NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2024___________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

LISSETTE VEGA MEDINA

RECURRIDA

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS

AL CONSUMIDOR (DACO)

AGENCIA

V.

THREE BROTHERS AUTO, 

CORP.

RECURRENTE

KLRA202400194

REVISIÓN JUDICIAL

procedente del 

Gobierno de Puerto 

Rico; Departamento 

de Asuntos del 

Consumidor, Oficina 

Regional de 

Mayagüez 

_____________

Querella Núm.: 

MAY-2022-0003393

SOBRE:

Compraventa de 

Vehículo de Motor

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, 

el Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2024.

Comparece Three Brothers Auto, Corp. (en adelante,

“Three Brothers Auto” o “recurrente”) mediante auto de 

Revisión Judicial en el cual nos solicita la revisión de la 

Resolución emitida, el 16 de febrero de 2024, y notificada, 

el 20 de febrero de 2024, por el Departamento de Asuntos al 

Consumidor (en adelante, “DACO”). En el referido dictamen, 

DACO declaró Ha Lugar la Querella presentada y, a esos 

efectos, ordenó tanto la resolución del contrato de 

compraventa como la devolución de $6,675.00 a favor de la 

señora Lissette Vega Medina (en adelante, “señora Vega” o 

“recurrida”). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 
KLRA202400194 Pág. 2 de 9

I.

El 16 de diciembre de 2022, la señora Vega presentó una 

Querella1 ante el DACO mediante la cual solicitó la 

cancelación de la compraventa de un vehículo de motor y la

devolución total del dinero pagado. Además, solicitó el pago 

ascendiente a $375.00 por los gastos incurrido en grúa y el 

estimado del mecánico de su confianza. Asimismo, la señora

Vega hizo constar los siguientes hechos: 

El sabado [sic] 10 de diciembre 2022 me persone al 

Deler [sic] Three Brothers Auto Corp. para la compra 

del vehiculo [sic] Nissan fontier 2005 color Blanca. 

Ese día se le dio el valor asignado por el de leer

[sic] de $6,500 dolares. La guagua fue conducida a mi 

hogar en Aguadilla un viaje de 20 min. Se estaciono

[sic] y el lunes 12 de diciembre se utilizo [sic] el 

vehiculo [sic] para ir a Barceloneta y por el camino 

llegando a Barceloneta la guagua empezó hacer un ruido 

rapido [sic] se movio [sic] al despaceo [sic] y la 

guagua se apago sola. Se le verifico [sic] el agua y 

el Aceite y mostro [sic] el aceite con agua. Se trajo 

en grua [sic] al hogar y un mecanico [sic] certificado 

la verifico [sic] y nos hizo saber que el motor se 

habia [sic] trancado.2

El 26 de mayo de 2024, DACO realizó una inspección del 

auto marca Nissan, modelo Frontier del año 2005, aquí en 

controversia.3 A esos efectos, el 30 de junio de 2024, el 

técnico automotriz de DACO emitió un Informe de Inspección

Vehículo de Motor4, el cual fue notificado a las partes el 5 

de junio de 2024. Mediante dicho informe, se encontraron los 

siguientes hallazgos: 

Al momento de la inspección la unidad presentaba 

batería agotada. La querellante procedió a remplazar 

la batería por la de otro vehículo. Se remplazo la 

batería, pero el motor aparentaba estar trancado 

porque no giraba cuando se trataba de encender. 

Querellado trajo un mecánico para ayudar a 

diagnosticar la unidad. El mecánico del querellado le 

instalo un equipo de presión de agua para saber si 

había algún liqueo de agua. La unidad no presentó 

liqueo de agua, pero el equipo de presión de agua 

disminuyo la presión poco a poco. Este funcionario 

decidió chequear la varilla de aceite de motor para 

verificar si el agua se estaba colando por el motor 

1 Apéndice del Recurso de la parte recurrida, Anejo I, págs. 1-6.

2 Íd., pág. 5. 

