El 27 de marzo de 2018, el juez instructor de Catania (Sicilia), Nunzio Sarpietro, acusó a la ONG de promover la inmigración ilegal. Por ello, su buque insignia el "Open Arms" fue inmovilizado de forma cautelar en el puerto italiano de Pozzallo. Fue liberado un mes después, aunque la investigación sigue abierta. Más tarde, durante los sucesos de agosto de 2019, varios sectores de la derecha y la extrema derecha tanto española como italiana, acusaron a través de las redes sociales a la ONG de ser "taxis" de los traficantes de personas que les utilizarían para cumplir la ruta de inmigración ilegal Libia-Italia. Según indica Frontex, se detectó hace meses que las mafias de tráfico de personas habían cambiado la técnica, remolcando las pateras vacías con una nave nodriza hasta la zona comprendida entre Libia y Lampedusa, donde realizan el traslado de los migrantes desde la nave a las pateras en alta mar, para luego abandonarlas allí y que el salvamento marítimo se haga cargo del rescate de las mismas. Este hecho ha vuelto a reavivar los intentos de criminalización del rescate en el Mediterráneo desde dichos sectores conservadores y ultraconservadores, los cuales acusan a las ONG de connivencia con las mafias de tráfico de personas.