posición cuando examina, frente a las partes, su razón o sinrazón, su derecho (sustantivo), el fondo (mérito) de la cuestión objeto del proceso. En ese momento estudia conductas ajenas, producidas en el pasado. En cambio y también, el juzgador estudia el propio proceso, su propia actuación, en este momento considera el presente y el propio Juez es protagonista. Justamente en esta posición está cuando considera los presupuestos procesales. El Juez, se ha dicho, hace un , examina la regularidad de éste como requisito previo a poder examinar la cuestión de fondo. Solo si el proceso se ha desenvuelto regularmente, el Juez podrá entrar al estudio de la cuestión de fondo, a dictar una sentencia sobre el problema planteado... No se trata entonces, como la expresión (presupuestos procesales) podría hacer creer, de condiciones sin las cuales no se forma la relación procesal; son más bien requisitos sin los cuales no se puede pronunciar una decisión de fondo, de carácter válido. Si el Juez absolutamente incompetente dictara tal resolución (sentencia definitiva), ella sería nula...’. (Editorial Temis, Bogotá, 1984, Págs. 171-172, y 93-94). Este Tribunal comparte el criterio expresado por la doctrina por cuanto la competencia es una solemnidad sustancial que debe ser observada por todo juzgador, y esta Sala ha expresado el criterio de que el Tribunal de Casación siempre ha de entrar al análisis de la validez procesal, y que en el proceso se cumplan las solemnidades comunes a todos los juicios e instancias o que no se haya violado el trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la causa que se está juzgando, omisiones que implican que jurídicamente no existe proceso, sino una apariencia de tal. Por otra parte las actividades del Juez y de las partes se hallan reguladas por un conjunto de normas preestablecidas que señalan el camino que debe seguirse en todo el proceso desde su inicio hasta su culminación, y nuestro ordenamiento legal ha establecido la nulidad de un acto procesal y de todos los que dependen de él cuando no se han observado dichas normas, pero siempre condicionada a los principios de trascendencia y de convalidación. La presencia de estos vicios es del tal importancia que, por ello, aunque no se los haya acusado en el recurso interpuesto, el juzgador está en la obligación de declararlos de oficio, al tenor de lo que dispone el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Este Tribunal ha declarado de oficio, por el razonamiento que antecede, la nulidad procesal, en sus resoluciones: No. 252-2000, dictada en el juicio No. 128-2000; No. 311-2001, dictada en el juicio No. 213-2001. TERCERO.- Consta del proceso: a) que la sentencia de primera instancia fue dictada el 4 de febrero del 2000, notificada el 7 de los mismos mes y año; b) que se pidió oportunamente aclaración y ampliación, petición que fue resuelta mediante auto de 24 de febrero del 2000, notificada el 28 de febrero del mismo año, c) que una vez proveída esta petición las partes podían hacer uso del derecho a recurrir que les confiere la ley, so pena de que precluya dicho derecho, pero que no lo hicieron dentro del término de 3 días para interponer el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil; d) que el procurador judicial de la parte demandada, Dr. C. D. se dedicó a provocar toda clase de incidentes que fueron negados por la Jueza a quo, pese a estar legalmente notificado en el casillero judicial señalado por su representada; e) que el demandado fue notificado con la providencia evacuatoria de los recursos de aclaración y ampliación en el mismo casillero en el que se le venía notificando y compareciendo al juicio, ejerciendo de esta manera su derecho a la defensa; f) que al inicio fue P. Ch., en calidad de mandataria de la Cía. demandada, la notificada, y habiendo designando procuradores judiciales, uno de los cuales es el Dr. C. D., éstos siguieron recibiendo notificaciones en el mismo casillero; g) que el procurador judicial, Dr. C. D., recién interpone recurso de apelación el 7 de junio del 2000, es decir cuando la sentencia se hallaba ejecutoriada por el ministerio de la ley por no haber interpuesto conforme a