Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

JC REMODELING, INC.

Recurrida

V.

JUNTA DE SUBASTAS

DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE 

SERVICIOS 

GENERALES

Recurrente

KLRA202400444

Revisión 

Administrativa

procedente de la

Junta de Revisora de 

Subasta de la 

Administración de 

Servicios Generales 

del Gobierno de 

Puerto Rico

Casos Núm. 

JR-24-121

 

Sobre:

Revisión 

Administrativa 

Subasta Formal 

Núm. 23J-08274

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

-IEl 9 de agosto de 2024 la Junta de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales (la recurrente) compareció 

mediante el recurso de revisión judicial que nos ocupa a fin de que 

revisemos una Resolución emitida y notificada el 10 de julio de 2024 

por la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios 

Generales (Junta Revisora o parte recurrida). En dicha 

determinación, la Junta Revisora concluyó que en el Aviso de 

Adjudicación Enmendado de la Subasta Formal Núm. 23J-08274

emitido el 26 de abril de 2024 por la recurrente existían deficiencias 

en la notificación a los abogados de las partes, así como en el 
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contenido requerido en la adjudicación1. En su dictamen, la Junta 

Revisora concluyó que debido a las deficiencias antes expuestas “no 

han comenzado a decursar los términos para presentar solicitudes de 

revisión. Se devuelve el caso a la Junta de Subastas para que 

notifique la Resolución de Adjudicación y la Tabla a las partes y sus 

abogados, garantizando así el debido proceso de ley a todas las 

partes, y que aquellos licitadores adversamente afectados puedan, 

de entenderlo prudente, decidir presentar un recurso de revisión”.2 

A pesar del lenguaje anteriormente transcrito, la Junta 

Revisora advirtió a las partes que se consideraran adversamente 

afectadas por su determinación de su derecho de presentar un 

recurso de revisión judicial ante este Foro.

Así las cosas, el 22 de agosto de 2024 emitimos una 

Resolución concediéndole a la parte recurrida treinta (30) días para 

presentar su alegato. Ese mismo día una de las licitantes, Master 

Roofing, Inc., presentó una solicitud de desestimación. En dicha 

comparecencia, alegó que la recurrente dejó transcurrir el término 

que tenía disponible para instar su recurso, por lo que carecíamos 

de jurisdicción para considerarlo.3 El 26 de agosto de 2024 la 

recurrente compareció mediante un escrito en oposición a la referida 

solicitud de desestimación. Arguyó que previo a la aprobación de la 

Ley 153-2024 de 12 de agosto de 2024 el término jurisdiccional para 

1 A saber, la ausencia de una exposición de un resumen de las propuestas, y un 

análisis con las razones por las cuales fueron rechazadas las ofertas efectuadas 

relativas a la Invitación de Subasta Formal Núm. 23J-08274.

2 Véase págs. 1-15 del Apéndice del recurso.

3 En apretada síntesis, sostuvo que conforme a lo dispuesto en la Ley 48-2024, 

con la que se enmendaron varias disposiciones de la Ley 38-2017, según 

enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico”, infra, y de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida 

como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de 

las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, infra, y en la Ley 153-2024, 

que tuvo como fin enmendar la Sección 3.19 de la Ley 38-2017, infra, y los 

Artículos 4, 64 y 66 de la Ley 73-2019, infra, a los fines de conciliar los términos 

de revisión conforme a lo establecido en la Ley 48-2024, la parte adversamente 

afectada por una determinación de la Junta Revisora tiene un término 

jurisdiccional de 20 días calendario para presentar un recurso de revisión judicial 

ante este Tribunal. Según elaboró, toda vez que la determinación recurrida fue 

emitida y notificada el 10 de julio de 2024 y el recurso fue presentado el 9 de 

agosto de 2024, el mismo fue presentado tardíamente.
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presentar el recurso de revisión judicial era de 30 días, por lo que 

en este caso recurrió a tiempo.

El 28 de agosto de 2024 JC Remodeling, Inc., otro de los 

licitantes, presentó un escrito mediante el cual se unía a la solicitud 

de desestimación presentada por Master Roofing, Inc. Al día 

siguiente, JC Remodeling, Inc., presentó una solicitud de orden en 

auxilio de jurisdicción en la que nos solicitó que ordenáramos a la 

recurrente notificar la Resolución de Adjudicación conforme 

instruido por la Junta Revisora.

Conforme a lo dispuesto en la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), considerada 

la naturaleza del asunto ante nuestra consideración, y en aras de 

promover el más justo y eficiente despacho del asunto ante nos, 

prescindimos de la comparecencia de la recurrida, por lo que 

dejamos sin efecto nuestra Resolución de 22 de agosto de 2024. Se 

adelanta, por fundamentos distintos a los argumentados en la 

moción de desestimación y en la moción en apoyo a esta, la

desestimación del recurso por ausencia de jurisdicción.

-II-

-ALa Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 y 

siguientes, establece el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias administrativas. A tenor con la 

citada ley y la jurisprudencia aplicable, la revisión judicial consiste, 

esencialmente, en determinar si la actuación de la agencia fue 

dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y si la 

misma es legal y razonable.

Las exigencias de la Ley Núm. 73-2019, Ley Núm. 73-2019, 

según enmendada, 3 LPRA sec. 9831 y siguientes, conocida como la 

Ley de la Administración de Servicios Generales para la 
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Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, 

también deben ser consideradas, pues regulan el proceso que dio 

origen al caso ante nuestra consideración. De entrada, hay que 

señalar que el omitir en el aviso de adjudicación de subasta la 

notificación a todas las partes participantes y obviar los requisitos 

del contenido de la notificación hace que la notificación adolezca de 

un error únicamente subsanable mediante una nueva notificación.

Ello, debido a que la Sección 3.14 de LPAU, 3 LPRA sec. 9654, 

establece que las determinaciones finales deben ser notificadas a las 

partes en el proceso administrativo. La Ley establece que la 

notificación debe advertir el derecho de las partes a solicitar 

reconsideración ante la agencia o instar un recurso de revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones, con expresión de los 

términos jurisdiccionales que tienen las partes para ejercer dicho 

derecho y tiene que indicar todos los foros a los que puede recurrir 

la parte adversamente afectada. Además, expresamente se dispone 

que los referidos términos no comenzarán a transcurrir hasta que 

la agencia administrativa haya cumplido con estos requisitos. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008).

El Tribunal Supremo ha aclarado que no se pueden oponer 

los términos jurisdiccionales para recurrir de una determinación 

administrativa a una parte que no ha sido notificada de dicha 

determinación conforme a derecho. Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, 173 DPR 998 (2008). Colón Torres v. Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, 143 DPR 119 (1997). Así, una 

notificación defectuosa priva de jurisdicción al foro revisor para 

entender sobre el asunto impugnado. 

Sobre este particular, se ha establecido que las deficiencias en 

el contenido de la notificación de una adjudicación final 

administrativa privan a este foro revisor de su jurisdicción, “pues el 
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plazo para revisión judicial no ha comenzado a transcurrir”. P.R. 

Eco Park, et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525 (2019).

-BEs norma claramente establecida que conforme a las 

disposiciones de la Ley 38-2017, supra, únicamente puede 

presentarse un recurso de revisión judicial ante este Tribunal 

cuando exista una determinación final de una agencia 

administrativa. Disposición similar la encontramos en la Ley Núm. 

201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24 y siguientes, conocida 

como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

la cual establece que, como Tribunal de Apelaciones, estamos 

facultados para revisar las “decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de organismos o agencias administrativas”. Artículo 

4006(c), 4 LPRA sec. 24(y)(c). (Énfasis suplido.)

-IIIConsiderado el expediente ante nuestra consideración,

procede la desestimación del recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción de este foro. Ello, pues no nos encontramos realmente 

ante una determinación final de la Junta Revisora en la que haya 

adjudicado en los méritos el asunto ante si, por lo que no ha 

finalizado el proceso administrativo ante la Junta de Subastas y 

mucho menos ante la Junta Revisora. En su Resolución, la Junta 

Revisora se limitó a devolver el caso a la Junta de Subastas aquí 

recurrente para que: (1) notificare a todas las partes el Aviso de 

Adjudicación Enmendado de la Subasta Formal Núm. 23J-08274, (2) 

incluyendo cierta información que juzgó necesaria para a su vez 

poder ejercer su función revisora.

En vista de lo anterior, no hay todavía una decisión final que 

ponga fin al trámite administrativo, pues la Junta Revisora 

únicamente se expresó sobre un asunto procesal respecto a quién 

debe notificarse, y el contenido mínimo qué debe tener la decisión 
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final de la Junta de Subastas para que esta a su vez pueda ser 

revisable en primer término por la recurrida. 

Así las cosas, y conforme a la normativa previamente 

expresada de que, como Tribunal de Apelaciones, únicamente 

estamos facultados para revisar las “decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas”, el 

único curso viable a seguir ante un recurso, a todas luces 

prematuro, es su desestimación. Lo anterior, torna en académica la 

Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción presentada por JC 

Remodeling, Inc.

-IVPor los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de epígrafe, por falta de jurisdicción. 

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones