Tras la aprobación de la Ley, Suárez se enfrentó a los problemas que le planteaban el terrorismo por un lado, y la difícil legalización del PCE, por otro. Santiago Carrillo forzó la situación apareciendo en público y fue detenido el 22 de diciembre de 1976. El Gobierno optó por ponerle en libertad, lo que supuso un gran paso hacia la legalización. Sin embargo, la aparición de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) con los sucesivos secuestros de Antonio María de Oriol y Urquijo —el 11 de diciembre de 1976— y del general Villaescusa —el 24 de enero de 1977— excitó aún más los ya tensos nervios del estamento castrense. Ambos fueron liberados por la policía el 11 de febrero. Al mismo tiempo, el mismo día del secuestro de Villaescusa, un grupo de ultraderechistas entró en un despacho de abogados laboralistas próximo a Comisiones Obreras y asesinó a cinco personas. La serena reacción del Partido Comunista, con una demostración pacífica de rechazo a la violencia el día de los funerales, terminó de convencer al Rey, a Suárez y a la opinión pública de que el PCE merecía la legalización. Una delegación de la oposición obtuvo de Suárez la promesa de actuar contra el "búnker" y, a cambio, pactó una declaración conjunta entre el Gobierno y la oposición en contra del terrorismo y reclamando apoyo al ejecutivo.