Aunque el Imperio del Japón no firmó los Convenios de Ginebra, que han proporcionado la definición estándar de crimen de guerra desde 1864, los crímenes cometidos hay que juzgarlos respecto a otros aspectos del derecho internacional y japonés. Por ejemplo, muchos de los presuntos delitos cometidos por el personal japonés infringían la ley militar japonesa y no estaban sujetos a consejo de guerra, como exige esa ley. Japón también violó varios acuerdos internacionales que había firmado, incluidas disposiciones del Tratado de Versalles, como la prohibición del uso de armas químicas, y las Conferencias de La Haya de 1899 y 1907, que protegen a los prisioneros de guerra. El gobierno japonés también firmó el Pacto Briand-Kellogg (1929), por lo que sus acciones en 1937-45 están sujetas a cargos de crímenes contra la paz, un cargo que se presentó en los Juicios de Tokio para enjuiciar a criminales de guerra "clase A". Los criminales de guerra de "clase B" eran los culpables de crímenes de guerra "per se", y los criminales de guerra de "clase C" eran los culpables de crímenes de lesa humanidad. El gobierno japonés también aceptó los términos establecidos por la Declaración de Potsdam (1945) después del final de la guerra. La declaración aludía, en el artículo 10, a dos tipos de crímenes de guerra: uno era la violación de las leyes internacionales, como el abuso de prisioneros de guerra; el otro estaba obstruyendo las "tendencias democráticas entre el pueblo japonés" y las libertades civiles dentro de Japón.