1793, la corporación católica es obligada a "democratizarse" -los miembros de la alta jerarquía y los curas párrocos deben ser designados por elección popular de los ciudadanos -incluidos, como electores, los no católicos o los irreligiosos, conforme a la Constitución Civil del Clero. Le es sustraída la vinculación del estado civil con la recepción de los sacramentos del bautismo y del matrimonio, es decir la gente se vuelve ciudadana por inscripción a su nacimiento en el registro civil y contrae matrimonio por expresar las promesas correspondientes en forma de contrato ante un juez. Los bienes eclesiásticos son declarados patrimonio de la nación. Los votos religiosos son prohibidos como contrarios a la libertad individual y consecuentemente se suprimen las congregaciones religiosas. Se decreta la deportación de los miembros del clero que no hayan prestado el juramento a la Constitución. Finalmente, una sombra de sospecha universal cubre a miembros del clero con la presunción de ser traidores a la patria y los somete a la tortura y a la ejecución. Después de haber llevado el galicanismo a sus últimas consecuencias, instituyendo constitucionalmente una Iglesia "nacional", el Estado jacobino de la República Francesa, bajo el gobierno terrorista del "Comité de Salvación Pública" de Robespierre, se desembaraza de los mismos ritos religiosos católicos y crea una efímera simbología cultual de la razón y la naturaleza, a la que el mismo Robespierre intentó superponer una aún más efímera religión deísta fundada en el culto al Ser Supremo y en la convicción de la inmortalidad del alma humana, consideradas por él como 315 "continuo(s) llamamiento(s) a la justicia, que es social y republicana" .

Esta religión suficientemente vaga y universalizable no se correspondía mal con el carácter igualmente abstracto y universal del capital cuyo impulso la burguesía que triunfó en la Revolución Francesa intentará consolidar y legitimar durante todo el siglo XIX. Sin embargo, el desarrollo del capitalismo en Francia no era aún tan avanzado como para poder trabajar con una legitimidad creada por su propio estado revolucionario, aún en proceso de juridificación y, por otro lado, el Estado revolucionario y en seguida el imperial napoleónico estaban empeñados en un proceso nacionalizador para el que la vaga religión deísta, de la cual los funcionarios del Estado eran además los ministros del culto, era insuficiente como fuente de legitimidad. Napoleón percibirá agudamente esta situación y en 1801 pactará con el Papa un "concordato" (jurídicamente llevará el apelativo de "convención") por el que la religión católica será considerada, si no religión oficial del Estado, sí al menos religión de la mayoría de los franceses, mientras que el Papa reconocerá a la República Francesa, rompiendo su tradicional alianza con la monarquía del Antiguo Régimen. El intento de Napoleón de extender la situación así creada en Francia a un protectorado sobre todos los católicos de Europa será resistido por el Papa y llevará a Napoleón a intentar repetidamente (con los exilios de Pío VII en Savona y en Fontainebleau) un "Canossa" al revés, es decir un sometimiento de la autoridad espiritual del Papa a la política del Emperador. Así, durante alrededor de 15 años, Europa verá repetirse anacrónicamente la querella de más de setecientos años antes entre el Papado y el Imperio, mientras los nuevos estados nacionales europeos, en la última fase de su formación, que durará todo el siglo XIX, se adaptan, no al cambio de una hegemonía teocrática a otra religiosa, sino de una religiosa a otra jurídica.

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