El decreto ley n.º 326 reglamentado en 1956 por la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora (Argentina) contenía muchas deficiencias y excepciones impuestas, además de ser sancionado dentro de una de las páginas más funestas en la historia social, económica y política del país del siglo XX y aun cuando no reflejaba el espíritu del proyecto original, no obstante y en sintonía con el descarnado lema golpista lanzado por uno de sus principales protagonistas, el contraalmirante Arturo Rial, que demostraba una clara revancha o venganza de clase y que declaraba "que la revolución libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero" es que se otorgó la posibilidad de alcanzar por primera vez el régimen especial de Contrato de trabajo doméstico en Argentina, que incluía jubilación, pensión, aguinaldo, preaviso, indemnización por despido, descanso diario, descanso semanal, licencia por enfermedad, vacaciones y otros beneficios para los trabajadores del rubro. Sin embargo, este tipo de mecanismo de aparente reconocimiento y ampliación de derechos, no estaba orientado hacia la Justicia social, sino a la desarticulación de la Resistencia peronista.