- 65. Represión contra activistas y organizaciones que trabajan por la igualdad racial evidencia que las leyes y normas para garantizar sus derechos no están siendo aplicadas. En su Informe 2016 al CERD, el Estado cubano plantea en párrafo 106 relacionado con el Artículo 5 de la Convención: “Las garantías previstas por las leyes cubanas para proteger estas libertades incluyen medidas punitivas severas para todas aquellas personas y funcionarios públicos que pretendan conculcar ilícitamente las libertades de libre emisión de pensamiento, asociación, reunión pacífica, manifestación, queja y petición, según lo dispuesto en el Código Penal en sus Artículos 291 y 292”. Esto no se está aplicando en Cuba, con base en el Código Penal. Los funcionarios de la Policía Nacional Revolucionaria, en combinación con oficiales de la Seguridad de Estado, amenazan, reprimen, intimidan y golpean de forma impune y sin recibir ninguna sanción a miembros de la sociedad civil que expresan pensamientos distintos a la política del Estado. Sus viviendas son cercadas por operativos policiales para impedir reuniones pacíficas de miembros de la sociedad civil. Han sido reprimidos, golpeados, detenidos temporalmente y amenazados, miembros de la sociedad civil que se han manifestado de forma pacífica o han intentado emitir una queja o petición, como se ha descrito en los casos referidos en este informe. Estos procederes ilegales se tornan más violentos si los miembros de la sociedad civil son afrocubanos o su petición, queja, manifestación, emisión de pensamiento o asociación está vinculada con la problemática racial.
- 66. El derecho a la participación de organizaciones de la sociedad civil independiente, que trabajan temas raciales, no es garantizado al ser excluidas de los espacios y mecanismos de participación. En su Informe 2016 al CERD, el Estado cubano plantea en párrafo 107 relacionado con el Artículo 5 de la Convención que: “En Cuba se promueve la amplia participación de la sociedad civil en los ámbitos políticos, económico, social y cultural. La sociedad civil en Cuba está conformada por más de 2200 organizaciones, a las que garantiza capacidad propositiva, de consulta, opinión y decisión, así como las más amplias facultades para ejercer libremente sus funciones y elegir a sus representantes”. Sin embargo, el Estado cubano está omitiendo el hecho de que en Cuba organizaciones de la sociedad civil que promueven el trabajo para la eliminación de la discriminación racial y que trabajan para defender los derechos de los afrocubanos, no les es otorgado un reconocimiento legal, y sus miembros están constantemente bajo vigilancia y acoso policial. Estas organizaciones no tienen las mismas posibilidades que las otras para tener capacidad propositiva, de consulta, opinión y decisión; tampoco pueden participar en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, que afectan en gran escala y directamente a los afrocubanos.

## Conclusiones

- 67. Valoraciones sobre la situación de derechos y las respuestas institucionales ofrecen evidencia objetiva sobre la persistencia de desigualdades raciales y expresiones de discriminación racial estructural contra población afrocubana. La discriminación racial en Cuba no puede ser asumida como “vestigios” del período pre revolucionario que se reducen a expresiones marginales individuales o a pequeñas asimetrías en algunas esferas de la vida social, económica, política y cultural. Las estructuras racializadas que configuraron la sociedad cubana no fueron erradicadas con las reformas de la Revolución; ciertamente se atenuaron, pero volvieron a activarse con intensidad a partir de la crisis del Período Especial en los 1990s. Desde

22