La Ley 23 521 «de Obediencia Debida» fue promulgada por el presidente y estableció una presunción "iuris et de iure" —sin admitir prueba en contrario— respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas argentinas durante el terrorismo de Estado no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada «obediencia debida».