Desde otro punto de vista, no puede obviarse que nos encontramos ante una relación entre administraciones públicas, que se pueden formalizar a través de los convenios a los que se refieren los artículos 6 a 9 de la LRJ­ PAC, o mediante las cesiones administrativas a las que se refiere, por ejemplo, el artículo 25 de la LFPN. A estos efectos, y como ya señaláramos en nuestros dictámenes 25/2016, de 9 de mayo y 43/2016, de 5 de septiembre, cabe recordar, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 201O, recurso de casación 135712008 que "es doctrina de esta Sala, expuesta en la sentencia de 17 de octubre de 2000, que para que pueda acogerse la pretensión de nulidad de pleno derecho con fundamento en el artículo 62.1.e) de la Ley 39/1992 (...), la omisión del procedimiento legalmente establecido, han de concurrir los requisitos, como sostiene la sentencia de 15 de octubre de 1997 de esta Sala y jurisprudencia precedente (desde la sentencia de 21 de marzo de 1988), de que dicha infracción ha de ser clara, manifiesta y ostensible, lo que supone que, dentro del supuesto legal de nulidad, se comprenden los casos de ausencia total del trámite o de seguir un procedimiento distinto, lo que no acontece en el procedimiento autorizatorio..." La citada sentencia sigue indicando que "basta examinar la documentación obrante en el expediente y complemento relativo a la autorización (...) para afirmar, que sí existió un procedimiento iniciado por la solicitud del interesado acompañando la documentación oportuna , que se emitió informe favorable por técnico competente, haciendo patente la innecesariedad de un nuevo informe (...) Por tanto, aunque existieran defectos o irregularidades procedimentales no concurría la causa de nulidad alegada porque según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo no existe una clara, manifiesta y ostensible omisión del procedimiento". Resta por examinar la posible concurrencia de la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.f) de la LRJ-PAC, por cuanto que a juicio de la solicitante de la revisión las cesiones gratuitas no podrían realizarse a favor de la Administración del Estado. Como ya declaramos en nuestros dictámenes 57/2005 y 33/2008 en cuanto a la consideración de qué elementos han de ser calificados de esenciales o no para la posible aplicabilidad del artículo 62.1.f) de la LRJ­ PAC, ha de partirse de la distinción entre requisitos necesarios y requisitos esenciales, ya que no todos los requisitos necesarios para la adquisición de una facultad o derecho merecen el calificativo de esenciales. El carácter esencial es un concepto jurídico indeterminado, pero determinable teniendo en cuenta las circunstancias de cada supuesto, referido a las condiciones relevantes e inexcusables, cuya falta impide la generación de la facultad o derecho; se refiere a una infracción cualificada, cuando el acto se funda en hechos o requisitos inexistentes o inadecuados para la adquisición de las facultades o derechos, es decir, cuando faltan los requisitos determinantes o sustanciales para el nacimiento mismo de la situación o derecho. Así pues, la falta de los requisitos esenciales sólo puede apreciarse en los casos extremos de ausencia de un presupuesto inherente a la estructura misma del acto sin el cual éste carecería absolutamente de base. Pues bien, lo cierto es que ninguna duda cabe, a la vista de la dicción del artículo 136.1 de la LFALN, de que entre las Administraciones que pueden ser receptoras de la cesión se encuentra la Administración General del Estado, por la sencilla razón de que donde la ley no distingue, no podemos distinguir y por cuanto que la referencia a "otras Administraciones" contenida en el precepto es lo suficientemente clara e inequívoca. En consecuencia, no cabe hablar, de ningún modo, de la causa de nulidad del artículo 62.1.f) de la LRJ- PAC.'