Task: Question Generation
Input (Spanish): Desde su fundación, la UE ha actuado en un contexto de creciente pluralidad de sistemas jurídicos nacionales y en proceso de globalización. Esto ha implicado que tanto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como los más altos tribunales nacionales han tenido que desarrollar principios para resolver conflictos de leyes entre diferentes sistemas. Dentro de la propia UE, el Tribunal de Justicia considera que si la legislación de la UE entra en conflicto con una disposición de la legislación nacional, el Derecho de la UE tiene primacía. En el primer caso importante en 1964, Costa contra ENEL, un abogado milanés y exaccionista de una compañía de energía llamado Costa se negó a pagar su factura de electricidad a Enel, como protesta contra la nacionalización de las corporaciones energéticas italianas. Afirmó que la ley de nacionalización italiana entraba en conflicto con el Tratado de Roma, y pidió que se hiciera referencia tanto al Tribunal Constitucional italiano como al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 267 del TFUE. El Tribunal Constitucional italiano dictaminó que como la ley de nacionalización era de 1962, y el tratado estaba en vigor desde 1958, Costa no tenía derecho a ninguna reclamación. En cambio, el Tribunal de Justicia sostuvo que, en última instancia, el Tratado de Roma no impedía en modo alguno la nacionalización de la energía y, en cualquier caso, en virtud de las disposiciones del Tratado, solo la Comisión podría haber presentado una demanda, no el Sr. Costa. Sin embargo, en principio, el Sr. Costa tenía derecho a alegar que el Tratado entraba en conflicto con el Derecho nacional, y el tribunal tendría la obligación de considerar su reclamación para hacer una referencia si no hubiera recurso contra su decisión. El Tribunal de Justicia, reiterando su opinión en Van Gend en Loos, dijo que los Estados miembros "aunque en ámbitos limitados, han restringido sus derechos soberanos y han creado un corpus jurídico aplicable tanto a sus nacionales como a sí mismos" sobre la base de la "reciprocidad". La legislación de la UE no "sería anulada por las disposiciones legales nacionales, por más que estén enmarcadas... sin que se cuestione la base legal de la propia comunidad". Esto significaba que cualquier "acto unilateral posterior" del Estado miembro sería inaplicable. Del mismo modo, en Amministrazione delle Finanze v Simmenthal SpA, una empresa, Simmenthal SpA, alegó que una tasa de inspección sanitaria pública en virtud de una ley italiana de 1970 para la importación de carne de vacuno de Francia a Italia era contraria a dos Reglamentos de 1964 y 1968. Según el Tribunal de Justicia, "de acuerdo con el principio de precedencia del Derecho comunitario", las "medidas directamente aplicables de las instituciones" (como los Reglamentos en este caso) "hacen que las disposiciones contradictorias de la legislación nacional vigente queden automáticamente inaplicables". Esto era necesario para evitar una "correspondiente negación" de las "obligaciones asumidas incondicional e irrevocablemente por los Estados miembros" del Tratado, que podría "poner en peligro los fundamentos mismos de la" UE. Pero a pesar de las opiniones del Tribunal de Justicia, los tribunales nacionales de los Estados miembros no han aceptado el mismo análisis.
Output (Spanish): En caso de conflicto entre la legislación de la UE y la legislación nacional, ¿qué legislación prevalece?