A su marcha al exilio se sumó la represión por parte de la dictadura franquista. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo lo condenó a treinta años de reclusión e inhabilitación absoluta para ejercer su profesión, mientras que el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas le impuso una multa de veinticinco millones de pesetas y la confiscación de todos sus bienes. Se llegó a proponer, incluso, la pérdida de su nacionalidad española.