La conformidad en España

La conformidad del acusado se está convirtiendo a nivel mundial en la forma más común de finalización del proceso penal. Sin embargo, la literatura comparada hace tiempo que viene documentando todos los problemas que plantea esta institución; particularmente, el excesivo poder que confiere al Ministerio Fiscal, las desigualdades en su aplicación e incluso la posibilidad del castigo del inocente. En nuestro país, a pesar de que la conformidad es también la forma usual de finalización del proceso penal, no existen investigaciones empíricas que analicen su aplicación práctica y los problemas que ésta comporta. El presente trabajo tiene por finalidad suplir este vacío presentando por primera vez datos empíricos sobre su aplicación en los juzgados penales y las consecuencias que comporta a nivel de la penalidad. Nuestros resultados muestran que ciertas características de la persona acusada están asociadas con la conformidad (en particular, los extranjeros presentan una tasa significativamente menor de conformidades), y que la negativa del acusado a conformarse tiene un impacto relevante en la ejecución de la pena de prisión (en concreto, aquellos que se conforman tienen más posibilidades de ver su pena de prisión suspendida o sustituida).

section_content: En nuestro país, al igual que en muchos de nuestro entorno, la celeridad es una prioridad en la Administración de Justicia, especialmente en los asuntos penales. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, gran parte de las quejas ciudadanas respecto al funcionamiento de la justicia se refieren a retrasos en la tramitación de procedimientos, el dictado de sentencias o el señalamiento para la vista o juicio 1. Esta situación se ha visto agravada por la pandemia sufrida en 2020 que, como es conocido, paralizó gran parte de los asuntos durante el Estado de Alarma, provocando así una alarmante acumulación de procesos en los juzgados. De hecho, la fiscalía elaboró un documento para la desescalada tras la pandemia en el que destaca como objetivo en el ámbito penal el «fomento de las conformidades en los distintos estadios procesales» 2. 

No obstante, mucho antes ya de la pandemia, la necesidad de agilizar y simplificar los procesos penales ha sido una cuestión recurrente en nuestro sistema judicial. No en vano el mecanismo de la conformidad existe en la regulación española desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Técnicamente, la conformidad supone la aceptación por parte del acusado de la pena solicitada en el escrito de acusación, pasando entonces el juez o tribunal, si se cumplen sus requisitos formales, a dictar lo que se denomina una "sentencia de conformidad", limitándose así la celebración del juicio a la mera ratificación oral por parte del acusado de tal conformidad. 

La conformidad ahorra así al sistema la considerable cantidad de tiempo invertida en la celebración de los juicios y la deliberación y redacción de las sentencias. Además, al ser la sentencia dictada en conformidad firme en el acto, evita también dilaciones debidas a la tramitación de posibles recursos. 

Sin embargo, junto a estas innegables ventajas no faltan voces, según veremos, que subrayan que la conformidad es una forma de resolver los asuntos penales en la que prima la celeridad a costa de los derechos y garantías de los acusados. 

En este sentido, y respecto a la figura análoga a nuestra conformidad (denominada "plea bargaining") es amplia la literatura angloamericana que señala las distintas problemáticas que rodean la conformidad del acusado, siendo entre ellas una de las más relevantes la discrecionalidad y el poder que otorga al Ministerio Fiscal para establecer la pena, pues por mucho que ésta sea impuesta formalmente por un juez, se habrá decidido realmente en una negociación previa entre fiscal y acusado. Esta discrecionalidad provoca que, tal y como demuestran multitud de investigaciones empíricas, cuestiones ajenas a la culpabilidad del acusado y la gravedad del delito cometido puedan afectar tanto al ofrecimiento como a la prestación de la conformidad, y en últimas a la pena que se impone al acusado. 

No obstante, en España no se ha realizado hasta la fecha ningún estudio empírico que proporcione información detallada sobre la práctica de la conformidad. Más allá de datos estadísticos generales sobre su prevalencia, que veremos a continuación, lo cierto es que en nuestro país no sabemos qué características del proceso, de los acusados o del delito cometido tienen un impacto a la hora de conformarse (o no). En consecuencia, el propósito esencial de este estudio es conocer cuáles son los factores más relevantes en el ámbito de la conformidad en nuestro país y analizar si, tal como ha documentado la literatura comparada, existe una ventaja comparada en términos de impacto punitivo para aquellos que se conforman respecto de los que prefieren someter su caso a juicio.

section_content: La conformidad puede verificarse en distintos procedimientos penales, siendo sin embargo el supuesto más habitual de conformidad el que tiene lugar en el seno de los juicios rápidos y los procedimientos abreviados 5. 

Los juicios rápidos (arts. 795-803 LECrim), están previstos en nuestra ley procesal para delitos castigados con pena de prisión que no exceda de 5 años, iniciados mediante atestado policial y de instrucción sencilla al existir en el propio atestado elementos incriminatorios claros contra una persona determinada. Recibido el atestado en el Juzgado de Guardia, éste practicará las diligencias imprescindibles y en la misma guardia el acusado, asistido por su abogado, podrá conformarse con el escrito de acusación presentado en el acto por el Ministerio Fiscal. Si así lo hace, el propio Juzgado de Guardia dictará sentencia «en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal» (art. 801. 2 LEcrim). Se trata, por tanto, de un supuesto de conformidad que implica una rebaja legalmente tasada de ⅓ de la pena solicitada en tal escrito. A este tipo de conformidad se le denomina coloquialmente "conformidad premiada", porque se recompensa la conformidad en el primer momento procesal hábil (en el Juzgado de Guardia que recibe el atestado) con una rebaja que puede implicar la imposición de una pena incluso inferior al límite mínimo previsto en el respectivo tipo penal 6. El propio art. 801 LECrim limita esta conformidad a supuestos de imposición de penas de multa, cualquiera que sea su cuantía u otras penas de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años y, en el caso de penas privativas de libertad, cuando la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión. 

Por otro lado, la segunda posibilidad más habitual de conformidad (que podríamos denominar "conformidad ordinaria") tiene lugar en los procedimientos abreviados (arts. 784. 3 y 787 LECrim), y es posible siempre que la pena solicitada en el escrito de acusación no exceda los seis años de prisión. En este supuesto la conformidad puede tener lugar hasta (inclusive) el mismo día del juicio y la ley procesal no establece una rebaja tasada de la pena solicitada por las acusaciones producto de la conformidad y por tanto ello dependerá de la "negociación" a la que lleguen las partes. 

La regulación contenida en la LECrim se centra únicamente en aspectos formales sobre la conformidad, por lo que fue complementada jurisprudencialmente en la relevante Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1988. En esa sentencia el TS declaró que la conformidad no puede estar supeditada a ninguna condición, debe realizarla el propio acusado, de forma libre y consciente, con las solemnidades requeridas legalmente, es vinculante para todas las partes y con doble garantía, es decir, se exige la asistencia de un abogado en la negociación y para la declaración de la conformidad. Estos requisitos deben ser revisados por el juez para otorgar relevancia jurídica a la conformidad. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica, para ahorrar tiempo y recursos, el juez no cuestiona la declaración de culpabilidad y acepta los hechos relatados por la acusación sin entrar a valorar los términos de la negociación y la exacta comprensión del acusado sobre lo que implica su conformidad. 

Si bien la conformidad se creó como un mecanismo excepcional y, en principio, beneficioso para las partes, la doctrina ha señalado su transformación hacia un instrumento habitual de resolución de los procesos en el que se acaba forzando la conformidad, especialmente en Estados Unidos, dónde la doctrina muestra que el plea bargaining representa sobre el total de sentencias condenatorias el 97% de los casos en tribunales estatales y el 90% en tribunales federales. El éxito en su utilización y sus beneficios para la Administración de Justicia provocaron su expansión a más de 60 países, especialmente a partir de los años 70, mediante mecanismos muy similares para ajustarse a la legislación de cada país 7. 

En el caso de España, según los datos de los que disponemos, la conformidad premiada representa un 72% del total de las diligencias urgentes, mientras que la conformidad ordinaria representa un 48% respecto del total de sentencias. En concreto, en relación con las sentencias condenatorias, un 63% en Juzgados de lo Penal y un 55% en Audiencias Provinciales lo fueron por conformidad 8. En la Memoria del Ministerio Fiscal (2020), se insiste en la necesidad de potenciar la aplicación de las conformidades y de hacerlo en los primeros momentos procesales para obtener los máximos beneficios posibles. 

Por último, por lo que respecta a la actitud de la doctrina penal y procesal española respecto la conformidad, ésta es mayormente aceptada por razones instrumentales: como símbolo de la introducción en nuestro ordenamiento de necesarias concesiones al principio de oportunidad (o justicia negociada) y de eficiencia del propio proceso penal 9. A ello se añaden consideraciones relativas a los beneficios, en términos de resocialización e intensidad punitiva (rebajada), que conlleva para el acusado, así como para la víctima del delito (al asegurarse una más rápida reparación y evitar la posible re-victimización producto del juicio) 10. 

Sin embargo, su rápida expansión, ciertas corruptelas 11 y el dominio de la conformidad en el proceso penal español, han provocado que se alcen no pocas voces críticas con esta institución 12. 

Las críticas fundamentales se centran en el excesivo poder que la conformidad atribuye al Ministerio Fiscal, convertido así en el auténtico "dueño del proceso penal". Ello porque hay que tener en cuenta que, aunque ciertamente la ley procesal penal prescribe que el juez o tribunal puede controlar la legalidad y el procedimiento de la conformidad (para asegurar que sea realmente un pacto consensuado y no una imposición bajo oscuras presiones), en la práctica el juez o tribunal se limita a ser un mero fedatario del acuerdo alcanzado, sin llegar a indagar realmente sobre la "autenticidad" de dicho acuerdo. Es más, algunos autores señalan que son los jueces los primeros interesados en la conformidad y por ello tienen «con demasiada frecuencia una cierta y a veces indisimulada o impúdicamente exhibida actitud favorable» al acuerdo 13. Por tanto, en los supuestos de conformidad puede legítimamente decirse que la pena la deciden las partes acusadoras (significadamente el Ministerio Fiscal), por mucho que formalmente la imponga el juez. 

Este desplazamiento del poder punitivo de jueces a fiscales es particularmente problemático por diversas razones. Entre ellas, la doctrina procesal penal señala que el sistema de conformidades quiebra el diseño constitucional y epistemológico del juicio penal: éste se ha diseñado para buscar la verdad material y se han construido toda una serie de garantías para evitar situaciones de abuso de poder; y la conformidad, por el contrario, convierte el proceso penal en un mercadeo donde priman posiciones de poder 14, siendo por ello posible incluso el castigo del inocente 15. Por otra parte, una sentencia, en su apartado de motivación y valoración probatoria, nos permite confrontar las razones que llevan al juez o tribunal a considerar culpable al acusado y a imponer una determinada pena; pero en los supuestos de conformidad, ¿cómo sabemos los criterios que han llevado al fiscal a acordar una determinada pena? La conformidad no deja "huella material" que permita valorarla críticamente (más allá, claro está, de una mera referencia al propio acuerdo, que es así contenido y continente). Por último, el sistema de conformidades convierte al fiscal en órgano instructor y materialmente enjuiciador, con los problemas que ello plantea respecto a la deseable separación entre investigación y enjuiciamiento de un delito. 

Como puede verse, son muchos y de gran calado los retos que la conformidad plantea para el sistema de justicia penal. Sin embargo, lamentablemente, en nuestro país no disponemos de investigación empírica que desvele el funcionamiento real de la conformidad y nos permita valorar con precisión sus pros y contras. Este trabajo pretende ser un primer paso en esta necesaria dirección.
section_name: Marco teórico

section_content: Gran parte de las investigaciones realizadas en el ámbito angloamericano se han centrado en entender cuándo se ofrece y por qué se acepta la conformidad. Existen multitud de explicaciones: desde la lógica de teorías económicas (cálculos coste/beneficio) y, en consecuencia, razones prácticas 16 ; presiones externas tanto por parte del fiscal 17 como del propio abogado e incluso de la policía 18. Lo que sí se ha demostrado en prácticamente la totalidad de los estudios es que se produce una rebaja de los cargos y en la pena impuesta cuando el acusado se conforma 19, aunque eso no significa automáticamente un beneficio para él, puesto que la propia doctrina ha planteado que dicha rebaja, en realidad, puede que no sea un plea discount -una "recompensa" -por haberse conformado sino un castigo para aquellos que prefieren acudir a juicio -lo que se denomina una trial tax 20. 

Por otro lado, se ha señalado que las ofertas del fiscal, al tener gran margen de discrecionalidad, acaban basándose en cuestiones ajenas a lo jurídico, provocando claras desigualdades en la fijación de los cargos al recurrir (siquiera inconscientemente), los fiscales, a estereotipos sobre las características de sospechosos, víctimas y la sociedad 21. En relación con las características del acusado, algunos estudios señalan que las personas jóvenes, con carencias educativas 22 o temerosas, son más propensas a realizar confesiones fácilmente, al tener miedo de perder la oferta 23, no verse capaces de afrontar un interrogatorio 24 o ser mucho más vulnerables a las sugestiones y la manipulación, especialmente si se realiza por figuras de autoridad 25. Asimismo, se señalan como cuestiones relevantes la nacionalidad (en el sentido de una consistente menor propensión a conformarse por parte de las minorías étnicas), el país de origen, los antecedentes penales, el nivel socioeconómico, el desempleo, el estado civil e incluso la asistencia a la iglesia 26. 

En cuanto al sexo del acusado, pese a considerarse que no existe aún suficiente evidencia empírica, diversos estudios afirman que reincidencia y peligrosidad se vinculan en mayor medida con los hombres y, en consecuencia, son en general considerados como más culpables y así merecedores de mayor castigo 27. Por lo tanto, es más probable que las mujeres reciban unas ofertas de conformidad más beneficiosas que los hombres. 

Por lo que se refiere al delito y al propio proceso, en los estudios realizados en Estados Unidos, se afirma que los delitos vinculados con drogas es menos probable que reciban ofertas de reducción de la pena por conformidad 31 y aunque en todos ellos se señala la importancia de la gravedad del delito, algunos sostienen que los delitos más graves suelen obtener rebajas en la pena solicitada 32, mientras que otros consideran que esa relación no es clara y depende de otros factores, como las directrices de actuación del departamento de justicia 33. METCALFE y CHIRICOS observaron que en aquellos casos en los que el delito es más grave y el acusado tiene más antecedentes es poco probable que se produzca una conformidad 34. En muchas ocasiones, lo que en realidad sucede es que las rebajas son distintas, es decir, los fiscales intentan maximizar el contenido del castigo; en casos leves ofrecen grandes rebajas para asegurar la condena y en casos graves no sería necesario porque la condena es casi segura 35. 

Finalmente, algunos estudios también han señalado que la utilización de castigos comunitarios o penas alternativas es mucho mayor en los procesos de conformidad que cuando se acude a juicio y, en concreto, es más probable en mujeres y personas de más edad 36. 

En resumen, la criminología comparada hace tiempo viene advirtiendo de los riesgos que implica la extensión tan desmesurada de la conformidad, llegando a denunciar un proceso de "administrativización de las condenas" 37 o directamente que en los EE. UU. rige un sistema de "castigo sin delito" o "castigo sin juicio" 38. En particular, se viene destacando en numerosos estudios criminológicos que el sistema de plea bargaining perjudica a los acusados vulnerables (mental, social o económicamente) y a las minorías étnicas (menos proclives a conformarse y así por ello menos beneficiadas por la rebaja de pena asociada al guilty plea) 39. También se ha advertido del peligro real de que, vía conformidad, se llegue a castigar a personas inocentes 40, especialmente cuando el acusado que se conforma está en prisión preventiva 41. Por todo ello, se ha llegado señalar que «la conformidad es un elemento necesario en la explicación del crecimiento de la prisión y una clave importante para entender la disparidad racial en las prisiones estadounidenses» 42.
section_name: Investigaciones comparadas en torno a la conformidad

section_content: Considerando la literatura española y comparada sobre la conformidad, el presente estudio describe una investigación empírica, cuyo objetivo es responder a las dos siguientes preguntas de investigación:

PI 1 ¿Cuáles son los factores sociodemográficos del penado y las características del delito y el proceso penal asociados con la conformidad -tanto en general como respecto a los diferentes tipos de conformidad -?

PI 2 ¿La imposición de una medida penal alternativa a la prisión está asociada con la conformidad?

La primera pregunta de investigación se plantea para tener un panorama descriptivo general de las variables relevantes a la hora de que los acusados por un delito se conformen con la pena solicitada o, por el contrario, decidan ir a juicio. 

