La crisis social que sufrían los territorios del sur de la península itálica se agudizó en las décadas de 1630 y 1640 por las necesidades bélicas de la monarquía hispánica, sumida en largas guerras a las que se añadieron los levantamientos de Cataluña y Portugal. Las necesidades financieras de la Corona hicieron que aumentase enormemente la deuda pública y la presión fiscal napolitanas. En este, como en otros territorios periféricos de la monarquía, existía una situación de cierta autonomía de los grupos dominantes respecto del poder regio, que les otorgaba a estos la impunidad en sus abusos y el enriquecimiento mediante la recaudación de impuestos a cambio de la satisfacción de las exigencias financieras de la Corona y el mantenimiento de la fidelidad del territorio al rey. El poder dependía del equilibrio entre la tendencia absolutista de la Corona y el poderío de la nobleza. Ambos grupos, sin embargo, se hallaban más estrechamente ligados desde las revueltas de 1585. Los intentos de reforma de la burocracia real habían fracasado en la segunda mitad del siglo y comienzos del . En el reino de Nápoles, la nobleza ostentaba una posición oligárquica tanto en la administración como en el gobierno de la capital. Gracias a que los privilegios de esta clase social no sufrieron en la crisis del reino, la nobleza no participó apenas en las rebeliones de 1647-1648. Los principales protagonistas de esta fueron la burguesía intelectual urbana y la plebe, despreciada por la primera.