TrustHLT/LaCour huggingface dataset:
Guido Raimondi (JudgeP): S'il n'y a pas d'autres questions, la Cour va maintenant se retirer pendant 25 minutes.
Guido Raimondi (JudgeP): Après quoi, les partis pourront présenter des brèves observations en réponse aux plaidoiries adverses et répondre aux questions des juges.
Guido Raimondi (JudgeP): Et la parole est à maître González Espada.
AP1 (Applicant): Señor presidente, distinguidos miembros del tribunal, para pasar a responder a las preguntas que nos han formulado. En primer lugar, la pregunta formulada por
AP1 (Applicant): la distinguida señora Angélica Nussberger, de Alemania, acerca de la posibilidad de protección que tenían las trabajadoras ante la Agencia Europea de Protección de Datos, debemos señalar que el juzgado competente o el organismo competente en el Reino de España para los despidos de los que habían sido objeto, porque realmente el perjuicio que habían tenido las trabajadoras había sido, evidentemente, el despido y la pérdida de su empleo, el organismo competente era el juzgado de lo social. Allí es donde tenían que hacer la reclamación contra el
AP1 (Applicant): despido y en ese procedimiento social, ante el juzgado de lo social, es donde se podía y se debía, se puede y se debe realizar cualquier denuncia en relación con los despidos, incluyendo, por tanto, cualquier denuncia relativa a la vulneración de la ley orgánica de protección de datos y cualquier vulneración en este sentido. Por tanto, el juez social es el único
AP1 (Applicant): que tiene la competencia y tiene una visa atractiva, una capacidad de atraer cualquier denuncia de cualquier norma que tenga relación con los despidos, incluyendo, por tanto, la ley de protección de datos en relación con los despidos, insisto.
AP1 (Applicant): La Agencia Española de Protección de Datos, lo único que podría llegar a realizar es imponer una multa económica, una multa administrativa a la empresa empleadora, pero, claro, una simple multa no implicaba ni la readmisión de las trabajadoras, ni una indemnización por despido y ni siquiera una indemnización por daños y perjuicios por la violación del derecho fundamental que las trabajadoras reclamaban. Y esto es lo que las trabajadoras
AP1 (Applicant): pedían y esto es lo que podían y solicitaron, de hecho, al juzgado de lo social.
AP1 (Applicant): Por otra parte, la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos realmente no tendría ningún efecto vinculante ante la decisión de ningún juzgado, ni siquiera el juzgado penal. Evidentemente, si hay una denuncia ante la Agencia Española de Protección
AP1 (Applicant): de Datos sí que tendría algún efecto, el juez debería valorar la existencia de esta denuncia, pero no es vinculante. Evidentemente, el juez tendrá capacidad incluso
AP1 (Applicant): para juzgar, incluso más allá de la valoración que hiciera la Agencia Española de Protección de Datos sobre la posible violación que tendría la violación realizada por la empresa. Espero
AP1 (Applicant): que con esto esté la pregunta correctamente respondida.
AP1 (Applicant): En segundo lugar, respecto a las preguntas realizadas por la distinguida señora María de los Egui, representante de España, efectivamente la empresa mercadona perdió el procedimiento penal. Lo perdió en el sentido de que, en primer lugar, en el mes de julio de 2011,
AP1 (Applicant): el juzgado de instrucción número 1 de Granollers convirtió el procedimiento de diligencias previas para investigar un delito a juicio de faltas, porque consideraba que no existía ningún indicio de delito, sino que, como máximo, podría valorarse la simple existencia de una simple falta. Y, posteriormente, en septiembre de 2011, como consecuencia de que
AP1 (Applicant): ya no se estaba hablando de ningún posible delito, sino, como máximo, de una presunta falta, acabaron archivando el tema por prescripción de los hechos, en tanto que estos hechos solo podrían ser constitutivos de una simple falta. Por tanto, perdió efectivamente el procedimiento
AP1 (Applicant): penal porque se archivó sin ni siquiera llegar a celebrar ningún juicio, ni siquiera de faltas y, por tanto, sin ninguna sentencia condenatoria.
