Los gobiernos de Bolivia y México ya habían tenido roces por el asilo y apoyo de este último al expresidente Evo Morales, que renunció al cargo por presión de las protestas de finales de 2019 ante un presunto fraude electoral en las elecciones generales de octubre de ese mismo año y que la OEA diera un informe de "manipulación dolosa". El gobierno mexicano liderado por Andrés Manuel López Obrador también había brindado refugio a otros funcionarios del gobierno de Morales, a quienes el nuevo gobierno de Jeanine Áñez les había abierto procesos de investigación por sus actuaciones en las protestas.