El 19 de septiembre, al día siguiente de la celebración del Referéndum para la independencia de Escocia de 2014 que levantó una enorme expectación en Cataluña, el Parlamento de Cataluña aprueba la "Ley de Consultas Populares no Referendarias y Participación ciudadana" que pretende amparar legalmente la «consulta» prevista para el 9-N. El 27 de septiembre, al día siguiente de la comparecencia del expresidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol ante una comisión del Parlamento de Cataluña para explicar el asunto del dinero depositado en un banco de Andorra desde hacía 34 años y que no había sido declarado a Hacienda, Artur Mas firma la Ley de consultas de Cataluña en un acto celebrado en el Palacio de la Generalidad de Cataluña en el que estuvieron presentes representantes de tres de los cinco partidos políticos catalanes que han apoyado la ley, CiU, ERC y CUP. En el mismo acto el presidente Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N. Ese mismo día, la presidenta en funciones (por encontrarse Mariano Rajoy de viaje oficial en China) y vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anuncia que, con la petición de un informe al Consejo de Estado, el gobierno ha iniciado los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra la Ley de consultas de Cataluña y contra el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N amparada en ella. El 29 de septiembre el Consejo de ministros aprobó los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de consultas y el decreto de convocatoria. que fueron presentados al Tribunal Constitucional. Esa misma tarde el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos por lo que quedaron suspendidos cautelarmente la Ley y el decreto.