'Como expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1983, aunque la finca apelante lindaba con una zona de la finca matriz, destinada a viales, ello no significa que por ese solo hecho, tales terrenos-viales tuvieran la condición de vías públicas ni estuvieran, por ese solo hecho, afectadas al dominio público, con destino al uso público, ya que para ello eran precisas dos condiciones: La primera, que salieran del patrimonio de la propietaria y entraran en el patrimonio municipal y la segunda, que una vez fuera del dominio particular y dentro del de la Administración, ésta realizara un acto de afectación, que en todo caso, supone la previa transmisión del bien desde el patrimonio del particular al de la persona jurídica administrativa.' La calificación jurídica del inmueble cedido, en la consideración de que es un bien de dominio público, a juicio de la solicitante, es, sin embargo, el punto de partida del resto de la argumentación planteado por doña Eva Calleja Sanz, a lo que le sigue el segundo error de especial importancia, pues intenta justificar su postura en normativa que o bien no es de aplicación a las entidades locales (el objeto de la LF14/07 es establecer el régimen jurídico de los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra); o bien su contenido (haciendo referencia a la Ley 33/2003) en cuanto al patrimonio de las entidades locales se refiere ya está contenido en la LFAL, norma de plena aplicación en Navarra, la cual, respetando las bases de la norma estatal (Ley 7/1985), fue dictada en virtud de la competencia histórica que ostenta la Comunidad Foral en material de régimen local, artículo 46 LORAFNA. Sin embargo, el tercer error, y quizás el más importante a todos los efectos, es la errónea lectura e interpretación que la solicitante realiza del artículo 136 LFAL. Nos encontramos ante un bien de naturaleza patrimonial, cuyo régimen jurídico se concreta en la LFAL, norma foral de directa aplicación para la gestión, mantenimiento y defensa del patrimonio local. Aun en el hipotético caso de que se considerara que el inmueble cedido tenía naturaleza de bien de dominio público, como insiste la solicitante, debe tenerse en cuenta los siguientes preceptos de la LFAL que nos trasladan in fine al procedimiento establecido en el artículo 136 para la posible enajenación directa de un bien que forma parte del patrimonio municipal. Todos los bienes de las Entidades Locales de Navarra se rigen por la LFAL y sus disposiciones reglamentarias, así como por las normas de Derecho Administrativo Foral de Navarra (artículo 99) y ello en virtud de la competencia histórica que ostenta Navarra en esta materia. Y de esta manera se regula el Patrimonio de las Entidades Locales, estando constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que, por cualquier título, les pertenezca (artículo 97.1 LAFAL). Dentro de los bienes de cada patrimonio local hay que distinguir los bienes que se clasifican como de dominio público, comunales y de dominio privado o patrimoniales (artículo 97.2 LFAL). Y es la Entidad Local la que asigna a los bienes y derechos de su patrimonio la calificación jurídica que les corresponda según su naturaleza o destino (artículo 101 LFAL). Y aquí un inciso que servirá para más adelante. No debe confundirse el Patrimonio de un ente local, con el carácter o naturaleza de patrimonial, como interesadamente parece estar haciendo la solicitante, como se verá.

Pues bien, la LFAL regula la enajenación de los bienes del Patrimonio, exigiendo en todo caso y sin distinguir según su naturaleza, la declaración previa de alienabilidad (artículo 132 LFAL). Y como procedimientos de enajenación establece que será con carácter general el de subasta pública y excepcionalmente, enajenación directa (artículo 133 LFAL). En el presente expediente se daba uno de los presupuestos para acudir a la enajenación pública de uno de los bienes que formaban parte del Patrimonio local. Ya en los hechos, y así consta en la documentación del expediente, quedaba acreditada suficientemente el carácter público, como entidad de Derecho Público, del organismo que sería el adquirente de la finca. Véase artículo 134.1 LFAL. Además, en el expediente administrativo quedó justificado que en la parcela a ceder se iba a implantar una actividad pública de interés general para los vecinos del municipio, artículo 134.2 LFAL. Por tanto, la Administración pública (GIESE) reunía todo tipo de requisito esencial para poder ser cesionaria de la parcela cuestionada, no existiendo causa de nulidad en este aspecto.