- 72. Manifestación de discriminación racial en violación al derecho a la libertad de expresión y opinión. Las violaciones del derecho a la libertad de expresión y opinión van acompañadas de ofensas relacionadas con el color de la piel, cuando quienes ejercen el derecho, además de disidentes, opositores, activistas y periodistas independientes, son afrocubanos.
- 73. Derecho a la libre circulación y residencia. La población afrocubana que enfrenta los mayores niveles de marginalidad está conformada por aquellos que migran desde las provincias de oriente hacia La Habana, en busca de oportunidades y se deben asentar en comunidades marginales; para generar ingreso deben desempeñar oficios de muy bajo estatus en las calles y zonas turísticas de la ciudad. Son ellos y ellas quienes experimentan con mayor severidad la violación y restricción a su derecho a la libre circulación y residencia. Con base en leyes que restringen este derecho, y que se alejan radicalmente de los estándares internacionales que el Estado cubano dice respetar, son detenidos y deportados a sus lugares de origen como si fueran criminales. Pero también, activistas de derechos humanos en los temas raciales ven vulnerado este derecho: son igualmente detenidos y deportados al desplazarse a realizar actividades pedagógicas en las diferentes provincias. También son obstaculizados al realizar viajes al exterior con el objetivo de capacitarse y articularse a iniciativas internacionales relacionadas con los temas raciales.
- 74. Derecho al trabajo. Las disparidades raciales en el mercado laboral han venido aumentando con el crecimiento de la economía privada emergente. Numerosos estudios han venido documentando la subrepresentación de los afrocubanos en este mercado y la sobrerrepresentación en actividades económicas de bajo estatus. Resulta especialmente preocupante la aplicación de perfiles raciales por parte de empleadores del sector privado. Estas inequidades se ven agravadas por la represión contra el ejercicio de los derechos sindicales. Los sindicatos independientes, a los que les es negado el reconocimiento legal, constituyen espacios con alta presencia de trabajadores afrocubanos. En las acciones de represión y criminalización de que son objeto estos sindicatos, se registra una mayor intensidad cuando se trata de sindicalistas afrocubanos. Con este comportamiento, el Estado cubano está incumpliendo todos los compromisos para proteger el derecho al trabajo y la sindicalización que ha ratificado ante la OIT.
- 75. Derecho al debido proceso. La violación al debido proceso a activistas afrocubanos articulados a procesos organizativos como el CIR se ha constituido en el principal mecanismo para criminalizarlos y debilitarlos. Todos los casos de detenciones arbitrarias, allanamientos y confiscaciones contra estos activistas se han realizado sin las órdenes judiciales y procedimientos requeridos por las mismas normas establecidas en el ordenamiento interno. Cada vez más se registra la impugnación de cargos usando figuras delictivas que no tienen soporte objetivo, y violan todos los estándares de la presunción de inocencia. Igualmente preocupante es la imposición, después de juicios sin garantías para la defensa, de sentencias completamente desproporcionadas. También se registran casos que evidencian el uso de calificaciones racistas explícitas por parte de agentes del Estado responsables de las detenciones arbitrarias o de la atención de quejas.
- 76. Derechos de la mujer. Las mujeres afrocubanas constituyen el grupo de más alta vulnerabilidad para la violación de sus derechos, especialmente aquellas que viven en

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