AP1 (Applicant): Acerca de la pregunta sobre cuántas personas trabajaban en el centro de trabajo, tenemos que comentar que la empresa Mercadona es una de las principales empresas españolas dedicadas al sector de los supermercados, digamos, de distribución de venta de alimentación. Es
AP1 (Applicant): una de las empresas líderes de ese sector en el Estado español. Realmente, sinceramente,
AP1 (Applicant): no sabemos…, primero, no sabemos cuánta gente trabaja a nivel de Estado español y, dentro del centro de trabajo, bueno, está considerada como una gran superficie. Sinceramente,
AP1 (Applicant): tampoco tenemos el dato de cuántas personas trabajaban en este centro de trabajo. Solo
AP1 (Applicant): podemos comentar que yo mismo defendí a varias trabajadoras, las demandantes en el actual procedimiento, algunas otras, cuatro personas más, que también fueron despedidas y que decidieron no acudir a este Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, además de las trabajadoras
AP1 (Applicant): que yo defendía, había otras, varias personas despedidas, que ya fueron despedidas por otros abogados, pero sí que tengo constancia de que había otras personas también despedidas en circunstancias similares. Debemos también hacer constar lo siguiente,
AP1 (Applicant): y es que las demandantes, las cinco demandantes, no todas eran cajeras. Había cajeras y había,
AP1 (Applicant): por ejemplo, una de las trabajadoras era frutera, estaba en la sección de frutería del supermercado, y otra de las trabajadoras estaba en la sección de pescadería del supermercado. Y, bueno,
AP1 (Applicant): fueron despedidas, digamos. Siguiendo con las preguntas de la distinguida
AP1 (Applicant): señora Elosegui, acerca de la información de las cámaras en el área de clientes, comentar que lo único que existía era un simple cartel, un simple letrero genérico sobre las cámaras invisibles, que eran las cámaras que enfocaban exclusivamente a los accesos de entrada y salida del establecimiento. Ahora bien, tanto en el juzgado de instrucción
AP1 (Applicant): como en el juzgado social, tanto la representación de la empresa como los testigos destacaron que lo único que se llegó a notificar, y en realidad lo único que estaba cubierto por esta notificación, eran estas cámaras visibles. Las cámaras ocultas estaban fuera
AP1 (Applicant): de esta información, digamos, genérica. De todos modos, este letrero genérico que
AP1 (Applicant): existía realmente no cumple con los requisitos del artículo 5.1, apartado a, en el sentido
AP1 (Applicant): de que no existía tampoco una información genérica precisa, ni mucho menos especificaba la posible finalidad de los datos y de las grabaciones que existían. Simplemente era
AP1 (Applicant): una notificación genérica de que había unas cámaras y ya está, y para colmo esas cámaras solo se referían a las entradas de acceso. Y, evidentemente, no era ni una
AP1 (Applicant): notificación ni precisa ni exacta ni informaba sobre la finalidad de estos datos.
AP1 (Applicant): Sobre… Continuando con las preguntas de la señora López, sobre si los hechos se llegaron a aprobar en el proceso penal o en el proceso social. Como ya he comentado, en
AP1 (Applicant): el proceso penal, en el juzgado de instrucción, se transformó el procedimiento a juicio de faltas y no se llegó a celebrar ningún juicio de faltas, porque se declaró extinguida la posible responsabilidad criminal que tuvieron las trabajadoras y, por tanto, se archivó la causa sin celebrar ningún juicio. Por tanto, si no se celebró ningún juicio, no
AP1 (Applicant): se llegaron…, no llegó a producirse la vista, el acto en que estas pruebas pudieran practicarse. Respecto del proceso social, lo que debemos
AP1 (Applicant): señalar es que, en los hechos probados de la sentencia de instancia del juzgado social número uno de Granollers, que después fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo único que hacía era una simple referencia genérica a la carta de despido, al texto literal de la carta. De hecho, una de las quejas de entre las muchas
AP1 (Applicant): alegaciones que hicimos en nuestro recurso de suplicación presentado contra estas sentencias es que la jueza no llegó a valorar de forma concienzuda los hechos probados. Lo único
AP1 (Applicant): que decían las sentencias era una copia literal de la carta de despido, con los hechos que es tal cual, una simple copia literal, y hacer después una simple referencia genérica.
