Tras la quema de conventos de los días 10-13 de mayo ―«el primer conflicto de orden público grave que hubo de enfrentar el régimen republicano»― más civiles y militares se sumaron a la conspiración como el general José Cavalcanti, el coronel José Enrique Varela o el oficial del Cuerpo Jurídico-Militar Eugenio Vegas Latapié. También se incorporó el marqués de Villores, jefe de la Comunión Tradicionalista, que falleció al año siguiente siendo sustituido por el conde de Rodezno. Fue entonces cuando «la subversión monárquica comenzó en serio» al nacer «la primera trama complotista, conectada directamente con el pronunciamiento del 10 de agosto de 1932». En poco tiempo consiguieron recaudar más de un millón y medio de pesetas. En estas tramas conspirativas los militares desempeñaban un papel subordinado pues estaban supeditados al plan político diseñado por los monárquicos, cuyo comité de dirección, encabezado por el exministro Juan de la Cierva y Peñafiel y por los generales Orgaz y Ponte, estableció su sede en la localidad vascofrancesa de San Juan de Luz, donde también fijaron su residencia muchos exiliados monárquicos y miembros de la aristocracia y de la alta burguesía opuestos a la República. Sin embargo, en el primer intento serio de golpe de estado («La Sanjurjada» de agosto de 1932) la iniciativa fue de los militares.