TrustHLT/LaCour huggingface dataset:
GR2 (Government): sentencias, precisamente en las que fue condenada por los delitos más graves, la demandante fue expresamente informada de que cumpliría las penas impuestas hasta el límite de 30 años. En 2000, la Audiencia Nacional dictó un auto por el que se volvió a informar a
GR2 (Government): la demandante de que cumpliría las penas impuestas hasta llegar a los 30 años. Por
GR2 (Government): auto de 15 de febrero de 2001, la Audiencia Nacional fijó con exactitud la fecha de puesta en libertad y la fijó el 27 de junio de 2017. Esta resolución, a que omite hacer referencia
GR2 (Government): a la demandante y la sentencia de la sección, es de extraordinaria importancia, dado que en ella se informa a la demandante que va a cumplir 30 años de prisión y se fija con exactitud su fecha de puesta en libertad en 2017. El auto notificado a la demandante no
GR2 (Government): fue recurrido por esta. En 2001, la demandante tenía reconocidos cuatro años de redención
GR2 (Government): de penas. Si hubiera tenido alguna expectativa de que se aplicara la redención sobre el
GR2 (Government): límite máximo de cumplimiento, habría recurrido una resolución que fijaba su puesta en libertad en 2017, después de cumplir 30 años de prisión. No lo hizo y aceptó que se fijara en firme
GR2 (Government): su fecha de puesta en libertad en 2017. En España, las decisiones sobre ejecución
GR2 (Government): de la pena corresponden en exclusiva a los jueces. Los centros penitenciarios solo tienen
GR2 (Government): la facultad de hacer una propuesta al juez, que es quien decide. En 2008, el centro penitenciario
GR2 (Government): donde estaba la demandante erróneamente propuso a la audiencia su puesta en libertad en ese año. La audiencia nacional, que era quien tenía que decidir, no aprobó la errónea
GR2 (Government): propuesta, fijó como fecha de puesta en libertad el 27 de junio de 2017. Es decir, exactamente
GR2 (Government): la misma fecha fijada ya por el auto firme de 2001.
GR2 (Government): Por tanto, desde el primer momento la demandante fue formalmente notificada de que cumpliría las penas impuestas hasta el límite de 30 años y que saldría en libertad en 2017.
GR2 (Government): En todas las resoluciones judiciales se dijo lo mismo, que la demandante saldría en libertad en 2017. Así de clara estaba la cuestión, también para la demandante que no recurrió
GR2 (Government): el auto de 2001 que fijó su puesta en libertad en 2017.
GR2 (Government): La actuación de España se ha ajustado plenamente a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la aplicación de los artículos 7 y 5 del convenio, como veremos a continuación. De acuerdo con toda esa jurisprudencia, a que ha omitido hacer referencia la demandante,
GR2 (Government): singularmente la de esta gran sala, no existe ninguna duda de que la forma de cómputo de la redención de penas por el trabajo se refiere a la ejecución y no a la determinación de la pena.
GR2 (Government): Caso Cáscaris contra Chipre. El caso se refiere a una persona condenada en 1989 a cadena perpetua.
GR2 (Government): En esas fechas las normas penitenciarias establecían que esas penas se cumplían como 20 años de prisión. El demandante fue informado cuando ingresó en prisión de que saldría en libertad
GR2 (Government): en 2002. En 1996 se reforma la ley penitenciaria y el demandante no fue puesto en libertad
GR2 (Government): en 2002, sino que debió cumplir íntegramente la reclusión a perpetuidad.
GR2 (Government): La gran sala señaló que cuando la naturaleza y finalidad de una medida está relacionada con la remisión de una pena o con el cambio en el régimen para adelantarla puesta en libertad, esa medida no forma parte de la pena en el sentido del artículo 7. Afirma
GR2 (Government): la gran sala literalmente que, aunque esos cambios en la legislación penitenciaria han endurecido las condiciones de prisión del demandante, los cambios no pueden considerarse como imposición de una pena más grave que la impuesta por el tribunal sentenciador.
