Como el propósito de las predicciones de corto plazo consiste en posibilitar la adopción de medidas de emergencia para reducir el número de víctimas y el grado de destrucción, el no advertir de la inminencia de un terremoto que efectivamente ocurra, o no dar, al menos, una evaluación adecuada del riesgo de que ocurra, puede conllevar responsabilidades penales o incluso consecuencias políticas. Por ejemplo, se ha informado que miembros de la Academia China de Ciencias fueron expulsados de la misma por "haber ignorado predicciones científicas del desastroso terremoto de Tangshan, de verano de 1976". . Después del terremoto de L'Aquila de 2009, siete científicos y técnicos fueron condenados en Italia por homicidio involuntario, aunque no tanto por haber fallado en "predecir" el Terremoto de L'Aquila de 2009 (en el que murieron unas 300 personas) sino por "dar garantías indebidas" a la población – una víctima lo llamó "anestesia" – de que "no" habría un terremoto grave y que por tanto no había necesidad de prevenirse. Pero el alertar ante un terremoto que finalmente no ocurra también implica un costo: no solo el costo de las medidas de emergencia como tales, sino también el de los trastornos económicos y sociales. Además, las falsas alarmas, como también las alarmas que se cancelen, socavan la credibilidad y por tanto también la eficacia de las alarmas futuras. En 1999 se informó que China estaba implantando "duras regulaciones destinadas a eliminar las alarmas ‘falsas’ de terremotos, a fin de prevenir el pánico y las evacuaciones masivas de ciudades enteras como consecuencia de pronósticos de sismos de mayor envergadura." Esta medida fue motivada por "más de 30 alarmas inoficiales de terremotos ... en los últimos tres años, ninguna de las cuales resultaron certeras."