El 4 de octubre de 1847 fue nombrado de nuevo presidente Narváez, y este prosiguió la política de integración de los progresistas -les comunicó que deseaba «"regularizar el organismo constitucional y hacer posible el turno en el poder de todos los partidos que realmente reconocieran a la reina"»- hasta que estalló la Revolución de 1848 en Francia que supuso la caída de la Monarquía y la proclamación de la República y luego se extendió por toda Europa. Entonces Narváez, como la propia reina, pensó que el turno con los progresistas podía abrir las puertas a la revolución, con lo que su gobierno dio un giro autoritario para prevenir desórdenes. En el debate que se produjo en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley presentado por el gobierno de Narváez de suspensión de las garantías constitucionales, los progresistas se ofrecieron como alternativa con un gobierno presidido por Espartero que impidiera con reformas que estallara la revolución también en España. Salustiano Olózaga dijo que el objetivo del mismo sería «"no sólo salvar el trono, sino mantener la tranquilidad, aumentar la prosperidad del país, liberarle de la guerra civil, de la anarquía y de las complicaciones extranjeras"». La propuesta progresista no fue aceptada, entre otras cosas porque ni la reina madre María Cristina ni Isabel II guardaban un buen recuerdo de la actuación del general Espartero cuando solo ocho años antes había obligado a la regente a marchar al exilio.