La segunda pregunta de investigación se ha diseñado para tratar de comprobar si en nuestro país, como se ha documentado mayormente en la literatura comparada, existe efectivamente un "plea discount" para aquellos que se conforman: en concreto, según nuestra hipótesis, tal "descuento" o premio por conformarse alcanzaría a la probabilidad de evitar el ingreso efectivo en prisión por la comisión del delito.
section_name: El presente estudio

section_content: Para responder a estas preguntas, se ha utilizado una muestra compuesta de 2959 personas penadas extraídas con un muestreo aleatorio simple de casos de los expedientes de ejecutorias de los Juzgados de lo Penal 43 de las ciudades de Barcelona y Girona de los primeros semestres de 42 SAVITSKY, «Is plea bargaining a rational choice? Plea bargaining as an engine of racial stratification and overcrowding in the United States prison system», Rationality and Society, 24(2), 2012, pp. 131-167. 43 Las leyes procesales españolas (art. 89 bis Ley Orgánica del Poder Judicial y 14. 3 LECrim) atribuyen a los denominados Juzgados de lo Penal el enjuiciamiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley señale una pena privativa de libertad igual o inferior a 5 años, aunque, si en un único juicio, por razones de conexidad o continuidad delictiva, se enjuician simultáneamente varios delitos con penas individuales inferiores a 5 años pero superiores a los 5 años en su acumulación material, la competencia seguirá́ correspondiendo a los Juzgados de lo Penal. Por otra parte, los Juzgados de lo Penal ejecutan todas las sentencias dictadas por ellos mismos y por los Juzgados de Instrucción de su demarcación en los juicios que finalizan con sentencia de conformidad premiada. Los Juzgados de lo Penal son así los encargados de procesar. los años 2015 y 2016 44. El margen de error con un nivel de confianza del 95%, P=Q, es 3,3%. Después de eliminar un caso que no contiene información sobre la conformidad, la muestra final es de 2958 personas penadas. 

Para llevar a cabo el análisis, se han extraído, de acuerdo con la literatura, las siguientes variables de los expedientes: sexo del penado, edad, nacionalidad, situación de drogodependencia, antecedentes penales, situación procesal, tipo de delito cometido, número de delitos cometidos, clase de asistencia letrada, solicitud de intérprete, si el fiscal ha solicitado pena de prisión, si el condenado se ha conformado, el tipo de conformidad, y si se ha impuesto una medida penal alternativa. 

La drogodependencia se refiere a cuando esta situación haya sido (o no) apreciada como atenuante en la sentencia condenatoria. Los antecedentes penales que se han tenido en cuenta para el presente análisis son dos: por un lado, tener la hoja histórico penal con o sin anotaciones y, por el otro, ser reincidente (estimando como tal a quien en sentencia se le aplica tal agravante). La situación procesal del condenado se refiere a si la persona se encuentra en libertad o en prisión durante el proceso penal y de ejecución de la pena. La clase de asistencia letrada hace referencia a si el penado está representado por un abogado particular o de oficio. Para limitar el numero de variables, se ha agrupado el tipo de delito de la siguiente manera: arts. 138-233 CP (delitos contra las personas), arts. 234-358 CP (delitos contra el patrimonio), arts. 359-378 CP (delitos contra la salud pública), arts. 379-445 CP (delitos contra la seguridad vial), arts. 446-637 CP (delitos contra la Administración de Justicia y orden público). La variable tipo de conformidad se refiere a si la persona se ha conformado en el Juzgado de Guardia, en el Juzgado de lo Penal o no se ha conformado. Para la variable medida penal alternativa se han tenido en cuenta únicamente los casos en los cuales se ha impuesto una pena de prisión (n=1427). Esta variable binomial está compuesta, por un lado, por los casos en los cuales se ha implementado la sustitución (art. 88 CP vigente hasta la reforma llevada a cabo en 2015) o la suspensión de la pena de prisión, es decir, en suma una medida penal alternativa a la prisión, y, por el otro, los casos en que no se ha aplicado ninguna de estas dos posibilidades. 

La Tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas básicas de las variables seleccionadas para el análisis. Las variables están divididas en dos apartados: por un lado, los factores sociodemográficos y criminógenos de las personas y, por el otro, las características del delito y el proceso penal en cuestión. Para las variables cualitativas se muestran las frecuencias y porcentajes correspondientes a cada categoría, mientras que en el caso de las variables cuantitativas se muestra el rango -valores máximo (máx. ) y mínimo (mín. ) -, la media (M), la desviación estándar (DE) y la mediana (Md). 

Como puede observarse, en nuestra muestra el porcentaje de casos que finalizan mediante conformidad es claramente mayoritario, en concreto un 70,7% (29,9% conformidad premiada en el Juzgado de Guardia y 40,8% conformidad en el Juzgado de lo Penal). * En algunos casos, la suma de las categorías es inferior al tamaño total de la muestra ya que se ha convertido las respuestas "No se sabe" en NA. 

Para obtener indicios preliminares de las posibles respuestas a las preguntas de investigación del presente estudio, la Figura 1 muestra la relación descriptiva entre los factores sociodemográficos y el tipo de conformidad. En la Figura 1a. se puede observar que los hombres son mayoritarios en la muestra, pero no parece haber diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto a la variable tipo de conformidad. La Figura 1b., indica que el grupo de edad 18-25 tiene un patrón distinto respecto a la conformidad en comparación con los demás grupos. Este grupo es el único donde la no conformidad es la respuesta menos frecuente y es el único grupo donde los acuerdos de conformidad en el Juzgado de Guardia son los más comunes. La Figura 1c. muestra diferencias claras entre las personas de nacionalidad española y los extranjeros. Por ejemplo, la no conformidad es la respuesta menos común para los españoles, mientras que es la más frecuente para los extranjeros. Finalmente, la principal conclusión descriptiva posible de la Figura 1d. es que las personas drogodependientes son muy minoritarias en la muestra.
section_name: Muestra

section_content: En la Figura 2 podemos observar algunas tendencias respecto al tipo de conformidad y el historial delictivo. En concreto, parece que, para las 2 variables relacionadas con el historial delictivo de la persona penada, la no conformidad sea más relevante cuando la persona penada tiene historial delictivo conocido por el sistema penal. En este sentido, por un lado, la no conformidad es la InDret 1. 2022

Varona/Kemp/Benítez respuesta menos frecuente para las personas sin anotaciones en la hoja histórico penal o las personas no reincidentes, pero, por el otro, pasa a ser la segunda opción más frecuente en las personas con estas formas de historial delictivo. 

