La causa en Mendoza tramitó ante el juez federal de San Rafael Héctor Acosta, que investigaba la detención y posterior desaparición de Héctor Aldo Fagetti Gallego, en los últimos dos meses de la presidencia de Martínez de Perón. El juez Acosta pidió su extradición a la Interpol el 11 de enero de 2007 y al día siguiente fue arrestada en su domicilio de Villanueva de la Cañada, Comunidad de Madrid, España, siendo liberada condicionalmente pocas horas después mientras tramitaba la extradición. El juez ordenó también la detención de otros importantes funcionarios peronistas de su gobierno, como Ítalo Luder, Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, que fueron firmantes de los llamados decretos de aniquilamiento, considerados como punto de partida del terrorismo de Estado en la Argentina que luego se extendió y agravó tras el golpe de Estado cívico-militar de 1976.