En materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Chile ha dado pasos importantes en los últimos años. La Ley 19.906 del año 2003 modificó la Ley Antiterrorista para tipificar y sancionar el delito de financiamiento terrorista, respondiendo así al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999 y suscrito por Chile el 2 de mayo de 2001. Lo anterior, se vio reforzado por la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dictada en 2001 tras los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos, que instaba a los estados miembros de la ONU a que «prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo».