En marzo de 2015 fue denunciado por una presunta malversación de los recursos que el gobierno de México dio a la CIDH para financiar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estaba investigando la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero. La Procuraduría General de la República determinó que la denuncia era improcedente, por lo cual fue desechada.