El presidente del parlamento nacional unicameral y líder de AD Henry Ramos Allup denunció públicamente por redes sociales desde el viernes 1 de julio que fuentes internas del TSJ le tendrían informando que la Sala Constitucional tenía redactada una sentencia que en vista de las denuncias de "fraude" ejercidas por el PSUV, declararía la nulidad del proceso de promoción emprendido por la MUD desde el 27 de abril y ordenaría que el mismo se repitiera desde el principio, recolectando nuevamente un mínimo del 1% del RE nacional en actas de voluntad. La denuncia de Ramos Allup generó numerosas reacciones en la opinión pública nacional y en voz de distintas personalidades públicas, entre ellos expertos juristas para quienes las demandas del PSUV resultarían formalmente improcedentes al desconocer principios de derecho electoral, entre ellos el principio de respeto a la voluntad ciudadana, dado que las actas de voluntad invalidadas por el CNE en la auditoría previa a la validación de las mismas no afectaba el resultado final de la fase de promoción. Finalmente el diputado Ramos Allup difundió el 5 de julio a su salida de los actos protocolares en conmemoración al día de la independencia de Venezuela que tras las reacciones nacionales por su denuncia de días anteriores sus mismas fuentes dentro del TSJ le hacían saber que el tribunal había dispuesto "detener momentáneamente" la presunta sentencia que impediría la convocatoria del revocatorio.