En 1998, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dispuso, a pesar del indultos que fuese firmado por el entonces presidente Carlos Menem, la investigación del accionar de Suárez Mason durante los años de plomo, con el fin de esclarecer la «información acerca del destino final sufrido por las personas “detenidas desaparecidas”».