Sin embargo, el clima de inestabilidad que se respira a principios de 1981 tras la dimisión de Adolfo Suárez y el intento de golpe de Estado del 23-F marca un punto de inflexión en la política autonómica que exige actuar con acierto para encauzar la situación . Una comisión de expertos dirigida por el jurista Eduardo García de Enterría recibe el encargo de analizar la situación y establecer los pasos a seguir. Y el 31 de julio de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del Gobierno, y Felipe González, líder del PSOE, plasman las conclusiones de dicho informe en los primeros pactos autonómicos.