regulados para la enajenación y gravamen de los bienes de las Entidades Locales de Navarra; omisión que, por otro lado, no constituye ninguna laguna legal necesitada de integración mediante la remisión a otras normas legales, habida cuenta que la finalidad pretendida a través del procedimiento de mutación demanial puede alcanzarse sin dificultad en este caso mediante los procedimientos generales u ordinarios de enajenación y cesión de bienes previstos en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

Por lo demás, esta misma conclusión es la que se desprende de la inaplicabilidad a la Administración Local de Navarra de las previsiones contenidas en las normas legales que se invocan en la solicitud de revisión de oficio. Por lo que respecta a la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra, su ámbito de aplicación se restringe en exclusiva a los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra, constituido por el conjunto de bienes y derechos que por cualquier título pertenezcan a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y a los restantes organismos, entes e instituciones de Derecho Público que se señalan en el artículo 2.2 de la citada Ley, entre los que no se encuentran las entidades que integran la Administración Local de Navarra. Lo mismo cabe decir respecto de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas en cuanto a la regulación que la misma efectúa en su artículo 71 de los procedimientos de mutación demanial, precepto que es de aplicación exclusiva a la Administración General del Estado conforme a lo que establece la Disposición Final segunda de la norma legal, al no incluirse entre los preceptos que se declaran de carácter básico. Además, y descendiendo al supuesto práctico que nos ocupa, ha de observarse que el expediente administrativo seguido por el Ayuntamiento es un expediente íntegro, completo, que ha cumplido rigurosamente no solo las determinaciones establecidas en el artículo 136 Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, a saber, acuerdo de pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros, cesión a favor de una administración pública para un fin de utilidad pública, declaración de alienabilidad, previsión de las garantías establecidas por ley, además de contener el expediente una depuración física y jurídica del inmueble objeto de cesión. También consta en el expediente, a mayor abundamiento, otras actuaciones o trámites análogos a los exigidos en las normas reseñadas por la solicitante, tales como el acuerdo de 29 de agosto de 2013, por el que se manifestaba el compromiso municipal de cesión, o el acuerdo de aceptación de la cesión por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, actos administrativos que podría equipararse con los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 72 de la Ley al requisito establecido en el artículo 72.2 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, vgr., incrementándose las garantías procedimentales con el traslado del acuerdo de Pleno de 26 de noviembre de 2013 a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a pesar de que el valor económico de la parcela cedida no excedía del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal para ese año, tal y como quedó acreditado con certificado de Secretaría incluido en el expediente. Resulta obvio, por tanto, que ningún vicio de nulidad cabe apreciar en el supuesto sometido a informe por razón de la supuesta omisión total de un procedimiento que, bien de modo directo o supletoriamente, no resulta de aplicación en ningún caso a la cesión a título gratuito dispuesta por el Acuerdo municipal cuya revisión se postula. 2) La inexistencia de una causa de nulidad de pleno derecho en el Acuerdo de cesión cuestionado se revela también en razón a la falta absoluta de relevancia legal que reviste, en orden a la garantía de los derechos e intereses de la Entidad Local, el supuesto (pero inexistente) error alegado respecto del procedimiento que debe seguirse, confirmando así que en ningún caso se han omitido trámites esenciales del procedimiento exigible. En efecto, en este punto el escrito de solicitud de revisión incide nuevamente en un equívoco manifiesto cuando trata de denunciar la supresión, como consecuencia del hecho de haberse seguido el procedimiento de cesión de bienes a título gratuito, de las garantías que el