En mayo de 2013, el expresidente de facto Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión —aunque luego la sentencia fue suspendida por aparentes errores procesales por la Corte Constitucional de Guatemala— por el genocidio cometido contra el pueblo ixil cuando gobernó entre 1982 y 1983 con la excusa de que colaboraba con las guerrillas comunistas. En la sentencia se consideró probado, aunque los grupos conservadores del país adujeran que no fue así, que los militares a su mando habían asesinado a 1771 ixiles con implicación de exterminio según la densidad demográfica de la etnia y la migración forzosa de otras comunidades hacia la demarcación fronteriza en busca de asilo en Chiapas, México; además de haber violado sistemáticamente a las mujeres y niñas ixiles, muchas de ellas convertidas en esclavas sexuales de sus soldados —y algunas de ellas murieron por esta causa—, y haber cometido todo tipo de atrocidades, como abrir el vientre a mujeres grávidas hasta extracción fetal, y de vejaciones como obligar a un padre a ver cómo torturaban y violaban a su esposa y a sus hijos. Como declaró la abogada española Paloma Soria, que participó en el proceso contra Ríos Montt, "se ha demostrado que lo que ocurrió en Guatemala fue un genocidio y eso siempre quedará ahí. Pase lo que pase [con la repetición del juicio ordenada por el Tribunal Constitucional], al menos durante diez días ha habido justicia". "La violencia sexual contra las niñas y mujeres ixiles fue generalizada y prueba que había intención de destruir al grupo. Cuando atacas a las mujeres de esa manera estás impidiendo la reproducción de la comunidad. Física y culturalmente, porque las ixiles, además, tienen un papel determinante en las transmisión de su cultura y las tradiciones", afirmó Paloma Soria, abogada especializada en temas de género y letrada de la Women's Link Worldwide.