Y consecuentemente, ante esta situación, el Tribunal de Luxemburgo no puede sino disponer que el sistema procesal español de ejecución hipotecaria disminuye la efectividad de la protección del consumidor que pretende la Directiva 93/13, en relación con el art. 47 CDFUE, en tanto que incremente la desigualdad de armas procesales entre los profesionales (acreedores ejecutantes) y los consumidores, en su condición de deudores ejecutados afectados, resultando asimismo INCOMPLETAS E INSUFICIENTES para lograr el cese de aplicación de una cláusula abusiva incluida en el documento auténtico de constitución de hipoteca que sirve de base para que el profesional proceda al embargo del bien inmueble que constituye la garantía. Por ende, el art. 7.1 de la Directiva 93/13 en relación con el art. 47 CDFUE se opone a que el sistema procesal español NO PUEDA SER SUSPENDIDO por el Juez que conozca del proceso declarativo, y que en la ejecución hipotecaria, cuando se desestime la oposición del consumidor afectado, éste no pueda interponer recurso de apelación mientras que el profesional en el caso que la resolución judicial acuerde el sobreseimiento o declare la inaplicación de una cláusula si puede acudir a segunda instancia.

En cuanto al carácter vinculante y por ende derogador de las normas contrarias al Derecho de la UE de las sentencias emitidas por el TJUE debe citarse lo indicado en la SAP Barcelona , Sección: 191, de cinco de noviembre de 2013, que textualmente dicta: Por último, NO DEBE CABER NINGUNA DUDA DE QUE LAS SENTENCIAS DEL TJUE SON VINCULANTES PARA LOS ÓRGANOS JUDICIALES ESPAÑOLES AUNQUE, COMO ES EL CASO, TODAVÍA ESTÉ EN VIGOR LA NORMATIVA ESPAÑOLA CON RANGO DE LEY QUE EL TJUE HA DECLARADO CONTRARIA A UNA DIRECTIVA. La jurisprudencia del TJUE tiene efectos vinculantes sobre los órganos jurisdiccionales nacionales. Al TJUE le corresponde, en virtud del mecanismo del art. 267 TFUE , la interpretación suprema del derecho comunitario con el fin de garantizar su aplicación uniforme en todo el territorio de la UE. Toda norma de Derecho comunitario, tanto de derecho originario como de derecho derivado, prevalece en caso de conflicto sobre cualquier norma de derecho interno, tenga el rango que tenga (Sentencia Flaminio Costa, de 15 de julio de 1964, asunto 6/64 ). Finalmente, será bueno recordar la Sentencia SIMMENTHAL de 9 de marzo de 1978 (asunto 106/77), en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece con carácter general, incorporando, precisando, y reforzando decisiones anteriores, los contornos del principio de primacía, afirmando que la norma comunitaria ha de aplicarse con preferencia a cualquier norma interna, con independencia de su rango y de su condición anterior o posterior. Según la doctrina contenida en la Sentencia SIMMETHAL, el juez nacional está obligado a no aplicar de oficio cualquier norma interna que se oponga al derecho comunitario. En concreto, la última Sentencia mencionada señala que: "...las eventuales disposiciones nacionales ulteriores, en contradicción con las normas comunitarias, deben ser consideradas de pleno derecho como inaplicables, sin que sea necesario esperar su eliminación por el propio legislador (derogación) o por otros órganos constitucionales (declaración de inconstitucionalidad)...". Se suma a lo anterior que como afirma la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C-177/10 , apartado 50, "la directiva impone la obligación a cada uno de los Estados miembros destinatarios de adoptar todas las