En mayo de 2002 interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) por la ejecución extrajudicial de José Manuel, la desaparición forzada y la tortura de la que fue objeto. En 2013 la PGR determinó que los delitos habían prescrito. En 2014 ella y su hijo promovieron un juicio de amparo en el que el Juez de Amparo señaló que existían suficientes elementos, entre ellos el "Informe Histórico a la Sociedad Mexicana" de la FEMOSPP el cual considera que durante la Guerra Sucia se cometieron violaciones a derechos humanos que pueden ser constitutivos de delitos de lesa humanidad, que por su gravedad son delitos imprescriptibles.