- Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De manera específica, debería (a) revisar las disposiciones legales, incluidos los Artículos 53 y 62 de la Constitución y otras disposiciones que limitan ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión y asociación, (b) derogar Ley 88/99 (conocida como “Ley Mordaza”) que restringe derecho a la libertad de expresión y opinión, y (c) derogar todas las leyes o decretos que impidan la libre circulación dentro de La Habana.
- 81. Cumplir con los compromisos internacionales derivados de la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos. Especialmente (a) implementar sin reservas todas las recomendaciones que le ha planteado el Comité que monitorea la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), (b) invitar a los diversos Relatores de Naciones Unidas para realizar visitas in locis al país, (c) adoptar todas las recomendaciones que aceptó en el último Examen Periódico Universal (especialmente, las relacionadas con la libertad de expresión), (d) aceptar las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aceptar la realización de una visita in loco de la Relatora de los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y (e) ratificar de inmediato y sin reservas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sus protocolos facultativos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás convenciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
- 82. Adoptar políticas públicas que desde un enfoque de acciones afirmativas ayuden a corregir las desigualdades raciales en el acceso al empleo y la educación superior que experimenta la población afrocubana en situaciones de marginalidad. Estas políticas públicas deberían priorizar aquellas regiones y municipios en las que la población afrocubana es mayoritaria.
- 83. Adoptar medidas específicas para garantizar y proteger a las mujeres afrocubanas que se encuentran en situaciones de marginalidad y alta vulnerabilidad. En esta perspectiva es fundamental que se incorporen enfoques diferenciales en las políticas de salud, empleo, vivienda, y educación, que reconozcan y atiendan las características particulares de las mujeres afrocubanas que viven en situación de marginalidad. Es prioritario la adopción de protocolos específicos para la atención de mujeres afrocubanas víctimas de violencia.
- 84. Promover y adoptar iniciativas que contribuyan a mejorar la comprensión sobre el carácter estructural de la discriminación y las desigualdades raciales en la Cuba contemporánea. Entre otras: (a) promover espacios de deliberación pública incluyente y tolerante en los que se garantice la participación de activistas y organizaciones de la sociedad civil independiente, (b) promover y facilitar la realización de investigaciones que profundicen la caracterización de las desigualdades raciales, y (c) desarrollar campañas de sensibilización que promuevan el auto- reconocimiento de la identidad afrocubana.

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