El gobierno japonés también firmó el Pacto Briand-Kellogg (1929), de tal modo que las acciones cometidas entre 1937 y 1945 eran imputables en los cargos de crímenes contra la paz, un cargo que fue introducido en el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente para procesar a los criminales de guerra de «clase A». Los criminales de guerra de «clase B» fueron aquellos encontrados culpables de crímenes de guerra "per se", mientras que los criminales de guerra de «clase C» fueron aquellos declarados culpables de crímenes contra la humanidad. El gobierno japonés también aceptó los términos puestos por la Declaración de Potsdam (1945) al final de la guerra, incluyendo la provisión en el artículo 10 de castigo a «todos los criminales de guerra, incluyendo a aquellos que han infligido crueldad sobre nuestros prisioneros».