observa con seria preocupación que seis provincias en el Estado parte no han aceptado aplicar dicha ley de carácter nacional (Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco y Neuquén). El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para lograr la implementación de esta ley en todas las provincias que tienen población indígena y en las cuales la lucha por el control de recursos naturales ha originado violencia y desalojos forzosos. El Comité urge al Estado parte a que tome las medidas necesarias para frenar los desalojos y asegurar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas en donde corresponda. Recomienda también que el Estado parte intensifique esfuerzos para lograr la adecuada armonización del RENACI con los registros provinciales. 21. El Comité observa que el Plan nacional contra la discriminación del Estado parte busca garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, y que al respecto el INADI está patrocinando a grupos de poblaciones indígenas en sus reclamos ante la justicia y está realizando un proceso de apoyo a la visibilización del conflicto que mantienen con el territorio, tanto en lo que respecta a la propiedad ancestral como frente a las acciones de tala de bosques o contaminación de ríos. Sin embargo, expresa su preocupación por la falta de persecución y sanción de los responsables de violencia durante los desalojos forzosos, destacando que el 12 de octubre de 2006 hubo un muerto en la provincia de Tucumán y han ocurrido dos desalojos violentos recientes en la provincia de Neuquén. El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para logar que las comunidades indígenas hagan uso efectivo de la guardia jurídica gratuita y tome las medidas necesarias para asegurar que ésta sea accesible a toda la población. Asimismo, urge al Estado parte a investigar y sancionar a los responsables de muertes y heridos en los desalojos forzosos en las provincias. 22. El Comité toma nota del aumento presupuestario del INAI para mejorar su funcionamiento; sin embargo destaca con preocupación la falta de una figura política altamente visible para apoyar la implementación de su mandato a nivel nacional, así como del comentario mismo de la delegación del Estado parte sobre la necesidad de readecuar el papel del INAI. El Comité recomienda que el Estado parte impulse la aprobación de un proyecto de ley que fortalezca el papel del INAI a nivel nacional, dotándolo de mayor poder político para impulsar la agenda indígena en la nación, pero también a nivel provincial, donde ocurren la mayor parte de los conflictos, permitiendo así a las comunidades indígenas contar con un interlocutor más efectivo para responder a sus necesidades. Dicho proyecto de ley podría también incluir más tipologías por discriminación, como fue descrito por la delegación. 23. El Comité observa que el INAI se encuentra en un proceso de generar y consolidar mecanismos de participación efectiva por parte de los pueblos indígenas en la elaboración, decisión, ejecución y control de las políticas públicas que les atañen, por medio de la conformación del Consejo de Participación Indígena, creado por la resolución N.º 152 del INAI, de 6 de agosto de 2004, y su modificatoria N.º 301/04 y, posteriormente, en una segunda etapa, del Consejo de Coordinación, establecido por la Ley N.º 23302. Sin embargo, expresa su preocupación por información recibida según la que, a pesar de los mecanismos instalados, la decisión final acerca de las formas de representatividad indígena se hallaba en manos del Estado y no de los propios pueblos representados. El Comité recomienda que el Estado parte continúe profundizando su debate interno para encontrar la mejor forma de lograr una adecuada representación y participación indígena, en particular en los asuntos que les atañen.