Las variaciones Dippel. Aria constitucional con cuarenta y tres cánones

<jats:p>Recensión de Horst Dippel, Moderner Konstitutionalismus. Entstehung und Ausprägungen. England – Nordamerika – Frankreich – Deutschland – Europa / Europäische Union – Lateinamerika. Schriften zur Verfassungsgeschichte. Band 88. Duncker &amp; Humblot, Berlín, 2021. 848 pp. Enviado el (Submission Date): 24 de abril de 2022Aceptado el (Acceptance Date): 1 de mayo de 2022</jats:p>

section_content: De un tiempo a esta parte, los caminos de la Historia del Derecho han comenzado a abandonar los territorios de épocas más remotas y lejanas (Antigüedad Tardía y Medievo, fundamentalmente), muy frecuentados y trillados hace unos años, para acabar llegando a dominios más cercanos, más próximos. No se quiere decir con esto que esas primigenias temáticas no sean relevantes -que lo son y mucho para formar conciencia histórica y para amueblar cabezas con conceptos, procesos y experiencias -, máxime si tenemos en cuenta la formulación de la Historia Jurídica como una continuidad que solamente en contadas ocasiones se presta a drásticas cesuras, sino que la tradicional postergación de asuntos contemporáneos finalmente ha podido romper su techo de cristal y se ha convertido en un asunto cotidiano, asumido, respetado desde el punto de vista académico, cultivado con naturalidad y con buenos resultados. Las aproximaciones al mundo moderno, al contemporáneo o incluso al actual, rozando los terrenos propios del Periodismo (dicho sea sin ánimo despectivo), han propiciado ese acercamiento a las últimas centurias de la Historia, las que nos tocan más de cerca y las que han acabado por configurar el mundo tal y como lo conocemos, lo vivimos, lo padecemos o lo conllevamos (el de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI), y a la ulterior reflexión sobre el Derecho que en ellas se ha gestado, cuestión no baladí por el protagonismo creciente que éste ha tenido en el diseño de las formas estatales que en esos siglos se han pergeñado. Ventajas indudables de este campo de estudio son la riqueza de fuentes, la variedad de las mismas (jurídicas y no jurídicas, periodísticas, digitales, gráficas, cinematográficas, por citar varios ejemplos, todos ellos perfectamente legítimos), la posibilidad de colaboraciones con otras disciplinas de un modo no forzado y sí natural, evidente, claro, la interdependencia entre los diversos campos del saber entrelazados, entre otros factores positivos que coadyuvan hacia reflexiones científicamente fundadas. Digamos, pues, que las condiciones objetivas (y también las subjetivas, las determinadas por los propios historiadores, por sus gustos y por sus apetencias) han llevado a esta solución y a este campo de trabajo fértil. No se ha hecho esto por un deseo de agradar a una masa crítica (que es cada vez más lo primero y menos lo segundo) o de acercarnos a problemas actuales, cuya solución puede vislumbrarse mediante el recurso a la Historia (aunque no siempre y de modo determinante), sino porque la época contemporánea constituye a su modo un período atractivo y trascendental para configurar el Derecho tal y como hoy lo entendemos, tal y como hoy lo experimentamos, tal y como hoy lo practicamos, tal y como hoy somos jurídicamente hablando. Es una época de ruptura, de derribo de las viejas concepciones y de la consecuente edificación de las nuevas conforme al guion desarrollada por el pensamiento liberal burgués, por el Liberalismo de esos primeros tiempos, con su afán transformador, más que reformista, aunque con ritmos diferentes según los países a partir de sus inercias, de sus tradiciones y de sus deseos políticos de mutación. 

El tiempo que inician las Revoluciones liberales y burguesas, el que termina con el Antiguo Régimen en sus perfiles más generales y también en los más concretos, supone un cambio de paradigma en cuanto a la Teoría del Derecho mismo (su propia concepción, su apartamiento paulatino de otros condicionantes y reguladores sociales, como la Moral o la Religión, su fuerza y potencia, su expansión, su amplitud y su plenitud, su dominio del nuevo mapa político y social) y en cuanto a la implantación de un moderno Estado y de una moderna Sociedad, compuesta por ciudadanos (ya no súbditos), dotados de estatutos propios naturales (derechos y libertades así calificados), cuya defensa se convierte en el objetivo principal y determinante de toda estructura pública. Las consecuencias de todas estas transformaciones, tanto en lo que se refiere al funcionamiento del poder político como en lo referido a las actuaciones y habilitaciones de los particulares para desarrollar sus vidas y sus espacios propios de inmunidad, se materializan en dos artificios jurídicos de una relevancia y, sobre todo, de una potencialidad que no se habían conocido a lo largo de la Historia. Dos normas jurídicas dotadas de un poder, de un prestigio y de una influencia que no habían sido formuladas con esa dureza y solidez en ningún momento anterior, ni siquiera en los tiempos más propicios para el Absolutismo, cuya relación con el Derecho seguía unos derroteros de ambigüedad y de lucha soterrada recurrentes. De un lado, el Estado adquiere su normación mediante las Constituciones, donde se fijan poderes, estructuras públicas, competencias, potestades, y se abre la puerta tímidamente a algunos derechos y libertades de los ciudadanos, enunciados y reconocidos por esos textos que se querían supremos y fundadores de todo el Derecho y de toda la Política, derechos que no son creados, sino enumerados, aceptados, citados, a partir de la veta del Derecho Natural de donde proceden todos ellos como fuente inextinguible. De otro lado, la articulación y la definición precisas de cada uno de esos derechos serán operadas por medio de los Códigos, los cuales se proyectan en un inmenso espacio social, mucho mayor que el del Estado (mínimo, reducido, casi invisible), el ideado por la burguesía para su propio goce y disfrute, para articular sus variadas propiedades, otorgando facultades, posibilidades de acción, configurando deberes, restricciones, prohibiciones, trazando la senda que el buen ciudadano debe recorrer para que sus derechos más esenciales (básicamente, la libertad, la seguridad y, sobre todo, la propiedad) se lleven a la práctica sin oposición, concordando con los de los demás conforme al ideal kantiano, y sean salvaguardados por la acción tutelar del Estado, nacido precisamente para ese fin pasivo, de defensa, de contención. Los derechos y libertades acaban por blindar al ciudadano, pero también al Estado mismo, puesto que son su razón de ser, los que fijan su destino, los que determinan su actuación concreta. Sin ellos, la aparición pública no sería precisa. Con ellos, dicha emergencia de lo público cobra todo su sentido y también su exacta y matemática precisión en cuanto a acciones a desarrollar. Las Constituciones hacen el nuevo Estado, lo aquilatan y delimitan a la perfección en todos sus extremos, desde la soberanía máxima, expresión de lo constituyente, hasta los poderes como manifestación de lo constituido; los Códigos construyen la nueva sociedad burguesa, la de los ciudadanos, donde la propiedad privada va a actuar como el motor más determinante (no olvidemos el famoso grito de Guizot: enriqueceos, o sea, volveos todos propietarios y cuanto más, mejor, sin límites de ninguna clase, sin ecos sociales contrastados). La burguesía ha terminado su Revolución y se ha encaramado hacia un completo dominio de la esfera pública y también de la esfera privada. Instrumentos jurídicos no le van a faltar, sobre todo, desde el instante en que el sistema se reduce a unidad y uniformidad, o eso se pretende, no siempre con éxito. Francia fue la guía de todo este proceso y quien lo llevó a su máxima expresión a lo largo del siglo XIX, aunque en los últimos años de la centuria se perciben ya ciertas críticas, ciertas insuficiencias, ciertas denuncias, en suma, ciertos fracasos palpables del modelo. A su guía arquetípica se encomendarán buena parte de las naciones europeas y americanas durante la indicada centuria. Pero esto no pudo hacerse sin que precediera una remoción del poder, una auténtica convulsión de las estructuras políticas, en orden a hacer un Estado más previsible, más cierto y seguro en sus conductas, más humano, más comprensible y empático, más reducido en sus ámbitos, lo que no quiere decir que fuese menos poderoso, sino, al contrario, más sutil y más implicado en la defensa de sus ciudadanos y de sus posiciones subjetivas. Para eso sirvieron los primeros de los textos citados, los que se han llamado "constitucionales" porque, en efecto, procedían a constituir, en el sentido de construir y determinar todo lo que se hallaba a su alrededor. De un Derecho, el del Antiguo Régimen, que lo envolvía todo, pasamos a un Derecho que quiere ser incardinado a la perfección en esa realidad que define y que planifica, que asume y que transforma, de menos extensión en su origen, pero mayor potencialidad en sus desarrollos y en sus destinos. 

Centrémonos en las Constituciones, por tanto. Una vez superado el concepto histórico o clásico, presente en el Antiguo Régimen (la Constitución como orden), rebasada esa dimensión de un conjunto de normas -no necesariamente jurídicas -que envolvían cual atmósfera ética toda actividad humana, la nueva Constitución, en su acepción normativa y racional, emerge como una sencilla, a la par que compleja, norma jurídica, fruto de la decisión libre y voluntaria, querida, deliberada, de un poder constituyente que no es más que la soberanía articulada por medio de la Nación (o el Pueblo), sujeto político dominante en la cosmovisión liberal del siglo XIX. Una norma jurídica que funda y define el poder, todo el poder, bajo cualquier forma que comparezca. Y que asimismo funda el Derecho puesto que todo lo jurídico se desprende de la misma, a partir de sus procedimientos, de sus órganos y de sus valores. Una norma a la cual se le tienen que incorporar obligatoriamente dos contenidos mínimos indispensables, conforme marcan los revolucionarios franceses en el año 1789. Poderes divididos y derechos garantizados. Ambos elementos están relacionados y, en cierta medida, supeditados al segundo de ellos, que es el primero que se enuncia en el citado texto de referencia. La base de la comunidad política serán los derechos naturales, a los cuales los individuos no renuncian en su integridad, sino solamente en parte de su ejercicio, aceptando limitaciones fijadas por medio de la ley, nunca derivadas de la arbitrariedad o de las exigencias del caso concreto a modo de excepción o de dispensa privilegiadas. Esos derechos requieren la presencia estatal, requieren la protección y la implantación de soluciones para las controversias que se puedan dar, requieren limitaciones y coordinaciones, procedimientos y sanciones. Ese individualismo de corte iusnaturalista necesita de estatalidad para materializarse. Hay exigencia de una acción colectiva, que vaya más allá de la conducta de los particulares. Eso solamente lo puede hacer el Estado y, en concreto, lo hará por medio de leyes abstractas y generales, que disciplinen la coexistencia de derechos y libertades conforme al ideario trazado por I. Kant y asimismo de acuerdo con una idea de igualdad. Son los Códigos, en primer lugar, los llamados a esta labor. Para que esto sea efectivo, para que esos derechos naturales acaben por triunfar, se precisa un elemento adicional: ese poder, que hace, ejecuta y aplica el Derecho, tiene que ser ordenado de conformidad con una tripartición que ubique en lugares distintos, institucionalmente hablando, competencias distintas. La tiranía o el despotismo solamente pueden ser erradicados a partir de una construcción separada de lo público, de lo estatal. Los poderes divididos no son más que la garantía última, asimismo pública, de los derechos naturales. Si están separados, cabe albergar posibilidades de defensa en un sentido racional porque acabarán por limitarse entre sí y ninguno de ellos podrá ser juzgado como despótico o como tiránico. Ninguno podrá apropiarse de derechos, ni tampoco negarlos o cercenarlos. De ahí, que el poder se separe, se divida, para ser controlado por sí mismo en sus diversas partes, y también para ser escrutado externamente mediante la comprobación del cumplimiento de sus cometidos (garantía, defensa, tutela de esos derechos propios de todos los ciudadanos). En esto se condensa el momento constitucional. A esto responden las Constituciones. Esto, nada más y nada menos, será el origen del Constitucionalismo Moderno. 

Moderno Constitucionalismo es el título de este excelente trabajo compilatorio del Prof. Horst Dippel, uno de los máximos expertos en Historia Constitucional ya no a un simple nivel europeo, sino probablemente a escala mundial. Constitucionalismo del que se va a ocupar para trazar el surgimiento y las consecuentes manifestaciones más relevantes, como reza el título a renglón seguido, lo que presupone tener clara la genealogía y también la posterior diversificación de las experiencias constitucionales, su pluralidad, no obstante rasgos comunes y modelos claramente identificados. Y lo es, su ejemplar desempeño, procediendo del campo de la Historia, que ha enseñado en Berlín, Hamburgo, Göttingen, Leipzig y Kassel, y no desde el área del Derecho Político o Constitucional propiamente dichos, lo que demuestra, con Hegel, que todo verdadero y auténtico conocimiento es siempre conocimiento histórico. Y que el acceso al mundo constitucional tiene la siempre fructífera vía de la Historia para su comprensión y explicación, sobre todo, si sucede, como en el caso del Prof. Dippel, que se ha producido una especialización en cuestiones británicas y norteamericanas, donde eclosiona con fuerza el Constitucionalismo en sus primeras manifestaciones ya no sólo teóricas, sino -y aquí está lo relevante -prácticas, de realización específica, empírica, de ese ideario que los textos constitucionales y preconstitucionales traían consigo. 

El trabajo que ahora se presenta no es novedoso, sino que es una cuidada compilación de 43 ensayos publicados previamente por el A. en diversas sedes y en diversos idiomas, además. Se han recogido íntegramente y algunos han sido traducidos al alemán, en lo que supone un ejercicio de reescritura, aun cuando sea el propio autor el que realice esa traslación, ese trasplante jurídico, semántico, lingüístico y también conceptual, porque no debe olvidarse que toda traducción es una forma de reelaboración del texto y no implica solamente el cambio de palabras, sino también la modificación de algunos conceptos e ideas, algo que es evidente y notorio cuando hablamos del mundo jurídico y contraponemos el universo anglosajón del Common Law con el universo continental del Derecho Civil. El resultado final es un amplio volumen, largo, compacto, sólido, extenso, publicado dentro de esa prestigiosa colección sobre Escritos de Historia Constitucional, dirigida por el Prof. Simon, a quien va dedicado sincero agradecimiento en las páginas preliminares, y agrupado en torno a siete grandes áreas temáticas, tras una primera introducción de corte metodológico y explicativo sobre el proceso de elaboración que ha sido ejecutado por el A., a saber: Inglaterra (4 trabajos), Norteamérica (8 trabajos), Francia (2 trabajos), una comparación entre las anteriores tres experiencias constitucionales (8), Alemania (12), Europa y la Unión Europea (6) y, por fin, el mundo latinoamericano (2 ensayos), flanqueados todos ellos por proemio y prólogo, de un lado, y, de otro, unas palabras de cierre, a las que siguen dos índices de Constituciones y de Personas, muy necesarios por la variada gama de recursos bibliográficos y de citas empleados a lo largo de sus páginas (en pp. 836-841 y pp. 842-848, respectivamente). Es, pues, una recopilación revisada, trabajada de un modo reposado y luego unificada, formalmente impecable por el proceso de uniformización afrontado, por ende, que constituye, sin temor a equivocarnos, ni tampoco a exagerar, el gran legado que el Prof. Dippel deja en el campo de la Historia Constitucional, una suerte de Summa al estilo medieval con piezas heterogéneas, si bien aunadas por la acción magistral del A., una Historia que no sólo bebe de las propias Constituciones analizadas, sino también de las ideas que las preceden y las adornan, de los procesos constitucionales y constituyentes, de los ensayos y de los proyectos, en definitiva, de todo el contexto y de toda la Cultura Constitucional que dirige, de forma silenciosa, en un segundo plano, ideológicamente, el conjunto de procesos que englobamos bajo la denominación de Constitucionalismo. No sólo textos; también ideas, pensamientos, palabras, esbozos, condicionantes, procesos activados, programas, fracasos y éxitos alternativos, etc., es decir, los contextos, tan necesarios para que aquellos textos primarios, de los que hay que partir siempre, cobren todo su sentido y puedan ser leídos en su estado natural y óptimo. Las Constituciones no dejan de ser eso mismo: textos, mensajes, comunicaciones, adornados con todos los adjetivos que estimemos oportunos (una norma escrita o consuetudinaria, única o dispersa, superior, legal, jerárquicamente situada por encima de cualesquiera otras normas, rígida o ultrarrígida, entre otros epítetos), y, como sucede con todos los textos, no pueden ser leídos más que desde los márgenes interpretativos que suministra el entorno cultural desde el cual arrancan como tales, desde el que se gestan y luego crecen. No se puede entender el sentido de los primeros textos plenamente constitucionales del siglo XVIII (o también los ingleses del siglo anterior, más aferrados a una idea convencional o antigua de Constitución que a la novedosa del Siglo de las Luces), si no tenemos presente el componente filosófico del Iusnaturalismo, las querencias de la Ilustración, la influencia de la Encyclopédie francesa o las complicadas vicisitudes de la libertad religiosa en Europa durante esa centuria y las inmediatamente anteriores, con las Guerras de Religión como telón de fondo. Leer y glosar una Constitución requiere tener presente en la mesa de lectura, acompañándonos previa o posteriormente, de forma paralela a nuestra acción lectora, innúmeros textos que la van a acompañar y que la van a perfilar, que la aclimatan y que nos permiten entrar en ella. Sin esos textos colaterales, no cabe una lectura completa y perfecta del artificio constitucional. De ahí que, como postulada el siempre recordado Joaquín Varela, debamos tener presentes las Constituciones, su práctica cotidiana, la vida constitucional auspiciada por las mismas, la doctrina que va de su mano y el mundo institucional que ha sido capaz de generarse a partir de aquéllas. La vida teórica y la vida práctica. La vida constitucional en su conjunto, con sus etapas previas y con sus etapas ulteriores, con sus génesis, desarrollos y extinciones. Por eso, la Historia Constitucional rebasa los estrechos márgenes positivos del Derecho así llamado, para echar mano de la Historia, del pensamiento, de las ideas políticas, de las utopías, del mundo social y cultural, de la ejecutoria política de cada Estado o de cada Nación, etc., de toda una gama de disciplinas que sirven para aprehender un objeto de múltiples formas, configuraciones y efectos como son las propias Constituciones. Algo más que textos jurídicos: textos salvíficos, casi sagrados, contemplados en ocasiones, como panaceas, como remedios para todos los males, como la vacuna por medio de la cual se lograba la estabilidad, la felicidad y, por fin, la Justicia en cualquier sociedad. Nunca se han logrado desprender de ese componente utópico, de esa vis sanadora y renovadora, de esa fuerza para lograr inculcar esperanza y futuro entre los destinatarios de sus mandatos. Por eso, genéticamente, podemos decir que Occidente es constitucional: porque ha creado este artificio, lo ha desarrollado y perfeccionado, ha creído en él y lo ha aplicado como la mejor forma de defensa de las comunidades políticas y de los individuos que las componen o, al menos, la menos mala, la menos imperfecta, la que menos defectos trae consigo. 

El volumen del Prof. Dippel arranca con una emocionante dedicatoria a uno de los más singulares e innovadores historiadores del Derecho que ha producido Europa en los últimos años: el recientemente fallecido A. M. Hespanha, catedrático que fue de la Universidade Nova de Lisboa, un hombre de cultura enciclopédica, todoterreno, políglota, maestro humilde y sabio, quien revisó en profundidad las bases jurídicas y políticas del Antiguo Régimen y del mismo modo lo hizo con el sistema constitucional posterior, como consecuencia de ese primer revisionismo que le llevó a hablar de las Vísperas del Leviatán para significar el funcionamiento de la máquina política antes de los movimientos revolucionarios, antes de la eclosión liberal. Es un testimonio de admiración y de gratitud, a la par, por todas las sendas que el historiador portugués abrió a lo largo de su existencia, ya de modo directo, ya de modo indirecto por decantación a partir de los trabajos consagrados a un determinado momento histórico que traían implicaciones para los momentos sucesivos, de modo contrapuntístico y con efecto dominó. Es éste un gesto que honra tanto al homenajeado como al que brinda el homenaje. Y, en cierta forma, enlaza la trayectoria y los métodos de ambos sujetos implicados, los convierte a los dos en partícipes de una cierta comunión científica, ligada además por los sólidos vínculos de la amistad. 

El prefacio o proemio (Vorrede, pp. VII-VIII) narra las partes que componen el libro, esos 43 ensayos de diversa procedencia y de distintas lenguas en cuanto a su primera redacción, escritos entre los años 1989 y 2020, con un tema central que es el Constitucionalismo Moderno (se verá ahora el alcance exacto del adjetivo). Tras las pertinentes traducciones de 22 de ellos, no escritos originariamente en lengua alemana, y tras las adaptaciones formales, sobre todo, en el campo de la bibliografía y la citación a pie de página, el A. afirma la identidad sustancial de los textos originarios con relación a los textos traducidos finalmente a lengua germánica. Se ha conservado la argumentación central, reformada a veces en aspectos mínimos, reforzada en otras ocasiones, en muchos casos, adaptada. Porque como decíamos hace un momento, toda traducción siempre implica una traslación, si no lingüística, cuando menos, desde el punto de vista intelectual. Porque supone cambiar de lengua y, en cierta forma, también de mentalidad, de sistema, de cultura, de creencias. Las fuentes empleadas han sido las que el propio Dippel ha venido compilando bajo el acertado título de Constituciones del Mundo desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, amplio y ambicioso repertorio que ha permitido recorrer el planeta entero desde el prisma de una Constitucionalidad envolvente. Son las fuentes para estudiar la aparición de ese Constitucionalismo llamado de la Modernidad, lo que nos sirve asimismo para situarlo en el tiempo y para determinar lo que el A. entiende al emplear ese adjetivo calificativo "moderno", ese epíteto que designa los tiempos que suceden al Medievo. Es así el movimiento que se extiende a lo largo del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX (hasta alcanzar la frontera, mítica y real, conformada por las variadas revoluciones del año 1848 y los sucesivos textos constitucionales de allí derivados). No es, por tanto, Constitucionalismo antiguo el que interesa, ni tampoco el inmediatamente contemporáneo (el del siglo XX y sus prolongaciones hasta la centuria en que ahora vivimos), el más democrático y más profundamente político, el más racional y más complejo (y completo) desde el punto de vista institucional y territorial. Es, podemos llamarlo así, el Constitucionalismo primero que ha devenido clásico, convencional, el originario, el fundacional. El ortodoxo, de perfiles moderados, nunca extremistas, equilibrado y armónico, que huye de las posiciones alejadas entre sí: el del justo medio, al que se llega tras la experiencia aplicativa de modelos variados. Además de esas fuentes compiladas, el A. acude con solvencia y regularidad a los documentos complementarios de los períodos estudiados y a la historiografía más reciente, en un ejercicio de erudición que puede ser calificado perfectamente como marca de la casa, como ejemplar. Esto da una solidez, un empaque y una rotundidad a la obra que la hace inatacable desde un punto de vista metodológico y bibliográfico. Prácticamente, el A. ha manejado toda la producción científica sobre el tópico delimitado, en varias lenguas y con diversos registros. Lo que no es poca cosa. 

Sigue luego, tras el índice de contenidos (pp. IX-XII), un preámbulo o prólogo muy clarificador (Vorwort, pp. 1-5), donde se procede no sólo a conceptualizar de forma indiciaria qué es una Constitución (siguiendo a Dominique Rousseau: el acto por medio del cual se definen por parte de la ciudadanía las condiciones para el ejercicio del poder político), sino las fechas más relevantes en la Historia Constitucional (1776, 1787, 1789, 1791, a modo de inicio, de punto de partida), su genealogía, y, lo que es más relevante, pues se convertirá en motivo principal de las disquisiciones del A. y se reiterará en varios momentos del texto, los elementos principales que vamos a hallar en los diversos textos constitucionales y que conforman ese hilo rojo que unirá experiencias políticas variadas en el tiempo y en el espacio, el fondo común de todo este movimiento, su mínima forma y materia compartidas en todas las geografías. El Prof. Dippel plantea el estudio de la Historia Constitucional como algo semejante a un bosque, no a una sucesión de árboles, sino un producto ciertamente natural, no planificado, donde se comparten simientes, savias y raíces, para dar como resultado elementos plenamente individualizados que acaban por conformar una unidad superior. Los árboles, claro está decirlo, serían las Constituciones individuales, que, por supuesto, pueden ser estudiadas en su singularidad, en su lugar propio y determinado. Lo verdaderamente relevante es ensamblar todos los árboles formando una unidad orgánica: eso es el Constitucionalismo, el bosque que acoge a todos los textos así calificados, el bosque donde mora, crece y perdura el espíritu de las Constituciones bajo sus diversas formas y redacciones. Un bosque que sigue conservando algo de indómito, de salvaje, de implacable, donde la mano del hombre no se deja sentir (no es un jardín, por continuar con el juego de las metáforas, siempre cuidado y armónico), y los riesgos de destrucción, las amenazas y los peligros nunca se acaban de disipar. Es, en fin, la suma de individualidades textuales. El espacio donde florece un mundo mejor, con esperanza y control del poder, con libertades defendidas y procesadas, con exaltación del ciudadano como sujeto prototípico de esa nueva era que quiere iniciar la humanidad. Otra vez, de nuevo, contenidos varios que ocupan las líneas y los artículos de esas normas, pero, por encima de todos ellos, descuella la idea de protección de derechos y de libertades, de defensa, de salvaguardia del individuo frente a cualquier amenaza exterior o interior, frente a todo tipo de ataque injustificado, arbitrario, sin razón o sin base lógica, sin cobertura jurídica. Es el sentido originario y, en cierto modo, el sentido que perdura al analizar los documentos de este tipo y forma, de este rango. Por eso, las Constituciones siguen existiendo hoy en día: ese propósito primero no se ha perdido, sigue dándoles sentido y naturaleza, y sigue siendo el principal miedo que se cierne sobre la ciudadanía (el ataque al núcleo central de su estatuto jurídico primordial y básico). Por tal motivo, continúan siendo indispensables y necesarias, no como algo vinculado exclusivamente al Estado-Nación, típico del siglo XIX, sino también a formas más complejas de ordenación social y política, como puede ser la Unión Europea, que tiene también claros deseos constitucionales, aunque muy difícil articulación del poder constituyente, toda vez que falta ese demos, ese pueblo europeo, al cual atribuir soberanía y, por ende, poder para su activación bajo fórmulas de la referida soberanía que conducen a soluciones de tipo pouvoir constituant en sentido estricto. La Historia Constitucional no es necesariamente feliz y plácida, ni tampoco lineal, ni exclusiva de un determinado país, con fronteras cerradas y marcadas. Hay una lucha constante y total en los procesos constituyentes, lo que hace que se deban tener en cuenta fricciones, pugnas, culpas, trastornos, aplicaciones y difusiones de todo este universo. La diversidad de experiencias y ejemplos, como los que va a presentar el A., muestran claramente la riqueza poliédrica del fenómeno analizado. Por motivos evidentes, hay una concesión a la Historia Constitucional alemana, cuya ejecutoria más completa se ha debido a Huber, aunque se critica su lectura tremendamente estatalista, lo que hace que toda la vida constitucional y política (plural y rica) de la Alemania del siglo XIX, antes de la Constitución Imperial de 1871, esto es, antes de la unificación, sea reputada como auténtica Prehistoria cuando no debe ser considerada de este modo, en cierta forma despectivo por irrelevante. Como se verá, hay un universo jurídico extenso y diverso, maduro y frugal, una fuerza y una variedad constitucionales, dignas de estudio, dignas de elogio. Por fin, se concluye con unas mínimas indicaciones metodológicas, no menos trascendentales: lo que debe hacerse para cultivar esta Historia es, en primer lugar, partir de los propios textos, pero, a renglón seguido, leerlos e interpretarlos siguiendo la senda de principios y relaciones, de influencias y condicionantes varios. Un horizonte cultural nos reclama esa labor de integración. Los efectos de la Constitución en la sociedad, en las situaciones de crisis o de conflicto, su papel en esas situaciones complejas, deben ser reivindicados. Porque, como bien se indica en p. 5, la Constitución no es simple papel: es el nervio vital de la sociedad, el texto que activa, habilita e impide, que da respuestas, soluciones, atiende a necesidades, demandas y exigencias. El texto que lo es todo, de unos siglos a esta parte, hasta el punto de formar parte de nuestro ADN político, pues da información sobre cómo son o cómo se ha querido que fueran nuestras sociedades. Presenta una radiografía completa de las mismas. De su diseño ideal y de sus aspiraciones más inmediatas y terrenales. El texto más poderoso, con permiso de los Códigos, por su capacidad de aplicación inmediata y por la superioridad indiscutible que se le ha reconocido desde el punto de vista jerárquico. Porque sus deseos devenían, de forma instantánea, órdenes y mandatos de obligada ejecución. 

Repasemos de un modo rápido los contenidos de los ocho bloques en que se articula la obra. Comenzamos por una Introducción (Einführung, pp. 6 ss. ), donde se sientan las premisas metodológicas que van a llevar a una Historia de las Constituciones antes que a una Teoría de las mismas, aunque unos fundamentos teóricos nunca están de más, sobre la base de los diez principios ya referidos que deben estar presentes en todo texto que se precie de constitucional (a saber: derechos humanos, principios universales, poder limitado, responsabilidad, poderes separados, independencia de la Justicia, superioridad jerárquica de la Constitución respecto a cualquier otra norma o actuación del poder, soberanía del pueblo, gobierno representativo, posibilidad de cambiar o reformar la norma constitucional con concurso del mismo pueblo que la generó), en orden a la construcción de este escenario novedoso que surge al amparo del modelo político liberal y burgués. Para todo ello, el primer ensayo traza una Historia desconocida del Constitucionalismo, con apoyo en dos autores clásicos (Mc Ilwain y su idea de estados sucesivos de evolución, y Fioravanti, quien insiste en el carácter rupturista -nuevo concepto y nueva praxis -de los movimientos revolucionarios norteamericano y francés), en el sentido de auxiliarse de sus disquisiciones para diferenciar tiempos antiguos y tiempos modernos, conceptos de uno y otro tipo, ante la emergencia de un novedosa fórmula constitucional, cuya fecha exacta de nacimiento situamos en junio de 1776, cuando es aprobada la Constitución de Virginia, a la que siguen luego otras doce cartas constitucionales estatales, auspiciadas por un elemento capital para su construcción: la Naturaleza y, con ella, el Derecho Natural, refugio lógico tras la ruptura del tracto político y constitucional con respecto al Reino Unido de la Gran Bretaña. El Derecho nunca admite el vacío y debe rellenar con legitimidades varias sus construcciones. Aquí le tocó el turno a ese Derecho Natural de perfiles racionales antes que exclusivamente teológicos. La Constitución será la forma mágica de explicar lo justo, de glosar el Derecho y, sobre todo, los derechos y las libertades situados en ese escenario de perfiles naturales, no históricos, iura primitivos, anteriores a cualquier forma social, irrenunciables, inalienables. El papel estelar le corresponde, pues, a esas declaraciones de derechos y de libertades, compendio de todo lo que hay que defender bajo la fórmula estatal, enumeración cumplida de los estatutos mínimos conferidos a todo ser humano. Allí comparecen los principios que ya hemos visto con anterioridad, prácticamente reproducidos de una forma mimética en cada texto, incluida, por supuesto, la Constitución federal de 1787 y sus primeras diez enmiendas, cuatro años posteriores en el tiempo e introducidas gracias a los desvelos de James Madison. Esa primera experiencia constitucional dará luego paso a una segunda, la francesa, articulada alrededor de varios textos aprobados en la década de 1789 a 1799 (cuatro en total, de muy distintos cuños y perfiles). El Iusnaturalismo se diluye y aparece una fuerte pujanza estatal que hace que sea la ley, expresión de la voluntad general, la que pase a un primer plano, ley dominante, poderosa, omnisciente. La Constitución no desaparece como tal, sino que se transforma en simple ley, con nombre diferente, pero con todos sus perfiles (centralidad, abstracción, formalismo, etc. ). El modelo francés exaltado, con su culminación jacobina en 1793, da paso a la moderación desde 1795, que se acrecienta a partir de 1815, con la Restauración cuando se entierra el cesarismo napoleónico. Se pretende un modelo calmado, tranquilo, reposado, de perfiles conservadores, al cual le interesa la Constitución o la Carta otorgada no en cuanto a su origen, sino en cuanto a su efectividad, a su aplicación directa y a su dimensión pacificadora. Es el tiempo de la paz burguesa. Lo relevante es que la Constitución impere. Da igual quién la cree. Es un documento jurídico y político para mandar, un instrumento del poder para regir la sociedad y dominarla, aunque no se cuente con ella, con independencia de quién sea su último responsable (rey, pueblo, la nueva Nación). No se exigen esas autorías para nada y nada aportan a su sustancia. No son trascendentales. En el ínterin se hace una referencia inexcusable a un texto imposible, pero que, sin embargo, se convirtió en mito para el mundo liberal: nuestra Constitución gaditana de 1812, vista desde toda Europa como una explosión de júbilo, prosperidad y libertad, aunque sus insuficiencias e imposibilidades fueron notorias. Tanto que nuestros propios liberales acabaron por abandonarla y optar por modelos más sencillos y esquemáticos. Más jalones en esta carrera nos llevan a otro texto esencial e influyente, a la Constitución belga de 1831, otro modelo moderado perfecto, puro, pleno, y también a la práctica constitucional británica y a la singular lectura que se hace desde el continente de la misma a los efectos de consolidar ese símbolo y extenderlo por todas las monarquías que se pretendían constitucionales e incluso parlamentarias. Todos estos documentos consiguen pacificar Europa y volverla moderada hasta la saciedad, con mucho poder, mucha obediencia, muchos deberes y muy pocos derechos, salvo la propiedad como base esencial de la sociedad política. El derecho por antonomasia para articular el individualismo posesorio, la egoísta sociedad burguesa amiga del capital, ya no de la tierra y del mundo rural. Muy poco Estado y todo el protagonismo para esa sociedad de propietarios y de capitalistas en la que estaban depositadas todas las esperanzas. De su mano llegará la industrialización y también la profunda mutación social, con la aparición del proletariado. Todo cambia en 1848: las sucesivas e interconectadas revoluciones de ese año dan como resultado una maximización del ideario liberal, al mismo tiempo que aparecen algunas aspiraciones o demandas sociales por vez primera (salud, educación, protección laboral). Aquí termina nuestro recorrido porque ese año marca el fin del principio de la Constitución en sentido moderno para pasar a una nueva dimensión semántica. Por razones obvias, nuestro A. se detiene en Alemania y en sus múltiples realizaciones, aunque deja abierta la puerta a dos sorpresas, también bajo forma de documento constitucional, forjadas al amparo de todos estos movimientos descritos de mediados de la centuria: es el caso de Liberia y de Hawai (1847 y 1852, respectivamente). Esta introducción ha tratado de mostrar las grandes tendencias, los grandes hitos, las grandes fechas. También los grandes textos que han comparecido y siguen compareciendo de aquí en adelante. 

