Stanley G. Payne coincide con Alía Miranda en que el Gobierno «había adoptado algunas medidas relevantes para mantener el control sobre el ejército» («casi todos los altos mandos habían sido relevados... fueron detenidos muchos activistas civiles, sobre todo falangistas, y algunos cabecillas de la conspiración estaban bajo vigilancia al menos parcialmente»), pero que no fue más lejos porque Casares Quiroga y Azaña necesitaban al ejército si finalmente se producía una intentona revolucionaria por parte de la izquierda. En este sentido, Azaña y Casares Quiroga «se sentían situados entre dos fuegos». «Azaña quería ser aliado de la izquierda revolucionaria, no su prisionero. Tras convertirse en Presidente de la República, la angustia y el temor se apoderaron de él y se encerró en sí mismo». Casares Quiroga, por su parte, no quería jugar el papel de Kerensky en la Revolución rusa de 1917 y de hecho tenía en su despacho un fotografía del presidente del gobierno ruso derrocado por los bolcheviques. El ministro de la Gobernación Juan Moles participaba de la idea de que no había que provocar en el ejército una reacción de solidaridad. También contaban con la división que existía entre los militares y con que la intentona anterior («La Sanjurjada») había sido aplastada con facilidad.