se incluye entre las entidades públicas que pueden ser destinatarias de una posible cesión a título gratuito de la propiedad de bienes de titularidad municipal. Esta afirmación, en sí misma sorprendente, contrasta de modo radical y directo con lo que establece el citado artículo 136 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que en tal sentido no discrimina o distingue entre las posibles 'administraciones' a cuyo favor puede realizarse la cesión a título gratuito de bienes o derechos municipales. Por ello, la mera lectura del precepto legal citado, de aplicación directa al supuesto sometido a examen con exclusión de cualquier otra norma legal, permite descartar en el presente caso el fundamento del motivo de nulidad alegado, conclusión que confirma un examen de la motivación legal de la solicitud de revisión instada. En efecto, la fundamentación del escrito de solicitud de revisión, aunque no lo cita, parece apuntar directamente a la redacción del artículo 145 de la mencionada Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuyo apartado cuarto dispone que 'cuando la cesión tenga por objeto la propiedad del bien o derecho sólo podrán ser cesionarios las comunidades autónomas, entidades locales o fundaciones públicas'. A este precepto de la regulación estatal viene, sin duda, referido también el comentario doctrinal que por toda motivación jurídica invoca aquel escrito, habida cuenta que el manual que se cita tiene por objeto precisamente la exposición de la parte general del Derecho Administrativo español, integrado de modo principal por la legislación del Estado. En este contexto, la cita y comentario del artículo 145 de la Ley mencionada cobra pleno sentido, habida cuenta que, como es obvio, la Ley que regula el Patrimonio del Estado no puede lógicamente contemplar entre los cesionarios a título gratuito de los bienes integrantes del mismo a la propia Administración General del Estado que es su titular. En todo caso, nuevamente la Disposición Final segunda de la Ley citada pone de manifiesto con absoluta claridad que dicho precepto resulta de aplicación única y exclusiva a la Administración General del Estado y no reviste, por tanto, carácter básico que permitiera, contra toda lógica jurídica y común, extender su aplicación a Administraciones distintas bajo el entendimiento, además, de que en él se prohíbe con carácter general que la Administración General del Estado pueda ser cesionaria de bienes municipales. La falta de concurrencia en el supuesto objeto de informe de la causa de nulidad del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es, en consecuencia, patente; lo que conduce también al rechazo del segundo de los fundamentos que sustentan la solicitud de nulidad.

## D) CONCLUSIONES

De conformidad con las consideraciones jurídicas expuestas, se impone el rechazo de la revisión por causa de nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Fitero de 27 de noviembre de 2013, solicitada mediante escrito de 16 de septiembre de 2014. La falta de concurrencia de ninguna de las dos causas de nulidad invocadas en esta última solicitud deviene incluso manifiesta hasta el punto que la misma ampararía, a nuestro juicio, la propia inadmisión a trámite de la revisión de oficio instada conforme a lo señalado en el artículo 102.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, frente al criterio contrario y, a nuestro juicio, erróneo manifestado por el Tribunal Administrativo de Navarra en su Providencia Resolutoria 234, de 21 de septiembre de 2015. Por todo ello, y previa la tramitación pertinente, procede elevar al Pleno del Ayuntamiento de Fitero propuesta de Acuerdo por el que se desestime la solicitud de revisión de oficio del Acuerdo adoptado por el mismo órgano en fecha 27 de noviembre de 2013, formulada por doña Eva Calleja Sanz mediante escrito presentado de 16 de septiembre de 2014, con entrada en el registro municipal el día 22 posterior.

Considerando único escrito de alegaciones presentado en el trámite de audiencia Considerando único escrito de alegaciones presentado en el trámite de audiencia pública y emitido por la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medio para la Seguridad, de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, en