GR2 (Government): El tribunal reitera que las cuestiones relativas a las políticas de puesta en libertad forman parte del poder de los Estados para determinar su propia política penitenciaria.
GR2 (Government): Caso Hockben contra el Reino Unido El caso se refería a un condenado a cadena perpetua. En el momento de cometer los delitos se concedía la libertad condicional por buena
GR2 (Government): conducta y el demandante, en virtud de esta norma, estaba clasificado para salir en libertad en un año. Sin embargo, justo antes de ser liberado, el ministro del Interior, en un
GR2 (Government): discurso ante la Cámara de los Comunes, afirmó que era necesario estar atento a las críticas crecientes del público en relación con la diferencia entre la duración de la pena impuesta y la efectivamente cumplida. Por ello, el ministro impuso un mínimo de
GR2 (Government): 20 años de prisión para poder acceder a la libertad condicional. La Comisión constató
GR2 (Government): que la modificación en la política penitenciaria hacía más rigurosa la pena a cumplir, pero que era una cuestión relativa a la ejecución de la pena y no a la pena misma. La Comisión
GR2 (Government): señala que el repentino giro en materia de libertad condicional, que puso fin a las esperanzas del demandante de una pronta liberación, es una cuestión que corresponde al amplio poder de apreciación de los Estados para definir su política penitenciaria.
GR2 (Government): Caso Utley contra el Reino Unido. Por una reforma legal aplicada retroactivamente, el
GR2 (Government): tribunal dio doblado el tiempo de prisión necesario para acceder a la libertad condicional.
GR2 (Government): El tribunal reconoce que esta ampliación al doble del tiempo de prisión puede ser considerada onerosa, pero no forma parte de la pena en el sentido del artículo 7. El
GR2 (Government): tribunal declaró inadmisible la demanda por falta de fundamento.
GR2 (Government): Revisamos estos tres casos a título de ejemplo. En todas las demás sentencias, el tribunal
GR2 (Government): ha reiterado la misma jurisprudencia. Señoras y señores, en definitiva, en el caso
GR2 (Government): Cáscaris, por una reforma legal aplicada retroactivamente, el demandante pasó de cumplir 20 años de prisión a cadena perpetua. En Utley, una reforma legal aplicada retroactivamente
GR2 (Government): dobló el tiempo de prisión necesario para acceder a la libertad condicional. En Hockben,
GR2 (Government): bastó una declaración del ministro del Interior para que se pasara de cero a 20 años de prisión por requisito para acceder a la libertad condicional. En todos estos casos, el tribunal entendió
GR2 (Government): que estábamos en el ámbito de la ejecución y no de la pena.
GR2 (Government): En el caso del Río, no ha habido reforma legal que se haya aplicado retroactivamente.
GR2 (Government): Ha habido una sentencia del Tribunal Supremo, confirmada por 25 sentencias del Tribunal Constitucional, que ha establecido jurisprudencia sobre cómo deben interpretarse las normas vigentes al tiempo de los hechos relativas a la ejecución de las penas impuestas.
GR2 (Government): En España no puede entender por qué en este caso la sección se ha apartado de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sobre el cambio en la práctica que produjo
GR2 (Government): la sentencia de 2006, y contestando a la demandante, quiero señalar al tribunal que, por supuesto, en el caso Cáscaris, en el caso Hopkins y en el caso Utley también hubo un cambio en estos casos de legislación. Había casos anteriores que tenían derecho a salir en libertad antes
GR2 (Government): de las penas, y, sin embargo, el cambio fue considerado por el tribunal que no estaba dentro del ámbito del artículo 7 del convenio. En cada una de sus sentencias, este tribunal
GR2 (Government): europeo ha reiterado los criterios para distinguir entre pena y su ejecución. Aplicando estos
GR2 (Government): criterios a la redención de penas por el trabajo, el resultado es siempre el mismo.
