Aborto en Sinaloa

La Interrupción Legal del Embarazo en Sinaloa refiere al status legal que tiene la llamada ILE en ese estado mexicano, donde el aborto inducido está totalmente despenalizado y legalizado desde marzo de 2022 a petición de cualquier mujer o persona gestante en la entidad hasta las trece semanas de embarazo; además de las causales de violación, imprudencial, peligro de muerte, daño a la salud, alteración al producto y fecundación asistida indebida. Igualmente, el procedimiento puede realizarse si el gestante no tuvo conocimiento de su embarazo por algún trastorno ginecológico. 

Sinaloa es la octava entidad federativa en México en despenalizar y legalizar el aborto, y la cuarta en armonizar sus leyes desde las jurisprudencias de 2021 y 2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (acciones de inconstitucionalidad AI 148/2017, AI 106/2018, AI 107/2018 y AI 54/2018; amparo en revisión AR 267/2023).

Marco normativo actual

Historia

Despenalización y legalización 
El 8 de marzo de 2022, durante el Día Internacional de la Mujer, la LXIV legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa a través de una única votación, modificó diversas disposiciones del Código Penal, la Ley de Salud, el Código Civil, el Código Familiar y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El sufragio fue nominal por lo que se hizo registrando la identidad de los legisladores en las actas de sesión de ese día. Votaron a favor 28 legisladores, 2 lo hicieron en contra y 10 se abstuvieron. Los cambios fueron finalmente publicados con el decreto número 79 en el Periódico Oficial, sin ninguna objeción por parte del gobernador Rubén Rocha Moya, el día 11 de marzo para entrar en vigor un día después.

Enmienda constitucional 
El 28 de septiembre de 2018, durante el Día Internacional por el Derecho al Aborto Seguro, la LXII legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó con 32 votos a favor (en su mayoría del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido Sinaloense), dos en contra y una abstención; una reforma al artículo 4 Bis, fracción I para dotar de personalidad jurídica a los productos de la gestación. Es por eso que tanto el bloque parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovieron dos recursos de inconstitucionalidad cada uno (AI 106/2018 y AI 107/2018) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, el 9 de septiembre de 2021, 10 de los 11 ministros de la SCJN decidieron que ese candado a la vida en gestación era totalmente inválido, inconstitucional, desproporcionada y sin ningún sustento. Para nada protegía derecho alguno. Al contrario, además de generar incertidumbre jurídica, atentaba contra los derechos de las mujeres a la salud, a la dignidad humana, a la privacidad y al libre desarrollo de su personalidad; así como sus libertades reproductivas y sexuales.

Finalmente, 9 de marzo de 2022, un día después del Día Internacional de la Mujer, la LXIV legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa a través de una única votación, eliminó esa disposición. El sufragio fue nominal. Votaron a favor 35 legisladores, 1 lo hizo en contra y 4 se abstuvieron. Fue ratificada por la mayoría de los 18 municipios de la entidad por lo que los cambios fueron finalmente publicados con el decreto número 81 en el Periódico Oficial, sin ninguna objeción por parte del gobernador Rubén Rocha Moya, el día 8 de abril para entrar en vigor un día después.

La reforma, para que fuera constitucional, consistió en quitar el término "desde la fecundación" ya que la SCJN determinó a través de las acciones de inconstitucionalidad AI 106/2018 y AI 107/2018 que no se puede dotar de personalidad jurídica plena a los embriones y fetos. Aunque sí cuentan con ciertas protecciones, estas son mínimas al inicio del embarazo y van aumentando conforme al desarrollo de este. Es decir, las garantías que pudieran tener los productos de la concepción nunca podrán desconocer o estar por encima de los derechos y libertades de las personas nacidas; las prerrogativas de los primeros nunca deben impedir que los segundos puedan ejercer las suyas. De hecho, la vida en gestación se defiende a través de la vida y bienestar de las mujeres y las personas gestantes a través de la continuidad en sus embarazos siempre que estos sean deseados: asegurando atención prenatal, proveyendo partos saludables y abatiendo la mortalidad materna (entre otros). Únicamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Congreso de la Unión, está autorizada a definir de manera explícita cuando inicia la vida humana y cuando alguien se considera persona con plena titularidad de los derechos humanos, sin embargo esto nunca ha sucedido.

Debate 
Al igual que en otras entidades en el país, hasta ahora, los grupos conservadores y religiosos en el estado no han respondido de manera tan agresiva, virulenta o estridente. En primer lugar, la diócesis de Culiacán, a través de una carta abierta, comunicó que los 28 diputados y diputadas locales que apoyaron la reforma se les negaría la comunión y podrían ser hasta expulsados. La jerarquía católica local argumentó que estas personas "violaron la ley moral", lo que en México no tiene ningún valor ya que existe un estricto secularismo desde 1857. 

