Intervino en numerosas ocasiones ante el Tribunal de Orden Público y la jurisdicción militar como abogado defensor de militantes antifranquistas. Entre los casos que hizo frente destaca la defensa de Lola Canales, joven estudiante detenida en 1968 tras su participación en una manifestación estudiantil contra la dictadura, que se convirtió en la primera mujer juzgada en un Consejo de Guerra Sumarísimo tras la Guerra Civil. Asimismo, fue abogado de Luis Andrés Edo y otros cuatro anarquistas pertenecientes al Grupo Primero de Mayo, que el 24 de octubre de 1966 fueron detenidos en Madrid por la Brigada Político-Social, acusados de organizar la Operación Durruti, un plan de secuestro del embajador de Estados Unidos en España, Angler Biddle Duke, del contraalmirante Norman Campbell Gillette, Jr., comandante de las fuerzas militares estadounidenses en España, y del ex dictador argentino Juan Domingo Perón, exiliado en España desde 1955. El fin del secuestro era denunciar la presencia militar estadounidense en España, protestar contra las bombas de Palomares y pedir la libertad de los presos políticos.