El exrey Alfonso XIII aprobó en octubre de 1932 los planes de los conspiradores, aunque sin abandonar la opción «accidentalista» que encabezaba Gil Robles. También los autorizó a recaudar fondos «en su augusto su nombre» ―y él mismo aportó dinero― y pronto consiguieron reunir un millón y medio de pesetas entre los monárquicos y aristócratas exiliados ―la mayoría de los cuales habían fijado su residencia en Biarritz― que se utilizaría para la compra de armas en el extranjero y para financiar operaciones en el interior de España ―cada mes se entregaban 5.000 pesetas a Galarza para mantener la propaganda en los cuarteles (operación de la que nacería la Unión Militar Española, UME) y para financiar la red organizada por Jorge Vigón de informadores infiltrados en la policía encabezada por Santiago Martín Báguenas; asimismo se proporcionaba dinero a los nacientes grupos fascistas―. Según Ángel Viñas, el banquero Juan March, que ya había contribuido con dinero a La Sanjurjada, aportó dos millones de pesetas. A mediados de febrero de 1933 se reconoció al general Sanjurjo, en esos momentos en prisión, como cabeza militar "in absentia" de la conspiración, en detrimento del general Emilio Barrera, cada vez más enfrentado a Calvo Sotelo, mientras que el liderazgo político lo ostentaría Antonio Goicoechea.