Tras su independencia, la Argentina permaneció muchos años sin regirse sin una constitución, e incluso sus poderes nacionales desaparecieron casi por completo. Desde 1831 en adelante, la preeminencia del Partido Federal y del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas impidió la sanción de una constitución, lo que le permitió conservar privilegios políticos y económicos, sobre todo por el uso exclusivo de la recaudación de la Aduana porteña, principal fuente de ingresos fiscales del país.