GR2 (Government): Estamos ante una medida relativa a la ejecución de la pena. La redención de penas no se impone
GR2 (Government): en la sentencia condenatoria, sino que resulta de la conducta del interno durante el cumplimiento de las penas. El propósito de la medida es permitir el adelantamiento de la fecha de
GR2 (Government): puesta en libertad antes de cumplir las penas impuestas. El procedimiento para su otorgamiento
GR2 (Government): es el típico de una medida de ejecución. La remisión de penas por el trabajo nunca
GR2 (Government): puede suponer el alargamiento de las penas impuestas, que se mantienen exactamente igual que como las fijó el juez sentenciador. La sentencia del Río erróneamente considera
GR2 (Government): que la jurisprudencia de la sentencia de 2006 supuso un incremento en el tiempo de prisión que la demandante debía cumplir. Este, con todos los respetos, es un grave
GR2 (Government): error. El método de cálculo de la redención no alteró ni las penas impuestas ni el límite
GR2 (Government): máximo de cumplimiento, que desde el primer momento permanecieron exactamente iguales.
GR2 (Government): La demandante está cumpliendo las penas impuestas en sentencias firmes hasta el límite de 30 años que fijaba el Código Penal de 1973. Tal y como se le informó en las propias sentencias
GR2 (Government): condenatorias, en el auto de 2000 y en el auto firme de 2001. Este auto precisó que
GR2 (Government): el 27 de junio de 2017 sería la fecha de puesta en libertad de la demandante. Y la
GR2 (Government): demandante estuvo de acuerdo con este auto, ya que no lo recurrió. Por tanto, no ha habido
GR2 (Government): un alargamiento de las penas impuestas, que han permanecido exactamente las mismas que se impusieron en las sentencias condenatorias. En relación con la previsibilidad, también
GR2 (Government): aquí la sentencia de la sección se aparta de la jurisprudencia previa del tribunal.
GR2 (Government): Nunca la jurisprudencia de este tribunal ha extendido el requisito de la previsibilidad a la forma en que se aplica una medida de ejecución de la pena. La previsibilidad solo
GR2 (Government): se ha extendido a los delitos y a las penas. ¿O es que en el momento de cometer sus delitos
GR2 (Government): la delincuente puede prever el adelantamiento de la libertad condicional, el otorgamiento de permisos carcelarios, el otorgamiento de un régimen de cumplimiento en semilibertad, el otorgamiento de indultos o de redenciones por buenas conductas?
GR2 (Government): Al tiempo de cometer los delitos, estas circunstancias son rigurosamente imprevisibles. Esto es así
GR2 (Government): en España y en cualquier otro país, y así lo ha entendido siempre la gran sala. Además,
GR2 (Government): la sección impone a España una concepción del precedente, típico del common law, pero totalmente ajeno al sistema continental que rige en España. En el sistema español los
GR2 (Government): tribunales pueden apartarse motivadamente del precedente, como hizo la sentencia de 2006.
GR2 (Government): La sección entendemos que no ha respetado aquí el margen de apreciación del Estado en la aplicación del convenio, que debe hacerse con respeto a cada sistema jurídico. ¿Es
GR2 (Government): que acaso no es función del Tribunal Supremo de un país corregir una interpretación errónea de la ley que realizan los tribunales inferiores? Si no se le permite ejercer esta función,
GR2 (Government): ¿en qué queda el papel del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley? ¿Debe
GR2 (Government): el Tribunal Supremo aceptar sin más una práctica errónea y manifiestamente injusta, simplemente porque se ha aplicado antes? Sencillamente no. El Tribunal Supremo puede y debe corregir
GR2 (Government): una interpretación de la ley errónea, radicalmente injusta y que se aparta del texto de la norma, en una cuestión que además se refiere a la forma de ejecución de la pena y no a las penas impuestas, que fueron siempre las mismas. En la sentencia Estrelles, Kessler y Krenz
GR2 (Government): contra Alemania, la Gran Sala declaró que no vulneraba el artículo 7 del convenio, un radical cambio de jurisprudencia, realizado mucho después de los hechos, y que recaía sobre la interpretación de lo que era y no era delito, ya que la Gran Sala aprecia que la nueva interpretación era más consistente con el espíritu de la ley. Si esto es así
GR2 (Government): para la interpretación de lo que es delito, ¿cómo el Tribunal Supremo no va a poder interpretar las normas relativas a la ejecución de la pena? Sentando una interpretación más
GR2 (Government): razonable y coherente con el texto de la ley aplicada.
