causa,

directamente o por medio de agentes, un acto en respaldo de un pago corrupto 

realizado dentro del territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, no hay ningún 

requisito de que para tal acto se haga uso de los sistemas de correo de los Estados

Unidos o de otros medios o instrumentos de comercio interestatal.

Por último, se puede responsabilizar a la casa matriz de las empresas de los

Estados Unidos por los actos de las subsidiarias extranjeras cuando hayan 

autorizado, dirigido o controlado la actividad en cuestión, lo mismo que a los

ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, que constituyan “empresas

nacionales” por sí mismos, que fueron empleados por tales subsidiarias con 

personalidad jurídica en el exterior o que obraron en nombre de ellas.

2. Intención de cometer un acto corrupto. La persona que haga o autorice el pago 

debe tener la intención de cometer un acto corrupto y el pago debe hacerse con la 

intención de inducir al destinatario a abusar de su cargo oficial para dirigir una 

operación comercial indebidamente hacia el pagador o hacia cualquier otra 

persona. Obsérvese que la FCPA no exige que se logre la finalidad del acto 

corrupto con éxito. La oferta o promesa de un pago corrupto puede constituir una 

infracción de la ley. La FCPA prohíbe cualquier pago corrupto con la intención de

influir en cualquier acto o decisión de un funcionario extranjero en el desempeño 

de sus funciones oficiales para inducirlo a realizar o dejar de realizar cualquier 

acto en violación de su deber legal, obtener alguna ventaja indebida o inducir a un 

funcionario extranjero a usar su influencia en forma indebida para incidir o influir

en cualquier acto o decisión.

3. Pago. La FCPA prohíbe pagar, ofrecer, prometer pagar (o dar autorización para 

pagar u ofrecer) dinero o algo de valor.

4. Destinatario. La prohibición se extiende solamente a los pagos corruptos a un

funcionario extranjero, un partido político o un miembro oficial de un partido 

extranjero, o a un candidato a un cargo político extranjero. “Funcionario
­22­

extranjero” significa un funcionario o empleado de un gobierno extranjero, una 

organización pública internacional, un departamento u organismo del mismo, o 

una persona que desempeñe una función oficial.

Se debe considerar la posibilidad de emplear el Procedimiento de opinión de la 

Ley de prácticas corruptas en el extranjero del Departamento de Justicia para 

preguntas específicas en cuanto a la definición de “funcionario extranjero”, por

ejemplo, si un miembro de una familia real, un miembro de un órgano legislativo, o un funcionario de una empresa comercial de propiedad del Estado se 

consideraría “funcionario extranjero”. Además, se debe consultar la lista de 

organizaciones públicas internacionales amparadas por la FCPA que está 

disponible en el sitio web de la FCPA del Departamento de Justicia: 

www.usdoj.gov/criminal/fraud.html .

La FCPA se aplica a pagos a cualquier funcionario público, independientemente 

de su rango o cargo. Se centra en la finalidad del pago en lugar de las funciones

particulares del funcionario que recibe el pago, la oferta o la promesa de pago, y 

hay excepciones a la disposición contra el soborno para “facilitar los pagos

relacionados con la acción gubernamental ordinaria” (véase lo expuesto a 

continuación).

4. Prueba de finalidad comercial. La FCPA prohíbe que se hagan pagos para ayudar 

a la empresa a obtener o retener un negocio para cualquier persona o con ella, o a

dirigir un negocio hacia cualquier persona. El Departamento de Justicia interpreta 

ampliamente los términos “obtener o retener un negocio”, de tal manera que el 

término abarca más que la simple concesión o renovación de un contrato. Cabe 

observar que el negocio que se pretende obtener o retener no necesita realizarse 

con un gobierno extranjero ni con un instrumento de comunicación de un 

gobierno extranjero. Pagos a terceros

La FCPA prohíbe los pagos corruptos por conducto de intermediarios. Es ilícito hacer un 

pago a terceros, a sabiendas de que la totalidad o una parte del pago irá directa o 

indirectamente a un funcionario extranjero. Los  términos “a sabiendas” abarcan 

desacato consciente e ignorancia deliberada. Los elementos de una ofensa son 

esencialmente los mismos descritos antes, excepto que en este caso el “destinatario” es el 

intermediario que hace el pago al “funcionario extranjero” que debe recibirlo.

Los intermediarios pueden incluir socios o agentes de empresas conjuntas. Para evitar la 

responsabilidad de hacer pagos corruptos a terceros, se insta a las empresas de los

Estados Unidos a que procedan con los trámites de diligencia debida y tomen todas las

precauciones necesarias para asegurarse de que hayan establecido una relación comercial 

con socios y representantes idóneos y de buena reputación. El proceso de diligencia 

debida puede incluir investigaciones sobre posibles representantes extranjeros y socios de 

empresas conjuntas para determinar si, en realidad, reúnen los requisitos para el cargo, si 

tienen vínculos personales o profesionales con el gobierno, el número y la reputación de
­23­

sus clientes y su reputación ante la Embajada o el Consulado de los Estados Unidos y la 

banca, los clientes y otros socios comerciales en su localidad.

Además, al negociar una relación comercial, la empresa de los Estados Unidos debe estar 

consciente de los llamados “avisos de alerta”, es decir, los hábitos de pago o arreglos

financieros poco comunes, los antecedentes de corrupción en el país, la negativa del socio 

o del representante de la empresa conjunta extranjera a presentar una certificación de que 

no tomará ninguna acción en apoyo de una oferta, promesa o pago ilícito a un funcionario 

público extranjero y no realizará ningún acto que lleve a la empresa de los Estados

Unidos a infringir la FCPA, las comisiones extraordinariamente altas, la falta de 

transparencia en los gastos y libros de contabilidad, la falta aparente de idoneidad o de 

recursos por parte del socio o representante de la empresa conjunta para prestar los

servicios ofrecidos, y si el socio o el representante de la empresa conjunta ha sido 

recomendado por un funcionario del posible cliente gubernamental.

Al establecer una empresa conjunta u otra relación contractual con un asociado 

comercial, empleado o pariente de un funcionario público, los patrocinadores de la OPIC

y las empresas participantes en proyectos con ella deben tener particular cuidado. No se 

debe usar ningún contrato, compra, pedido, arreglo de asesoramiento ni participación en 

el capital social como recompensa para influir en una decisión favorable de un 

funcionario público extranjero, inducirlo a tomarla o lograr que se adopte. Estos

vehículos tampoco deben emplearse como medios para canalizar los pagos o beneficios a 

funcionarios públicos extranjeros ni a sus asociados comerciales o parientes.

Usted debe solicitar el consejo de un asesor jurídico y considerar la posibilidad de 

utilizar el Procedimiento de opinión de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero del 

Departamento de Justicia para preguntas específicas relacionadas con pagos a terceros.

Pagos permisibles y defensas afirmativas

La FCPA contiene una excepción explícita a la prohibición del soborno con el fin de 

“facilitar los pagos” para la “acción gubernamental ordinaria” y ofrece defensas

afirmativas que pueden usarse contra presuntas infracciones de la FCPA.

Forma de facilitar los pagos para acciones gubernamentales ordinarias

Hay una excepción a la prohibición del soborno relacionado con los pagos para facilitar o 

agilizar la ejecución de una “acción gubernamental ordinaria”. La ley cita los ejemplos

siguientes: obtener permisos, licencias u otros documentos oficiales; tramitar documentos

públicos, tales como visas y permisos de trabajo; conferir protección policial; prestar 

servicio de recolección y entrega de correo, y servicio telefónico y de suministro de 

electricidad y agua; cargar y descargar mercancías, o proteger los productos perecederos; 

y programar inspecciones relacionadas con la ejecución de contratos o el tránsito de 

artículos a través del país.
­24­

Las medidas “similares” a estas últimas también están cubiertas por esta excepción. Si 

usted tiene alguna pregunta sobre si un pago está amparado por la excepción, debe 

consultar a un asesor jurídico. También debe considerar la posibilidad de utilizar el 

Procedimiento de opinión de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero del 

Departamento de Justicia, que estipula que cualquier empresa o ciudadano de los Estados

Unidos puede solicitar una declaración de las intenciones vigentes de acción coercitiva 

del DOJ, de conformidad con las disposiciones de la FCPA contra el soborno, en lo que 

respecta a cualquier clase de conducta comercial propuesta. Los detalles del 

Procedimiento de opinión se encuentran en el Título 28, Parte 80, del Código del 

Reglamento Federal (CFR). De acuerdo con ese procedimiento, el Fiscal General emitirá 

una opinión en respuesta a una averiguación específica de una persona o empresa en los

treinta (30) días siguientes al recibo de la solicitud.

Una “acción gubernamental ordinaria” no incluye ninguna decisión de un funcionario 

extranjero de adjudicar un nuevo negocio o de continuar un negocio con una parte 

determinada.

Defensas afirmativas

Una persona acusada de una infracción de las disposiciones de la FCPA contra el soborno 

puede afirmar como defensa que el pago fue lícito de conformidad con la ley escrita del 

país extranjero o que el dinero se gastó como parte de la demostración de un producto o 

del cumplimiento de una obligación contractual.

Puede ser difícil determinar si un pago fue ilícito en virtud de la ley escrita del país

extranjero. Se debe pedir consejo a un asesor jurídico o utilizar el Procedimiento de 

opinión de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero del Departamento de Justicia 

cuando tenga que enfrentar un problema  referente a la legalidad de dicho pago.

Además, debido a que estas son “defensas afirmativas”, se exige que el acusado muestre, 

en primer lugar, que el pago se ciñó a estos requisitos. La Fiscalía no tiene la obligación 

de demostrar, en primer lugar, que los pagos no constituyeron este tipo de pago.

Sanciones de la FCPA contra el soborno

Penales

Se pueden imponer las siguientes sanciones penales por infracción de las disposiciones de 

la FCPA contra el soborno: las corporaciones y otras entidades comerciales están sujetas

a una multa de hasta $2.000.000; los funcionarios, directores, accionistas, empleados y 

agentes están sujetos a una multa de hasta $100.000 y prisión por un período máximo de 

cinco (5) años. Además, en virtud de la Ley de multas alternativas, estas multas pueden 

ser, en realidad, bastante altas; la multa real puede ser equivalente, como máximo, al 

doble del beneficio que el acusado trató de obtener al hacer el pago corrupto. Usted debe 

saber también que un empleador o un funcionario directivo superior no puede pagar las

multas impuestas a particulares.
­25­

Civiles

El Fiscal General o la SEC, según corresponda, puede presentar una demanda civil por

una multa máxima de $10.000 en contra de cualquier empresa, así como de cualquier 

funcionario, director, empleado, o agente de una empresa , o accionista que actúe en 

nombre de la empresa, que infrinja las disposiciones contra el soborno. Además, en una 

acción coercitiva por parte de la SEC, el tribunal puede imponer una multa 

complementaria que no exceda de la mayor de las sumas siguientes: (i) la cantidad bruta 

de la ganancia pecuniaria del demandado como resultado de la infracción, o (ii) un límite 

especificado en dólares. Los límites especificados en dólares se basan en la gravedad de 

la infracción y oscilan entre $5.000 y $100.000 para una persona natural y entre $50.000 

y $500.000 para cualquier otra persona. 

El Fiscal General o la SEC, según corresponda, también puede iniciar una demanda civil 

para prohibir cualquier acto o práctica de una empresa cuando parece que la empresa (o 

un funcionario, director, empleado, agente o accionista que actúe en nombre de la 

empresa infrinja (o esté próxima a infringir) las disposiciones contra el soborno.

Otra acción gubernamental

Según las pautas expedidas por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), se 

puede prohibir a toda persona o empresa que haya infringido la FCPA a que realice

operaciones comerciales con el Gobierno Federal. Una inculpación formal, de por sí,

puede conducir a una suspensión del derecho de realizar operaciones comerciales con el 

Gobierno. El Presidente ha ordenado que ningún organismo ejecutivo deberá permitir que 

una parte participe en una actividad de adquisición o de otra índole si algún organismo ha 

descalificado, suspendido o excluido, de otra forma, a esa parte de la participación en una 

actividad de adquisición o de otra índole. 

Además, se puede determinar que toda persona o empresa a la que se declare culpable de 

infringir la FCPA no reúne los requisitos para recibir licencias de exportación; la SEC

puede suspender o excluir a las personas de los negocios bursátiles e imponer sanciones

civiles a las personas que realicen negocios bursátiles que infrinjan la FCPA; la Comisión 

de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la  OPIC estipulan la posible suspensión 

o descalificación de los programas de determinados organismos por infracción de la 

FCPA; y un pago hecho a un funcionario de un gobierno extranjero que sea ilícito de 

conformidad con la FCPA no puede deducirse como un gasto comercial al amparo de las

leyes tributarias. Los estatutos de la OPIC también estipulan que no se puede hacer 

ningún pago con arreglo a sus contratos de seguro o reaseguro por una pérdida 

relacionada con un proyecto si la causa preponderante de la pérdida se debió a un acto 

cometido por un inversionista, un dueño mayoritario de un inversionista, un agente de un 

inversionista o una autoridad de control y si un tribunal ha impuesto una sentencia 

definitiva que afirma que el acto constituyó una infracción de la FCPA.

Causa de acción privada
­26­

La conducta de infracción de las disposiciones de la FCPA contra el soborno también 

puede dar lugar a una causa de acción privada por daños triples de conformidad con la 

Ley de organizaciones corruptas y bajo la influencia del crimen organizado (RICO), o a 

otras acciones en virtud de otras leyes federales o estatales. Por ejemplo, con arreglo a la 

RICO, un competidor que alegue que el soborno llevó al acusado a la adjudicación de un 

contrato en el extranjero podría presentar esa causa de acción. Orientación por parte del Gobierno

Como se indicó antes, el Departamento de Justicia ha establecido un Procedimiento de 

opinión de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero en virtud del cual cualquier 

empresa o ciudadano de los Estados Unidos puede solicitar una declaración de las

intenciones vigentes de acción coercitiva del Departamento de Justicia en virtud de las

disposiciones de la FCPA contra el soborno en lo que concierne a cualquier clase de 

conducta comercial propuesta. Los detalles del Procedimiento de opinión se pueden 

encontrar en el Título 28, Parte 80, del Código del Reglamento Federal (CFR). De 

conformidad con este procedimiento, el Fiscal General emitirá una opinión en respuesta a 

una averiguación específica de una persona o una empresa en los treinta días (30)

siguientes al recibo de la solicitud. (El período de treinta días no comienza a contarse sino 

hasta que el Departamento de Justicia haya recibido toda la información que requiere 

para emitir la opinión.) La conducta con respecto a la cual el Departamento de Justicia ha 

emitido una opinión en la que declara que dicha conducta se ajusta a la política vigente en 

materia de acción coercitiva estará amparada por el derecho de presunción de 

conformidad con la FCPA, en cualquier acción coercitiva posterior.

Se pueden obtener ejemplares de los comunicados sobre opiniones previas en el sitio web 

de la FCPA del Departamento de Justicia: http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa.html

.
­27­

Para obtener más información del Departamento de Justicia sobre la FCPA y el 

Procedimiento de opinión de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero, comuníquese 

con Mark Mendelsohn, Subjefe, o Deborah Gramiccioni, Abogada Litigante, Sección de 

Fraude, División Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, P. O. Box 

28188, McPherson Square, Washington, D.C., 20038. Teléfono: (202) 514­7023 

Aunque el Departamento de Comercio no ejerce funciones de aplicación de la FCPA, ofrece orientación general a los exportadores de los Estados Unidos que tengan preguntas

sobre la FCPA y los sucesos internacionales relacionados con esa Ley. Para obtener más

información del Departamento de Comercio sobre la FCPA, comuníquese con Eleanor

Roberts Lewis, Asesora Jurídica Principal sobre Comercio Internacional, Kathryn 

Nickerson, Consejera Jurídica Superior, o Arthur Aronoff, Consejero Jurídico Superior, Oficina del Asesor Jurídico Principal para el Comercio Internacional, Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos, Room 5882, 14th Street and Constitution Avenue, 

N.W., Washington, D. C. 20230. Tel.: (202) 482­0937.

El material sobre la FCPA aquí incluido se ha tomado en parte de la publicación del 

Departamento de Estado titulada Fighting Global Corruption: Business Risk 

Management [Lucha contra la corrupción mundial: Gestión del riesgo empresarial].
­28­

ANEXO A 

Principios y criterios de la Iniciativa para la transparencia de las industrias

extractivas (EITI)

1. Compartimos la opinión de que el uso prudente del patrimonio de los recursos

naturales debe ser un importante motor para el crecimiento económico sostenible que 

contribuye al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza pero, que si no se 

maneja en la debida forma, puede producir efectos económicos y sociales desfavorables.

2. Afirmamos que la administración del patrimonio de los recursos naturales para 

beneficio de los ciudadanos está dentro del dominio de los gobiernos soberanos y debe 

ejercerse en pro de su desarrollo nacional.

3. Reconocemos que los beneficios de la extracción de recursos constituyen 

corrientes de ingresos durante muchos años y pueden depender mucho de los precios.

4. Reconocemos que, con el transcurso del tiempo, la comprensión de los ingresos y 

gastos del Estado por parte del público podría ayudar al debate público y ser fuente de 

información para escoger entre varias posibilidades de desarrollo sostenible que sean 

apropiadas y se ajusten a la realidad. 

5. Subrayamos la importancia de la transparencia de los gobiernos y las empresas en 

las industrias extractivas y la necesidad de mejorar la gestión financiera y la rendición de 

cuentas del sector público.

6. Reconocemos que el logro de mayor transparencia debe darse dentro del marco 

del respeto por los contratos y las leyes.

7. Reconocemos que la transparencia financiera puede crear un mejor ambiente para 

la inversión directa nacional y extranjera.

8. Creemos en el principio y la práctica de la rendición de cuentas por el gobierno a 

todos los ciudadanos para la administración de las corrientes de ingresos y del gasto 

público.

9. Nos comprometemos a fomentar la adopción de estrictas normas de transparencia 

y rendición de cuentas en la vida pública, en el funcionamiento del gobierno y en las

empresas comerciales.

10. Creemos que se necesita un método ampliamente coherente y práctico de 

declaración de pagos e ingresos, que sea sencillo de aplicar y emplear.

11. Creemos que la declaración de los pagos de un país determinado debe abarcar a 

todas las empresas de la industria extractiva que funcionen en ese país.
­29­

12. Al buscar soluciones, creemos que todos los interesados directos, incluso los

gobiernos y sus dependencias, las empresas de la industria extractiva, las empresas de 

servicios, las organizaciones multilaterales, las organizaciones financieras, los

inversionistas y las organizaciones no gubernamentales, pueden hacer aportes valiosos y 

pertinentes.

Los criterios de la EITI

1. Publicación regular de todos los pagos materiales por concepto de explotación de 

petróleo, gas y minerales hechos por las empresas a los gobiernos (en adelante, pagos) y 

todos los ingresos materiales recibidos por los gobiernos de las empresas de explotación 

de petróleo, gas y minerales (en adelante, ingresos) a un vasto público de una manera 

accesible, amplia y comprensible para el mismo.

2. Donde no existan todavía esos sistemas de verificación, los pagos y los ingresos

se someten a una auditoría independiente y fidedigna, con aplicación de las normas

internacionales de auditoría. 

3. Un administrador independiente , se encarga de conciliar los pagos e ingresos con 

aplicación de las normas internacionales de auditoría y la publicación de su opinión con 

respecto a la conciliación, incluida cualquier discrepancia, en caso de encontrarse alguna.

4. Este método se amplía a todas las empresas, incluso a las de propiedad del Estado.

5. La sociedad civil participa activamente en el diseño, la vigilancia y la evaluación 

de este proceso y contribuye al debate público.

6. El gobierno anfitrión prepara un plan de trabajo público con la debida 

sostenibilidad financiera para todo lo anterior, con asistencia de las instituciones

financieras internacionales cuando se necesite, que deberá incluir metas mensurables, un 

cronograma de ejecución y una evaluación de las posibles limitaciones de la capacidad.
­30­

ANEXO B

ENLACES ÚTILES EN LA WEB

1) El sitio web del DOJ sobre la FCPA y otros acuerdos internacionales afines. El sitio 

contiene información sobre casos recientes en los cuales se tomaron acciones coercitivas.

http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa.html .

Cualquier pregunta sobre la FCPA puede dirigirse a la Sección de Fraude del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el teléfono (202) 514­7023 o por

correo electrónico:

FCPA.Fraud@usdoj.gov .

2) El sitio web de la OCDE contiene información sobre la Convención de la OCDE

contra el Soborno, incluso sobre las medidas tomadas por las partes contratantes para su 

ejecución. Presenta resúmenes de las acciones coercitivas tomadas por cada una de las

partes contratantes.

http://www.oecd.org .

El instrumento de evaluación de riesgos de la OCDE para los inversionistas se puede

descargar del siguiente enlace:

http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines .

3) El “juego de herramientas” de Transparency International que proporciona más

información general y práctica a quienes deseen adoptar los principios empresariales o 

examinar sus propios procesos de lucha contra la corrupción.

www.transparency­usa.org/Toolkit2d.html .

4) La línea telefónica directa para denunciar la corrupción mantenida por la 

Administración del Comercio Internacional del Departamento de Comercio de los

Estados Unidos. El teléfono es (202) 482­3723 y el sitio web:

www.tcc.mac.doc.gov .

5) También se ofrece orientación general a los exportadores de los Estados Unidos sobre 

sucesos internacionales referentes a la FCPA y a la Convención de la OCDE contra el 

Soborno por medio de la Oficina del Asesor Jurídico Principal para el Comercio 

Internacional, Departamento de Comercio, en el teléfono (202) 482­0937 o en el sitio 

web:

www.osec.doc.gov/ogc/occic/tabi.html .
­31­

6) El sitio web de la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI)

es:

www.eitransparency.org .

7) El manual de las pautas federales de sentencia (Federal Sentencing Guidelines

Manual) de la Comisión Federal de Sentencias (West Group publica anualmente una 

versión impresa actualizada) puede consultarse en el sitio web de la Comisión:

www.ussc.gov/guidelin.htm .

8) El sitio web de la OPIC: www.opic.gov .
­32­

ANEXO C 

VISIÓN GENERAL DE ALGUNAS DECISIONES JUDICIALES Y ACCIONES 

COERCITIVAS CONTRA LA CORRUPCIÓN TOMADAS RECIENTEMENTE

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Los Estados Unidos contra Viktor Kozeny, Frederic Bourke, Jr. Y David Pinkerton. El 6 de octubre de 2005, un jurado indagatorio en Nueva York inculpó formalmente a 

Viktor Kozeny, Frederic Bourke, Jr. y David Pinkerton de presunta participación en un 

extenso plan para sobornar a altos funcionarios públicos en Azerbaiyán para que 

privatizaran la Empresa Petrolera Estatal de Azerbaiyán (SOCAR) y permitieran que 

Kozeny, Bourke, Pinkerton y otros compartieran los lucros previstos de esa privatización. En la inculpación formal se acusó a Kozeny de haber hecho, en nombre propio y como 

agente de Bourke, Pinkerton y otros, de hacer una serie de pagos corruptos y promesas de 

pago a un alto funcionario del Gobierno de Azerbaiyán, a un alto funcionario de SOCAR

y a altos funcionarios del Comité de Bienes del Estado, el organismo encargado de 

administrar el programa de privatización. A los acusados también se les imputaron delitos

relacionados con los anteriores, incluso lavado de dinero. Se arrestó a Kozeny en las

Bahamas y, en la actualidad, está pendiente una solicitud de los Estados Unidos para su 

extradición. Bourke y Pinkerton se entregaron voluntariamente a la Oficina Federal de 

Investigaciones de los Estados Unidos y han comparecido a la audiencia de instrucción 

de cargos. Antes de ello, otras tres personas se declararon culpables de haber participado 

en este plan de soborno.

La Comisión de Valores y Bolsas (SEC) contra Yaw Osei Amoako (Acción civil No.

05­4284, GEB [iniciales del Juez Presidente], Distrito de Nueva Jersey). El 1o de 

septiembre de 2005, la Comisión de Valores y Bolsas inició una acción civil coercitiva en 

el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey contra Yaw

Osei Amoako, ex Director Regional para África de ITXC Corp., en la que se afirma que 

violó las disposiciones contra el soborno estipuladas en la FCPA, en su forma 

enmendada, que se codifica como Sección 30A de la Ley sobre bolsas de valores de 

1934. En la queja presentada por la Comisión se alega que Amoako sobornó a un alto 

funcionario de la empresa estatal de teléfonos de Nigeria, conocida como Nigerian 

Telecommunications Ltd., con el fin de obtener un contrato lucrativo para ITXC. Esta 

última institución necesitaba el contrato para poder transmitir llamadas telefónicas a 

particulares y a empresas en Nigeria. Según la queja, Amoako pagó al funcionario de 

Nitel un total de $166.541,31 como soborno entre noviembre de 2002 y mayo de 2004, e 

ITXC tuvo utilidades netas de $1.136.618 del contrato. En 2004, se realizó la fusión de 

ITXC con Teleglobe International Holdings Ltd. La Comisión pide que el Tribunal 

prohíba a Amoako violar la FCPA en el futuro, le exija que desembolse todas las

ganancias mal habidas con su mala conducta y le ordene que pague una multa civil en 

dinero. La investigación de la SEC continúa.

Los Estados Unidos contra Titan Corp. (San Diego, California, 2005). El 1o de marzo 

de 2005, Titan Corporation, una empresa de inteligencia militar y comunicaciones con 

sede en San Diego, se declaró culpable de violar las disposiciones de la FCPA contra el
­33­

soborno y sobre los libros y asientos contables, y de ayudar a presentar una declaración 

de renta falsa. Al mismo tiempo, la empresa también resolvió con la SEC un caso 

relacionado con una acción coercitiva. Titan fue sentenciada a pagar una multa penal de 

$13.000.000 y a cumplir un período de libertad condicional de tres años. Se le ordenó que 

adoptara un programa de estricto cumplimiento de la FCPA. Titan también accedió a 

pagar $15,4 millones en el caso civil paralelo presentado por la SEC. En su conjunto, las

multas civiles y penales impuestas, que ascienden a $28 millones, constituyen la máxima 

multa cobrada a una empresa pública por violación de la FCPA.

Las acusaciones provienen de un pago corrupto de más de $2 millones hecho por Titan 

para la elección del entonces Presidente titular de Benin y de alegaciones de que esos

fondos se emplearon para reembolsar a un agente de Titan por la compra de camisetas

adornadas con la imagen del Presidente e instrucciones para votar por él en las futuras

elecciones. Según la queja, Titan hizo esos pagos para ayudar a la empresa a establecer 

un proyecto de telecomunicaciones en Benin y obtener el consentimiento del Gobierno de 

Benin para aumentar el porcentaje de la comisión de gestión que cobraría Titan por ese 

proyecto.

Micrus Corporation. El 28 de febrero de 2005, Micrus Corporation, una empresa que 

no cotiza en la bolsa, con sede en Sunnyvale, California, y su subsidiaria suiza Micrus

S.A. suscribieron un acuerdo de enjuiciamiento diferido por dos años con el DOJ, en el 

cual Micrus y su subsidiaria reconocieron haber pagado más de $105.000 a varios

médicos empleados en hospitales de propiedad del Estado y administrados por el mismo 

en la República Francesa, la República de Turquía, el Reino de España y la República

Federal de Alemania a cambio de que el hospital comprara varios equipos médicos de 

Micrus; se comprometieron a pagar $450.000 de multas; accedieron a poner en práctica 

un riguroso programa de cumplimiento, con la contratación de un supervisor por un 

período de tres años; y accedieron a cooperar plenamente en la investigación realizada 

por el DOJ.

Los Estados Unidos contra Monsanto Co. (Tribunal Federal de los Estados Unidos 

para el Distrito de Columbia, 2005). El 6 de enero de 2005, Monsanto Company 

suscribió un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el DOJ, en el cual se comprometió a 

pagar una multa de $1.000.000 y reconoció que había cometido varias infracciones de la 

FCPA relacionadas con un pago a un funcionario de Indonesia para inducirlo (sin éxito) a 

anular un reglamento sobre el medio ambiente, y con un registro falso de esa transacción 

en los libros y asientos contables. De conformidad con el acuerdo, el Gobierno buscará la 

anulación de los cargos en tres años, siempre y cuando la empresa ponga en práctica un 

estricto programa de cumplimiento y siga cooperando con la investigación del Gobierno. Para efectos del cumplimiento de sus obligaciones, Monsanto también accedió a contratar 

a un supervisor independiente especializado en ese campo. La SEC presentó otras quejas

y órdenes relacionadas con el caso, que resolvió al mismo tiempo.

La SEC alegó que por lo menos desde junio de 2002 hasta junio de 2004, varios

empleados, agentes de venta y distribuidores de InVision realizaron varias transacciones

para vender máquinas detectoras de explosivos a algunos aeropuertos de China, las
­34­

Filipinas y Tailandia. Según la Comisión, en cada una de esas transacciones, InVision 

estaba consciente del alto grado de probabilidad de que sus agentes de venta o 

distribuidores extranjeros hubieran hecho u ofrecido hacer pagos indebidos a funcionarios

públicos extranjeros con el fin de obtener o retener negocios para la empresa. A pesar de 

ello, InVision permitió que los agentes o distribuidores siguieran actuando en nombre de 

la empresa, en violación de la FCPA. Además, la SEC alegó que, desde 1997 hasta 2002,

Monsanto registró erróneamente, o dejó de registrar, en sus libros y asientos contables

unos $700.000 de pagos ilícitos o cuestionables hechos a por lo menos 140 funcionarios

públicos de Indonesia, antiguos o en servicio activo, y a sus familiares.

InVision Technologies, Inc. El 6 de diciembre de 2004, InVision Technologies, Inc., una 

empresa de los Estados Unidos, suscribió un acuerdo de enjuiciamiento diferido por dos

años con el DOJ, en el cual reconoció que había infringido la FCPA en Tailandia, China 

y las Filipinas; se comprometió a pagar $800.000 de multa; accedió a poner en práctica

un riguroso programa de cumplimiento, con la contratación de un supervisor; y accedió a 

cooperar plenamente en las investigaciones paralelas en curso del DOJ y de la SEC. General Electric Company, que adquirió a InVision después del acto de conducta penal, accedió a velar por que esta última cumpliera con las obligaciones impuestas por el 

acuerdo correspondiente y a instituir programas de cumplimiento de la FCPA dentro de la 

nueva empresa InVision de su propiedad. General Electric e InVision realizaron una 

investigación interna de posibles infracciones de la FCPA descubiertas durante el proceso 

de diligencia debida realizado para efectos de la adquisición y revelaron voluntariamente 

los resultados al DOJ y a la SEC. La SEC presentó las quejas y órdenes del caso.

La Comisión de Valores y Bolsas contra Schering­Plough Corporation (Tribunal 

Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, 2004). El 16 de junio de 

2004, un tribunal federal de Washington, D.C. dictó una sentencia definitiva contra 

Schering­Plough, una compañía farmacéutica, en la cual la obliga a pagar una multa civil 

de $500.000 por violar las disposiciones de la FCPA sobre los libros y asientos contables

y los controles internos. Además, como resultado de esas violaciones, la SEC ordenó que 

la compañía nombrara un consultor independiente para examinar sus controles internos. Tanto la sentencia definitiva del Tribunal como la orden de la Comisión fueron el 

resultado de un arreglo con la empresa en el cual ninguna de las partes reconoció ni negó 

las alegaciones. En la queja de la Comisión se alega que entre febrero de 1999 y marzo de 

2002 una de las subsidiarias extranjeras de Schering­Plough, Schering­Plough Polonia,

hizo pagos indebidos a una organización de beneficencia llamada Fundación Chudow 

Castle. La Fundación era dirigida por una persona que era el director del Fondo de Salud 

de Silesia durante el período de interés. El Fondo de Salud era un órgano del Gobierno de 

Polonia que, entre otras cosas, proporcionaba dinero para la compra de productos

farmacéuticos e influía en la compra de esos productos por parte de otras instituciones, como hospitales, por medio de la asignación de recursos del Fondo de Salud. Según la 

queja, Schering­Plough Polonia pagó 315.800 zlotys (unos $76.000) a la Fundación 

Chudow Castle para inducir al Director a influir en la compra de productos farmacéuticos

de Schering­Plough con dinero del Fondo de Salud.
­35­

Los Estados Unidos contra David Kay. En diciembre de 2001, un jurado indagatorio de 

Houston, Texas, inculpó formalmente a David Kay, funcionario de American Rice, Inc., de violar la FCPA con la presunta autorización del pago de sobornos a varios agentes de 

aduana de Haití. En marzo de 2002, el jurado indagatorio presentó otra inculpación 

formal supletoria en la que agregó a un segundo acusado, Douglas Murphy, ex 

funcionario de American Rice, Inc. En abril de 2002, el tribunal federal anuló la 

inculpación formal por haber determinado que el presunto acto de conducta no se ceñía al 

requisito de la FCPA de que el pago del soborno debe tener por fin “ayudar a obtener o 

retener un negocio”. Los Estados Unidos apelaron de esa decisión y, en febrero de 2004,

el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito reinstauró la inculpación formal de los

Estados Unidos contra Kay, 359 F. 3d 738 (Quinto Circuito, 2004). En julio de 2004, los

Estados Unidos lograron que se formulara una segunda inculpación formal supletoria,

que agregó un cargo de conspiración contra ambos acusados y un cargo de obstrucción de 

la justicia contra Murphy en razón del presuntamente falso testimonio prestado ante la 

SEC. El 6 de octubre de 2004, después de un juicio por jurado de dos semanas de 

duración, se declaró que Kay y Murphy eran culpables de todos los cargos. El 29 de junio 

de 2005, el Señor David H. Hitner, Juez del Tribunal Federal de los Estados Unidos para 

el Distrito Sur de Texas, sentenció a Douglas Murphy y a David Kay, dos ex funcionarios

de American Rice, Inc., a prisión por violar la Ley de prácticas corruptas en el extranjero. Murphy, residente de Texas, fue sentenciado a 63 meses de cárcel, seguidos de tres años

de libertad supervisada. Kay, también residente de Texas, fue sentenciado a 37 meses de 

cárcel, seguidos de dos años de libertad supervisada. Los acusados quedaron en libertad 

bajo fianza en espera del recurso de apelación correspondiente.

* El DOJ informa regularmente a la OCDE de las decisiones judiciales y las

acciones coercitivas, según lo exige la Convención. Para información sobre los casos

más recientes, visite el sitio web de la OCDE.