Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.
Source: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

num: Artículo 1
paragraphs: Creación de empleo en signos, índices o módulos.
A efectos de determinar el rendimiento neto de las actividades a las que resulte aplicable y por las que no se haya renunciado a la modalidad de signos, índices
o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no se computarán como personas asalariadas, en el ejercicio 1996, los trabajadores contratados por tiempo indefinido con posterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y que a 31 diciembre de 1996 o el día de cese en el ejercicio de la actividad, si fuese anterior, continúen en plantilla.
La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior exigirá que el número de personas asalariadas a 31 diciembre de 1996 o al día de cese en el ejercicio de la actividad, si fuese anterior, sea superior al número de las existentes el día anterior a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley. A estos efectos se computarán como personas asalariadas las que presten sus servicios al empresario en todas las actividades que desarrolle, con independencia del método o modalidad de determinación del rendimiento neto de cada una de ellas.
num: Artículo 2
paragraphs: Reducción del rendimiento neto en estimación objetiva por signos, índices o módulos.
El rendimiento neto de las actividades a las que resulte aplicable y por las que no se haya renunciado a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá reducirse en un 15 por 100 durante 1996.
El rendimiento neto a que se refiere el párrafo anterior será el resultante exclusivamente de la aplicación de las normas que regulan la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva.
La reducción se tendrá en cuenta a efectos de los pagos fraccionados correspondientes al ejercicio 1996 que deban efectuarse con posterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley.
Esta reducción será compatible con la prevista en el artículo 13, apartado 1, del Real Decreto-ley 3/1993, de 26 de febrero, de medidas urgentes sobre materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo.
num: Artículo 3
paragraphs: Deducción en la cuota por creación de empleo.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades podrán deducir de la cuota íntegra correspondiente al primer período impositivo que concluya después de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, la cantidad de 1.000.000 de pesetas por cada trabajador contratado por tiempo indefinido con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma, siempre que dicho trabajador sea mayor de 45 años o minusválido, con el límite del incremento de hombres/año empleados correspondiente a ese período impositivo en relación al inmediato anterior, debiendo mantenerse el incremento de plantilla durante dos años como mínimo.
Esta deducción se perderá cuando los trabajadores que generaron este derecho permanezcan en la empresa menos de dos años, salvo que se contrate otro con las mismas condiciones sin que dé derecho a la deducción.
Lo previsto en el párrafo anterior también será de aplicación para el ejercicio 1996 a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades empresariales o profesionales y que determinen su rendimiento neto mediante el método de estimación directa.
Los trabajadores contratados que dieran derecho a la deducción prevista en este artículo no se computarán a efectos de la libertad de amortización con creación de empleo regulada en el Real Decreto-ley 7/1994, de 20 de junio y en el Real Decreto-ley 2/1995, de 17 de febrero, y en el artículo 123 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
num: Artículo 4
paragraphs: Reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la transmisión de la empresa familiar y de la vivienda habitual.
Se introduce un apartado 5 en el artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con el siguiente contenido:
num: Artículo 5
paragraphs: Actualización de balances.
1. Podrán acogerse, con carácter voluntario, a la actualización de valores regulada en la presente disposición:
a) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades por obligación personal de contribuir.
b) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obligación real de contribuir mediante establecimiento permanente.
c) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades empresariales y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, y los que realicen actividades profesionales siempre que cumplan con las obligaciones registrales que reglamentariamente se establezcan a estos efectos.
2. Serán actualizables los elementos patrimoniales del inmovilizado material situados tanto en España como en el extranjero. Tratándose de sujetos pasivos por obli gación real de contribuir mediante establecimiento permanente, los elementos patrimoniales deberán estar afectos a dicho establecimiento permanente.
También serán actualizables los elementos patrimoniales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, y los solares y terrenos de las empresas inmobiliarias.
La actualización se referirá necesariamente a la totalidad de los elementos patrimoniales susceptibles de la misma.
