TrustHLT/LaCour huggingface dataset:
AP1 (Applicant): atribución obedece a que en estos parágrafos 84 y 86 ya no se sigue al juez de trabajo, se está siguiendo la sentencia del tribunal constitucional. Y se centra la causa del despido
AP1 (Applicant): ya no en la nota del obispo ni en el relato de hechos del juez de trabajo 3, sino en el análisis en el contenido de la noticia publicada por la verdad, donde aparecía la foto, para interpretar esta noticia ahora de un modo distinto a como lo hizo el propio obispo y lo hizo el propio juez de trabajo número 3. Esto, bajo nuestro punto de vista, es como
AP1 (Applicant): si en un duelo deportivo, cuando va ganando uno de los equipos, limpiamente se cambiaran las reglas del juego, haciendo que el equipo que va perdiendo ganara. En este artículo
AP1 (Applicant): del diario La Verdad se recogían declaraciones periodísticas que nunca eran del propio demandante, que no habló con los periodistas, mantuvo la boca cerrada ante los periodistas, pero sí eran de otros miembros de celibato opcional. Críticas con las posturas de la Iglesia sobre
AP1 (Applicant): temas de interés público, celibato, natalidad, divorcio, etcétera. Las declaraciones de
AP1 (Applicant): otros miembros de procelibato opcional se consideran para el Tribunal Constitucional también de la responsabilidad del demandante, porque no se marchó ni salió huyendo del sitio. Inaudito. En la sentencia pro obispos que hizo el Tribunal Constitucional se alteraban
AP1 (Applicant): las causas de despido eximida por el obispado en contra del demandante y de sus propias reglas. En el parágrafo 84 hay un discurso sobre las causas de despido opuesto al del
AP1 (Applicant): parágrafo 48 diametralmente. 48 y 84 son parágrafos que están en guerra. Insistimos
AP1 (Applicant): que el obispo no alegó en su comunicación de despido críticas ni acusaciones antieclesiásticas ni contra el movimiento celibato opcional al que pertenecía el demandante, por lo que no existió debate en el proceso laboral a este respecto. Pero es que, suponiendo que
AP1 (Applicant): las tales críticas fueran ciertas y se hubieran hecho, si no estaban recogidas en la carta de despido, ¿cómo se iban a examinar posteriormente? Estrasburgo no puede actuar como un tribunal
AP1 (Applicant): de primera instancia, cambiando los hechos del proceso y, menos aún, en beneficio del Estado. Es obvio que los hechos del juez de trabajo 3, seguidos por el parágrafo 48,
AP1 (Applicant): nunca podían ser modificados ante el propio tribunal constitucional si el único que recurría era el propio demandante, porque rige la denominada prohibición de la reformatio impeius.
AP1 (Applicant): Examinemos ahora el parágrafo 86. En el 86 de la sentencia de la sala de 15 de mayo se
AP1 (Applicant): lanzan críticas contra la lealtad profesional del demandante, repito, nunca tratadas en el proceso laboral. Leemos un extracto. Hace notar a este respecto la Corte que el interesado
AP1 (Applicant): no se ha ocultado de la prensa y que formaba parte del grupo de miembros del movimiento que permanecieron en la reunión, incluso después de percatarse de la presencia de los medios en el lugar, y que estos han expresado abiertamente su desacuerdo con las políticas de la Iglesia en varios aspectos. Cerramos la cita. Es decir, este párrafo
AP1 (Applicant): está sancionando o criminalizando que el demandante no se ocultase de la prensa, que no saliera huyendo de ella, que sus compañeros, que no él, expresaran diferencias con posturas de la Iglesia, el demandante salía contagiado porque otros que estaban allí habían expresado esas opiniones. Recordemos que en el párrafo 48 se dice que el demandante ha sido despedido
AP1 (Applicant): por hacer pública su situación personal y familiar. No se menciona la existencia de
AP1 (Applicant): ninguna crítica. El juez Sajd Arnaiz, cuya opinión decidiente,
AP1 (Applicant): bajo nuestro punto de vista, puede ser vista como la sentencia correcta que en el ámbito del artículo 8 debió ser emitida por la Corte, sigue en su voto discrepante también los párrafos 14, 15, 17 y 48, que en suma recogen los hechos probados del juez de trabajo 3 de Murcia, y afirma el voto disidente del juez Sajd Arnaiz que el demandante ha sido despedido por hacerse pública su situación familiar y personal de cura casado, y no por ninguna crítica que nunca se hizo valer por el obispo. Extractamos un fragmento del voto
AP1 (Applicant): particular del juez Sajd Arnaiz. Resulta, dice el voto particular, el voto
AP1 (Applicant): disidente, de los hechos declarados probados en la sentencia del juez de trabajo 3 de Murcia que tanto la dirección de los dos centros donde el demandante impartía la docencia como los profesores, los alumnos y los padres conocían su condición de cura casado sin que hubiera queja alguna a este respecto. En ningún momento, añade el voto disidente,
AP1 (Applicant): se dijo que el demandante hiciese proselitismo o que se hubiese pronunciado en clases contra los postulados de la iglesia, incluido el celibato de los sacerdotes.
AP1 (Applicant): El proceso equitativo del artículo 6.1 de la convención es obvio que se viola si se
AP1 (Applicant): produce un cambio de debates de los hechos que no fueron establecidos por el órgano que tenía la potestad para establecerlos de forma incontrovertida, en este caso el juez laboral de Murcia. Resulta interesante saber que el fiscal ante
AP1 (Applicant): el Tribunal Constitucional, en su informe, pidió la estimación del recurso de amparo y consideró que los hechos establecidos –lo dice la página 25 de la sentencia del Tribunal Constitucional remitiéndose a este informe del fiscal– eran los fijados por el juez de trabajo 3 de Murcia. Más datos de interés. De los seis jueces que integraban la sala
AP1 (Applicant): del Tribunal Constitucional, dos, el señor Sala, que hoy es presidente del Tribunal Constitucional, y la señora Pérez, que ya no está en el Tribunal Constitucional, votaron a favor del demandante incluyendo sus opiniones separadas. Más datos de interés.
AP1 (Applicant): En la lista de cuestiones para la audiencia ante la sala de siete jueces de 22 de noviembre de 2011, preparada por la propia Corte, había cuatro preguntas delimitando el objeto del debate. Ninguna de las preguntas que delimitaban el objeto del debate se refería a críticas
AP1 (Applicant): del demandante contra la iglesia. Y en la misma audiencia del 22 de noviembre, en el
AP1 (Applicant): turno de réplica, denuncié la absoluta incorrección de las acusaciones del entonces agente del Gobierno, donde estaba presente el abogado general del Estado de España, cuando ponía en tela de juicio la conducta de José Antonio, que siempre fue ejemplar.
AP1 (Applicant): En resumen, sobre esta primera cuestión, debe de resolverse la contradicción interna de la sentencia, armonizando los hechos para que se concrete que la única causa de despido por el obispado y examinada por el juez de trabajo 3 de Murcia fue la publicidad dada a la situación familiar y personal del demandante al aparecerle a fondo en prensa.
AP1 (Applicant): La segunda cuestión que planteamos es que, como dice el voto particular, el voto disidente del juez Sáenz Arnaiz, la sentencia es claramente desproporcionada. Consideramos que la sentencia
AP1 (Applicant): está elevando en realidad la mera libertad de contratación de las entidades religiosas al rango de derecho o contenido implícito en el artículo 9 de la Convención sobre la Libertad Religiosa. Esta elevación de rango de la libertad de contratación al de
AP1 (Applicant): contenido del artículo 9 es contraria a la jurisprudencia del propio Tribunal Europeo y convierte en absoluto el derecho a la libertad de despido, a la vez que en papel ha rugado el derecho a la vida privada y familiar del demandante.
AP1 (Applicant): La sentencia Hassani-Czauwosz contra Bulgaria, de 26 de octubre del año 2000, en el parágrafo 60, dice que la libertad religiosa no comprende cualquier acto inspirado o movido por una religión o una convicción religiosa. Pero si se respetan los hechos del juez laboral
AP1 (Applicant): 3 y descartamos las acusaciones añadidas o introducidas por el Tribunal Constitucional cuando ya no lo podía hacer a la nota del despido del obispo, el despido del demandante, simplemente por hacerse pública su situación de hombre casado y con hijos, militante de una asociación reivindicativa, que de todo el mundo era sabido esto, queda vacío de contenido de justificación racional y constituye, en definitiva, un acto de clara arbitrariedad que choca con el respeto a la vida privada, tal y como lo reconoce la Convención.
AP1 (Applicant): La Corte ha resuelto casos análogos de empleados de entidades religiosas despedidos, el caso Lombardi, el caso Schull. En todos esos casos la Corte ha dado la razón, por ejemplo, a
AP1 (Applicant): Lombardi, que era laico, tan laico como es el demandante. El demandante había abandonado
AP1 (Applicant): el quebrero en el año 84, ya no tenía vinculación de ningún tipo con la Iglesia Católica.
AP1 (Applicant): En Lombardi, la Corte amparó al profesor Lombardi, profesor de filosofía del derecho en la Iglesia Católica de Milán, por la libertad de expresión, porque había sido despedido por críticas hacia discrepancias con la Santa Sede. En Schull amparó por la vida privada
AP1 (Applicant): a un trabajador de una entidad católica, una parroquia católica, porque había iniciado una relación extraconjugal. El señor Fernández, en 1997, cuando es despedido,
AP1 (Applicant): es tan laico como el señor Lombardi. Los profesores de religión en los centros públicos
AP1 (Applicant): españoles son fundamentalmente o exclusivamente laicos, no hay sacerdotes ahí, no son personas consagradas a la Iglesia, como era el demandante en 1991, cuando empezó a trabajar. El profesor
AP1 (Applicant): Fernández, a diferencia del profesor Lombardi, nunca ha hecho críticas por discrepancias contraposturadas de la Iglesia. En fin, para concluir sobre esta cuestión,
AP1 (Applicant): la sentencia no ha respetado el principio de justo equilibrio entre derechos, dando una dimensión exagerada o absorbente a la autonomía religiosa de la Iglesia católica, dotándola de contenidos nuevos, como la libre contratación en detrimento de la vida privada.
AP1 (Applicant): Y la última cuestión que analizo yo, antes de dejar paso a mi compañera, es la misma que plantea el juez Saíd Arnede en su opinión disidente. La sala no ha valorado que el empleo
AP1 (Applicant): del profesor Fernández era pagado con dinero del Estado y no de la Iglesia, lo que significa una mayor vinculación a los derechos fundamentales de la persona. El juez Saíd, en su opinión
AP1 (Applicant): disidente, plantea, además, que existe una novedad en este caso sobre otros precedentes vinculados a entidades religiosas, que el sueldo y empleo del profesor Fernández al servicio de un liceo está financiado por los presupuestos del Estado. La Corte ha establecido
AP1 (Applicant): desde sus primeros tiempos el principio de justo equilibrio entre derechos de la convención.
AP1 (Applicant): Los antiguos egipcios manejaban un concepto que podría ser extrapolable al caso, el juicio del denominado pesado del corazón de la diosa Mat. En el juicio de la diosa Mat, de pesado
AP1 (Applicant): del corazón, Mat, que era patrona de la justicia, ponía en una balanza una pluma de apertruz que siempre llevaba con ella. En la otra se debía colocar el corazón del recién difunto.
AP1 (Applicant): Si el corazón era justo, su peso no excedía el de la pluma, y el alma del difunto se salvaba.
AP1 (Applicant): En el caso del demandante, el peso de su vida privada ha sido empequeñecido, reducido a la magnitud de la pluma de Mat. En cambio, el derecho de la Iglesia a hacer su voluntad
AP1 (Applicant): o su autonomía religiosa sin límites ha sido un corazón pesado por una trayectoria injusta. El justo equilibrio de Mat tampoco ha sido respetado.
AP1 (Applicant): Muchas gracias, señor presidente.
AP2 (Applicant): Señor presidente, señoras y señores jueces, puesto que esta gran sala ha declarado inadmisible la cuestión relativa a la imparcialidad expuesta en el punto cuarto de nuestras alegaciones, pasamos a exponer el punto quinto de las alegaciones escritas.
AP2 (Applicant): Y versa sobre las alegaciones escritas del Gobierno ante la gran sala.
AP2 (Applicant): El Gobierno se acoge al pronunciamiento contenido en la sentencia del juez laboral 3 de Murcia que dice textualmente, y leo entre comillas, «Efectivamente, a la luz de los hechos reiterados, el señor Fernández Martínez ha sido discriminado por razón de su estado civil y por su pertenencia a una asociación, movimiento pro celibato opcional…», es su aparición en la prensa, el detonante de su cese. Y cierro la cita de la sentencia del juez
AP2 (Applicant): laboral 3. Esas alegaciones de 26 de noviembre de 2012,
AP2 (Applicant): de entrada, ignoran la contradicción interna de la sentencia acerca del motivo del despido del demandante. Ignoran, o más bien niegan, que la verdadera
AP2 (Applicant): causa del despido expresada en la nota del obispo y en la sentencia del juez laboral 3 de Murcia nada tuvo que ver con críticas del demandante hacia su iglesia.
AP2 (Applicant): El Gobierno, en sus alegaciones, sigue el truco de adherirse a la alteración de los hechos que hace el Tribunal Constitucional y pretende equiparar, al igual que el Tribunal Constitucional, la mera y pasiva pertenencia del demandante al movimiento pro celibato opcional con las críticas declaraciones periodísticas que efectuaron otros miembros de celibato opcional, nunca él, tal y como, por otra parte, se pone de manifiesto en el voto particular discrepante de la propia sentencia del Tribunal Constitucional de los magistrados señor Sala, actual presidente del Tribunal Constitucional, y doña Elisa Pérez Vega.
AP2 (Applicant): Recordemos muy brevemente lo que dice el voto particular a este respecto. Dice «No puede
AP2 (Applicant): ser impedimento para la continuidad en la prestación del servicio el hecho de pertenecer a una asociación que defiende la concepción de la convivencia que el recurrente había puesto en práctica con conocimiento de la autoridad religiosa, sin que ello impidiera a lo largo de los años la declaración de idoneidad del mismo».
AP2 (Applicant): Cerramos la cita del voto discrepante de la sentencia del Tribunal Constitucional.
AP2 (Applicant): Bien, pues el Gobierno pasa por alto esa importante circunstancia de la contradicción y solo usa la sentencia de la Sala de 15 de mayo en cuanto atribuye motivo de despido contra el demandante que nunca fueron invocados por el obispo en su nota, ni examinados por el juez laboral 3, esto es, haber hecho críticas a la doctrina de la Iglesia por el demandante que nunca se hicieron tal y como ha alegado ya mi compañero Letrado Mazón.
AP2 (Applicant): Junto con el Gobierno, ante la Corte se ha autorizado a efectuar alegaciones escritas a otras tres organizaciones, todas ellas contrarias al demandante.
AP2 (Applicant): La Conferencia Episcopal, el Centro para el Derecho y la Justicia, nombre que encubre a una ONG del Vaticano, y ante la Gran Sala, por vez primera, a un Departamento Jurídico de la Universidad Católica de Lovaina.
AP2 (Applicant): Esta lucha resulta un tanto desigual, es de uno, el demandante, contra cuatro, que le obligan a realizar mayores esfuerzos.
AP2 (Applicant): Es curioso que, aunque el obispo sólo despidió al demandante por hacerse pública su situación familiar y personal, ahora la Conferencia de los Obispos, que encuadra al obispado del demandante, quiere extender el despido ante Estrasburgo poniendo el énfasis en la militancia del demandante en el movimiento Procelivato Opcional Moceop, de la cual quiere hacer, en contra de la nota oficial de despido de 1997, caballo de batalla de la no renovación del contrato.
AP2 (Applicant): Ya no es el escándalo de ser cura casado, sino que ahora es que el Moceop mantiene posturas contrarias a la Iglesia.
AP2 (Applicant): Los obispos se han olvidado de la nota de despido del obispo, quieren cambiar el debate ante Estrasburgo y se han olvidado del Antiguo Testamento.
AP2 (Applicant): No levantarás falsos testimonios.
AP2 (Applicant): Muchas gracias, señor presidente.
AP2 (Applicant): Muchas gracias, señoras y señores jueces.
Dean Spielmann (JudgeP): Je donne maintenant la parole à M. Sanz Gandásegui, s'il vous plaît.
GR1 (Government): Merci beaucoup, M. le Président,
GR1 (Government): mesdames et messieurs, juges de la Cour.
GR1 (Government): L'affaire Fernandez-Martinez contre l'Espagne peut se résumer au défi de trancher sur le conflit entre les 2 droits reconnus par la Convention.
GR1 (Government): D'une part, les droits à la vie privée du récréant, reconnus dans l'article 8 de la Convention, et d'autre part, les droits à la liberté religieuse, spécialement dans son volet d'organisation de l'Eglise catholique.
GR1 (Government): Nous sommes d'accord avec l'arrêt de la section du 15 mai 2012 sur le fait qu'il y a eu une ingérence dans les droits à la vie privée du récréant à cause de la non-proposition de l'EBG pour un nouveau contrat de travail.
GR1 (Government): Mais cette ingérence n'est pas une violation du droit parce qu'elle se trouve justifiée et qu'elle est proportionnée.
GR1 (Government): La justification provient du respect dû au droit à la liberté religieuse en l'aspect de l'Eglise catholique.
GR1 (Government): Dans la résolution de ce conflit, l'arrêt de la Cour a confirmé les procédures des autorités administratives et juridicières espagnoles.
GR1 (Government): En effet, l'Etat espagnol s'est acquitté de ses obligations positives de protéger les droits fondamentaux déculant de la Convention.
GR1 (Government): Eh bien, étant celle-ci la question de fond, et comme il ne s'agit pas ici de réitérer les contenus de ces observations déjà formulées, j'aimerais évoquer maintenant certains points qui me semblent fondamentaux.
GR1 (Government): Je commencerai par une brève exposition du système espagnol pour l'enseignement de la religion catholique à l'époque afin que l'affaire puisse se comprendre dans son contexte léral.
GR1 (Government): Ensuite, et puisque les requérants, tant lors de l'audience tenue devant la 3e section que les observations qu'ils formulent devant la Rue Chambre et maintenant aussi contestent les faits qui amènent à la décision de ne pas lui proposer en tant que professeur de religion catholique, j'exposerai les dits faits tels qu'ils ont été appréciés par les tribunaux espagnols.
GR1 (Government): En 3e lieu, je plaiderai la procédure des autorités administratives et judiciaires espagnoles confirmée par l'arrêt de la section du 15 mai 2012.
GR1 (Government): Et étant donné qu'une partie de la demande de renvoi devant la Grande Chambre est basée sur l'opinion séparée de l'arrêt de la section, j'avais avancé les arguments pour lesquels je crois respectueusement que cette opinion séparée n'est pas correcte.
GR1 (Government): Finalement, même si j'entends que la violation allérée à l'égide de l'article 8 constitue la partie essentielle du cas d'espèce, étant donné que les requérants alléraient en temps voulu à la bifraction des articles 14 et 10 de la Convention, je ferai finalement une brève référence à ceci.
GR1 (Government): Il faut remarquer que dans l'écrit de demande de renvoi devant la Grande Chambre, uniquement la violation de l'article 8 de la Convention a été développée.
GR1 (Government): En 1er lieu, il convient de faire une brève exposition du système espagnol de l'enseignement de la religion au moment des faits, en soulignant la relation qu'il y ait l'Etat aux requérants en tant que professeur de religion.
GR1 (Government): Eh bien, les caractéristiques essentielles de ce système sont les suivantes.
GR1 (Government): En vertu de l'accord souscrit le 3 janvier 1979 entre l'Etat espagnol et la française, l'enseignement de la religion catholique dans l'installement public est une matière intégrée dans le programme éducatif et qui est dispensée par des professeurs proposés annuellement par l'Eglise catholique.
GR1 (Government): Cette matière est optative pour les élèves qui étudient l'enseignement obligatoire, mais doit être offerte obligatoirement par l'administration.
GR1 (Government): Ces accords qui ont été posthumés conclus en termes similaires avec les confessions évangéliques et la musulmane se justifient tant dans le respect de la liberté religieuse que dans le droit des parents de choisir l'enseignement religieux de leur enfant.
GR1 (Government): Ce sont les articles 16 et 27 de la Constitution espagnole équivalents aux articles 9 et 11 de la Convention et l'article 2 du protocole additionnel.
GR1 (Government): Cette matière est dispensée par des professeurs de religion, dont la caractéristique particulière qui démerde depuis le début jusqu'à moment actuel est que, bien qu'ils soient engagés par l'administration sous un régime de travail différent à celui du reste des professeurs, qui, eux, sont des fonctionnaires publics, sont engagés pour vous que l'Eglise catholique ait fait sa proposition et ait autorisé le recrutement pour exercer l'enseignement de la religion catholique et que l'ex certificat d'attitude de lauréaté soit délivré par l'autorité ecclésiastique.
GR1 (Government): En conséquence, ces professeurs n'ont pas été recrutés conformément aux critères suivants lesquels sont engagés les professeurs d'autres matières, à savoir par la méthode des concours ouverts et publics, mais sont été dessignés par l'Eglise catholique qui les choisit librement parce qu'elle les considère aptes pour l'enseignement de la religion catholique et ils ont été proposés à l'autorité civile.
GR1 (Government): On doit préciser ce qu'on veut dire quand on parle du non-rénouvelement des contrats.
GR1 (Government): Dans le cas d'Espèce, les contrats n'étaient pas s'adhérer à un déterminé, mais s'associent-ils au renouvellement annuel.
GR1 (Government): Au moment des faits, les contrats étaient signés pour chaque cours scolaire.
GR1 (Government): La jurisprudence espagnole a décrit le type de relations de travail qui liait les professeurs de religion avec l'administration comme étant une relation de travail limitée aux cours scolaires.
GR1 (Government): La durée de validité du contrat coïncidait avec les cours scolaires.
GR1 (Government): Une fois que celle-ci est arrivée à terme, le contrat s'éteint à tous les effets, de sorte que s'il intéressait et proposait et nommait pour dispenser l'enseignement pour les cours suivants, il devra nécessairement entendre qu'une nouvelle relation fut jugée complètement déragée de l'antérieure, déjà finie.
GR1 (Government): Ainsi, l'absence de proposition de l'évêque de la nomination pour les cours suivants n'équivalait pas à un nécessaire ément, étant donné la nature particulière de la relation.
GR1 (Government): Pendant ces années, des aspects importants ont varié, tel que la nature juridique de la relation de travail de ces professeurs, les droits à la sécurité sociale, le paiement de leurs salaires, d'abord par la liste, financée par une soumission publique, comme il se passait à l'époque, et actuellement, directement par l'administration.
GR1 (Government): Mais la condition de la relation pour que la proposition pour dispenser l'enseignement, ainsi que la délibérance d'un certificat d'aptitude soit émise par l'Eglise catholique, n'a jamais été modifiée, et c'est là pour la signature de ces contrats à chaque année scolaire.
GR1 (Government): Tout ce système fait partie de la marge d'appréciation qui doit être reconnue aux états pour l'organisation de leur système éducatif.
GR1 (Government): La détermination des questions de la détermination de que ce soit l'administration de l'éducation compétente qui assume la fonction d'employeur sous son régime spécial, ou c'est la confession religieuse, celle qui propose et autorise le professeur à enseigner, a son origine dans la besoin de pouvoir et sécurité juridiques à la relation civile du professeur après beaucoup d'années de litiges devant le tribunal de justice.
GR1 (Government): L'effet de la dépendance du professeur de religion du système éducatif public n'a jamais été nié par le revenu.