La práctica constitucional navarra de apelación del rey al reino para obtener los fondos necesarios que interesaban al monarca, se materializó después de la conquista por Castilla, en la potestad del rey para convocar Cortes. En la propia convocatoria se solicitaba el donativo o servicio al rey para su aprobación, de forma voluntaria, por el reino. Para su aprobación el reino exigía que fueran subsanados los agravios y contrafueros que las propias Cortes estimaban. El reino, reunido en Cortes, determinaban el importe.