Alessandro RECCHIA, Symoniaca heresis. Denaro e corruzione nella Chiesa da Gregorio Magno a Graziano, Roma: Urbaniana University Press,

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section_content: lebradas en Madrid los días 24 a 26 de abril de 2019; así como la Jornada académica que tuvo lugar en el Encuentro de socios en Roma con ocasión del cincuentenario de la AEC, celebrado en Roma del 25 a 28 de junio de ese mismo año. Los trabajos de ambas Jornadas se publican en este volumen, ofreciéndonos unas breves pinceladas de cada uno de los estudios (pp. 20-23). A continuación, tiene palabras de agradecimiento y reconocimiento para los fundadores de la Asociación, para todos aquellos que han trabajado al servicio de la misma y para quienes han sido Presidentes, indicando sus nombres y períodos (p. 23). Concluye su presentación con manifestaciones de gratitud dirigidas a todas aquellas personas que han contribuido, de una manera u otra, al feliz éxito de las dos. 

La segunda presentación recoge las palabras de bienvenida del Dr. D. Luis Felipe Navarro, Rector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y Presidente de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendi, con ocasión de la Jornada académica celebrada en Roma, agradeciendo a la AEC todo lo que ha hecho "por el estudio, investigación y aplicación del Derecho en la Iglesia en España" (p. 26). Finaliza diciendo que los tiempos que vivimos "requieren redescubrir la dimensión pastoral y de servicio de la normativa canónica universal y particular. Para ello es preciso combinar en el canonista un profundo conocimiento de la ley … y una sensibilidad por la justicia que permita encontrar la solución justa a los conflictos en la Iglesia, en conformidad con la naturaleza de la Iglesia y los derechos y deberes de los fieles" (p. 26) Como ya anuncié al principio, el libro está estructurado en cinco bloques temáticos que, seguidamente, expongo: I. -«Novedades normativas y jurisprudenciales de Derecho Canónico», que contiene tres ponencias. La primera, «La reforma de la Curia Romana» (pp. 29-41) por J. I. Arrieta, Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, que nos ilustra sobre el proceso de revisión de la constitución Pastor Bonus, para después analizar, en primer lugar, la reforma del sector económico: revisión económica y transparencia financiera, haciendo hincapié en la constitución de tres organismos: Consejo para la Economía, Secretaría para la Economía y el Oficio de Revisor General, suprimiendo posteriormente la Prefectura de Asuntos Econó-micos. Y, en segundo lugar, la reestructuración de los Pontificios Consejos, donde se han creado tres nuevos Dicasterios: para los laicos, la familia y la vida; para la promoción del desarrollo humano integral y para la Comunicación. Por último, trata de las perspectivas y líneas de reforma: el servicio al episcopado, sobre cambios de denominación y de orden sistemático, la temporalidad de los encargos de los oficiales clérigos y la incorporación de fieles laicos a los cargos de gobierno. 

La segunda, «El Derecho Canónico ante el final de una década. Análisis crítico de la actividad jurídica canónica del año 2018» (pp. 43-71), por J. Landete Casas, Profesor de la Universitat de València que, como ya es tradición en las Jornadas, recoge el elenco de novedades canónicas correspondiente a 2018, sistematizándolo en Romano Pontífice, Colegio Cardenalicio, Curia Romana, Sínodo de los Obispos, Relaciones Internacionales de la Santa Sede, Estado de la Ciudad del Vaticano y Conferencia Episcopal Española, ofreciendo en cada apartado un breve resumen, incluso, en ocasiones, crítico, de cada una de las normas y aportándonos al final unas conclusiones. Entre ellas, quiero destacar «la necesidad de adecuar la norma canónica a una vida eclesial sujeta a grandes cambios y movimientos, así como a una sociedad civil cada más universalizada e interrelacionada» (p. 70). 

Cierra este bloque el Vicario Judicial del Obispado de Ciudad Real, B. Torres Escudero que nos ofrece, como viene siendo habitual, las «Novedades de Jurisprudencia Canónica» (pp., haciendo referencia, en primer lugar, al Discurso del Santo Padre Francisco dirigido al Tribunal de la Rota Romana el 29 de enero de 2019, donde el Papa «pone el acento, especialmente, en la dimensión pastoral del matrimonio sin olvidar las obligaciones jurídicas que dimanan del consentimiento matrimonial» (p. 76), recordando la necesidad de la triple preparación: remota, cercana y permanente; en segundo lugar, se dedica al Tribunal de la Rota Romana, en concreto a las últimas sentencias publicadas, las del año 2012, explicando con un cuadro, de elaboración propia, los capítulos de nulidad sobre los que versan las sentencias para después comentar algunas de ellas, tales como c. Vaccarotto, de 14/06/2012, pro nullitate, sobre exclusión "bonum sacramenti"; c. Caberletti, de 22/05/2012, pro nullitate, sobre exclusión "bonum fidei"; c. Arellano, de 18/04/2012, pro nullitate, sobre dolo; c. Caberletti, de 18/12/2012, pro nullitate, sobre condición de futuro; c. Yaacoub, de 17/02/2012, pro nullitate, sobre incapacidad de asumir; y c. Pinto, de 20 de enero de 2012, pro vinculo, sobre error en cualidad. 

II. -«Derecho del Estado sobre el factor religioso», integrado por dos ponencias. Inicia este segundo bloque el extenso e interesante trabajo del Magistrado del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, J. L. Requero Ibañez, titulado «El derecho a la libertad religiosa en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el 40 aniversario de la Constitución» (pp. 119-169) donde, tras realizar unas precisiones sobre derechos fundamentales y valor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como unas ideas generales sobre la libertad religiosa, se centra en la libertad religiosa, primero, en la civil; segundo, en la penal; tercero, en la contencioso-administrativa, a la que, dada su especialización, le dedica más atención, si bien es cierto que es la que presenta mayor contenido respecto a la temática religiosa (pp. 134-160); cuarto, en la social; quinto, en la militar; y sexto, en la de las salas especiales del Tribunal Supremo. Termina el estudio con diversas conclusiones, afirmando que el Tribunal Supremo «ha hecho una relevante aportación a la interpretación e integración del variado contenido deducible del artículo 16 de la Constitución» (p. 170), aunque deja constancia de dos cuestiones preocupantes para el Derecho Eclesiástico del Estado, por una parte, que el Tribunal Supremo «en no pocos casos parece optar por derivar la controversia a otros preceptos constitucionales o llevar lo litigioso a cuestiones de legalidad ordinaria no enjuiciando directamente lo controvertido desde la afectación al artículo 16» (pp. 170-171); y, por otra, «de que los litigios que dan lugar a esta jurisprudencia … no quedan al margen de los ámbitos en los que se pretende alterar el régimen deducible del artículo 16 mediante concretos actos jurídicos, prácticas administrativas o, incluso, mediante iniciativas legales», añadiendo que «Estos intentos son variados y alcanzan, en especial lo referido al modelo aconfesional del Estado para que dé un sistema basado en el respeto por el hecho religioso en general asumiendo lo que tiene de positivo … se vaya a un modelo de corte laicista, con exclusión de todo lo religioso del contexto público» (p. 171). 

Esta parte finaliza con el trabajo de la Profesora de la Universitat de València, Dra. Ramírez Navalón, sobre «La tutela del derecho de libertad religiosa en el ámbito judicial» (pp. 172-192) que, como viene siendo tradición, informa y analiza rigurosamente la jurisprudencia española e in-ternacional sobre las manifestaciones y la tutela de la libertad religiosa, acontecidas en 2018, dedicando la atención, primero, a la protección penal de la libertad religiosa; segundo, al derecho de libertad religiosa frente a actos de la Administración; tercero, a las relaciones laborales e igualdad por motivos religiosos; cuarto, al régimen fiscal de las entidades religiosas; y quinto, a la cuestión educativa. Finalmente, advierte que «cada vez encontramos más asuntos polémicos sobre el factor religioso en los Tribunales» (p. 191) y afirma que las materias más relevantes han sido enseñanza, sistema fiscal y protección penal. Asimismo, destaca el hecho de que la Comunidad Judía no tenga presencia en los Tribunales. Y, también, el aumento considerable de las causas resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que «afectan preferentemente al ámbito laboral, administrativo y fiscal, y este hecho suscita … la necesidad de armonizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Derechos Humanos» (p. 192). 

III. -«Normas generales y Pueblo de Dios», que recoge cuatro ponencias. La primera del Profesor de la Universidad de Navarra, Dr. Javier Otaduy, bajo el título «La certeza normativa. Cómo se conocen y cuánto duran las normas canónicas» (pp. 195-219), se ocupa de la certeza normativa, de la experiencia normativa en el pontificado del Papa Francisco y de los ámbitos de la certeza normativa, refiriéndose expresamente a la existencia de la norma, donde se observa que en los últimos años la praxis de promulgación establecida cambia el sentido del c. 8, al igual que en lo referente a la vacatio, por lo que se pregunta «hasta qué punto L'Osservatore Romano posee las características necesarias para ser una fuente correcta de promulgación de la ley» (p. 202). También incluye la identidad del autor de la norma, donde comenta que «es cada vez más frecuente el rescriptum ex audientia Sanctissimi» (p. 206); el rango de la norma, destacando que «han crecido notablemente las normas pontificias» (p. 208), pasando inadvertidos los decretos generales ejecutorios y se han seguido promulgando instrucciones, que más bien «son normas administrativas destinadas a los mismos fieles a los que van dirigidas las leyes» (p. 210). Pero, añade que los dicasterios romanos han establecido la praxis de solicitar, de algún modo, la aprobación de la autoridad pontificia. Seguidamente trata la certeza de los efectos de la norma que «es, sin duda, la más dramática de las incertezas» (p. 211), especialmente en el ámbito de los efectos penales, fundamentalmente desde 1994, con ocasión de la cuestión de los abusos de menores, por lo antagónico del cambio. Luego dedica su atención a la certeza del vigor de la norma, especialmente, por las dudas que suscitan las normas ad experimentum, cuya praxis se ha consolidado, sobre todo si esas normas son con un plazo fijo; para incidir en el problema que presentan las reformas parciales, caso del Mitis Iudex, que no sólo ha derogado los cc. 1671-1691, sino que también ha afectado a otros cánones que resultan "incongruentes" con las previsiones del Motu Proprio, así como a la Instrucción Dignitas Connubii. Finalmente, explica la certeza del significado de la norma, su interpretación, comentando que ha existido, «desde bastante antiguo, un modo de interpretación a través de las llamadas respuestas auténticas manifestadas per modum legis» (p. 213), con un texto breve, presentado en forma de dubium y con una respuesta simple: affirmative aut negative; pero seguidamente afirma que está praxis no se utiliza desde hace tiempo en el Consejo Pontificio para los textos legislativos. En cambio, han crecido dos modalidades nuevas de interpretación, las llamadas notas explicativas y las respuestas privadas o singulares. Precisamente indica que Amoris Laetitia es fiel reflejo de la primera, por lo que si «lo que se ofrece como respuesta es una posible modalidad práctica de aplicación, y ante ella se declara que no caben otras interpretaciones, no nos queda más remedio que reconocer que la interpretación de la ley se entiende de un modo muy diverso a la hermenéutica jurídica tradicional» (p. 217). Y, el último ejemplo con el que nos ilustra es Mitis Iudex, por la incerteza del significado y por el permanente control hermenéutico. 

La segunda ponencia, «El Derecho Canónico al servicio de la misión pastoral de la Iglesia» (pp. 221-234), la realiza J. J. Omella Omella, Cardenal Arzobispo de Barcelona que, tras una breve introducción, comienza con una de las dimensiones más significativas de la persona, el ser relacional, que necesita de unas relaciones fundadas en el amor, apoyándose fundamentalmente en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. A continuación, da un paso más pues explica que el ser humano necesita de la sociedad, de la cual es fundamento y fin; sociedad que tiene como meta prioritaria el bien común, siendo la familia la célula vital de la sociedad; destacando la importancia de la misma en relación con la persona. Seguidamente se pregunta ¿cuál es la finalidad del derecho?, a lo que contesta basándose en la Gaudium et Spes, «servir a la persona, a las socie-dades naturales y a las sociedades políticas haciendo posible la convivencia de acuerdo con unos valores, sin perder nunca de vista que la persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia social y política» (p. 229). Y, luego, aborda la finalidad particular del Derecho Canónico: el bien común «último del derecho canónico es de orden espiritual: concretamente la salus animarum» (p. 229). Posteriormente, comenta la misión del derecho canónico, recogida en la Constitución Apostólica Sacrae Disciplinae Leges, que «está al servicio del bien de las personas (la salvación de las almas) y de la misión de la Iglesia» (p. 233), que es anunciar y comunicar el Evangelio de la salvación. Por ello, afirma que «El Derecho está llamado a servir a cada cristiano en su camino de humanización y a la Iglesia en la realización de esta misión. Cuando el Derecho sirve de esta manera a la persona, a la sociedad y a la Iglesia, el derecho evangeliza» (p. 233). Y, por último, propone a todos algunas reflexiones para aplicar el derecho al estilo de Jesucristo, para que sea un servicio también evangelizador. En definitiva, concluye diciendo que «un abogado, un juez, y hasta un Derecho, que no sirve al ser humano, no sirve para nada» (p. 234). 

