Poco antes del fin de la guerra, el que ya se perfilaba como nuevo régimen franquista decidió aprovechar la colaboración de los sacerdotes católicos y la información de sus archivos parroquiales para llevar a cabo su represión contra simpatizantes republicanos. La Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 requería, para poder dar por concluidas sus investigaciones contra sospechosos de ser "izquierdistas", informes de las fuerzas policiales, la Falange, el alcalde y, además, el párroco de la localidad del acusado.