Con todo este encuadre, debidamente justificado en expediente, se cumplieron los requisitos de procedimiento generales que exige el artículo 132 LFAL, siguiendo además los específicos exigidos para la cesión a título gratuito de la propiedad de bienes y derechos del patrimonio de las Entidades locales. Dos matizaciones a tener en cuenta por la solicitante, en este punto. En este artículo se está regulando el procedimiento para la mutación demanial por traslado de titularidad entre dos administraciones, de cualquier bien del patrimonio de una entidad local, tal y como parece exigir la solicitante, al entender, incorrectamente, que no se ha realizado tal mutación demanial. En segundo lugar, de la simple lectura del artículo 136 LFAL, no se deriva que se refiera a las cesiones de bienes y derechos patrimoniales, exclusivamente, sino a las cesiones gratuitas de bienes y derechos que integren el Patrimonio de la Entidad Local, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, dominio público, patrimonial…, si bien ha de tenerse en cuenta que los bienes comunales tienen su procedimiento especial para su desafectación y cesión, regulado en los artículos 139 y siguientes LFAL, cuestión que no es objeto de análisis en el presente caso. Este es el tercer y más importante error que comete la solicitante, del que ya hemos hecho referencia anteriormente, al considerar que el procedimiento del 136 'se refiere a las cesiones de bienes y derechos patrimoniales de las administraciones locales y no de los bienes públicos'. Por ello, independientemente de que la parcela cedida tuviera naturaleza de bien patrimonial o de bien de dominio público, el procedimiento al que hay que acudir en todo caso para la de enajenación directa del mismo es el previsto en el 136 LFAL, no existiendo en este caso causa de nulidad ni por omisión total del procedimiento, ni siquiera por ausencia de trámites esenciales. CUARTO. En resumen, nos encontramos ante un bien del Patrimonio del Ayuntamiento cuya enajenación directa es posible dado que concurren los requisitos del artículo 134.2, quedando justificado la naturaleza de Derecho Público de la entidad adquirente y el interés general para el municipio de la implantación del Cuartel de la Guardia Civil por cuanto garantizaría la prestación del servicio público de seguridad. Habiéndose justificado igualmente en el expediente administrativo, mediante la incorporación al mismo de la documentación técnica y jurídica necesaria, la tasación del inmueble a ceder y que el valor del mismo no excede del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto del Ayuntamiento, entre otras cuestionas jurídicas de titularidad previa registral y catastral; habiéndose declarado previamente, en el acuerdo que ahora se pretende revisar, la alienabilidad del bien; y habiéndose votado el acuerdo que ahora se cuestiona, por unanimidad, no puede prosperar la pretensión de la solicitante de que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido ni de ninguna regla esencial del procedimiento, como tampoco que el acuerdo carezca de los requisitos esenciales para la adquisición de la titularidad de la parcela dado que, aunque a juicio de la solicitante, la Administración General del Estado no está incluida entre los posibles destinatarios de la cesión de bienes de las Entidades Locales, a este respecto, debe recordarse lo anteriormente indicado, esto es, que el artículo 136 de la Ley Foral de Administración Local es concluyente al señalar que la cesión a título gratuito 'podrá realizarse en favor de otras Administraciones, instituciones públicas o instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, para fines de utilidad pública o interés social'. De nuevo, el error en el que incurre la solicitante es flagrante y, por ello, la falta de fundamento del motivo es, por tanto, manifiesta y la improcedencia de las causad de nulidad señaladas por la solicitante, evidente. En definitiva, toda la argumentación del presente informe, que se desprende de la documentación obrante en el expediente administrativo (del que la solicitante tiene exacto conocimiento) y la correcta lectura de la normativa aplicable a esta supuesto, evidencian la carencia manifiesta de fundamento de la solicitud planteada por Doña Eva Calleja Sanz, pues no existe de manera ostensible e indubitada, motivo alguno de nulidad radical en que pudiera sostenerse la revisión de oficio peticionada, por lo que procedería la desestimación de la pretensión formulada por la Sra. Calleja de revisión de oficio del acuerdo de 27.11.2013, debiendo considerarse el mismo conforme a Derecho.'