El proyecto no vio la luz con la caída de la República. La restauración de la monarquía en Alfonso XII y la presidencia del consejo de ministros de Antonio Cánovas del Castillo supuso un paso atrás en las aspiraciones abolicionistas. Durante este período, la asociación preparó distintos memorandos dirigidos al gabinete y a las Cortes, pero la reacción ciudadana de épocas anteriores favorables al abolicionismo se había ido disipando, el número de socios de la entidad descendió notablemente y las repercusiones de todo ello no se hicieron esperar: el reglamento de aplicación de la abolición en Puerto Rico se reformó hasta tres veces, convirtiéndose en un documento sin eficacia, se prohibió la creación de una asociación abolicionista en La Habana, largo tiempo reclamada, y se prohibieron también las reuniones de la propia asociación en 1875. Los abolicionistas, no obstante, mantuvieron su presión a través de la prensa, en la medida que no era censurada. Pero será el fin de la guerra de Cuba en 1879, y más concretamente el tratado de Zanjón, que preveía la libertad de los esclavos insurrectos, lo que hará proclamar a los abolicionistas la contradicción del propio gobierno que firmaba la libertad de los esclavos sublevados y la esclavitud de los leales. Ese mismo año se presentó la Ley de abolición de la esclavitud en Cuba, una muy tímida reforma rechazada por la asociación y los propios diputados antillanos, y que aunque aprobada en 1880, apenas si tuvo efecto. Hubo de esperarse a 1883 y al gobierno de Sagasta para que se aboliera el cepo y el grillete, se decretase la libertad de más de cuarenta mil esclavos y se obligara a los patronos a pagar los salarios debidos. El regreso de Cánovas en 1884 paralizó las reformas pero en 1888, muerto Alfonso XII, Sagasta derogó todos los decretos restrictivos a la abolición de la esclavitud. A finales de ese mismo año, la asociación se disolvió considerando alcanzados todos sus objetivos.