Anteriormente los Estado Pontifícios, predecersor de la Ciudad del Vaticano como estado teocrático católico gobernado por el papa, contemplaron y aplicaron la condena a muerte para diversos otros casos diferentes del intento de asesinado del líder, incluyendo la expresión de posiciones filosóficas o religiosas no aceptadas por dicha entidad estatal. Solo por cuenta de la Inquisición Romana, organismo administrativamente dependiente del papado, se emitieron 1.250 sentencias de muerte a partir de 1542, según la estimación del historiador Italiano Andrea Del Col. Además de aplicar la pena de muerte a partir de resoluciones inquisitoriales por asuntos ideológicos, los Estados Pontificios también la aplicaron para crímenes comunes, como el asesinato, en tribunales penales. De manera que, por ejemplo, entre 1796 y 1870 (año de la Toma de Roma por las tropas reunificadoras italianas), fueron ahorcadas o decapitadas 527 personas en dicho territorio, a razón de más de 7 ejecuciones al año.