Antecedentes directos de políticas de conservación y protección por parte del Estado de los lugares de la memoria los encontramos en España en disposiciones como la Orden de 4 de abril de 1940 "Disponiendo que por los ayuntamientos se adopten medidas que garanticen el respeto de los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la "revolución marxista"", pero también en el derecho comparado como la ley argentina 961/2002 o las medidas dispuestas por otros Gobiernos Europeos respecto de lugares como el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau - promovida en 1979 por las autoridades nacionales su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO - o la Masacre de las Fosas Ardeatinas en Roma, Italia, igualmente conservado por las autoridades como lugar de la memoria. La Casa de los Esclavos de la Isla de Gorea en Senegal, lugar de tránsito de los esclavos capturados en África hacia Europa o América, promovida en 1978, o el puente de Mostar en el contexto de las Guerras Yugoslavas, promovido en 2005, son otros ejemplos reseñables en el plano internacional.