Los siguientes apartados afrontan ejemplos territoriales concretos y determinados. Primeramente, Inglaterra (pp. 25 ss. ), estudiada en su propia dimensión constitucional, con especial referencia al siglo XVII, donde descuellan nombres como Coke, Lilburne o Locke (un auténtico arsenal de ideas constitucionales, se dice de esa centuria y de esos hombres), pero también su proyección en los futuros Estados Unidos, que parten de esa cultura del Common Law como es de todos sabido, para mejorarla y enmendarla en aquellas partes o instituciones que quedaron demasiado libres, desligadas del Derecho, y omnipotentes en sus actuaciones (específicamente, el Parlamento). Se abordan estudios no solamente constitucionales o referidos a los textos, sino que se deja espacio muy relevante para las cuestiones doctrinales: así, se vuelve la vista hacia las raíces inglesas del republicanismo norteamericano y su camino de vuelta hacia territorios europeos, con amplio manejo de aparato erudito y doctrinal a ambos lados del Atlántico, o la teoría y la praxis de la Constitución británica en el siglo XVIII, cuando la naciente monarquía constitucional, alumbrada con la Gloriosa Revolución de 1688, dio paso a una monarquía de perfiles abiertamente parlamentarios con la eclosión del Gabinete y del Primer Ministro como elementos desbordantes y superadores de las tradicionales relaciones entre Parlamento y Monarquía. Se sigue después con otra nueva contemplación de Inglaterra desde la óptica de la Europa continental al observar la lectura que se hace del modelo constitucional británico como fórmula antirrevolucionaria en la primera mitad del siglo XIX a través de los propios debates suscitados en su Parlamento. La moderación, el gobierno mixto, el equilibrio social que trae consigo y de su mano el equilibrio político, entre otros, son factores que se van a valorar muy intensamente desde la perspectiva de esa Europa monárquica que quería abandonar las tendencias absolutistas sin llegar a un momento jacobino, ya sin vuelta atrás, de modo definitivo. Personajes, discusiones, doctrinas, conceptos, correspondencias, van haciendo su aparición. Incluso el Imperio británico da pie a cuestiones de organización constitucional para su ensamblaje con el Reino Unido, lo que hace que se plantee la posibilidad de que esa Constitución, tradicional y flexible, abandone su cuna para expandirse por el mundo adelante: la disolución del mundo imperial británico se produce merced a un juego de complicada constitucionalidad que hace prolongar influencias y poderes, sutiles y difuminados, de lo que es ejemplo la propia Commonwealth of Nations o el Statute of Westminster, del año 1931. 

Toca luego el turno a los Estados Unidos, donde el Constitucionalismo nace sin ambages, ni subterfugios, en plenitud, primero con las experiencias estatales, luego con la federal y siempre con la labor callada y determinante de la Suprema Corte en orden a asegurar esa primacía absoluta de lo constitucional. Por ahí desfilan, en pp. 101 ss., los principios esenciales ya referidos del Constitucionalismo Moderno, tratados a nivel general y a nivel local hasta bien entrado el siglo XIX (con los datos explicativos de todo el caudal de Constituciones estatales y sus rasgos definitorios, en pp. 214-215), la influencia de Blackstone en ese flujo continuo al amparo del Common Law, las cuestiones referidas a la Codificación como forma de completar la Constitución, con el ejemplo de Rhode Island en 1841, la siempre candente cuestión del derecho al sufragio entre 1776 y 1860 (uno de los episodios menos conocidos de la Historia decimonónica, pero más relevantes para articular la democracia representativa), experiencias constitucionales singulares como la de Wisconsin en 1848 y su idea de una república virtuosa, basada en una fórmula mixta de gobierno, en el contexto de una auténtica explosión constituyente estatal con más de veinte textos que surgen entre los años 1836 y 1857, o el desarrollo de los derechos en las Constituciones estatales del siglo XIX (con unas exposiciones gráficas muy detalladas, en pp. 287 ss. ), sin olvidar el papel determinante de los plurales enemigos internos que ese Constitucionalismo tuvo y tiene, desde los servicios secretos, ideologías antiestatales de marcado cariz anarquista, oficinas federales, personajes siniestros y demás parafernalia a la que se ha resistido con todas sus fuerzas (Trump sería el último eslabón en esta cadena de infamias finalmente derrotadas). Destaca en el caso norteamericano, de nuevo, el manejo amplio de textos constitucionales de toda suerte y factura, y asimismo los legales, pero también de la mejor doctrina de la época y de la actual. Los grandes protagonistas del pensamiento jurídico y político, desde Paine hasta Jefferson, desde Otis a Madison, Hamilton o Burke, presidentes, jueces, ministros, secretarios y gobernadores circulan entre las páginas haciendo valer sus autorizadas voces, sus geniales disquisiciones y sus siempre agudas matizaciones jurídicas. Una gran erudición preside el trabajo de nuestro A. y esto se lleva a ejecución con un compendio amplio de textos a los que se da cumplida lectura y acertada interpretación, siempre conforme a los patrones culturales del momento estudiado. 

Con Francia, siguiente estación en este viaje, pasamos a un cambio de paradigma, en pp. 309 ss. Porque Inglaterra y Estados Unidos, con todas sus diferencias, seguían compartiendo un fondo común y la Constitución norteamericana no era más que un intento de reflotar y mejorar la vieja Constitución de la anciana Monarquía británica, la tradicional y consuetudinaria, sometida a los designios de un Parlamento omnipotente y peligroso. De ahí, la marcada pronunciación antiestatalista desde el nuevo continente. Luego las evoluciones dispares separaron más todavía a ambos países, aunque la esencia parecía seguir siendo la misma. Francia coloca en primera línea la loi, la ley, la que hace posible conjugar individualismo de cuño iusnaturalista con la indispensable emergencia estatal para derribar y construir, sucesivamente, el orden social y político. Las influencias norteamericanas quedan perfectamente claras en el primer ensayo sobre el ejemplo galo, el dedicado a Condorcet y a los debates sobre la Constitución federal americana alrededor del año 1789. Más amplitud tendrá el segundo trabajo en donde se evalúan, a la luz de las discusiones parlamentarias, las relaciones entre Constitución y Revolución, acaso la piedra angular de todo el proceso transformador francés, donde cobran especial protagonismo, por influjo de Rousseau, las ideas de Convención y de gobierno asambleario, la manifestación más completa y detallada de esa voluntad general que articulaba la necesidad de un nuevo contrato social para poner fin a las violaciones de la libertad y de la igualdad naturales. Si Locke es el filósofo de referencia para Norteamérica, el ginebrino lo será para la más exaltada deriva del pensamiento político francés. 

La parte quinta combina los elementos anteriormente vistos, es decir, el modelo inglés, el norteamericano y el francés, con sus concomitancias y con sus divergencias, en pp. 344 ss., con análisis sucesivos del concepto de Constitución en la experiencia jurídica y política del siglo XVIII para estos tres territorios aludidos, de la formulación de la soberanía del pueblo, su alcance, sus efectos y sus límites, del peso específico de la democracia, entendida como sistema representativo (sólo para Norteamérica y Francia como elementos de comparación), de la aparición de versiones radicales del movimiento liberal como se puede contemplar en los ejemplos más extremos de Pennsylvania en 1776 y de la Constitución jacobina de 1793, o, en fin, la cuestión del bicameralismo, con Rousseau en la sombra, nuevamente. Gran Bretaña y Estados Unidos se ponen frente a frente, a continuación, para fundamentar dos vías diversas de construcción de un sistema democrático y liberal. Se sigue con referencias a la cuestión de los derechos fundamentales, con una aportación mínima para el tratamiento de los derechos de las mujeres, insistiendo en la raíz individualista del discurso sobre estos estatutos subjetivos esenciales de la ciudadanía, con escasas implicaciones sociales debido al predominio de los esquemas liberales más ortodoxos. De nuevo, el A. da muestras de su maestría en el manejo de fuentes de dispar procedencia, con acopio de toda suerte de textos, constitucionales o no, periodísticos, correspondencias epistolares, planfletos, ensayos, críticas, referencias doctrinales, debates parlamentarios, revistas, etc., con la presencia constante de las mejores plumas de la época. Todo ese caudal está perfectamente tratado y perfectamente ensamblado a lo largo de una exposición sencilla que no elude ninguna de las cuestiones básicas más arduas y graves planteadas en cada momento histórico concreto y en cada una de las referidas experiencias constitucionales. Hay una cierta continuidad entre todas ellas, una serie de nociones comunes compartidas, de valores, reglas y principios que fluyen entre los distintos países y también por el océano, comunicando las praxis, corrigiendo excesos y defectos, perfeccionando los respectivos modelos. Haciéndolos más resistentes y más fuertes. Se comparten una cultura jurídica común, unas mismas lecturas de base, un corpus de creencias y de principios, luego desarrollados de manera más específica en cada país. Pero con un arranque similar que demuestra la forma concreta en que la Constitución respondía a los problemas políticos, los abordaba y trataba de solucionarlos con sus propias armas. Todos estos ejemplos nacionales demuestran una cosa: la confianza en la Constitución y en su capacidad para cambiar las cosas, al menos, en un primer momento, o para dar una apariencia de cambio mediante la profunda reorganización del poder, de sus reglas, de su ubicación superior y de sus limitaciones, siempre necesarias y dignas de agradecer, con los derechos y las libertades en la penumbra. 

Llega el tiempo ahora para Alemania, en pp. 476 ss., donde el A. da rienda suelta a su pasión constitucional nacional, en lo que es la parte más extensa de todo el trabajo por recoger el número más elevado de ensayos particulares. Van a desfilar estudios sobre la inevitable influencia americana y francesa en el pensamiento constitucional alemán del siglo XVIII y, más en concreto, en la década final de esa centuria, a partir de 1790, cuando el movimiento revolucionario galo se expande por toda Europa sin hacer caso a prohibiciones o a fronteras físicas, que no intelectuales. Hacen su aparición ya los primeros programas o proyectos constitucionales en tierras germánicas, minuciosamente analizados por el A. (los de Riedel, Rendler, Sommer, Weber o Krug, entre otros) Pero son muchos los influjos y los detonantes, y no solamente los aludidos: un papel muy relevante corresponde, por ejemplo, a la Constitución de Cádiz (1812), objeto de traducciones y de difusiones como encarnación del Liberalismo más puro, leída desde las diversas facciones hermanas de esa corriente política (conservadores y progresistas). Es el tiempo de Von Haller o de Rotteck (a quien se dedica un ensayo monográfico, en pp. 543 ss., viendo la evolución de sus comentarios y críticas al texto gaditano a partir de sucesivas ediciones de sus obras en 1820, 1826, 1833, 1837 y 1839), pero también de otros autores que se encaraman al texto meridional como Müller, Schmalz, Dahlmann, Murhard, Elsner, Pfeilschifter, Pölitz o Dabelow. También se ocupa del ejemplo norteamericano, sobre todo, desde la perspectiva de la conformación de una federación (Bundestaat) y no de una confederación de Estados (Staatenbund), con la participación en los debates públicos de figuras tan relevantes como K. S. Zachariä, Görres o Mohl, y otros personajes no menores como Henning, Hassel, Hülsemann, Lips, Schmidt, Stahl, Grund, Raumer, Widemann o Philippi. Se pasa luego a las realizaciones concretas, con el impulso napoleónico, cuyo ejemplo más perfeccionado será la Constitución de Westfalia, en los primeros compases del siglo XIX, para abordar a continuación la germinación constitucional alemana entre 1814 y 1824, ya propiamente nacional, patria, y no exógena (Constituciones de Schwarzburg-Rudolstadt, Schaumburg-Lippe, Baviera, Frankfurt, Baden, Würtemberg, Hessen-Darmstadt, Hannover, Braunschweig, Sachsen-Coburg-Saalfeld y Sachsen-Meinigen), con análisis detallado de cada una de ellas, de sus fuentes y de sus formulaciones más características, así como de los juristas que están detrás de las mismas. Merece tratamiento detallado la Constitución de Hesse del año 1831 (pp. 625 ss. ), del mismo modo que el texto aprobado en la Paulskirche de Frankfurt am Main entre 1848 y 1849 (pp. 641 ss. ), un texto sobre el que se vierten dudas acerca de la activación real y efectiva de un auténtico poder constituyente, con repaso de la mejor literatura sobre el particular, concluyendo con la idea de que se trató de una adaptación more germanico de esos principios ya tantas veces referidos del Constitucionalismo Moderno, aunque sin un Volk, un pueblo, en el que depositar soberanía y consecuente activación de la acción constituyente final y decisiva. Se termina este apartado teutónico con los desarrollos constitucionales ulteriores (la Constitución Imperial de la Alemania unida en 1871, la republicana de Weimar en 1919, la Ley Fundamental de Bonn en 1949), que se mueven entre tradición e innovación, más la segunda, sobre todo, a medida que el tiempo va avanzando, que la primera, definitivamente abandonada tras la Segunda Guerra Mundial. Weimar será objeto asimismo de un trabajo monográfico, en pp. 710 ss., por su indudable trascendencia desde el punto de vista político, democrático y, sobre todo, social. No sería una Constitución más, sino una Constitución axial, si parafraseamos a K. Jaspers, que marca un antes y un después en la vida europea y que condiciona buena parte del llamado Constitucionalismo de Entreguerras, junto con la mexicana de 1917 (la Constitución de Querétaro, fruto de la Revolución desarrollada en el país azteca en los años inmediatamente anteriores). 

