2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido.

Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción.

Como es público y notorio, la cuestión de las ejecuciones hipotecarias masivas ha generado los últimos años una importante alarma social. Como consecuencia se han sucedido las movilizaciones ciudadanas impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Debemos destacar en ese contexto la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (P.A.H.), los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), Asociones de Vecinos, y la mesa del Tercer sector de Cataluña en la que encuentran integras entidades de reconocido prestigio como Cruz Roja, Caritas, la ONCE. Ésta ILP contó con un amplio respaldo social que se concretó en la recogida de 1.402.854 firmas. El enorme impacto social provocado por las ejecuciones masivas y la permanente movilización ciudadana ha tenido como consecuencia sucesivos cambios en la legislación que junto a la resolución de la STJUE caso Aziz vs Caixa Catalunya, de 14 de marzo de 2013, el legislador nacional se vio en la obligación de modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, mediante la Ley 1/13 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificando entre otros preceptos el art. 695 de la Ley Rituaria y en poco más de un año, la Corte de Luxemburgo en su Sentencia de 17 de julio de los corrientes, asunto Sánchez Morcillo-García Abril vs BBVA, le recuerda al legislador del Reino de España, que la reforma operada en los arts. 695.4-2, art. 552 LEC y la no modificación del art. 698 de la Ley Procesal es contraria al art. 7.1 de la D.93/13 en relación con el art. 47 CDFUE. Así las cosas, los tribunales nacionales deberán interpretar los arts. 695.4-2 y 552 de la Ley de Ritos conforme al dictado de la STJUE Sánchez Morcillo-García Abril, asunto c-169/14, permitiendo que el consumidor afectado, mi representado, pueda interponer recurso de apelación en el presente procedimiento de ejecución hipotecaria y que la misma suspenda el procedimiento de ejecución hipotecaria. Por ende, al tratarse de normas de ius cogens y, por tanto, de derecho imperativo de la Unión, procede estimar la nulidad de actuaciones retrotraer las mismas a la fecha del auto de fecha (***PONER FECHA AUTO), con todas las consecuencias inherentes a la nulidad, al haberse vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tanto del art. 24 CE como del art. 47 CDFUE, al no haber permitido a esta parte