Figura 2. Historial Delictivo y Tipo de Conformidad La Figura 3 nos permite identificar algunas diferencias descriptivas respecto al proceso penal y el tipo de conformidad. En la Figura 3a., se puede observar que, a diferencia de los otros grupos de delito, la gran mayoría de delitos de seguridad vial se resuelven mediante un acuerdo de conformidad en los Juzgados de Guardia. Por otra parte, aunque el número de casos es pequeño, la no conformidad es la opción más común para los delitos contra la salud pública. Respecto a la clase de asistencia letrada (Figura 3b. ), la visualización de las asociaciones descriptivas entre variables indica que en los casos con abogados de oficio la conformidad en los Juzgados de Guardia es la segunda opción más frecuente y la no conformidad es la opción menos frecuente. 

En cambio, para los casos con abogados particulares la suma de casos es la inversa: la no conformidad es más frecuente que la conformidad en los Juzgados de Guardia. La Figura 3c. 

sugiere que existen diferencias en cuanto a la conformidad en los casos con o sin intérprete. Concretamente, la no conformidad es el resultado más común en los casos con intérprete, mientras que es la menos frecuente en los casos sin intérprete. En la Figura 3d. podemos observar que la no conformidad es el segundo resultado más común para las personas en prisión durante el proceso penal y el menos frecuente para los penados en libertad durante el proceso. Finalmente, existen diferencias notables en relación con los casos en los cuales el fiscal solicita pena de prisión. Cuando el fiscal no solicita prisión, la conformidad en Juzgados de Guardia es la opción más habitual. En cambio, este es el resultado menos frecuente en los casos con solicitud de pena de prisión por parte del fiscal y, además, una proporción más elevada de casos acaban sin conformidad.
section_name: Figura 1. Factores Sociodemográficos y Tipo de Conformidad

section_content: Finalmente, la Figura 4 muestra la relación entre la aplicación de una medida penal alternativa y el tipo de conformidad. En esta submuestra de casos en los cuales se ha impuesto una pena de prisión, observamos que cuando el proceso acaba con conformidad en los Juzgados de Guardia la ejecución de la pena de prisión es muy residual. Respecto a la conformidad en los Juzgados de lo Penal, se ejecuta una medida penal alternativa con mucha más frecuencia que una pena privativa de libertad, mientras que esta diferenciación es mucho más reducida en cuanto a la no conformidad. 

Figura 4. Medida Penal Alternativa y Tipo de Conformidad
section_name: Figura 3. Proceso Penal y Tipo de Conformidad

section_content: Con base al previo análisis descriptivo, que indica que algunos factores están asociados con el tipo de conformidad o la no conformidad, se ha procedido a realizar un análisis estadístico de regresión para responder a las dos preguntas de investigación. 

Con este fin, para contestar la primera pregunta de investigación (es decir, PI 1 ¿cuáles son los factores sociodemográficos del penado y las características del delito y el proceso penal asociados con los diferentes tipos de conformidad?) se ha tomado como variable dependiente el tipo de conformidad categorizada de la siguiente manera: si el penado no se ha conformado -0-, si se ha conformado en el Juzgado de Guardia -1-, si se ha conformado en el Juzgado de lo Penal -2-. Las variables independientes examinadas son: sexo de la persona penada, grupo de edad (18-25, 26-40, 41-59, 60+), nacionalidad, drogodependencia, antecedentes penales (hoja histórico penal con o sin anotaciones, ser reincidente), situación procesal del penado, tipo de delito cometido, número de delitos, clase de asistencia letrada, solicitud de intérprete, y si el fiscal ha solicitado pena de prisión. En la Tabla 1 del apartado anterior se puede observar el tipo de variable (categórica o numérica) y, en el caso de las variables categóricas, las distintas categorías. La técnica estadística seleccionada para realizar el análisis de la variable dependiente de tres categorías ha sido la regresión logística multinomial, ya que permite analizar variables dependientes de más de dos categorías. 

Respecto a la segunda pregunta de investigación (es decir, PI 2 ¿la imposición de una medida penal alternativa está asociada con la conformidad?), se ha optado por crear una variable dependiente binomial consistente en si la persona se ha conformado -1-o no -0-y utilizar una regresión binomial. El motivo de este cambio en la variable dependiente se debe a que el análisis descriptivo ha mostrado que la ejecución de la pena privativa de libertad es casi inexistente en los casos que terminan en conformidad en los Juzgados de Guardia. Tener una categoría con muy pocos casos complicaría la estimación del modelo estadístico. Respecto a las variables independientes, estas son las mismas que en la primera fase del análisis, salvo que, para poder responder a la segunda pregunta de investigación, la variable pena de prisión solicitada ha sido sustituida por la variable medida penal alternativa ejecutada. En esta segunda fase de análisis se ha utilizado la regresión logística binomial, dado que la variable dependiente es binomial. 

