En julio del 2018, se produce la crisis en el sistema judicial, un caso de tráfico de influencias y corrupción que involucraba a miembros de la Corte Suprema, del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Junta de Fiscales Supremos, etc. Esto generó que el Gobierno implementara una serie de reformas políticas y judiciales con el fin de erradicar la corrupción que existía en este sector, y someterlas a un plebiscito que se realizaría en diciembre de 2018, las cuales implicaban la prohibición de la reelección de los congresistas, el financiamiento de las organizaciones políticas, la creación de la Junta Nacional de Justicia (órgano que remplazaba al extinto Consejo Nacional de la Magistratura) y la vicameralidad en el Parlamento. Esta última reforma fue rechazada por la ciudadanía por una distorsión de la propuesta original en el Congreso de la República.