Seguía existiendo el problema del terrorismo de ETA, organización que perpetró en 1987 dos matanzas; en un centro comercial de Barcelona y en la Casa Cuartel de Zaragoza. Debido a ello, el gobierno socialista intentó todo tipo de soluciones: la presión política interna basada en el consenso entre los partidos democráticos (Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo de 5 de noviembre de 1987 y Pacto de Ajuria Enea de 12 de enero de 1988), el intento de negociación (tregua de ETA de 1988 —8 de enero— o conversaciones de Argel —iniciadas anteriormente y mantenidas hasta el 4 de abril de 1988—), y la colaboración policial y judicial francesa (vinculada a la mejora de relaciones políticas y económicas). Como posteriormente se demostró (en un proceso judicial impulsado entre otros por "El Mundo" —un periódico de orientación derechista— y por el juez Garzón —reingresado en la carrera judicial tras un breve y conflictivo paso por la política como diputado del PSOE—), varios altos cargos de los primeros gobiernos socialistas (entre ellos el ministro José Barrionuevo y el secretario de seguridad Rafael Vera) habían impulsado entre 1982 y 1986 un terrorismo de Estado o "guerra sucia" mediante la actividad de los denominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que realizaron varios atentados en territorio francés contra miembros de ETA.