3 Apéndice del Recurso de la parte recurrida, Anejo VII, págs. 14-15.

4 Apéndice del Recurso de la parte recurrida, Anejo VIII, págs. 16-21.
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internamente. La varilla de aceite estaba marcando por 

encima del nivel indicado. 

Este funcionario le solicito al querellante una 

sabana o cartón para poder chequear la unidad por 

debajo y poder soltar el tapón de aceite del motor. Al 

soltar el tapón de aceite de motor este funcionario le 

comunico al mecánico que el querellado trajo que 

estuviera pendiente para que el pudiera ver que salía

por el tapón. Cuando se aflojo el tapón de aceite del 

motor, empezó a botar agua, lo que indica que toda el 

agua se echó en el radiador, se estaba filtrando por 

el interior del bloque de motor.5

En consecuencia, el técnico automotriz de DACO 

fundamento su opinión pericial en que:

El motor trancado se debe a que los pitones se 

llenaron de agua y el motor no puede girar debido a la 

presión que el agua ejerce contra los pistones. Se 

recomienda la reparación del motor o el remplazo del 

mismo.

6

Tras la celebración de la vista administrativa, el DACO 

emitió Resolución7 el 16 de febrero de 2024 y notificó el 20

de febrero de 2024, en la cual declaró Ha Lugar la Querella 

presentada. Además, ordenó tanto la resolución del contrato 

de compraventa como la devolución de $6,675.00 a favor de la 

señora Vega. El DACO concluyó lo siguiente: 

De la prueba surge que dicho auto presentaba un 

vicio preexistente a la venta, un vicio oculto que 

impide el uso y disfrute el auto para el uso 

destinado. Ninguna de las razones que señaló el 

Técnico de DACO de posibles causas de 

sobrecalentamiento es imputable a la parte 

querellante, por el contrario, están ligadas a como el 

auto fue entregado a la parte querellante. [...] La 

parte querellada tenía la obligación de poner el auto 

en optimas condiciones antes de la venta del mismo, 

era responsabilidad del querellado verificar los 

abanicos, las mangas y el closter.8

En desacuerdo, el 6 de marzo de 2024, Three Brothers

Auto presentó una Reconsideración.9 En síntesis, alegó que el 

expediente no contenía prueba que sostuviera la adjudicación

administrativa. Además, sostuvo que el único causante de que 

se trancara el motor del vehículo era el hijo de la señora

Vega, quien había conducido hasta Barceloneta. 

5 Íd., pág. 19. 

6 Íd.

7 Apéndice del Recurso de la parte recurrida, Anejo IX, págs. 22-31

8 Íd., pág. 28.

9 Apéndice del Recurso de la parte recurrente, Anejo I, págs. 1-10. 
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Trascurrido el término para que DACO considerara la 

Reconsideración, Three Brothers Auto presentó el recurso que 

nos ocupa y señala la comisión del siguiente error: 

Erró el DACO al concluir que se ordene la resolución

del contrato del vehículo de motor en controversia y 

la devolución de las contraprestaciones, aun cuando 

surge prueba sustancial, inequívoca e incontrovertible 

en el expediente administrativo que fundamenta que la 

parte querellada NO tiene derecho a lo solicitado por 

que fue por su propia actuación que el motor del 

vehículo en cuestión se “tranco”, ya que vehículo no 

tenía ningún vicio. 

Por su parte, el 31 de julio de 2024, la señora Vega 

presento su alegato en oposición. 

Con el beneficio de los escritos de las partes y la 

transcripción de la vista adjudicativa, damos el recurso por 

perfeccionados y procedemos a resolverlo. 

II. 

A. Revisión judicial

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (en adelante, “LPAU”), establece el 

marco de revisión judicial de las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismo agencias administrativas.10

Cónsono con lo anterior, nuestra función revisora se delimita 

a delinear la discreción de las entidades administrativas 

para garantizar que sus decisiones se encuentren en el marco 

de los poderes delegados y sean consecuentes con la política 

pública que las origina11.