En la siguiente sección se examinarán los resultados de los modelos en términos de la razón de momios (RM) o odds ratio en inglés, que es un indicador de la probabilidad de que el resultado estudiado (por ejemplo, la conformidad premiada) ocurra en un grupo (por ejemplo, personas extranjeras) en comparación con la probabilidad de que tenga lugar en el grupo de referencia (por ejemplo, personas españolas). Todo el análisis ha sido realizado en el software R (R Core Team, 2021).
section_name: Estrategia de análisis de regresión

section_content: En la Tabla 2 pueden observarse los resultados de la regresión multinomial en términos de la odds ratio y si la asociación es estadísticamente significativa según el valor p. Se pueden consultar los resultados estadísticos completos en el Anexo I. En primer lugar, respecto a las características demográficas de las personas penadas, los resultados del modelo no encuentran ninguna asociación significativa entre el sexo y la conformidad. En cambio, en la Tabla 2 se observa que, en relación con la edad, la probabilidad de conformidad en los Juzgados de Guardia es menor en los grupos de edad 26-40, 41-59 y 60+ respecto a las personas de 18-25. En otras palabras, parece que el grupo más joven tiene mayor probabilidad de conformarse en los Juzgados de Guardia que los 3 grupos mayores. Sin embargo, en cuanto a la conformidad en los Juzgados de lo Penal, los 3 grupos de más edad no muestran asociaciones significativas en comparación con el grupo de referencia de 18-25 años. 

Los resultados indican que la nacionalidad es un factor muy relevante para la conformidad, ya que las personas extranjeras tienen menos probabilidades de conformarse tanto en los Juzgados de Guardia como en los Juzgados de lo Penal. 

En tercer lugar, las odds ratio demuestran que existen asociaciones significativas entre las dos vertientes del historial delictivo analizadas y la conformidad. Tener anotaciones en la hoja histórico penal tiene una relación estadística negativa con la conformidad en los dos tipos de juzgados, es decir, las personas con anotaciones tienen menor probabilidad de conformarse. De la misma manera, ser reincidente está asociado a menos probabilidad de conformarse en los Juzgados de lo Penal, mientras que los resultados encuentran una asociación débil (p=0. 05) respecto a la conformidad en los Juzgados de Guardia. Asimismo, la situación procesal del penado está asociada con la conformidad. Por un lado, estar en prisión durante el proceso penal tiene una relación estadística negativa con la conformidad en los Juzgados de Guardia. Pero por el otro, estar encarcelado durante el proceso está asociado a mayores probabilidades de conformidad en los Juzgados de lo Penal. 

Respecto al tipo de delito cometido, podemos observar que cometer un delito contra la seguridad vial tiene una relación estadística positiva con la conformidad tanto en los Juzgados de Guardia como en los Juzgados de lo Penal. De hecho, el tamaño de efecto es muy grande en cuanto a la conformidad premiada, ya que las odds ratio muestran que una persona condenada por un delito de seguridad vial tiene 9 veces más probabilidad de conformarse en comparación con la categoría de referencia compuesta por las personas condenadas por delitos contra el patrimonio. Asimismo, los delitos contra persona y/o libertad y los delitos contra la salud pública tienen una probabilidad más baja de resolverse mediante un acuerdo de conformidad en los Juzgado de lo Penal que los delitos patrimoniales. Por su parte, el número de delitos cometidos está asociado a mayor probabilidad de conformidad en los Juzgados de lo Penal, en el sentido que las personas juzgadas por más de un delito tienen más posibilidades de conformarse. 

personas y la libertad tienen una probabilidad más baja de acabar con un acuerdo de conformidad. En cambio, los procesos penales por delitos contra la seguridad vial tienen una probabilidad dos veces mayor de terminar con una conformidad en comparación con los delitos patrimoniales en esta submuestra. La última característica del proceso estudiada, solicitar un intérprete durante el proceso penal, está asociada a una probabilidad más baja de conformarse. Finalmente, y en respuesta a la segunda pregunta de investigación, se puede observar que existe una relación fuerte entre el uso de medidas penales alternativas y la conformidad. Los resultados del modelo muestran que cuando la pena de prisión no se va a ejecutar por concederse una medida penal alternativa a la misma, la probabilidad de conformarse es casi tres veces mayor.
section_name: Resultados

section_content: La presente es la primera investigación empírica sobre la conformidad en nuestro país. En esta investigación, sobre la base de la literatura comparada, pretendíamos trazar un panorama general descriptivo de las variables asociadas a la misma. Y, en segundo lugar, nuestro objetivo era comprobar si la conformidad va efectivamente asociada a una rebaja de la pena impuesta, analizando a este fin, si aquellos que se conforman tienen más posibilidades, en caso de imponérseles una pena de prisión, de que ésta finalmente no se ejecute al ser sustituida por una medida penal alternativa. 

Respecto a la primera cuestión, los resultados de nuestra investigación dibujan un cuadro en el que efectivamente determinadas variables tienen un peso relevante a la hora de procurar la conformidad del penado. 

Entre esas variables, hay algunas cuya relevancia era de esperar y son por ello fáciles de explicar: así, (1) la existencia de anotaciones en la hoja histórico penal (en adelante HHP), (2) el tipo de delito cometido y (3) la petición de pena del fiscal. 

Ello porque, (1) es lógico que se conformen menos aquellos acusados que tienen anotaciones en la HHP o son reincidentes, pues en estos casos la petición de pena será mayor, el margen de negociación menor, y además tendrán menos probabilidades de eludir la prisión en caso de conformarse. 