GR2 (Government): Por último, la sentencia del Río comete un error al fijar la fecha en que debe hacerse el juicio de previsibilidad. El principio de legalidad se construye para que el delincuente,
GR2 (Government): cuando comete los hechos, pueda conocer si son constitutivos de delito y la pena que la ley fija para estos delitos. El momento relevante, por lo tanto, para que la demandante
GR2 (Government): pudiera hacer su previsión es entre 1982 y 1987. En esas fechas no existía ninguna
GR2 (Government): resolución del Tribunal Supremo que pudiera hacer albergar esperanzas a la demandante de que se aplicara la redención sobre el límite máximo y no sobre las penas impuestas.
GR2 (Government): Las expectativas que puedan generarse a posteriori durante el cumplimiento de las penas carecen de toda relevancia a efectos del artículo 7 o del artículo 5 del convenio. Nuevamente,
GR2 (Government): únicamente se refieren a medidas de ejecución de la pena y no a la pena misma. En relación
GR2 (Government): con el artículo 5 del convenio, la sentencia del Río consideró vulnerado este artículo únicamente como consecuencia de la vulneración del artículo 7. Lea en el párrafo 74 de
GR2 (Government): la sentencia del Río en el que esto resulta absolutamente claro. Por tanto, justificado
GR2 (Government): que no se ha vulnerado el 7, tampoco lo habría sido el 5.
GR2 (Government): De hecho, la sentencia de la sección no plantea cuestiones diferentes desde la perspectiva del artículo 5 que las ya analizadas desde el artículo 7. La demandante ha citado el
GR2 (Government): caso Grava, en el cual Italia fue condenada por una vulneración del 5, pero no del 7.
GR2 (Government): Sin embargo, no hay ninguna analogía entre este caso y el caso del Río Prada. En el
GR2 (Government): caso Grava fueron los propios tribunales internos quienes reconocieron, después de que el demandante hubiera cumplido todas las penas, que debió haber salido de prisión antes de la fecha de cumplimiento. Ante este reconocimiento de los propios tribunales
GR2 (Government): internos, el Tribunal Europeo dijo que, obviamente, el tiempo que mediaba entre la efectiva puesta en libertad y el momento en que debió haber salido estuvo privado ilegítimamente de libertad.
GR2 (Government): Esto no tiene nada que ver con el caso del Río, en el cual, desde el primer momento, todos los tribunales fijaron la fecha de puesta en libertad en 2017.
GR2 (Government): En relación con los artículos 46 y 41 del convenio, me voy a remitir a lo que ya dijimos en nuestras alegaciones, incidiendo en que, en relación con el artículo 46, en M contra Alemania y en Kafkaris no hubo un uso a esta facultad excepcional del tribunal. Además,
GR2 (Government): no procede otorgar indemnización a una condenada en procesos justos por 132 asesinatos, en el caso Kafkaris, así lo entendió la Gran Sala.
GR2 (Government): Señoras y señores, la jurisprudencia de 2006 se ha aplicado a terroristas, pero también se ha aplicado a los mayores delincuentes que conocen nuestras democracias. GR, condenado
GR2 (Government): por 74 violaciones, RT, condenado por la violación y el asesinato de tres niñas, en un crimen que sigue conmoviendo a todo el país. Y así hasta 37 casos de los más peligrosos delincuentes
GR2 (Government): que saldrían en libertad sin cumplir sus penas y sin rehabilitar.