3. La actualización de valores se practicará respecto de los elementos del inmovilizado material que figuren en el primer balance cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición, siempre que se encuentren efectivamente en estado de uso y utilización y que no se hallen fiscalmente amortizados.
El importe de las revalorizaciones contables que resulten de las operaciones de actualización se llevarán a la cuenta Reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, que formará parte de los fondos propios.
Las operaciones de actualización se realizarán dentro del período comprendido entre la fecha de cierre del balance a que se refiere el párrafo primero del presente apartado y el día en que termine el plazo para su aprobación. En la declaración correspondiente al balance actualizado, que deberá presentarse dentro del plazo legalmente establecido, constará dicho balance y la información complementaria que se determine por el Ministro de Economía y Hacienda. Tratándose de personas jurídicas, el balance actualizado deberá estar aprobado por el órgano social competente.
4. No podrán acogerse a la presente disposición las operaciones de incorporación de elementos patrimoniales no registrados en los libros de contabilidad ni las de eliminación de dichos libros de los pasivos inexistentes.
5. Los sujetos pasivos que practiquen la actualización deberán satisfacer un gravamen único del 3 por 100 sobre el saldo acreedor de la cuenta Reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio. Este gravamen se ingresará conjuntamente con la declaración por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas relativa al período impositivo al que corresponda el balance en el que constan las operaciones de actualización.
El importe del gravamen único no tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades ni del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, su importe se cargará a la cuenta Reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, y no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible de los tributos anteriormente referidos.
El gravamen único tendrá la consideración de deuda tributaria.
6. Las operaciones de actualización se practicarán aplicando los coeficientes que reglamentariamente se determinen. A estos efectos, el Gobierno, antes de que finalice el presente año, aprobará la tabla de coeficientes de actualización que enlazará con la actualización de elementos patrimoniales autorizada por la Ley 9/1983, de 13 de julio, de Presupuestos Generales del Estado. En dicha tabla se recogerá la depreciación producida desde la actualización autorizada por la Ley 9/1983, y se podrán tomar en consideración las circunstancias relativas a la forma de financiación de las empresas y profesionales, sea a través de los propios coeficientes contenidos en la misma o mediante un coeficiente específico, así como las circunstancias derivadas de las actividades que realizan dichos empresarios o profesionales.
Los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera:
a) Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o producción del elemento patrimonial. El coeficiente aplicable a las mejoras será el correspondiente al año en que se hubieran realizado.
b) Sobre las amortizaciones correspondientes al precio de adquisición o coste de producción que fueron fiscalmente deducibles, atendiendo al año en que se dedujeron. No obstante, se tomarán, como mínimo, las amortizaciones que debieron realizarse con dicho carácter.
Tratándose de elementos patrimoniales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, se considerarán amortizaciones, a los exclusivos efectos de la presente actualización, las recuperaciones de coste que hayan sido fiscalmente deducibles.
Tratándose de elementos patrimoniales contenidos en el primer balance cerrado en o a partir de 31 de diciembre de 1983, se considerará como precio de adquisición o coste de producción de los mismos el valor que tenían en dicho balance.
Tratándose de elementos patrimoniales que hubieran sido, con posterioridad a la fecha del cierre del balance a que se refiere el párrafo anterior, objeto de revalorizaciones, incluso las amparadas por la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas, los coeficientes se aplicarán sobre el precio de adquisición o coste de producción, sin tomar en consideración las mencionadas revalorizaciones.
7. La diferencia entre las cantidades determinadas por aplicación de lo previsto en los párrafos a) y b) del apartado anterior y el valor anterior a la realización de las operaciones de actualización de los elementos patrimoniales, teniendo en cuenta las amortizaciones que fueron fiscalmente deducibles, será el importe de la plusvalía debido a la depreciación monetaria. El importe resultante se abonará a la cuenta Reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, y sumado al valor anterior a la realización de las operaciones de actualización, teniendo en cuenta las amortizaciones que fueron fiscalmente deducibles, determinará el nuevo valor del elemento patrimonial actualizado.