(2) También es esperable que se conformen mucho más los acusados por delitos contra la seguridad vial, fundamentalmente por el hecho de que en este tipo de delitos la probabilidad de condena es mucho más alta que en el resto de delitos, por el simple hecho de depender mayormente de pruebas objetivas difícilmente discutibles (prueba de alcoholemia positiva, básicamente, o registros oficiales sobre existencia y vigencia permiso conducir). En este sentido, este resultado de nuestra investigación ratifica que parte de la explicación de la conformidad tiene que ver con la solidez de la prueba incriminatoria (a mayor evidencia acusatoria, mayores posibilidades de condena y con ello mayores incentivos para conformarse) y por tanto con las probabilidades estimadas de condena en caso de celebrarse juicio. 

(3) Por último, también es lógico que si el fiscal solicita una pena de prisión en su escrito de acusación haya menos probabilidad de que el acusado se conforme, respecto a si, por el contrario, peticiona una pena de multa, por ejemplo. El peso de la "carga acusatoria" es así también una variable a tener en cuenta para la conformidad. No obstante, hemos de recordar que nuestra investigación indica que esta última variable (la petición de pena de prisión por parte del fiscal), sólo es relevante en los supuestos de conformidad en la guardia, pero no cuando la conformidad tiene lugar en el Juzgado de lo Penal. Probablemente porque en la conformidad en los juzgados de lo penal más relevante que la petición de prisión por parte del fiscal es la cuestión relativa a la efectiva ejecución de tal pena de prisión (o su suspensión), tal y como de hecho atestigua el resultado de nuestra segunda pregunta de investigación. 

Pero nuestra investigación también desvela ciertas variables cuyo peso en la conformidad es más controvertido. 

En primer lugar, la variable relativa a la clase de asistencia letrada (abogado de oficio vs. de libre designación) no tiene fácil explicación 46. En segundo lugar, la variable correspondiente a la situación procesal del acusado (en prisión provisional vs. en situación de libertad), pensamos que responde a lo siguiente: los que están en situación de prisión provisional se conforman más en los casos de procesos que finalizan en el Juzgado de lo Penal, porque al haber cumplido parte de la pena en espera de juicio, la pena finalmente peticionada por la acusación no se cumplirá en su totalidad, disminuyendo así la "carga acusatoria" 47. 

En tercer lugar y por último, una variable que merece una discusión singular, por su relevante peso, es la variable de la nacionalidad del acusado 48, pues no parece responder a ninguna lógica inherente el hecho de que los extranjeros se conformen menos que los nacionales. ¿A qué puede deberse?

Lo cierto es que en la literatura anglosajona también se ha señalado esta cuestión, con referencia a las minorías étnicas, y se han propuesto diversas hipótesis para explicar esta situación 49. (1) Una primera hipótesis tendría que ver con la propia desconfianza de las minorías étnicas hacia los agentes de la justicia penal (en particular fiscales). Este recelo, derivado de una menor percepción de legitimidad del sistema de justicia penal, haría que existiera una mayor tendencia a no aceptar sus "ofertas" de conformidad. 

(2) Una segunda hipótesis apuntaría a que serían los propios fiscales los que, producto de sus sesgos cognitivos y actitudes de rechazo a las minorías étnicas, estarían realizando de hecho peores "ofertas" a estos acusados que a los hombres blancos de clase media, y ello llevaría lógicamente a que los miembros de estas minorías se conformaran menos 50. (3) Una tercera hipótesis apuntaría a que el (mal)trato diferencial que reciben las minorías étnicas desde los estadios iniciales del proceso penal (sesgos en la intervención policial, en las detenciones y en el procedimiento), los predispone a ser menos cooperativos con el sistema y así a no aceptar ofertas de conformidad. 

A estas hipótesis, en el caso de nuestro país, podríamos añadir una ulterior (4) que apuntaría a las consecuencias más severas de la condena para los extranjeros. Nos referimos al hecho de que la condena penal puede acarrear en el caso de los extranjeros la expulsión del país, ya sea de forma directa o indirecta, como producto de la no renovación de los permisos de residencia que tuvieran en vigor. Por tanto, el extranjero podría tener mayores incentivos para ir a juicio, ya que aunque se arriesgue a una pena mayor que la ofertada por la acusación, en todo caso la condena implica tener antecedentes penales y una posible expulsión, por lo que sólo queda la opción de la absolución como alternativa a la no expulsión 51. En suma, la adición de la posibilidad de la expulsión del país, como producto de la posesión de antecedentes penales, añade "carga acusatoria" en el caso de los extranjeros, y según hemos visto, una variable importante a efectos de la conformidad es el peso de la "carga acusatoria" (en el sentido de que a mayor carga menores posibilidades de conformarse). 

Sin duda, se necesita más investigación empírica para corroborar estas hipótesis que apuntan, según decimos, al relevante peso de la variable de la nacionalidad en la conformidad del acusado, pues si a ello le unimos que las personas que no se conforman tienen mayores posibilidades, en caso de ser castigados con pena de prisión, de entrar en prisión, resulta que la sobrerepresentación de los extranjeros en prisión puede deberse, en parte, al simple hecho de que no hayan prestado su conformidad con la acusación. En este sentido, hace ya tiempo que el criminólogo inglés Roger Hood subrayó que parte de la sobre-representación de hombres negros en prisión derivaba precisamente de su mayor propensión a no conformarse con la acusación 52. 

Por último, por lo que respecta a la segunda pregunta de investigación, en ella nos planteábamos si el hecho de conformarse le supone un beneficio real al acusado en términos de imposición de la pena. Para ello, en este trabajo nos hemos centrado en el análisis relativo a si las personas que se conforman, habiendo sido condenadas a una pena de prisión, tienen más posibilidades de que dicha pena de prisión acabe no ejecutándose, al ser suspendida o sustituida. 

