como lesiva para los intereses municipales por la pretendida, pero inexistente, supresión de garantías de reversión del bien a la propiedad municipal en el supuesto de incumplimiento del destino público que motiva y a la que se condiciona la cesión. Los motivos expuestos llevan, por tanto, de modo necesario a concluir que no cabe apreciar en el supuesto sometido a dictamen la ausencia total y absoluta, ni tampoco en sus trámites esenciales, del único procedimiento (el de cesión, y no la mutación demanial) que la regulación legal dispone para la transmisión a título gratuito de la propiedad de bienes municipales a favor de otras Administraciones Públicas para su destino a un fin de carácter público distinto; lo que descarta la concurrencia del primero de los motivos de nulidad invocados. Por tanto, ha de concluirse que conforme a doctrina legal constante, no concurre el vicio de nulidad pretendido, previsto en el apartado e) del artículo 62.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pues, primero, dicha causa ha de aplicarse desde una interpretación restrictiva, por lo que no puede apreciarse ante cualquier defecto u omisión en la tramitación de un procedimiento administrativo; y, seguidamente, la omisión de procedimiento o de cualquiera de los trámites esenciales del mismo, ha de ser clara, manifiesta y ostensible, sobre todo de aquellos cuya omisión provoca respecto de los terceros interesados que se personan en el mismo una situación de indefensión efectiva, debiendo existir una radical falta de trámites idóneos para alcanzar la finalidad perseguida (Auto del Tribunal Supremo 17/11/1997, rec. 6759/1997; Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2000, rec. 220/1990 y de 14 de abril de 2010, rec. 3533/2007, vgr.) En realidad, nada de esto acontece en el supuesto sometido al presente dictamen. De entrada, resulta más que discutible la pretendida equiparación entre la omisión del procedimiento establecido por la norma legal, con los caracteres de total y absoluta que exige esta última, con un mero equívoco por parte de la Administración (que en el presente caso además tampoco se produce, como se ha señalado) en cuanto a la determinación del procedimiento aplicable. Pero al margen de ello, esta última circunstancia no entraña por sí misma la causa de nulidad invocada cuando de ella no se deriva la omisión de aquellos trámites que fueran esenciales en el procedimiento exigible; y esto es lo que, a nuestro juicio, concurre en el presente caso, habida cuenta que al margen de su tramitación como cesión gratuita (que es, como luego veremos, plenamente acorde a Derecho) y no como la mutación demanial que pretende la solicitante, los requisitos de carácter esencial, por lo demás comunes a ambos tipos de procedimientos, han sido plenamente observados. En efecto, téngase en cuenta que en todo caso se ha procedido por parte del Ayuntamiento a la declaración de alienabilidad de la parcela objeto de cesión, se ha adoptado el acuerdo por parte del órgano competente con la mayoría legalmente exigible y, por último, han sido determinadas en el mismo las condiciones a las que se sujeta la transmisión de la titularidad del bien, conformes todas ellas con los fines de utilidad pública o interés social que amparan, de acuerdo con cualquiera de los dos procedimientos citados, la transmisión a favor de una Administración distinta de un bien de titularidad municipal o el cambio de destino del mismo. En definitiva, ni la mera discrepancia en cuanto a la clase o naturaleza del procedimiento tramitado constituye por sí sola una omisión plena del mismo determinante del vicio de nulidad denunciado, ni cabe en el supuesto presente entender que la adopción del Acuerdo cuya revisión se postula ha prescindido de los trámites esenciales exigidos para la cesión o transmisión a terceros de bienes de titularidad municipal.

## C) SOBRE LA SUPUESTA ADQUISICIÓN DE FACULTADES O DERECHOS CARECIENDO DE LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA SU ADQUISICIÓN

La misma conclusión desestimatoria de la revisión de oficio instada cabe extraer en relación con el segundo de los motivos en que se fundamenta la misma, esto es, la supuesta adquisición por parte de la Administración General del Estado de la titularidad de bienes o derechos careciendo de los requisitos esenciales para ello en virtud del Acuerdo cuya nulidad se afirma. La motivación jurídica de la solicitud de revisión se basa en la mera afirmación no sustentada en precepto legal alguno (y apoyada en la mera cita doctrinal que, como luego señalamos, no ofrece duda en cuanto a su sentido y alcance) de que la Administración General del Estado no