AP1 (Applicant): Es decir, de lo que nos quejábamos, y esto lo hicimos constar en nuestro recurso de suplicación, es que la magistrada de instancia, la magistrada del juzgado social número uno de Granollers, no llegó a hacer un análisis de la prueba para ver, hecho por hecho, dato por dato, cuáles de tales hechos estaban realmente acreditados por las pruebas que se llegaron a practicar en el juzgado social. Y esta es una alegación que se desestimó por parte
AP1 (Applicant): del Tribunal Superior de Justicia, eso es cierto, pero, bien, es una alegación que realmente hicimos y es una queja que elevamos al tribunal.
AP1 (Applicant): Finalmente, sobre el hecho de si los acuerdos de transacción supusieron una falta de acceso, como ya sabemos, una falta de acceso a la jurisdicción, en esta pregunta también es coincidente con la pregunta que nos formó el distinguido señor John Friedrich de Dinamarca.
AP1 (Applicant): En las sentencias de instancia del juzgado social de Granollers y, posteriormente, también del Tribunal Superior de Justicia, hacen la siguiente operación o el siguiente arraigamiento.
AP1 (Applicant): Sí que pudieron acudir, en el sentido de que, efectivamente, pudieron presentar una demanda y acudieron a un juicio, se celebró un juicio. Las tres trabajadoras que firmaron
AP1 (Applicant): esos acuerdos acudieron a un juicio y se celebró un juicio, y luego pudieron recurrir al Tribunal Superior de Justicia y, posteriormente, al Tribunal Supremo e incluso al Tribunal Constitucional.
AP1 (Applicant): Ahora bien, también es cierto que, a pesar de que físicamente sí que pudieron presentar esta demanda y sí que pudieron celebrar un juicio en relación con sus alegaciones, la sentencia lo que dijo respecto a estas tres trabajadoras que habían firmado los acuerdos de transacción es lo que en España entendemos como una excepción de falta de acción. Falta
AP1 (Applicant): de acción significa que la magistrada del juzgador social número uno de Granollers consideraba que, al haber firmado esos documentos y al haber renunciado a la acción, consideraba que no debía entrar a valorar el fondo de la cuestión. Por tanto, el fondo de la cuestión
AP1 (Applicant): solo lo llegó a valorar respecto de las dos trabajadoras que no firmaron esos acuerdos de transacción y simplemente se abstuvo de entrar en el fondo de la cuestión respecto de las tres que sí firmaron. Y esto nuevamente fue objeto de protesta y de queja ante el
AP1 (Applicant): Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, considerando que debía entrar en el fondo y, además, relacionado con la pregunta anterior de la señora María Elosegui, consideramos que debía hacer un análisis pormenorizado de las pruebas practicadas respecto a los hechos concretos, que, en nuestra opinión, no se produjo respecto a las tres trabajadoras que firmaron los acuerdos de transacción. Por último, sobre la pregunta del señor
AP1 (Applicant): Robert Espano, de Islandia, acerca de si es posible afirmar de una forma automática, para entendernos, que el mero incumplimiento del artículo 5.1, apartado a, de la ley de
AP1 (Applicant): protección de datos –esto siempre va a suponer una violación del artículo 8 del convenio–, en nuestra opinión, por lo menos en este caso concreto, entendemos que sí, pero no por la simple automaticidad de este incumplimiento, sino por el razonamiento que hemos explicado antes en nuestra exposición oral, que es el siguiente. El hecho de que
AP1 (Applicant): las cámaras estuvieran ocultas las está privando de la información. El privarse de
AP1 (Applicant): esta información…, esto no es únicamente el simple hecho de no saber que las estaban grabando, sino que el no saber de que las estaban grabando implica, además, una auténtica falta de control, una pérdida de control de qué está sucediendo y no puede ni siquiera actuar contra el posible abuso ni ejercer cualquier otro derecho reconocido en la ley de protección de datos. Y esto, por tanto, implica una pérdida total de control de su
AP1 (Applicant): intimidad. Es en este sentido por lo que consideramos que la falta de notificación de las cámaras
AP1 (Applicant): implica una violación del artículo 8 del convenio, porque realmente implica una pérdida de control acerca de la privacidad, que entendemos que es precisamente lo que está protegiendo el artículo 8 del convenio. No es únicamente una simple violación automática de que la
AP1 (Applicant): mera violación de la ley implica automáticamente una violación del artículo 8 del convenio.
AP1 (Applicant): Es una cosa de mayor gravedad y, por este motivo, por esta pérdida de control sobre la propia esfera privada de la intimidad y de la privacidad, es lo que provoca la violación del artículo 8 del convenio. Y, bien, si no me equivoco, creo que estas
AP1 (Applicant): son todas las preguntas realizadas en esta parte demandante. Si me he dejado alguna,
AP1 (Applicant): luego me la hagan saber, pero yo creo que estas son todas las cuestiones que nos han sido referidas. Muchas gracias por su atención nuevamente.
GR2 (Government): Thank you very much, Mr. President.
GR2 (Government): We will begin then with, first of all, the question proposed by Honorable Judge Niels Berger.
GR2 (Government): Regarding the fines imposed by the Data Protection Agency, we will say that it was the Data Protection Agency which issued the instruction interpreting data protection law of Spain, saying that the communication to the employees was necessary in this environment.
GR2 (Government): And therefore, the Data Protection Agency has been very serious in establishing heavy fines whenever breach of data protection in this environment has happened.
GR2 (Government): Inter alia, we can tell you, and we will send you afterwards, the last resolution in this vein is resolution number 517 of April 2018, in which a company, while it was negotiated with the representative of the workers about a specific plan due to crisis, gave to the trade union representatives a pen drive which included personal data of workers without their previous consent.
GR2 (Government): Therefore, the agency considers there has been a violation of data protection law and imposes to the company a fine of 15,000 euros, which is accepted by the company itself.
GR2 (Government): And this is proof, among others, of such enforcement.
GR2 (Government): Secondly, regarding the possibility to go to the civil bench of the jurisdiction to claim damages in cases of breach of data protection law that may entail a breach of the right to privacy and personal image, we can cite among inter alia also the judgment of the Supreme Court, the Tribunal Supremo, the civil bench, 609 slash 2015 of 12th November, which states and gives an indemnification of 30,000 euros to a worker who had complained because of the fact that his former employer had transferred, in breach of data protection law, personal data to the new employer regarding why there had been some misunderstandings between the last employer and there had been a dismissal.
GR2 (Government): We will also send this judgment to you.
GR2 (Government): Regarding why the employer, the supermarket owner, did not notify the representative of the workers of the deployment of the cameras, well, we really don't know which are the reasons of the company because we do not represent the company, but only represent here the labor judiciary in what they did.
GR2 (Government): But in any case, as Mr. Honorable Justice Spano
GR2 (Government): has noticed, we accept that they didn't comply with an obligation deriving from data protection law, which was to communicate that the cameras were going to be directed to the cashiers, to the workers, and to the representative of the workers.
GR2 (Government): Although we must point out that this does not automatically imply that there was a breach of Article 8 of the Convention because there is not a symmetry between the existence of a breach of data protection law and automatically imply a breach of the right to privacy.
GR2 (Government): As we will develop later on the answer to other questions.
GR2 (Government): Secondly, we will answer to the question posed by Honorable Judge El-Ossegi.
GR2 (Government): In the sense, the first question she poses is that what is the number of cashiers and what the number of employees?
GR2 (Government): Well, we do not know the exact number, but we have furnished the court with a complete criminal proceedings bundle of documents in which there is a concrete list of the employees which participated in the thefts.
GR2 (Government): It were the employees who either worked as cashiers or passed through the cashier's post and were in connection with the cashier in order to steal goods.
GR2 (Government): So the number of employees which were affected with the dismissals was quite reduced if compared with the total number of employees.
GR2 (Government): Because as the lawyer of the applicants has said, this is a big supermarket and a lot of people work on it.
GR2 (Government): And only a limited number of employees were affected.
GR2 (Government): Although we know that the losses amounted to 80,000 euros in a span of four months.
GR2 (Government): Secondly, she asks why the labor judge accepts the proof which would not comply with the obligation to communicate previously to the workers and the worker representative of the deployment of the cameras according to Article V of data protection law.
GR2 (Government): And the answer can be found in a judgment of the Constitutional Court of Spain, which specifically deals with a case which is identical to this one.
GR2 (Government): In concrete, it's judgment of the Constitutional Court 39 slash 2010 regarding a case of the Thara magazine workers, which is exactly the same as this one.
GR2 (Government): And then the Constitutional Court says that it might be right to say that there might have been an administrative noncompliance with the data protection law when not communicating to the workers or the representative of the workers, which might be true.
GR2 (Government): But this only entails a problem with the breach of the right of privacy if the acts which have been captured or the way in which the acts are captured are against in itself, contrary to the dignity of the human being, as it is provided for in Article 23 of the Statute of the Workers.
GR2 (Government): As we have said, so it is not all infractions of data protection law entail automatically a violation of the right to privacy.
GR2 (Government): You have to take into account that the scope of the exam by the labor courts is very limited.
GR2 (Government): It's only to determine whether the good faith in the relationship between the worker and the employee has been broken or not.
GR2 (Government): And it is only in this concrete scope that the means of proof were being examined.
GR2 (Government): For example, a clear example of the difference of a scope between data protection law and a specific violation of the right of privacy, we can found it, for example, in a case where in the street someone plants a camera without establishing some notice that he's been recording people who are passing by, and someone plants a bomb.
GR2 (Government): And then that evidence is used by the criminal bench in order to determine who is responsible for planting the bomb.
GR2 (Government): Then, of course, there has been an infraction of data protection law.
GR2 (Government): But that does not mean that the evidence gathered in public, while someone is committing an illegal act, cannot be used by the criminal bench of the judiciary when adjudicating on the criminal responsibility of a person.
GR2 (Government): The third question by Honorable Judge Lossig is about if there was possibility to challenge the means of proof by the applicant representative.
GR2 (Government): We must say that, first of all, the legal representative of the workers knew of the whole video footage even before they were convened by the legal representative of the employer in order to dismiss these workers.
GR2 (Government): Afterwards, they knew of the video footage, and they could ask access to it.
GR2 (Government): And they also had a copy of the expert report, which compared some images of the video footage with the accountancy documents.
GR2 (Government): And they had knowledge of that before the judgment, the oral hearing, before the labor court took place.
GR2 (Government): In fact, they saw and they were transmitted the expert report.
GR2 (Government): They formulated their appeals after having access to the expert report.
GR2 (Government): And it is clear that they made some appeals about the expert report in the labor court in first, second, and third instances and in the criminal bench of the judiciary.
GR2 (Government): In fact, one thing which should be said is that within the oral hearing in the labor court, the lawyers have the right to request a proof to be retired for not complying with the basic requirements for proof to be admitted.
GR2 (Government): And there is not such a claim formulated in the oral hearing whatsoever.
GR2 (Government): Finally, Honorable Judge El-Ossegi tells us about what happens in the Lege Ferenda in the new data protection law, which is being examined by the legislative right now, which says that the installation of camera, the video images resulting from installation of camera can be accepted even without consent or without communication if there is public notice that the recording is taking place.
GR2 (Government): We must say on this particular case several things.
GR2 (Government): First of all, our results from the criminal bundle of documents, several employees admit that before the cameras began to record, they were told that the cameras were going to be placed.
GR2 (Government): Although they, and it was because of the thefts that had been registered, but the employees were only said that this was because they were going to try to find whether the clients were those who committed the thefts.
GR2 (Government): They did not inform of the covert surveillance assumed on the cashier desk.
GR2 (Government): That is true.
GR2 (Government): But they knew that the thefts had motivated the company to be worried and to place this video recording.
GR2 (Government): And also, there were public signs, notices of such a recorder as it is required by data protection law.
GR2 (Government): The representative of the applicants were well aware of this because in the frame of the criminal proceedings, they requested the criminal judge to ask for the Spanish Data Protection Agency whether the company had complied with the obligation to communicate to the Spanish Data Protection Agency that the video footage was going to begin and what was the purpose.
GR2 (Government): And they received notice from the Spanish Data Protection Agency that the company had communicated that it was going to place video recording in order to provide for security of the shop.
GR2 (Government): And finally, we would like to reply to the insistence of the applicant's lawyer on his answer to Honorable Judge Friedrich Kepler of Denmark that the applicant raises again the point of the judgment he has furnished of the High Superior Court of Catalonia, which he knows for sure because we have provided the court with the further judgments that is an incomplete view of the thing.
GR2 (Government): After that judgment of the Superior Court of Catalonia, which only said that the agreement between the employer and the employee could not prevent the employee to challenge the fairness of the dismissal before the labor court, after that, there was another oral hearing in first instance in the labor courts.
GR2 (Government): The oral hearing took place.
GR2 (Government): And what the labor judge finally said is that effective access to the labor jurisdiction had to be ensured.