Hacia fines de 1974, la dictadura militar que encabezaba Augusto Pinochet ya era abiertamente cuestionada a nivel internacional por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos —entre ellas detenciones arbitrarias, torturas y la existencia de centenares de detenidos desaparecidos— que se denunciaban desde el 11 de septiembre de 1973. En noviembre la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado una resolución que llamaba a «restablecer los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales en Chile», y un mes después se conocía el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos —elaborado tras una visita a Chile de un grupo de investigadores del organismo—, el cual constataba que el régimen militar había cometido «gravísimas violaciones de derechos humanos».