Desde el mandato de Hugo Chávez, la oposición venezolana y el gobierno colombiano han denunciado el presunto apoyo extraoficial de la revolución bolivariana a los grupos insurgentes de extrema izquierda de este país (FARC en su momento y ELN) en lo económico y logístico, permitiéndoles también protegersen en territorio venezolano de los ataques de la Fuerza Pública de Colombia. Desde 2016 se denuncia la presencia del ELN, realizando trabajos como capataces en las explotaciones de oro, diamante y coltán de los estados Bolívar, Apure y Amazonas; los dos últimos fronterizos con Colombia, donde estarían trabajando en alianza con el régimen bolivariano para explotar los recursos mineros, transportarlos y entregarlos al gobierno venezolano, que ahora recurre a la explotación minera como nueva fuente de ingresos ante el declive de su producción petrolera, lo que ha traído como consecuencia la crisis económica, política y social que, a 2019, todavía padece el país y el pueblo venezolano, dándole a las Fuerzas Armadas bolivarianas un papel pasivo haciéndose los de la "vista gorda" en los puntos donde están los grupos ilegales colombianos. También se denuncia la presencia en territorio venezolano de disidencias de las FARC-EP, concretamente el grupo Nueva Marquetalia de los alias "Iván Márquez" y "Jesús Santrich", quienes no aceptaron los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y la guerrilla en 2016, realizando labores de narcotráfico con el beneplácito del Cartel de los Soles, organización criminal conformada por miembros corruptos de las Fuerzas Armadas venezolanas y del gobierno bolivariano.