La Ley de Emergencia n.º162 de 1958 autoriza al gobierno de Egipto a suspender las libertades civiles básicas declarando el estado de emergencia. Dicho estado de emergencia ha estado en vigor casi de manera continuada desde 1967. Actuando bajo esta ley, las autoridades egipcias han usado la detención administrativa contra individuos que consideran miembros de organizaciones ilegalizadas como los Hermanos Musulmanes, así como contra individuos que participaban en manifestaciones pacíficas en oposición contra la Guerra de Irak o en apoyo de la Intifada palestina. Human Rights Watch ha criticado esta práctica como un uso de la legislación de emergencia para la "represión de la oposición política". Amnistía Internacional denuncia que los familiares de presos políticos egipcios han sido mantenidos en situación de detención administrativa por su mera relación familiar con dichos presos. El gobierno egipcio se niega a revelar cuantas personas se encuentran en detención administrativa, aunque los grupos en defensa de los derechos humanos calculan que entre 16000 y 20000 personas se encuentran detenidas sin cargos.