En consecuencia del rechazo del TSJ a los recursos interpuestos, la Fiscal impugnó la designación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes por considerar falta de idoneidad y parcialidad en sus actuaciones, además de que la actuación de estos aceleran la grave crisis que sufre Venezuela; asimismo solicitó a los magistrados objeto de la demanda inhibirse de conocer de la causa de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 de la LOTSJ. La Fiscal relató que en el proceso de designación de estos magistrados el Consejo Moral Republicano (Poder Ciudadano) no realizó una sesión extraordinaria para evaluar los baremos de postulación, según lo establecido en el artículo 74 de la LOTSJ, sino que remitieron los expedientes de los candidatos y después le presentaron el acta para que lo firmara, lo cual se negó a hacer por no haberse realizado la sesión. Al día siguiente, Tarek William Saab, defensor del pueblo, presentó un documento con la supuesta firma de la Fiscal, alegando que ella si había firmado el acta. Posteriormente María José Marcano, exsecretaria del Consejo Moral Republicano acusó a William Saab de mentir y presentar un documento forjado, pues ni ella ni la Fiscal habían firmado el acta por ser un acto realizado ilegalmente por presiones políticas.