En tercer lugar, el volumen recoge la aportación del Cardenal, Arzobispo emérito de Barcelona, Juez del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, L. Martínez Sistach, relativa a «La incardinación de clérigos en los movimientos eclesiales: una solución reciente y una propuesta» (pp. 235-246), exponiendo que, en la actualidad, se distinguen diversos tipos de participación, optando «en general por la solución de lo que se denomina impropiamente una "incardinación ficticia". Se trata de un acuerdo entre el obispo diocesano y el movimiento eclesial, en el cual se establece la dedicación del clérigo a la diócesis y al movimiento» (p. 237), sistema que ha recibido críticas, por lo que ofrece algunas consideraciones, once, que estima se han de tener presente en la valoración de esta cuestión; para, a continuación, comentar la solución reciente de la Congregación para el Clero, ante una petición de la Comunidad de Emmanuel, dado que ese Dicasterio posee experiencia de haber aprobado asociaciones clericales públicas de derecho pontificio y cuatro de estas asociaciones recibieron la facultad de incardinar clérigos, aunque estas asociaciones no están vinculadas a ningún movimiento eclesial, por lo que la situación es distinta. Así, cuenta que en 2005 la Congregación propuso a la Comunidad «estudiar la posibilidad de estructurar un grupo de sacer-dotes y diáconos bajo la forma de una asociación clerical pública de derecho pontificio, pudiendo incardinar a estos clérigos en su seno» (p. 241), pues la Congregación no considera conveniente incardinar a los clérigos en el movimiento como tal. Vista la conveniencia de esta solución, en 2017 se celebró una reunión interdicasterial presidida por el Papa Francisco en la cual se expusieron cinco "criterios guía" para adoptar esta solución. Así, en los Estatutos de la «Asociación clerical de la Comunidad de Emmanuel», aprobados por la Congregación para el Clero, el 15 de agosto de 2017, se establece que los miembros de la asociación «son los sacerdotes que están incardinados en la asociación y los sacerdotes que están incardinados en una diócesis con un convenio entre la asociación y el obispo diocesano. Lo mismo se establece para los diáconos» (p. 243). Esta Asociación fue erigida el 1 de agosto de 2017 como «asociación clerical pública de derecho pontificio, gozando de personalidad jurídica» (p. 244). Por ello, concluye que este camino abierto por la Congregación «ha de considerarse un instrumento innovativo para reglamentar realidades ya existentes o en proceso de constitución, en la línea del praeter ius, y para acoger aquellas novedades que el Espíritu querrá suscitar aún en la Iglesia en el ejercicio del ministerio de los clérigos» (p. 244). Concluye, preguntándose «¿Ha llegado el momento de un estatuto marco para estos movimientos? Una propuesta … que se realice en la Iglesia una evaluación de los movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Este estudio podría ayudar a dar respuesta objetiva a la necesidad o simplemente conveniencia de un estatuto marco para estas realidades eclesiales que las configuran carismas muy diversos y poder también responder a la conveniencia o no de incardinar clérigos en estos movimientos eclesiales y nuevas comunidades como tales» (p. 246). 

Esta parte finaliza con el trabajo del Prof. Colaborador Asistente de la U. P. Comillas e Instituto Teológico de Vida Consagrada, T. Bahillo Ruíz, «Novedades normativas en materia de derecho de la vida consagrada. Administración de bienes y vida contemplativa» (pp. 247-278), que toma como punto de partida: 2018, dedicando su atención en la exposición a dos documentos: las Orientaciones sobre la gestión y administración de bienes de los Institutos de Vida Consagrada, de 6 de enero, y la Instrucción sobre la vida contemplativa femenina, de 15 de agosto. De ambos documentos explica algunas notas características, con sus semejanzas y diferencias, tales como, el por qué de los documentos, su sentido y necesidad; la preparación y expectativas y su naturaleza jurídica. Seguidamente se detiene, tanto en las Orientaciones como en la Instrucción, comentando su estructura, objetivos y finalidad, para terminar con los contenidos más relevantes. Así, las Orientaciones sobre economía se estructuran en dos bloques temáticos diferenciados: el doctrinal y el propositivo-disciplinar; y, de su contenido, presenta tres claves de lectura: respeto a las peculiaridades, criterios propios y doctrina social de la Iglesia en la gestión y cumplimiento de las leyes civiles, aún las consideradas injustas o discriminatorias (p. 252), para, a continuación, comentar con todo detalle, primero, el gobierno de la actividad económica, con la elaboración de un Plan carismático, Directorio y Reglamentos económicos con indicaciones operativas; la existencia de una «Consulta para asuntos económicos», que regulará el derecho propio de los institutos, pudiendo formar parte de esta consulta personas laicas competentes (pp. 253-254); y la cuestión de los mandatos de representación legal, aconsejando que no se concedan poderes de gestión generales y que cada mandato sea realizado por escrito (p. 254). Segundo, comenta las orientaciones respecto a la conveniencia de adscribir determinados bienes al patrimonio estable suscribiendo escrituras de constitución al mismo (p. 254); así como la tan delicada cuestión de la sostenibilidad de las obras, discerniendo seriamente aquellas que conviene mantener y cuales abandonar (p. 255). Tercero, detalla, con sumo detenimiento, los actos relevantes relacionados con la administración y gestión de bienes, especificando los actos que exigen licencia de la Santa Sede (pp. 255-257); las posibilidades de cesión de uso y disposición de un bien (pp. 257-259) con el procedimiento a seguir; los requisitos y procedimiento de venta, permuta y donación de bienes (pp. 259-263); la praxis y el procedimiento para realizar operaciones financieras en general (inversión, crédito, etc. ). Cuarto y último, la constitución de entes civiles asociados al. Después, se dedica a la Instrucción Cor Orans, estructurada en cuatro capítulos, cuyos contenidos más relevantes son: primero, los límites y posibilidades de la autonomía del monasterio; segundo, las competencias de los Obispos sobre el monasterio conforme a lo establecido en el c. 615, deteniéndose en aquellos cánones del Código que han sido abrogados o parcialmente modificados por la Instrucción, tales como los cc. 628. 2. 1º (acerca de la visita canónica), 667. 4 y la posterior Instrucción Sponsa Verbi ahora abrogada (sobre entradas y salidas en clausura); y el 638. 4 referente a la enajenación de bienes. Tercero, la importancia de las Federaciones, poniendo de relieve la obligación de federarse y la precisión de las competencias de las Federaciones y el funcionamiento de los diversos órganos. Cuarto, las nuevas atribuciones de la Abadesa / priora y de la Presidente federal. Quinto, la clarificación de las diversas formas de clausura y la opción de la forma de clausura de cada monasterio desde el discernimiento, respetando la propia tradición y lo que exigen las Constituciones. Sexto, el esfuerzo por una formación integral y prolongada, que es, a su juicio, la mayor novedad que presenta el documento (p. 276), estableciéndose «como etapa obligatoria el aspirantado que no existía antes y durará como mínimo un año; el postulando, como mínimo un año y no superará los dos años; el noviciado dos años y la profesión temporal debe durar como mínimo cinco años» (p. 276). Y, por último, finaliza con unas conclusiones valorativas entre las que destaca que se trata de «dos textos de gran incidencia en la vida y gobierno de los destinatarios afectados que deben servir de guía y modo de actuación» (p. 277) y que estas intervenciones y actuaciones de la Santa Sede «intentemos verlas como una oportunidad para hacer mejor las cosas …, con sentido de comunión …, con espíritu eclesial conscientes de que somos administradores de bienes que hemos recibido de Dios y de que se ha recibido una vocación -en el caso de las monjas contemplativas-que está en el mismo corazón de Dios y que la Iglesia intenta proteger» (p. 278). 

IV. -«Derecho Matrimonial», que comprende tres ponencias. La primera, «Simulación del consentimiento y exclusión del bonum prolis. Causas y consecuencias» (pp. 281-298), por E. de León Rey, Juez Auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura de Madrid, que inicia su trabajo partiendo del principio medieval matrimonium facit solus consensus, reiterado «hasta el día de hoy. Sin embargo, qué sea ese consensus "que hace el matrimonio", solus consensus, es una cuestión distinta y compleja» (p. 282), que ha sido objeto de discusión, por lo que realiza un recorrido histórico, desde el Decreto de Graciano, hasta la solución canónica actual, que se decanta por el contrato consensual, por lo que «nadie puede obligar, prescindir o suplir, la voluntad libre de las partes … y por eso, hay que ser escrupulosamente respetuoso con ese acto de compromiso voluntario, de modo tal que, por fuerza, debe gozar de la presunción de validez» (p. 284). A con-tinuación, comenta que actualmente los capítulos más utilizados en la fórmula de dudas son la incapacidad consensual del canon 1095, 2 y 3, siguiéndole, la simulación y, más en concreto, la parcial por exclusión de la prole o la indisolubilidad. Precisamente en su ponencia se detiene en la exclusión de la prole, analizando tanto sus causas como sus consecuencias, prestando su atención a tres noticias: a la baja natalidad, a la tasa de abortos y a que España sea el tercer mejor sistema sanitario del mundo, por lo que se pregunta «¿cómo es posible que … sea el país con más baja natalidad del mundo occidental con 1,31 hijos por mujer? y ¿qué tienen que ver estos datos con la … exclusión de la prole?», respondiendo «que sí tienen que ver … porque los capítulos de nulidad en general brotan directamente de las formas de vida de los fieles, en una sociedad concreta y en un concreto momento histórico» (p. 286). Tras estas consideraciones, para poder entender adecuadamente la exclusión de la prole, analiza brevemente la simulación en general y la simulación total, dedicando su atención, en la simulación en el ordenamiento canónico a la sentencia coram Canals de 22 de febrero de 1961, por la interpretación original del «acto positivo de voluntad», con los comentarios de Javier Hervada sobre la misma, que ayudó a poner de relieve que «el consentimiento interno … es la causa del vínculo matrimonial, mediante su manifestación externa» (p. 288), siendo fuente de la tradición la decretal Tua nos del Papa Inocencio III de 13 de febrero de 2012; para después mencionar la simulación en la dogmática jurídica. Seguidamente se detiene en la simulación parcial por exclusión de la prole, comentando, tanto las pautas y criterios de la doctrina y jurisprudencia canónica que ayudan a evaluar y probar la exclusión de la prole, como los tres tipos de exclusión parcial que contempla la jurisprudencia, para concluir que «los jueces ni crean ni interpretan las normas a su saber y entender, sino que deberán, ante todo, verificar si, en el acto o actos de constitución del consentimiento matrimonial, se daban o no sus elementos esenciales y, en consecuencia, si el matrimonio celebrado fue válido o nulo. Pero en esa verificación juegan un papel muy importante todas las circunstancias …: antecedentes, concomitantes y subsiguientes de cada caso» (pp. 295-296). Termina su exposición ejemplificando lo que comenta con un caso concreto, la sentencia de la Rota Romana, coram Carbeletti, de 13 de enero de 2011 (pp. 296-297), para concluir afirmando que «los principios formulados por la doctrina y la jurisprudencia son de gran ayuda, pero cada caso tiene sus propios matices y peculiaridades que han de ser examinadas con suma atención, porque son esas peculiaridades las que harán que se apliquen unos u otros principios. … Sólo de ese modo se conseguirá … ayudar a la salvación de cada alma en singular» (p. 298). 

La siguiente ponencia, titulada «Algunas consideraciones sobre la cualidad en el error de hecho, en el error dolosamente causado y en el consentimiento condicionado» (pp. 299-319), corre a cargo de H. Franceschi, Profesor ordinario de Derecho matrimonial canónico de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Tras la introducción, se detiene en explicar las peculiaridades de cada uno de los capítulos de nulidad y el lugar de la cualidad en cada uno de ellos, para luego prestar atención a la relación entre el error sobre la cualidad, la condición y el error dolosamente causado, ilustrando cada capítulo con casos concretos, acompañados con una amplia citación jurisprudencial a pie de página, de suma utilidad, para terminar con tres casos emblemáticos de la jurisprudencia de la Rota Romana sobre estos capítulos de nulidad: sentencia coram Pompedda, Calicutense, de 6 de febrero de 1992 (pp. 315-316); sentencia coram Erlebach, Spiren, de 31 de enero de 2002 (pp. 316-317) ; y Decreto coram Pinto, Reg. Spuli seu Altamuren -Gravinen -Aquaviven, de 28 de mayo de 2015 (pp. 317-319), concluyendo que «en no pocos casos se ve claramente la dificultad de los jueces para discernir, en el caso concreto, si nos encontramos ante uno u otro capítulo. Ante esta realidad … no podemos olvidar que el mejor modo de buscar la verdad en el caso concreto es enfocarlo sin prejuicios, con mente abierta, sin pretender "adaptar" los hechos a un capítulo de nulidad si no buscando en el caso singular, el motivo que ha hecho nulo o no un matrimonio, es decir, la verdad en el caso … la búsqueda de la dimensión de justicia, …, en cada caso concreto, que puede coincidir con diversos capítulos de nulidad. … sólo en la verdad las partes encontrarán verdadera justicia y misericordia» (p. 319). 

Este bloque se cierra con el trabajo de la Profesora de la Universidad Complutense de Madrid, S. Messeguer Velasco, titulado «Reproducción asistida, maternidad subrogada y nuevos modelos familiares: su incidencia en los impedimentos canónicos de parentesco» (pp. 321-349), donde, tras una introducción, en la que muestra su preocupación por la regulación de la familia en el derecho civil, unido a los problemas legales que se detectan en la determinación de la filiación en las uniones entre perso-nas del mismo sexo y en la maternidad subrogada, así como la jurisprudencia de los Tribunales nacionales y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, comenta que la finalidad de su trabajo es plantear «en qué medida la aplicación de estas técnicas y la pluralidad de modelos familiares, al margen de sus resonancias éticas y morales, aconseja adecuar estas realidades en la normativa canónica matrimonial» (p. 324). A tal efecto, recuerda la fundamentación jurídica de los impedimentos de parentesco en el ordenamiento canónico y civil. Seguidamente, se detiene explicando las técnicas de reproducción asistida, homólogas y heterólogas, y las consecuencias en la determinación de la filiación, en los impedimentos canónicos de parentesco; así como la maternidad subrogada, su regulación legal en el derecho comparado y español, junto con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al igual que la determinación de la filiación y su incidencia en los impedimentos de parentesco canónicos. Finalmente, se ocupa de las nuevas situaciones familiares que provoca la pluralidad de modelos familiares existente, recordando lo establecido en los artículos 32 y 39 de nuestra Constitución para, a continuación, analizar una situación cada vez más frecuente, las familias reconstituidas: el matrimonio entre hermanastros, es decir, «las relaciones que surgen entre los hijos que sin ser consanguíneos entre sí, cada uno de los cónyuges o convivientes aportan a la nueva realidad familiar creada» (p. 344), dado que, en estos casos, no existe limitación alguna que les impida contraer matrimonio; por lo que, considera conveniente que se configure como prohibición y no como impedimento, pues esta restricción respondería «a la necesidad de proteger y salvaguardar las relaciones familiares» (p. 345). También, trata las situaciones derivadas del vínculo adopcional, ya sea la afinidad legal, dada la laguna existente sobre «el matrimonio entre el adoptado y el cónyuge del adoptante, o entre el adoptante y el cónyuge del adoptado»; ya sea la fraternidad legal, «el vínculo que surge entre dos adoptados por el mismo adoptante, con independencia de que sean consanguíneos o no del adoptante» (p. 345). A la vista de las situaciones descritas que nos muestran una realidad compleja, considera que cabrían dos opciones: la primera, «aplicar la analogía iuris para reconducir algunas de las cuestiones» (p. 346) planteadas, con «la dificultad de reconducir supuestos muy diferentes a las categorías jurídicas existentes» (p. 347); y la segunda, «configurar nuevas categorías de impedimentos que respondieran a la variedad de las situaciones descritas» (p. 347), lo que «permitiría plan-tear una reflexión en profundidad sobre la adecuación de la formulación actual para lograr la finalidad pretendida» (p. 348), señalando como inconveniente «las dificultades que plantea que en el ámbito civil no esté resuelto satisfactoriamente el criterio de la determinación de la filiación» (p. 348). No obstante, recuerda «que no se trata de que el Derecho canónico acepte la utilización de estas técnicas, ni las situaciones familiares descritas … En todo caso, no se puede obviar las dificultades de adecuar un ordenamiento universal a las particularidades que plantean estas técnicas y modelos familiares en las legislaciones civiles de cada ordenamiento jurídico. Por lo que se requiere, la prudencia del jurista para saber normativizar, para legislar, sin perder de vista el horizonte del bien común al que debe servir toda ley y mediante el cual se realiza la justicia» (p. 349). 

