En 1994 el rey trata de romper la relación, y entonces ella decide chantajearle con vídeos de sus encuentros íntimos que había grabado con ayuda de un familiar. La extorsión continuó hasta mayo de 1996, en que el presidente José María Aznar ordenó la paralización inmediata de los pagos. Bárbara Rey ofreció un acuerdo definitivo: cobrar de una sola vez un «generoso finiquito» y olvidarse para siempre del asunto. El Gobierno temía, más que el escándalo sexual, la revelación de secretos de Estado que el rey habría compartido con ella en la intimidad, como su papel en el 23-F. (Al parecer, según la periodista Rebeca Quintáns, una de las cintas había registrado una llamada telefónica en la que el monarca le habría advertido: «¡Oye, el lunes, 23, procura no salir de casa!, porque puede pasar algo…»). Ante el temor de que el escándalo forzara el fin de la legislatura y su recién estrenada mayoría absoluta, Aznar accedió a las pretensiones de la actriz. Según antiguos altos mandos del Cesid, los pagos se abonaban a través de una cuenta del Kredietbank de Luxemburgo y de otras cuentas opacas: «En Suiza habíamos abierto cuentas secretas a nombre de identidades falsas y de sociedades interpuestas. Tanto el dinero como las joyas y los regalos se pagaban en su mayoría desde la propia Presidencia del Gobierno con cargo a los fondos reservados».