Durante la Segunda Intifada, el ejército israelí adoptó la política de demolición de hogares tras una oleada de atentados suicidas. Israel justificó esta política en base a la disuasión antiterrorista, para proporcionar un incentivo que haga que las familias de los potenciales suicidas intenten disuadirlos de realizar sus actos. Las demoliciones de hogares también se llevaron a cabo en el curso de batallas. Durante la Operación Escudo Defensivo, varios soldados soldados israelíes murieron durante incursiones en las que buscaban viviendas que estuviesen dando cobijo a milicianos palestinos. El ejército israelí comenzó entonces a rodear dichas viviendas, exigir a sus ocupantes que salieran (ya fuesen civiles o milicianos) y derribar después las viviendas sobre aquellos que se hubiesen negado o no hubiesen podido salir. En algunas de las batallas urbanas más cruentas, como en la Batalla de Yenín en 2002 o en la Operación Arcoíris de 2004 en Rafah, buldócers Caterpillar FDI 9 del ejército israelí derribaron numerosas viviendas de civiles palestinos para ampliar las calles o las carreteras, descubrir túneles o para asegurar la posición de sus propias tropas. El resultado fue un uso indiscriminado de demoliciones de viviendas civiles en casos que nada tenían que ver con el terrorismo, y que dejó a más de 1.000 personas sin hogar tan solo en el campamento de refugiados de Rafah. Según un informe de Human Rights Watch de 2004, muchas familias de Rafah poseen un "grupo de casas". Por ejemplo, una familia puede tener una "pequeña casa de sus primeras épocas en el campamento, a menudo con poco más que un tejado de asbesto". Cuando los hijos se independizan, construyen sus casas cerca de esta. Según la ONU, aproximadamente 1.500 casas fueron demolidas por el ejército israelí tan solo en la ciudad palestina de Rafah entre 2000 y 2004.