Ayuntamiento de Fitero de un procedimiento distinto al que, conforme a las normas que se invocan, correspondería tramitar para obtener el fin perseguido, esto es, la transmisión gratuita de la propiedad de una parcela de titularidad municipal a favor de la Administración General del Estado para su utilización con el fin descrito. Concretamente, y según se ha dicho, el procedimiento que habría sido omitido en el presente caso sería, a juicio del solicitante, el de mutación demanial, sujeto a trámites, requisitos y condiciones distintos con relevancia legal en orden a la salvaguarda de los intereses del Ayuntamiento, a juicio de la solicitante. Entiende la solicitante aplicable el procedimiento de mutación demanial previsto en los artículos 71 y 72 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el previsto en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra, en vez del aplicado por el Ayuntamiento de Fitero, el contemplado en el artículo 136 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. De nuevo, el planteamiento debe reputarse no conforme a Derecho, y ello por motivos diversos: 1) La fundamentación misma del escrito de solicitud de revisión es manifiestamente incorrecta y descarta incluso la propia existencia de un error en cuanto al procedimiento que debía tramitarse por el Ayuntamiento de Fitero para acordar la transmisión del bien a la Administración General del Estado, base del motivo de nulidad que se invoca. Ello es así por cuanto, en primer lugar, ninguna de las dos normas legales alegadas en la solicitud de revisión de oficio deviene de aplicación (véanse los artículos 1 de cada una de dichas normas), ya sea directa o supletoria, al régimen de los bienes de las Entidades Locales de Navarra, el cual es objeto de regulación completa en los artículos 97 a 178 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, desarrollados por el Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra. La mera lectura de las disposiciones citadas en último lugar permite constatar cómo la transmisión a título gratuito de bienes y derechos propiedad de las Entidades Locales, sin distinguir su calificación jurídica (con excepción de los bienes comunales que tienen un régimen específico y separado de protección), se sujeta a un régimen unitario, que es el contenido en el artículo 136 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que exige con carácter general la previa declaración de alienabilidad bien por tratarse originariamente de bienes patrimoniales, bien por haber adquirido tal naturaleza previa alteración de la calificación jurídica primitiva de los bienes demaniales. Por lo demás, dicha cesión a título gratuito de bienes de titularidad municipal se permite exclusivamente en favor de otras Administraciones Públicas ('sólo podrá realizarse en favor de otras Administraciones', indica literalmente el apartado 1 del mencionado precepto), de instituciones públicas o de instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, en todo caso para fines de utilidad pública o interés social que complementen o contribuyan al cumplimiento de intereses de carácter local. La cesión gratuita, según señala el precepto citado, contempla, a su vez, como objeto de la misma tanto bienes como derechos titularidad de la Entidad Local; lo que, por tanto, comprende dentro de su ámbito de aplicación tanto los supuestos de transmisión de la propiedad del bien, como los de mera cesión de un derecho de uso sobre los mismos. En sentido negativo, la regulación legal expuesta pone de manifiesto a través de su mera lectura que el régimen de los bienes de las Entidades Locales de Navarra no establece un procedimiento específico de mutación demanial en orden a articular la cesión de los mismos, con o sin transmisión de su titularidad, a favor de otras Administraciones Públicas al objeto de ser destinados a una finalidad pública distinta; por lo que será el régimen ordinario de cesión (previa desafectación del bien de dominio público) el que resultará en tal caso aplicable a todos los casos. En definitiva, ninguna omisión del procedimiento de mutación demanial cabe advertir en el supuesto sometido a dictamen, desde el momento en que dicho cauce no se encuentra entre los