V. -«Derecho Procesal Canónico», integrado por tres ponencias. La primera, del Juez Auditor del Tribunal Apostólico de la Rota Romana, F. Heredia Esteban, titulada «Breve aproximación histórica al cometido judicial del Tribunal Apostólico de la Rota Romana» (pp. 354-363), toma como punto de partida la naturaleza, composición y competencias de la Rota Romana en el ordenamiento canónico actual: Código de 1983, Constitución apostólica Pastor Bonus de 1984, las normas propias del Tribunal de 1994, el Motu proprio Quaerit Semper de 2011 y el Motu proprio Mitis Iudex de 2015, que ha afectado indirectamente a la Rota, así como los rescriptos de 2015 y 2016; a continuación, se detiene en los antecedentes, creación del Tribunal de la Rota Romana y posterior evolución, afirmando que «la rota romana más que una institución fundada en un momento preciso es fruto del perfeccionamiento práctico en el tiempo del ejercicio del "ministerio petrino" en cuanto juez supremo de todos los fieles» (pp. 356 y 357); siendo probablemente el Papa Lucio III (1181-1185) el que «creó como cancillería suya un auditórium que debía instruir todas las causas que el Papa … no podía examinar personalmente» (p. 357), destinando a tal finalidad ad casum los llamados capellani Papae, capellanes que llegan a dictar sentencia. Fue el Papa Juan XXII cuando el 16 de noviembre de 1331 promulgó «solemnemente la constitución apostólica Ratio iuris, verdadera carta magna del nuevo tribunal … reconociendo oficialmente aquello que ya existía de facto. Por tanto, creaba un tribunal apostólico compuesto por 12 prelados auditores que actuando colegialmente instruyera y dictara sentencia en su nombre en aquellas causas so-metidas a la sede apostólica. … A partir de ese momento los capellanes … pasaron a ser "auditores sacri palatii apostoloci"» (p. 358). A continuación, explica que «el término "rota" aparecerá por primera vez en algunas decisiones recogidas por el auditor Thomas Fastolf, que se remontan a los años 1336-1337; si bien el primer documento oficial que menciona expresamente tribunal de la rota será la constitución apostólica Romani Pontificis providentia de Martin V en 1424» (p. 359), aunque no está claro el origen de este término. A partir de ese momento, los auditores prepararon colecciones de sus decisiones, que, en principio, eran privadas, pero que después se difundieron, dado su prestigio. Después, entre los siglos XVI y XVII la rota entró en una fase de decadencia, hasta que finalmente el Papa San Pio X (1903) (1904) (1905) (1906) (1907) (1908) (1909) (1910) (1911) (1912) (1913) (1914) reforma la Curia Romana por la constitución apostólica Sapienti consilio de 1908, devolviendo a la rota romana las competencias que «había perdido en favor de las Congregaciones, creando la llamada "rota restituta"» (p. 362). Por otra parte, resulta de interés el dato que aporta «desde el pontificado de Julio II en 1503 hallamos siempre dos españoles, uno de la antigua corona de Aragón y otro de la corona de Castilla, presentados por el Rey de España … desde 1908 hasta 2019 han sido 8 el número de prelados auditores españoles» (p. 361). Finaliza su estudio con unas anotaciones sobre las modificaciones habidas hasta el Código actual. 

La segunda, bajo el título «Aplicación y valoración del M. Pr. Mitis Iudex: la pastoral prejudicial, la formación de los abogados y agentes implicados y otras cuestiones» (pp. 365-385), está realizada por R. Díaz-Guardamino Delclaux, Vicario Judicial de la diócesis de Bilbao, que nos aporta su experiencia en este campo. Inicia su estudio con algunas premisas sobre el proceso canónico de declaración de nulidad matrimonial, sobre el cambio generacional, el Concilio y el nuevo Código y sobre la justicia canónica y su percepción por los fieles (pp. 365-371). Seguidamente, señala las principales innovaciones de la reciente reforma del proceso canónico de nulidad de Mitis Iudex, para después adentrarse en la pastoral prejudicial, en los primeros artículos de la ratio procedendi, en concreto del 2 al 5. En este sentido, señala, respecto al artículo 2, por ejemplo, que «varias Diócesis estadounidenses ofrecen en su página web formularios para solicitar la declaración de nulidad, que los fieles pueden generalmente tramitar a través de su parroquia, con ayuda del párroco u otro ministro» (p. 376); asimismo, sugiere en relación con el artículo 3 «que de las mismas parroquias surgiesen personas dispuestas a colaborar en este ámbito …, de manera que a los abogados estables les lleguen los interesados ya con los deberes hechos …. Incluso si estos agentes parroquiales fueran abogados, podrían ellos mismos asumir la defensa» (p. 377). Luego, centra su atención en la formación de los abogados y agentes implicados en la pastoral prejudicial, recordando que el artículo 3 de Mitis Iudex sólo indica algunos aspectos de esta formación, y expone algunos elementos que se buscó dar en su diócesis a las personas implicadas en la pastoral parroquial, tales como una explicación sobre el Tribunal, composición y funciones; nociones de Derecho canónico matrimonial, con especial atención a los capítulos de nulidad; el proceso canónico de nulidad y sus fases; y elementos psicológicos básicos para atender a las personas que acudan al tribunal, sugiriendo «que esta parte corra a cargo de un psicólogo» (p. 380). Además, dice que, pesar de que la experiencia fue útil, fueron modestos los resultados obtenidos; en cambio, «sí se ha podido hacer un trabajo de formación de los propios abogados estables» (p, 380), dado que ya tienen conocimiento del Derecho canónico matrimonial y procesal, se trata de aprender la práctica. pasando de tener una a tres personas. Cierra su aportación con unas conclusiones, entre ellas, destaco lo siguiente: «Las novedades aportadas por la reforma permiten dar un mejor servicio a los fieles en situación de divorcio, facilitándoles el proceso y haciéndolo más accesible… Pero no parece que el proceso prejudicial haya tenido en muchas diócesis el impacto que habría cabido esperar. …. es complicado poner en práctica la reforma instaurando la investigación prejudicial en las parroquias o instituyendo nuevos organismos diocesanos … Quizá sea útil … reclutar como voluntarios a abogados jubilados para ayudar en la pastoral prejudicial de las parroquias» (pp. 382-383). Por ello, a la vista de la experiencia, sugiere diversas cuestiones para poder solucionar los problemas matrimoniales de las personas; todas ellas interesantes, pero arriesgadas llevarlas a efecto por la posible conculcación de los principios fundamentales del derecho matrimonial canónico, sustantivo y procesal: «Una facilitación del proceso abreviado, sustituyendo el primer requisito del canon 1683…, por la mera ausencia de oposición suya… Eliminar la exigencia de participación del Obispo en el proceso abreviado… Una reorganización de la defensa del vínculo… Sin embargo, la exigua proporción de causas de nulidad respecto a los divor-cios de matrimonios canónicos invita a una reflexión de mayor calado, considerando las dificultades que el proceso canónico de declaración de nulidad entraña para los fieles… A la vista de lo cual, sugiero algunas posibles salidas, que necesitarían en todo caso de un estudio profundo: Eliminar la exigencia de la forma canónica para la validez del matrimo-nio… Abrir la posibilidad de adoptar forma canónica extraordinaria a los divorciados cuyo matrimonio previo es nulo pero no pueden probarlo… Otra opción podría ser posibilitar la dispensa del proceso canónico cuando éste no es posible… Esto implicaría instituir un proceso admi-nistrativo… Creo que es preciso replantear el tratamiento canónico de las rupturas matrimoniales, estableciendo un nuevo equilibrio que considere los distintos valores en juego … Queda, pues, una amplia tarea pendiente a la que Mitis Iudex no ha dado suficiente respuesta» (pp. 381-385). 

Y, la última, «Garantías procesales en los procedimientos penales administrativos de la Iglesia» (pp. 387-449), de J. L. Sánchez-Girón Renedo, S. J., Profesor Propio Adjunto de la Universidad Pontificia Comillas, que se centra «en los procesos penales administrativos sobre delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), entre los cuales destaca sin duda el delito que se viene conociendo como "abuso sexual" de un menor cometido por un clérigo, por ser el que está teniendo más repercusión eclesial, social y mediática, y ser seguramente el que está dando lugar a la mayoría de estos procedimientos… En cuanto a las "garantías procesales" … se hace referencia a las garantías del acusado… Esto no desdice… que se reconozca la importancia central… de las víc-timas…» (p. 387). En primer lugar, estudia, exhaustivamente y con mirada crítica, el marco normativo: Normas de 2001 sobre delitos "más graves" reservados a la CDF, las nuevas normas de delicta graviora de 2010, la normativa disponible, acerca del proceso penal administrativo, contemplada en el c. 1720, en relación con los cc. 1342-1350, c. 1395. 2 e incluso el c. 1728. 2. En la vía de recurso serían aplicables los cc. 1732-1739, con la disposición del c. 1353. «Fuera del Código ha podido aportar algo … la Carta Circular de 2011 Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas Guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero remitida por la CDF …. Ahora bien, este documento de ayuda y orientación a los Obispos … en realidad … lo que aporta es aplicable al proceso administrativo…» (p. 396). Además, co-menta que, en el caso de España, «la Conferencia Episcopal Española (CEE) elaboró en 2010 un "protocolo canónico" y un "protocolo civil" referidos al abuso sexual de un menor por parte de un clérigo» (p. 397), destacando las aportaciones más interesantes de cada protocolo, pero considera que «aún falta mayor concreción en algunos puntos y abordar otros. En cuanto a la vía de recurso, en 2014 se creó mediante rescripto del Papa Francisco un colegio de siete miembros … que examina y resuelve los recursos presentados ante la CFD… Esto ha supuesto en su momento una novedad con respecto a lo que se vendría haciendo anteriormente y no faltan sensaciones de inseguridad y duda en torno a este nuevo instituto… Más allá de todo lo anterior, de cara a marcar caminos y criterios no se dispone de lo que aporta la jurisprudencia… pues estamos ante casos que no se hacen abiertamente accesibles… al rodearse … de un halo de mayor confidencialidad y estar además sujetos al secreto pontificio. Ciertamente, …la Congregación no ha dejado de ofrecer oportunidades de transmitir sus planteamientos… No obstante, quizá sigue sin haber… un clima de mayor comunicación, aunque no falten algunas aportaciones sobre cuestiones concretas extraídas de la praxis real» (pp. 397 y 398). Por ello, considera que se dispone de una regulación escasa y aboga por la conveniencia de una mayor regulación (pp. 398 a 401), poniendo como ejemplo lo que se ha hecho con Mitis Iudex o Dignitas Connubii, para que sirva de ayuda a los jueces y Tribunales a realizar tan delicada tarea. Posteriormente, dedica su atención a algunas cuestiones generales de incidencia procesal, analizando previamente una cuestión de índole general que afecta al enfoque global con que se afronten estos procesos, diciendo que «en este sentido habría dos posibles aproximaciones que asociamos respectivamente, con un sencillo juego de palabras, a "proceso administrativo penal" y a "proceso penal administrativo", siendo en cada caso el primer término el que identifica un determinado enfoque del proceso» (p. 402); para, seguidamente, dedicar su atención a los puntos relativos a los delitos en sí, delitos reservados, delitos no reservados y conductas que no son delito; a la pena establecida para ellos, con la gradualidad de la gravedad del delito y de la gravedad de la pena en el caso concreto del delito contra el sexto mandamiento cometido por un clérigo con un menor; a la prescripción de la acción criminal, cuyo régimen es mayor y distinto respecto al Código e incluso cabe derogar la prescripción para casos singulares, «que es tan contrario al princi-pio de favor rei y que estaría aumentando el deterioro de la seguridad jurídica que ya de por sí comporta la posibilidad de derogar la prescripción de la acción criminal» (p. 420). Por último, aborda algunos puntos del propio proceso penal administrativo, aportando ideas que contribuyen a proteger mejor el derecho de defensa de los acusados, inspirándose en el principio de la presunción de inocencia (p. 421). Así, se detiene en los siguientes puntos: asistencia de abogado, posibilitando al acusado la libre elección del mismo, incluso a un laico (pp. 423-426); conexión de causas, dado que en el proceso contra un acusado por un delito reservado a la CDF se integraría también la acusación al mismo por un delito que no está reservado (pp. 426-428); escrito de acusación (pp. 429-431); acceso a las pruebas (p. 432); presentación y proposición de pruebas, con referencia a la valoración de las pruebas tomadas bajo secreto (pp. 432-435); recurso (pp. 435-436; resoluciones (pp. 437-442) ; investigación previa (pp. 442-444); y expulsión del instituto religioso (pp. 444-446). Termina con una valoración final, donde aboga por la existencia de una normativa adecuada y suficiente, razonablemente completa, optando por un proceso penal más regulado y garantista de los derechos del acusado, destacando que «el enfoque de fondo que predomine claramente en los procesos penales administrativos sea el penal, no el administrativo. El derecho canónico debería seguir esforzándose por perfilar la separación entre ambas esferas en s normativa, y los talantes y predisposiciones al abordar el tratamiento jurídico de un delito deberían dar siempre clara prioridad a la aplicación con justicia y equidad de la ley penal, y a inspirarse en los valores y principios de lo penal a la hora de ejercer la discrecionalidad de que se disponga… debe seguir esforzándose por generar seguridad jurídica dotándose de las normativas que necesite y por cuidar calidad de las mismas» (p. 448-449). 

En definitiva, un libro interesante y recomendable, en recuerdo del 50 aniversario de la AEC, que merece ser leído con detenimiento, tanto por la actualidad de las cuestiones tratadas, como por la calidad de las ponencias expuestas, al igual que por las aportaciones de sus autores. 

María Elena OLMOS ORTEGA Universitat de València Alessandro RECCHIA, Symoniaca heresis. Denaro e corruzione nella Chiesa da Gregorio Magno a Graziano, Roma: Urbaniana University Press, 2022, 182 págs., ISBN 978-88-401-9048-8. 

Cualquier conocedor de la historia de la Iglesia es consciente de la importancia que ha tenido la lucha contra la simonía a lo largo de los siglos. Lucha que ha exigido la precisar el concepto y determinar sus consecuencias. En la precisión del concepto ha tenido mucha importancia su asimilación a la herejía y en la determinación de sus consecuencias los debates acerca de la validez de los sacramentos así conferidos o por ellos conferidos. Se comprende así, a primera vista, la gravedad con que la simonía ha aparecido siempre en la reflexión cristiana. En efecto, hablar de herejía y de posible invalidez de los sacramentos, es adentrarse en el núcleo de lo que la Iglesia considera más sagrado. 

Por todo ello, el estudio del tratamiento canónico de la simonía a lo largo de la historia, y sobre todo en los siglos medievales, es algo que siempre ha atraído a los historiadores, que han producido al respecto una abundante bibliografía, mucha de ella, además, de gran calidad. 

La obra de don Alessandro Recchia, profesor en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Urbaniana y de acreditada competencia histórica desde su tesis doctoral sobre la evolución del concepto de plenitudo potestatis hasta Uguccio de Pisa, se encuadra en esta bibliografía de calidad aportando, a mi juicio, tres grandes novedades. 

La primera de ellas es que logra presentar una visión evolutiva tanto de la noción de simonía como de los medios adoptados para combatirla, desde sus orígenes hasta el Decreto de Graciano. Es decir, durante todo el ius antiquum y en la obra que abre la puerta al ius novum. En este recorrido, sitúa el origen de la noción técnica de simonía en la obra de Gregorio Magno, explica cómo la consideración de su gravedad se acrecentó al ponerla en relación más con Judas que con Simón el Mago en tiempos de Tarasio de Constantinopla, y cómo en el siglo XI se produjo la gran reflexión sobre su carácter y consecuencias: desde la extensión del concepto a la investidura laica, al individuar en el "intercambio" la esencia de la simonía y no en la compra, hasta la determinación del tipo de herejía (no doctrinal sino contra el ordo in ecclesia), pasando por la discusión sobre la validez o no de los sacramentos por ellos conferidos, que enfrentó a Humberto de Silva Candida y a Pedro Damián, haciendo oscilar las disposiciones disciplinares de los papas del último tercio del siglo XI. La presentación es ágil, concentrándose en los momentos principales y en las cuestiones esenciales, permitiendo al lector hacerse cargo de la construcción y evolución del concepto, así como de su relación con otros en el contexto de las grandes dinámicas eclesiales de reforma del primer milenio. 

La segunda novedad, que avalora también la primera, consiste en que parte de un conocimiento completo y actualizado de la bibliografía al respecto, con la que dialoga críticamente. De este modo, a lo largo de los dos primeros capítulos, para trazar la historia del concepto, combina el recurso a las fuentes con el diálogo con los autores que antes que él las han comentado, recogiendo también las aportaciones más recientes, sobre todo de ámbito italiano. 

La tercera novedad se refiere al tratamiento que ofrece de la simonía en el Decreto de Graciano. Me parece que constituye la aportación más original de esta obra, por lo que considero necesario detenerme más en ella. 

La importancia de la obra de Graciano en la historia del derecho canónico está fuera de discusión. Como bien recuerda Recchia citando a Stickler, el Decreto puede leerse tanto como punto de llegada del primer milenio, como punto de partida del segundo. Además, su autor, ha merecido con justicia el título de "padre de la ciencia canónica". Por todo ello, el Decreto puede ser objeto de diversos acercamientos. 

Sin embargo, y esta es una de las convicciones más firmes de los historiadores del derecho canónico, al menos desde que Kuttner lo argumentara convincentemente a mediados del siglo pasado, se trata de una obra a la que resulta enormemente complejo acercarse adecuadamente puesto que el estado de nuestros conocimientos acerca de su composi-ción y transmisión son escasos y parciales. Además, el significativo avance producido en su conocimiento en los últimos decenios parece haber complicado todavía aún más el acceso a la obra de Graciano, convirtiéndolo en una cuestión de especialistas, ajena a los intereses de la mayoría de los canonistas. Dos pueden considerarse los avances principales en la investigación acerca del Decreto de Graciano: el mejor conocimiento de sus fuentes formales (las colecciones canónicas que tuvo a disposición para componer su obra) y la posibilidad de estudiar la obra como fruto de un trabajo prolongado en el tiempo y que ha dejado huella en manuscritos que serían testigos de distintos momentos de redacción. Mientras que, en el caso de las fuentes formales, el conocimiento ha avanzado sin particulares polémicas y se puede reconocer en Peter Landau el autor que más ha contribuido a perfilar tanto las utilizadas como el modo de hacerlo, no puede decirse lo mismo acerca del modo de composición de la obra. En efecto, desde los últimos años del siglo pasado y primeros del actual, se mantienen dos hipótesis marcadamente distintas acerca de la composición del Decreto: la inaugurada por Anders Winroth, que sostiene una composición en dos momentos fundamentales y que dan lugar a dos recensiones y la sostenida por Carlos Larrainzar, que considera que el Decreto fue resultado de un texto vivo, que creció a lo largo de etapas sucesivas, con una historia de redacción mucho más compleja que la hipotizada por Winroth. Ambas hipótesis divergen también en la consideración de si la obra fue resultado de uno o más autores y en el papel que deba darse a un manuscrito conservado en Sankt Gallen, que Larrainzar sostiene que testimonia una versión aún más antigua de lo que posteriormente sería el Decreto de Graciano. 

Pues bien, en los capítulos 3 y 4, Recchia va a ofrecer su personal modo de servirse de estos avances de la investigación, cuya bibliografía fundamental demuestra conocer, aunque se percibe que no ha entrado en diálogo profundo con ella, para desentrañar el tratamiento de la simonía en el Decreto, concentrándose tan solo en la primera cuestión de la Causa 1. La hipótesis elegida para acceder a la evolución del pensamiento de Graciano al respecto va a ser la de Winroth, es decir, la que supone dos recensiones fundamentales. Para el conocimiento de la primera recensión, se sirve de la edición crítica provisional de esta realizada por REDC 79 (2022) Winroth y sus colaboradores y, para la segunda, de la edición más común por su fácil acceso de Emil Friedberg. De este modo, Recchia puede ofrecer el análisis de las diferencias tanto de extensión como de fuentes y de doctrina entre dos momentos de la misma obra, enriqueciendo nuestro conocimiento de la visión gracianea sobre la simonía. 

A mi juicio, el gran interés de este acercamiento es que se estén comenzando a utilizar los avances de la investigación en torno a la composición del Decreto para realizar estudios sobre la génesis y evolución de la doctrina canónica. Se trata de un camino del que pude comprobar personalmente su fecundidad hace años cuando estudié la C. 27 q. 2 y el origen y la evolución de la doctrina de Graciano sobre la formación del vínculo matrimonial. Son estudios que permiten, además, avanzar en el conocimiento de la historia del derecho canónico no solo como historia de las fuentes, sino como historia de la ciencia, al acercarnos al pensamiento en evolución de quien compuso la obra llenándola de sus aportaciones doctrinales. Por todo ello, la obra que nos presenta Recchia debe ser saludada con agradecimiento. 

En todo caso, queda abierta la cuestión de si, a la hora de utilizar los recursos que ofrecen los investigadores no deba procederse con más cautela. Me refiero al uso de una edición "crítica provisional" que, al menos donde se encuentra alojada, no ofrece los criterios de los que se ha servido su autor para realizarla. De este modo no permite valorar cómo ha fijado el texto de una recensión de la que serían testigos manuscritos tan dispares como los de Admont, Barcelona y Florencia, por citar tan solo los principales. El texto presentado como "primera recensión", más allá de la duda de si es o no "la primera", queda marcado por la sospecha de si es o no "recensión", es decir, texto que refleje mínimamente algún estadio concreto de la composición de la obra de Graciano. Quizás, y sin necesidad de entrar en la espinosa cuestión de las razones a favor y en contra de una u otra hipótesis sobre la composición del Decreto, la comparación hubiera sido mejor entre uno de los manuscritos antiguos -y sobre el de Florencia parece haber consenso de que sea el más significativo-y la "etapa o recensión" presente en la edición de Friedberg, que puede tomarse como aproximación razonablemente cercana al Decreto divulgado. 

En definitiva, nos encontramos ante una contribución que ayudará a los estudiosos de la historia del derecho canónico a conocer mejor la evolución del concepto de simonía y a percibir el interés concreto que pueden tener para la historia de la ciencia y de las instituciones los avances en el conocimiento de la composición de las fuentes canónicas. Teniendo en cuanta que el espectro de potenciales lectores no debería ser excesivamente reducido, hubiera sido deseable que los textos en latín en el cuerpo del texto se hubieran ofrecido en italiano, para favorecer una mayor familiaridad con las fuentes de los no especialistas. 

Querría terminar agradeciendo al profesor Recchia su publicación, más meritoria aún cuando debe hacer compatible su labor docente e investigadora con altas responsabilidades pastorales en su diócesis. Espero sinceramente que le permitan por muchos años seguir dedicándose, con su competencia habitual, a la investigación histórico-canónica.

section_content: Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid) nalvarez@sandamaso. es Danica SUMMERLIN, The Canons of the Third Lateran Council of 1179. Their Origins and Reception, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, 306 págs., ISBN 978-1-108-81384-6. 

La Autora se reconoce en la lista de agradecimientos como perteneciente a la "familia académica" de los historiadores del derecho canónico (p. x). En ella, en efecto, se ha formado como investigadora bajo la siempre exigente guía de Martin Brett y, participando de dicho ambiente y del intercambio de pareceres con miembros de dicha familia, ha escrito el libro que ahora se presenta. Se comprende, por ello, que estemos ante una monografía que no oculta su origen y en el que encontramos, aplicadas al estudio de los cánones del Tercer Concilio de Letrán (= 3L), las grandes convicciones metodológicas de quienes cultivan esta rama concreta de la historia. 

Si se tuvieran que resumir dichas convicciones, podría hacerse en dos afirmaciones: (i) que resulta imprescindible el estudio cuidadoso de los manuscritos, si se quiere realizar una historia de las fuentes, primero y de la ciencia y de las instituciones después; y (ii) que basta comenzar el estudio de los manuscritos para que la narrativa tradicional sobre el desarrollo del derecho canónico se tambalee. El libro de Summerlin da cumplida cuenta de hasta qué punto ambas afirmaciones son verdad, al menos en el caso del 3L. 

En efecto, la monografía, que tiene como objetivo conocer tanto el origen como la difusión de los cánones del concilio de 1179, se nutre en buena parte de los progresos realizados en el conocimiento crítico del desarrollo del derecho canónico en el siglo XII. Se trata de un progreso logrado a través del estudio de los manuscritos que conservan tanto las colecciones de decretales como los primeros comentarios al Decreto de Graciano, pasando por los manuscritos de la obra misma de Graciano y de otras colecciones que se siguieron utilizando. Como resultados iniciales de este estudio, relevantes para el objeto de la monografía, pueden señalarse dos: (i) que la afirmación de una supremacía legislativa de las decretales pontificias respecto a los cánones conciliares no es en absoluta tan obvia en el siglo XII como cuenta la narrativa tradicional; y (ii) que los concilios medievales no eran tan solo un estrado desde el que papa promulgaba sus decretos, sin discusión previa y sin resistencia posterior. De este modo, la monografía de Summerlin aporta nuevos datos para esclarecer ambas cuestiones; las dos, sin duda importantes para la comprensión del derecho canónico y de la autoridad en la Iglesia. 

El estudio del 3L, una vez presentado en capítulo 1 el estado de nuestros conocimientos acerca del derecho canónico del siglo XII se plantea buscando responder a tres preguntas: sobre el origen de dichos cánones (capítulos 2 y 3), sobre su transmisión, que es indicativa de su recepción (capítulo 4) y sobre su utilización en la vida de la Iglesia de la década inmediatamente posterior a su celebración (capítulo 5). Como ya se ha dicho, el método es el propio de la reciente escuela de historia del derecho canónico, siempre centrado en el detallado estudio de los manuscritos y de las enseñanzas seguras que de ellos se extraen. Señalo, a continuación, las aportaciones principales de cada capítulo. 

Por lo que se refiere al origen, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que sucederá con el cuatro concilio de Letrán de 1215, no consta que se hiciera una encuesta previa sobre la situación de la Iglesia, por lo que la hipótesis tradicional sostiene que la obra reformista del 3L tiene su origen únicamente en el papa y en la curia. Sería, además, algo profundamente razonable a la luz de la biografía de Alejandro III, considerado un conspicuo canonista antes de llegar al pontificado. Sin embargo, y este es uno de los argumentos más repetidos por la Autora y que, además, su monografía corrobora con nuevos datos, la biografía de Alejandro III y sus conocimientos canónicos previos necesitan ser verificados más cuidadosamente. Más bien, como se ha demostrado en el caso de Inocencio III, estaríamos ante un papa que se "hizo canonista" a través de su largo pontificado, en el que debió encontrar soluciones canónicas a todo tipo de problemas. 

Resulta, por tanto, necesario ensayar algún camino que pueda dar pistas sobre el origen de los cánones del 3L más allá de la sabiduría del papa o la voluntad de la curia. Summerlin afronta el estudio de los cánones, en primer lugar, en relación con los problemas reales que afrontaba la vida de la Iglesia en los años inmediatamente anteriores a la celebración del concilio; de este modo, descubre la necesidad de algunos de ellos. En segundo lugar, en relación con el programa de reforma de los concilios anteriores, lo que le permite encontrar algunos del 3L que pueden leerse en estricta continuidad. Solo los restantes merecerían ser considerados inicialmente como absolutamente novedosos, en relación con la situación entonces presente (por ejemplo, el canon 1, que regula la elección papal como respuesta al cisma padecido por el mismo Alejandro III) o los impulsos específicos de reforma del Papa y sus inmediatos colaboradores. 

Este acercamiento se completa en el capítulo 3 con el análisis de las temáticas del 3L en la literatura canónica del momento, principalmente en el Decreto y en los decretistas. Así, de modo similar a lo mostrado en el capítulo anterior, señala la relación de algunos cánones con preocupaciones ya consolidadas en la literatura reformista y encuentra, además, ligeros puntos de conexión con algunas temáticas novedosas del 3L. Sin embargo, la aportación más original del capítulo se encuentra en la hipótesis explicativa de algunos cánones que reproducen sustancialmente la legislación del segundo concilio de Letrán. Se trata, curiosamente, de aquellos que no fueron incorporados por Graciano en su Decreto y que corrían, por tanto, el riesgo de ser inoperantes para la vida de la Iglesia y para el estudio del derecho canónico. Su reproposición por parte del 3L indicaría indirectamente la importancia que ya tenía la obra de Graciano en la vida de la Iglesia y, directamente, el empeño de Alejandro III en considerar vigentes aspectos de la reforma del 2L, que corrían el riesgo de ser preteridos. 

Explicado así el origen de los cánones del 3L en el rico universo canónico del siglo XII, Summerlin afronta la cuestión de su recepción y transmisión en el capítulo 4. El punto de partida es la inexistencia de una bula de promulgación y la no evidencia de que fuera promulgado a través de la "repromulgación" de los cánones en distintos concilios presididos por los legados papales, práctica habitual en los decenios posteriores. De lo que sí hay evidencia, sin embargo, es de su transmisión temprana en distintas colecciones, bien de modo completo, bien de modo parcial. El estudio de esta transmisión constituye, por tanto, el único camino para salir del terreno de las opiniones y avanzar hacia hipótesis con fundamento. En este sentido, los resultados de la investigación -una transmisión con abundantes variantes textuales y diferencias en el orden y en la numeración de los cánones-sugieren una recepción plural y adaptada de los cánones. Lo que, a su vez, señala las dificultades de contar con un texto crítico de los cánones pero que, sobre todo, plantea la relación entre autoridad pontificia promulgante y comunidad cristiana receptora en términos menos verticales de los que se imaginarían en pleno nacimiento del nuevo derecho pontificio. 

Por último, la Autora rastrea en el capítulo 5 el uso de los cánones del 3L tanto por parte de los papas, como de los concilios provinciales y de los obispos, para finalizar con su utilización por parte de los canonistas. De este modo, puede mostrar cómo su uso fue razonablemente intenso desde el primer momento, a la vez que selectivo, al menos por parte de los canonistas. 

Para concluir, considero que la monografía de Summerlin ofrece al lector al menos dos lecturas posibles, ambas enormemente enriquecedoras. La primera es la que se centra en el objetivo del libro: ofrecer un análisis metodológicamente riguroso de uno de los grandes concilios medievales, yendo más allá de lo que la narrativa tradicional se contentaba con decir acerca de su origen y de su influencia. En este sentido, la aportación de la Autora es sustancial y constituye, a mi juicio, un nuevo punto de referencia para el estudio del 3L. La segunda se refiere a las consecuencias que tiene este estudio para la comprensión del derecho canónico en el siglo XII y para la evolución concreta de muchas instituciones canónicas. En efecto, la lectura del libro consolida la nueva narrativa fruto de los estudios de Brett, Somerville, Duggan y otros acerca del nacimiento del ius novum y del alcance real de poder pontificio y de su relación con los otros miembros de la Iglesia. Se trata de una narrativa más basada en las fuentes que en las grandes construcciones que, sin duda, explica mejor la complejidad de los caminos por los que suele transitar la historia de los hombres y de sus ideas, también la de los eclesiásticos. 

Todo ello hace que la Autora sea merecedora de los mayores elogios y que pueda augurársele un futuro prometedor en el campo de la historia del derecho canónico, esperando que su "familia académica" pueda beneficiarse pronto de otros estudios tan rigurosos y fascinantes como el presente.
section_name: Nicolás ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS

section_content: Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid) nalvarez@sandamaso. es Federico BERTOTTO, Analogia e diritto nella Chiesa, Venezia: Marcianum Press, 2022, 414 págs., ISBN 978-88-6512-797-1. 

Las disposiciones vigentes para el estudio del derecho canónico continúan distinguiendo en el plan de estudios las materias que explican los libros del Código de Derecho Canónico y "otras", denominadas "complementarias" o "auxiliares", según los casos. Más allá de lo que esta división hace suponer sobre la concepción del derecho que tiene el Legislador, plantea la pregunta del tipo de "complemento" o de "auxilio" que ofrecen las otras materias al estudio del Código y de la legislación complementaria. Pues bien, considero que la monografía que ahora se presenta ofrece una respuesta, concretada en el estudio de una cuestión específica e importante del ordenamiento canónico como es la analogía, acerca de la contribución específica que tanto la historia como la filosofía aportan a la formación de los canonistas y a la elaboración de una ciencia canónica que merezca el nombre de tal. 

En efecto, la cuestión de la analogía aparece en el ordenamiento canónico actual principalmente en relación con la solución de las lagunas de ley (cf. c. 20 CIC'83). En principio, como la aplicación de un razonamiento lógico para resolver una problemática no prevista por el Legislador. En un ordenamiento jurídico codificado, como es en la actualidad el canónico, se trata de una figura con la que el sistema parece resignarse a la imposibilidad real de una pretensión de absoluta exhaustividad, pero intentando minimizar los riesgos de tal apertura, legitimando su uso y determinando en qué circunstancias. Dentro de este marco conceptual se ha movido la doctrina canónica surgida en torno a las dos codificaciones latinas. 

A mi juicio, el principal mérito de la obra de Federico Bertotto, en la actualidad docente en la Facultad de Derecho Canónico San Pío X de Venecia, es haber sido capaz de plantear el tema escapando del marco conceptual que parece imponer la técnica de la codificación. En ello se percibe también la orientación de quien ha sido el director de su trabajo doctoral, base principal de esta monografía, el profesor Eduardo Baura. De este mé-rito, dependen los muchos otros que encontrará quien dedique un tiempo reposado a la lectura de esta obra. 

"Escapar" del marco conceptual que parece imponer la situación presente del derecho canónico, ha sido posible gracias al recurso simultáneo a tres disciplinas extracodiciales: la filosofía del derecho (y, en general, a la filosofía), la historia del derecho canónico y la teoría fundamental del derecho canónico. Esta última es la que ha permitido al Autor situarse con una visión crítica inicial ante lo que podrían calificarse como "efectos secundarios", no necesariamente deseados, de la codificación: un cierto positivismo jurídico y una estrecha identificación entre lo jurídico y lo legal, entre el derecho y la ley. En este sentido, el redescubrimiento del realismo jurídico clásico y su actual formulación de Javier Hervada, han permitido al Autor sospechar inicialmente que el marco actual podía ser insuficiente para captar todas las potencialidades que el recurso a la analogía encierra para el mundo jurídico y canónico. 

Planteada así la sospecha, Bertotto procura confirmarla combinando el recurso a la filosofía y a la historia del derecho, principalmente del derecho canónico. Se trata de un doble recurso que se emplea también de dos modos. El primero y fundamental consiste en distinguir entre los fundamentos filosóficos de la analogía (capítulo 1) y el recorrido histórico de su utilización en el mundo jurídico y canónico (capítulos 2 y 3). 

El recurso al estudio de la filosofía griega (Platón y Aristóteles) y de su recepción por pensadores cristianos (sobre todo Santo Tomás de Aquino) en el capítulo 1, permiten percibir la riqueza de la reflexión sobre la analogía, pero, sobre todo, su fundamentación metafísica y no solo lógica. Recordar la fundamentación metafísica de la analogía resulta esencial para esta monografía, puesto que, de este modo, se funda radicalmente su utilización en el derecho, al encontrarse este en la realidad, no siendo solo producto de la aplicación lógica de las leyes a una realidad en sí misma "ajurídica". 

De este modo, el recorrido histórico de los capítulos 2 y 3 no se concibe como una vía alternativa e independiente de acceso a la problemática, respecto a la cuestión filosófica. Más bien, aparecen como la narración del modo en que una u otra comprensión preponderante de la analogía (lógica o metafísica) han condicionado la comprensión y aplicación del ésta en los sistemas jurídicos romano y canónico y en sus distintas etapas o periodos. 

Encontramos así otro mérito indudable de la obra: la capacidad de estudiar el desarrollo de la ciencia canónica en su contexto real, que ha sido siempre el de la relación profunda no solo con la teología, sino también con la filosofía y, por supuesto, la ciencia jurídica secular. 

Para una mejor comprensión del recorrido histórico realizado por Bertotto en los capítulos 2 y 3, pueden servir tres indicaciones previas. 

La primera de ellas se refiere a lo que la misma división de los capítulos permite sugerir de entrada. Mientras el capítulo 2 incluye tanto el recorrido por la evolución del derecho romano, como el llamado derecho canónico clásico (siglos XII-XV) como el derecho tridentino (siglos XVI-XIX), el capítulo 3 se dedica en exclusiva a las dos codificaciones de la Iglesia latina. Por una parte, la estructura parece privilegiar el estudio del origen del derecho actual, marcado por la técnica de la codificación, respecto de sus antecedentes. Pero por otra, al lector le resultará evidente que el capítulo 2 le permite percibir que "en el principio no fue así"; que la analogía ha tenido otros modos de ser comprendida y utilizada en la experiencia jurídica. Y que el capítulo 3 le permite, además, saber con exactitud cómo hemos llegado a la situación actual. También quedará inicialmente sorprendido el lector por otras dos características de esta división: la inclusión de la historia del derecho romano como antecedente del derecho canónico clásico (y la omisión del derecho canónico antiguo) en el capítulo 2 y el tratamiento de una cuestión histórica (la primera codificación) con otra vigente (la segunda) en el capítulo 3. A mi juicio, son dos elecciones arriesgadas pero felices. La primera se justifica por el hecho, creo que incontestable, de que el derecho canónico se convierte en ciencia cuando se encuentra en el siglo XII con el derecho romano en un contexto universitario y de renovación metodológica. En este sentido, la "prehistoria" del recurso a la analogía como categoría explicativa del razonamiento canónico se encuentra en su distinta tematización en el derecho romano. Por su parte, la inclusión de una cuestión histórica y otra vigente en el tercer capítulo se explica tanto por la importancia que tiene la técnica de la codificacióndenominador común de ambos momentos-en la comprensión de la analogía como por la necesidad de presentar tanto las continuidades como las discontinuidades entre ambos códigos. 

La segunda indicación para la lectura tiene que ver con la distinta metodología empleada en los dos capítulos históricos y, en el caso del capítulo 2, entre sus distintas secciones. En éste, se presenta la evolución histórica del derecho romano siguiendo su división clásica, siendo fácil seguir los cambios en la comprensión de la analogía, según evoluciona la comprensión del papel del legislador en la determinación del derecho. En este contexto lineal se presentan los textos principales. Sin embargo, en el tratamiento del derecho canónico clásico, Bertotto dedica un notable esfuerzo en comprender su grandeza específica, basándose fundamentalmente en grandes maestros italianos (Calasso, Cortese y Bellomo, principalmente) para encuadrar allí, los textos sobre la analogía que otros autores comentan (Lefebvre, sobre todo). Es decir, que no se enfrenta directamente con los textos medievales en el contexto de la obra de su autor, sino presentados en el contexto más amplio de la formación del ius commune y del derecho canónico clásico. Considero que, en la medida de que el estudio histórico está supeditado a esclarecer la doctrina sobre la analogía jurídica que se va sedimentando en cada época, el acercamiento es legítimo, aunque discutible. Por último, el estudio del derecho tridentino, tras una brevísima caracterización general, se centra en la importancia de Suárez y en su recepción en los tratadistas que vehiculan la nueva enseñanza del derecho canónico hasta la codificación. Me parece una opción brillante, puesto que resalta el cambio esencial que se opera en la comprensión del derecho y que explica los cambios en la analogía. 

La metodología seguida en el capítulo 3 es, sin embargo, la clásica en el tratamiento histórico de las codificaciones, siguiendo tanto su iter de composición como su recepción en la doctrina posterior (esquema que repite en el tratamiento de ambas codificaciones). En este caso, el Autor, además de demostrar su pericia en el uso de las fuentes sobre ambos procesos de codificación, explota con éxito el estudio atento de la recepción doctrinal de los cánones, que es donde se encuentran informaciones más útiles para hacerse cargo de la problemática afrontada. 

La tercera indicación al lector es que se encontrará con una obra en la que el Autor busca facilitar la comprensión de lo escrito por distintos medios, y es de justicia agradecérselo enormemente. Por una parte, la feliz individuación de un segundo hilo conductor en el discurso (el primero es la evolución de la analogía en el mundo jurídico), que es la observación de la estrecha relación que existe entre concepción del derecho, técnica jurídica y concepción de una figura concreta. De este modo, queda patente al lector que los datos aportados en el recorrido histórico no son concesiones a la erudición, sino materia esencial para la elaboración del pensamiento crítico. Por otra, Bertotto ha sembrado de conclusiones parciales y de resúmenes sintéticos los distintos capítulos. En este caso, lejos de interrumpir el discurso facilitan enormemente la asimilación de los datos fundamentales y permiten no perderse en los intrincados vericuetos propios de la historia del pensamiento. 

Los tres capítulos apenas comentados, permiten afrontar con sólidos fundamentos el cuarto y último, en el que el Autor presenta su propuesta. Esta desarrolla las potencialidades que el realismo jurídico tiene para la mejor comprensión de la analogía y, por consiguiente, para su mejor uso en servicio del hombre y la sociedad. Para ello, siguiendo a Hervada, Errázuriz y Baura, presenta el modo en que ley y derecho deben relacionarse y supera la visión voluntarista propia de Suárez y, desde entonces, de la concepción que subyace a la producción normativa eclesial. En este marco amplio, es donde puede encontrarse el lugar propio y la comprensión adecuada de la analogía. 

En definitiva, nos encontramos ante una obra sólida, profundamente sugestiva y completamente actual. En efecto, nadie duda de que en la ciencia canónica contemporánea conviven los desarrollos metodológicos para explicar y aplicar mejor una legislación codificada y una reflexión a nivel fundamental llamada a sacar al canonista de los estrechos marcos del "siervo de la ley". Esta reflexión a nivel fundamental permite esperar en un progreso de la ciencia canónica que le permita expresar mejor a naturaleza propia del derecho y, desde allí, cumplir mejor su función. 

Nuestras felicitaciones, por tanto, al Autor y la Facultad de Derecho Canónico San Pío X que tendrá, sin duda, en el profesor Bertotto, un docente capaz y un investigador sobresaliente, tan necesarios ambos para el que las facultades de derecho canónico puedan cumplir su servicio eclesial.
section_name: Nicolás ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS

section_content: Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid) nalvarez@sandamaso. es Francisco RAMOS MÉNDEZ, Ita ius esto. Chequeo a la tutela efectiva prometida, Barcelona: Atelier, 2021, 659 págs., con múltiples ilustraciones. ISBN 978-84-18244-52-0. 

La obra se estructura en cinco capítulos, con una presentación relativa al lema de la obra: Ita ius esto, y su alcance, reconociendo que no tiene por objeto el estudio del Derecho romano, pero advierte que este ordenamiento es la raíz de su exposición relativa a la ejecución procesal, su prevención y manifestaciones principales. Los títulos de los apartados de este sugerente e interesante volumen, que es un elenco de trabajos muy bien construidos científicamente a lo largo del tiempo, y de extraordinaria utilidad para quienes se dedican a transmitir una doctrina procesal bien fundada, así como para todos los que tienen relación directa con el foro, son los siguientes: I. La tutela efectiva. Agua bendita procesal. II. El equilibrio entre prevención y anticipación. III. La realización programada. IV. La realización expeditiva. V. Laberinto de acreedores. 

Es preciso reseñar que la obra del insigne procesalista gallego incorpora, en algunas de sus partes, una bibliografía específica, junto a determinados prólogos redactados a diversos estudios publicados en ese ámbito, porque la idea central del volumen permite, sin llevar a cabo un análisis sistemático de los problemas que plantea la ejecución, ofrecer una visión crítica, profunda y minuciosa de los principales conflictos que plantea, siempre en un contexto unitario, a pesar de la diversa cronología en la que fueron redactadas algunas exposiciones. El excelente jurista barcelonés no se olvida de la perspectiva romanista en las cuestiones que son el objeto de su reflexión, como comprobamos a través de la presencia de casos puntuales que el autor ha examinado y valorado en su experiencia profesional, poco elogiosos para la correcta vigencia de la institución legal analizada y nada positivos en el juicio crítico que le merecen, que compartimos plenamente, valorando objetivamente los hechos, sin prejuicio alguno. 

La CE de 1978, proclama en su art. 24, de los Derechos y libertades, «1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión» 1. Está claro que está prohibida, por ley, la arbitrariedad de los poderes públicos, pero también las resoluciones judiciales, por muy definitivas que sean, no pueden conducir a consecuencias absurdas, por ser contrario a derecho y a la justicia, no responder a la lógica o a la razonabilidad del discurso jurídico, y mucho menos, pueden ignorar la justicia del caso. 

Como observa Díez Picazo 2, el texto constitucional no afirma que la potestad jurisdiccional consista en declarar cuál es el derecho del caso concreto o ius dicere, sino en resolver litigios y causas mediante el mecanismo dialéctico del proceso, que es una disputa entre partes contradictorias, aunque según el art. 118 tiene la función de declarar, de manera vinculante, cuál es el derecho en el caso concreto. Desde su punto de vista, señalando los articulados de diversos preceptos de la CE, como son el 24, 25, 53 y 106, combinados en la materia, la potestad jurisdiccional abarca cualquier tipo de conflicto jurídico, desde los intersubjetivos, que enfrentan dos particulares o uno particular y un ente público, hasta el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado. 

El análisis crítico de la ejecución procesal en España, que lleva a cabo brillantemente el catedrático de Barcelona, es riguroso, certero, profundo, ameno, y su subjetividad no le dificulta ni distorsiona la ponderada apreciación jurídica de las cuestiones debatidas. Destaca su enfoque desde la propia experiencia doctrinal a lo largo de cinco décadas, como experto en la disciplina, y su dedicación profesional como letrado con ejercicio pleno, jalonado de éxitos ante todo tipo de tribunales. Esta obra refleja, con elementos fácilmente verificables, que nos encontramos ante un autor muy bien documentado en el doble plano, de la reflexión teórica y alegaciones en el foro, además de bien argumentado, merced a su experiencia acumulada durante muchas décadas, con actuación en los diferentes niveles de órganos jurisdiccionales, haciendo valer sus múltiples saberes, singularmente jurídicos. Sus conocidas dotes pedagógicas le llevan a servirse del mundo jurisprudencial romano para identificar a las partes en el conflicto, con terminología usual en nuestras aulas de primer curso de Facultad, como Ticio y Cayo, Sempronio, Mevio, Marcia, Cornelia, Livia, etc., o sociedades, como Capitolio o consortium, o inmuebles como Coliseo. Sorprende al lector porque es muy oportuno, ilustrativo e ingenioso, el caso del "labrego esfarrapado" gallego, minuciosamente descrito y analizado por el jurista orensano, que revela el mundo ineficaz de nuestros tribunales de justicia, frente a una reclamación básicas de un ciudadano, que debió acudir incluso al TEDH, sin resultado provechoso final. Fórmulas anquilosadas, frases rituales, expresiones meramente formales, sin contenido, actuaciones sin valorar el caso controvertido, etc. exigen una completa revisión, a nivel teórico, pero también de la vida diaria judicial. 

Para limitarnos a unas breves consideraciones, del imponente marco de reflexiones, en materia procesal, que suscita el excelente libro del Dr. Ramos Méndez, hay una primera que llama la atención: los graves problemas de la ejecución que tiene nuestro sistema positivo no se resuelven con pequeños parches normativos, si no se abordan en profundidad, se aplican esquemas novedosos y se introducen en el funcionamiento de los tribunales una serie de reformas acordes con las exigencias actuales de la sociedad contemporánea, muy alejadas de viejas concepciones ampliamente superadas por las necesidades de la práctica. 

Uno de los principales defectos de nuestro sistema jurídico en este ámbito es la inobservancia, a pesar del principio constitucional de tutela efectiva, de los plazos legales, porque para el justiciable es algo tangible, exigible y controlable, a pesar de lo cual nuestros tribunales de justicia abiertamente no los aplican, y los litigios se alargan sin término 3. Otro dato verificable son los elevados costes que genera la administración de Justicia, que en muchos casos hace que los gastos del pleito superen a los ingresos, porque en los juicios no rigen criterios de gestión y económicos. También es preciso tomar en consideración otro elemento relativo a las garantías, para que impere un buen equilibrio entre la iniciativa de parte y el control de oficio. 

El primer grupo de exposiciones que propone el catedrático de Barcelona tienen como objeto las medidas cautelares, porque más vale prevenir, y si es preciso, anticipar el resultado, con la ejecución provisional, mediante reglas eficaces y muy oportunas que deben aplicarse al juicio El análisis que presenta de la acción de jactancia sirve, a nuestro insigne estudioso, como paradigma en muchas actuaciones procesales, porque, en algunos casos, solamente se pretende con ellas impedir, obstruir, o poner un freno a la solución justa de una reclamación, a pesar de estar bien fundada en Derecho, utilizando un instrumento procesal, que proveniente de Roma, llegó a nuestros días, aunque felizmente está carente de sentido a la luz del precepto constitucional que nos ocupa. 

Buen conocedor de la actuación de los tribunales de justicia de países vecinos, y sus reglas de funcionamiento, no duda en "comparar" para "ofrecer" resultados más satisfactorios de los que tenemos en nuestro país, como vemos en su propuesta de unificación de los cuatro procedimientos de ejecución, actualmente existentes en el ordenamiento español, eliminando duplicidades,, sin merma de las garantías para el ciudadano, porque detrás del recorrido judicial, como pone de relieve Ramos Méndez, «hay una historia humana, llena de vivencias, pasiones, alegrías, desengaños, satisfacciones y disgustos», que no puede ser ignorada por el juzgador, reduciendo la controversia a un caso más de su oficio. 

Aunque sin demasiada extensión, se refiere la doctrina más autorizada en la anticipación de la ejecución en vía cautelar, con un sincero homenaje a Piero Calamandrei, primer estudioso que planteó esta opción, y su recepción en la doctrina hispana a través de su maestro, Manuel Serra, afirmando taxativamente que la tutela efectiva en España es un flatus vocis, porque la naturaleza de los litigios ha cambiado, exigiendo una respuesta judicial mucho más perentoria y que los recursos disponibles sean más eficientes. Por ello, no duda en sostener que «la tarea de un procesalista consiste en mirar la realidad y dar respuestas operativas, si es posible de aplicación inmediata», incluso renovando la terminología, si no está adaptada a la nueva situación, por mucha historia que tenga detrás. Sirva como dato bien contrastado, de la seriedad y acierto de sus propuestas en materia de medidas cautelares, los caracteres del fumus boni iuris: «coherencia, congruencia, precavido y provisional», adoptando la medida con contradicción, para que sea al mismo tiempo sólida, mesurada, y decisiva. Puesto que no tiene como objetivo simplemente criticar la realidad del proceso actual, propone, para cumplir el objetivo de la tutela efectiva constitucional que se incorporen en los códigos procesales nuevos criterios de gestión, dando una respuesta integral, con carácter provisional, que permita utilizar cuantas normas y disposiciones sean precisas, incluso de carácter sustantivo. «A tal fin es adecuado, -proclama el autor-, reconvertir y adaptar el actual sistema de medidas cautelares a un escenario de regulación provisional de la situación litigiosa, insertado en la propia dinámica del juicio ordinario», porque la técnica presente y la experiencia del pasado ofrecen diversas alternativas para implantarlo. 

La proximidad del procesalista catalán a los temas de su disciplina y legislación en Iberoamérica, interviniendo en diversos congresos nacionales e internacionales, así como en algunas jornadas de estudio, le lleva a reflexionar sobre un "proyecto de código modelo", en la parte relativa a la ejecución, aprovechando los materiales que hay actualmente, y adaptando la normativa a la efectividad práctica. Por ello, insiste en una idea reiterada: la ejecución contra el deudor solvente funciona perfectamente, pero la dificultad se encuentra en el insolvente por la búsqueda y localización de bienes del deudor, afloración de bienes ejecutables y las esperanzas de conseguir un precio vil, que aleja a los posibles adquirentes. Una solución vendría de la intervención de ayudas externas en el proceso de ejecución, con determinados profesionales específicos, personas particulares, que colaborasen con la Administración de Justicia en temas puntuales, coincidente con otros ámbitos de actividad. Su conclusión es, como argumentaban los escolásticos con sus silogismos: «me afirmo, una vez más, en la necesidad de reforma legislativa a fondo de la ejecución», con un solo procedimiento, porque como analizado el caso de Livia contra su hermano Cayo, se constata: un pleito que ha durado quince años, termina con un título, la sentencia, que le reconoce la condición de heredera, y por tanto con derecho a la mitad de la herencia del padre, pero, a pesar de ello, «nada que llevarse al talego ni un solo activo de la herencia ha llegado a las manos de Livia», es decir, sin final todavía, remitiendo el abogado de Barcelona a una cita culta de nuestro Cervantes, tomada de Ariosto: «forse altro canterà con miglior plectro». 

Manejando con destreza y plena fiabilidad la legislación civil catalana de los últimos ochenta años, el aragonés Jaime Cáncer a los comentaristas Guillermo Durante, Paulo de Castro, Jasón del Mayno, y Alejandro de Ímola, sin encontrar reparos en denunciar el prurito de muchos profesionales del foro, y otros académicos del ámbito jurídico, que acumulan, desde las redes, multitud de datos con bibliografía abundante sobre la materia, escasamente valorados. Por este motivo, Ramos Méndez presenta un elenco de premisas válidas en orden a los resultados oportunos de la actuación procesal, que cualquiera debía tener presente, porque los pleitos son historias vivas, de personas, y los que manejan las instituciones también. Insiste en la ausencia de prisa para concluir el pleito, porque se sabe cuándo empieza, pero nunca cuando se termina, lo que no significa inactividad procesal, con asuntos favorables y otros no, sin explicación alguna, pudiendo pasar fácilmente de una calificación a otra, así como reconoce: «el foro es el crisol del dogma: digiere tanto grandes burradas, como pequeñas listezas», dando contenido al principio de contradicción, que es esencial en el litigio desde el Derecho romano. 

Los últimos apartados del excelente volumen que reseñamos, tanto por la forma como por el fondo, el Dr. Ramos entra en el proceloso mundo de las subastas judiciales, para reclamar un sistema acorde con otras similares y muy productivas fuera del proceso. No entramos más en esta materia porque en su día fuimos ilustrados de las múltiples corruptelas existentes, mediante concierto de los subasteros, a través del cual se limitan posibles adquirentes-concurrentes, y se otorga a los bienes un valor muy inferior al real de mercado. 

En esta materia, los romanos aplicaron la bonorum distractio, para obtener el máximo de rendimiento en la enajenación singular, hasta el límite de lo necesario, en beneficio del deudor ejecutado, pero ya de entrada, como buen conocedor de una materia que ha abordado en múltiples casos y tribunales, este profesor orensano empieza por recordar que la ley de suspensión de pagos de 1922 tenía 24 artículos, pero la ley concursal posterior, de 2003, pasó a 230 artículos, y si eran pocos, la LC de 2020 alcanza los 752 artículos, lo cual nada tiene que ver con el espíritu de la Ilustración que inspiró los códigos del XVIII. 

Termino con sus propias palabras: «En el fondo, parece que estuviéramos retornando al Derecho romano 4, cuando el pretor prometía acción a los ciudadanos en determinadas materias y casos. Ya les confesaba en la obertura de esta obra que hundía sus raíces en el Derecho romano. No era pues, una afirmación vana». Es el resultado de su reflexión final a los dos supuestos que expone en este libro relativos al proceso concursal, bajo el epígrafe "Labyrinthus creditorum", Los diversos procesos concursales «es una aventura que conduce al desengaño de los acreedores comunes», que desemboca en muchos casos «en cabreo y pataleo» del perjudicado, porque lo único que interesa es justificar el dato contable y fiscalmente hablando, para cargar esa partida a pérdidas, además de estar sobredimensionado en cuanto a su larga duración y coste del procedimiento, que resulta rentable solo para los que intervienen en un plano jurídico: abogados, comisarios, interventores, síndicos etc., de modo que no responden a las necesidades actuales, por estar desfasados 5, ya que hemos pasado de la microeconomía del comerciante, a la macroeconomía, en torno al empresario. Debería responder su reforma a unos criterios mínimos: reducir el proceso a uno sólo, diferenciando por el tipo de insolvencia; desprocesalizar cuanto se pueda, a través de medidas de saneamiento; profesionalizar, para que profesionales de diversos campos entren en la práctica, con una valoración de su actividad según resultado pragmático y eficaz, al estilo americano. No se puede olvidar, que las medidas de ocupación deben tener carácter ejecutivo inmediato, eliminando los abundantes privilegios existentes, algunos heredados de Roma, y retroacción, para que no dure el procedimiento cinco o seis años como mínimo, como ocurre actualmente. 

El planteamiento del autor de la obra es muy respetuoso con la normativa existente, lo que no le impide hacer las críticas constructivas que considera beneficiosas para el sistema, pese a las discrepancias que pueda esgrimir conforme a las reglas del jurisprudente en su argumentación científico-académica y profesional.
section_name: Nicolás ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS

section_content: Las últimas reformas aprobadas en Brasil, a las que se refiere GUIMARAES RIBEIRO, Darci, La pretensión procesal y la tutela judicial efectiva. Hacia una Teoría procesal del Derecho, Barcelona, Bosch, 2004, pp. 13-15, ha merecido la valoración positiva de algunos juristas con la nueva clasificación de las pretensiones, que tradicionalmente era ternaria (declarativa, constitutiva y de condena), para añadir otras dos, de mandamiento, (que en la doctrina alemana de principios del siglo XX implicaba la no producción de eficacia de cosa juzgada, y se dirige hacia otro órgano público ajeno al proceso, que en la reciente legislación brasileña ha de ser cumplido inmediatamente) y de ejecución, no identificable con el ejercicio de la actio iudicati, (para atender las necesidades reales de la sociedad, acordes con la nueva economía, especialmente las prestaciones personales o no fungibles, sin necesidad de un nuevo proceso de ejecución, consiguiendo que en ciertos casos haya una ejecución inmediata y además se asegure convenientemente los derechos de forma preventiva o represiva. 

Con los antecedentes expuestos, no hay la menor duda que el Dr. Ramos Méndez merece los mayores elogios por parte de quien ha disfrutado mucho de una lectura sugerente, interesante, enormemente actual, nada superficial, constructiva, pero con proyectos reformistas bien definidos, y fácilmente comprensibles para quienes no tenemos ejercicio en el foro, de modo que son muy dignos de ser tenidos en cuenta, de lege ferenda, por parte de los legisladores de nuestro país. 

Beatriz GARCÍA FUEYO Universidad de Málaga G. Paolo MONTINI, Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739), Madrid: Ediciones Universidad de San Dámaso, 2021, 200 págs., ISBN 978-84-17561-37-6. Original: I ricorsi gerarchici (cann. 1732 -1739 ), Roma: GBP, 2020, 228 págs., ISBN 978-88-7839-423-0. «Me he resistido durante años a la propuesta de publicar estos apuntes sobre los recursos jerárquicos y, al final, he consentido, siempre y cuando se conservara su carácter de notas para las lecciones que imparto desde hace años en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana. 

El objetivo del texto, por lo tanto, sigue siendo eminentemente práctico: ilustrar cómo se propone en la Iglesia el recurso jerárquico, cómo se desarrolla en el procedimiento y cómo se concluye con la decisión del Superior. Mi larga experiencia en la Signatura Apostólica me ha enseñado cuánta distancia se crea en muchos canonistas (incluidos doctores y profesores) entre una referencia jactanciosa y constante a los principios supremos del derecho canónico y la ignorancia de los procedimientos más elementales para actuar en el ordenamiento de la Iglesia. 

Por tanto, confío estas notas a la benevolencia de los lectores, esperando que puedan servir para una promoción más eficaz de los derechos en la Iglesia, gran legado del Concilio Vaticano II». 

Con estas palabras, G. Paolo Montini, Promotor de Justicia del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica hasta 2019 y profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana, presentaba en 2020 la edición italiana de este "manual práctico" sobre los recursos jerárquicos en la Iglesia, cuya traducción española nos ofrece ahora el Servicio de Publicaciones de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. 

Como el propio autor indica en el Prefacio de su obra, el objetivo del texto es mostrar, de manera práctica y eficaz, la aplicación y características fundamentales de esta relevante institución canónica contemplada en los cánones 1732-1739 CIC. Para ello, Montini estructura su texto en cinco capítulos y tres anexos, que pasamos brevemente a describir para que el lector pueda hacerse una idea general de sus contenidos principales. 

El capítulo primero se centra en los cc. 1732-1733, que a su vez tratan sobre el ámbito de aplicación de las normas sobre los recursos jerárquicos y los modos de evitar que éstos se interpongan contra los actos administrativos singulares. El autor comienza haciendo un poco de historia sobre la justificación y desarrollo de la justicia administrativa en la Iglesia, para pasar inmediatamente a constatar la complejidad de ofrecer una definición teórica de lo que se entiende por acto administrativo singular. Para solventar esta dificultad, el profesor Montini recurre a la casuística canónica y nos ofrece en las págs. 24ss un largo listado de los actos administrativos singulares más frecuentes y pacíficamente aceptados, tanto por la jurisprudencia de la Signatura Apostólica como por la doctrina canónica. Seguidamente, se presentan las características propias del acto administrativo singular (o decreto), contra qué actos administrativos singulares es ilegítimo el recurso jerárquico y cuáles son las instancias de conciliación según el c. 1733. Finalmente, se profundizan una serie de cuestiones particulares de gran interés para la materia que nos ocupa: a) la evolución de la previsión postconciliar de la constitución de tribunales administrativos locales; b) la aplicación del c. 1733 en la experiencia estadounidense; c) el recurso jerárquico contra los actos de los dicasterios de la Curia romana; d) nuevas praxis relativas a la aprobación en forma específica; e) los recursos jerárquicos en el contexto de las normas sobre los delicta reservata y las facultades especiales concedidas a la Congregación para el Clero y a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. 

El capítulo segundo, titulado «De praevia remonstratione (cc. 1734-1735)», analiza pormenorizadamente el sentido y contenido del recurso contemplado en el c. 1734 por el que se pide al autor del acto administrativo su reformabilidad, como paso previo, necesario y obligatorio antes de la presentación del recurso jerárquico al Superior del autor cuyo acto se quiere impugnar. Como bien indica Montini, «la reformabilidad (permanente) del acto administrativo por parte de su autor es una característica del acto administrativo, que desconoce el principio, propio del ámbito judicial, de la irretractabilidad de la sentencia definitiva (cf. c. 1626 §2) por parte del juez que la ha pronunciado». Las cuestiones particulares tratadas en este capítulo son siete, a saber: a) la falta de remonstratio (conocida también como petitio o supplicatio) no obliga al Superior que recibe el recurso jerárquico a rechazarlo; b) la intimación en algunos casos difíciles o anómalos; c) el autor del acto cuando está emitido por el vicario general; d) el autor del acto cuando está emitido por un delegado; e) el acto administrativo impugnable y sus emulaciones; f) la impugnación de un acto de un titular desprovisto de potestad de régimen administrativa; g) la solicitación al Romano Pontífice de la remissio in terminos. 

En el capítulo tercero, sobre la proposición del recurso jerárquico (c. 1737), el profesor Montini comienza subrayando el papel clave y fundamental que desempeña la Signatura Apostólica en la aplicación de la justicia administrativa en la Iglesia: «la introducción (1967) del recurso jurisdiccional ante la Signatura Apostólica ha incidido positivamente en el recurso jerárquico porque ahora las normas sobre el recurso jerárquico han adquirido más fuerza, ya que su lesión o transgresión encuentra un órgano judicial que puede sancionarla; antes de 1967 las normas sobre el recurso jerárquico eran aplicadas e interpretadas exclusivamente por la autoridad administrativa». El autor expone en este capítulo cuáles deben ser los elementos necesarios que ha de contener el escrito por el que se recurre al Superior jerárquico y quién tiene legitimación activa para interponerlo. Para ilustrar esta última cuestión, de trascendental importancia dado el tema que nos ocupa, se vale de un ejemplo bien concreto e ilustrativo: la supresión de parroquias. Entre las diversas cuestiones particulares tratadas en este capítulo, hay que destacar la relativa al recurso jerárquico contra la dimisión de un miembro de un instituto de vida consagrada (c. 700). 

El capítulo cuarto estudia la definición del recurso jerárquico a tenor de los cc. 1738-1739. En él se ofrece un estudio detallado de las características del procedimiento (abogado-procurador; normativa aplicable a tenor del c. 50; plazos; determinaciones específicas en las causas penales, etc. ), con especial incidencia en la cuestión de la motivación de la decisión del recurso jerárquico. Las cuestiones particulares tratadas en este capítulo son las siguientes: a) el c. 1739 y el principio de subsidiariedad; b) el c. 1739 y el ejercicio del derecho de defensa; c) el c. 1739 y la reformatio in peius; d) El c. 1739 y la autoridad recurrente; e) La petición de parte como requisito para la reparación de los daños de acuerdo con el c. 1739; f) La sanación del acto impugnado. 

El quinto y último capítulo versa sobre la suspensión del acto impugnado. Esta cuestión, como bien indica Montini, es de capital importancia ya que: «La suspensión del acto administrativo responde a una exigencia fundamental de justicia: no permitir que un acto ilegítimo influya (negativamente) en la vida del interesado y facilitar, en caso de victoria procesal del recurrente, el restablecimiento de la situación qua ante, que es la forma más satisfactoria de ejecución y reparación» (pág. 153). El capítulo comienza sentando el principio general que establece el canon 1736 sobre la suspensión y analizando las raras excepciones automáticas a este principio general: los recursos contra decretos penales, contra decretos de dimisión de los religiosos, contra decretos de declaración de nulidad de la profesión perpetua de religiosos, y contra la remoción y el traslado de un párroco. El capítulo sigue avanzado con el análisis de la suspensión a instancia de parte y de la cesación de la suspensión del acto impugnado, y concluye -antes de profundizar en otra relevante batería de cuestiones particulares-con una observación de carácter general, que nos parece importante reproducir: «El iter procedimental de la suspensión no está descrito detalladamente por el Código, como si el Legisladador (lamentablemente) no estuviera convencido de la frecuencia y de la necesidad de este instituto jurídico. Por lo tanto, el intérprete deberá hacer el trabajo de completarlo, utilizando los principios generales del derecho» (págs. 166s). 

La edición española, al igual que la italiana, ofrece tres anexos finales donde se contienen una serie de tablas sobre la articulación de la potestad administrativa en el marco más amplio de la potestad sagrada, los procedimientos y plazos de los recursos y la identidad jurídica vicario general/obispo diocesano, así como una amplia bibliografía de fuentes, libros y artículos utilizados por el autor a lo largo de su obra. En la edición italiana, además, pueden encontrarse tres pliegos desplegables donde se detallan de modo esquemático los recursos relativos al traslado y remoción de párrocos, así como a la dimisión del religioso de votos perpetuos de un instituto de derecho pontificio. Estos pliegos resultan muy didácticos para el lector y estudioso de la materia y es de lamentar que no estén recogidos en la edición española de este volumen. 

Al finalizar la lectura de este manual sobre los recursos jerárquicos, uno tiene la sensación de hallarse ante una obra de madurez, que sabe conjugar sabiamente las disposiciones canónicas sobre el recurso jerárquico con la dilatada experiencia de quien lo conoce con rigor y profundidad en su aplicación práctica. No en vano, el texto contiene numerosas aclaraciones, recomendaciones, subrayados y cuestiones particulares que vienen a responder, sin lugar a dudas, a las dificultades reales que surgen en la praxis habitual de los recursos jerárquicos. El vasto conocimiento que el profesor Montini muestra de esta institución canónica -en su doble vertiente: teórica y práctica-, hace de esta obra una obligada referencia tanto para la docencia canónica como para la praxis de la justicia administrativa en la Iglesia. Seguro que una lectura y asimilación de sus contenidos, ayudará sobremanera a procurar una promoción más eficaz de los derechos en la Iglesia, como su mismo autor augura.
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section_content: REDC 79 (2022) José SAN JOSÉ PRISCO, Sinodalidad. Perspectivas teológicas, canónicas y pastorales, Salamanca: Sígueme, 2022, 171 págs., ISBN 978-84-301-2118-2. 

«Nos hallamos inmersos en un proceso de conversión sinodal de la Iglesia promovido por el papa Francisco, y no podemos mantenernos al margen. Partiendo de una sólida base doctrinal, caminamos juntos y al mismo tiempo reflexionamos juntos sobre el camino recorrido, de manera que podamos ir descubriendo, a partir de las experiencias, cuáles son los procesos que favorecen la vivencia de la comunión, realizan la participación y abren a la misión, sin negar la realidad de la Iglesia, Pueblo de Dios constituido jerárquicamente por voluntad de su Fundador». 

Con estas palabras, José San José Prisco, catedrático de Derecho canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca y especialista en el derecho del Pueblo de Dios, describe el contexto y las razones que le han movido a reflexionar sobre la sinodalidad, una realidad tan actual como necesaria para la vida de la Iglesia, y que -como ya sabemos-será objeto de profundo estudio y discernimiento del próximo Sínodo de los obispos (2023). 

Las publicaciones sobre la sinodalidad que han visto la luz en los últimos tiempos son muchas. En esta que ahora se recensiona, su autor aúna armónicamente las perspectivas teológicas, canónicas y pastorales de la temática sinodal, surgiendo de esta unión de perspectivas una más que interesante y necesaria reflexión sobre el significado de este eclesial «caminar juntos» que expresa la palabra Sínodo. Esta obra del profesor San José Prisco quiere iluminar «el camino de los fieles cristianos y de las comunidades en el momento presente para responder mejor a la invitación de hacer de la Iglesia un lugar de encuentro y fraternidad, donde todos participan, aportan su propia palabra y se escuchan en caridad». 

La obra -escrita con un estilo sencillo, didáctico y a la vez rigurosoconsta de un prólogo, tres capítulos, una conclusión y tres apartados fi-REDC 79 (2022) nales en los que el autor ofrece una breve pero actualizada bibliografía sobre la cuestión sinodal, un glosario de expresiones latinas relacionadas con la sinodalidad y unos índices sobre documentos magisteriales y de cánones relacionados con la temática abordada. Brevemente describimos la estructura y contenido principal de los capítulos de este volumen. 

En el prólogo, el autor comienza subrayando algunas cuestiones claves para entender mejor el desarrollo de todo lo que va a explicar a continuación. En primer lugar, hace un breve recorrido por los principales hitos que han tenido lugar en torno a la sinodalidad desde el programático discurso del papa Francisco en 2015 con motivo del 50. º aniversario de la creación del Sínodo de los obispos. Hecho este itinerario, se indica que el camino de la sinodalidad es un camino eclesial con vocación de permanencia que no se puede banalizar y que requiere una profundización continua en el sentido y los límites que tiene. Con este fin, José San José considera que el diálogo entre la teología y el derecho canónico se hace de todo punto necesario para no desvirtuar lo que realmente significa la sinodalidad, y ese será el propósito y finalidad de las páginas de este libro: «salir al paso de las propuestas de quienes quieren ir más allá de lo que la sinodalidad puede dar», pero también «salir al paso del inmovilismo de quienes piensan que no debe hacerse nada, temiendo que el camino sinodal termine por desdibujar la identidad católica…, o la sumerja en un proceloso mar de opiniones que al final lleven a negar las verdades perennemente profesadas». 

El capítulo primero, titulado: «Una breve reflexión sobre la Iglesia», aborda dos cuestiones fundamentales que ayudan a entender mejor la dimensión sinodal de la Iglesia: el devenir de la Iglesia en la historia y la profundización en tres notas significativas de la misma: su ser Pueblo de Dios, su ser comunión y su ser sinodal. La primera cuestión nos muestra cómo la Iglesia está sujeta a la ley de la historia y cómo, por ello, el concepto mismo de Iglesia debe ser entendido como una magnitud histórica que se resiste a una fijación permanente y estática. El autor propone una mirada a la historia de la teología y del derecho canónico para poner de relieve «la evolución de la eclesiología, desde el concepto antiguo de comunión, propio del primer milenio, a la emergencia de una eclesiología universalista y centralizada del segundo milenio». Este movimiento pendular de la eclesiología encuentra en el Concilio Vaticano II un nuevo hito, cuya significación y repercusión jurídica el profesor San José Prisco va a desarrollar en la segunda parte de este capítulo bajo las tres claves anteriormente mencionadas: Iglesia como Pueblo de Dios, Iglesia como comunión e Iglesia sinodal. Estas tres notas distintivas de la Iglesia van a ser explicadas desde una doble perspectiva: la eclesiológica y la del derecho canónico. Y es precisamente en la capacidad para mostrarnos cómo han sido recibidas y articuladas canónicamente cada una de estas notas eclesiológicas, donde se nos muestra la dilatada experiencia docente del autor, indicándonos con precisión y maestría las fuentes y cánones donde se expresan realidades como la communio fidelium, la communio hierarchica, la episcopalis communio, etc. 

El segundo capítulo lleva el sugerente título: «Qué es y qué no es la sinodalidad», y como el mismo autor reconoce, la inspiración para tal contraposición la encuentra en la famosa obra de Yves Congar: Verdadera y falsa reforma en la Iglesia. El propósito de este capítulo «es ofrecer razones para aclarar los diferentes puntos de vista y situar la sinodalidad en el lugar que debe ocupar en la Iglesia y en el momento presente, con el fin de que realmente podamos leer la sinodalidad desde la "hermenéutica de la reforma en la continuidad" y podamos después organizar las estructuras de sinodalidad que existen en la diócesis según estos principios». Los epígrafes que componen este capítulo sugieren por sí mismos los contenidos que van a ser desarrollados en ellos: 1) Sinodalidad no es sinónimo de democracia; 2) Sinodalidad es inclusión; 3) Sinodalidad es una sinfonía en tres movimientos (todos: consulta al Pueblo de Dios; algunos: el discernimiento; uno: la toma de decisiones); 4) Actitudes básicas para el camino sinodal: a) verdadera escucha de los fieles, b) apertura a la novedad y al cambio, c) superación de prejuicios e ideologías y d) adquisición de una buena formación. 

El capítulo tercero -de gran interés para los menos familiarizados con las instituciones canónicas de participación y corresponsabilidad eclesialse centra en describir, a partir del Código de Derecho canónico y de otros documentos posteriores, las estructuras sinodales que pueden encontrarse a nivel de Iglesia particular, a saber: el sínodo diocesano, la asamblea diocesana, el consejo presbiteral, el consejo diocesano de pastoral, el consejo pastoral parroquial, la asamblea parroquial, así como otros medios para favorecer la sinodalidad: el consejo episcopal, el colegio de con-sultores, el cabildo de canónigos, los consejos de asuntos económicos, el colegio de arciprestes y las agrupaciones de parroquias. Las indicaciones y sugerencias dadas por el autor en cada una de las instituciones tratadas son muy interesantes y ponen de relieve las distintas posibilidades que cada una de ellas ofrece para concretar la práctica sinodal en la Iglesia particular. 

En definitiva, recomendamos vivamente la lectura de esta obra, que a buen seguro interesará tanto a teólogos como a canonistas, a pastores como a laicos, y que a todos ayudará a formarse una idea mucho más precisa y profunda de lo que significa la sinodalidad de la Iglesia y en la Iglesia. Como acaba concluyendo el autor: «No hay que tener miedo; la sinodalidad no es un peligro, no es una amenaza para la Iglesia, sino una oportunidad de conversión a la dinámica del Espíritu, que es diálogo, escucha mutua, discernimiento». «La lengua, las charlas, los chismes, son armas que devastan a la comunidad humana cada día, sembrando envidias, celos y lujuria de poder. Con ellas se puede llegar a matar a una persona». Con estas durísimas palabras y otras semejantes, el papa Francisco lleva denunciando desde el inicio de su pontificado el daño moral y espiritual que la difamación y la calumnia producen en la vida del hombre y de la Iglesia. Y es que, desde los comienzos de la vida cristiana, ya en el mismo Nuevo Testamento, la Iglesia ha condenado con vehemencia y determinación los atentados contra el honor y la buena fama de las personas. La calumnia, la difamación, la pérdida del honor y todo ese complejo mundo de la maledicencia son males que afligen a la humanidad desde que esta existe; es algo que tristemente podemos constatar a diario en nuestra sociedad cual cáncer que se multiplica en un mundo donde los medios y redes sociales de comunicación tienen una presencia y poder cuasiomnímodos. 

El libro que aquí se recensiona tiene como objetivo reflexionar acerca del poder destructivo de la calumnia en la vida de la Iglesia y proponer posibles caminos que ayuden a remediar este mal tan difundido como dañino para la vida de los fieles. La calumnia, la difamación y todo género de maledicencia dañan -no sólo y principalmente-a quienes son víctimas de estos ataques, sino también a la entera comunidad eclesial y a sus mismos autores: personas enfermas necesitadas, bien de ayuda psicológica, bien de una verdadera conversión espiritual. 

Los autores de esta publicación son F. J. Campos Martínez y M. E. Luparia, profesores respectivamente de Derecho canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca y de Psicoterapia vocacional en la Pontificia Universidad lateranense de Roma. Ambos aúnan su experiencia pas-toral y los conocimientos propios de sus respectivos saberes para ofrecernos una obra de carácter divulgativo, fácil de leer y, sobre todo, interesante y oportuna en los tiempos que corren. 

El volumen consta de diez capítulos, a los cuales precede un sugestivo prólogo titulado: «Armas de destrucción masiva» y clausura un epílogo cuyo título nos indica el propósito final de la obra: «Por una renovación evangélica del corazón y la palabra». Tras unos primeros capítulos dedicados a estudiar la calumnia en la revelación bíblica y el magisterio del Papa Francisco, los autores reflexionan sobre sus consecuencias a nivel psicológico, espiritual y pastoral, para finalmente explorar en el Derecho eclesial respuestas y caminos que ayuden a erradicar un mal tan arraigado como desatendido en la vida de la Iglesia. Veamos a continuación los principales argumentos de cada una de estos capítulos. 

El primer tema tratado es el de la calumnia en la revelación bíblica. Los autores muestran cómo el buen y mal uso de la lengua, además de ser un viejo tema de la literatura universal, es una cuestión que tiene amplia resonancia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde se llega a considerar la ira difamadora en ciertos extremos como un delito tan grave que no hay para él castigo humano, sino sólo divino. La historia de Susana recogida en el libro de Daniel, la equiparación hecha por Jesús entre la difamación y el «¡No matarás!» del Quinto mandamiento del Decálogo y las condenas de San Pablo sobre la calumnia y la murmuración, son el eje en torno al cual gira este primer capítulo. 

En el segundo capítulo se subrayan, sin ánimo de exhaustividad, algunas de las intervenciones más significativas del papa Francisco sobre la calumnia y la difamación, especialmente con motivo de sus homilías en las celebraciones eucarísticas diarias de la capilla Santa Marta. Puede decirse que, en pocos pontificados como éste, un papa ha condenado tan enérgicamente y con tanta vehemencia este grave atentado contra el honor y la fama de las personas. El Papa subraya en estas meditaciones cómo de manera más o menos consciente excusamos y toleramos falsedades, rumores y juicios superficiales, sin pensar lo más mínimo en sus graves consecuencias. De las múltiples meditaciones y homilías que los autores han utilizado para extraer las citas de este capítulo, se ofrece una relación completa, a modo de anexo, al final del volumen. 

El perfil del calumniador y las consecuencias devastadoras de su maledicencia sobre el calumniado y la comunidad eclesial -ya sea ésta parroquial, religiosa o diocesana-son los temas estudiados en los tres siguientes capítulos. Los contenidos aquí expuestos se articulan desde tres perspectivas complementarias: la psicológica, la intraeclesial y la espiritual. Ciertamente, esta opción metodológica nos ayuda a clarificar y distinguir los distintos aspectos que subyacen en la compleja problemática de la calumnia y la difamación. 

Las principales referencias canónicas sobre el derecho al honor y la buena fama serán el objeto del capítulo sexto. Como afirman los profesores Campos y Luparia, «uno de los retos más importantes que a nivel pastoral y canónico tiene la Iglesia en los tiempos actuales es el de una tutela adecuada y efectiva de la dignidad y buena fama de sus fieles. Ésta ha de hacerse siempre y en cualquier circunstancia, pero de un modo especial en aquellos casos y situaciones donde el buen nombre y la reputación de quien ostentan un ministerio público en la Iglesia puede verse afectado». En este sentido, los autores desmenuzan los diversos aspectos implicados y relacionados con este derecho en los casos de imputación de delitos a quienes tienen algún tipo de responsabilidad eclesial. Unido al derecho a la buena fama se halla el derecho a la intimidad y privacidad, cuestión abordada en el capítulo siguiente. 

Con la reciente reforma del derecho penal canónico, los delitos de calumnia y falsa acusación recogidos en el can. 1390 han experimentado un significativo cambio, pasando la imposición de la pena observada por dichos delitos de ser facultativa a preceptiva. Además, los autores muestran en este capítulo cómo, lamentablemente, no son pocos los ejemplos de falsas denuncias contra religiosos y ministros ordenados, generando con ello un sufrimiento indescriptible en quienes pasan por ese amargo trance. 

«Difamación y medios de comunicación» es el título del capítulo noveno del libro. En él se pone de relieve el papel de los medios de comunicación social en la creación y difusión de difamaciones y fake news. Estos, con mucha frecuencia, en su afán y urgencia por informar, rehúyen el arduo trabajo de búsqueda y contrastación de la verdad, para ofrecer noticias frívolas, morbosas, que buscan saciar a un público sediento de información rápida y sensacionalista. En esta línea, los autores afirman sin ambages que «este poder de los medios para amplificar los escándalos de nuestra sociedad encuentra un especial ensañamiento y desproporción cuando las acusaciones se refieren a miembros de la Iglesia Católica, siendo la cuestión de la pederastia eclesial -por ejemplo-uno de los argumentos más esgrimidos contra ella». Esta problemática y la respuesta de la autoridad eclesial ante ella es abordada detenidamente en este penúltimo capítulo. 

De la obligación de restaurar la buena fama y reparar el daño causado a las personas heridas por la calumnia y la difamación se ocupa el último capítulo. En él se exponen la normativa canónica sobre el resarcimiento de daños y la necesidad de que la autoridad eclesial procure efectivamente no sólo que la verdad emerja, sino que ésta triunfe, despejando cualquier duda sobre los calumniados y depurando claramente cualquier tipo de responsabilidad con las medidas que el derecho eclesial le ofrece. 

Finalmente, hay que reconocer que este libro consigue sensibilizar al lector sobre la gravedad de la calumnia y la difamación en la vida de la Iglesia, resultando ser una más que interesante contribución, desde la experiencia pastoral y la prospectiva canónica, al abordaje eclesial de esta compleja y dolorosa problemática. Como acaban concluyendo los autores del libro: «Paradójicamente, en un mundo donde tanto se cuida la imagen, la salud física y el medio ambiente, se olvida cada día más la necesidad de cuidar nuestra interioridad y nuestras relaciones interpersonales, haciendo un verdadero esfuerzo por purificarlas de aquellos elementos que las contaminan». 

Justo GARCÍA SÁNCHEZ Universidad de Oviedo
section_name: Francisco J. CAMPOS MARTÍNEZ