desestimación de la solicitud de la declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo municipal de 26 de noviembre de 2013. La nulidad de pleno derecho se configura legalmente como el máximo grado de invalidez de los actos para aquellos casos de vulneración grave del ordenamiento jurídico, debiendo ser ponderada con criterios estrictos y de prudencia, dado su carácter excepcional, caso por caso. Las causas de nulidad invocadas en el presente expediente son, como hemos señalado, las de los apartado e) y f) del artículo 62.1 de la LRJ-PAC. La causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.e) de la LRJ-PAC se refiere a los actos en los que se haya obviado total y absolutamente el procedimiento establecido. Concurre, por tanto, este motivo de nulidad cuando el acto administrativo se adopta con total y absoluta falta de procedimiento, por carecerse de la más elemental base procedimental que ha de seguir el proceso de producción del acto o bien de seguirse un procedimiento totalmente distinto al que en Derecho corresponda. No se trata, por tanto, de cualquier incumplimiento de las formas procedimentales, sino de la omisión por entero del procedimiento, lo que aparece cuando no se aprecia la existencia de los eslabones o pasos formales imprescindibles para su terminación con la adopción del acto, entrañando tales omisiones efectos determinantes e insalvables sobre el acto administrativo. Asimismo, concurre dicho motivo de nulidad en los casos en que, existiendo algunos trámites, el procedimiento carece de un requisito que, dada su esencialidad o trascendencia, es inexcusable para apreciar la identidad del procedimiento o asegurar los derechos de los administrados. Pues bien, lo cierto es, a la vista del expediente tramitado, que no puede hablarse de falta total y absoluta de procedimiento para llevar a cabo la cesión de la parcela municipal, toda vez que como ha quedado reseñado en los antecedentes de este dictamen se ha seguido un determinado procedimiento: medió la correspondiente solicitud de la Secretaría de Estado de Seguridad, se depuró la situación jurídica de la parcela por parte del Ayuntamiento, se emitieron los correspondientes informes técnicos sobre el valor de la misma y sobre su situación urbanística, se recabó el informe jurídico pertinente, se certificó acerca del carácter patrimonial de la finca, sometiéndose el expediente a información pública, se declaró la alienabilidad de la parcela y se procedió a su cesión gratuita a la Administración del Estado (GIESE) para la construcción de un cuartel de la Guardia Civil; lo que se consideró beneficioso para los habitantes del municipio. Con ello se adecuó el procedimiento a lo señalado por los artículos 136 de la LFALN y 131 y siguientes del RBELN. Por parte de quien insta la revisión de oficio del acuerdo municipal se considera que la finca transmitida no era patrimonial, sino de dominio público desde la aprobación del planeamiento municipal y que ello exigía la previa tramitación del correspondiente expediente de mutación demanial regulado en los artículos 71 a 73 de la LFPN. Debe significarse, sin embargo, en primer lugar, que se ha seguido el procedimiento establecido para la transmisión de bienes patrimoniales, establecido en los artículos 132 y siguientes de la LFALN, y más concretamente, el relativo a la cesión gratuita de bienes del patrimonio de las entidades locales recogido en el artículo 136 de la misma ley foral. Y, con acierto o no -a ello aludiremos más adelante- los bienes en cuestión fueron calificados y así figuraban en el inventario municipal, como bienes de carácter patrimonial. Por consiguiente, no resulta posible hablar de falta total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Debe precisarse, a mayor abundamiento, que el carácter de bien patrimonial del solar cedido resulta de su falta de afección a un uso o servicio público (artículo 98 de la LFALN), sin que el carácter dotacional asignado por el planeamiento urbanístico resulte en este caso suficiente para su consideración como bien de dominio público, ya que conforme a lo establecido por el artículo 174 de la normativa urbanística particular del Plan Municipal, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 61, de 23 de mayo de 2005, los equipamientos y servicios aparecen definidos con la indicación de que tal denominación "corresponde a los espacios destinados a la localización de dotaciones públicas o privadas, necesarias para el adecuado equipamiento de la ciudad, reflejados en el plano de calificación". Consecuentemente , no puede equipararse el uso dotacional, únicamente, al del equipamiento público.