Autogolpe de Estado de Perú de 1992

El autogolpe de Estado de Perú de 1992 (conocido a veces como Fujimorazo) fue un golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril del mismo año por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Fujimori disolvió el Congreso de la República, se intervino al Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia), al Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy Tribunal Constitucional), al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. El resultado fue el desmantelamiento del sistema judicial, cuatro días después, donde hubo persecución de miembros de la oposición y secuestro de otras personalidades.

Antecedentes 
Bajo el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de Juan Velasco Alvarado, la deuda peruana aumentó significativamente debido al excesivo endeudamiento y a la crisis energética de los setenta. La política económica del presidente Alan García distanció aún más a Perú de los mercados internacionales, lo que se tradujo en una menor inversión extranjera en el país. Bajo García, Perú experimentó una hiperinflación y un aumento de los enfrentamientos con el grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso, lo que llevó al país a altos niveles de inestabilidad.

Plan Verde 

En octubre de 1989, el Plan Verde, una operación militar clandestina, fue desarrollado por las Fuerzas Armadas del Perú durante la época del terrorismo en Perú; implicaba el genocidio de peruanos empobrecidos e indígenas, el control o censura de los medios de comunicación en la nación y el establecimiento de una economía neoliberal en Perú. Inicialmente, el plan incluía un golpe de Estado. Sin embargo, Anthony C. E. Quainton, embajador de Estados Unidos en Perú, se opuso a ello. Los planificadores militares también decidieron no dar el golpe porque esperaban que un candidato neoliberal saliese elegido en las elecciones generales de Perú de 1990. Rendón escribe que Estados Unidos apoyó a Fujimori por su relación con Vladimiro Montesinos, un antiguo oficial de inteligencia peruano acusado de espiar a los militares peruanos para la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Rendón —resumiendo el supuesto apoyo de Estados Unidos a la candidatura de Fujimori— escribe: «Si Vargas Llosa con la democracia liberal era muy polarizador y un peligro para los intereses estadounidenses en la región, Fujimori con el autoritarismo era muy consensual y más acorde con los intereses estadounidenses en Perú y la región». 

Según el sociólogo y analista político peruano Fernando Rospigliosi, las élites empresariales de Perú mantenían relaciones con los planificadores militares, escribiendo Rospigliosi que las empresas «probablemente proporcionaron las ideas económicas y con los que [los militares] coincidían, tanto en la necesidad de un programa económico liberal, como en la implantación de un gobierno autoritario que impusiese orden». Rospigliosi también afirma que «se produjo un entendimiento entre Fujimori, Montesinos y algunos de los militares» involucrados en el Plan Verde antes de la toma de posesión de Fujimori. Tras asumir el poder, Fujimori abandonó la plataforma económica que promovió durante su campaña electoral, adoptando políticas neoliberales más agresivas que las propugnadas por su competidor en las elecciones. Fujimori adoptaría muchas de las políticas esbozadas en el Plan Verde. Con el beneplácito de Fujimori, los militares prepararon planes para defender un autogolpe de Estado tal como estaba diseñado en el Plan Verde más de dos años antes de abril de 1992.

Propuestas económicas neoliberales 

Hernando de Soto — quien, con la ayuda y financiación de la Red Atlas, creó el Instituto Libertad y Democracia (ILD), una de las primeras organizaciones neoliberales de América Latina — actuó informalmente como «representante personal» de Fujimori durante los tres primeros años de su gobierno y recomendó un «choque» en la economía peruana, afirmando: «Esta sociedad se está derrumbando, sin duda, [...] pero los problemas aquí están tan arraigados que es necesario que se produzca un colapso antes de poder aplicar cambios fundamentales en el sistema político. [trad. del inglés]». De Soto convenció a Fujimori para que viajase a Nueva York en una reunión organizada por el peruano Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas, donde se reunieron con los responsables del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que convencieron a Fujimori para que siguiese las directrices de la política económica marcadas por las instituciones financieras internacionales. Las políticas incluían un aumento de impuestos del 300 %, precios no regulados y la privatización de doscientas cincuenta entidades estatales.

Disputas en el Congreso 
Durante los dos primeros años de su mandato, el Congreso —formado principalmente por partidos de la oposición— le concedió poder legislativo en quince ocasiones, permitiéndole promulgar 158 leyes. Sin embargo, el Congreso se resistió a los esfuerzos de Fujimori por adoptar las políticas preconizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, especialmente las medidas de una política de austeridad.

Después de las elecciones de 1990, Cambio 90, el partido oficialista, no obtuvo mayoría en el Congreso de la República —Cámara de Diputados y Senado— frente a las mayorías relativas del Partido Aprista Peruano y el Fredemo; sin embargo, ambas cámaras le habían delegado tres períodos sucesivos (180 días cada uno) de facultades legislativas con la finalidad de permitir las reformas económicas propuestas.

De acuerdo con el punto de vista oficial del Ejecutivo de Fujimori, el Congreso de la República no lograba ponerse de acuerdo sobre temas relacionados con la lucha contra Sendero Luminoso, con muchas de las sesiones claves sin llegar al cuórum suficiente para la aprobación de leyes. Fujimori consideró al parlamento, entonces, como un congreso obstruccionista.

Al mismo tiempo, la oposición, que revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo, se sintió ofendida porque el presidente había observado más de doce autógrafas de ley dados por el Legislativo. Asimismo, una comisión del Senado investigaba los casos de violaciones a los derechos humanos, por los que, años después, fue juzgado y condenado Alberto Fujimori.

Ante la negativa del Congreso para concederle poderes para legislar, Fujimori anunció mediante un mensaje a la Nación, el domingo 5 de abril de 1992, la disolución del Congreso de la República. La explicación sobre esta medida se desarrolló en una asamblea de la OEA en las Bahamas.

En respuesta, Fujimori dio un autogolpe el domingo 5 de abril de 1992.

Autogolpe de Estado 
La noche del domingo 5 de abril de 1992, Fujimori dio un mensaje a la Nación televisado. Anunció la «disolución temporal» del Congreso de la República y la «reorganización» del Poder Judicial. Tras el mensaje, ordenó al ejército peruano que condujese un tanque hasta la escalinata del Congreso para clausurarlo. Cuando un grupo de senadores intentó mantener la sesión, se desplegaron gases lacrimógenos contra ellos.

Esa misma noche, tropas militares fueron enviadas a detener a destacados miembros de la oposición política. Fujimori fue condenado en 2009 por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos detenidos por los militares la noche del autogolpe. 

Una de las medidas más criticadas que tomó Fujimori fue el intento de detener al expresidente Alan García para someterlo a numerosos juicios. También contribuyó al autogolpe el deseo de Fujimori de eliminar a García, que se desempeñaba como senador, como rival político y potencial futuro candidato presidencial. Sin embargo, García logró escapar de la detención y pidió asilo político en Colombia.

Resultados 
Fujimori promulgó el Decreto Ley N.º 25418, que disolvía el Congreso, otorgaba al Poder Ejecutivo todas las facultades legislativas, suspendía gran parte de la Constitución y facultaba al presidente a promulgar diversas reformas, como la «aplicación de penas drásticas» a los terroristas. Incluso, el entonces presidente de la cámara de diputados del Poder Legislativo, Roberto Ramírez, fue detenido en su hogar, además del parlamentario César Barrera Bazán y del periodista Gustavo Gorriti. Fujimori convocó elecciones para un nuevo congreso, más tarde denominado Congreso Constituyente Democrático; Fujimori obtuvo más tarde la mayoría en este nuevo congreso, que más tarde redactó la Constitución de 1993. Fujimori también se dedicó a recortar la independencia del poder judicial y los derechos constitucionales con una declaración del estado de emergencia y toques de queda, además de promulgar polémicas «leyes de emergencia severa» para hacer frente al terrorismo. Esta reducción de derechos fue extendiéndose a funcionarios que no estaban de acuerdo con la medida del autogolpe.

El primer ministro, Alfonso de los Heros, y el ministro de Agricultura dimitieron. Al mismo tiempo, el resto de los ministros apoyaron al gobierno de facto. Máximo San Román, entonces vicepresidente primero de la República, no apoyó el autogolpe. No se encontraba en el país en el momento de este y no fue informado de esta maniobra.

El poder legislativo respondió activando las cláusulas constitucionales que permiten al Congreso destituir al presidente. Fujimori fue destituido y Máximo San Román juró formalmente la presidencia. Destacados políticos apoyaron esta medida: el expresidente Fernando Belaúnde Terry y la mayor parte del Partido Acción Popular apoyaron a San Román. Por el contrario, el excandidato presidencial del FREDEMO Mario Vargas Llosa hizo un llamamiento a la insurgencia civil para derrocar a Fujimori. Sin embargo, ni los militares ni la mayoría de la población apoyaron a San Román, que nunca llegó a ser presidente de facto.

Cabe señalar que esto se asemeja al delito de rebelión, al tomar medidas contra tales autoridades, en que no fue sentenciado por el acuerdo de extradición en los años posteriores. Algunos congresistas del Fujimorismo y otros partidos políticos discutieron el legado de aquel autogolpe y su impacto en la política peruana.

En 2001, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y el director general de la Policía Nacional posteriormente mostraron un comunicado que «ya no representan ningún compromiso de honor con los acontecimientos» de 1992.

Opinión pública 
El 7 de abril de 1992 la encuestadora Apoyo publicó un sondeo realizado en Lima, en donde el 71% de los encuestados aprobaba la disolución del Congreso Nacional y el 89% la reestructuración del Poder Judicial. El 12 de abril, otra encuesta de Apoyo, esta vez realizada a empresarios, señalaba que el 79% definía al régimen como dictatorial y el 16% como democrático. Posteriormente, Apoyo realizó en su encuesta El poder en el Perú, que en 1998 en una escala de 1 para indicar una dictadura a 7 para democracia, Fujimori tuvo la calificación de 3.53.

Una encuesta realizada por Ipsos para el periódico El Comercio en marzo de 2012 reveló que el 47% de los encuestados considera que el autogolpe fue necesario, mientras que el 38% señaló que fue una medida innecesaria. Ante la situación hipotética de que se retornara a 1992, el 50% de los encuestados señaló que desaprobaría un autogolpe.

Reacciones

Locales

En contra 
Muchos políticos no reconocieron como legal y constitucional a Alberto Fujimori. Entre los más destacados se encontraban:

 Alejandro Miró Quesada Cisneros: «Había que defender la democracia. Nosotros no nos dejamos llevar por el 80% de los limeños que estaba a favor de la disolución del Congreso».
 Mario Vargas Llosa, quien se encontraba en Berlín, señaló a la agencia EFE: «Pienso llamar a todas las puertas para lograr el respaldo internacional, que permita hacer una presión fuerte y decisiva sobre los golpistas con el fin de que tengan que dar marcha atrás».
 Alan García; quien tras enterarse del golpe y de escapar de su vivienda que fue rodeada por militares, pidió asilo político y se exilió en Colombia.
 Fernando Belaúnde Terry no consideró el acto como democrático y apoyó plenamente al presidente San Román. Fue suya la banda que utilizó este al juramentar ante el Senado en el Colegio de Abogados de Lima.
 Lourdes Flores Nano; quien decidió seguir con las reuniones de diputados y senadores en diversos lugares.
Los constitucionalistas Domingo García Belaúnde, Francisco Eguiguren Praeli, Enrique Bernales Ballesteros, Gastón Soto Vallenas, Jorge Power Manchego-Muñoz, José Palomino Manchego, Walter Olivari, Francisco Miró Quesada Rada, Alfredo Quispe Correa, Valentín Paniagua Corazao, César Valega García, Víctor García Toma, Francisco José del Solar Rojas y Luis Ramírez Daza condenaron el golpe de Estado y la instauración de un gobierno de facto y exigieron la liberación de los opositores privados de su libertad.

A favor 
El constitucionalista Enrique Chirinos Soto afirmó que previo al 5 de abril de 1992, el Congreso había dado un golpe de Estado en contra de Alberto Fujimori, al aprobar la Ley N.º 25397, Ley de Control Parlamentario sobre los Actos Normativos del Presidente de la República, normativa que, según Chirinos, «recorta las funciones y atribuciones» del presidente. Por ello, Chirinos consideró que, el 5 de abril, Fujimori dio un «contragolpe». En el mismo sentido, Carlos Torres y Torres Lara sostuvo que lo realizado el 5 de abril se trató de un «contragolpe» para desarticular el «golpe» dado por el Parlamento con la «inconstitucional» ley n.º 25397.

En 2023, el Fondo Editorial del Congreso, dirigida por la fujimorista Martha Moyano, mostró a favor del autogolpe en el libro escolar sobre la Constitución de 1993; el texto generó quejas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El autor del libro presentado en historieta, Dimas Arrieta, acusó a la editorial de involucrarse en el proceso creativo.

Internacionales 
Las reacciones internacionales al autogolpe fueron diversas: los organismos financieros internacionales retrasaron los préstamos previstos o proyectados, y el gobierno de Estados Unidos suspendió toda ayuda a Perú aparte de la humanitaria, al igual que Alemania y España. Venezuela rompió relaciones diplomáticas y Argentina retiró a su embajador. Chile se unió a Argentina para solicitar la suspensión de Perú de la Organización de los Estados Americanos. El golpe amenazó la estrategia de recuperación económica de la reinserción. Complicó el proceso de liquidación de atrasos con el Fondo Monetario Internacional.

Incluso antes del golpe, las relaciones con Estados Unidos habían sido tensas debido a la reticencia de Fujimori a firmar un acuerdo que incrementaría los esfuerzos militares de Estados Unidos y Perú en la erradicación de los campos de coca. Aunque Fujimori acabó firmando el acuerdo en mayo de 1991 para obtener una ayuda que necesitaba desesperadamente, los desacuerdos no contribuyeron a mejorar las relaciones bilaterales. Los peruanos consideraban que las drogas eran principalmente un problema de Estados Unidos y la menor de sus preocupaciones, dada la crisis económica, la guerrilla de Sendero Luminoso y un brote de cólera que aisló aún más a Perú debido a la consiguiente prohibición de importar alimentos.

Sin embargo, la administración Bush cambió de postura dos semanas después del autogolpe. Reconoció oficialmente a Fujimori como líder legítimo de Perú. La Organización de Estados Americanos y Estados Unidos estaban de acuerdo en que el golpe de Fujimori podía haber sido extremo. Sin embargo, no querían que Perú volviera al estado de deterioro en el que se encontraba antes. El golpe se produjo poco después de que el gobierno y los medios de comunicación estadounidenses lanzaran una ofensiva mediática contra el movimiento guerrillero rural Sendero Luminoso. El 12 de marzo de 1992, el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Bernard Aronson, declaró ante el Congreso de los Estados Unidos: «La comunidad internacional y las respetadas organizaciones de derechos humanos deben centrar los focos de la atención mundial en la amenaza que supone Sendero... América Latina ha visto violencia y terror, pero ninguno como el de Sendero... y no se equivoquen, si Sendero tomara el poder, veríamos... genocidio». Dadas las preocupaciones de Washington, las repercusiones a largo plazo del autogolpe resultaron ser modestas.

Véase también 

 Corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori
 Golpe de Estado en Perú de 1919
Contragolpe de Estado en Perú de 1992
 Disolución del Congreso de la República del Perú en 2019
 Intento de autogolpe de Estado de Perú de 2022

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

  (TVPerú Noticias)
 Especial del autogolpe de 1992 (RPP Noticias)

Autogolpe 1992
Gobierno de Alberto Fujimori
Conflictos en 1992
Perú en 1992
Política en 1992
Golpes de Estado del siglo XX
Autogolpes de Estado