El nombramiento del relativamente desconocido Adolfo Suárez (3 de julio de 1976) para la presidencia del gobierno se planteó como un juego táctico en el que el rey y Torcuato Fernández Miranda (presidente de las Cortes y del Consejo del Reino) aislaron a los elementos más involucionistas, pero también a los aperturistas más conspicuos y rechazados por estos (como Manuel Fraga o José María de Areilza). A partir de ese momento se fue avanzando en el proceso de reforma impulsado desde el gobierno, en diálogo discreto con la oposición y con un permanente "ruido de sables" proveniente del sector involucionista, alentado por terrorismos de muy distinto signo como fueron el de ETA, el GRAPO, y el de extrema derecha. Este último en algunos casos fue organizado y utilizado desde los servicios de inteligencia con el conocimiento gubernamental, mientras que en los primeros se intentaba realizar infiltraciones para desmontarlos. Uno de los periodos álgidos de violencia durante la transición fue en el mes de enero de 1977, que entre otros acontecimientos, se produjo la matanza de abogados laboralistas. Sin embargo en este periodo los altercados en las calles fue habitual, con víctimas mortales que se sumaban a las que se producían en controles policiales colocados en las carreteras, con una mayor intensidad en el País Vasco y Navarra (que en entonces se debatían en una posible unión política) donde se produjeron diversos episodios de especial virulencia como fueron los sucesos de Vitoria, los sucesos de Montejurra, la Semana proamnistía de mayo de 1977 o los Sanfermines de 1978, entre otros sucesos.