Una de las primeras acciones de este periodo fue el despido masivo de funcionarios públicos del poder ejecutivo, y el reemplazo de otros por personas partidarias a la dictadura, no necesariamente capacitadas para los cargos. El autor Patricio Orellana considera que tales despidos masivos corresponden a un caso de corrupción «pues la decisión se basaba en obtener un beneficio personal del que decidía, porque se ganaba la lealtad de los funcionarios que quedaban y eliminaba a los que discrepaban, de manera que se torcía el sentido de la decisión ya que no se perseguía el bien común sino los afanes de poder del que decidía. Si era necesaria una reducción, lo correcto era eliminar a los funcionarios más ineficientes en primer lugar, pero la eficiencia no tuvo ninguna injerencia en la decisión de despido». Si bien se desconoce la cantidad exacta de despidos y exoneraciones realizados entre 1973 y 1977, de un 12,5% de empleos públicos se redujo drásticamente a menos de la mitad. Según documentó Joaquín Lavín, por entonces miembro de los Chicago Boys, entre 1977 y 1986 el número de funcionarios disminuyó en 208 963, y otras referencias hablan de una reducción del 52,4% de los funcionarios públicos, pasando de 305 000 empleados de planta antes del Golpe de Estado a 139 440 en 1989. Dentro del poder judicial también se exoneró a los opositores al Régimen, dejando una mayoría de jueces de derecha fieles al nuevo periodo.