Debido a que los legisladores locales afectados respaldaron su decisión en los derechos humanos y la separación de la Iglesia y el Estado que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tono de enfado de esa diócesis aumentó, y como si se tratara de una búsqueda oficial de delincuentes o de desaparecidos (en uno de los estados más lacerados por la violencia de los cárteles del narcotráfico) esa organización religiosa publicó en sus redes sociales las fotografías e identidad de los diputados y diputadas locales que votaron a favor.

Por su parte, la Arquidiócesis Primada de México manifestó, en su semanario "Desde la fe", estar muy consternada y preocupada ya que, de acuerdo a ellos, esto no puede festejarse como un triunfo. Para la Iglesia Católica esto refleja miopía e "ideologización" de los derechos humanos ya que las clínicas que practican estos procedimientos quieren "convertir la muerte de un ser humano en un gran negocio". Sin embargo, su postura termina siendo demasiado ambigua ya que aseguran que no quieren ver mujeres en la cárcel (que es lo que justamente ha sucedido en todo el país previo a la despenalización y legalización del aborto).

Al parecer todas esas acciones han sido más bien estériles ya que una gran parte de la sociedad mexicana ha criticado la posición que ha asumido Iglesia Católica, que ellos califican de hipócrita, ante el poder y dinero del narcotráfico, así como los escándalos sexuales en los que una parte de los ministros de culto se han visto envueltos. Por ejemplo, el 18 de febrero de 2020, la periodista Dolia Estévez hizo público la boda en la Catedral de Culiacán de una hija del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán con otro descendiente de otra "narcodinastía" mexicana. Ante el escándalo, que llegó a conocerse por la misma DEA y el entonces embajador de los Estados Unidos, Christopher Landau (quien también es católico), la jerarquía eclesiástica en la Ciudad de México simplemente guardó una vez más silencio. Esta vez, no hubo ninguna excomunión.

Datos

Estadísticas 
Hasta la fecha y al igual que las otras entidades, a excepción de la CDMX, tanto la secretaría de salud como los servicios de salud del estado (SSS) aún no pública, de manera accesible y constante, información sobre el número de procedimientos (totales, por año o por unidad de atención), sobre las usuarias o los usuarios (procedencia, edad, nivel educativo, estado civil, ocupación, número de hijos o semanas de gestación) o sobre el tipo de procedimiento.

Únicamente, por datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia elaboradas por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, se sabe que hasta enero de 2023 sólo se han realizado 384 procedimientos.

Unidades, procedimientos y requisitos 
Hasta la fecha y al igual que las otras entidades, a excepción de la CDMX, tanto la secretaría de salud como los servicios de salud del estado (SSS) aún no ha facilitado la información sobre procedimientos, requisitos o unidades de atención.

Según el Directorio de Servicios de Aborto Seguro (2023), programa federal a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), existen 3 unidades (hospitales o clínicas) para atender los casos, los cuales son:

 Hospital de la Mujer, ubicado en la colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos de la ciudad de Culiacán.
 Hospital General "Dr. Martiniano Carvajal", ubicado en la ciudad de Mazatlán.
 Hospital General Los Mochis, ubicado en la colonia Raúl Romanillo de la ciudad de Los Mochis.
También se han instalado otras clínicas privadas en las principales ciudades de la entidad.

Como indica la guía federal del Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México (siguiendo los estándares de la Organización Mundial de la Salud), en la actualidad, el legrado uterino instrumental se considera obsoleto, nocivo y está totalmente desaconsejado. En su lugar, los protocolos federales sugieren dos abordajes para interrumpir embarazos de manera segura y de calidad, siempre y cuando se realicen bajo las condiciones médicas correctas y en un contexto de legalidad:

 Aborto farmacológico, con el uso de mifepristona y misoprostol por diferentes vías (vestibular, vaginal o sublingual) ya sea combinado (ambas sustancias) o de manera individual (misoprostol únicamente). Ambos medicamentos provocan dilatación del cérvix y contracciones uterinas que contribuyen a la expulsión de su contenido. La dosis y vía de administración del tratamiento depende de las semanas de gestación o del antecedente de cirugías uterinas previas. Se considera no invasivo por lo que no necesita de un antibiótico profiláctico (previo a la intervención). En el régimen combinado (comparado con el individual) el tiempo para la resolución del aborto es menor (en horas o días) y suele haber menos molestias posteriores. Su éxito terapéutico podría disminuir conforme aumenta la edad gestacional. Antes de la semana 10, el procedimiento puede realizarse total o parcialmente autogestionado y con una asesoría o vigilancia mínima (ya sea por prestador/a de servicios de salud o por colectiva de acompañamiento). En cambio, entre la semana 10 y 12 se requiere mayor seguimiento y vigilancia por el personal especializado. Está contraindicado en presencia de inestabilidad hemodinámica y sepsis.
 Aborto quirúrgico, a través de la succión del producto con la ayuda de instrumentación médica de operación manual o eléctrica (como cánulas, tubos o bombas). Sí precisa de antibiótico profiláctico (previo a la intervención), así como de bloqueo paracervical y analgésicos. Las molestias posteriores serían mínimas y la resolución del aborto es inmediata. También es conocido como aspiración endouterina y es la primera elección cuando hay presencia de inestabilidad hemodinámica y sepsis.

Al tratarse de procedimientos médicos, se tiene la posibilidad de presentar pequeñas molestias que pueden controlarse satisfactoriamente si se toman las medidas preventivas y se sigue fielmente las recomendaciones del personal especializado. Estas pueden ser dolor cólico y sangrado transvaginal, ligeramente mayor a lo experimentado en una menstruación. La intensidad de lo anterior disminuirá de manera progresiva, aunque podría continuar en menor cantidad y de manera esporádica durante las primeras 4 a 6 semanas. También se puede experimentar algo de fiebre en las primeras 24 horas, la cual cederá con la ingesta de antipiréticos. Así mismo, para evitar el riesgo de infección, se deberán tomar medidas de higiene vaginal y no se recomienda tener relaciones sexuales en un periodo aproximado de dos semanas.

Igualmente, existe una pequeña posibilidad, y bastante infrecuente, de experimentar algunos riesgos. De esta manera, la o el paciente deberá buscar atención médica inmediata ante los siguientes datos de alarma: ausencia de sangrado o cantidad mínima de este (sobre todo entre las primeras 4 a 6 horas posteriores ya que puede indicar fallo en el procedimiento o un embarazo ectópico), un sangrado persistente y progresivo (que empape más de dos toallas higiénicas por hora durante dos horas consecutivas), secreción fétida, debilidad, mareo, reacciones alérgicas a algún medicamento (como exantemas o edemas faciales o bucales), así como fiebre o malestar general después de las primeras 24 horas.

En el primer trimestre, los procedimientos siempre deberían ser ambulatorios, por lo que pueden realizarse en cualquier unidad de primer nivel (centros de salud o clínicas familiares). En el segundo trimestre se requeriría de atención intrahospitalaria, por lo que pueden realizarse en cualquier unidad de segundo nivel (hospitales generales o regionales).

Tanto el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México como Ley de Salud del Estado de Sinaloa hacen hincapié en dos leyes federales fundamentales: la NOM-046-SSA2-2005 y la Ley General de Víctimas (LGV). Estas dos últimas normatividades señalan que para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (en caso de violación) no se necesita presentar denuncia previa ante el Ministerio Público o contar con la autorización de éste. Debido al principio de buena fe, el único requisito es una solicitud por escrito bajo protesta de decir la verdad, en la que se manifiesta que dicho embarazo es producto de una violación. El personal de los servicios de salud no está obligado a verificar el dicho de las y los solicitantes. Las personas menores de 12 años requieren autorización de madre, padre, tutor o representante legal. En cambio, las y los menores de edad, pero mayores de 12 años ya no necesitan de aquel permiso (pueden tomar la decisión de manera autónoma). Finalmente, ni la LGV ni la NOM-046-SSA2-2005 establecen límites gestacionales para hacer valer el derecho al aborto cuando existe una agresión sexual. La misma SCJN ha emitido sentencias que validan todo lo anterior (amparos en revisión AR-601/2017, AR-1170/2017, AR-438/2020 y AR-438/2020; controversias constitucionales CC 53/2016 y CC 45/2016).

Finalmente y posterior a la consejería, las y los pacientes tendrían que llenar y firmar formatos sobre el consentimiento informado pues representa el principal instrumento jurídico y ético para que la persona sea dueña efectiva de sus decisiones, como corresponde a su dignidad y autonomía. A través de este documento, las personas usuarias del servicio otorgarán o no su autorización para cada uno de los procedimientos (como la modalidad de abordaje o el método anticonceptivo posterior), las posibles alternativas o los probables riesgos. Así mismo, las y los pacientes tienen el derecho y facultad de poder revocarlo si así lo quieren. En caso de personas con discapacidad transitoria o permanente, el consentimiento informado debería ser suscrito por el familiar más cercano o el tutor / representante legal. En casos extremos, cuando no exista acompañante y la persona usuaria cuenta con una discapacidad, el personal médico (previa valoración y con el acuerdo de por lo menos dos profesionales) podrían otorgar el consentimiento informado.

Véase también 

 Legislación sobre la práctica del aborto en el mundo
 Aborto en México
 Aborto en Cuba
 Aborto en Uruguay
 Aborto en Argentina

 Aborto en Colombia
 Aborto en España
 Aborto en Estados Unidos
 Aborto en Canadá
 Aborto en Guyana

Referencias 

Sinaloa
Derechos humanos en México
Sexualidad en México
Derechos de las mujeres en México