La Constitución española de 1978 establece la aconfesionalidad del Estado, disponiendo que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad, manteniendo relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Así, las relaciones entre el Estado español y la Santa Sede se encuentran reguladas por el acuerdo de 1976 y los tres acuerdos de 1979, que modificaron y reemplazaron el anterior concordato de 1953.