Con respecto a nuestro país, una investigación en curso realizada con la base de datos descrita en este trabajo, muestra el mismo resultado; esto es, que los fiscales realizan peores ofertas a los extranjeros, en el sentido que presentan escritos de acusación en los que se solicita, en mayor porcentaje que respecto de los españoles, pena de prisión (en casos que presentan las mismas características en cuanto a gravedad del delito y antecedentes del acusado; vid. con detalle, KEMP/VARONA, «Foreign and dangerous? Untangling plea bargaining, intermediate decisions and sentencing disparities in Spain», de próxima publicación). 

51 Sobre la cuestión de la relevancia de los antecedentes penales para los extranjeros y su conexión con la expulsión, es ineludible el trabajo de LARRAURI que demuestra cómo «los antecedentes penales coadyuvan a la exclusión de personas inmigrantes» (énfasis en el original, LARRAURI, «Antecedentes penales y expulsión de personas inmigrantes», InDret, Revista para el Análisis del Derecho, 2016, p. 5). Vid. también GARCÍA ESPAÑA, «Extranjeros sospechosos, condenados y excondenados: un mosaico de exclusión», Revista electrónica de ciencia penal y criminología, Nº. 19, 2017. Adicionalmente, deficiencias en el derecho a la traducción e interpretación en los asuntos penales podrían estar jugando algún papel respecto la (no) conformidad de los extranjeros. 

52 Este autor calculó de hecho que ello explicaba aproximadamente el 13% de la sobre-representación de los hombres negros en prisión (HOOD, Race and Sentencing, 1992, p. 130). En el mismo sentido vid. los resultados de la investigación de TESTA Y JOHNSON, en EE. UU., que también muestra cómo las minorías étnicas tienden a conformarse menos y con ello a recibir sentencias más severas que los hombres blancos que se conforman (TESTA/JOHNSON, Criminal Justice Policy Review, 31(4), 2019, pp. 500-531). 

Pues bien, nuestro trabajo demuestra que, efectivamente, y por lo que se refiere a la disyuntiva entre prisión efectiva o medida penal alternativa, existe un "castigo añadido" para el que no se conforma (o un "premio" -plea discount-para el que se conforma). En concreto, cuando el acusado se conforma, la probabilidad de que la pena de prisión impuesta en sentencia no vaya a ejecutarse por concederse una medida penal alternativa a la misma, es aproximadamente tres veces mayor. Se trata así de un "premio" que es de gran relevancia y que apunta al uso problemático de las medidas penales alternativas como anzuelo para la conformidad del acusado 53. 

Esta es una realidad bien conocida por todos los agentes implicados en la diaria administración de justicia en los juzgados y tribunales penales. Nuestros datos muestran que la práctica recogida en estas sentencias del TC no es una mera anécdota: es una dinámica común en nuestros juzgados y tribunales. 

En definitiva, nuestra investigación evidencia la gran relevancia práctica de la conformidad en el proceso de imposición y ejecución de la pena, y por ello subraya la necesidad de llevar a cabo más estudios empíricos sobre la misma, tratando así de levantar el velo de secretismo y opacidad que la rodea. Así por ejemplo, nuestra investigación apunta a que las mujeres condenadas a pena de prisión se conforman menos que los hombres, lo cual, como hemos expuesto, adicionalmente les va a implicar un perjuicio luego a la hora de optar a medidas penales alternativas. Adicionalmente, sería valioso observar si la dinámica que hemos observado con referencia al relevante beneficio que a efectos prácticos penológicos implica conformarse (recordemos: mayor posibilidad de suspensión o sustitución de la pena de prisión impuesta en sentencia), se reproduce en los casos más graves competencia de las Audiencias Provinciales. 

Esta misma relevancia práctica de la conformidad indica claramente, por último, que en nuestro país también se está produciendo uno de los desarrollos más señalados y discutidos en la literatura penológica comparada: el progresivo desplazamiento del poder de castigar de los tribunales al Ministerio Fiscal, pues según hemos insistido, en los procesos de conformidad el actor principal es la parte acusadora y en particular el Ministerio Fiscal 54. Si la conformidad es, según hemos visto, una institución necesitada de mayor transparencia, por la misma razón es hora de poner el foco en una figura cada vez más relevante a la par que poco conocida: el Ministerio Fiscal 55.
section_name: Discusión

section_content: BAGARIC, Mirko/BREBNER, Julie, «The solution to the dilemma presented by the guilty plea discount: the qualified guilty plea -I'm pleading guilty only because of the discount… », International Journal of the Sociology of Law, nº 30, 2002, pp. 51-74. BEENSTOCK, Michale/GUETZKOW, Josh/KAMENETSKY-YADAN, Shir, «Plea Bargaining and the Miscarriage of Justice», Journal of Quantitative Criminology, 37, 2021, pp. 35-72. 54 Ello es reconocido en nuestro propio sistema por algunos fiscales: vid. MATEOS, refiriéndose a que la conformidad «supone dotar de mayor protagonismo al ministerio fiscal, que se nos presenta como auténtico dueño del proceso» (MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «Algunas reflexiones críticas sobre la conformidad en el proceso penal», Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura, vol. 35, 2019, pp. 167-194). Cierto que, primero, en España es un poder compartido con el resto de acusaciones (cuando las hay); y segundo, en última instancia el acusado puede "libremente" no conformarse. Pero según decimos la figura dominante es el Ministerio Fiscal, y sin desconocer que el poder de disposición también reside en el acusado, éste se encuentra normalmente en una situación de vulnerabilidad respecto a las acusaciones. 

55 Reformas en ciernes (Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal y Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal) nos indican que las tendencias hacia una mayor potenciación de la conformidad y un mayor poder del Ministerio Fiscal en el sistema de justicia penal son imparables.
section_name: Referencias bibliográficas

section_name: 7.

section_content: Anexo I
section_name: 7.