La presidencia de Martínez de Perón transcurrió en un contexto político y económico muy complicado, y su gobierno es por lo general retratado de forma negativa, caracterizado por un deterioro persistente de las libertades políticas y civiles. Martínez de Perón fue fuertemente influenciada por José López Rega, su ministro de Bienestar Social, que fue considerado un virtual «primer ministro». Martínez de Perón firmó el primero de los llamados decretos de aniquilamiento que fueron utilizados por las fuerzas militares, policiales y parapoliciales para proceder a la tortura, secuestro y ejecución sin juicio de personas consideradas «subversivas». Bajo su mandato se produjo el «Rodrigazo», un macro ajuste de las variables económicas que significó un serio deterioro de las condiciones de vida de la población y produjo una fuerte reacción de los sindicatos y una grave crisis política que llevó a la renuncia de López Rega. Con el fin de preservar las instituciones constitucionales, Martínez de Perón anunció el adelanto de las elecciones presidenciales a octubre de 1976 pero el 24 de marzo de ese mismo año un golpe de Estado puso fin al régimen constitucional e instauró una dictadura cívico-militar autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional». Tras su derrocamiento, Martínez de Perón fue puesta bajo arresto domiciliario, siendo liberada solo cinco años después, en 1981. Después de ello se radicó en España, donde reside hasta el día de hoy. Desde su llegada al gobierno fue presidenta nominal del PJ hasta febrero de 1985, cuando fue sucedida, primero por Vicente Saadi (en calidad de presidente interino del Congreso Nacional Justicialista), y más tarde por Antonio Cafiero, jefe de la «renovación peronista» quien ganó las elecciones partidarias del año 1987.