TrustHLT/LaCour huggingface dataset:
AP1 (Applicant): se instalaron, por el contrario, con vocación de permanencia, de que las cámaras se quedaran permanentemente instaladas. De hecho, el resto de la plantilla, las personas que no fueron
AP1 (Applicant): despedidas, ya saben, evidentemente, que sí que existen esas cámaras, pero saben que existen esas cámaras no porque haya habido una notificación correcta de la instalación de las cámaras, sino a raíz, precisamente, de este caso y a raíz del despido de sus cámaras. Evidentemente, no es hasta la forma de notificar previamente la instalación de
AP1 (Applicant): las cámaras. Y, sobre todo, lo más importante, la sentencia
AP1 (Applicant): Köpke contra Alemania se da gran importancia a la ausencia de una normativa específica, en aquel caso, que prohibiese el uso de vigilancia. Mientras en nuestro caso existe, como ya hemos
AP1 (Applicant): visto, una normativa específica y clara que fue violada claramente por la empresa, sin que los tribunales españoles hubiesen dado amparo a las demandantes frente a esta violación.
AP1 (Applicant): Sin excepción alguna, como hemos visto, la normativa española de protección de datos exige la información previa de la existencia de las cámaras y la finalidad de la grabación.
AP1 (Applicant): Del mismo modo, también tenemos que referirnos a la sentencia Barbulescu II contra Rumanía, una sentencia que, como ustedes saben, proviene de esta misma gran sala. Y debemos solicitar
AP1 (Applicant): a esta gran sala que se aplique la misma doctrina aplicada en el caso Barbulescu II respecto a este caso de la señora Rópez y rival de sus compañeras.
AP1 (Applicant): Se argumenta por la representante del Reino de España que la doctrina de la sentencia Barbulescu II no resultaría aplicable, porque en el caso actual, según dicen, la finalidad de la videovigilancia era hallar a las personas culpables de un presunto delito. Pero ante
AP1 (Applicant): esto no podemos compartir esta conclusión. Ya hemos indicado que la empresa ya denunció
AP1 (Applicant): penalmente a las demandantes y que el juzgado de instrucción ya declaró extinguida la responsabilidad penal en septiembre de 2011. Por tanto, esta decisión no fue recurrida
AP1 (Applicant): por la empresa. ¿Esto qué significa? Significa que la empresa realmente no presentó ningún
AP1 (Applicant): recurso para insistir en la persecución de este supuesto delito. Al revés, admitió
AP1 (Applicant): esta situación pacíficamente teniendo la posibilidad de recurrir. Por tanto, actualmente
AP1 (Applicant): no tenemos ninguna sentencia penal que condena a las demandantes por ninguna falta y por ningún delito. Y eso debe, en parte, insistimos, a la conducta de la empresa que no recurrió.
AP1 (Applicant): Debe destacarse, además, que no existe ninguna prueba de que la empresa tenía mayor protección ante los posibles hurtos si las cámaras eran ocultas. Por lo contrario, si las cámaras
AP1 (Applicant): hubiesen instalado respetando la ley y, por tanto, notificando previamente, tendrían un efecto preventivo y disuasorio, evitando los hurtos, evidentemente, y respetando, además, la intimidad y la privacidad de las trabajadoras. Por el contrario, en este caso concreto, las
AP1 (Applicant): cámaras ocultas no sirvieron para demostrar la culpabilidad de las trabajadoras, porque, insistimos, no se ha llegado a celebrar ningún juicio ni se ha llegado a demostrar la culpabilidad en ningún juicio. Se llegó a extinguir la responsabilidad penal de las trabajadoras.
AP1 (Applicant): Por tanto, en la supuesta finalidad que era demostrar la culpabilidad de un posible delito, esto no se ha producido, no se ha llegado a demostrar esta culpabilidad porque no existe ninguna sentencia penal que las condene y, en cambio, lo que se ha causado es una importante violación de la intimidad de las trabajadoras y de la privacidad de las trabajadoras.
AP1 (Applicant): Antes de terminar este apartado referido a la violación del artículo 8 del convenio, debemos señalar que lo que se está discutiendo aquí, como ustedes saben perfectamente, es de enorme importancia para garantizar el cumplimiento del artículo 8 del convenio, no solamente en este caso concreto, sino en general para todos los países que son miembros del Consejo de Europa. Vivimos en un tiempo, como ustedes saben,
AP1 (Applicant): en el que la tecnología actual permite de forma muy rápida y muy sencilla unas posibilidades de control, de vigilancia y de intromisión en la vida privada de las personas que no tiene precedente alguno en la historia. Esto es especialmente delicado, como ya hemos visto,
AP1 (Applicant): en el ámbito de una relación laboral, donde la relación laboral ya es especialmente desequilibrada por su propia naturaleza contra las trabajadoras, debido al control que la propia empresa puede ejercer respecto a las trabajadoras, sin tener que pedir su consentimiento.
AP1 (Applicant): Por tanto, es necesario ante este desequilibrio limitar el poder de las empresas y el poder de someterlas a su control. Y esto pasa por exigir siempre y en todo caso la notificación
AP1 (Applicant): previa de estas medidas de vigilancia y de control. ¿Por qué? Porque el conocimiento
AP1 (Applicant): es poder. Y si el conocimiento es poder, si las trabajadoras o los trabajadores conocen,
AP1 (Applicant): tienen esta información de que están siendo vigilados y que sus datos están siendo tratados, pueden ejercer cualquier otro derecho relacionado con esto y pueden realizar medidas en contra del abuso de este control. Si no conocen estas medidas de control, evidentemente, no pueden
AP1 (Applicant): ejercer ningún tipo de derecho. Por tanto, lo que se está pretendiendo aquí, lo que
AP1 (Applicant): estamos solicitando, es que se cumpla esto que esta propia gran sala ha dicho en la sentencia Barbulescu II contra Romanía, que es evitar que el poder de control de la empresa pueda reducir la privacidad de los trabajadores a cero.
AP1 (Applicant): Y para ello también es necesario recordar que no es tampoco competencia –entendemos nosotros con todo nuestro respeto– de este alto tribunal el juzgar sobre la culpabilidad o la inocencia de las trabajadoras ante unos presuntos hurtos. Esto, en todo caso, será
AP1 (Applicant): competencia de los juzgados penales del Reino de España, que ya tomaron una decisión al respecto. Por lo contrario, limitar el debate o desviar el debate hacia la posible culpabilidad
AP1 (Applicant): o inocencia de las trabajadoras ante los posibles hurtos implicaría que esta gran sala se estaría convirtiendo en una cuarta instancia penal nacional o, incluso peor, incluso en una primera instancia, debido a que el juzgado de instrucción de Groninger ni siquiera llegó a celebrar ni siquiera un primer juicio sobre estos hechos. Y, finalmente, y para terminar, señorías,
AP1 (Applicant): sí que me gustaría hablar del alcance y la gravedad de la vulneración del artículo 6 del convenio, que entendemos que se ha producido. Por un lado, entendemos que es contrario al
AP1 (Applicant): artículo 6 la simple emisión como prueba de las agravaciones obtenidas de forma contraria a la privacidad de las trabajadoras. En este punto, tenemos que recordar que las
AP1 (Applicant): leyes procesales españolas, concretamente nos referimos al artículo 11.1 de la Ley
AP1 (Applicant): Orgánica del Poder Judicial y al artículo 90.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, ya
AP1 (Applicant): señalan de forma clara que las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales no pueden ser admitidas y no pueden tener efectos probatorios. Por lo tanto, de la misma manera
AP1 (Applicant): que cuando hablamos del artículo 8 tenemos que analizar qué es lo que dice la Ley Española de Protección de Datos y si llegamos a la conclusión de que la Ley Española de Protección de Datos prohíbe la instalación de cámaras ocultas sin notificación previa, y eso es un elemento determinante de gran importancia para considerar que las agravaciones vulneran el artículo 8, también en este caso debemos analizar la ley española por los mismos motivos.
AP1 (Applicant): La ley procesal española establece que las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales no pueden ser admitidas como pruebas. Por tanto, por el mismo motivo, con
AP1 (Applicant): el mismo razonamiento, consideramos que el hecho de haber sido admitidas implica que se ha producido una violación del artículo 6 del convenio.
AP1 (Applicant): Además, la autorización como prueba de estas cámaras implica también una desigualdad de armas en el proceso, ya que la empresa se aprovechó del desconocimiento de las trabajadoras de la existencia de estas cámaras, un desconocimiento que está prohibido por la ley y causado deliberadamente por la empresa. Por tanto, supone alterar el equilibrio de la igualdad de las partes
AP1 (Applicant): en el proceso. Por último, y para terminar, está la cuestión
AP1 (Applicant): de las tres demandantes que firmaron los acuerdos de transacción con la empresa. Los acuerdos,
AP1 (Applicant): de nuevo, causan una desigualdad de armas injusta en las partes del proceso. Debe señalarse
AP1 (Applicant): que los acuerdos de transacción consistían en renunciar a una acción penal a cambio de renunciar a una acción laboral. Ahora bien, nadie informó a las empleadas de que
AP1 (Applicant): la acción penal era irrenunciable. Según la ley española, cualquier persona que tenga
AP1 (Applicant): conocimiento de un delito tiene obligación de denunciarlo a las autoridades. Por tanto,
AP1 (Applicant): se engañó a las trabajadoras, haciéndoles creer que estaban recibiendo algo real a cambio de su renuncia de acciones, cuando eso no era cierto. Es decir, la renuncia de acciones
AP1 (Applicant): penales de la empresa era imposible porque estaba prohibida por la ley. En consecuencia,
AP1 (Applicant): los supuestos acuerdos realmente solo implicaban una única renuncia de acciones real, que era la de las trabajadoras. En este sentido, hay una sentencia interesante
AP1 (Applicant): que también ha sido aportada y me consta que incluso es traducida por el Reino de España, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de octubre de 2010, y que me consta que se traducía a la francés en la documentación de que disponen. Debemos recordar, además, que es cierto que
AP1 (Applicant): en estas reuniones había la persona que ya hemos comentado, una delegada sindical, la señora Blanca Sanjuan. Pero también tenemos que recordar que esta delegada ya había sido
AP1 (Applicant): contaminada previamente por la empresa, porque la empresa antes de aquellas reuniones ya había mostrado las grabaciones a esta persona, a esta delegada sindical. Insistimos, por
AP1 (Applicant): tanto, en que en aquella reunión en la que se firmaron los acuerdos de transacción todas las personas presentes en aquella reunión habían visto las grabaciones, con la única excepción de las personas afectadas, que eran las personas que estaban siendo despedidas y que estaban firmando aquellos acuerdos. Por tanto, de nuevo, eso supone un abuso de
AP1 (Applicant): superioridad de la empresa, dado que se las conminó a firmar unos acuerdos que, además, habían sido obtenidos a través del engaño y hablándoles de unas grabaciones que las propias afectadas no sabían si existían realmente o no.
AP1 (Applicant): Por todo ello, señorías, distinguidos miembros del tribunal, solicito que confirmen la decisión de la sala del pasado mes de enero acerca de la violación del artículo 8 y, además, al mismo tiempo, solicito que reconsideren la decisión sobre el artículo 6 y, por tanto, declaren que ha existido también una violación del artículo 6.
AP1 (Applicant): Espero que mis comentarios hayan sido del todo útiles para la resolución del caso y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias.
Guido Raimondi (JudgeP): Merci beaucoup, M. González Espada.
Guido Raimondi (JudgeP): La parole est à M. León Cavero.
Guido Raimondi (JudgeP): Je vous laisse la parole.
GR2 (Government): With the lift to speak to this honorable Grand Chamber.
GR2 (Government): First of all, Spain would like to show its gratitude for the panel of the Grand Chamber for having accepted this case before it.
GR2 (Government): Because Spain attaches great importance to the issues at stake in this case.
GR2 (Government): Namely, first of all, the right to the protection of personal private life of the applicants as workers, which is protected by Article 8 of the Convention.
GR2 (Government): Second, the right of the rest of the innocent employees of the company who might be seriously affected in their personal interests if the theft caused a financial imbalance of the company amounting to winding up of the same company.
GR2 (Government): That would be against their rights under Article 1 of Protocol 1 of the Convention, together with Article 8 of the same Convention.
GR2 (Government): Third, the company whose owner has the right to have his property protected under Article 1 of Protocol 1 of the Convention.
GR2 (Government): And finally, and fourth, the state whose judiciary power is endowed with the public interest of providing good administration and proper administration of justice when confronted to the competing interests of all the persons above arising in the frame of a private work relation.
GR2 (Government): And honestly, Spain considers that its judiciary has endeavored its best to meet this quest in line, in full line, with the case law of this honorable court.