GR2 (Government): Señoras y señores, uno nunca puede ser igual a 132. Nadie puede entender que 132 asesinatos
GR2 (Government): eran igual que uno. La política penitenciaria de ningún Estado puede ser ajena a este hecho.
GR2 (Government): Por todas estas razones, el Gobierno de España solicita a la Gran Sala que dicte una sentencia en la que revoque la sentencia dictada por la sección tercera de 10 de julio de 2012 por ser contraria al convenio y a la jurisprudencia del tribunal, declarando que no había violación alguna del convenio. Muchas gracias, señor presidente.
GR2 (Government): Gracias, señores jueces del tribunal.
Dean Spielmann (JudgeP): Merci, M. Salama.
Dean Spielmann (JudgeP): Je me tourne maintenant vers mes collègues juges.
Dean Spielmann (JudgeP): Est-ce qu'il y a une question?
Dean Spielmann (JudgeP): Le juge Lemmens, s'il vous plaît.
Paul Lemmens (Judge): I would like to ask two questions to the government.
Paul Lemmens (Judge): And the first question relates to the current situation of the applicant.
Paul Lemmens (Judge): The applicant, we know what her situation is with respect to the remission of her sentence.
Paul Lemmens (Judge): But I would like to know what the situation now is with respect to the days that she has worked.
Paul Lemmens (Judge): Do they have any effect on the duration of her sentence?
Paul Lemmens (Judge): Could that play a role with respect to a conditional release or in any other way?
Paul Lemmens (Judge): That's my first question.
Paul Lemmens (Judge): And the second question is about the point that was raised by you just at the end of your oral argument.
Paul Lemmens (Judge): If the judgment of the chamber would be confirmed by the grand chamber, what would be the concrete effects, not only for the applicant, but also for other prisoners currently detained in Spain?
Paul Lemmens (Judge): How many prisoners are affected?
Paul Lemmens (Judge): And what would be the effect, the concrete effect?
Dean Spielmann (JudgeP): Merci.
Dean Spielmann (JudgeP): D'autres questions?
Dean Spielmann (JudgeP): Telle ne semble pas être le cas, donc je propose qu'on suspend l'audience pendant un quart d'heure et on va continuer l'audience vers 10h45, après près, donc 10h45 pour permettre aux parties de répliquer et de répondre aux deux questions qui ont été posées.
Dean Spielmann (JudgeP): Je vous prie de vous asseoir. L'audience est reprise.
Dean Spielmann (JudgeP): Je donne la parole à Maître Mark Muller.
AP3 (Applicant): Mr. President, if I may just reflect upon the two questions that the LernerJet posed
AP3 (Applicant): to the government.
AP3 (Applicant): As we understand the position, the applicant will have a lost all right to remission completely as a consequence of the government's legal argument.
AP3 (Applicant): Secondly, that in respect of the effect of this court's ruling, if it upheld the section judgment, I'm told that the Home Affairs Minister of Spain told his parliament that if the parrot doctrine was not revoked, or was revoked, they would still have room for, and I quote, legal engineering.
AP3 (Applicant): So perhaps that's a matter of clarification for the government, but that is the position, the public position, uttered by the Home Affairs Minister in parliament.
AP3 (Applicant): If I may just take this opportunity to reply to a number of the government's comments, and then I'm going to ask briefly Mr. Swaroop and Mr. Ivers to deal with the case law that
AP3 (Applicant): was commented upon.
AP3 (Applicant): First point I want to make is this.
AP3 (Applicant): I'm extremely grateful to my learning friend on behalf of the government for setting out so clearly what is the overriding motivation of the parrot ruling.
