En 1895, el misionero Henry Grattan Guinness supo de los abusos sufridos por la población del Estado Libre del Congo e instaló allí una misión. Obtuvo promesas de mejora de Leopoldo, pero nada cambió. El periodista británico Edmund Dene Morel, exagente de una compañía de navegación encargada del transporte del caucho hacia Europa, y conocedor de las estructuras comerciales establecidas en África del oeste, fue también uno de los primeros en avisar a la opinión internacional sobre los crímenes cometidos, y fue el primero en recolectar pruebas testimoniales y documentales. Sin embargo, hasta 1903, dos años después del fallecimiento de la reina Victoria, prima de Leopoldo, la Cámara de los Comunes no adoptó una resolución crítica sobre la gestión del Congo, y encargó al diplomático Roger Casement, nombrado cónsul británico en el Congo, que investigara los hechos. Su informe, conocido como el Informe Casement, se hizo público al año siguiente y tuvo un impacto considerable en la opinión pública. El parlamento británico aprobó una resolución sobre el Estado del Congo —que el gobierno envió a los 14 países firmantes del Tratado de Berlín de 1885— en la que se informaba que los crímenes que supuestamente allí se cometían eran contrarios al espíritu de la Conferencia, y el ministro británico de Asuntos Exteriores pidió en sendos discursos que se revisara la concesión privada del Congo al rey de Bélgica para transferirla al parlamento belga.