GR2 (Government): In fact, the Spanish judiciary opened three avenues, three legal effective remedies to the parties in this frame.
GR2 (Government): The first one, concerning the right of the innocent workers and of the employer not to be stolen and affected in their personal interests, is the action of the criminal bench of the judiciary.
GR2 (Government): The criminal judges opened an investigation in which they examined plenty of means of evidence regarding the facts.
GR2 (Government): And one of these evidence was an expert report which matched accountancy documents together with 45 images which were extracted from a video footage we will refer later.
GR2 (Government): And from all that evidence, they came to the following conclusions.
GR2 (Government): First of all, that it was proved beyond any doubt that the thefts had taken place and that the employees were responsible for them.
GR2 (Government): Second, that precisely because of the expert report and the limited scope of this expert report and images taken, a conspiracy to commit a serious crime amounting to 80,000 euros could not be proved, but only a set of individual thefts, which did not amount to more than 400 euros each.
GR2 (Government): So it was not proven that they were confronted with a serious crime, but only with several misdemeanors.
GR2 (Government): And therefore, the limited time of the statute of limitation of misdemeanors amounted to acquittal of the applicants.
GR2 (Government): It is quite striking that the lawyers of the applicants have hidden to this court and to this party until the written statements and submissions before the Grand Chamber the mere existence of these criminal proceedings.
GR2 (Government): They have not furnished all the criminal file they have access to.
GR2 (Government): And it has to be the burden for the state to provide the court with the full bundle of criminal documents in the criminal file.
GR2 (Government): And from that, we can finally reach a final picture and a complete picture of the facts we are confronted with.
GR2 (Government): For us, it is quite striking that while the applicants have relied on the expert report deriving from the video images in order to get an acquittal, and that is fair for them, they try that expert report not to be taken into account for the labor bench of the judiciary when examining the fairness of the dismissal.
GR2 (Government): We consider that this may amount to an abuse of the right of application before this court.
GR2 (Government): Secondly, the second legal venue provided by Spanish law is that deriving from the Spanish data protection law.
GR2 (Government): The Spanish data protection law protects the rights of any person when his or her image has been recorded to have access to that videos, to even ask for the ratio, rectification, and so on.
GR2 (Government): This must be asked, first of all, to the processor of those images, in this case, the employer.
GR2 (Government): As the applicant has just said, the legal representative of the workers, the trade union representative, saw the images before even the employees were contacted to ask for their dismissal.
GR2 (Government): So the trade union representative could ask access and effectively had access, could have asked for a ratio for rectification.
GR2 (Government): But not only the representative, but the applicants themselves, their legal counsel here in this oral hearing, could have asked the company to have access from the first moment due to the Spanish data protection law.
GR2 (Government): But in fact, they never made such a request.
GR2 (Government): And if that request had been banned because the employer had opposed to it, they could have asked for the protection of the Spanish data protection agency, which might have forced the company to provide access or rectification or ratio, and had imposed a heavy fine on it.
GR2 (Government): Secondly, they could have gone to the civil bench of the judiciary to shoot the company requesting for indemnification and compensation upon organic law where 1 slash 1982 of 5th May, which regulates the right of honor, privacy, and own image, establishing an avenue to request indemnification from any damage caused for breach on data protection law.
GR2 (Government): But this venue was not exhausted at all.
GR2 (Government): Third, regarding the right of the employees to question the fairness of their dismissals, they could go to the labor bench of the judiciary, and they effectively went.
GR2 (Government): And this is the only avenue they have exhausted.
GR2 (Government): And the exam of this court is limited to what the labor bench of the judiciary did or did not confronted with the conventional obligations.
GR2 (Government): Regarding the actions of the labor bench of the judiciary, the chamber has determined that there has not been any breach of Article 6 of the Convention because there were plenty of means of proof which were in themselves self-sufficient to consider that the dismissal had been fair.
GR2 (Government): We must remember in this sense, paragraph 83 of the judgment of the chamber.
GR2 (Government): And this declaration of non-violation of Article 6 has not been questioned by Spain.
GR2 (Government): The referral of Spain only refers to Article 8 of the Convention.
GR2 (Government): And the applicants have not requested a referral concerning Article 6 in due time according to Article 43 of the Convention.
GR2 (Government): So in Spain's view, the declaration of the chamber saying that there has not been a violation of Article 6 is final according to Article 44 of the Convention.
GR2 (Government): And we are confronted here only with the exam on whether Article 8 was violated or not.
GR2 (Government): In this sense, Spain aligns plainly and completely with the vision of Judge Dedo in the dissenting opinion to the chamber's judgment.
GR2 (Government): And in any case, we consider that it is quite unfair to attribute a sum for moral damages in favor of the applicants as signaled in the partly dissenting opinion of chamber judges Polacova and Pastor Villanueva.
GR2 (Government): After this summary of the case, we will refer to our pleas on the merits.
GR2 (Government): I will devote myself to the first plea which goes more to the material part of Article 8 of the Convention.
GR2 (Government): My colleague and co-agent, Mr. Brednitz,
GR2 (Government): will go on and follow with the more procedural aspects.
GR2 (Government): The material part of our pleas deals with the fact that we consider that thefts developed in a public space by an employee lay not within the material scope of Article 8 of the Convention.
GR2 (Government): The applicants invoked the right to personal life of Article 8, paragraph 1 of the Convention.
GR2 (Government): But the interpretation of this article has to be construed, in our view, with respect of Article 17 of the Convention.
GR2 (Government): And this means that the interpretation shall also fully respect the right of the employer not to be stolen according to Article 1, paragraph 1, and the right of the rest of the employees not to be affected by financial instability of the company they work for according to Article 1, paragraph 1, and Article 8 of the Convention.
GR2 (Government): Furthermore, we would like to stress that paragraph 2 of Article 8 establishes that the right to personal life can be subject to lawful interferences from the part of the competent authorities for the prevention of disorder or crime and for the protections of the rights and freedoms of others, such as it is the case in the instant case.
GR2 (Government): Given the text of these articles, together with the general principles of this Court, which have been outlined in paragraphs 54 to 57 of the Chamber Judgment, we consider that the action of the applicants, which consists in performing criminal acts during their work time in a public workplace, a supermarket, cannot be deemed to be covered at all by Article 8 of the Convention.
GR2 (Government): In general, the activities that any person develops at home can be considered naturally as part of personal life.
GR2 (Government): But if the person is in a public place, it can only be protected by the right of personal life if the act in itself is personal or of private nature.
GR2 (Government): In the case of workers, it may happen that they work in a closed environment or using IT communication technologies.
GR2 (Government): And in this environment, they can bear a high expectation for their private life not to be interfered by the company while at work.
GR2 (Government): This is what happened in the Barber-Lesko's case.
GR2 (Government): But things are quite different when we are talking of a worker acting in public, performing an activity such as stealing goods, which has nothing to do with the right to personal life, but entails a plainly unlawful nature.
GR2 (Government): In this situation, the worker cannot consider him or herself to be using the words of the Venice Commission in a place where a person may trust to have full privacy, or as the Chamber says, cannot feel entitled to a reasonable expectation of privacy.
GR2 (Government): And this is why similar applications have been admitted, as it has happened in the decision of 5th October 2010 in the Kupchak versus Germany case.
GR2 (Government): Because it is not only the existence of legislation on privacy that gives that reasonable expectation, but also that the act in itself is of private or personal nature, so that it is under the scope of protection of such legislation.
GR2 (Government): This is why Judge Dado, comparing Barber-Lesko's with the instance case, concludes that while in the former, the employer had recorded the applicant's private conversation with members of his family, in the present case, there was no interference with private life in such a context.
GR2 (Government): We must also recall that the Great Chamber has applied the principle according to which neither a state party nor any individual can benefit from their own wrongdoing.
GR2 (Government): We can remember in this sense, paragraph 33 of the judgment of 28th November 2017 of the Great Chamber in the case Mayor Abisvili against Georgia in concurring opinion of Judge Sergides.
GR2 (Government): We are confronted with the examining of a private relation of work.
GR2 (Government): And in private relations, such principle applies since ancient Rome.
GR2 (Government): In this sense, we can remember inter alia the legal principle nemo ex suo delicto, melliorin suo inconditionem, facere protest, contained in the digest and in the pangdex of Justinian.
GR2 (Government): And therefore, in our humble opinion, the application should be inadmitted because it falls outside the scope of Article 8 of the Convention.
GR2 (Government): And now, my colleague will follow with the more procedural issues.
GR1 (Government): Mr. President, distinguished judges,