La economía comenzó a deteriorarse durante la segunda mitad de la década de 1980, lo que provocó una debacle en el apoyo popular al gobierno radical. Además, a finales de 1986, se aprobó la Ley de Punto Final, que establecía un límite para realizar denuncias en medio de los juicios juicios por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período dictatorial. Dicha ley, que sería la primera de las tres llamadas "leyes de impunidad", fue sumamente impopular entre la población y provocó manifestaciones en contra de la misma de parte de organizaciones de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, además de pequeños partidos extraparlamentarios de izquierda. La condena internacional a la ley también repercutió negativamente sobre el gobierno.