Esta afirmación, que se erige en presupuesto básico de la causa de nulidad alegada en la solicitud de revisión, resulta en sí misma manifiestamente errónea, lo que descarta la existencia del vicio denunciado. Conforme a lo señalado en el relato de antecedentes del presente dictamen, la parcela objeto de cesión a favor de la Administración General del Estado constituye un bien de naturaleza patrimonial, y así se certifica expresamente por parte del Secretario municipal en el seno del expediente tramitado al efecto. Aun cuando el carácter de documento público que cabe predicar de esta última certificación eximiría de cualquier otra consideración al respecto, lo cierto es que el dato consignado en ella (a saber, la naturaleza patrimonial del bien) es el que resulta de modo directo en aplicación de las disposiciones legales en la materia, confirmado así el tenor de lo certificado. Siguiendo la configuración general o común en materia de patrimonio de las Administraciones Públicas, el artículo 98.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, establece que 'son bienes de dominio público los destinados al uso o a los servicios públicos' frente a los bienes patrimoniales que, por exclusión, son aquellos 'que no tengan el carácter de bienes de dominio público o comunal'. Por otro lado, el artículo 103.3 de la misma Ley Foral dispone la alteración automática de la calificación jurídica de los bienes titularidad de las Entidades Locales, entre otras causas, por la 'aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios', según señala el apartado a) del precepto citado. A este respecto, es preciso tener en cuenta que las vigentes normas de planeamiento de Fitero establecen, para la parcela que (previa segregación de la número 3116 del polígono 2 de la localidad) es objeto de cesión a favor de la Administración General del Estado, un destino dotacional público o privado, sin que, por otro lado y según expresan los informes técnicos aludidos en el ordinal I del relato de hechos del presente informe, esté asignado a dicha parcela un uso o destino concreto actual o previsto de carácter público. En consecuencia, y toda vez que la parcela cedida no se encuentra adscrita a la prestación de un servicio público ni se destina a un uso del mismo carácter, sino que permite también la instalación en ella de equipamientos o servicios de naturaleza privada, es incuestionable, a nuestro juicio, que la calificación que de modo directo deriva de las normas urbanísticas vigentes no puede ser otra que la de bien patrimonial del Ayuntamiento, conforme se certifica por el Secretario municipal. En este punto se constata en la solicitud de revisión de oficio bien un error manifiesto, bien un deliberado intento de alterar la realidad de los hechos, cuando se afirma en ella que la referida parcela figura en los planos del Plan General Municipal de Fitero como suelo dotacional, lo que comportaría, tras la aprobación definitiva del planeamiento, su necesaria calificación como bien de dominio público. La pretendida equiparación entre suelo dotacional y bien de dominio público resulta inadmisible, habida cuenta que se olvida con ella que el destino dotacional previsto en el planeamiento no es solamente el público, sino también el privado, lo que excluye una pretendida adscripción de la parcela a un uso o servicio público que la norma urbanística en absoluto le asigna. Por el contrario, la previsión de que dicha parcela pueda ser también destinada a un uso dotacional privado (lo que posibilita la implantación en la misma de servicios y equipamientos de dicha naturaleza y titularidad) se muestra por sí sola incompatible con su pretendida afectación por el planeamiento a un uso o a un servicio público del que necesariamente se dedujese, conforme a la norma legal antes citada, el carácter demanial del bien. Desautorizado el presupuesto de partida del primero de los motivos de nulidad invocados (el pretendido carácter demanial del bien), el rechazo íntegro del mismo resulta, por tanto, obligado; no obstante, las restantes consideraciones a través de los que se desarrolla el motivo evidencian también un error patente que conduce a su desestimación. Segunda razón: razón: Bajo un punto de vista estrictamente jurídico, la supuesta omisión total y plena del procedimiento legalmente establecido (como causa de nulidad de la cesión acordada) se hace descansar, en el escrito de solicitud formulado, en la errónea utilización por parte del