Pues bien, si aplicamos la DT 3ª, apartado a), de la Ley 35/2015, hemos de entender que habiéndose iniciado (a solicitud de interesado, reitero) el procedimiento de revisión de oficio con anterioridad a la Ley 35/2015, ha de seguirse la Ley 30/92: 'Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos

- a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.
- b) Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta.
- c) Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.
- d) Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley se regirán para su ejecución por la normativa vigente cuando se dictaron.
- e) A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes disposiciones legales y reglamentarias, las cuestiones de Derecho transitorio que se susciten en materia de procedimiento administrativo se resolverán de acuerdo con los principios establecidos en los apartados anteriores.

En definitiva, no nos encontramos ante un procedimiento de revisión de oficio iniciado después de la entrada en vigor de la Ley 35/2015, al haberse iniciado el mismo con la solicitud de la Sra. Calleja en fecha 22.09.2014. No obstante, el procedimiento prescrito por el artículo 102 de la Ley 30/1992, no difiere en lo sustancial del previsto por el artículo 106 de la ley 35/2015, por lo que igualmente se dan todas las garantías para los interesados en cuanto a participación y audiencia en el procedimiento. TERCERO. SOBRE LA PRETENSIÓN DEFONDODELASOLICITUD. Centrada la pretensión en la solicitud del inicio del procedimiento de revisión de oficio del acuerdo municipal citado, el régimen legal contenido en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone que las Administraciones Públicas, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, declarará de oficio la nulidad de los actos administrativos en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 62.1 de la propia Ley. Pues bien, la mera lectura de la solicitud evidencia tres errores de bulto en la argumentación de la solicitud, que evidencian la carencia manifiesta de fundamento y la falta de concurrencia de las causas de nulidad que se indican en la solicitud planteada por la Sra. Calleja. El primero tiene que ver con la calificación jurídica del inmueble cedido, esto es, en la interpretación propia e interesada que la solicitante realiza para considerar que la parte de la parcela 3116 cedida es un bien de dominio público. En su momento, y a petición de la Sra. Calleja, este Ayuntamiento le remitió el expediente completo de la cesión de la parcela. Por tanto, siempre le ha constado a la solicitante, porque así obra en el expediente completo que se le remitió, que dicho inmueble está calificado en el patrimonio de este municipio como bien patrimonial, calificación que se justifica además con el informe del Arquitecto municipal, de 14.10.2013, en que se indica que la parcela no se halla incursa en ningún plan de ordenación, reforma o adaptación, no teniendo asignado ningún uso o finalidad concreta, sin que la calificación urbanística prevista genere el cambio automático en la consideración jurídica de la naturaleza de la parcela como dominio público, máxime cuando el planeamiento urbanístico municipal indica que la parcela está destinada a un uso dotacional, sin indicar expresamente que ese uso dotacional sea público únicamente.

Así se deriva del artículo 174 de la Normativa Particular del Plan Municipal de Fitero, cuando declara de modo textual que los espacios de equipamientos y servicios se destinan a la localización de dotaciones públicas o privadas. Ello determina que, no estando previsto en el plan el uso o destino público del solar en cuestión, no existe en modo alguno la afectación automática derivada del planeamiento que erróneamente afirma la solicitante. En este sentido, además, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de mayo de 1993 (ECLI: ES:TS:1993:3337 / Id Cendoj: 28079130011993101508), expresa: