Diversidad sexual en El Salvador

Las personas del colectivo LGBTI+ en El Salvador se enfrentan a ciertos desafíos legales y sociales no experimentados por otros residentes. Las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo fueron despenalizadas en 1826, sin embargo, la diversidad sexual aun es un tema tabú en la sociedad salvadoreña, la cual es mayormente conservadora, por lo tanto, aun persiste la violencia, la discriminación y la persecución de las personas LGBT+ en el país. A pesar de ello, poco a poco la visibilidad de este colectivo comienza a ser más notable en los medios de comunicación, en la política y en la sociedad en general, un ejemplo de ello es el caso de Hugo Salinas, primera persona abiertamente gay en ser electo alcalde de un municipio de El Salvador. Por otra parte, las Marchas del Orgullo LGBTI+ se realizan cada año en El Salvador desde 1997 en la ciudad de San Salvador.

Legislación y derechos

Despenalización de la homosexualidad 

Todas las leyes coloniales que castigaban la homosexualidad quedaron sin efecto tras la independencia en 1821, sin embargo, dado que el primer código penal de El salvador no fue promulgado sino hasta el año de 1826 (el cual no criminalizaba la homosexualidad de ninguna forma), se considera que a partir de ese año la homosexualidad ya no era considerada como un crimen en El Salvador a pesar de que las leyes coloniales ya no tenían efecto desde la independencia. 

El Salvador es el único país de Centroamérica el cual nunca ha criminalizado la homosexualidad desde su conformación como un estado soberano, al menos no de forma explícita, sin embargo ocurrieron varios casos a lo largo del  en donde se arrestaron a personas LGBTI+ utilizando leyes que criminalizaban los actos que atentaran contra las "buenas costumbres", un ejemplo de ello es el arresto de Juliana Martínez, una mujer trans de San Vicente la cual fue detenida por la Policía de Hacienda en 1940, utilizando la 'Ley de Vagos y Maleantes' (aprobada en julio de 1940) en su contra. 

Por otra parte, en el año 2003 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidad observó que las 'disposiciones locales' o mejor conocidas como 'ordenanzas sobre delitos menores' se utilizaban para discriminar a las personas por su orientación sexual. La edad de consentimiento sexual en El Salvador es de 15 años, sin importar la orientación sexual.

Reconocimiento de las parejas del mismo sexo 

No existe ningún tipo de reconocimiento hacia las parejas formadas por personas del mismo sexo en forma de matrimonio o de unión civil en El Salvador, por ende, el estado salvadoreño tampoco reconoce a la familia homoparental. Desde 2005 se vienen estableciendo diversos debates en la Asamblea Legislativa con el fin de prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, esto con un gran apoyo por parte de los partidos conservadores y de la Iglesia católica. Sin embargo, todos los intentos por prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario y la adopción homoparental han fracasado.

En agosto de 2016, un abogado de El Salvador presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que se modifique el artículo 11 del Código de Familia, el cual define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Al etiquetar la ley como discriminatoria y explicar la falta de términos de género utilizados en el artículo 34 de la Constitución, la demanda buscaba permitir a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio. El 20 de diciembre del mismo año, la Corte Suprema rechazó la demanda por un tecnicismo. El 11 de noviembre de 2016, se presentó una segunda demanda contra la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. El 17 de enero de 2019, la Corte Suprema desestimó el caso por motivos de procedimiento.

En enero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictamino una sentencia en la que se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese mismo mes, la Sala de lo Constitucional invalidó una propuesta de prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.

A inicios de 2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ), resolvería en los primeros meses una demanda que buscaba anular una disposición legal que bloquea el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país, sin embargo, dada la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a inicios de 2020, la resolución del caso nunca se llevó a cabo, y hasta el día de hoy no existe más información al respecto sobre la resolución del caso.

Leyes y medidas antidiscriminación

Protección laboral 
Desde el año 2010, el estado de El Salvador cuenta con medidas legales las cuales prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral. No obstante, las medidas legales vigentes contra la discriminación, solo se limitan a la administración pública. 

Decreto Ejecutivo No.56: En el año 2010, se emitió el Decreto Ejecutivo No.56, el cual contiene una serie de disposiciones para evitar toda forma de discriminación, ya sea de forma directa o indirecta, por motivos de orientación sexual e identidad de género en la Administración Pública. En la actualidad, este decreto es el único instrumento legal existente, el cual otorga protección limitada contra la discriminación en el ámbito laboral.

El Decreto Ejecutivo No.56 expresa lo siguiente:

Protección amplia 
Desde el año 2009 han ocurrido avances en la legislación salvadoreña en materia de erradicación y protección legal contra la discriminación de forma amplia a través de acuerdos, normas, leyes, códigos y lineamientos, sin embargo, algunos de estos avances han sido limitados, ya que algunos solo prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual, pero no por motivos de la identidad y expresión de género, las características sexuales o por ser portador de VIH, por otra parte, los avances en la legislación salvadoreña contra la discriminación solo se limitan a ciertas áreas, entre ellos está el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de justicia y el sistema bancario. No ha habido avances contra la discriminación en otras áreas, tal como en la erradicación del acoso o bullying homofobo en las escuelas e institutos, en el acceso a la vivienda o en el acceso a lugares y/o establecimientos tanto públicos o privados, entre otras áreas.

En el sistema educativo 
Desde el año 2016, ha habido avances en el sistema educativo en materia de protección legal contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, a través de ciertas leyes, políticas y códigos de ética, no obstante, algunos de estos avances son limitados, ya que algunos solo prohíben la discriminación por motivos de la orientación sexual, pero no por motivos de la identidad y expresión de género, las características sexuales o por ser portador de VIH, por lo tanto, las personas trans e intersex son más vulnerables a sufrir acoso, discriminación, maltratos físicos, verbales o psicológicos, a ser expulsados o a directamente denegarles el acceso a la educación. Por otra parte, a pesar de que ha habido avances contra la discriminación en el sistema educativo, la discriminación aún persiste en esta área. 

La Ley crecer juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia (2022), establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados por el personal del centro educativo y a recibir una educación basada en la tolerancia, comprensión mutua, respeto y solidaridad. De igual forma establece que las instituciones educativas deben implementar medidas de disciplina positiva y prohibir todo abuso, maltrato físico, verbal, psicológico y de cualquier forma de violencia. Por otra parte, esta ley también prohíbe la exclusión, expulsión y negación de matrícula por motivos de orientación sexual o VIH/SIDA. La Política de equidad e igualdad de género (2016 y 2020), es un instrumento el cual permite la adopción de medidas que erradiquen la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual en el sistema educativo. No obstante, las líneas de acción que ofrece esta política para erradicar la discriminación son limitadas, por otra parte, esta política tiene un periodo de vigencia limitado, quedando sin efecto la primera versión de la política en 2020, sin embargo, ese mismo año se emitió una segunda versión de la política, teniendo un periodo de vigencia de 5 años.  

La Política de equidad e igual de género y la Ley crecer juntos, son los únicos instrumentos existentes en materia de protección legal contra la discriminación en lo que respecta a la educación básica y media (escuela y bachillerato), sin embargo, en lo que respecta a la educación superior (universidad), depende de cada una de las universidades del país. La Universidad de El Salvador (UES), por ejemplo, prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en sus instalaciones por medio de su código de ética, pero otras universidades del país, como la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), por ejemplo, no prohíben este tipo de discriminación en sus instalaciones. La Ley especial para la regulación de las practicas clínicas de los estudiantes de internado rotatorio, año social y médicos y odontólogos residentes en proceso de especialización (2019), establece que los estudiantes que están en proceso de especialización tienen derecho a no ser discriminados por motivos de su orientación sexual o su 'condición de género'.  Los avances que han ocurrido en los últimos años son los siguientes: 

Ley crecer juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia: La Ley crecer juntos tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de toda niña, niño y adolescente y facilitar el cumplimiento de sus deberes, independientemente de su nacionalidad. Esta ley establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados por el personal del centro educativo y a recibir una educación basada en la tolerancia, comprensión mutua, respeto y solidaridad. De igual forma establece que las instituciones educativas deben implementar medidas de disciplina positiva y prohibir todo abuso, maltrato físico, verbal, psicológico y de cualquier forma de violencia. Por otra parte, esta ley también prohíbe la exclusión, expulsión y negación de matrícula por motivos de orientación sexual o VIH/SIDA.

Algunos de los artículos más importantes de la Ley crecer juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia expresan lo siguiente:

Política de Equidad e Igualdad de Género: Desde el año 2016, el ministerio de educación cuenta con una Política de Equidad e Igualdad de género. Esta política es un instrumento el cual permite la adopción de medidas que erradiquen la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual en el sistema educativo. No obstante, las líneas de acción que ofrece esta política para erradicar la discriminación son limitadas, por otra parte, esta política tiene un periodo de vigencia limitado, quedando sin efecto la primera versión de la política en 2020, sin embargo, ese mismo año se emitió una segunda versión de la política, teniendo un periodo de vigencia de 5 años (2020 - 2025).

Ley especial para la regulación de las practicas clínicas de los estudiantes de internado rotatorio, año social y médicos y odontólogos residentes en proceso de especialización: En febrero de 2019, entró en vigencia este decreto legislativo, el cual tiene por objeto unificar y regular los procesos necesarios para la enseñanza y aprendizaje técnico académico durante el período de las prácticas clínicas de los estudiantes de Internado Rotatorio y Año Social de las carreras de Medicina y Odontología y, Médicos u Odontólogos residentes en proceso de especialización. En el capítulo II, artículo 16, literal E, establece que los estudiantes tienen derecho a no ser discriminados por motivos de su orientación sexual  o su 'condición de género'. En el capítulo IV, artículo 42, literal F, establece que los residentes tienen derecho a no ser discriminados por motivos de su "preferencia sexual" y "condición de género".

El literal "E" del artículo 16 y el literal "F" del artículo 42 de la Ley especial para la regulación de las practicas clínicas de los estudiantes de internado rotatorio, año social y médicos y odontólogos residentes en proceso de especialización expresan lo siguiente:

Código de Ética de la Universidad de El Salvador (UES): El código de ética de la UES prohíbe discriminar a la persona por motivos de su identidad de género u orientación sexual en la prestación de un servicio de los cuales oferte la institución, así como también prohíbe discriminar a los usuarios que demandan o solicitan servicios de la universidad, de igual forma el código de ética establece que el personal académico debe propiciar un ambiente académico caracterizado por la equidad, el respeto mutuo, la tolerancia, la cordialidad y la actitud de servicio, garantizando así un trato digno hacia los estudiantes sin ningún tipo de discriminación.

El Código de Ética de la Universidad de El Salvador expresa lo siguiente:

Código de Ética de la Universidad Francisco Gavidia (UFG): El código de ética de la UFG prohíbe toda forma de discriminación arbitraria por motivos de orientación sexual, así como también prohíbe el acoso y los actos discriminatorios por motivos de orientación sexual.

El Código de Ética de la Universidad Francisco Gavidia expresa lo siguiente:

Código de Ética de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA): El código de ética de la UCA prohíbe toda práctica, acción u omisión que favorezca o legitime la discriminación o diferencia injustificada entre personas por motivos de orientación sexual. Por otra parte, uno de los Cánones Éticos del código, establece que se debe procurar un trato participativo y equitativo, que mantenga siempre el respeto hacia las personas, independientemente de su orientación sexual. Además, el literal C del apartado 4 de la Política Preventiva Contra el Acoso Sexual del código de ética universitario, prohíbe hacer comentarios ofensivos o inapropiados sobre gestos de orientación sexual.

El Código de Ética de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" expresa lo siguiente:

Código de Ética de la Universidad Autónoma de Santa Ana (UNASA): En los valores institucionales que se mencionan en el capítulo III del código de ética de la UNASA, destaca el valor de la Equidad, el cual dice que: "Los miembros de la comunidad educativa, fomentarán y practicarán la equidad, dando un trato igualitario a cada persona, sin tener en cuenta su condición sexual". Si bien no dice expresamente "orientación sexual" en el código de ética, la "Condición sexual" es la manera de esta universidad para referirse a la orientación sexual, por ende, se entiende que el código de ética establece que se debe dar un trato igualitario a cada persona, sin importar su orientación sexual.

El Código de Ética de la Universidad Autónoma de Santa Ana expresa lo siguiente:

En el sistema de salud 
Desde el año 2009, ha habido avances en el sistema de salud en materia de erradicación y protección legal contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, a través de acuerdos, normas, leyes, códigos y lineamientos, no obstante, algunos de estos avances son limitados, ya que algunos solo prohíben la discriminación por motivos de la orientación sexual, pero no por motivos de la identidad y expresión de género, las características sexuales o por ser portador de VIH, por lo tanto, las personas trans e intersex son más vulnerables a sufrir acoso, discriminación, maltratos físicos, verbales o psicológicos, a ser denigrados o a directamente negarles la atención médica. Por otra parte, a pesar de los avances contra la discriminación en el sistema de salud, la discriminación aún persiste en esta área.

El Acuerdo Ministerial No.202 (2009) y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud (2016), prohíben al personal que labora en las instalaciones del sistema de salud (hospitales, unidades de salud, etc.) negar, discriminar o brindar deficientemente la atención en salud por motivos de orientación sexual. De igual forma, la Norma Técnica de Atención y Cuidados en Salud al Hombre Adulto (2023), establece que la población de hombres adultos tiene derecho a un sistema de cuidados adecuados, oportunos, prioritarios e inmediatos, que provea la protección, promoción de la salud, trato digno, humanizado, con respeto y cortesía; sin ningún tipo de discriminación por razones de orientación sexual. Además, la Norma técnica de atención integral en salud a la persona adulta mayor (2020), establece que la persona adulta mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados adecuados, oportunos, prioritarios e inmediatos, que provea la protección y promoción de la salud con trato digno, con respeto y sin ningún tipo de discriminación por razones de orientación sexual. Por otra parte, la Norma de atención integral en salud de las personas afectadas por violencia y lesiones (2016), garantiza el acceso a los servicios de salud, así como a la rehabilitación integral a todas las personas afectadas por violencia y lesiones, sin discriminación alguna por motivos de orientación sexual e identidad de género. Además, la Política Para la Igualdad y Equidad de Género en Salud (2022) y la Política Nacional de Cuidado de Enfermería (2016), establecen líneas de acción para fortalecer el sistema de valores de enfermería orientada a la preservación de los principios éticos y el cumplimiento de las responsabilidades legales para la defensa y respeto de la dignidad y los derechos humanos, así como para garantizar que la prestación de servicios sanitarios se realice sin discriminación por género, orientación sexual o personas con VIH/sida atendiendo la interseccionalidad. Por otra parte, los Lineamientos técnicos para la atención integral en salud de la población LGBTI (2012 y 2016), son una serie de lineamientos técnicos dirigidos al personal de salud, donde prevalece la promoción de salud y prevención de enfermedades, así como los tratamientos específicos en aspectos que se requiera; con énfasis en la población trans debido a que ha sido la más invisibilizada. Por último, la Norma Técnica de Promoción de la Salud (2021), pretende establecer las disposiciones para la implementación de acciones de promoción de la salud en el Sistema Nacional Integrado de Salud, incluyendo la diversidad sexual. Los avances que han ocurrido en los últimos años son los siguientes:

Acuerdo No.202: En el año 2009 se aprobó el Acuerdo No.202, el cual oficializa erradicar cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación sexual en el sistema de salud público, sin embargo, en las disposiciones que ofrece este acuerdo, solo se oficializa erradicar la discriminación por motivos de orientación sexual, excluyendo a la identidad y expresión de género, por lo tanto, las personas trans quedan excluidas de las disposiciones que ofrece este acuerdo para erradicar la discriminación.

Los artículos del Acuerdo No.202 expresan lo siguiente:

Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud: En abril de 2016, entró en vigencia esta ley, la cual tiene como objetivo regular y garantizar los derechos y deberes de los pacientes que soliciten o reciban servicios de salud, así como de los prestadores de servicios en el ámbito público, privado y autónomo, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). En el artículo 42 (infracciones graves), literal "E", se establece que negar la atención en salud a una persona o brindarla deficientemente por motivos de "diversidad sexual" constituye una infracción grave.

El literal "e" del artículo 42 de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud expresa lo siguiente:

Política Nacional de Cuidado de Enfermería: Esta política de 2016, responde a requerimientos Internacionales y nacionales, a fin de sistematizar y estructurar diferentes condiciones que influyen en la prestación de cuidados de enfermería a la población, es así que se incluyen y describen ejes de actuación, definidos bajo un enfoque integral e integrado en las condicionantes y factores que intervienen para la optimización de la calidad del cuidado a la persona. En el capítulo VI (Enfoques), se menciona los enfoques en los que estará basada la calidad del cuidado de enfermería, destacando el enfoque de derechos humanos, el cual expresa el respeto hacia los Derechos Humanos e impulsa la equidad y la no discriminación por “preferencia sexual”. En el capítulo VIII (Estrategias y líneas de acción por objetivos), destaca la línea de acción 2.2.3 de la estrategia 2.2 del objetivo 2, (El cual incluye el enfoque de Derechos Humanos).

El capítulo VI y VIII de la Política Nacional de Cuidado de Enfermería expresan lo siguiente:

Norma Técnica de Atención y Cuidados en Salud al Hombre Adulto: En febrero de 2023, entró en vigencia este acuerdo ejecutivo, el cual tiene por objeto unificar criterios y establecer los procedimientos técnicos, administrativos y operativos, de los diferentes niveles de atención del SNIS, para la promoción, prevención, restablecimiento y rehabilitación de la salud del hombre adulto con atenciones preventivas, curativas y especializadas, para incidir en el estado de salud de la población salvadoreña, procurando el acceso equitativo y universal con enfoques de derechos, género, masculinidades, multiculturalidad y determinación social. En el capítulo IV, artículo 52, literal "C", se establece que 'La población de hombres adultos tiene derecho a un sistema de cuidados adecuados, oportunos, prioritarios e inmediatos, que provea la protección, promoción de la salud, trato digno, humanizado, con respeto y cortesía, […] sin ningún tipo de discriminación por razones de orientación sexual.

El artículo 52 de la Norma Técnica de Atención y Cuidados en Salud al Hombre Adulto expresa lo siguiente:

Norma Técnica de Atención Integral en Salud a la Persona Adulta Mayor: En febrero de 2020, entró en vigencia este acuerdo ejecutivo, el cual tiene por objeto establecer las disposiciones técnicas que regulan la atención integral, bio-psicosocial y funcional a la persona adulta mayor. En el capítulo IV, artículo 8, se establece que 'La persona adulta mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados adecuados, oportunos, prioritarios e inmediatos, que provea la protección y promoción de la salud con trato digno, […] libre de discriminación, incluso por motivos de orientación sexual'.

El artículo 8 de la Norma Técnica de Atención Integral en Salud a la Persona Adulta Mayor expresa lo siguiente:

Norma de Atención Integral en Salud de las Personas Afectadas por Violencia y Lesiones: En agosto de 2016, entró en vigencia este acuerdo ejecutivo, el cual tiene por objeto establecer disposiciones en las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud, para la atención integral en salud de las personas afectadas por violencia y lesiones en el curso de vida, incluyendo la no discriminación y prevención de la violencia; enmarcado en el enfoque de género, derechos humanos y determinación social de la salud para el fomento del buen vivir en la población salvadoreña. En el capítulo III, artículos 17 y 18, establecen que todas las personas afectadas por violencia y lesiones, tendrán acceso a los servicios de salud, sin ningún tipo de discriminación por motivos de orientación sexual. De igual manera, en el capítulo IV, artículo 42, establece que se garantizar el acceso a la rehabilitación integral a personas afectadas por violencia y lesiones, sin distinción alguna, incluso por motivos de orientación sexual.

Los artículos 17, 18 y 42 de la Norma de atención integral en salud de las personas afectadas por violencia y lesiones expresan lo siguiente:

Política Para la Igualdad y Equidad de Género en Salud: En 2022, el ministerio de salud presentó la segunda versión de la Política para la Igualdad y Equidad de Género en Salud, en la cual se presenta la actualización del marco legal que le da sustento, así como el fortalecimiento de las líneas de acción que permitirán la operativización de la política. En el capítulo VIII (Estrategias y líneas de acción), destaca la línea de acción 4.2.1 de la estrategia 4.2 del objetivo 4, en la cual se establece que se debe garantizar que la prestación de servicios sanitarios se realice sin discriminación por motivos de género, orientación sexual o personas con VIH/sida, atendiendo la interseccionalidad.

El capítulo VIII de la Política Nacional de Cuidado de Enfermería expresan lo siguiente:

Lineamientos técnicos para la atención integral en salud de la población LGBTI: En el 2016, el ministerio de salud junto a varias organizaciones y mesas LGBTI, crearon la segunda edición de los lineamientos técnicos dirigidos al personal de salud, tomando en cuenta la experiencia de la primera edición de 2012. La actualización de 2016, define el abordaje integral en salud para evitar la estigmatización, desde el enfoque de Atención Primaria en Salud Integral (APSI), donde prevalece la promoción de salud y prevención de enfermedades, así como los tratamientos específicos en aspectos que se requiera; con énfasis en la población trans debido a que ha sido la más invisibilizada.

Norma Técnica de Promoción de la Salud: En 2021, el ministerio de salud emitió la Norma Técnica de Promoción de la Salud, la cual pretende establecer las disposiciones para la implementación de acciones de promoción de la salud en el Sistema Nacional Integrado de Salud, incluyendo la diversidad sexual.

Los artículos 7, 13, 26, 39 y 42 de la Norma Técnica de Promoción de la Salud expresan lo siguiente:

En el sistema de justicia 
Desde el año 2012, ha habido avances en el sistema de justicia en materia de protección legal contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, a través de leyes, códigos, políticas y reglamentos, no obstante, algunos de estos avances son limitados, ya que algunos solo prohíben la discriminación por motivos de la orientación sexual, pero no por motivos de la identidad o expresión de género, las características sexuales o por ser portador de VIH, por lo tanto, las personas trans e intersex son más vulnerables a sufrir dificultades y discriminación a la hora de la reparación o de acceder a los servicios del Sistema de Justicia. Por otra parte, a pesar de los avances contra la discriminación en el Sistema de Justicia, la discriminación aún persiste en esta área.

Reglamento disciplinario de la Procuraduría General de la República: En diciembre de 2022, entró en vigencia este reglamento, el cual tiene por objeto regular el procedimiento disciplinario, garantizando los derechos de la persona servidora pública de la institución y de los demás sujetos involucrados.

Los artículos 3, 7, 22, 31 y 38 del Reglamento disciplinario de la Procuraduría General de la República expresan lo siguiente:

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: En mayo de 2021, entró en vigencia este decreto legislativo, el cual tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Procuraduría General de la República en el marco de las atribuciones que la Constitución, tratados internacionales y otras leyes de la República le confieren. Los artículos 82, 83, 84 y 86 del capítulo I, del título VI, establecen que Los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la República son sujetos de responsabilidad civil, penal y administrativas, de igual forma establece que las infracciones u omisiones señaladas en esta ley y su reglamento serán deducidas y sancionadas administrativamente. Entre las infracciones graves se encuentra el realizar cualquier acción u omisión que genere discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o identidad sexual.

Los artículos 82, 83 y 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República expresan lo siguiente:

Política de Persecución Penal: En septiembre de 2017, entró en vigencia este acuerdo institucional, la cual define los criterios y lineamientos del marco de la acción institucional, de acuerdo a principios como dignidad humana, presunción de inocencia, legalidad, oficialidad, oficiosidad, oportunidad reglada, proporcionalidad, lesividad, objetividad, racionalidad, unidad de acción y dependencia jerárquica. En la sección C, Artículo 25, se establece que "En los casos de víctimas en condiciones especiales de vulnerabilidad, los Agentes Auxiliares realizaran sus funciones potenciando su acceso a la justicia, así como la restauración y restitución de sus derechos, especialmente en lo psicológico, social y patrimonial; velando por el goce de los mismos, reconocidos a su favor en la legislación primaria, secundaria, incluyendo los instrumentos jurídicos internacionales [...] Las personas LGBTI se consideran personas en condiciones especiales de vulnerabilidad".

El artículo 25 de la Política de Persecución Penal expresa lo siguiente:

Código de Ética Judicial de El Salvador: En febrero de 2014, entró en vigencia este acuerdo judicial, el cual tiene como finalidad mejorar la calidad de la Justicia en El Salvador; señalando los principios o valores y deberes éticos de la función judicial con el objeto de proteger los bienes morales de la sociedad, de los justiciables, abogados, usuarios, jueces y juezas, a fin de promover la excelencia y transparencia judicial. El artículo 23 del capítulo II, Principios y Deberes éticos, establece el principio de no discriminación.

El artículo 23 del Código de Ética Judicial de El Salvador expresa lo siguiente:

Política de Persecución Penal en Materia Penal Juvenil: En julio de 2012, entró en vigencia este acuerdo judicial, el cual tiene como función primordial orientar la acción de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la República para el logro de los objetivos institucionales en el marco del deber ser y el deber de actuar para el cumplimiento de los principios y valores que orientan la investigación y el procesamiento de los adolescentes en conflicto con la Ley penal, siendo obligatoria para todo el personal, sin perjuicio de la corresponsabilidad de otros actores estatales para garantizar la efectividad de los derechos de los adolescentes. El artículo 3 del capítulo I, establece que los adolescentes serán tratados sin ningún tipo de discriminación por motivos de orientación sexual.

El artículo 3 de la Política de Persecución Penal en Materia Penal Juvenil expresa lo siguiente:

Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República: En febrero de 2012, entró en vigencia este reglamento interno de trabajo, el cual tiene por objeto establecer las normas internas que señalen, identifiquen y regulen la forma de comportamiento en que ha de prestar sus servicios el personal de la Procuraduría General de la República, y normar las relaciones laborales entre la Procuraduría y su personal y el procedimiento interno a seguir para la adecuada aplicación de los derechos, los deberes, obligaciones, prohibiciones y las medidas disciplinarias. El artículo 42, enumera las prohibiciones que constituyen faltas leves, graves y muy graves. El literal "B.10" del artículo 42 establece que Discriminar a compañeros y compañeras por su preferencia sexual constituye una falta grave.

El literal "B.10" del artículo 42 del Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República establece lo siguiente:

En el sistema bancario 
En el año 2011, ocurrió el primer avance en el sistema bancario en materia de protección legal contra la recolección de datos por motivos de orientación sexual, no obstante, este avance es limitado, ya que solo prohíbe la recolección de datos por motivos de la orientación sexual, pero no por motivos de la identidad o expresión de género, las características sexuales o por ser portador de VIH, por otra parte, no existe legislación alguna la cual prohíba la discriminación en el sistema bancario por motivos de la orientación sexual, la identidad o expresión de género, las características sexuales o por ser portador de VIH, por lo tanto, las personas LGBTI+ son vulnerables a sufrir dificultades y discriminación a la hora de acceder a los servicios del sistema bancario.

Ley de Regulación de los Servicios de Información Sobre el Historial de Crédito de las Personas: En agosto de 2011, entró en vigencia este decreto legislativo, el cual tiene como objeto garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen en el tema de la confiabilidad, la veracidad, la actualización y el buen manejo de los datos de consumidores o clientes, relativos a su historial de crédito, incorporados o susceptibles de ser incorporados a una agencia de información de datos administrada por una persona jurídica, debidamente autorizada conforme a esta ley. El literal G, del artículo 19, prohíbe a las agencias de información con relación a sus bases de datos, recolectar, almacenar, actualizar, grabar, organizar, sistematizar, elaborar, seleccionar, confrontar o interconectar en sus bases de datos, y, en general, información sobre la conducta, preferencia u orientación sexual de las personas.

El artículo 19 de la Ley de Regulación de los Servicios de Información Sobre el Historial de Crédito de las Personas expresa lo siguiente:

En el sector turístico 
Desde el año 2005, El Salvador cuenta con legislación vigente la cual prohíbe la discriminación por motivos de “preferencia sexual” (orientación sexual) en el sector turístico, no obstante, este avance es limitado, ya que solo prohíbe la discriminación por motivos de la orientación sexual, pero no por motivos de la identidad o expresión de género, características sexuales o por ser portador de VIH, por lo tanto, las personas trans e intersex son más vulnerables a sufrir dificultades y discriminación a la hora de acceder a los servicios turísticos. Por otra parte, a pesar de los avances contra la discriminación en el sector turístico, la discriminación aún persiste en esta área.

Ley de Turismo: En diciembre de 2005, entro en vigencia este decreto legislativo, el cual tiene por objeto fomentar, promover y regular la industria y los servicios turísticos del país, prestados por personas naturales o jurídicas nacionales o extrajeras. El literal H, del articulo 25, prohíbe realizar actos discriminatorios por razones de "preferencia sexual" (orientación sexual) en la ocasión de la prestación de sus servicios, por otra parte, el articulo 26 y 27 clasifican la gravedad de las infracciones cometidas, siendo el literal H una infracción leve.

El articulo 25, 26 y 27 de la Ley de Turismo expresan lo siguiente:

Donación de sangre 
Con respecto a la donación de sangre, el Ministerio de Salud impide que las personas LGBTI+ puedan donar sangre según se expresa en el Manual de promoción, capacitación y selección de donantes de sangre, ya que si bien en el apartado 2.7 (literal D / conductas sexuales de riesgo), se expresa que las únicas personas con conductas sexuales de riesgo las cuales no son aptas para donar sangre son aquellas que tienen más de una pareja sexual o que sean trabajadoras/es sexuales, el Anexo No.2 y 3 del manual  (Ficha de evaluación del donante y Criterios médicos de selección de donantes), expresan lo contrario. 

El Anexo No.2 muestra el formulario que una persona debe llenar para poder donar sangre, de las 34 preguntas del formulario destaca la pregunta 27 (¿Ha tenido usted o su pareja conductas sexuales de riesgo?), esta pregunta destaca porque de acuerdo con el literal D del apartado 2.7, se entiende que las personas con conductas sexuales de riesgo (las cuales no son aptas para donar sangre), son aquellas que tienen múltiples parejas sexuales o que sean trabajadoras/es sexuales, sin embargo el Anexo No.3 contradice al apartado 2.7. El Anexo No.3 muestra una tabla con las mismas preguntas del Anexo No.2 pero con una breve descripción, en la descripción de la pregunta 27 se expresa que las personas con conductas sexuales de riesgo son: hombres que tienen relaciones sexuales con su mismo sexo, así como también hombres o mujeres que han tenido sexo con pareja bisexual.

La pregunta 27 del Anexo No.3 del Manual de promoción, capacitación y selección de donantes de sangre expresa lo siguiente:

VIH-SIDA 
En cuanto al estatus de VIH, la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, tiene por objeto velar en el sector tanto público como privado, por la salud de los habitantes en la prevención, promoción, protección, atención integral y el control de la infección causada por el VIH, con énfasis en los ámbitos educativo, laboral, penitenciario, salud e investigación; respetando los derechos humanos de la población. A pesar de que no se hace mención de las personas LGBTI+, esta ley establece que ninguna persona con VIH será discriminada, de igual forma, en el artículo 10 se establecen los derechos que poseen las personas con VIH. 

El artículo 10 de la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el VIH establece lo siguiente:

Ordenanzas Municipales 
Las Ordenanzas son las normas generales que regulan la organización, administración o prestación de los servicios públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o específicas de las Municipalidades o establecen las limitaciones y modalidades a la propiedad privada. En El Salvador, únicamente en 7 de los 262 municipios que conforman a la república, han emitido algún tipo de ordenanza u ordenanzas con el fin de erradicar la discriminación (en los respectivos municipios) por motivos de orientación sexual y/o identidad de género.

La Libertad

Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas (Municipio de San Juan Opico): Esta ordenanza municipal entró en vigencia el 17 de noviembre de 2016, la cual tiene como finalidad generar una cultura ciudadana que busque incrementar el respeto entre las personas, así como el cumplimiento de las leyes y normas de convivencia, la resolución pacífica y alternativa de conflictos. En el capítulo III de esta ordenanza, destaca el artículo 42, el cual establece sanciones contra quienes lleguen a hostigar, perturbar o maltratar verbal o psicológicamente a una persona/as de diversidad sexual. A principios de 2023, esta ordenanza municipal fue actualizada para incrementar las diferentes sanciones que se aplican en cada uno de los artículos.

Los artículos 1 y 42 de esta ordenanza municipal expresan lo siguiente:

La Paz

Ordenanza Reguladora de los Espacios Públicos y Privados Libres de Violencia Contra las Mujeres, Niños/as y adolescentes (Municipio de Santa María Ostuma): Esta ordenanza municipal la cual entró en vigencia el 15 de diciembre de 2013, la cual tiene la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes y, a la vez, prevenir la violencia social en los espacios públicos y privados del Municipio. En el capítulo I de esta ordenanza, destaca el artículo 4, el cual establece que el fin de la ordenanza (espacios públicos y privados libres de violencia) será en beneficio para todos los habitantes del municipio; es así como el artículo 4 prohíbe toda forma de discriminación en el municipio, incluyendo la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, ya que la Identidad Sexual (tal como se menciona en el Art. 4) comprende lo que es la orientación sexual e identidad de género, por ende, la protección aplica.

Los artículos 1, 3 y 4 de esta ordenanza municipal expresan lo siguiente:

La Unión

Ordenanza Municipal para la Atención y Protección de la Persona Migrante y su Familia (Municipio de La Unión): Esta ordenanza municipal entró en vigencia el 8 de octubre de 2022, la cual tiene la finalidad de regular la atención y protección que la municipalidad de La Unión, brindará a la persona migrante y su familia mediante la implementación de diferentes políticas, programas y proyectos; encaminados al pleno respeto de los derechos fundamentales reconocidos en diferentes legislaciones y normativas nacionales e internacionales, promoviendo el bienestar común de todos los habitantes sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, edad, religión, nacionalidad, credo político y cultura.

Los artículos 3, 11 y 15 de esta ordenanza municipal expresan lo siguiente:

Ordenanza Municipal para la Atención y Protección de la Persona Migrante y su Familia (Municipio de Pasaquina): Esta ordenanza municipal entró en vigencia el 28 de septiembre de 2022, la cual tiene la finalidad de regular la atención y protección que la municipalidad de Pasaquina, brindará a la persona migrante y su familia mediante la implementación de diferentes políticas, programas y proyectos; encaminados al pleno respeto de los derechos fundamentales reconocidos en diferentes legislaciones y normativas nacionales e internacionales, promoviendo el bienestar común de todos los habitantes sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, edad, religión, nacionalidad, credo político y cultura.

Los artículos 3, 11 y 15 de esta ordenanza municipal expresan lo siguiente:

San Salvador

Ordenanza Reguladora de Elementos Publicitarios (Municipio de San Salvador): Esta ordenanza municipal, emitida en agosto de 2012, tiene por objeto regular la ubicación, instalación, modificación y retiro de toda clase de elementos publicitarios instalados o a instalar en el espacio público o visto desde el espacio público en el Municipio de San Salvador. El artículo 15, literal "I", prohíbe la instalación de elementos publicitarios que tengan contenido de menosprecio, odio, crueldad, encaminados a la burla, desacreditación o degradación de personas, basado en discriminación e irrespeto por motivos de orientación sexual e identidad de género. Esta ordenanza municipal fue reformada a finales de 2020 para incluir el literal "I".

El artículo 15, literal "I", de esta ordenanza municipal expresa lo siguiente:

Ordenanza Municipal para la Prevención de la Discriminación e Intolerancia (Municipio de San Salvador): A finales de diciembre de 2019, el consejo municipal de San Salvador emitió el Decreto Número 51, o como se le conoce por su nombre técnico: Ordenanza Municipal para la Prevención de la Discriminación e Intolerancia. Esta ordenanza tiene la finalidad de prevenir y sancionar cualquier acto de discriminación en los espacios públicos del municipio de San Salvador por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Algunos de los artículos más importantes de esta ordenanza municipal son los siguientes:

San Vicente

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres en Espacios Públicos y Privados (Municipio de Tecoluca): Esta ordenanza municipal entró en vigencia el 25 de septiembre de 2013, la cual tiene la finalidad promover en la población la prevención de la violencia desde la convivencia ciudadana; fomentando una cultura de respeto a la no violencia contra las mujeres, niñez, adolescencia y violencia social en el municipio. En el capítulo I de esta ordenanza, destaca el artículo 4, el cual para prevenir la violencia en espacios públicos y privados, prohíbe toda forma de discriminación en el municipio, incluyendo la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, ya que la Identidad Sexual (tal como se menciona en el Art. 4) comprende lo que es la orientación sexual e identidad de género, por ende, la protección aplica.

Los artículos 1 y 4 de esta ordenanza municipal expresan lo siguiente:

Santa Ana

Ordenanza Municipal para la Atención y Protección de la Persona Migrante y su Familia (Municipio de San Antonio Pajonal): Esta ordenanza municipal entró en vigencia el 28 de septiembre de 2022, la cual tiene la finalidad de regular la atención y protección que la municipalidad de Pasaquina, brindará a la persona migrante y su familia mediante la implementación de diferentes políticas, programas y proyectos; encaminados al pleno respeto de los derechos fundamentales reconocidos en diferentes legislaciones y normativas nacionales e internacionales, promoviendo el bienestar común de todos los habitantes sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, edad, religión, nacionalidad, credo político y cultura.

Los artículos 3, 11 y 15 de esta ordenanza municipal expresan lo siguiente:

Otras medidas antidiscriminación 
Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor: En abril de 2021 se emitió esta ley, la cual tiene por objeto garantizar, proteger y promover el reconocimiento y el pleno goce y  ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor, en el capítulo II, artículo 6, literal "a", se establece que la persona adulta mayor, tiene derecho a no ser discriminada por motivos de su orientación sexual.

El literal "a", del artículo 6 de la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor expresa lo siguiente:

Leyes sobre amenazas, crímenes de odio e incitación al odio 
Coacción y Amenazas

El artículo 155 (agravaciones especiales de los artículos 153 y 154) del Código penal, el cual fue modificado en 2015 por el Decreto No.106/2015, condena la coacción y las amenazas que fueren motivadas por la orientación sexual e identidad y expresión de género.

Los artículos 153, 154 y 155 del Código Penal expresan lo siguiente:

Crímenes de odio

El artículo 129 del Código Penal, el cual fue modificado en 2015 por el Decreto No.106/2015, agrava el delito de homicidio cuando está motivado por la orientación sexual o la identidad y expresión de género de la víctima, llegando a penas de hasta 60 años de prisión para los homicidios motivados por el odio.

El artículo 129 del Código Penal expresa lo siguiente:

Incitación al odio

A pesar de que existen leyes que penalizan la coacción y las amenazas, así como los crímenes de odio motivados por la orientación sexual o la identidad y expresión de género, no existen leyes que criminalicen la incitación al odio, de igual forma, tampoco se criminaliza el discurso de odio.

Ley de Identidad de Género 
La comunidad LGBTI+ salvadoreña ha sido uno de los sectores de la población que ha presenciado más de cerca las consecuencias del sistema conservador y anti-derechos que ha sido construido a través de los años. La población trans en particular, es aún más susceptible a sufrir las consecuencias de este sistema; el limitado acceso a servicios básicos como el sistema de salud o el sistema educativo, la alta tasa de discriminación y la exclusión en el ámbito laboral, son por mencionar, algunas de las situaciones que la población trans enfrenta en el día a día; todos estos problemas de desigualdad, radican en la aprobación de una Ley de Identidad de Género.

El 22 de marzo de 2018 fue presentado el anteproyecto de la Ley de Identidad de Género, a manos del Grupo Parlamentario del FMLN y las organizaciones que integran la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, esperando que fuera analizada y aprobada en el pleno legislativo. La propuesta de ley pasó a manos de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, donde se esperaba que se comenzara una discusión en torno a ella y fuera aprobada para ponerla a votación en el Salón Azul, sin embargo, el anteproyecto de ley no volvería a ver la luz sino hasta más de 3 años después, pero solo para ser desestimada y archivada junto a otro anteproyecto de ley el cual buscaba promover la igualdad y la equidad. En el 2020, diversas organizaciones LGBTI+ protestaron ante la falta de interés de la asamblea legislativa por aprobar la propuesta de ley de identidad de género presentada en el 2018. El 2 de julio de 2020 se presentó una solicitud de información a la asamblea legislativa, la cual no entregó una respuesta. En el 2021, se presentó nuevamente una solicitud de información por parte de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, y de manera simultánea se solicitaba la aprobación de la ley a la asamblea legislativa saliente, la cual no presentó ningún avance. El 14 de mayo de 2021, el anteproyecto de Ley de Identidad de Género, junto al anteproyecto de la Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación (LEID), fueron desestimados y desechados por la comisión legislativa, bajo la excusa de que ambos anteproyectos de ley estaban “Obsoletos y No acordes a la realidad”. El 20 de agosto de 2021, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó nuevamente a la asamblea legislativa una nueva iniciativa de Ley de Identidad de Género, bajo el nombre de: Ley de Identidad. La propuesta de ley fue recibida en la asamblea legislativa por diputados del FMLN y Nuestro Tiempo.

En el 2022, la situación de los derechos de las personas trans comienza a mejorar y progresar significativamente. En una resolución del 22 de febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte suprema de Justicia (CSJ), ordenó a la Asamblea Legislativa que, en el plazo de un año emita reformas a la Ley del Nombre de la Persona Natural para que las personas trans puedan cambiar su nombre de acuerdo a su identidad de género. La Sala también indicó que la falta de regulación y condiciones para que una persona cambie su nombre por razones de identidad de género provoca un 'acto discriminatorio no justificado'. El 17 de marzo de 2022, Bianka Rodríguez, activista por los derechos de las personas trans en El Salvador, se convirtió en la primera mujer trans en poder modificar legalmente su nombre en sus documentos de acuerdo a su identidad de género. El 27 y 28 de julio se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador el primer Congreso Nacional de Medicina Sexual, Salud Transgénero y Sexología, un evento realizado por la organización DIKÉ LGBT+. El 19 de agosto, Aldo peña, se convirtió en el primer hombre trans en poder modificar legalmente su identidad en sus documentos, de acuerdo a su identidad de género.

PNC, CAM y Fuerzas Armadas 
Los ciudadanos LGBTI+ de El Salvador pueden servir abiertamente en todas las fuerzas del orden público, ya sea en la Policía Nacional Civil (PNC), en las fuerzas del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) o en las Fuerzas Armadas, sin embargo, a pesar de que no hay ningún impedimento para que los ciudadanos LGBTI+ se puedan unir a cualquiera de las fuerzas anteriormente nombradas, no existe ninguna ley o norma que impida la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad y expresión de género hacia aquellos que se identifiquen como LGBTI+ y formen parte, ya sea de la PNC, el CAM o las Fuerzas Armadas.

Ya han ocurrido múltiples casos en los cuales se han discriminado, atacado y expulsado a miembros de la PNC o las Fuerzas Armadas por identificarse como LGBTI+, hace unos años se dio el caso de Àlex Peña, un hombre transgénero el cual trabaja en el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador. En el 2015 estuvo cerca de morir, Alex regresaba a su casa en autobús, luego de la marcha del orgullo LGBT. En el camino intercambió algunas palabras acaloradas con el conductor del autobús. El conductor detuvo el bus en una estación de policía y llamó a los agentes que estaban afuera. Cuando Alex bajó del autobús, fue enfrentado por siete policías, algunos de los cuales estaban fuera de servicio y vestidos de civil; lo tomaron por el cuello y comenzaron a golpearle, pateándole repetidamente la cabeza y las costillas. Posteriormente, ocho agentes de policía más se sumaron al ataque. Alex terminó inconsciente, con la cavidad del ojo y la mandíbula fracturadas debido a la golpiza. Luego, los agentes de policía lo llevaron a la comisaría detenido, con la excusa de que Alex había supuestamente agredido al conductor del autobús. Los policías dejaron a Alex boca abajo en el suelo, esposado y con los pies atados.

Pocos días después de haber sido brutalmente golpeado, Alex debió comparecer en una audiencia acusado de haber agredido a los oficiales de policía. El propio juez consideró ridículo que Alex, visiblemente herido y reducido a usar una silla de ruedas, fuera acusado de atacar a los policías, que resultaron ilesos. A pesar de todo esto, el defensor público asignado para su caso presionó a Alex para que se declarase culpable y negociara su condena. Su abogado le informó que, si los fiscales habían dejado avanzar el caso hasta esa etapa, era porque probablemente no creyeron en su historia, y ello presagiaba un mal resultado. Alex no se dejó intimidar y continuó el caso, hasta que finalmente fue absuelto de los cargos en su contra.

La sentencia absolutoria de Alex abrió camino para que éste iniciara una denuncia en contra de los policías en noviembre de 2016. Luego de la investigación por parte de la unidad disciplinaria de la policía, el caso fue remitido a la Fiscalía General de la República. De los aproximadamente 15 oficiales de policía involucrados en la brutal golpiza contra Alex, solo siete fueron procesados -los siete oficiales que Alex pudo identificar-. De este grupo, el juez rechazó los cargos contra tres de ellos en la primera etapa, y otro policía fue absuelto. Sólo dos agentes fueron enjuiciados y condenados. El principal autor e instigador del ataque escapó a la acusación penal cuando el juez de información omitió su nombre en la acusación, durante la segunda etapa del juicio. Los cargos contra este policía siguen pendientes en la Fiscalía, mientras que él sigue cumpliendo funciones en la PNC.

Por otra parte, también está el caso del teniente de las Fuerzas Armadas, Cristian Adalberto Castro Grijalva, quien fue dado de baja debido a su orientación sexual por un lapso de dos años, luego de que en octubre de 2020, el Tribunal de Honor de la Fuerza Armada recomendara ese castigo por “conducta pública o privada notoriamente inmoral o contraria a las buenas costumbres o al orden público”. A pesar de que los abogados del oficial apelaron el dictamen del Tribunal de Honor porque, según los letrados, en el proceso administrativo fueron violados varios derechos del militar, el Alto Mando de la Fuerza Armada avaló la decisión, dando de baja al oficial.

A principios de febrero de 2022, Comcavis Trans y Ormusa, presentaron los resultados de un estudio de “casos que evidencian la discriminación y violencia contra la población LGBTI en El Salvador”, el estudio reveló que el 65% de la población LGBTI ha sido discriminada por agentes municipales, así como por oficiales de policía de la PNC. Los resultados del estudio van en sintonía con un informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), publicado en 2021, que indicó que las personas LGBTI en El Salvador enfrentan “actos de tortura, trato inhumano o degradante, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias y otras formas de abuso; muchos de estos actos cometidos por agentes de seguridad pública”.

Condiciones sociales

Violencia contra la comunidad LGBTI+ 
Durante la transición de la niñez a la adolescencia los niños sufren cambios drásticos en torno a su sexualidad, pues algunos jóvenes desarrollan su orientación sexual de una manera diferente a la tradicional y esto los lleva a sufrir cierto tipo de agresiones. Las investigaciones demuestran que los niños LGBTI+ tienen más riesgo de sufrir violencia interpersonal, incluyendo acoso y hostigamiento, sobre todo en el entorno escolar, en comparación con los niños heterosexuales de la misma edad. En la situación actual, El Salvador no brinda protección efectiva a sus propios ciudadanos LGBTI+, ni mucho menos a las personas LGBTI+ que huyen de otros contextos de persecución.

Los ciudadanos LGBTI+ de El Salvador se enfrentan a enormes desafíos constantemente, a pesar de que han ocurrido algunos avances en materia de protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad y expresión de género, estos avances son muy limitados y a la vez inexistentes, y el hecho de que el estado Salvadoreño otorgue derechos muy limitados a sus propios ciudadanos es solo parte del problema. Gran parte de la sociedad salvadoreña continúa siendo hostil hacia los miembros del colectivo LGBTI+. El estado Salvadoreño, así como la PNC o la FGR, no llevan un registro de cuantos ciudadanos LGBTI+ han sido asesinados desde la guerra civil, los números varían entre las instituciones del estado, algunas organizaciones LGBTI+ de El Salvador llevan sus propios registros, sin embargo, los números varían igualmente entre los registros de las organizaciones. Algunas organizaciones estiman que han ocurrido más de 600 crímenes de odio entre 1993 y 2017, no obstante, dada la falta de información, es imposible determinar cuántos ciudadanos LGBTI+ han sido asesinados.

El mes de junio de 2009 es considerado uno de los meses más oscuros del colectivo LGBTI+ en El Salvador, dada la cantidad de ciudadanos LGBTI+ asesinados durante ese mes. El caso de Tania y Catalina, en la mañana del 9 de junio del 2009 el cadáver de Catalina fue encontrado boca abajo en una zanja lodosa; había sido estrangulada y golpeada, su amiga Tania continuaba desaparecida. Cuando los amigos de Tania llamaron a su teléfono celular, una voz desconocida amenazó: “Ella va a morir, es lo que se merece.” Siete días más tarde, se encontró su cadáver, estaba parcialmente desmembrado. Ese mismo mes, el cuerpo de un hombre gay de veinticinco años de edad fue encontrado en una bolsa de plástico, sus manos habían sido desmembradas y su cuerpo mutilado, portaba señales de tortura. El 30 de junio se encontró el cuerpo balaceado de un hombre gay de dieciocho años de edad, la evidencia indica que había sido detenido y torturado durante varias horas antes de ser asesinado. Una mujer transgénero fue encontrada a principios de julio, en el fondo de un barranco.

Al menos 23 homicidios de ciudadanos LGBTI+ de los que se tengan registro, fueron cometidos entre enero y septiembre de 2017, según la organización COMCAVIS TRANS. La Fiscalía General de la República, por su parte, solo registraba 5 casos en el primer semestre. Uno de los casos más impactantes de crímenes de odio cometidos contra la comunidad trans en El Salvador fue el asesinato de tres mujeres trans en el departamento de La Paz en febrero de 2017. Dos de las víctimas, de 22 y 29 años, fueron atacadas con arma de fuego en la localidad de San Luis Talpa, después de asistir a una fiesta. Una más, que participó en el sepelio, fue reportada como desaparecida y luego fue encontrada sin vida en las cercanías del municipio de Cuyultitán. Ocho pandilleros fueron arrestados bajo sospecha de este crimen, seis mujeres trans decidieron huir hacia Estados Unidos tras los asesinatos. Para las organizaciones de derechos humanos y activistas, este caso representó una oportunidad para que las autoridades demuestren su capacidad para hacer justicia y cumplir la reforma sobre crímenes de odio echa al código penal en 2015. En febrero de 2021 (4 años después de los asesinatos), 3 pandilleros fueron condenados a penas de 60 y 66 años de prisión respectivamente por los asesinatos ocurridos en febrero de 2017 contra 3 mujeres trans en el departamento de la paz. Esta es la segunda vez que se hace uso del artículo 129 del código penal, el cual eleva la sentencia si el asesinato fuese motivado por la orientación sexual o la identidad y expresión de género de la víctima.

Los informes de la PDHH son muy poco alentadores sobre crímenes de odio por intolerancia a la diversidad sexual. De 19 asesinatos de mujeres trans que esa oficina ha tenido conocimiento, todos están aún en fase de investigación, los casos ocurrieron entre 2009 y 2017. El gobierno salvadoreño, durante una audiencia celebrada en marzo de 2017 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que ha investigado 109 casos de homicidio contra personas LGBTI+ y llevado 12 casos a juicio entre diciembre de 2014 y marzo de 2017. Entre el 27 de octubre y el 21 de noviembre de 2019, se registraron los brutales asesinatos de al menos 4 ciudadanos LGBTI+ en distintos puntos del país, esto según registros oficiales de COMCAVIS TRANS.

Transexualidad 

De todos los ciudadanos LGBTI+ que hay en El salvador, las personas transexuales son quienes más sufren un alto grado de discriminación, persecución, hostigamiento y poca aceptación en todo sentido. Las personas trans, experimentan un alto grado de discriminación y violencia a nivel social. A nivel institucional, en el 2018 se presentó el anteproyecto de ley de identidad de género en la asamblea legislativa, bajo el grupo parlamentario del FMLN y las organizaciones que integran la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, sin embargo, el anteproyecto de ley fue desestimado y archivado en mayo de 2021, bajo la excusa de ser un anteproyecto de ley "Obsoleto y No acorde a la realidad". Las personas trans en El Salvador se enfrentan a enormes problemas en su día a día; el limitado acceso a servicios básicos como el sistema de salud o el sistema educativo, la alta tasa de discriminación y la exclusión en el ámbito laboral, son por mencionar, algunas de las situaciones que la población trans enfrenta en el salvador. Durante su existencia, el Decreto Ejecutivo No.56 prohibía en la actividad de la Administración Pública toda forma de discriminación por razones de identidad de género y/o de orientación sexual, sin embargo, con o sin el decreto, muchas mujeres y hombres trans han tenido que optar por el trabajo ambulante o el trabajo sexual al no tener apertura por parte de la sociedad para incluirse en el mundo laboral. En El Salvador, la expectativa de vida para las personas trans es de 33 años, esto según estudios hechos por diversas instituciones que defienden los derechos de la población LGBTI+, y esto se debe en parte a la falta de políticas y programas que propicien la inclusión, el respeto y el apoyo para que las personas trans puedan desarrollarse plenamente.

En El Salvador no se detienen los atroces casos de asesinatos de personas trans, esto ocurre en gran parte debido a la poca aceptación y tolerancia de las personas, aparte de la falta de políticas que garanticen la seguridad, los derechos y la plena inclusión de las personas trans en El Salvador. El 26 de octubre de 2019, ocurrió el atroz asesinato de una mujer trans llamada Anahí Rivas, ella fue arrastrada en la carretera por un trayecto de casi cinco kilómetros, tras su muerte fue lanzada frente a una discoteca. Otro de los casos más escandalosos fue el asesinato de Camila Díaz, mujer trans, quien murió a mano de tres policías, la víctima fue llevada en la patrulla rumbo al final del bulevar Constitución, en Mejicanos, una zona que ya estaba fuera de su responsabilidad. La fiscalía señaló que en el trayecto, que duró entre 30 y 40 minutos, Díaz recibió golpes mortales y luego fue abandonada con vida en un predio baldío del kilómetro 5 y medio de la referida carretera. Tras el hallazgo con vida de Díaz, en la prolongación del bulevar Constitución, la madrugada del 31 de enero de 2019, fue llevada al Hospital Rosales, lugar donde falleció el 3 de febrero a causa de los severos daños que tenía. Los policías fueron capturados, juzgados y condenados a 20 años de prisión.

Terapias de Conversión Sexual 
Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (también conocidas como 'ECOSIG'), es el nombre con el que se conoce a una serie de métodos pseudocientíficos que tienen como objetivo cambiar o alterar la orientación sexual o la identidad de género de personas LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales). A pesar de que la Organización Mundial de la Salud eliminó en 1990 a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y a la transexualidad en 2018, hoy en día aun existen diversas organizaciones religiosas las cuales siguen impartiendo este tipo de "terapias" en todo el mundo.

No hay estudios científicos metodológicamente válidos que demuestren que la terapia de conversión en cualquier forma sea efectiva. La evidencia internacional ha concluido que no hay pruebas sólidas de que las personas puedan reducir las atracciones hacia el mismo sexo o aumentar las atracciones hacia otros sexos a través los esfuerzos de cambio de orientación sexual. Por el contrario, las investigaciones que han estudiado a personas que se han sometido a estas prácticas, describen graves efectos en su salud mental tales como episodios de severa ansiedad, síndromes depresivos, aislamiento social, disfunción sexual y pensamientos suicidas. Las víctimas de las terapias de conversión también suelen ser sometidas a los dogmas de consejeros espirituales y a programas para curarse de su 'condición'. Estos programas pueden incluir calumnias homófobas, palizas, encadenamientos, privación de alimento e incluso exorcismos.

En El Salvador, el tema de las ECOSIG esta totalmente invisibilizado, la información sobre la realización de estas prácticas en El Salvador es limitada, aparte de que la poca información que existe sobre el tema esta desactualizada, en el año 2012 por ejemplo, la Dirección de Diversidad Sexual de la hoy ya extinta Secretaría de Inclusión Social realizó una consulta nacional la cual llevó el nombre de "realidades LGBTI", entrevistando a un total de 400 personas pertenecientes a la comunidad LGBT Salvadoreña. Entre los resultados de la consulta nacional destaca el hecho de que el 41.4% de los encuestados reporto conocer a una persona la cual ha pasado por un proceso de terapia de reorientación sexual, mientras que el 58.6% reporto no conocer a alguien que haya pasado por un proceso como ese. En la actualidad no se sabe que tanto han cambiado esos porcentajes, ya que la única encuesta existente sobre el tema es la anteriormente citada, la cual ya tiene más de 10 años de antigüedad. Algunos medios de comunicación independientes de El Salvador han dado cobertura a este tema, recopilando testimonios de personas LGBTI+ las cuales han sido sometidas a estas terapias. En la actualidad, los ECOSIG no son criminalizadas en El Salvador, ni en ningún otro país de la región Centroamericana.

Consultas nacionales, encuestas e informes 
Consulta nacional sobre realidades LGBTI (2012)

En 2012, la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), realizó una consulta nacional sobre las realidades de la población LGBTI a 400 personas. En el área de la educación, el nivel de educación logrado por los encuestados se muestra que solo el 1.8% logró alcanzar un estudio de postgrado, el 14.5% finalizó sus estudios con la universidad, el 50.3% finalizó sus estudios tras acabar el bachillerato, el 22.1% finalizó sus estudios tras acabar el tercer ciclo (escuela), el 7.1% finalizó sus estudios tras acabar el segundo ciclo (escuela), y el 4.1% finalizó sus estudios tras acabar el primer ciclo (escuela). El 80.5% de los encuestados reporto haber escuchado comentarios negativos en los centros educativos tras saberse su orientación sexual o su identidad de género, el 8.6% reporta haber recibido comentarios de apoyo, y el 10.9% reporta no haber escuchado ningún tipo de comentario. El 45.6% reporto sufrir o haber sufrido agresiones y/o discriminación en su centro de estudio, mientras que el 54.4% reporto no haber sufrido de algún tipo de agresión y/o discriminación. En el área del sistema de salud, el 69.3% reporto no estar afiliado al seguro social, únicamente el 30.7% esta afiliado. El 41.4% reporto conocer a alguien que ha pasado por un proceso de terapia de reorientación sexual, mientras que el 58.6% reporto no conocer a alguien que haya pasado por un proceso como ese. El 26.8% reporto haber sufrido discriminación en los centros de salud por motivos de su orientación sexual y/o identidad de género, mientras que el 73.2% reporto no haber sufrido algún tipo de discriminación. El 58.3% reporto conocer a alguien del colectivo LGBTI+ el cual ha tratado de cometer suicidio, mientras que el 41.7% reporto no conocer a alguien del colectivo LGBTI+ que haya tratado de cometer suicidio. El 38.3% reporto conocer a alguien del colectivo LGBTI+ el cual ha cometido suicidio, mientras que el 61.7% reporta no conocer a alguien del colectivo LGBTI+ el cual haya cometido suicidio. En el empleo, el 61.5% reporta que tiene un empleo, mientras que el 38.5% reporta no tener un empleo. El 57.6% reporto haber escuchado comentarios negativos en su trabajo tras conocerse su orientación sexual y/o identidad de género, el 30.3% reporta haber recibido comentarios de apoyo, el 12.1 reporta no haber escuchado ningún tipo de comentario. El 39.1% reporto que se le ha negado una oportunidad de empleo debido a su orientación sexual y/o identidad de género, mientras que el 60.9% reporto no haber tenido problemas. El 43% reporto haber sufrido algún hecho de agresión y/o discriminación en su familia debido a su orientación sexual y/o identidad de género, mientras que el 57% reporto no haber tenido problemas. El 30.4% reporto haber sido expulsados de sus hogares debido a su orientación sexual y/o identidad de género, mientras que el 69.6% reporto no haber tenido problemas. El 74.4% reporto haber podido ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2012, mientras que el 25.6% reporto no haber podido ejercer su derecho al voto.

Consulta Situacional en acceso a la Salud de la Comunidad LGBTI (2013)

En octubre de 2013, la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, realizaron la Consulta Situacional en acceso a la Salud de la Comunidad LGBTI en las tres principales regiones de El Salvador, la zona occidental (Santa Ana), la zona central (San Salvador), y la zona oriental (San Miguel). Los resultados fueron los siguientes:

 Santa Ana: La mayoría de las personas en esta región afirmó que acude a centros de salud buscando consultas generales. En este sentido todas y todos han buscado diversos centros de atención médica como: Unidades de Salud, Unidades de FOSALUD y Hospitales de la Red Nacional tanto de Santa Ana como de Sonsonate. Respecto a las razones por las cuales no sienten motivación de acudir a estos lugares, las lesbianas compartieron que es debido a que han sido víctimas de acoso sexual por parte de doctores hombres, incluso intentos de violación. Por su parte, los hombres gay refirieron haber sido víctima de acciones humillantes de su cuerpo y de su dignidad. Finalmente las personas trans reportan discriminación como burlas desde el momento de llegar al centro de salud. En cuanto a los servicios que no se encuentran, las tres poblaciones coinciden en tres aspectos: en primer lugar disponibilidad de medicamentos; luego personal capacitado y sensibilizado en la atención adecuada a la población LGBTI; y finalmente, refieren, que la atención psicológica es un servicio del que no se benefician y que, además, temen esté orientado a practicar terapias de reorientación sexual. La especialidad médica que más cuesta encontrar, de acuerdo a lo citado por las personas participantes son: para las mujeres lesbianas atención en fertilidad; para la población gay personal médico especializado en ITS, urología y coloproctología; en el caso de personas trans les resulta difícil encontrar personal de endocrinología. Los tres subgrupos concordaron en cuanto a que lo que el personal de salud, en general, debe capacitarse es en género y diversidad sexual, con especial énfasis en el trato de personas LGBTI, deconstrucción de mitos, conceptos, entre otros. También se sugirió que exista respeto de la privacidad de las personas que asisten a consulta. En cuanto a la calidad de la atención, se reportó que depende grandemente del trato que reciben, el cual es descrito como lleno de prejuicios, burlas y actos discriminatorios del personal de salud en razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. Finalmente, el grupo de Santa Ana coincide en sugerir principalmente que el personal de salud (médico y administrativo) debe ser capacitado en diversidad sexual, reconocimiento y respeto de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. En la mayoría de los casos de discriminación, esta es motivada por estereotipos y mitos hacia personas LGBTI, por lo tanto, es en estos aspectos en los cuales debe hacerse énfasis. Por otra parte, se sugiere incluir urólogos/as en las Unidades de Salud, al igual que personal de psicología para apoyar en procesos de autoaceptación. Se manifiesta mucho énfasis en sugerir sanciones más severas por romper el secreto profesional y por discriminar a la población usuaria.

 San Salvador: Se observa que en esta región existe un conocimiento más amplio por parte de la población LGBTI acerca del derecho a la salud, esta observación se puede deber a que quienes participaron de este grupo focal fueron activistas reconocidos y reconocidas de las organizaciones de Derechos Humanos que trabajan por y con esta población. Se reportaron diferentes centros de atención en salud, y una gran amplitud de servicios que son buscados en los mismos. Las razones por las cuales se evita asistir a control de salud son por diversas formas de discriminación en razón de orientación sexual, identidad y expresión de género, desconfianza de que el personal guarde la debida confidencialidad ya que en varias ocasiones han recibido "consejos" de índole religiosos, en los que han percibido mensajes al respecto de que su orientación, identidad o expresión son negativos y deben ser cambiados. La población de lesbianas refiere específicamente acoso sexual por parte del personal masculino y brusquedad en cuanto a instrumentos y procedimiento para citología o mamografía; los hombres gay citan falta de medicamentos y la población trans e intersexual hacen la acotación de que la falta de un documento de identidad que reconozca su identidad de género, es lo que les genera temor de acercarse a controles de salud. Estas últimas reportan que prefieren recurrir a servicios médicos privados cuando cuentan con los recursos para hacerlo, pero aclaran que esto no siempre es posible. Los servicios que no se encuentran, descritos en la consulta de San Salvador son: servicios de citología en todas las unidades de salud por parte del grupo de lesbianas, así como campañas específicas de prevención de ITS y VIH; endocrinología y otros procesos para mujeres trans; y falta de tecnología o servicios de conteo hormonal en el caso de personas intersexuales. En general todos los grupos reportan ausencia de servicios de asistencia psicológica en la mayoría de centros de salud. Referente a las especialidades médicas, se hace referencia a los mismos citados en los servicios no encontrados, adicionando especialistas en sexología. Las temáticas sugeridas por el grupo de San Salvador, para capacitar al personal de salud, son: Sensibilización en diversidad sexual, orientación sexual, identidad y expresión de género, género, acoso sexual, intersexualidad, sexualidad humana, entre otros. En cuanto a este punto, se sugiere también difundir el Decreto Ejecutivo 56 a todo personal de centros de salud desde vigilantes de portería hasta dirección de los mismos. En general, se considera que la calidad de la atención en salud es mala debido al trato discriminatorio del personal. En decir, que dicho personal expresa muchos estereotipos peyorativos hacia personas LGBTI, lo cual promueve un trato carente de sentido humano, excluyente y hasta con prácticas de violencia verbal, psicológica y física hacia estas personas.

 San Miguel: En esta región se reportaron diversas razones por las cuales acuden a los centros de salud, y mayoritariamente mencionaron el Hospital Nacional y clínicas FOSALUD como los principales lugares de consulta. Las razones más comunes, mencionadas en el grupo de San Miguel, por las cuales no se acude a consulta son: discriminación y diversas formas de agresión desde la burla hasta la negación de la atención por orientación sexual, identidad y expresión de género. Se menciona, también, la violación de la confidencialidad en perjuicio de las personas LGBTI. La población de esta región citó una carencia de servicios bastante grande, pero los que más afectan son: servicios de citología adecuados y confiables para mujeres lesbianas, en este punto se hizo énfasis en casos de acoso sexual sufridos por parte de hombres del personal médico. Urología y odontología para hombres gay, particularmente aquellos viviendo con VIH. Dos temáticas fundamentales son mencionadas como imperantes que el personal de salud debe saber, a todos los niveles: no discriminación por orientación sexual e identidad de género y trato digno a toda la población. Al igual que los grupos de las otras regiones (Santa Ana y San Salvador), se menciona que la calidad de atención depende del trato discriminatorio del personal, desde los vigilantes de las porterías hasta el personal administrativo y de dirección. Las mujeres lesbianas de San Miguel sugieren: evitar el acoso sexual por parte del personal de salud, programas de prevención de ITS y VIH con énfasis en mujeres lesbianas. La población gay propone evaluar constantemente al personal de salud para monitorear si el servicio que prestan es de calidad y no es discriminatorio. Por su parte las personas trans esperan que se logre especialización y prestación de servicios en procesos de hormonización. En general todo el grupo sugiere que el personal sea sensibilizado y capacitado en diversidad sexual, género, derechos humanos y no discriminación.

Matrimonio Igualitario

En El Salvador no se ha realizado ninguna encuesta a nivel nacional para determinar el nivel de apoyo al matrimonio igualitario, sin embargo, el Barómetro de las Américas ha realizado en 2 ocasiones una estimación del porcentaje de ciudadanos los cuales están a favor y en contra del matrimonio igualitario en El Salvador. En 2010, el barómetro de las Américas estimo que el nivel de aceptación del matrimonio igualitario en El Salvador era de apenas el 10.3%, mientras que el nivel de rechazo era del 89.7%. En 2017, el Barómetro de las Américas estimo que el nivel de aceptación del matrimonio igualitario en El Salvador era del 18.6%, mientras que el nivel de rechazo era del 81.4%.

Refugios, albergues y centros comunitarios 
La Casa Rosada

La Casa Rosada es un espacio seguro para las personas LGBTI+ y para crecer en comunidad, en donde todos son bienvenidos para crear, ser y compartir. Ubicada en la Colonia Mercedes en San Salvador, en la Casa Rosada se realizan diversos talleres y charlas en donde el amor crece a través del arte, la educación y el diseño. Los creadores de este espacio comentan lo siguiente en redes sociales: “Desde el inicio hemos cimentado esta casa de colores, como un espacio de libertad y acuerpamiento entre la comunidad LGBTIQ+, en esta casa no hay espacio para discursos de odio, ni discriminación. Queremos que, dentro de estas paredes, el amor y el arte, nos inunde para crear realidades basadas en el compañerismo y la inclusión”.

Hogar Santa Marta

La homofobia y la transfobia generalizadas en El Salvador y el mundo hacen que muchos adultos jóvenes LGBTIQ+ teman ser expulsados de sus hogares, enfrentar la violencia doméstica y carecer de un hogar al que regresar cuando sean deportados. En El Salvador, muchos viven con sus padres hasta los 20 años y pueden ser expulsados incluso de adultos. Los estudios cualitativos en El Salvador y los estudios cuantitativos en otros lugares sugieren que las personas LGBTIQ+ enfrentan la violencia y la falta de vivienda en tasas más altas que la población en general. En la calle, corren un mayor riesgo de trata, violencia sexual y crímenes de odio. La religión juega un papel muy importante en la propagación del odio y la discriminación porque las iglesias son algunas de las instituciones más confiables e influyentes en El Salvador. Desafortunadamente, demasiadas iglesias no están abiertas y afirman, sino que condenan a las personas LGBTIQ+. La Iglesia Anglicana de El Salvador se encuentra en una posición única para promover una narrativa contraria a la historia que muchas personas LGBTIQ+ y sus familias escuchan de los líderes religiosos. La misión del Hogar Santa Marta es dar la bienvenida y brindar atención inmediata, integral y cálida a los jóvenes LGBTIQ+ que enfrentan violencia doméstica, falta de vivienda y deportación, su visión es ser un centro de atención, comunidad, inclusión y prosperidad que promueva los derechos de los jóvenes LGBTIQ+, y contribuir a terminar con el ciclo de violencia y la construcción social del odio contra la diversidad sexual.

Asociaciones, organizaciones y redes LGBTI+

Asociaciones 
Colectivo ALEJANDRIA: Asociación que trabaja para la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI. Desarrolla procesos de incidencia política, sensibilización y capacitación para mejorar el acceso a la educación y formación profesional de personas LGBTI, así como para fortalecer la respuesta nacional al VIH. Promueve la Ley de Identidad de Género, junto con otras organizaciones trans. Trabajan en la prevención del VIH con mujeres trans y en la conformación de una red de colectivos LGBTI en el país. En mayo de 2015 fue asesinada Francela Méndez, una mujer trans integrante de este colectivo.

Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano - ASPIDH Arcoíris Trans: Asociación defensora de los derechos de la población trans y HSH. Desarrolla sensibilización, educación, organización e incidencia en el ámbito de los derechos humanos, incluidos procesos de prevención y atención del VIH, ITS y salud sexual. Actualmente representa a El Salvador en la Red de Latinoamérica y El Caribe de personas Trans (REDLACTRANS). Cuando en 2010 presentaron la propuesta de reformar la ley de identidad dijeron: “Confiamos en que todos los partidos políticos y la Secretaría de Inclusión Social darán su respaldo a la reforma de la ley de identidad para que la población transgénero goce plenamente de sus derechos humanos con la identidad escogida según su género”.

Asociación de Lesbianas Heidy Lavinia - ALES LAVINIA: Asociación constituida en 2013 para luchar por los derechos de las mujeres lesbianas. Se autodefine feminista. Trabaja con grupos de mujeres lesbianas en 4 departamentos del país, realizando jornadas de autoestima, auto-reconocimiento y formación en derechos humanos. Junto con otros colectivos lésbicos están tratando de formar un movimiento lésbico-feminista, con el apoyo de Las Dignas.

Colectivos 
Colectivo Normal: Colectivo Normal es un colectivo integrado por ciudadanos y ciudadanas que trabajan para crear contenido social y cultural sobre la diversidad sexual. En este colectivo trabajan por el desarrollo político y cultural de la sociedad salvadoreña bajo el enfoque de derechos humanos, haciendo énfasis en los derechos civiles, derechos culturales y derechos económicos para conseguir equidad, inclusión, igualdad ante la ley y ciudadanía plena. Colectivo Normal fue fundado en 2015 por Erik Iván Ortiz, ex candidato a diputado por el departamento de San Salvador.

Colectivo LGBTI "Perla de Oriente" San Miguel: Este colectivo fue fundado en el 2019, el cual esta integrado por personas de diversas identidades sexuales y de género, las cuales buscan promover y fortalecer la Integración de la población LGBTI+ de San Miguel, brindándoles las herramientas necesarias para la defensa de los Derechos Humanos. La visión de este colectivo es 'ser una organización referente a la promoción y el reconocimiento en la lucha de los Derechos Humanos de la población LGBTI+ en la Ciudad de San Miguel'. Este colectivo contaba con 50 personas en los primeros meses de su creación, sin embargo, la discriminación, el crimen organizado y el desplazamiento forzado ha reducido el número de miembros del colectivo a poco más de 35 personas. A finales de abril de 2021, Zashy Zuley del Cid, mujer trans y activista por los derechos LGBTI+ en El Salvador la cual era miembro de este colectivo, fue asesinada en la Ciudad de San Miguel. Su asesinato causó revuelo en la comunidad LGBTI+ Salvadoreña.

Colectivo de la Diversidad Sexual de Tecoluca: Este colectivo fue fundado en el 2021, y es hasta la fecha el primer colectivo LGBTI+ que surge en el Departamento de San Vicente. Su primera incidencia como colectivo fue su respectiva participación en la marcha del orgullo de 2021 en San Salvador. En los meses siguientes se dedicaron a impartir y a participar en diversos talleres y conversatorios orientados a informar a la población local sobre la lucha del colectivo LGBTI+ en El Salvador y a eliminar los prejuicios que existen sobre las personas LGBTI+. Por otra parte, también se han dedicado a crear lazos y conexiones con otros colectivos salvadoreños, tales como: Colectivo Alejandría y Colectivo Feminista.

Organizaciones 
Entre Amigos: Primera organización LGBTI salvadoreña, fundada en 1994. Promueve y defiende los derechos humanos de la población LGBTI, con un fuerte enfoque en la salud, los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del VIH e ITS con HSH. Trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos de los colectivos LGBTI (incidencia política a nivel de legislación, monitoreo y evaluación) y en la prevención de las ITS/VIH-Sida brindando información, educación y comunicación para el cambio de comportamientos, consejería y prueba voluntaria de VIH, acompañamiento y/o referencia a hospitales, atención a grupos de apoyo y metodología de prevención combinada en VIH. Participaron en el proyecto “Centroamérica Diferente” financiado por la Unión Europea.

Espacio de Mujeres Lesbianas por la Diversidad - ESMULES: Organización creada en 2009 y liderada por lesbianas que trabaja por los derechos humanos y el liderazgo de las personas LGBTI. Hace incidencia ante instituciones del gobierno para el cambio de políticas públicas a favor de la población LGBTI. En junio de 2015 fueron saqueadas sus oficinas. Han realizado 6 estudios que sirven de insumo para cambiar las políticas públicas y han sensibilizado a miles de agentes de la Policía Nacional Civil y a 178 funcionarios del sector Justicia.

Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz - ORMUSA: Organización feminista creada en 1985 para promover la igualdad, equidad de género y el apoderamiento económico, social y político de las mujeres. Realizan incidencia política para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia, así como el desarrollo local y nacional desde un enfoque de derechos humanos. La defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos es uno de sus ejes de trabajo. Desde 2001 integra la Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva y apoya a redes juveniles que promueven los DSyR. Trabajan con colectivos LGBTI desde hace 8 años para fortalecer sus capacidades organizativas, capacitarles en gestión de proyectos e incrementar sus liderazgos. Les interesa reducir la brecha existente entre las organizaciones feministas y los colectivos LGBTI.

Fraternidad sin Fronteras: Organización creada en 2000 por jóvenes gais para promover los derechos humanos de la población LGBTI. En los últimos años ha ido cambiando su composición y ahora está integrada mayoritariamente por personas trans y travestis, siendo minoría los activistas gais. El 95% de las personas que trabajan en la organización son mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, así como todo el equipo de educadoras y la directora. La junta directiva está formada principalmente por mujeres trans trabajadoras sexuales y hombres travestis. Realizan incidencia política a favor de la Ley de Identidad de Género, campañas contra la discriminación de las y los trabajadores sexuales (trans y gais) y seguimiento a los crímenes de odio contra trabajadoras sexuales trans. Prestan servicios y consejería en temas de salud sexual y reproductiva y VIH.

Generación HT El Salvador - Generación Hombres Trans: Generación HT El Salvador es una organización que surge en 2014, debido a la necesidad de visibilizar la existencia y problemáticas de las personas trans masculinas en El Salvador, desde el momento de su creación hasta la actualidad, esta organización ha trabajado en pro de la defensa, promoción y cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas trans masculinas y LGBTI. Esta organización pertenece a la Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans+ (REDCAHT+).

DIKÉ LGBT+: Organización comprometida con la educación en derechos humanos de la población LGBT en áreas postergadas de El Salvador. Promueve la salud integral de la comunidad trans y ha abierto una clínica en la que brindan asesoramiento en reasignación sexual a personas trans. Desarrolla procesos de incidencia política, sensibilización, capacitación y organización de personas trans, con énfasis en las zonas rurales del país. Anteriormente se le conocía a esta organización como: Astrans LGBTI, actualmente es el Centro DIKÉ de personas Transgénero y LGBTI (o DIKÉ+).

Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans - COMCAVIS TRANS: Primera organización legalizada en 2011 con la palabra “trans” en su nombre. Creada en 2008 para defender los derechos humanos de las mujeres trans, trabaja para la reinserción de las que están presas, apoya a mujeres trans migrantes, realiza proyectos educativos sobre estigma, discriminación e identidad de género, y brinda asesoría y servicios de salud sexual, VIH y terapia antirretroviral. Promueve actividades de incidencia política e investigación y fomenta y acompaña denuncias de violación de derechos humanos de las personas trans, en San Salvador y otros 7 Departamentos del país. Ha ejecutado 3 foros sobre Despatologización trans y ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los crímenes de odio derivados de la transfobia.

Asociación Comité Contra El SIDA - CoCoSI: CoCoSI es una organización fundada en 1999 y legalizada en 2007, que está liderada por jóvenes de varias comunidades del municipio de Victoria, Departamento de Cabañas. Fue creada en la comunidad Santa Marta para realizar prevención y educación a la juventud en temas de VIH/SIDA. Integrada actualmente por 20 jóvenes, realiza acompañamiento a personas que viven con VIH y ha acumulado experiencia en el trabajo frente a la violencia de género e intrafamiliar, la formación en salud sexual y reproductiva, la formación para el liderazgo y la defensa de derechos humanos de la población LGBTI.

Redes 
Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans+ - REDCAHT+: La Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans+ (REDCAHT+) aglutina a 11 colectivos y organizaciones de hombres trans de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú, Uruguay y Cuba. Los colectivos y organizaciones que conforman esta red buscan entenderse entre sí y actuar como uno solo en la región frente a los problemas de discriminación e invisibilización que enfrentan los hombres trans y las personas disidentes del género femenino asignado al nacer.  Esta red busca fortalecer y agrupar a los colectivos centroamericanos y de otras regiones americanas que luchan por la visibilización, el empoderamiento, el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de las personas trans masculinas. Generación HT El Salvador forma parte de esta red.

Red Diversa - Red de la Diversidad Sexual de Centroamérica: Esta red, que llegó a aglutinar a más de 20 organizaciones de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, se formó como resultado del proyecto “CENTROAMÉRICA DIFERENTE” financiado por la Unión Europea y ejecutado en consorcio entre las ONGs Terra Nuova y Arcigay (italianas) y LAMBDA de Guatemala, CEPRESI de Nicaragua, Kukulcan de Honduras y Entre Amigos de El Salvador. El proyecto ejecutó casi un millón y medio de euros en dos años (2014-2016) y tuvo como objetivos mejorar el respeto de los derechos humanos de las personas LGBTI y ampliar la oferta de información, denuncia y defensoría dirigida a personas LGBTI, ante la violencia y violación de derechos que sufren esta comunidad. El proyecto puso en marcha un Observatorio Regional de Derechos Humanos y un Diplomado sobre Derechos Humanos de la colectividad LGBTI, y ejecutó diversas actividades formativas, de denuncia del bullying homofóbico e incidencia política. Actualmente la red carece de recursos por lo que se reúne de manera esporádica. La Asociación Kukulcan de Honduras ostenta su presidencia.

Red Centroamericana de Personas con VIH - REDCA+: Es una estructura regional conformada por personas con VIH y respaldada por organizaciones de y para personas con VIH de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Fue creada en 2001 para promover el acceso universal al tratamiento antirretroviral, la reducción del estigma y la discriminación a la población que vive con VIH. Es reconocida nacional, regional e internacionalmente como una estructura que promueve el bienestar y dignidad de las personas con VIH a través de procesos políticos, defensa pública y estrategias que contribuyen a la respuesta regional del VIH, tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con VIH en Centroamérica. En el año 2007, REDCA+ recibió el aval político de la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) y del Consejo de Integración Social (CISCA). Desde octubre de 2008 a la fecha ha percibido una subvención del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. En 2012 se crea su Programa Regional para fortalecer las capacidades técnicas de las personas con VIH, subvencionado por el Fondo Mundial y ejecutado y administrado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA).

Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans - REDLACTRANS: La REDLACTRANS fue creada en 2004, y en la actualidad está integrada por 24 organizaciones lideradas por mujeres trans, promoviendo y asegurando que sean ellas quienes hablen por sí mismas. La red promueve los principios de inclusión y participación sin discriminación de ningún tipo, con particular énfasis en la equidad de los géneros, el respeto de las etnias, de las identidades y las expresiones de género, de la edad, del país de origen y/o situación socioeconómica y cultural. ASPIDH Arcoíris Trans forma parte de esta red.

Mesas 
Mesa Permanente por una Ley de identidad de género: Las 4 organizaciones trans que existían en El Salvador en 2014 (ASPIDH, COMCAVIS TRANS, ASTRANS LGBTI y el Colectivo Alejandría), junto con Plan Internacional y FESPAD (Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho), constituyeron en 2014 la Mesa Permanente por una Ley de identidad de género, para elaborar una propuesta de anteproyecto de ley. Son también objetivos de la Mesa promover el cumplimiento de los derechos e intereses de las personas LGBTI, fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de las personas trans y fortalecer la solidaridad entre organizaciones defensoras de personas LGBTI. El trabajo de la Mesa está enfocado en el cabildeo e incidencia política con diferentes actores de la sociedad, para evidenciar la necesidad de contar con una ley que dignifique la expresión de género de las personas trans. “Se asume que el Estado salvadoreño tiene una deuda con la población trans: elaborar una ley que proteja a esta población de su derecho a identificarse en los documentos legales con un nombre acorde a su expresión de género, dado que este vacío legal de la normativa salvadoreña invisibiliza a las personas trans como sujetos de derechos”.

Mesa permanente LGBTI de la procuraduría de defensa de los derechos humanos (PDDH): Espacio institucional facilitado por la PDDH con el objeto de realizar acciones de coordinación, análisis e incidencia política a favor de la población LGBTI, así como monitoreo, análisis y discusión de las políticas públicas a su favor.

Mesa temática de VIH y derechos humanos de la procuraduría de defensa de los derechos humanos (PDDH): Espacio institucional creado en 2015 en la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos. Está conformado por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos relacionados con el VIH, con el acompañamiento de la PDDH. Su principal finalidad es constituir tanto un ámbito de análisis, apoyo e impulso de acciones encaminadas a la defensa de los derechos de las personas que viven con VIH, como un instrumento para la incidencia de la sociedad civil hacia las instituciones del Estado para que cumplan los derechos humanos relacionados con el VIH. La integran:

 Instituto de Estudios “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER).
 Asociación Atlácatl Vivo Positivo.
 Asociación de Estudiantes de la Diversidad Sexual de la Universidad de El Salvador.
 Fundación Nacional para la Prevención, Educación y Acompañamiento de la Persona VIH (FUNDASIDA).
 Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES).
 Asociación Nacional de Personas Positivas Vida Nueva (ANP+VN).
 Fundación Salvadoreña para la Lucha contra el SIDA “María Lorena” (CONTRASIDA).
 Asociación Fraternidad Gay Sin Fronteras.
 Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+).
 Movimiento de Mujeres Trabajadoras Sexuales “Orquídeas del Mar”.
 Asociación Salvadoreña para la Formación y Capacitación Integral Sostenible (ASOFOCAIS).

ONG 
Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica - AMATE EL SALVADOR: Es una ONG que apoya el empoderamiento de la comunidad LGTBI en el país a través del rescate de la memoria histórica, la sanación emocional de sus activistas y la formación de organizaciones de la sociedad civil en diversidad sexual y genérica. Han creado el primer archivo LGBTI en el país con imágenes, afiches, pronunciamientos, publicaciones, entrevistas orales y escritas, arte y materiales audiovisuales producidos por y/o para la comunidad LGBTI. Realizan talleres de arte terapia para trabajar el estrés y el trauma entre activistas LGBTI y aportar al autoconocimiento. Gestionan proyectos relacionados con el acceso de la población LGBTI a la educación superior y su incidencia en la academia.

Oficina de Asistencia Legal para la Diversidad Sexual El Salvador - ALDES: ONG fundada en 2012 para promover la salud, seguridad, dignidad y derechos humanos de la comunidad LGBTI en El Salvador a través de su empoderamiento legal. Lleva a cabo proyectos de investigación sobre las violaciones de derechos humanos LGBT, organiza eventos de sensibilización y educación sobre derechos humanos y crímenes de odio contra las colectividades LGBT y fortalece la capacidad de estas para presentar denuncias a las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos. Tiene una red de colaboradores internacionales a través de la cual moviliza la asistencia, apoyo y solidaridad de la comunidad internacional con la comunidad LGBTI salvadoreña. A medio plazo, ALDES pretende proveer servicios legales gratuitos a la comunidad LGBTI y llevar litigios estratégicos a nivel regional.

Espacios Seguros: Es una ONG que tiene como misión generar espacios de desarrollo y aprendizaje inclusivos, que tomen en cuenta las diferentes realidades de las personas LGBTIQ+ y que a su vez contribuyan al bienestar emocional de las mismas. Tienen como visión ser una organización transformadora e inclusiva que brinde oportunidades de educación, desarrollo y empoderamiento a las personas de la comunidad LGBTI+ y aliados. Sus valores son la Educación, Acceso al conocimiento, Inclusión e Igualdad.

Cultura

Cine 

 El camino del gato (2011): En el 2011, la cantante y directora chilena-salvadoreña, Pamela Robin, inició el rodaje de esta película, la cual contó con el apoyo del cineasta André Guttfreund y las productoras 96.46 Films, El Cine Independiente de México, Cine Adrede y Sonobook. Los actores españoles Amparo Climent y Eduardo Jover participan en esta cinta que aborda el tema de la homosexualidad, sus tabúes y la falta de aceptación dentro de un círculo familiar. Además, los salvadoreños Ricky Mina, Henry Urbina, Karen Castillo, Jennifer Valiente y Jonathan Velasco se sumaron al elenco de esta producción rodada en el país. De acuerdo con Nicolás Rodríguez, director de elsalvadorG, el trabajo de Robin fue seleccionado y exhibido en el Festival Internacional de Cine de la UNAM (Ficunach) y en el Queer Film Festival, ambos de México. La película fue exhibida por primera vez en El Salvador en abril de 2016, en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA). Los productores describen la película de la siguiente forma: El camino del gato' es la historia de Sebastián, un joven salvadoreño que regresa a su país luego de pasar cinco años en España. Sus padres son José y Rita, una pareja de españoles que viven en El Salvador desde hace treinta años. Sebastián regresa en el día del cumpleaños de su padre. Su llegada desata una serie de conflictos familiares en el festejo en donde también se encuentran invitados sus primos (Ray y Sergio), su mejor amiga (Sofia) y su hermana (Nicole). Durante el cumpleaños, se van conociendo los secretos de cada uno de los invitados, en especial la homofobia de José, que causa una tensión enorme con Sebastián, su único hijo, el cual es gay.
 Imperdonable (2020): Imperdonable es un largometraje/documental producido por el periódico El Faro y por La Jaula Abierta, y dirigido por la cineasta Marlén Viñayo. Es la primera película salvadoreña calificada para competir por una nominación a los premios Oscar; ha sido acreedora del premio al mejor largometraje documental en tres importantes festivales de cine en Canadá, México y Holanda: el Hot Docs Canadian International Documentary Festival, celebrado en Toronto; el Guanajuato International Film Festival, en Guanajuato, y el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam. Estuvo calificada para competir en los premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y formó parte de la selección oficial de otros 12 festivales en América, Europa y Asia. Fue elegido por la International Documentary Asociation (Asociación Internacional de Documentales) entre los mejores 10 cortometrajes de 2020. En enero de 2021 obtuvo el premio a mejor corto documental en los premios POY Latam, que celebran lo mejor del periodismo visual en Iberoamérica. En ese mismo galardón, la directora Viñayo fue elegida como “cineasta iberoamericana del año”. La película fue rodada en mayo de 2019, en el interior de la cárcel de San Francisco Gotera, ubicada en el departamento de Morazán, al oriente de la capital salvadoreña y retrata la cotidianidad de un grupo de internos, exmiembros de pandillas, que decidieron vivir abiertamente su homosexualidad. «Me alegra y me emociona mucho poder compartir esta película con el público, sobre todo aquí en El Salvador, y espero que esta historia genere debates y reflexiones profundas sobre la sociedad en la que vivimos», expresó Viñayo, directora de Imperdonable, a pocos días del estreno. Los realizadores han resumido el contenido de la película así: “Geovany, un despiadado sicario de la pandilla Barrio 18 cumple su condena al interior de una prisión evangélica salvadoreña, donde no solo es culpable por sus crímenes, sino por un ‘pecado’ imperdonable tanto para la iglesia como para la pandilla: ser gay”.

 Cortometrajes 

 Tenemos que hablar (2012): Tenemos que hablar es el primer cortometraje LGBTI+ rodado en El Salvador, el cual fue producido y dirigido por los directores salvadoreños Johanna Alfaro y Jaime Cortez. Se exhibió en el Festival ÍCARO de Cine Latinoamericano y en el Gay and Lesbian Center Village de Los Ángeles. El cortometraje nos muestra a Victoria y Mateo, una pareja heterosexual que lleva un año de relación. Ambos se quieren, pero no son del todo conscientes de su verdadera orientación sexual.
 Afuera (2021): Afuera es el segundo cortometraje LGBTI+ rodado en El Salvador, el cual fue escrito, producido y dirigido por los actores salvadoreños, Kevin Castillo y Roberto Moreira. El cortometraje se nos presenta de la siguiente forma: Juanjo tiene en su laptop una riesgosa carta que despertará la curiosidad de su mamá, pero dicen que tienes que tener cuidado con lo que deseas porque "el que busca, encuentra".

 Literatura 

 Ángeles Caídos (2005): Ángeles caídos es una novela escrita por Carlos Alberto Soriano, es la primera novela de temática homosexual publicada en El Salvador.

 Ciudad de Alado (2009): Ciudad de Alado es una novela escrita por Mauricio Orellana Suárez. Esta novela nos enfrenta con temperamentos artísticos comprometidos en búsquedas atípicas, no necesariamente acertadas, de alternativas expresivas (riesgos, aventuras y consecuencias) en un medio urbano saturado por los monstruos del consumo y del mercantilismo. El narrador, testigo y partícipe de los hechos, cuestiona las convenciones con que ha sido "educado", al entrar en contacto con un alma peligrosamente libre que no admite domesticaciones y que, de manera creativa, y no obstante autodestructiva, vive en la selva urbana y gesta en sí mismo la obra artística sin concesiones, lo que necesariamente genera una transformación en este mundo de inercias teledirigidas. Sustancias prohibidas, prostitución masculina, homoerotismo, raves, trance, paranoia. Todo esto está dibujado en esta novela alucinante sobre la toma de espacios urbanos por artistas marginados.
 Heterocity (2010): Heterocity es una novela escrita por Mauricio Orellana Suárez, la cual se ha convertido en la primera novela de temática LGBTI+ en ganar un premio centroamericano de literatura.

 Entre Él y Yo (2013): Entre Él y Yo es una novela escrita por Luis Carlos Barrera, la cual fue publicada en España debido a que el autor de la novela tuvo problemas a la hora de producir y distribuir su trabajo en El Salvador. La novela nos presenta a un adolescente salvadoreño (Lucas) y a un joven guatemalteco (Jaime) en un idilio enmarcado a finales de los años 80 e inicios de los 90. Para Lucas descubrirse a sí mismo y ante los demás como homosexual sería sólo el principio; él aprendería a fuerza de desaires, traiciones y la soledad que el rechazo produce que ser feliz como gay resultaría tan difícil como optar por no serlo.
 Poesía 

 Injurias (2004): Poema escrito por Ricardo Lindo.
 La fiera de un ángel (2005): Poema escrito por René Chacón.
 Bello amigo, atardece (2010): Poema escrito por Ricardo Lindo.
 Y qué imposible no llamarte ingle (2011): Poema escrito por Alberto López.
 Cantos para mis muchachos (2014): Poema escrito por Alberto López.

 Obras de teatro 

 Amorfo (2018): Amorfo es una obra teatral salvadoreña la cual cuenta la historia de un ser humano atormentado por los recuerdos de su pasado; su esencia fragmentada le incapacita a defenderse y vivir feliz, hasta llegar al punto que necesita destruir cada uno de sus fantasmas para dar paso a lo que por mucho tiempo ha guardado: su ser. Con una duración de 40 minutos es una pieza presentada por Teatro Célula que expone temas como el abuso, la religión y la familia por medio de la relatos vividos sobre otras personas que van acorde a las realidades cotidianas que se viven en El Salvador.
 Medios de comunicación 

 ElSalvadorG: El medio de comunicación 'ElSalvadorG', es un periódico digital y portal informativo de la población LGBTI+ de El Salvador, es un medio de comunicación totalmente independiente de cualquier afiliación política y religiosa, principalmente trabajan creando artículos informativos sobre la comunidad LGBTI+ de El Salvador o cubriendo todos aquellos eventos y actividades relacionados con la diversidad sexual en El Salvador, como lo son las marchas del orgullo. En ocasiones también se dedican a compartir información sobre acontecimientos internacionales relacionados con la diversidad sexual o la comunidad LGBTI+.

 Historia 

 Época precolombina 

 Los Mayas 

Los cronistas recopilaron durante tres siglos seguidos (XV, XVI y XVIII), toda la diversidad de “condiciones sexuales” existentes en el suelo del Nuevo Mundo, en la zona de América Central, la homosexualidad era reverenciada por los mayas, y aquellos con esta tendencia eran tratados como seres mágicos, los mayas incluso creían que podían llegar a tener poderes, por lo que estar cerca de ellos era sinónimo de buena suerte. El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, relata que los habitantes de las aldeas mayas llevaban joyas y oro a personas de distinta orientación sexual, con la idea de que les otorgarían protección y suerte. Los mayas eran tolerantes con la homosexualidad, la consideraba preferible al sexo prematrimonial heterosexual, por lo que las elites conseguían esclavos sexuales para sus hijos. De entre todos los dioses los cuales eran venerados por los mayas, destaca uno al cual se le conoce como Chin, el cual representaba las relaciones homosexuales de los nobles de esta cultura. A él se encomendaban para unir y santificar las relaciones entre jóvenes de la clase baja de la nobleza, con los de la clase alta, sus uniones se equiparaban a los matrimonios legales según la Ley Maya.

Para estudiar las prácticas homosexuales en el mundo prehispánico maya se dispone básicamente de dos fuentes: la primera es a través de los relatos de los primeros cronistas que entraron en contacto con los habitantes de estos pueblos. Es difícil evaluar el grado de objetividad de estos relatos, ya que en algunos casos, ellos tendían a exagerar los hábitos sexuales de los nativos, siendo así narraciones muy subjetivas, todo esto ocurrió debido a la fuerte creencia en la religión. La segunda fuente son los registros prehispánicos, como lo son los manuscritos tradicionales hechos por las mismas personas del lugar, donde relatan los sucesos de su vida y su pueblo, sus costumbres y tradiciones, así como a través de su arte, elemento fundamental para dar a conocer su visión del mundo.

 Historia del movimiento LGBTI+ en El Salvador 

 Dictaduras Militares (1931 - 1979) 
A partir del año 1931, los militares salvadoreños llegaron al poder por medio de las armas, luego de cometer una de las más grandes masacres en la historia latinoamericana contemporánea: la masacre de 1932. Por otra parte, la oligarquía salvadoreña había acumulado riqueza durante todo el , producto de la agroexportación, sobre todo, del café. La alianza entre la oligarquía, la Fuerza Amada y la Iglesia católica impuso el orden de la sociedad. Estas instituciones decidieron lo que se enseñaba en las escuelas, en la universidad y lo que se mostraba en la televisión, radio y prensa. El orden establecido estaba plagado de anticomunismo, autoritarismo, educación religiosa e ideas higienistas heredadas del liberalismo del . Lo anterior se evidencia en la legislación que desde el  contenía el discurso de la moral y la persecución a la vagancia. La persecución a la vagancia y el sostenimiento de la moral pública estuvieron ya presentes desde la Ley de Policía de 1879, la cual fue reformada en el periodo del general Maximiliano Hernández Martínez y se afianzó en la población con la 'Cédula Patriótica de Defensa Social' que demostraba que su portador poseía «moral y civismo»; además, también existió la 'Cédula de Vecindad' que era expedida por las municipalidades y garantizaba que los habitantes tenían comportamiento «correcto y confiable».

En el segundo periodo del general Hernández Martínez, que comenzó en 1935, se aprobó la 'Ley de Vagos y Maleantes', ratificada por la Asamblea Nacional el 17 de julio de 1940. Esta ley buscaba justificar la encarcelación por 30 días bajo la genérica categoría de «Malvivientes» a todo aquel que fuera observado con conductas diferentes a la moral pública, al civismo, o con un comportamiento incorrecto, así sería llevado a las bartolinas de la Policía Nacional. La Ley de Vagos y Maleantes en su artículo 52 rezaba textualmente: «serán perseguidos y castigados como vagos los que no tengan oficio lícito o modo honesto de vivir conocido y, los que teniéndolo, no lo ejerzan diariamente sin justa causa». Entre las ocho categorías de «vagos», llaman la atención las siguientes: «los que se lucren de la prostitución o de oficios atentatorios a la moral, buenas costumbres y orden público; los que transiten en la vía pública fomentando la ociosidad y otros vicios», a pesar de que no se menciona de ninguna forma a la homosexualidad, esta ley sería utilizada en varias ocasiones para perseguir y encarcelar a personas LGBTI+. Es muy probable que esta haya sido la misma ley la que le aplicaron a Juliana Martínez en 1940, quien fue una mujer trans la cual fue encarcelada por la Policía de Hacienda en San Vicente por «llevar hermosas peinetas y blusa femenina de color amarillo», tal como se puede leer en una nota periodística de la época. Ella era originaria de San Ildefonso, San Vicente, molendera de oficio, criaba gallinas, planchaba y lavaba, tenía 39 años, Julián Martínez era su nombre legal, pero en su pueblo la conocían como Juliana. La detención fue registrada por un periodista de la época, quien la visitó en su celda. Cuando se le preguntó si era hombre o mujer, respondió: «Yo soy hombre, porque soy hombre; pero no soy hombre; ni nunca lo he sido ni quiero serlo». Además, dijo que toda su vida había sido así y que se vestía de hombre solo porque las autoridades la obligaban. Asimismo, explicó que había tenido varios amores y entre ellos ninguna mujer. ¿Por qué fue detenida Juliana? Probablemente, la respuesta se encuentre en la siguiente legislatura que sustituyó a la Ley de Vagos y Maleantes, se trata de la 'Ley de Estado Peligroso' de 1953. Esta ley deja claro que «el estado peligroso es personal» y que las personas tipificadas dentro de estas categorías han caído en un estadio del ser humano que representa un peligro para la sociedad y, por ello, deben ser recluidas y tratadas.

En el caso de Juliana, existe una carga simbólica en su detención, ya que a su persona se le asignaba de manera subjetiva los delitos de generar el vicio público, propagar la perversión sexual y causar la libido a propósito. Es probable que por todas estas acusaciones se llevaran presa a Juliana; sin embargo, ella era una persona con oficio comprobado y reconocida como trabajadora en el lugar donde vivía, lo cual se vuelve una contradicción a la ley. En algún momento, la otredad la constituyeron los campesinos e indígenas insurreccionados en 1932, a quienes, según la leyenda negra del comunismo, fueron influenciados por ideologías extranjeras (comunismo) que irrumpieron en la mentalidad cristiana, laboriosa y sumisa del indígena, inyectándoles ideas que los corrompieron y los llevaron a la destrucción. En otro momento, fueron los alcohólicos, las prostitutas, los comunistas, los guerrilleros, los pandilleros y, por supuesto, los homosexuales. De este modo, es esa alteridad y esas figuras del enemigo que siempre se han buscado en El Salvador. Con las leyes antes citadas se definió quiénes eran los enemigos, siendo los alcohólicos y las prostitutas los que saltan a la vista de manera explícita, sin embargo, también se incluyó a todo aquel que no cumpliera con la heteronormatividad reinante.

En El Salvador de 1950, los vicios sociales, como el trabajo sexual, el alcoholismo, la pornografía o la desnudez pública habían ganado terreno en todo el territorio nacional. Para erradicar los vicios anteriormente nombrados se promovieron “campañas de moralización”, las cuales englobaron acciones gubernamentales de represión social, acompañadas por diferentes sectores sociales que tenían como objetivo el control y “erradicación” del trabajo sexual, la pornografía, la desnudez pública y el alcoholismo, catalogados como elementos de peligrosidad que laceraban la institucionalidad del Estado por realizar o promover acciones contrarias a la moral. Las campañas moralizadoras eran una especie de “cruzada” contra los diversos vicios que padecía la sociedad, ejecutando una serie de acciones coordinadas entre instituciones públicas, la Iglesia católica y personas ligadas a la anterior. Aunque las campañas moralizadoras tenían un foco de erradicación de vicios sociales, en ningún momento de las campañas realizadas entre 1952 y 1955 se ejecutó una “acción moralizante” en contra de la homosexualidad como “vicio social” o contra sujetos con una orientación sexual o expresión de género diferente a la heterosexual. Esto posiblemente se debía a que dicha temática era un tema tan cerrado y tabú que lo convertía en algo prácticamente invisible para la sociedad en general.

El 8 de agosto de 1957 en El Salvador, al interior del periódico llamado 'El Independiente', propiedad de Jorge Pinto hijo, se publicó una denuncia sobre una "Redada de afeminados en un baile de Rock´n Rol". Esta crónica dio a entender que jóvenes y hombres de clase alta supuestamente estaban cometiendo actos contra la moral en una fiesta privada, en la forma de “celebración de un casamiento” entre ellos. Aparentemente intervino la policía. En la 'declaración de la policía' se afirma: “algunos de los afeminados se visten con trajes de novia para ‘contraer matrimonio’ con los otros vestidos de elegantes caballeros. Los homosexuales de mayor edad hacen de autoridades que confieren el matrimonio”. En la crónica en cuestión se afirmó que después de realizar el matrimonio se efectuaban “orgías”. Esta información refuerza una idea de degeneración y perversión sexual al establecer que cometían “actos salvajes incalificables”. En el último párrafo de esta crónica se expuso una amenaza amarillista: la divulgación de los nombres de los afeminados. El pánico moral estaba creado y poseía, por medio de la amenaza de divulgación de nombres, un incentivo mediático para mantener el interés del público sobre este tema.

Al día siguiente, el pánico moral se reforzó. Se agregó un componente más, la exhibición de una especie de geografía de la perversión al nombrar posibles lugares de realización de encuentros de este “club”: se insinuó la existencia de casas para tales fines en fincas aledañas a la capital; incluyendo “filiales” en Santa Ana, San Miguel y otras importantes ciudades, y que dicho “club” formaba parte de una red internacional que tenía sedes en Ciudad de México, La Habana, Guatemala y Panamá. En los días siguientes al estallido del pánico moral, se desato una serie de acusaciones contra un atleta salvadoreño el cual estaba supuestamente vinculado al 'club de afeminados'. El 11 de agosto de 1957, se presenta un hecho que modificó todo el escenario del pánico moral. Diversos periódicos publicaron una carta abierta al director de la Policía Nacional, para que se hicieran públicos los nombres de los supuestos afeminados que fueron capturados por la policía. Ante esta publicación, la respuesta del Director de Policía no se hizo esperar, negando la existencia de ese 'club de afeminados', que no existió ninguna redada y, en consecuencia, no se tenía ningún nombre registrado en los libros de entrada de las delegaciones de la Policía Nacional. Ante tal declaración, Jorge Pinto hijo tuvo que dar explicaciones acerca de su publicación del 8 de agosto en el periódico 'El Independiente'.

Pinto manifestó que todo inició por medio de una conversación informal que él tuvo con el coronel Tenorio, director de la Policía Nacional, sobre “un grupo de homosexuales de distinguidas familias”, y el lugar en el que estos se reunían, asumiendo que ahí efectuaban diversos escándalos contrarios a la moral, y por esta razón la policía intervino. Pinto hijo manifestó que su intención era promover una “campaña moralizante” contra un vicio social oculto en la sociedad. El 23 de agosto de 1957, un periódico ocasional llamado 'El Machete' publicó una lista, al parecer con 22 nombres de supuestos homosexuales. Con esta publicación, el pánico moral se transformó en un escándalo público que colateralmente abrió violentamente el tabú de la homosexualidad al interior de la burguesía salvadoreña. A diferencia de la primera publicación del pánico moral, en esta ocasión las respuestas institucionales se hicieron sentir. El mismo día de la publicación, el presidente José María Lemus, por medio de las acciones de Luis Rivas Palacios, ministro del Interior, solicitó al fiscal general de la República promover acción penal contra Álvaro del Cid y José Humberto Durán, editores responsables del periódico 'El Machete'. Tanto del Cid como Durán huyeron de San Salvador. El 26 de agosto, algunos de los injuriados, como Jaime Huezo Hidalgo, negaron públicamente cualquier acto o práctica sexual fuera de la norma heterosexual y dijeron que la información publicada en 'El Machete' era falsa. A partir de esa falsedad, iniciaron procesos de demandas judiciales por injurias que fueron concentradas en el Juzgado Tercero de lo Penal de San Salvador.

 Guerra Civil (1980 - 1992) 
Los años del conflicto armado fueron momentos difíciles para las personas del colectivo LGBTI+ en El Salvador, donde se tenía que vivir a escondidas. Las personas LGBTI+ con ciertos ingresos en San Salvador podían frecuentar algunos lugares de ambiente LGBTI, los hombres gay tenían la opción de frecuentar los saunas, los cuales se dicen que existían incluso desde la década de 1950, mientras que todas las personas LGBTI+ eran bienvenidas en Oráculos Discoteca, la primera discoteca LGBTI+ en El Salvador, fundada en 1979. Los del estrato popular transitaban “La Praviana”, reino casi exclusivo de las trans y sus cervecerías que fungían doblemente de burdel. Se conoce que esta zona roja también sirvió como punto de encuentro para "los homosexuales" desde los años cincuenta.

Desde 1980 hasta 1992, El Salvador sufrió una guerra civil la cual dejó más de 75,000 muertos. Al interior de la guerra no se conoce oficialmente la existencia de personas LGBTI+, los registros tanto de víctimas, afectados y participantes en cualquiera de los dos bandos en contienda no registraron la existencia de personas de orientación sexual diferente a la heterosexual. No obstante a este proceso de invisibilidad, no quiere decir que las personas LGBTI+ no hayan sido afectadas. Se conoce que desde 1980 hasta el final de la guerra, tanto los Escuadrones de la Muerte como el Ejército realizaban acciones de "limpieza social" contra personas LGBTI+, principalmente contra mujeres trans que ejercían trabajo sexual en las vías públicas de San Salvador.

Según investigaciones de AMATE El Salvador (Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica), el 26 de junio de 1984 se realizó una masacre efectuada por el Batallón Bracamontes, en la que fueron recogidas múltiples personas de la 2° Avenida (avenida Monseñor Romero), y fueron llevadas a la zona de El Playón donde fueron masacradas, en ese lugar se encontraron los restos de sus cuerpos, los cuales fueron torturados antes de ser asesinados. También, Amate El Salvador encontró indicios de una desaparición masiva ocurrida en 1980 en lo que hoy es el centro comercial La Campana, sobre la Avenida Roosevelt en San Salvador, en la que desaparecieron entre 12 y 20 mujeres trans, las cuales eran trabajadoras sexuales. Los autores de esos crímenes se desconocen hasta el día de hoy. Si no fuese por AMATE El Salvador, no existiría un registro mínimo que visibilizara las atrocidades cometidas contra personas LGBTI+ durante los años de la guerra civil. Actualmente el Estado salvadoreño, según los datos de Amate, es incapaz de contabilizarlos, visibilizarlos o reconocer que personas LGBTI+ también fueron víctimas de la guerra civil.

Para las personas que tomaron armas y se atrevieron a revelar sus orientaciones sexuales, la vida no se les hacía nada fácil. Testimonios recopilados por AMATE El Salvador indican que combatientes de la guerrilla, tanto hombres como mujeres, sufrían acoso, intimidación e incluso expulsión por su orientación sexual.  Los civiles LGBTI+, por supuesto, no estaban exentos de la represión armada, aunque los soldados y policías hayan frecuentado La Praviana en su tiempo libre. Los años ochenta, aparte de abarcar los peores años de una convulsiva lucha armada, también marcaron los inicios de la pandemia del VIH-SIDA en El Salvador. Este virus minó silenciosamente a las comunidades de mujeres trans, hombres gay y hombres que tienen sexo con hombres (HSH), en particular, no solo con los efectos de la enfermedad, sino también a través de la colusión del horrendo estigma y de la falta de información y de medicamentos disponibles en esos momentos.

 Posguerra (1992 - 1999) 
Las lesbianas fueron las primeras en el país en organizarse explícitamente dentro de un agrupamiento de la diversidad sexual. El colectivo La Media Luna, una red clandestina conformada principalmente por excombatientes guerrilleras, existió como grupo de apoyo y de trabajo político y gestor cultural lesbofeminista entre 1992 y 1994. Organizada como respuesta a la exclusión de las lesbianas dentro del movimiento de mujeres, como de los proyectos políticos de sus excompañeros de lucha, La Media Luna organizó peñas culturales y talleres, y también jugó un papel activo y polémico dentro de varios congresos de mujeres a nivel regional y nacional. Tras su desarticulación, la mayoría de las integrantes de La Media Luna siguieron su trabajo político dentro de la academia y de movimientos políticos, de género y del medioambiente. A finales de 1992, mismo año que se organiza La Media Luna, se crea FUNDASIDA, la primera organización para la prevención del VIH-SIDA en el país, la cual también sirve como grupo de apoyo para personas seropositivas. Los grupos de hombres gay y mujeres trans que se reunían en este espacio pronto llegaron a la conclusión de que sus necesidades eran distintas a las de la población heterosexual y, por lo tanto, conformaron “Entre Amigos” (ahora conocida como la Asociación Entre Amigos), la primera organización LGBTI+ formalmente constituida, en 1994.

Al igual que 'La Media Luna', Entre Amigos en un inicio llevaba un bajo perfil; para evitar ser identificados, sus voluntarios salían a pegar afiches a medianoche convocando a sus reuniones de apoyo. Sin embargo, rápidamente la organización se convirtió en un portavoz de la Comunidad, denunciando fuertemente a las violaciones de sus derechos humanos y a los graves atropellos contra su seguridad física. Cabe mencionar que, aunque hubo muy poco traslapo entre las organizaciones de lesbianas y de gais y trans en estos años, sí compartieron un elemento muy importante que aseguró su viabilidad en este contexto precario de la posguerra: el apoyo de grupos de la solidaridad internacional. Estos grupos ayudaron a radicalizar el discurso interno de los grupos LGBTI, respaldaron económicamente a ciertos proyectos, pero quizás de mayor trascendencia: ofrecieron visibilizar las acciones de la diversidad sexual y genérica ante la comunidad internacional, representando una clase de protección. Este acompañamiento, junto con la madurez de las organizaciones y del espíritu prometedor del «todo se puede hacer» de los inicios de los noventa, permitió que se organizara la primera marcha del orgullo LGBTI+ en El Salvador en junio de 1997, la cual fue la primera marcha del orgullo realizada en Centroamérica.

La marcha fue coordinada por Entre Amigos, convocando a unas 200 personas las cuales marcharon desde el Parque Cuscatlán hasta la Plaza Morazán. La marcha fue aplaudida por los vendedores informales al entrar al centro histórico pero ridiculizada y condenada por los medios. «Homosexuales, lesbianas y prostitutas, atravesaron el centro de la capital. Algunos eran cachiporristas travestidos, cuyo paso parecía desfile bufo», se lee en una nota de El Diario de Hoy de esos momentos. Sin embargo, la marcha marcó un momento importante para la historia LGBTI+ del país, en que representa el primer momento que se comprueba que sí era posible salir a la calle a plena luz del día expresando abiertamente una identidad diversa. Lastimosamente, la primera marcha del orgullo LGBTI+ coincidió con una alarmante ola de violencia contra las mujeres trans, quienes sufrían de ametrallamientos en sus lugares de trabajo en las aceras de la ciudad, o eran secuestradas y luego asesinadas con lujo de barbarie. Este factor, en correlación con la consolidación territorial de las pandillas, principalmente en el centro histórico de la ciudad, marcó el fin de la era de La Praviana y provocó el cierre de Oráculos Discoteca en 1999.

 Inicios del  (2000 - 2019) 
Con el fin de la guerra fría en la década de los 90’s, los primeros años del  representan el inicio de la lucha por los derechos de las personas LGBTI+ en El Salvador, la cual continua hasta el día de hoy. En el año 2000, miembros de la Asociación Atlácatl, una ONG la cual se dedica a velar por los derechos de las personas con VIH-SIDA, demandan al Estado salvadoreño a través de la CIDH, por no importar medicamentos antirretrovirales al país que les garantizarían el derecho a la vida. Esta demanda lleva a la ratificación de la Ley del VIH, la cual incluye provisiones para el acceso al medicamento y en contra de la discriminación de esta población en el 2001. Ante la falta de espacios seguros, las mujeres trans se empezaron a organizar de forma aparte, muchas desprendiéndose de la organización 'Entre Amigos' para formar sus propias organizaciones. La primera de ellas fue la “Asociación para la Libertad Sexual El Nombre de la Rosa”, la cual fue denegada su personería jurídica por el Ministerio de Gobernación por ir contraria a «la moral, el orden público y las buenas costumbres». Seguidamente, integrantes de 'El Nombre de la Rosa' fundaron 'ASPIDH Arcoíris Trans' en el 2005, la primera organización trans con personería jurídica. Le sigue 'COMCAVIS Trans' en el 2008, dedicada inicialmente a atender las necesidades de mujeres trans con VIH. Es de notar que ambas entraron en función mucho antes de obtener personería jurídica. Al estilo de un sindicato, se nutrieron de las donaciones de sus propios miembros, la mayoría de ellas trabajadoras del sexo, para alquilar locales y realizar sus labores. Durante los primeros años del , las personas LGBTI+ en El Salvador comenzaban a organizarse y a asentar las bases de la lucha por sus derechos, mientras que por otra parte, los conservadores desencadenaron una agenda global anti-derechos humanos.

Ante la aprobación del matrimonio igualitario en España en el 2005, se generó un terremoto conservador en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. En Honduras se aprobó y se ratifico una modificación a la constitución, la cual prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo; mientras que en Guatemala y en El Salvador se presentaron proyectos de reformas a la constitución similares a la de Honduras. El 13 de julio de 2005 fue presentada la petición de reforma constitucional por parte de Rodolfo Párker, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Las fuerzas políticas conservadoras se adhirieron a dicha propuesta, mientras que el movimiento LGBTI+ salvadoreño, representado por la Asociación Entre Amigos, hizo un llamado a la cordura y criticó la doble moral de las acciones parlamentarias. El 30 de abril de 2006, la reforma fue aprobada con 46 votos. Organizaciones sociales presentaron una demanda de inconstitucionalidad, pero esta no fue admitida por la Corte Suprema de Justicia. El 1 de mayo de 2006 inició un nuevo periodo legislativo. Ante la imposibilidad de llegar a un consenso al interior de la Asamblea Legislativa para obtener los 56 votos necesarios para ratificar la reforma, las fuerzas conservadoras hicieron una alianza con las iglesias y el sector empresarial. Esta alianza fue calificada como una “Megacampaña” para prohibir el matrimonio igualitario. Sin embargo, no se obtuvieron los resultados esperados y la ratificación a la constitución “durmió” en la Asamblea Legislativa hasta la finalización del periodo legislativo en 2009.

Para tratar de contrarrestar esta escalada de discriminación, el Concejo Municipal de San Salvador se proclamó por los derechos humanos de las diversas identidades sexuales y de género de la ciudad de San Salvador en junio de 2006. En esta declaración se hizo un llamado por el derecho de ciudadanía, el reconocimiento del aporte de las personas LGBTI+ en diferentes ámbitos de la capital, la no discriminación por cualquier tipo de marcador social diferenciador incluyendo la condición sexual o identidad de género de los habitantes de la ciudad. En el año 2007, impulsados por la apertura institucional mostrada por la Declaración de San Salvador, una pequeña comisión de activistas LGBTI+, por medio de los auspicios políticos del FMLN, presentó una petición ante la Asamblea Legislativa para declarar el 17 de mayo como Día Nacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las fuerzas conservadoras, los grupos anti-derechos y el gremio de contadores se opusieron. Los contadores se opusieron porque el 17 de mayo se celebra el Día del contador en El Salvador, y al parecer no querían compartir ese día para conmemorar simultáneamente la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las fuerzas conservadoras, representadas por diversas denominaciones religiosas, argumentaron que dicha acción no era necesaria. Esta propuesta no prosperó al interior de la Asamblea Legislativa, ya que prácticamente solo el FMLN la apoyó en la votación. Al interior del congreso se utilizaron discursos moralistas y peyorativos para negar el apoyo a tal propuesta de “celebrar a los travestis, homosexuales, lesbianas o bisexuales”. En la segunda mitad de 2009, el partido PDC propuso avanzar en la votación para ratificar la modificación constitucional, la cual modificaría los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución para limitar el matrimonio a una unión entre «hombre y mujer así nacidos». A pesar de que los activistas y miembros de la comunidad LGBTI+ de El Salvador nunca se habían organizado en años anteriores para protestar por la aprobación del matrimonio igualitario en el país, el esfuerzo de los partidos conservadores por prohibirlo causó indignación en masa. Cientos de personas se movilizaron a la capital en contra de la prohibición, llenando las portadas de los periódicos con sus pronunciamientos e imágenes de protestas. El año 2009, en efecto, marca un momento trascendental para el movimiento LGBTI+ salvadoreño; muchos activistas lo consideran el año en que verdaderamente se consolida el movimiento en el país. Dos mil personas aproximadamente, asisten a la marcha del orgullo de ese año, diez veces más que las marchas de todos los años anteriores, desde entonces, a las marchas del orgullo LGBTI+ se incrementan alrededor de unas mil quinientas personas cada año, entre algunas de esas personas destacan familiares, amigos y aliados heterosexuales.
El marco político salvadoreño había cambiado para junio de 2009, bajo la presidencia del FMLN se inició la posibilidad de dialogar directamente con el Ejecutivo temáticas de diversidad sexual y de género. Como producto tangible de estos diálogos se creó la Dirección de Diversidad Sexual (DDS) bajo la Secretaria de Inclusión Social (SIS) y se produjo la emisión del Decreto Ejecutivo No.56. El 13 de mayo de 2010, se realizó el Foro "Inclusión Social y Diversidad Sexual" en el cual se presentó las funciones de la DDS y el Decreto Ejecutivo No.56. A este evento atendió como invitada de honor, Marcela Romero, representante de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans 'Red LacTrans'. La participación de una representante de la Red LacTrans fue una muestra de la articulación internacional del naciente movimiento trans salvadoreño. A este intercambio le sucedieron dos acciones de incidencia política específica para personas trans en el país. La primera acción se llevó a cabo el 15 de mayo de 2010, realizándose la "Primera Marcha contra la Transfobia" convocada por la Asociación ASPIDH Arcoíris Trans. Esta fue una declaración pública de la existencia del movimiento trans salvadoreño, con una agenda política propia la cual comenzaba a estructurarse en torno a la denuncia de los crímenes de odio contra las personas trans y el reconocimiento de la identidad de las personas trans. El 15 de noviembre de 2010 se realizó la segunda acción de incidencia política también a iniciativa de ASPIDH Arcoíris Trans. La organización presentó una pieza de correspondencia a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa solicitando elaborar un anteproyecto de Ley para el reconocimiento del Nombre y Género de las Personas Trans. Para entregar la pieza, se realizó una marcha desde las instalaciones de ASPIDH Arcoíris Trans, en el centro histórico de San Salvador, hasta la Asamblea Legislativa.

En 2011, ASPIDH Arcoíris Trans organizó la segunda marcha contra la transfobia, la cual se llevó a cabo el 14 de mayo, esta marcha llevó el título de “Sin nombre que me identifique no existo [Por una ley de identidad].” Luego, el 17 de mayo se convocó a un acto público en la Plaza Morazán para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y la suscripción del Estado salvadoreño a la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Organización de las Naciones Unidas. De igual manera, ese mismo día se llevaron a cabo una serie de acciones para luchar contra la desinformación y la homofobia en la ciudad de Santa Ana. Un grupo de ciudadanos LGBTI+ de Santa Ana se unieron bajo el nombre de D'CIMA o “Diversidad (LGBTI) Unida de la Ciudad Morena en Acción”, el grupo D’CIMA colocó un stand informativo en el Redondel Monseñor Romero, en donde se entregaron panfletos informativos a los transeúntes sobre temas de diversidad sexual y de género, con el objetivo de comenzar a erradicar la homofobia y la desinformación sobre estos temas en la ciudad de Santa Ana. El 4 de junio, el grupo D’CIMA realizó el primer festival cultural de la diversidad (LGBTI+) en la ciudad de Santa Ana, el evento se realizó con el fin de erradicar la homofobia en la ciudad y celebrar el inicio del mes de la diversidad sexual. Para 2012, la organización de la marcha contra la transfobia la realizó la "Red de Organizaciones Trans de El Salvador - RED TRANSAL", la cual aglutinaba a las cuatro organizaciones trans existentes en esa época: ASPIDH, COMCAVIS TRANS, ASTRANS LGBTI y el Colectivo Alejandría. El lema propuesto para este año fue “Por Una Educación Técnica y Formal Sin Barreras”. Este buscaba destacar las discriminaciones y el estigma que las personas trans enfrentan en el sistema educativo formal, el cual deriva en negarles el acceso a formación académica, el acoso en los centros de estudio, los actos de violencia e incluso la expulsión; lo cual genera un círculo de precariedad en las personas trans al no estar escolarizadas. En ese mismo año, en el extremo oriental del país, el Colectivo Estrellas del Golfo, del Departamento de La Unión, conmemoró la fecha colocando un stand informativo en el parque central para sensibilizar a los transeúntes sobre temáticas de sexualidad, género y orientación sexual. El objetivo era incidir en la disminución de los patrones discriminatorios de la población. 
En 2013, las organizaciones trans conmemoraron el 17 de mayo por medio de su participación en el lanzamiento de la Línea Telefónica de Asistencia y Atención en Diversidad Sexual, impulsada por la DDS. El 25 de mayo, se llevó a cabo el Foro "Divulgación del Plan de incidencia Juntas y Juntos por una Ley de Identidad de Género en El Salvador". A pesar de que la RED TRANSAL se diluyó en 2013, se reintegró en la Mesa Permanente por la Ley de Identidad de Género. Este espacio fue constituido en 2014 por las organizaciones trans, organizaciones de la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas para elaborar una propuesta de anteproyecto de Ley de Identidad de Género. En este año se realizó la marcha contra la transfobia, siguiendo el mismo itinerario de las marchas anteriores, iniciando en la Plaza Salvador del Mundo y finalizando con un acto político en el Monumento a La Constitución. En 2015, la Marcha contra la Transfobia se convirtió en la "Marcha contra la Trans, lesbo, homo, bi e interfobia". Este cambio conceptual permitió la inclusión de otras organizaciones y definir una agenda política en común: impedir la ratificación de la reforma constitucional discriminatoria en la Asamblea Legislativa. En abril, los partidos conservadores volvieron a aprobar la reforma constitucional de los artículos 32, 33 y 34. En respuesta, el movimiento LGBTI+ presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo de inconstitucionalidad, argumentando que la reforma aprobada laceraba el principio de Igualdad de las personas salvadoreñas LGBTI+, establecido en el artículo 3 de la Constitución. Fue en este contexto que se comenzaron a realizar los 40 días de activismo LGBTI+, los cuales inician el 17 de mayo, con la Marcha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, y finaliza con la Marcha del Orgullo LGBTI+ el último fin de semana de junio.

En 2016 continuó el carácter integrativo de la Marcha del 17 de mayo, con la única salvedad que la organización y la visibilidad política era de las organizaciones trans, lo cual se refleja desde el lema de ese año “¡Con mi identidad inician mis Derechos!” y el protagonismo de las organizaciones trans en todo el evento. En esta oportunidad la marcha recorrió desde el Parque Cuscatlán hasta la Plaza Salvador del Mundo. En 2017, la conmemoración del 17 de mayo se efectuó en dos momentos. Por la mañana se realizó un evento regional organizado por la Red LacTrans para presentar el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (Cedostalc), y por la tarde se realizó la 8.ª Marcha, que salió de la entrada principal de Metrocentro hasta la Asamblea Legislativa, donde se entregó un pronunciamiento a favor del reconocimiento de la Identidad de Género de las personas trans. Entre el 22 y 23 junio se pintó un paso peatonal con los colores de la bandera LGBT, esta acción marco una diferencia, ya que fue la primera vez que en una capital de Centroamérica se Pinto un paso peatonal con los colores de dicha bandera. El 24 de junio de 2017 se realizó la marcha del orgullo en San Salvador, a la cual se estima que asistieron más de 8 mil personas. A finales de junio se desplego una enorme bandera LGBT en la fachada del Mercado Cuscatlán. El 14 de julio de 2017, el grupo D'CIMA de la ciudad de Santa Ana, realizó un festival de arte, cultura y belleza LGBTI en el marco de las fiestas julias. En agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia avaló una sentencia de la Corte del Estado de Virginia, que en 2011 reconoció como mujer a Lea, una salvadoreña transexual. Este momento de la historia es de suma importancia para todo el movimiento trans de El Salvador, y en medio de este proceso, se hizo visible la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, la cual venía trabajando en un plan de incidencia política desde 2014. El 26 de febrero de 2018 se realizó un conversatorio en la Universidad de El Salvador sobre el Matrimonio Igualitario. El 22 de marzo, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género presentó ante la Asamblea Legislativa su propuesta de Ley de Identidad de Género por medio de los auspicios del FMLN. Esta Ley era de carácter especial para permitir el cambio de nombre, sexo y género en los documentos de identificación de las personas salvadoreñas trans. Esta ley permitiría que el Estado Salvadoreño garantice el acceso pleno a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a este grupo poblacional, y de esta manera poder ejercer la ciudadanía plena por parte de las personas trans. La marcha del 17 de mayo de ese año, por tanto, se enfocó en buscar incidencia para lograr la aprobación de la propuesta de Ley de Identidad de Género. En junio de 2018, ocurrieron varias muestras de visibilización hacia el colectivo LGBTI+, el 7 de junio se ilumino la entrada del Palacio Nacional con los colores de la Bandera LGBT, y se siguió iluminando hasta el 30 de junio. El 16 de junio se desplego una enorme bandera LGBT en la fachada del Teatro Nacional de San Salvador. El 26 de junio se realizó un acto conmemorativo por las víctimas LGBTI conocidas y desconocidas que murieron durante la guerra civil, el acto conmemorativo se realizó frente al centro comercial la campana. El 28 de junio el Ministerio de Trabajo pintó una bandera LGBT en la cede de gobierno, igualmente la ministra de Cultura junto al director de Diversidad Sexual de la Secretaria de Inclusión Social y representantes de organizaciones LGBTI+, izaron 2 banderas en el centro de gobierno. Ese mismo día se realizó un festival artístico cultural LGBTI en el parque central de La Unión. El 30 de junio se llevó a cabo la marcha del orgullo LGBTI+, la cual inicio en el Redondel Masferrer y finalizó en la Plaza Salvador del Mundo. El 30 de noviembre se ilumino la entrada del Palacio Nacional con el color rojo, esto como una muestra de apoyo en el marco del Día Mundial de la lucha contra el VIH.

El 23 de marzo de 2019, falleció el obispo Martin Barahona, quien formaba parte de la Iglesia Anglicana de El Salvador, Martin fue el primer ente religioso en el país en haberse expresado públicamente a favor del matrimonio igualitario en El Salvador, de igual forma, fue el fundador de la 'Comunidad Magdala'. En 2019 se realizaron acciones muy similares a las del 2017 para conmemorar el 17 de mayo. Por la mañana se realizó el Foro Por la justicia y los Derechos humanos de las Personas Trans en El Salvador, seguido de la habitual marcha por la tarde. A estas actividades se sumó la develación de una bandera arcoíris en la fachada del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán, durante la develación estuvo presente la ministra de cultura de ese entonces, Silvia Elena Regalado Campos. Sin imaginarlo, esta acción supondría el cierre de una década de diálogo con el Ejecutivo sobre temáticas de disidencia sexual y de género. A partir de junio de 2019, con el Gobierno de Nayib Bukele se han dado retrocesos en materia de derechos del colectivo LGBTI+ en El Salvador. El 2 de junio de 2019, bajo acuerdo unánime en el Consejo de Ministros se puso fin a 5 secretarias, incluyendo a la Secretaria de Inclusión Social (SIS), la cual estaba a cargo de la ejecución del Decreto Ejecutivo No.56, el cual contenía una serie de disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la Administración Pública por razones de identidad de género y/o de orientación sexual. La decisión de cerrar la SIS fue criticada por diversos activistas y organizaciones LGBTI+ de El Salvador, así como también fue criticada la falta de claridad de políticas del nuevo gobierno para proteger a uno de los sectores de población más vulnerables y violentados del país. Después de que la administración de Bukele eliminara la Dirección de Diversidad Sexual, el área que se “encargaría” de “velar” por los derechos de la población LGBTI en el gobierno, depende ahora de la Unidad de Género del Ministerio de Cultura. En junio de 2019 se llevaron a cabo acciones de visibilización similares a las de años anteriores, el 18 de junio se volvió a iluminar la entrada del Palacio Nacional con los colores de la bandera LGBT. El 27 de junio se pintó un paso peatonal con los colores de la bandera LGBT en la avenida reforma en San Salvador. El 28 de junio, en conmemoración de los Disturbios de Stonewall 50 años atrás, se ilumino la fachada del teatro nacional de San Salvador con los colores de la bandera LGBT.

El 29 de junio se llevó a cabo la habitual marcha del orgullo en San Salvador, a la cual se estima que asistieron más de 15 000 personas. Para cerrar el mes del orgullo, el 30 de junio se ilumino por última vez el Teatro Nacional de San Salvador con los colores de la bandera LGBT. El 9 de julio de 2019, organizaciones LGBTI+ de El Salvador realizaron la entrega de un reconocimiento al alcalde del municipio de San Salvador, neto muyshondt, por la gestión lograda con su consejo municipal y secretarías para el desarrollo de la marcha del orgullo en junio de ese año. El alcalde muyshondt reitero su compromiso con la comunidad, e hizo mención de que en unos meses se implementaría una ordenanza municipal para prevenir y sancionar cualquier acto de discriminación en los espacios públicos del municipio de San Salvador.

El 26 de octubre de 2019, ocurrió el atroz asesinato de una mujer trans llamada Anahí Rivas, ella fue arrastrada en la carretera por un trayecto de casi cinco kilómetros, tras su muerte fue lanzada frente a una discoteca. El 31 de octubre, la Federación LGBTI, la cual es una entidad que aglutina a doce organizaciones LGBTI+ de El Salvador, se pronunció ante la impunidad que caracteriza a crímenes como este. El 1 de noviembre, en una conferencia de prensa, el presidente Nayib Bukele fue cuestionado sobre políticas para proteger a la población trans. Él aceptó que dichos casos deben ser investigados de manera especial. El mandatario aseguró que “el gobierno está diseñando planes contra la discriminación y ni queremos llegar a un crimen de odio”. El 26 de noviembre de 2019, el consejo municipal de San Salvador aprobó el Decreto Número 51, o como se le conoce popularmente, Ordenanza Municipal para la Prevención de la Discriminación e Intolerancia, convirtiéndose así en el primer municipio de El Salvador en aprobar una ordenanza como esta. "Nuestro Concejo Municipal aprobó la Ordenanza para la Prevención de la Discriminación e Intolerancia en el Municipio de San Salvador. Orgulloso de que sigamos siendo pioneros en inclusión y protección de grupos minoritarios que son maltratados y discriminados" declaró el alcalde de San Salvador, Neto Muyshondt. El 1 de diciembre, se iluminó al igual que en el 2018 la entrada del Palacio Nacional con el color rojo, como una muestra de apoyo en el marco del Día Mundial de la lucha contra el VIH. El 13 de diciembre, el consejo municipal de San Salvador ratifico la Ordenanza Municipal para la Prevención de la Discriminación e Intolerancia.

 Actualidad (2020 - Presente) 
COVID-19

El 2020 ha sido uno de los años más difíciles para las personas LGBTI+ en El Salvador y en todo el mundo, la pandemia ocasionada por el COVID-19 solo empeoró la frágil situación de los derechos humanos en El Salvador. El 18 de enero se reportó el asesinato de una persona trans en El Salvador, se trataba de Briyit Michlle Alas Miranda, una mujer trans de 22 años, la cual murió a causa de 5 impactos de bala. Para finales de enero del 2020, el coronavirus comenzaba a propagarse por Asia y algunos países de Europa, pero aún no se detectaba ningún caso en El Salvador o sus países vecinos. Para inicios de marzo la situación había cambiado radicalmente, el coronavirus había logrado extenderse hasta el último rincón del planeta, el 11 de marzo, el presidente Nayib Bukele decreto el cierre total del país, y en los próximos días se impuso cuarentena obligatoria a nivel nacional, a partir de marzo de 2020 se desataría una ola de violación de derechos humanos en todo el país.

El 19 de marzo, el periódico digital de la diversidad sexual de El Salvador “elsalvadorG” anunció que dada la gravedad de la situación por el coronavirus, era poco probable que se desarrollara la habitual marcha del orgullo a finales de junio, así como otras actividades similares a las de años anteriores. Con la cuarentena obligatoria y las medidas de seguridad empezaron a surgir problemas para las personas LGBTI+, y entre las personas que enfrentaron mayores problemas con las medidas impuestas por el gobierno sobresalen las personas trans, personas LGBTI+ infectadas con VIH, personas LGBTI+ desplazadas por la violencia y los jóvenes LGBTI+ que sufren de violencia doméstica o intrafamiliar. Las personas trans en El Salvador subsisten básicamente de trabajos ambulantes o del trabajo sexual, y con las medidas impuestas por el gobierno, sus principales fuentes de ingresos se vieron afectadas enormemente, haciendo que las personas trans tengan que buscar alternativas drásticas para poder subsistir. Las personas infectadas con VIH se enfrentaron a enormes problemas durante gran parte de 2020 debido a que no podían acceder a los antirretrovirales, ya que el sistema de salud estaba sobresaturado por los infectados de coronavirus. 

La mayoría de los jóvenes LGBT+ en El Salvador ya sufrían de violencia doméstica desde antes de 2020, ya sea por los padres, hermanos u otros familiares, sin embargo, con la cuarentena obligatoria, los casos de violencia doméstica fueron en aumento.  A finales de marzo, organizaciones LGBTI+ y organizaciones para la defensa de los derechos humanos empezaron a crear líneas telefónicas para brindar ayuda psicológica y emocional a aquellos que la necesitaran, igualmente se crearon líneas telefónicas para denunciar casos de violación de derechos humanos o casos de violencia o abusos hacia mujeres, niños, adolescentes o personas con discapacidad. Algunas organizaciones LGBTI+, afirman que registraron un aumento de las denuncias de violencia en el ámbito familiar (extorsiones, desalojo, intento de homicidio e incluso suicidio). Comcavis le tendió la mano a centenares de mujeres trans con las que ha trabajado y les ofreció paquetes de alimentos, ayuda para mudarse de casa, asistencia jurídica y apoyo psicológico. A finales de abril, elsalvadorG anunció que la marcha del orgullo no se podría llevar a cabo de la manera tradicional, sino que sería de una manera distinta ese año, la celebración del día del orgullo a finales de junio se realizaría de manera virtual bajo el nombre de: Orgullo en Casa SV. El 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la CIDH hizo un llamado a todos los Estados para tomar en cuenta las repercusiones del COVID-19 en personas LGBTI+ y a diseñar, implementar y evaluar medidas desde el enfoque de derechos humanos. Del 1 al 9 de diciembre, el monumento al divino salvador del mundo y el Palacio Nacional se iluminaron con el color rojo, como muestra de apoyo en el marco del Día Mundial de la lucha contra el VIH.

La situación de los ciudadanos LGBTI+ en el 2021 es relativamente similar a la del 2020. A principios de enero del 2021, se dio a conocer la noticia de que Arthur Britney Joestar, de nacionalidad salvadoreña, se convirtió en la primera persona no binaria en recibir el estatus de refugiado en el Reino Unido tras un fallo histórico que dictó un tribunal superior de esa nación. El 2 de febrero, ocurrió un ataque discriminatorio en un establecimiento de San Salvador conocido como: panadería San Martin, en donde una pareja de chicos gay fue discriminada por el personal de dicho establecimiento, el gerente del local le dijo a la pareja que dejaran de “comportarse de forma inapropiada” debido a que los clientes se habían quejado del comportamiento de la pareja. A pesar de que los chicos no habían hecho nada inapropiado en el local, la pareja decidió retirarse del lugar y denunciar los hechos en redes sociales. Tras conocerse la historia de la pareja, algunos activistas y personas del colectivo LGBTI+ se apersonaron al local el 6 de febrero para protestar de manera pacífica ante el ataque discriminatorio. El 13 de febrero se dio a conocer la noticia de que el teniente de las fuerzas armadas, Cristian Adalberto Castro Grijalva, fue dado de baja del ejército debido a su orientación sexual. El 24 de febrero, la Federación Salvadoreña LGBTI presentó ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la Ley Especial por la Igualdad y No Discriminación (LEID).  A finales de febrero, durante las votaciones para elegir a los nuevos diputados de la asamblea legislativa, múltiples personas trans denunciaron que sufrieron de discriminación en los centros de votación. El 3 de marzo se encontró el cadáver de un hombre trans en la carretera de oro. El 25 de abril se dio a conocer la noticia del asesinato de Zashy Zuley del Cid, una mujer trans de 27 de años, activista y miembro activa de la organización "Colectivo LGBTI Perlas de Oriente", diversas organizaciones LGBTI de El Salvador condenaron su asesinato. El 14 de mayo, el anteproyecto de Ley de Identidad de Género, junto al anteproyecto de la Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación (LEID), fueron desestimados bajo la excusa de estar “Obsoletos y no acordes a la realidad”. Tras archivarse ambas leyes, el 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, se llevó a cabo la habitual marcha en contra de la discriminación, la cual inició en el Parque Cuscatlán y finalizó en la Asamblea Legislativa, más de 200 personas asistieron a la marcha. El 18 de mayo, elsalvadorG anunció que se llevaría a cabo la marcha del orgullo el 26 de junio. El 6 de junio, se llevó a cabo el quinto encuentro deportivo LGBTI+ en el parque nacional de Pelota Saturnino Bengoa, este encuentro deportivo fue auspiciado por la asociación HT El Salvador - Generación Hombres Trans. El 26 de junio, se llevó a cabo la marcha del orgullo en la ciudad de San Salvador, la cual inicio en la Plaza Salvador del Mundo y finalizó en la Plaza Cívica Capitán General Gerardo Barrios, se estima que asistieron más de 18 mil personas, superando a la marcha del 2019, por otra parte, el Colectivo de la Diversidad Sexual de Tecoluca hace su primer acto de incidencia este mismo día al participar en la marcha. El 20 de agosto, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó nuevamente a la asamblea legislativa una nueva iniciativa de Ley de Identidad de Género, bajo el nombre de: Ley de Identidad. La propuesta de ley fue recibida en la asamblea legislativa por diputados del FMLN y Nuestro Tiempo.

Régimen de excepción

En el 2022, la situación de los derechos de las personas trans comienza a mejorar y progresar significativamente. El 22 de febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte suprema de Justicia (CSJ), emitió una resolución ordenando a la Asamblea Legislativa que, en el plazo de un año emita reformas a la Ley del Nombre de la Persona Natural para que las personas trans puedan cambiar su nombre de acuerdo a su identidad de género. La Sala también indicó que la falta de regulación y condiciones para que una persona cambie su nombre por razones de identidad de género provoca un 'acto discriminatorio no justificado'. El 17 de marzo, Bianka Rodríguez, activista por los derechos de las personas trans en El Salvador, se convirtió en la primera mujer trans en poder modificar legalmente su identidad en sus documentos, de acuerdo a su identidad de género. El 25 de junio, se llevó a cabo la marcha del orgullo en la ciudad de San Salvador, iniciando en la Universidad de El Salvador y finalizando en la Plaza Salvador del Mundo, asistiendo más de 22 mil  personas, superando ampliamente a la marcha de 2021. 

El 27 y 28 de julio se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador el primer Congreso Nacional de Medicina Sexual, Salud Transgénero y Sexología, un evento realizado por la organización DIKÉ LGBT+. El 19 de agosto, Aldo peña, se convirtió en el primer hombre trans en poder modificar legalmente su identidad en sus documentos, de acuerdo a su identidad de género. El 26 de septiembre, Canal 10 informó el cese de acuerdos con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), debido a que este aprobó la emisión en directo de un video educativo en la franja "Aprendamos en Casa" (Un programa televisivo de educación a distancia de Canal 10), el video educativo explicaba el concepto de la orientación sexual. El segmento, que estaba destinado a estudiantes de octavo grado, mostraba imágenes animadas de niños y niñas jugando, andando en motocicletas y escuchando música, el narrador definía la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad empleando términos básicos y acordes a la edad de los destinatarios, sin embargo, el Ministerio de Educación justificó la remoción de la entidad administrativa, alegando que ésta “incumplió los estándares educativos que debía cumplir dicha programación, incluyendo contenido sexual no autorizado'', posteriormente, el Ministerio de Educación removió al director del INFOD y anunció una “reestructuración” de esa institución. El 6 de octubre, días después de la polémica de Canal 10, el Ministerio de Educación ordenó retirar varios libros sobre Educación Sexual Integral de todos los centros escolares del país, los cuales fueron entregados en las escuelas entre 2014 y 2015.

 Religión Iglesia Episcopal Anglicana de El SalvadorLa Iglesia Anglicana de El Salvador es una de las pocas iglesias abiertas y afirmativas en El Salvador y América Latina en su conjunto. En 2003, Gene Robinson fue el primer hombre abiertamente gay en ser elegido obispo en los Estados Unidos, y el obispo Martin Barahona de la Iglesia Anglicana de El Salvador fue el único obispo de fuera de los Estados Unidos que asistió a su consagración. Esta muestra de solidaridad y apoyo de un país y una región que históricamente ha sido (y sigue siendo) muy hostil a las personas LGBTQ+ allanó el camino para que los miembros LGBTQ + de la Iglesia Anglicana de El Salvador fundaran su propio Ministerio de Diversidad Sexual en 2009.

Desde entonces, el Ministerio de Diversidad Sexual ha sido un espacio hecho por personas LGBTQ+ y para personas LGBTQ+. Allí, los miembros pueden ser ellos mismos, participar plenamente en la iglesia y defender los derechos LGBTQ+. Sin embargo, la iglesia Anglicana de El Salvador ha visto que muchas personas LGBTQ+ son expulsadas de sus hogares debido a su identidad sexual, en respuesta, miembros del Ministerio de Diversidad Sexual propusieron fundar el Centro Santa Marta.

El Centro de Santa Marta para Jóvenes y Adultos Jóvenes LGBTQ+ es el siguiente paso en este viaje, permitiéndonos atender las necesidades de nuestros hermanos más vulnerables que han sido expulsados de sus hogares o deportados a El Salvador, y están en mayor riesgo. por su identidad sexual. Que una iglesia haga este trabajo es especialmente importante en El Salvador, donde las iglesias son a menudo las instituciones más confiables entre el público en general y tienen una enorme influencia sobre las políticas públicas.

“Queremos dar una respuesta a las personas LGBTI+ que han sido expulsadas de sus hogares o que se encuentran en peligro, ofreciéndoles un espacio temporal, mientras buscan solución o desarrollan un plan de respuesta personal”, dice el obispo de la IAES, Juan David Alvarado. “El nombre de Comunidad Santa Marta es recordar en el Evangelio cuando Jesús va en camino y llega a la casa de Marta y María, hermanas y amigas de Jesús, quienes dan acogida y acompañamiento”.

La IAES tiene muchas expectativas de este proyecto, pues siempre se han mostrado aliados de la sociedad civil y en sobre todo de las poblaciones históricamente excluidas y vulnerables, el coordinador de la oficina de Dignidad y Justicia dentro de la IAES, Edwin Guardado, expresa que la “ilusión” con este proyecto es que la iglesia sea un modelo de atención y acompañamiento pastoral en el tema de refugios a personas LGBTI+ en condiciones de vulneración de derechos humanos.Libres en CristoCristianas y cristianos LGBTIQ+ de El Salvador y Centro América. Libres en Cristo es un movimiento cristiano ecuménico/inter-denominacional que nace en 2009 en El Salvador, este movimiento busca la plena inclusión de las personas LGBTIQ+ en la vida de las iglesias y/o comunidades de fe, y sociedades de El Salvador y Centro América. El movimiento trabaja creando y compartiendo recursos educativos para la deconstrucción de los prejuicios religiosos asociados a la sexualidad humana para los diferentes contextos cristianos de la región centroamericana: católico, Reformado y Evangélico, así como educando y sensibilizando líderes religiosos y comunidades de fe en un enfoque teológico progresista e inclusivo. Promueve los Derechos Humanos desde una perspectiva de fe, la Laicidad y el servicio público laico, en asocio con otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado. Buscan potenciar experiencias pastorales y comunitarias de inclusión, reconciliación, y empoderamiento de personas LGBTIQ+, tejiendo una red nacional y centroamericana de líderes religiosos, teólogos, iglesias, comunidades de fe, organizaciones basadas en la fe, entre otros, esto con esfuerzos independientes de cristianas y cristianos inclusivos (familiares, amigos y aliados heterosexuales). El movimiento trabaja desde tres ejes específicos:
 Educación: Creando y compartiendo recursos educativos especializados sobre DDHH, DDSS y DDRR, y Socio- Teológicos que contribuyan a la deconstrucción de los prejuicios religiosos asociados a la sexualidad humana, especialmente aquellos sobre las personas LGBTIQ+ dirigidos a líderes religiosos y comunidades de fe de los diferentes contextos cristianos de la región centroamericana: Católico, Reformado y Evangélico.
 Empoderamiento: Empoderando en temas de DDHH, DDSS y DDRR, y en enfoques Socio- Teológicos inclusivos a líderes religiosos y comunidades de fe, así como a personas LGBTIQ que han sufrido violencia religiosa y/o que buscan conocer más sobre estos temas. Comparten experiencias pastorales y comunitarias de inclusión, fomentando el crecimiento personal e integral de las personas LGBTIQ+, de sus familiares, amigos y aliados heterosexuales.
 Activismo: Promoviendo activamente los DDHH, y los derechos civiles y políticos de las personas LGBTIQ+, así como la Laicidad; luchan por el pleno reconocimiento de El Salvador como un Estado laico, remarcan la importancia y el inmenso valor de la diversidad y la pluralidad para la continua democratización del Estado salvadoreño y demandan un ejercicio público y aplicación de la justicia en materia LGBTIQ+ desde una perspectiva laica e inclusiva.Comunidad Magdala'''

La Comunidad de Magdala es una comunidad de fe cristiana de inspiración anglicana, radicalmente inclusiva y vibrante en el corazón de San Salvador, que difunde y desarrolla el legado del Obispo Martín Barahona. Es una comunidad de fe anglicana viva e inclusiva donde todas las personas son bienvenidas, celebramos la vida y compartimos la fe mientras crecemos en el amor de Dios por medio de Cristo Jesús.

Fundada en 2015 por Martín Barahona, Obispo Emérito de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, la Comunidad de Magdala es una comunidad de fe solidaria de inspiración anglicana y radicalmente inclusiva que promueve y desarrolla el legado filosófico, ético, teológico y espiritual del Obispo Martín Barahona desde tres ejes fundamentales:

 La unidad de las y los cristianos y de las demás expresiones de fe para la construcción de la Paz.
 La promoción y defensa de los Derechos Humanos.
 La plena inclusión de las personas LGBTIQ+ en la vida de la Iglesia y en la sociedad.

Véase también 

 Diversidad sexual en América Latina y el Caribe
 Legislación sobre derechos LGBT en el mundo
 Principios de Yogyakarta

Referencias

Enlaces externos 

 Primer Código Penal de El Salvador
 Decreto Ejecutivo No.56
 Ley crecer juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia
 Política de Equidad e Igualdad de Género (Sistema educativo)
 Ley especial para la regulación de las practicas clínicas de los estudiantes de internado rotatorio, año social y médicos y odontólogos residentes en proceso de especialización
 Código de Ética de la Universidad de El Salvador
 Código de Ética de la Universidad Francisco Gavidia
 Código de Ética de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
 Código de Ética de la Universidad Autónoma de Santa Ana
 Acuerdo No.202
 Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud 
 Política Nacional de Cuidado de Enfermería
 Norma Técnica de Atención y Cuidados en Salud al Hombre Adulto
 Norma técnica de atención integral en salud a la persona adulta mayor
 Norma de atención integral en salud de las personas afectadas por violencia y lesiones
 Política Para la Igualdad y Equidad de Género en Salud
 Lineamientos técnicos para la atención integral en salud de la población LGBTI
 Norma Técnica de Promoción de la Salud
 Reglamento disciplinario de la Procuraduría General de la República
 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
 Política de Persecución Penal
 Código de Ética Judicial de El Salvador
 Política de Persecución Penal en Materia Penal Juvenil
 Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República
 Ley de Regulación de los Servicios de Información Sobre el Historial de Crédito de las Personas
 Ley de Turismo
 Manual de promoción, capacitación y selección de donantes de sangre
 Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el VIH
 Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas (Municipio de San Juan Opico).
 Ordenanza Reguladora de los Espacios Públicos y Privados Libres de Violencia Contra las Mujeres, Niños/as y adolescentes (Municipio de Santa María Ostuma).
 Ordenanza Municipal para la Atención y Protección de la Persona Migrante y su Familia (Municipio de La Unión)
 Ordenanza Municipal para la Atención y Protección de la Persona Migrante y su Familia (Municipio de Pasaquina)
 Ordenanza Reguladora de Elementos Publicitarios (Municipio de San Salvador).
 Ordenanza Municipal para la Prevención de la Discriminación e Intolerancia (Municipio de San Salvador).
 Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres en Espacios Públicos y Privados (Municipio de Tecoluca).
 Ordenanza Municipal para la Atención y Protección de la Persona Migrante y su Familia (Municipio de San Antonio Pajonal)
 Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor
 Código Penal actual de El Salvador 
 Decreto No.106/2015

LGBT en El Salvador
Sociedad de El Salvador
Derechos humanos en El Salvador