La primera pone el énfasis en los movimientos ecologistas, que en aquella época tenían una fortaleza creciente y eran marcadamente antinucleares tras el accidente de Three Mile Island y más aún tras Chernóbil (aun cuando hay que tener en cuenta que este accidente fue posterior a la moratoria). En España, las preocupaciones ecologistas quedaron empañadas por actuaciones terroristas, llegando ETA a alegar en el asesinato de José María Ryan, ingeniero jefe de la Central nuclear de Lemóniz en mayo de 1982, supuestas motivaciones ecologistas. En octubre de ese mismo año el PSOE gana las elecciones generales, habiendo incluido en su programa la "limitación" de la energía nuclear. En 1984 revisa el Plan Eléctrico Nacional, limitando la construcción de nuevas centrales a 4 y paralizando otras 5, y en diciembre de 1994 se paraliza definitivamente, dejando en el balance de las empresas una inversión convertida en improductiva por esa decisión política, de 729.000 millones de pesetas. El gobierno decidió devolver esa inversión a las empresas "mediante la afectación a ese fin de un porcentaje de la facturación por venta de energía a los usuarios".