El 8 de febrero de 2018 se desencadenó un escándalo, cuando el gobierno argentino realizó su alegato y dejó caer la acusación contra los exfiscales Mullen y Barbaccia y pidió penas menores para los acusados, a través de una decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de Germán Garavano, llevada adelante mediante el alegato realizado por el abogado José Console en nombre del gobierno, acto que fue criticado como “amiguismo” y “encubrimiento” por la diputada Elisa Carrió. El acto fue cuestionado por la asociación de familiares de víctimas de la AMIA Memoria Activa, y por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, imputándole al ministro Germán Garavano haber dejado caer la acusación contra dos exfuncionarios acusados de encubrir el atentado terrorista de 1994 en el juicio AMIA 2. Pocos días después el tribunal dispuso apartar de la causa al abogado del gobierno Console, por estar inhabilitado por incompatibilidad de funciones, aunque consideró válido el cuestionado alegato realizado por el abogado excluido.