Alrededor de 1971 se inició una ola de tomas de propiedades agrícolas en Lontué y la vecina Molina. Posteriormente el presidente Salvador Allende separó de su cargo al gobernador del departamento tras el surgimiento de la acusación de haber incitado estas tomas desde su puesto en el gobierno local. Los trabajadores de la compañía Aceites y Alcoholes Patria S.A., una de las principales productoras nacionales de aceite comestible de la época, con planta en Lontué, el 28 de septiembre de 1972, habían comenzado una huelga y una toma acusando a la compañía de retener su producción, fomentando el desabastecimiento y el descontento contra el gobierno. La toma era interpretada por qué cercanos a la dirección de la empresa como una maniobra para forzar la intervención de la misma por parte del gobierno. La intervención gubernamental de la compañía se produjo el 6 de octubre de ese año 1972. En enero de 1973, el gobierno de Salvador Allende anunció el envío al parlamento un plan, denominado "proyecto Prats-Millas" que consistía en estatizar o pasar definitivamente al "área social", junto con otras 53 empresas, Aceites y Alcoholes Patria. El proyecto no fue despachado finalmente al Congreso por el Ejecutivo. Luego del golpe de estado de 1973, la compañía fue intervenida a su vez por fuerzas militares, que la restituyeron a sus propietarios anteriores el 21 de noviembre de 1974. Acciones represivas y de represalia contra grupos de origen campesino y obrero continuaron en la zona durante el régimen subsecuente. Así, por ejemplo, en mayo de 1980 un grupo de jóvenes colaboradores de la pastoral de la parroquia de Lontué fueron apresados por la CNI, permaneciendo cautivos en calidad de prisioneros políticos por tres años y medio, acusados de tenencia de armas y asociación ilícita.