Toca el turno en el siguiente bloque temático a la Unión Europea, también en proceso de constitucionalización, precario y dificultoso, pero pertinaz, reiterado e intentado hasta la saciedad. Proceso que busca trasplantar a esta estructura supranacional, en parte soberana y en parte coexistente con los viejos Estados-Nación, los principios ya mencionados de ese Constitucionalismo avant la lettre. Lo que hace el Prof. Dippel, en esta parte que interesa menos al estudioso de la Historia que al especialista en Derecho de la Unión Europea, es darle un enfoque novedoso puesto que contempla las realizaciones constitucionales de la UE desde un prisma histórico: las relaciona con el entramado pretérito que está detrás, en la trastienda del lenguaje y de los conceptos, y que se ha examinado en páginas anteriores. Por eso, no sorprende ver el Tratado de Lisboa al lado de las Constituciones estatales primeras de los Estados Unidos, las Cartas de Derechos junto a las Declaraciones americanas o francesas de finales del siglo XVIII, o la mención a la Constitución de Cádiz, invocada y citada como paradigma de ese mundo liberal más legendario que realmente existente, al lado de directivas y reglamentos contemporáneos. Todo para trasladar y transmitir unos valores, los de la UE, que no difieren de aquellos que construyó en su momento el Constitucionalismo (libertad, republicanismo, laicismo, etc. ), para aceptar incluso la posibilidad de un sistema de Convención, una fórmula de corte asambleario que proponga decisiones constitucionales, pensando en esa unión completa como meta a largo plazo, y siempre, siempre, con los derechos humanos como ese desafío perpetuo que debe guiar la acción de los poderes europeos. Esta parte culmina con un estudio sobre el tránsito del Derecho Internacional al Derecho Constitucional en el aspecto concreto de los derechos de las minorías y su protección a partir del estudio de las Constituciones que aparecieron en Europa tras la Primera Guerra Mundial (en pp. 791 ss. ), un tema que siempre vuelve a la actualidad, acaso porque nunca ha sido resuelto de una forma satisfactoria ni en el pasado, ni en el presente. La ruptura-disolución de los Imperios, a partir de 1918, provocó éxodos, pugnas, genocidios, desplazamientos, purgas y movimientos de todo signo para tratar de ordenar la caótica conformación étnica, religiosa y política de la nueva Europa y de sus nuevas Naciones. Buscar asiento para pueblos minoritarios, hallar lugares para su pacífico desarrollo, protegerlos de cualquier injerencia externa o de cualquier imposición que fuese contra su propia cosmovisión, ¿no es la finalidad de esa Europa que se quiere unida, pero dentro de la diversidad, con toda la riqueza que ésta trae consigo?

El último bloque temático, con dos trabajos, se ocupa de Latinoamérica, en pp. 807 ss., esbozando los perfiles más relevantes de sus primeras Constituciones, las surgidas entre 1820 y 1840, cuyo rasgo común, al margen de influencias europeas y, mayormente, hispánicas, será el presidencialismo, la forma política para articular el viejo caudillismo del que todavía no se ha desprendido el continente sudamericano y que explica muchas de sus crisis casi endémicas. También se citan los textos constitucionales más antiguos (Haití, Cundinamarca, las Provincias Unidas de la Nueva Granada, Guatemala, México), así como los más relevantes pensadores políticos del momento, con Nariño y Bolívar a la cabeza, para acabar por trazar una breve Historia del Constitucionalismo Latinoamericano, de sus influencias, sus protagonistas principales, documentos, efectos teóricos y prácticos, decepciones y frustraciones, a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, puesto que se termina con una referencia a Chile, país embarcado ahora mismo en un complejo y original proceso constituyente que no se sabe muy bien cómo va a terminar y bajo qué forma. 

Unas palabras de cierre o conclusiones, pp. 834-835, reiteran muchos de los argumentos esbozados por el A. en las páginas precedentes, poniendo de manifiesto la importancia vital de las Constituciones y del movimiento que va de su mano, de nuevo con invocación de los derechos y libertades como piedra angular, como clave de bóveda de toda esta construcción. Si los revolucionarios franceses afirmaban que esos derechos naturales habían sido desconocidos, ignorados o directamente violados, a la Constitución corresponde desempeñar todas las actividades que impidan o reviertan esas situaciones, es decir, que den pie a conocer, a afirmar, a reivindicar, a tener siempre presentes esos derechos como piezas indispensables para asegurar el estatuto mínimo que corresponde a cada ciudadano, lo que es tanto como decir la dignidad de todos y de cada uno de ellos. La Constitución no es solamente el Estado: lo crea y lo defiende, claro está, porque lo coloca bajo su regazo. Ofrece posibilidades, resuelve conflictos, pacifica, trae calma, tranquilidad, orden, Justicia. Lo hace todo porque lo puede todo. Y, como concluye el magnífico trabajo del Prof. Dippel, ejemplar en todos los sentidos (método, fuentes, reflexiones hipótesis, estructura, etc. ), la Historia de ese Constitucionalismo Moderno es el modo de asegurar por siempre y para siempre, esa inalienable herencia que nos toca defender. La que conforman los pilares básicos del régimen constitucional, acaso el mejor modo de organización social que el hombre se ha dado a lo largo de su extensa Historia sobre la tierra y de su continuada y renovada lucha por el Derecho y por la Justicia. Estamos, sin temor a exagerar, en presencia de un texto que devendrá clásico en unos pocos años. Solamente resta agradecer al A. el regalo que nos ha ofrecido bajo forma de voluminoso ensayo, rico en matices y en ideas, potente en formulaciones, elegante en su desarrollo. No es mal bagaje el que aquí se ha tratado de mostrar. Acaso porque solamente los grandes maestros pueden proceder de este modo y generar obras que el resto de los mortales no podemos ni siquiera imaginar. El Prof. Dippel, obvio es decirlo, lo ha logrado una vez más. Y nosotros lo disfrutaremos, ahora y siempre. 

Enviado el (Submission Date): 24 de abril de 2022 Aceptado el (Acceptance Date): 1 de mayo de 2022