Debido a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que tienen las agencias administrativas sobre 

los asuntos que le son encomendados, los foros revisores les 

conceden gran consideración y deferencia a sus decisiones12.

Es por esta razón, que la revisión judicial se limita a 

10 Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675.

11 Cruz Rivera v. Mun. de Guaynabo, 205 DPR 606 (2020); Torres Rivera v. 

Policía de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016).

12 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Camacho Torres 

v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).
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determinar si la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal, 

o de forma tan irrazonable que sea considerado un abuso de 

discreción13. Hay que señalar que las determinaciones de los 

organismos administrativos están cobijadas por una presunción 

de corrección y legalidad que debe respetarse, mientras la 

parte que las impugne no demuestre con suficiente evidencia 

que la decisión no está justificada14.

Así pues, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a determinar si hay evidencia 

sustancial en el expediente para sostener la conclusión de la 

agencia o si ésta actuó de forma arbitraria, caprichosa o 

ilegal15. El criterio rector es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida16. Por ello, al momento de 

evaluar una determinación administrativa se debe considerar 

si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; 

(2) la decisión de la agencia está sostenida en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo visto en 

su totalidad; y (3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas17.

B. Vicios ocultos

En lo concerniente al contrato de compraventa, el Código 

Civil de Puerto Rico de 2020 (en adelante, “Código Civil”) 

establece la obligación de saneamiento por evicción o vicios 

ocultos. Específicamente, el Artículo 1261 del Código Civil 

establece que “[l]a persona que transmite un bien a título 

oneroso responde por evicción y por los defectos ocultos del 

bien, aunque lo ignorase”.18

13 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012); Federation des 

Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).

14 López Borges v. Adm. Corrección, supra.

15 Vélez v. ARPE, 167 DPR 684 (2006).

16 Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006).

17 Rolón Martínez v. Superintendente, 201 DPR 26, 35-36 (2018); Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).

18 31 LPRA sec. 9851.
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Por otro lado, el Artículo 1263 del mismo Código dispone 

que el adquirente puede optar por reclamar la subsanación o 

reparación de los defectos, la entrega de un bien equivalente 

o resolver total o parcialmente el contrato.19 No obstante, 

dicho artículo dispone que la resolución total solo procederá 

si la evicción o el defecto recaen sobre un aspecto 

determinante para la adquisición del bien.20

Particularmente, en caso de vicio redhibitorio, el adquirente 

solo tendrá derecho al resarcimiento de los daños sufridos si 

el transmitente actuó con dolo.21 En especial, el Código

Civil en su Artículo 1267 define el vicio redhibitorio como:

[E]l defecto oculto en el bien transmitido a título 

oneroso, existente al tiempo de la adquisición, que 

hace impropio al bien para su destino o disminuye de 

tal modo su utilidad que, de haberlo conocido, el 

adquirente no lo habría adquirido o habría dado menos 

por él.22

Además, el referido artículo establece que el 

transmitente responde aun cuando ignore la existencia del 

vicio redhibitorio.23

Asimismo, el Artículo 1268 del Código Civil dispone que 

no es vicio redhibitorio el que el adquirente conoce al 

momento de la transmisión o el que pudo haber conocido 

conforme a sus aptitudes.24 Para juzgar la aptitud del 

adquirente, el citado artículo dispone que debe atenderse el 

deber que tiene de obrar con prudencia y pleno conocimiento 

de las circunstancias.25

En cuanto al peso de la prueba sobre la existencia de 

vicios ocultos en la compraventa de vehículos de motor, 

nuestro Alto Foro ha opinado que “el comprador de un vehículo 

de motor –sea éste nuevo o usado– al reclamar por vicios 

19 31 LPRA sec. 9853.

20 Íd.

