La antes citada resolución señala que puede ocurrir que en el procedimiento de ejecución hipotecaria en la que tenga por objeto un bien inmueble, QUE RESPONDA A UNA NECESIDAD BASICA DEL CONSUMIDOR, su vivienda habitual, se inicie a través del profesional con un documento notarial DOTADO DE FUERZA EJECUTIVA, sin que el contenido de dicho préstamo si quiera haya sido objeto de examen judicial para determinar el eventual carácter abusivo que contenga el contrato de adhesión, al darse ese carácter tan privilegiado al profesional, hace aún más necesario que el consumidor afectado PUEDA OBTENER UNA TUTELA JUDICIAL EFICAZ. Asimismo, en cuanto al actual sistema procesal hipotecario del Reino de España, en su apartado 43 y 44 señala: 43 Habida cuenta de las mencionadas características, en el supuesto de que se desestime la oposición formulada por el consumidor contra la ejecución hipotecaria de un bien inmueble de su propiedad, el sistema procesal español, considerado en su conjunto y tal como resulta aplicable en el litigio principal, expone al consumidor, o incluso a su familia —como sucede en el litigio principal—, al riesgo de perder su vivienda como consecuencia de la venta forzosa de ésta, siendo así que el juez que tramita la ejecución, en su caso, habrá llevado a cabo, a lo sumo, un examen somero de la validez de las cláusulas contractuales en las que el profesional fundamentó su demanda. La tutela que el consumidor, en su condición de deudor ejecutado, podría obtener eventualmente de un examen judicial distinto, efectuado en el marco de un proceso declarativo sustanciado en paralelo al procedimiento de ejecución, no puede paliar el mencionado riesgo, puesto que, aun suponiendo que tal examen desvele la existencia de una cláusula abusiva, el consumidor no obtendrá una reparación in natura de su perjuicio, que le reintegre a la situación anterior al despacho de la ejecución del bien inmueble hipotecado, sino que obtendría únicamente, en el mejor de los casos, una indemnización que compensara tal perjuicio. Ahora bien, este carácter meramente indemnizatorio de la reparación que eventualmente se conceda al consumidor le proporcionará tan sólo una protección incompleta e insuficiente. No constituye un medio adecuado y eficaz, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, para lograr que cese la aplicación de la cláusula considerada abusiva del documento auténtico de constitución de hipoteca sobre el bien inmueble que sirve de base para trabar el embargo de dicho inmueble (véase, en este sentido, la sentencia Aziz, EU:C:2013:164, apartado 60). 44 En segundo lugar, si se tiene en cuenta una vez más el lugar que el artículo 695, apartado 4, de la LEC ocupa en la sistemática general del procedimiento de ejecución hipotecaria del Derecho español, es necesario observar que reconoce al profesional, en su condición de acreedor ejecutante, el derecho a interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva, pero no permite, en cambio, que el consumidor interponga recurso contra la decisión de desestimar la oposición a la ejecución. Así la Corte de Luxemburgo declara que el sistema procesal actual español pone en peligro el objetivo perseguido por la D. 93/13, acentuando el DESEQUILIBRIO que existe entre las partes. Resultando asimismo contrario a la jurisprudencia del TJUE según la cual las características específicas de los procedimientos judiciales que se ventilan entre los profesionales y los consumidores, en el marco del Derecho nacional, no constituyen un elemento que pueda afectar a la protección jurídica de la que estos últimos deben disfrutar en virtud de las disposiciones de la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia Aziz, apartado 62), y considera que el art. 695 LEC resulta contrario al principio de igualdad de armas, que forma parte del principio de la tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, tal y como se garantiza en el art. 47 CDFUE, remarcando a su vez, que junto al principio de contradicción son el corolario del concepto de proceso justo, que implica la obligación de ofrecer a cada una de las partes una oportunidad razonable de formular sus pretensiones en condiciones que no la coloquen en una situación manifiesta de desventaja en relación a la parte contraria.