Cortes franquistas

Las Cortes franquistas, oficialmente denominadas Cortes Españolas, fueron una institución de la dictadura franquista creada el 17 de julio de 1942, sexto aniversario del golpe de Estado de 1936, que abrió sus sesiones el 17 de marzo de 1943, y que funcionó como un pseudoparlamento corporativo u orgánico. Pretendían presentarse como el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado —artículo primero de la Ley Constitutiva de las Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado de 1967 en su disposición adicional tercera—, y, en teoría, su función principal era la elaboración y aprobación de las leyes, pero el poder legislativo estaba reservado al jefe de Estado, el propio Franco. Para identificarse como una continuidad de la tradición parlamentaria española, establecieron su sede en el Palacio de las Cortes de la carrera de San Jerónimo de Madrid.

No obstante, mayor similitud tenía esta institución con el sistema corporativo del fascismo italiano, dada la insistencia en la representación orgánica y no democrática —se utilizaba la expresión adjetivada «democracia orgánica»—. Las Cortes franquistas no pretendían ser depositarias de la soberanía nacional, dado que la totalidad del poder soberano se concentraba en la jefatura del Estado, en ausencia de división de poderes. Se rechazaba cualquier identificación con la democracia liberal, concebida como una ideología disolvente de la unidad nacional entre clases sociales y territorios: ni se consentían los partidos políticos ni había elecciones democráticas.

Los procuradores eran miembros por derecho propio, designados por Franco o elegidos entre las entidades corporativas y, hasta 1967, no se concretó la forma de elección de un «tercio familiar» —«tercio» era la forma convencional de referirse a la representación orgánica de las «entidades naturales» consideradas los únicos cauces posibles para la expresión de la voluntad popular (familia, municipio y sindicato)—: «Dos representantes de la familia por cada provincia, elegidos por quienes figuren en el Censo Electoral de Cabezas de Familia y por las mujeres casadas en la forma que se establezca por la ley»; la mayoría de edad se establecía, con distintos efectos según la situación familiar, para los varones a los 21 años y para las mujeres a los 25, aunque en los referéndums sí tenían derecho al voto «todos los hombres y mujeres de la nación mayores de veintiún años». Hubo elecciones para cubrir esa fracción de los procuradores en Cortes en 1967 y 1971.

El discurso inaugural de Franco  

La búsqueda de justificación de las instituciones franquistas utilizó la historia de España para identificarlas con las de la monarquía tradicional, que se entendía gloriosa e imperial hasta los siglos XVIII y XIX. Esta visión de la historia es la que siguió Francisco Franco en su Discurso pronunciado en la Sesión inaugural de las Cortes, el 17 de marzo de 1943. 

 

Estos dos "nefastos" siglos se vieron, desde la perspectiva anti-intelectualista y voluntarista propia del franquismo, como degenerados a causa de la introducción de las ideas ilustradas y liberales, calificadas de "antiespañolas". Franco consideraba a la Segunda República Española un régimen fracasado, incompatible con la unidad, la autoridad y la jerarquía, consecuencia de la "decadencia política" y la corrupción en todos los ámbitos. Contra ella, la Guerra Civil se declaraba como una Cruzada.

Franco entendía las instituciones parlamentarias medievales como una colaboración del pueblo en las tareas del Estado, con su intervención en la concesión y administración de los impuestos, y el interés popular como representado por los procuradores de los municipios. Con el mismo propósito, identificaba el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 con el golpe de Estado militar de 1936 (llamado propagandísticamente Alzamiento Nacional), y atribuía los "males de España" a un conglomerado ideológico obsesivo, muy presente en sus discursos: la "conspiración judeo-masónico-marxista-internacional".

En 1943, superada una primera etapa del franquismo y, vista la suerte adversa que sus aliados internacionales (Alemania e Italia) empezaban a correr en la fase final de la Segunda Guerra Mundial, Franco procuraba explícitamente una redefinición tanto del "ideario político" como del "perfil moral, filosófico y jurídico" del nuevo Estado español que se estaba construyendo, y que no convenía identificar totalmente con el fascismo italiano o el nazismo alemán, o en el interior con el programa falangista. El objetivo no era la democratización, sino la consolidación del régimen y la inclusión de todas las denominadas "familias del franquismo" ("azules" -falangistas o "nacional-sindicalistas"-, "monárquicos" de distintas tendencias -"carlistas", "juanistas"-, "católicos" -o "nacional-católicos"- y "militares" -"africanistas" o de otras tendencias-) en una doctrina única y unas directrices políticas concebidas "verticalmente" (desde la cúspide -el liderazgo indiscutible de Franco-), basadas en los "principios inmutables del Movimiento Nacional". La legitimidad se pretendía seguir fundado en la "Victoria" y en el ejercicio del poder, un sistema de gobierno paternalista que limitaba y controlaba la participación política mediante una "ordenada colaboración" de todos los sectores de la vida nacional organizados dentro de los mecanismos totalitarios del Movimiento Nacional. De ese modo se pretendía garantizar "leyes acertadas, orden en la administración y justicia en los tribunales".

De forma neoescolástica, Franco consideraba que el fin de la política debía ser la conservación y el perfeccionamiento de la sociedad humana desde un punto de vista católico tradicionalista, inspirado por Dios. Su idea de gobierno incluía un concepto de acción social compatible, tanto con la ideología falangista, como con la doctrina social de la Iglesia, negando cualquier tipo de lucha de clases, cuyos intereses debían relegarse en beneficio de la unidad de la Patria:

Composición 

Con la recreación corporativa del Parlamento en 1943, el régimen decidió que los miembros de las Cortes pasaran a llamarse, en vez de diputados —como era tradicional—, procuradores, nombre inspirado en los componentes de las antiguas Cortes de Castilla y empleado para evitar cualquier connotación liberal.

Estaban integradas por los miembros de la Mesa y los procuradores. Los miembros de la Mesa son el presidente de las Cortes, los dos vicepresidentes y los cuatro secretarios. 

El presidente era designado por el jefe del Estado entre los procuradores en Cortes que figuren en una terna que le someterá el Consejo del Reino, y su nombramiento será refrendado por el presidente en funciones del Consejo del reino, y su mandato será de seis años. 

Los vicepresidentes y los secretarios serán elegidos cada legislatura de entre los procuradores, por el Pleno de las Cortes.
Los procuradores eran de tres clases: natos, electivos y designados:

 Son procuradores natos aquellos que lo son por razón del cargo; por ello, cesan como procuradores al cesar el cargo que les daba dicha condición.
 Son procuradores electivos aquellos que, como su nombre indica, deben su condición de procuradores a una elección; su mandato durará cuatro años, siendo susceptibles de reelección.
 Son procuradores designados aquellas personas que por su Jerarquía eclesiástica, militar, administrativa, o por sus relevantes servicios a España, designe el Jefe del Estado.

Ley de creación de las Cortes Españolas de 1942  
La regulación básica sobre las Cortes en el periodo franquista estuvo compuesta por la Ley de creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942), la Ley de 17 de julio de 1946 sobre modificaciones en el Reglamento de las Cortes Españolas (BOE núm. 199, de 18 de julio de 1946) y la Ley Orgánica del Estado de 1967 ((BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967)) que en su disposición adicional tercera modificó diversos artículos de la Ley de Creación, sobre todo en lo relativo a la composición de las mismas.

La Ley de creación de las Cortes Españolas establecía la formación de una asamblea unicameral de elección indirecta con teórica iniciativa legal, aunque esta residía en la figura de Franco desde el momento de la promulgación de las Leyes de enero de 1938 y de agosto de 1939, que le atribuían la capacidad de dictar normas legislativas de carácter general sin ningún tipo de condicionante (es decir, Francisco Franco fue técnicamente un dictador desde enero de 1938 hasta su muerte, aunque de hecho lo era desde octubre de 1936). Se definían como el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado, cuya misión principal era la elaboración y aprobación de las Leyes sin perjuicio de la sanción que corresponde al Jefe del Estado.

Se componían de los siguientes procuradores a partir de 1967: 
 Los miembros del Gobierno.
 Los Consejeros Nacionales.
 El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el del Consejo de Estado, el del Consejo Supremo de Justicia Militar, el del Tribunal de Cuentas del Reino y el del Consejo de Economía Nacional.
 Ciento cincuenta representantes de la Organización Sindical.
 Un representante de los municipios de cada Provincia elegido por sus Ayuntamientos entre sus miembros y otro de cada uno de los municipios de más de trescientos mil habitantes y de los de Ceuta y Melilla, elegidos por los respectivos ayuntamientos entre sus miembros; un representante por cada diputación provincial y mancomunidad interinsular canaria, elegido por las corporaciones respectivas entre sus miembros, y los representantes de las corporaciones locales de los territorios no constituidos en provincias, elegidos de la misma forma.
 Dos representantes de la familia por cada provincia, elegidos por quienes figuraban en el censo electoral de cabezas de familia y por las mujeres casadas.
 Los rectores de las universidades.
 El presidente del Instituto de España y dos representantes elegidos entre los miembros de las Reales Academias que lo componen; el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dos representantes del mismo elegidos por sus miembros.
 El presidente del Instituto de Ingenieros Civiles y un representante de las asociaciones de ingenieros que lo constituyen; dos representantes de los colegios de abogados; dos representantes de los colegios médicos. Un representante por cada uno de los siguientes colegios: de agentes de cambio y bolsa, de arquitectos, de economistas, de farmacéuticos, de licenciados y doctores en Ciencias y Letras, de licenciados y doctores en Ciencias Químicas y Físico Químicas, de notarios, de procuradores de los tribunales, de registradores de la Propiedad, de veterinarios y de los demás colegios profesionales de título académico superior que en lo sucesivo se reconozcan a estos efectos, que serían elegidos por los respectivos colegios oficiales. Tres representantes de las cámaras oficiales de comercio; uno de las cámaras de la propiedad urbana y otro en representación de las asociaciones de inquilinos, elegidos por sus juntas u órganos representativos. Todos los elegidos por este apartado deberán ser miembros de los respectivos colegios, corporaciones o asociaciones que los elijan.
 Aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar o administrativa, o por sus relevantes servicios a la Patria, designase el Jefe del Estado, oído el Consejo del Reino, hasta un número no superior a veinticinco.

Funcionamiento de las Cortes  

Las Cortes funcionaban por legislaturas o períodos de tres años, coincidentes con el mandato de los procuradores de carácter electivo. Su funcionamiento se rige por su Reglamento de 1957, que regula, en primer término, los privilegios de los procuradores: inviolabilidad, inmunidad, fuero y compensación económica.

Las Cortes estaban regidas por un presidente, asistido por una Comisión Permanente; por una Comisión de Gobierno Interior; la Comisión de Corrección de Estilo, que revisaba los textos y la Comisión de Competencia Legislativa, que defiende la competencia de las Cortes. Las demás comisiones eran cuerpos especializados, en principio una por ministerio, que examinaban los respectivos proyectos de ley y prestan un dictamen al Pleno.

Función  

Las leyes de la dictadura no emanaban de un órgano popular representativo, sino de las prerrogativas del propio Franco, que le reconocían la potestad de dictar normas jurídicas de carácter general. La propia naturaleza de las Cortes, carentes de verdadera potestad legislativa, llevaba implícita la negativa al reconocimiento de las libertades de los ciudadanos por su sistema electivo.

Para la determinación de sus funciones o misiones es preciso señalar: 

 Es un órgano representativo.
 Tiene función específicamente legislativa: la preparación y elaboración de las leyes.

 Ejerce un cierto control de la Administración.
 Tiene un función extraordinaria en la determinación de la Sucesión en la Jefatura del Estado.
 Tiene un función decisoria fundamental en la declaración de incapacidad del Jefe del Estado.
 Tiene un función constituyente en la reforma de las Leyes Fundamentales del Reino.
 Ratificación de tratados o convenios internacionales que afecten a la plena soberanía o a la integridad territorial española.
 Autorizar al Jefe del Estado para realizar aquellos actos que, por Ley fundamental, requieran la intervención de las Cortes.
 Aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y aprobación de la Cuenta General del Estado.

Historia

De la Ley de Cortes a la Ley de Sucesión (1943-1947) 

Tras ser desechada la Ley de Organización del Estado presentada por Ramón Serrano Suñer, se aprobó una Ley de Cortes, donde se contenía un «órgano de autolimitación del poder en una institución más sistemática» con moderado peso legislativo. La Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942, sancionada por una Cámara constituyente de naturaleza parcialmente corporativa, ante la preeminencia de las prerrogativas ejecutivas: una Asamblea de Procuradores con funciones legislativas futuras, tal como recoge el artículo 12, que modificaba, limitadamente, las fórmulas prerrogativas del Jefe del Estado, e introducía el mecanismo corporativo de representación a nivel nacional.

Corresponde a la  legislatura de las Cortes, constituidas el 16 de marzo de 1943 de acuerdo a la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942.

El desarrollo de la «dictadura constituyente» (1947-1958) 

Una segunda fase se abrió con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 7 de junio de 1947 aprobada por referéndum el 8 de junio. La aprobación de esta ley sancionaba lo que anunció José María Pemán: el caudillaje fue un «monarquismo circunstancial» que «encarnando la voluntad de Dios, salva a un país —España—, a una civilización —Europa— y a la misma obra de Dios en la tierra —la cristiandad—».

Su inicio corresponde a la segunda mitad de la  legislatura de las Cortes franquistas, constituidas el 13 de mayo de 1946. También incluye este período a otras tres legislaturas:
  legislatura de las Cortes franquistas, constituidas el 13 de mayo de 1949.
  legislatura de las Cortes franquistas, constituidas el 14 de mayo de 1952.
  legislatura de las Cortes franquistas, constituidas el 14 de mayo de 1955.

La culminación del proceso institucional (1958-1966) 

Entre 1958 y 1966 culmina el proceso de institucionalización del régimen. El fracaso de José Luis Arrese en convertir a la Falange en el centro del sistema político y en el referente de permanencia tras la futura muerte del jefe de Estado, da paso en el gabinete de 1957 a la generación tecnocrática apadrinada por Luis Carrero Blanco y dirigida por Laureano López Rodó.

Nacía el «Estado autoritario del bienestar» (1960-1977), modelo que para G. Rodríguez Cabrero jugó un papel decisivo en la génesis del modelo propio de la democracia parlamentaria. 

Durante este periodo concluyen tres legislaturas: 

  legislatura de las Cortes franquistas, constituidas el 16 de mayo de 1958.
  legislatura de las Cortes franquistas, constituidas el 31 de mayo de 1961.
  legislatura de las Cortes franquistas, constituidas el 3 de julio de 1964.

Decadencia irreversible hasta la autodisolución (1967-1977) 

La presencia de los representantes de la familia, elegidos en 1967 por los cabezas de familia, consecuencia de la promulgación de la Ley Orgánica del Estado de 1966, marca la regresión y la decadencia irreversible del régimen, que ya solo se mantiene tanto por su propia inercia histórica como por la incapacidad de la oposición para derribarlo. Este periodo comprende las dos últimas legislaturas, hasta que en 1977 desaparecen al ser sustituidas por el Congreso de los Diputados:
  legislatura de las Cortes franquistas, constituidas el 6 de noviembre de 1967.
  legislatura de las Cortes franquistas, constituidas el 11 de noviembre de 1971.

La Ley para la Reforma Política, aprobada el 18 de noviembre de 1976, recibiendo el apoyo de 435 de los 531 procuradores, fue el instrumento jurídico que permitió en el contexto de la Transición española la eliminación de estructuras de la dictadura franquista desde un punto de vista jurídico, como las Cortes (el harakiri de estas) y a la convocatoria de elecciones democráticas, dándose un tránsito a un sistema democrático.

Presidentes 

El presidente era designado mediante decreto por el jefe de Estado en vez de ser elegido por la propia Cámara.
 Esteban de Bilbao Eguía, del 16 de marzo de 1943 al 29 de septiembre de 1965.
 Antonio Iturmendi Bañales, del 30 de septiembre de 1965 al 26 de noviembre de 1969.
 Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, del 27 de noviembre de 1969 al 5 de diciembre de 1975.
 Torcuato Fernández-Miranda y Hevia, del 6 de diciembre de 1975 al 15 de junio de 1977.

Véase también 

 Consejo Nacional del Movimiento
 Cortes republicanas
 Cortes Generales

Notas

Referencias

Bibliografía