En España la agitación política tomó además un cariz particular, siendo la Iglesia objetivo frecuente de la izquierda revolucionaria, que veía en los privilegios de que gozaban una causa más del malestar social que se vivía, lo cual se tradujo muchas veces en la quema y destrucción de iglesias. La derecha conservadora, muy arraigada también en el país, se sentía profundamente ofendida por estos actos y veía peligrar cada vez más la buena posición de que gozaba ante la creciente influencia de los grupos de izquierda revolucionaria. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la Segunda República sufrió un severo aislamiento, ya que los grupos inversores extranjeros presionaron a los gobiernos de sus países de origen para que no apoyaran al nuevo régimen, temerosos de que las tendencias socialistas que cobraban importancia en su seno, terminaran por imponer una política de nacionalizaciones sobre sus negocios en España. Para comprender esto es clarificador saber que la compañía Telefónica era un monopolio propiedad de la norteamericana International Telephone and Telegraph (ITT), que los ferrocarriles y sus operadoras estaban fundamentalmente en manos de capital francés, mientras que las eléctricas y los tranvías de las ciudades pertenecían a distintas empresas (mayormente británicas y belgas). Como consecuencia, no hubo una sola nacionalización durante el periodo republicano, pero, sin embargo, el respaldo de las potencias fascistas alentó a muchos generales conservadores para que planificaran insurrecciones militares y golpes de Estado. Sus intenciones se materializarían primero en la «La Sanjurjada» de 1932 y en el fallido golpe de 1936, cuyo resultado incierto desembocó en la guerra civil española. Por su parte, las democracias occidentales no apoyaron al régimen republicano por miedo a un enfrentamiento armado, salvo en coyunturas muy específicas, lo que no sirvió, en última instancia, para evitar la Segunda Guerra Mundial.