- situaciones de marginalidad. Enfrentan condiciones de pobreza, empleo precario y violencias de todo tipo que no han sido siquiera reconocidas y caracterizadas. El Estado cubano, que ha ratificado los instrumentos internacionales relevantes para la protección de los derechos de la mujer, e incluso ha desarrollado normas internas acordes, sigue sin avanzar en adopción de normas y medidas específicas para tipificar los delitos de discriminación contra las mujeres. Esta circunstancia resulta especialmente crítica para las mujeres cubanas víctimas de violencia.
- 77. Respuestas institucionales. Las valoraciones que este informe ofrece sobre las respuestas institucionales del Estado cubano hacia la situación de los afrocubanos, dejan en evidencia que las mismas son insuficientes y/o marginales si se contrastan con la profundidad de la marginalidad en que viven grandes sectores de esta población y la severidad de las violaciones a los derechos humanos que experimentan. Estas respuestas inadecuadas son el resultado de una negación del carácter estructural y la supervivencia de las desigualdades raciales y la discriminación racial. En esa perspectiva, el Estado cubano simplemente está concentrado en diseñar normas que no cumplen cabalmente o desarrollar iniciativas que son pertinentes pero sin conexión con los problemas más estructurales que enfrenta la población afrocubana. Resulta desafortunado que la adopción de una perspectiva que privilegia retóricamente la participación de la sociedad civil, en su implementación siga excluyendo en forma arbitraria a otras organizaciones y activistas de la sociedad civil que desde una opción pacífica quieren contribuir a la construcción de la equidad racial. Finalmente, se debe destacar que es la represión, la principal respuesta institucional que el Estado cubano mantiene y profundiza.

## Recomendaciones

### Al Estado Cubano

- 78. Cesar la represión contras activistas y organizaciones de la sociedad civil que en forma pacífica desarrollan iniciativas y actividades para contribuir a la eliminación de la discriminación y las desigualdades raciales en Cuba. Específicamente, debe de abstenerse de ejecutar hostigamientos y amenazas, detenciones arbitrarias, confiscación de bienes, encarcelamiento, y judicializaciones que no garantizan el debido proceso, y buscan criminalizar en forma injustificada a activistas y organizaciones.
- 79. Otorgar el reconocimiento legal a organizaciones de sociedad civil independiente cuyas misiones se orientan a la eliminación de la discriminación y las desigualdades raciales en Cuba a través de iniciativas enmarcadas en los estándares internacionales que el mismo Estado se ha comprometido a respetar. Igualmente importante, es que el reconocimiento legal se extienda hacia los medios de comunicación independientes.
- 80. Ajustar normas constitucionales y leyes internas que restringen derechos fundamentales (libre expresión y opinión, libre asociación y reunión, debido proceso, y libre circulación) de activistas y organizaciones que trabajan temas raciales y de derechos humanos. Para ello, debe adoptar los estándares internacionales que se ha comprometido a respetar en virtud de su firma de la

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