Desde su independencia en 1821, México había sufrido una serie de revueltas, movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios que hacían común el cambio de gobierno sin que este ocurriera por la vía legal –mediante elecciones constitucionales– lo que ocasionaba que cada nuevo gobierno emanado de una contienda interna tuviera que luchar duramente con la diplomacia extranjera a fin de conseguir el reconocimiento oficial de las naciones extranjeras para así poder validarse dentro de su propia nación. Estos eventos ponían a México en una situación débil con respecto a las naciones poderosas, que aprovechaban su influencia para conseguir ventajas económicas o políticas a cambio de reconocer al nuevo gobierno.