El FRAP, sometido a un fuerte acoso policial, con un discurso a favor de las acciones terroristas y con el rechazo a participar en cualquier tipo de pacto con otros grupos de oposición política como la Junta Democrática de España, desde 1973 fue perdiendo fuerza progresivamente, quedándose en un sector cada vez más marginal e inactivo desde el juicio de Burgos. Eso a pesar de la actividad cada vez mayor de otros grupos terroristas como el GRAPO, ETA o el asesinato por miembros de Fuerza Nueva de los abogados comunistas de Atocha. Y con el final de la dictadura, se opuso frontalmente a la reforma promovida por Adolfo Suárez y se excluyó del consenso alcanzado político durante la Transición tras la aprobación de una nueva Constitución y una ley de amnistía de presos políticos y delitos por motivos políticos o por funcionarios y agentes policiales en 1977.