AP3 (Applicant): He made it absolutely clear that as far as the government of Spain is concerned, and I quote, there was an erroneous practice that was manifestly unjust, and simply because it was previously applied, it cannot stand.
AP3 (Applicant): The practice was manifestly unjust, it cannot stand that one murder is equivalent to 132.
AP3 (Applicant): There can be no clearer indication that the purpose of the parrot ruling was in relation to punishment, and that it had decided in effect that the previous practice and the previous sentences imposed, including how remission applied to them, could not stand from a point of view of the penalty, not simply the execution.
AP3 (Applicant): Secondly, he claims on behalf of the government that the law was clear since 1870, and that the applicant, and I quote, is seeking to mislead the court upon a very clear matter.
AP3 (Applicant): And yet in the same breath, he tells this court that it took 15 Supreme Court judges to gather in order to overturn a clear and admitted on their own submissions administrative prison and judicial practice.
AP3 (Applicant): The third section set out that on any view, what was clear and formally sufficiently accessible was the previous practice.
AP3 (Applicant): What was not clear was the departure from precedent.
AP3 (Applicant): We now have the reason why, because a decision was taken in respect of applying a harsher penalty to the previous practice.
AP3 (Applicant): In respect of the submission that Article 5 was somehow found to be a breach simply as a consequence of Article 7, I would ask this court to reread the very paragraph that my learning friend for the government points you to, to paragraph 74.
AP3 (Applicant): This section did not simply state that we find a breach under Article 5 merely because we found one under Article 7.
AP3 (Applicant): It effectively applied the quality of law test to Article 5 and found as a consequence of its factual findings that also related to Article 7, a breach was likewise to be declared.
AP3 (Applicant): And so, in my respectful submission, the point that my learning friend Mr. Swaroop and others
AP3 (Applicant): have made remains clear.
AP3 (Applicant): The government has fundamentally failed to address the case under Article 5 and the reason why is because it simply maintains its execution and penalty distinction before this court in respect of Article 7, but it has no case under Article 5 whatsoever.
AP3 (Applicant): As regards the margin of appreciation, we submit that in respect of Article 7, whose prohibitions are without qualification, the margin of appreciation is not to be applied to those unconditional rights in the same way as they might be applied to conditional rights and certainly not in relation to an important matter as this.
AP3 (Applicant): And then lastly in terms of precedent, I refer you to paragraph 63 of our submissions which clearly sets out our response to the government's suggestion that somehow the section departed from the ordinary course as to how it treated precedent.
AP3 (Applicant): It did no such thing.
AP2 (Applicant): The government said that we had not referred to the relevant case law on the penalty execution distinction.
AP2 (Applicant): That is not right.
AP2 (Applicant): We addressed the case law in some detail in our written submissions.
AP2 (Applicant): Moreover, in my oral presentation, I specifically framed our position by reference to the case law.
AP2 (Applicant): I referred by way of example to the Utley case, and I explained why, on the facts of our case, the penalty was redefined, and why the nature and purpose of that redefinition was punitive.
AP2 (Applicant): None of the cases which the government relies on involve a redefinition of the penalty.
AP2 (Applicant): In Utley, the penalty remained the same.
AP2 (Applicant): All that changed was the regime for early release.
AP2 (Applicant): In Hogben, the penalty remained the same.
AP2 (Applicant): All that changed was parole policy.
AP2 (Applicant): In Cafcaris, what the government failed to explain was that the Article 7 claim actually succeeded.
AP2 (Applicant): It succeeded because the penalty was never properly defined or clearly defined in the first place.
AP2 (Applicant): It was on that premise that the court went on to hold that there had not been a retrospective change in the penalty.
AP2 (Applicant): It is, with respect, the government that has referred to the case law without making any reference to the facts of the case or to our analysis of the case, and the facts which we say is the correct analysis.
AP2 (Applicant): I now hand over to Mr Ivers.
AP1 (Applicant): I'm just picking up from that.