# Contra una invocación abusiva del derecho de legítima defensa para hacer frente al terrorismo

Desde hace varios años, los atentados terroristas se han multiplicado en diversos países, inclusive en los países occidentales. Muchos de ellos han interpretado dichos eventos como un acto de guerra que debía ser respondido a través del ejercicio del derecho de legítima defensa y, como resultado de ello, han empleado la fuerza armada en forma individual o en el marco de una coalición constituida para cada ocasión. De esta manera, ha sido justificado, en nombre de la legítima defensa, un número importante de intervenciones militares, como aquella contre Al-Qaida, el Levante (EIIL, también conocido como Daesh), o contra grupos afines. Si bien algunos Estados han minimizado dichos precedentes por su carácter excepcional, existe un gran riesgo que el derecho de legítima defensa se transforme rápidamente en una llave que permita justificar de manera sistemática el origen de acciones militares en todas las direcciones y en forma unilateral. Ahora bien, sin oponernos por principio al uso de la fuerza contra los grupos terroristas - particularmente en el actual contexto de la lucha contra Daesh - nosotros, profesores y investigadores en derecho internacional, estimamos que dicha invocación creciente del derecho de legítima defensa es objetable. El derecho internacional prevé en efecto una serie de medidas para luchar contra el terrorismo que deberían ser utilizadas previo a la invocación de la legítima defensa.

En primer lugar, estimamos que el terrorismo representa un desafío en lo concerniente a su prevención y represión, en particular esto implica la persecución y el juzgamiento de los autores de dichos actos terroristas. Las herramientas que ofrece el derecho en ese sentido son variadas: ellas hacen referencia principalmente a una cooperación policial et judicial, que posee como principal objetivo la represión de los crímenes cometidos y la prevención de su repetición. Si bien dicha cooperación merecería ser profundizada y mejorada, ella ha demostrado su eficacia en varias ocasiones, a través del desmantelamiento de redes, desbaratamiento de atentados o de la detención de sus autores. El hecho de situarse en forma inmediata en el plano de la 'guerra contra el terrorismo' y la 'legítima defensa', haciendo referencia generalmente a un estado de excepción derogatorio del derecho común, podría desembocar en el riesgo de minimizar, olvidar o inclusive ignorar este último.

En segundo lugar, y en los casos donde los mecanismos clásicos del derecho penal debieran ser completados por medidas militares, pensamos que la concertación entre todos los Estados concernientes constituye la primera vía a explorar. Previo al uso de la legítima defensa, que se ejercería contra la voluntad de un Estado sobre cuyo territorio opera un grupo terrorista, resulta al menos indispensable intentar llegar a un entendimiento con el Gobierno de dicho Estado. Jurídicamente, dicha concertación limitada a la lucha contra en terrorismo no excluye que critiquemos la política, o de la misma manera que cuestionemos la continuidad, de dicho Gobierno. Por otra parte, ello no impide denunciar firmemente todas las violaciones del derecho internacional humanitario, cualquiera sea su autor.

En tercer lugar, se debe recordar que es el Consejo de Seguridad a quien le incumbe, conforme al Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la responsabilidad primordial en el ámbito del mantenimiento y el restablecimiento de la