delegar la facultad de ejecutar o poner en práctica lo legislado , porque 'no es posible imaginar al pueblo continuamente reunido para ocuparse de los asuntos públicos' (RC, pp. 75-76). O como dice poco después: 'No hay que multiplicar en vano las energías ni hacer con veinte mil hombres lo que cien hombres bien elegidos pueden hacer mejor' (RC, p. 79). En definitiva, esta afirmación tiene tanto mayor valor cuanto que está dicha a propósito del régimen de gobierno aristocrático electivo, donde los magistrados -que no son todos los ciudadanos sino sólo aquellos de entre ellos que gobiernan- son elegidos y no hereditarios ni naturalmente surgidos en base a la tradición. Es en este contexto donde Rousseau habla claramente de una división de poderes. Esta elección de los mejores magistrados 'además de la ventaja de la distinción de los dos poderes [legislativo y ejecutivo], tiene la de la elección de sus miembros, porque en el gobierno popular [o democracia directa] todos los ciudadanos nacen magistrados; pero éste los limita a un pequeño número y no llegan a serlo sino por elección' estrictamente regulada por leyes (RC, p. 78). Al final, pues, se trata no de división o separación de poderes, sino de distinción. Y desde este punto de vista, Rousseau muestra un gran pragmatismo respecto de las distintas formas en que puede practicarse esta distinción, según diversos regímenes de gobierno: 'En todas las épocas se ha discutido mucho sobre la mejor forma de Gobierno, sin considerar que cada una de ellas es la mejor en ciertos casos y la peor en otros… en general, el gobierno democrático conviene a los pequeños Estados, el aristocrático a los medianos y la monarquía a los grandes' (RC, p. 74). Nunca, en ninguna de estas formas debe dejar de tener preeminencia la voluntad general sin que eso obste a la firmeza del gobierno. Pues, por un lado, 'la relación de los magistrados con el gobierno debe ser inversa a la relación de los súbditos con el soberano; es decir, que cuanto más aumenta el Estado, más debe reducirse el gobierno' (RC, p. 72); y por otro lado 'cuanto más numerosos son los magistrados, más débil es el gobierno' (RC, p. 70).

La finalidad de la voluntad general, cuando dirige las fuerzas del Estado, 'es el bien común' (RC, p. 27). Por eso, según Rousseau, no cabe la posibilidad de que la voluntad general yerre. 'La voluntad general es siempre recta y tiende a la utilidad pública'. Pero es preciso dis tinguir cuidadosamente entre 'la voluntad de todos y la voluntad general… [Aquella] no es sino una suma de voluntades particulares [mientras que] ésta no tiene en cuenta sino el interés común'. Pero para que esto funcione es preciso que 'cada ciudadano opine exclusivamente según su propio entender' y que sean proscritas las asociaciones particulares que sólo introducen intrigas en el funcionamiento de la voluntad general (RC, pp. 31-32). Aquí es donde se muestra en su carácter ideal y, probablemente, utópico, el carácter inerrante de la voluntad general, y eso a pesar de que Rousseau habla de decisiones tomadas por la voluntad general - equivalente al 'pueblo' - después de haberse informado suficientemente para deliberar (RC, p. 31) : 'Lo que generaliza la voluntad es menos el número de votos que el interés común que los une; porque en esta institución cada uno se somete necesariamente a las condiciones que él impone a los demás; acuerdo admirable del interés y la justicia, que da a las deliberaciones comunes un carácter de equidad' (RC, p. 35). A propósito de esta utopía, que los revolucionarios más extremistas del Comité de Salud Pública liderado por Robespierre trataron de poner en práctica al interior de la Convención durante la Revolución Francesa, se ha escrito con acierto:

El problema es que alguien encarna esa voluntad general y toma las decisiones en nombre de ese ente intangible al que se denomina 'pueblo'. Y la experiencia histórica enseña que, por ejemplo, los jacobinos que recogieron el legado de Rousseau y

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