21 31 LPRA sec. 9853.

22 31 LPRA sec. 9871.

23 Íd.

24 31 LPRA sec. 9872.

25 Íd.
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ocultos, sólo estará obligado a demostrar que el automóvil

funcionaba normalmente al momento de la compra y que el 

vendedor no quiso o no pudo corregir el defecto, a pesar de 

haber tenido la oportunidad de hacerlo”.26

Por último, el Código Civil establece que las acciones 

para reclamar por vicios redhibitorios prescriben a los seis 

(6) meses, contados a partir de la entrega del bien 

transmitido, o desde la última gestión de inteligencia entre 

las partes.27

III. 

En el caso que nos ocupa, el recurrente alega que DACO 

incidió al resolver el contrato de compraventa de vehículo

de motor y ordenar la devolución de las contraprestaciones 

debido a la ausencia de evidencia que sustente tal 

determinación. No tiene razón. Veamos.

En síntesis, explicamos en el ápice II de esta 

Sentencia, que procede una acción de saneamiento por vicios 

redhibitorios o defectos ocultos, si se cumplen los cuatro 

requisitos establecidos en el Código Civil. 

El primer requisito es que la cosa adolezca de un vicio 

oculto, que no sea conocido por el adquirente al momento de 

la compraventa. No surge del expediente no surge que la 

señora Vega hubiera conocido de los vicios ocultos previo a

la compraventa del vehículo ni que Three Brothers Auto le 

advirtiera de algún defecto en el mismo. Además, debemos 

reconocer que la compradora del vehículo de motor no es un 

perito de mecánica automotriz. 

El segundo requisito es que el vicio sea de tal gravedad 

que haga la cosa impropia para el uso al que se destina de 

manera que el comprador no habría adquirido la cosa de 

26 Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 168-169 (2005). 

27 31 LPRA sec. 9874.
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haberlo conocido. Surge del expediente que la señora Vega 

alega que, a los dos días de comprar el vehículo en cuestión, 

este se apagó mientras estaba siendo conducido. Igualmente, 

consta en el expediente que el Técnico Automotriz de DACO 

determinó que el motor del vehículo esta trancado y su 

recomendación era que el motor fuese reparado o reemplazado. 

De manera que el defecto del vehículo adquirido por la señora

Vega era de tal magnitud que hacía el vehículo uno impropio 

para el uso que se le destinaba y disminuía su función, a un 

extremo que nadie en su sano juicio lo compraría de saber que 

el motor se tranca e impide ser conducido. 

El tercer y cuarto requisito consisten en que el defecto

era preexistente a la venta y que la acción sea ejercitada en 

el plazo legal. Recordemos que la fecha de adquisición del 

vehículo fue el 10 de diciembre de 2022. A los dos días, el 

12 de diciembre de 2022, ocurre el incidente donde el 

vehículo comienza a hacer un ruido y se apaga mientras estaba 

siendo conducido. Three brothers Auto no presentó evidencia

que derrote la conclusión de que al vender el vehículo ya 

adolecía del fallo que imposibilitó su uso. Apenas 2 días

después de comprarlo ya el vehículo no podía ser conducido. 

Tanto el expediente como el testimonio de la señora Vega y el 

Técnico Automotriz de DACO, reflejan que el vicio existía

previo a la compraventa. Por último, consta en el expediente 

que la reclamación fue presentada en DACO el 16 de diciembre

de 2022. Es decir, a 10 días de haber adquirido el vehículo

en cuestión. Por lo tanto, la Querella fue presentada dentro 

del plazo legal. 

Es forzoso concluir que se satisfacen todos los 

requisitos de la acción redhibitoria por vicios ocultos y 

estos se encuentran sustentados en la evidencia del 

expediente. Además, en ausencia de pasión, prejuicio, 
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parcialidad o error manifiesto, nos abstenemos de intervenir 

con la apreciación de la prueba hecha por DACO. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones