Número Identificador

SEN(RES)2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

CONSEJO DE TITULARES 

DEL CONDOMINIO FIRST 

FEDERAL SAVINGS

Apelada

v.

EDGAR FRANCISCO 

MORALES RAMÍREZ 

LION CREST 

INVESTMENTS, LLC

Apelante 

KLAN202301011

APELACIÓN, 

acogido como 

Certiorari,

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala

Superior de San 

Juan

Caso Núm.:

SJ2023CV02677

Sobre:

Cobro de Dinero, 

Incumplimiento 

de Contrato

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el 

Juez Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz 

Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

Comparece ante nos Lion Crest Investment, LLC (“Lion 

Crest” o “Peticionario”) mediante escrito intitulado Recurso de 

Apelación presentado el 10 de noviembre de 2023. Nos solicita 

que revoquemos la Sentencia emitida el 26 de julio de 2023 y 

enmendada el 10 de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (“foro primario” o “foro a 

quo”). Por virtud de la misma, el foro primario declaro Ha Lugar

la demanda de cobro de dinero instada por el Consejo de Titulares 

del Condominio First Federal Savings (“Consejo de Titulares” o 

“Recurrido”) y condenó al Peticionario y al señor Edgar Francisco 

Morales Ramírez (“Sr. Morales Ramírez”) a pagar la suma de 

$93,819.21. Inconforme con la determinación, Lion Crest solicitó 
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reconsideración y/o relevo de sentencia, la cual fue declarada No 

Ha Lugar mediante Resolución emitida y notificada el 11 de 

octubre de 2023.1

Por los fundamentos expuestos a continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

I.

La controversia ante nuestra consideración tiene su origen 

cuando el 24 de marzo de 2023 el Consejo de Titulares incoó una 

Demanda sobre cobro de dinero de las cuotas de mantenimiento

de un apartamento comercial contra el Peticionario y el Sr. 

Morales Ramírez.2 En síntesis, el Consejo de Titulares alegó que 

el Sr. Morales Ramírez adquirió la oficina 619 del Condominio 

First Federal Savings y posteriormente, dicha oficina fue 

adquirida por Lion Crest. Señaló que, a la fecha de la radicación 

de la demanda, el Peticionario y el Sr. Morales Ramírez 

adeudaban la suma de $93,819.21, por concepto de cuotas de 

mantenimiento vencidas y no pagadas, más intereses y 

penalidades. Sostuvo que la deuda estaba vencida, era líquida y 

exigible, por lo que, solicitó que decretara el embargo preventivo 

de los bienes de los deudores y que se condenara a los 

demandados a sufragar solidariamente las cuantías reclamadas.3

Transcurridos varios trámites que son inmeritorios reseñar, 

el 26 de julio de 2023, notificada el 1 de agosto del mismo año, el 

foro primario emitió Sentencia.

4 Mediante esta, el foro a quo dictó

1 En vista de que el foro primario acogió la solicitud del Peticionario como una de 

relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.2, acogemos el recurso de epígrafe como un certiorari por ser lo 

procedente en derecho, aunque por razones de economía procesal conserve la 

designación alfanumérica (KLAN202301011). Véase IG Builders v. BBVAPR, 185 

DPR 307 (2012).

2 Apéndice recurso, Anejo 4, págs. 21-25.

3 Cabe destacar que el 17 de mayo de 2023, se diligenció emplazamiento mediante 

entrega personal a Lion Crest. Véase Apéndice Recurrido, págs. 8-9. 

4 Apéndice recurso, Anejo 5, pág. 26.
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sentencia en rebeldía declarando Ha Lugar la demanda instada 

por el Consejo de Titulares. En consecuencia, condenó al Sr. 

Morales Ramírez al pago de la suma de $93,819.21, más intereses 

del tipo legal sobre dicha cantidad, contados a partir de la fecha 

de la radicación de la demanda hasta su completo pago. En 

cuanto a Lion Crest, el foro primario expresó lo siguiente:

Por último, examinados los autos, surge que a esta fecha 

ha transcurrido el término de 120 días dispuesto por la 

Regla 4.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico sin que se 

haya acreditado el diligenciamiento de los emplazamientos 

por la parte demandante a los demandados Lion Crest 

Investments, LLC. Ante esta realidad, el Tribunal carece 

de jurisdicción en cuanto a esta, por lo que se 

desestima, sin perjuicio dicha reclamación, toda vez 

que no tenemos discreción para prorrogar el término 

para emplazar a base de lo resuelto en Bernier González 

v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018). (Énfasis 

nuestro). 

Así las cosas, el 10 de agosto de 2023, el Consejo de 

Titulares presentó Moción de Reconsideración.5 En esta, llamó a 

la atención al foro primario de que se había diligenciado el 

emplazamiento al Peticionario mediante entrega personal, dentro 

del término dispuesto en ley. Por lo cual, solicitó que 

reconsiderara la determinación de desestimar sin perjuicio la 

demanda contra Lion Crest.

El mismo 10 de agosto de 2023, notificada el 15 del mismo 

mes y año, el foro primario emitió Sentencia Enmendada, a los 

fines de incluir a Lion Crest en los efectos de la sentencia. En 

consecuencia, se le anotó la rebeldía al Peticionario y condenó a 

los codemandados a sufragar solidariamente la cantidad de 

$93,819.21 al Consejo de Titulares. En vista de que una de las 

partes codemandadas se le había anotado la rebeldía, el 15 de 

agosto de 2023, la Secretaría del foro primario emitió Notificación 

de Sentencia por Edicto por SUMAC. Posteriormente, el 28 de 

5 Apéndice Recurrido, págs. 12-13.
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agosto de 2023, el Consejo de Titulares presentó Moción 

Informativa en Torno a Publicación de Edicto. Mediante esta, 

informó que el 24 de agosto de 2023 se publicó el edicto.6

En desacuerdo con la Sentencia Enmendada, el 11 de 

septiembre de 2023, Lion Crest instó Solicitud de Reconsideración 

y Asumiendo Representación, en la que alegó que el Consejo de 

Titulares no le había notificado los escritos presentados en el 

caso, ni el foro primario le había enviado notificación escrita de 

sus determinaciones.7 A su vez, solicitó, al amparo de la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.49.2, que se le 

relevara de la sentencia dictada en su contra, toda vez que era un 

adquirente involuntario y sólo venía obligado a pagar los últimos 

seis (6) meses de atraso de las cuotas de mantenimiento de la 

propiedad. 

En respuesta, el Consejo de Titulares presentó Oposición a 

Solicitud de Reconsideración.

8 Por virtud de esta, señalo que la 

solicitud de reconsideración fue presentada tardíamente. En 

cuanto a la solicitud de relevo de sentencia, sostuvo que no 

procede el relevo de sentencia puesto que Lion Crest es un 

adquirente voluntario. 

En vista de ello, el 11 de octubre de 2023, el foro primario 

emitió y notificó Resolución, en la que acogió los planteamientos 

de la oposición a la solicitud de reconsideración presentada por 

el Consejo de Titulares y declaró No Ha Lugar la petición del 

Peticionario. 

6 Véase entradas números 19 y 20 del expediente electrónico del Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”), en el caso 

SJ2023CV02677. 

7 Apéndice recurso, Anejo 7, págs. 28-35.

8 Íd., Anejo 8, págs. 35-52.
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Inconforme aún, el 10 de noviembre de 2023, Lion Crest

acudió ante esta Curia y le imputó al foro primario la comisión de 

los siguientes errores:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar en 

rebeldía y modificar sentencia contra la parte apelante sin 

haber notificado a esta luego de haber desestimado en su 

contra.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

Lion Crest es deudor solidario con el codemandado 

Morales Ramírez en cuanto al pago de la totalidad de la 

deuda reclamada ya que Lion Crest es un adquiriente 

involuntario y no surge de ningún documento la 

solidaridad entre las partes. 

El 16 de noviembre de 2023, esta Curia emitió Resolución

en la que le concedió un término de treinta (30) días a la parte 

Recurrida para que presentara su oposición al recurso. En 

cumplimiento con lo ordenado, el 18 de diciembre de 2023, el 

Consejo de Titulares presentó Alegato en Oposición a Apelación 

y/o Certiorari. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante 

nuestra consideración.

II.

A. Certiorari

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG,

205 DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 46, resuelto 

el 12 de abril de 2023.
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No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas 

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además, 

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR 

__ (2023); 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023.

Estos criterios son:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es 

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713. 

B. Relevo de Sentencia

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.49.2, dispone que una parte puede solicitar que el tribunal la 

releve de los efectos de una sentencia. Lo anterior, procederá 

cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias 

excepcionales:
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(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 

una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta 

a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con 

la Regla 48;

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 

“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa 

representación u otra conducta impropia de una parte

adversa;

(d) nulidad de la sentencia; 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 

efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor, o

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia. 

Este mecanismo post sentencia, tiene el propósito de

proveer un justo balance entre dos intereses conflictivos de 

nuestro ordenamiento jurídico. “Por un lado, se encuentra el 

principio de que todo caso se resuelva justamente, mientras que 

por otro lado se encuentra el interés de que los litigios concluyan.” 

HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689 (2020), citando a García Colón 

et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010). Por ello, el 

Tribunal Supremo ha reiterado que la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, debe “interpretarse liberalmente y 

cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita que se deje 

sin efecto una anotación de rebeldía o una sentencia”. HRS Erase 

v. CMT, supra, citando Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 87 

(1966).

Ahora bien, es menester señalar que los tribunales tienen

la discreción de sopesar estos factores y determinar si procede 

relevar a una parte de los efectos de una sentencia. Íd, citando a 

Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). Además, el promovente 

de la solicitud de relevo de sentencia deberá presentarla “dentro 

de un término razonable, pero en ningún caso después de 

transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia”. 
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Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. No obstante, tales 

normas ceden cuando se trata de una sentencia que adolece de 

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. HRS Erase v. 

CMT, supra, citando Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003). 

Sin embargo, la consabida regla no constituye una llave maestra 

para reabrir controversias, ni sustituye los recursos de apelación 

o reconsideración. Es decir, el precepto no está disponible para 

alegar cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas 

mediante los recursos de reconsideración y apelación. García 

Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541.

Sobre ello, nuestro máximo foro ha resuelto lo siguiente: 

[...] una interpretación liberal de la regla permite que se 

considere una moción de reconsideración como una de 

relevo de sentencia. Esto aunque haya transcurrido el 

término para considerar la reconsideración o aun después 

de que haya advenido final y firme la sentencia, siempre y 

cuando la referida moción cumpla estrictamente con los 

requisitos establecidos en dicha regla. Es decir, una 

moción de reconsideración que aduzca los fundamentos 

subsumidos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, puede ser considerada como una moción de relevo 

de sentencia, aun si es presentada después de los quince 

días. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541.

De otro lado, si una parte solicita el relevo de sentencia al 

amparado en el inciso (4) de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, y demuestra que la sentencia es nula, el foro 

primario no tendrá discreción para denegar la misma. “[S]i una 

sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto 

independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o 

la reclamación del perjudicado”. HRS Erase v. CMT, supra, 

citando a García Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 543-

544. “[C]uando una sentencia es nula, se tiene por inexistente, 

por lo que no surte efecto alguno”. López García v. López García, 

200 DPR 50, 62 (2018). “[A]nte la certeza de nulidad de una 

sentencia, resulta mandatorio declarar su inexistencia jurídica; 

ello independientemente del hecho de que la solicitud a tales 
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efectos se haga con posterioridad a haber expirado el plazo de seis 

(6) meses”. HRS Erase v. CMT, supra, citando a Montañez v. 

Policía de P.R., 150 DPR 917 (2000). Así, que la parte promovente 

no está limitada por el término de seis (6) meses dispuesto en la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

Sobre ello, nuestro máximo foro ha expresado lo siguiente: 

El esquema amplio y abarcador de remedios que provee la 

Regla 49.2 reduce considerablemente el ejercicio de esta 

acción independiente a los casos en que ha transcurrido 

el término fatal de seis meses y las circunstancias sean 

de tal índole que el tribunal pueda razonablemente 

concluir que mantener la sentencia constituiría una 

grave injusticia contra una parte que no ha sido 

negligente en el trámite de su caso y que, además, 

tiene una buena defensa en los méritos. (Énfasis

nuestro). Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 

689 (1979).

De igual modo, se considera que una sentencia es nula 

cuando el tribunal actuó sin jurisdicción o cuando se quebrantó 

el debido proceso de ley de alguna de las partes. HRS Erase v. 

CMT, supra, citando a García Colón et al. V. Sucn. González, 

supra, pág. 543. Cuando se alega que la nulidad de la sentencia 

por alguna violación al debido proceso de ley, el profesor Rafael 

Hernández Colón señaló que el “[q]uebrantamiento del debido 

proceso de ley es un concepto mucho más amplio y pueden haber 

tantas manifestaciones del mismo como principios del debido 

proceso existen y que se hayan quebrantado en un caso en 

especial”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2010, 

sec. 4807, pág. 408. Así que, se ha resuelto que la ausencia de 

una parte indispensable es una violación al debido proceso de ley 

que conlleva obligatoriamente el relevo de la sentencia. HRS Erase

v. CMT, supra, citando a García Colón et al. V. Sucn. González, 

supra, pág. 551.
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C. Adquirente Voluntario e Involuntario

La figura del adquirente voluntario o involuntario ha sido 

definida por el Tribunal Supremo de la siguiente manera:

[e]l [adquirente] voluntario es un comprador que bien 

informado de los gravámenes y cargas del apartamento lo 

adquiere porque es un buen negocio. El adquirente 

involuntario es originalmente un acreedor cuyo interés 

fundamental no es hacerse dueño del apartamento sino 

proteger su acreencia constituida usualmente antes de 

que empiece a acumularse la deuda por gastos comunes 

del condominio. Con. Tit. Centro Int’l Torre II v. PRCI, 210 

DPR 403 (2022), citando a Asoc. Condómines v. Naveira,

106 DPR 88, 97 (1977).

Asimismo, se ha establecido que un adquirente voluntario: 

(1) puede ser un comprador, un donatario, un permutante 

o aquel que se lleva la buena pro en una subasta pública; 

(2) quien adquiere el crédito hipotecario o el apartamento 

con el ánimo de hacer un buen negocio; (3) quien tiene la 

oportunidad y los medios de enterarse de la deuda por 

gastos comunes del condominio, y (4) quien tiene el poder 

de decisión para asumirlos como gravamen del inmueble 

que adquiere. Íd, citando a Condominio First Federal v. 

LSREF2, 202 DPR 934, 944-945 (2019); Asoc. de 

Condómines v. Naveira, supra, pág. 97.

Por el contrario, el adquirente involuntario posee las siguientes 

características: 

(1) es un acreedor hipotecario; (2) la razón o el interés 

fundamental no es convertirse en dueño del inmueble, 

sino proteger su acreencia constituida --usualmente--

antes de que empiece a acumularse la deuda de las 

cuotas por mantenimiento; (3) para este, la deuda no 

es elemento u objeto de contratación, y (4) su acreencia 

no debe sufrir disminución porque el deudor incumpla 

otra obligación ajena y extraña a la suya. Íd. 

Otra fuente de derecho que establece una distinción entre 

la figura del adquirente voluntario e involuntario está contenida 

en la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129 de 16 de 

agosto de 2020, según enmendada, (“Ley 129-2020”), dispone lo 

siguiente: 

b) Adquiriente Involuntario – El acreedor hipotecario que, 

para proteger su acreencia, adquiera una propiedad 

como parte de un proceso de ejecución de hipoteca, 

licitando o sin licitar, o de dación en pago, total o parcial. 
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c) Adquiriente Voluntario – Persona que, luego de ejercer 

su criterio en el curso usual de los negocios, 

deliberadamente adquiere el bien inmueble porque le 

resulta un buen negocio. Se entiende que incluye a un 

comprador convencional, un donatario, un heredero, un 

legatario, un permutante o un licitador que se lleva la 

buena pro en la subasta. 31 LPRA sec. 1921b (b) y (c). 

(Énfasis nuestro). 

En cuanto a los pagos de las cuotas de mantenimiento de 

un condominio sujeto al régimen de propiedad horizontal, el 

Artículo 60 de la precitada Ley 129-2020, supra, establece lo 

siguiente: 

La obligación del titular de un apartamento por su 

parte proporcional de los gastos comunes constituirá un 

gravamen sobre dicho apartamento. Por lo tanto, luego de 

la primera venta, el adquirente voluntario de un 

apartamento será solidariamente responsable con el 

transmitente del pago de las sumas que éste adeude, a 

tenor con el Artículo 59, hasta el momento de la 

transmisión, sin perjuicio del derecho del adquirente 

a repetir contra el otro otorgante, por las cantidades 

que hubiese pagado como deudor solidario. Un 

adquirente involuntario será responsable solamente de 

las deudas por gastos comunes surgidas y no 

satisfechas durante los seis (6) meses anteriores al 

momento de adquirir la propiedad excepto las partidas 

correspondientes a penalidades por atrasos o mora, 

derramas, intereses y sanciones atribuibles al titular, 

incluirá el balance corriente que se acumule desde la 

adquisición de dicho inmueble por parte del adquiriente 

involuntario.

(Énfasis y subrayado nuestro). 31 LPRA sec. 1923e.9

Al hacer la distinción entre un adquirente voluntario y uno 

involuntario lo primordial yace en el interés por el cual se 

adquiere la propiedad. Con. Tit. Centro Int’l Torre II v. PRCI, supra. 

La búsqueda de dicho interés “no radica, principalmente, en 

el momento de la adquisición del crédito hipotecario o del 

9 El Artículo 41 de la derogada Ley de Condominios de 2003, Ley Núm. 104 de 25 

de junio de 1958, disponía lo siguiente:

La obligación del titular de un apartamiento por su parte 

proporcional de los gastos comunes constituirá un gravamen sobre 

dicho apartamiento, una vez anotado en el Registro de la 

Propiedad. Por lo tanto, luego de la primera venta, el adquirente 

voluntario de un apartamiento será solidariamente responsable 

con el transmitente del pago de las sumas que éste adeude, a tenor 

con el Artículo 39, hasta el momento de la transmisión, sin 

perjuicio del derecho del adquirente a repetir contra el otro 

otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como deudor 

solidario. Sin embargo, un adquirente involuntario será 

responsable solamente de las deudas por gastos comunes surgidas

y no satisfechas durante los seis meses anteriores al momento de 

adquirir la propiedad. 31 LPRA sec. 1293e.
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inmueble, sino en la razón para adquirir o el interés 

fundamental por el cual se convierte en titular”. Íd, citando a 

Condominio First Federal v. LSREF2, supra. (Énfasis nuestro). 

“[A]un cuando la intención de una institución financiera es 

proteger su garantía hipotecaria, se considera un adquirente 

voluntario al acreedor hipotecario que, deliberadamente o 

por un acto volitivo, se convierte en titular del inmueble 

mediante dación en pago”. (Énfasis suplido). Íd. A su vez, 

nuestro Máximo Foro ha resuelto que los créditos hipotecarios 

contra cualquier titular que son preferentes “son aquellos cuyo 

acreedor es el banco o institución financiera que facilitó la 

adquisición de un apartamento en condominio y que, como regla 

general, la deuda por cuotas de mantenimiento no existía al 

momento de la constitución de la hipoteca que garantizó el 

precio de compra”. (Énfasis nuestro). Íd, págs. 947-948. 

III.

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos 

presentados por ambas partes, acogemos la solicitud de la parte 

aquí Peticionaria como una solicitud de relevo de sentencia al 

amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. No 

obstante, luego de una revisión del expediente del caso de 

epígrafe, resolvemos que no se han producido las circunstancias 

que exijan nuestra intervención. Al amparo de los criterios que 

guían nuestra discreción no intervendremos en la determinación 

recurrida. En ausencia de abuso de discreción, este foro no debe 

intervenir con las determinaciones del foro primario. La parte 

Peticionaria no ha demostrado que el foro de instancia se excedió 

en el ejercicio de su discreción, ni que erró en la interpretación 

del derecho. Tampoco constató que el abstenernos de interferir 
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en la determinación recurrida constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia, ni que la sentencia emitida por el foro 

primario ameritara nuestra intervención. Por tanto, procede que 

se deniegue el recurso de certiorari de epígrafe.

IV.

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones