El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente no procesó los supuestos crímenes de guerra que involucraban a oficiales de rango medio o personal de rango inferior. Aquellos fueron tratados por separado en otras ciudades a lo largo de la región del Asia-Pacífico. En este mismo sentido, la ley japonesa no define a aquellos condenados en los juicios posteriores a 1945 como criminales, a pesar del hecho de que los gobiernos de Japón han aceptado los juicios llevados a cabo en los tribunales y en el Tratado de San Francisco (1952), en el cual no se menciona la validez legal del tribunal. El primer ministro Shinzō Abe ha abogado por la posición de que Japón aceptó el Tribunal de Tokio y sus juicios como una condición para el fin de la guerra, pero que sus veredictos no tienen relación con la legislación interna. De acuerdo a esta perspectiva, aquellos condenados por crímenes de guerra en dicho tribunal no son criminales bajo la ley japonesa.