Tras la firma de los Acuerdos de Arusha, el gobierno de Kayibanda accedió, junto al FPR, al cese de hostilidades. Del mismo modo se compromete a la reintegración política de los refugiados Tutsis, así como a someterse a juicio por genocidio ante el Consejo de Seguridad de la ONU (TPIR). Además, accede a la creación de un Tribunal Penal Internacional para Ruanda para capturar y juzgar a los responsables de las masacres provocadas durante la guerra civil tanto del lado Hutu como del lado Tutsi, creando un gobierno de transición compuesto por ambas etnias. Lamentablemente, estos acuerdos no lograron concretarse debido al asesinato del presidente Habyarimana, que desencadenó el comienzo del genocidio en Ruanda.