El nuevo valor resultante de la actualización no podrá exceder del valor de mercado de los elementos patrimoniales actualizados, teniendo en cuenta su estado de uso en función de sus desgastes técnicos y económicos y de la utilización que de ellos se haga por el sujeto pasivo.
8. El saldo de la cuenta Reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, no se integrará en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades ni del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El nuevo valor resultante de la actualización se amortizará, en la forma que reglamentariamente se determine, a partir del primer período impositivo siguiente a la fecha de cierre del balance al que se refieren las operaciones de actualización, pero no surtirá efectos en el primer pago fraccionado que se realice en relación a los períodos impositivos que se inicien durante 1997 por la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 38 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades ni en los dos primeros pagos fraccionados a efectuar en 1997 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
9. El saldo de la cuenta Reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio será indisponible hasta que sea comprobado y aceptado por la Administración tributaria. Dicha comprobación deberá realizarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de cierre del balance en el que consten las operaciones de actualización, en la forma que reglamentariamente se determine. Una vez efectuada la comprobación o transcurrido el plazo para realizar la misma, el saldo de la cuenta podrá destinarse a la eliminación de resultados contables negativos, a la ampliación del capital social o, transcurridos diez años contados a partir de la fecha de cierre del balance en el que se reflejaron las operaciones de actualización, a reservas de libre disposición. Dichas reservas darán derecho a la deducción por doble imposición de dividendos prevista en el artículo 28 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
La aplicación del saldo de la cuenta Reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio a finalidades distintas de las previstas en el párrafo anterior, determinará la integración del mismo en la base imponible del período impositivo en el que dicha aplicación se produjo, no pudiendo compensarse con dicho saldo las bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores.
10. Las pérdidas habidas en la transmisión de elementos patrimoniales actualizados se minorarán, a los efectos de su integración en la base imponible, en el importe del saldo de la cuenta Reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio correspondiente a dichos elementos. Dicho saldo será disponible.
num: Artículo 6
paragraphs: Modificación del artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El artículo 45 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, queda redactado como sigue:
num: Artículo 7
paragraphs: Modificación del artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El artículo 46 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, queda redactado como sigue:
num: Artículo 8
paragraphs: Modificación del artículo 66 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El artículo 66 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quedará redactado como sigue:
num: Artículo 9
paragraphs: Modificación del artículo 67 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El artículo 67 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quedará redactado como sigue:
num: Artículo 10
paragraphs: Modificación del artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El artículo 72 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quedará redactado como sigue:
num: Artículo 11
paragraphs: Modificación del artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El artículo 75 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quedará redactado como sigue:
num: Artículo 12
paragraphs: Modificación de la disposición transitoria quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La disposición transitoria quinta de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, queda redactada como sigue:
num: Artículo 13
paragraphs: Incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley.
Se añade una disposición transitoria a la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el siguiente contenido:
num: Artículo 14
paragraphs: Tipo de gravamen de las rentas irregulares en 1996.
Se añade una disposición transitoria a la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el siguiente contenido:
num: Artículo 15
paragraphs: Modificación de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
Uno. Se modifica el artículo 1, al que se le añade un nuevo apartado 3 con la siguiente redacción:
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 2, al que se le añade un nuevo párrafo con la siguiente redacción:
Tres. Se modifica el artículo 15, al que se añade un nuevo apartado 5 con la siguiente redacción:
num: Artículo 16
paragraphs: Supresión de la Junta Superior de Precios.
Uno. Queda suprimida la Junta Superior de Precios. Sus funciones en relación con los precios autorizados serán asumidas por la Dirección General de Política Económica y Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía y Hacienda, cuyo informe será preceptivo para la aprobación por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de las modificaciones de precios detallados en el anexo 1. Se exceptúan los precios de la electricidad, cuyo informe compete a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, las tarifas telefónicas y de los servicios de telecomunicaciones determinados por la normativa del
sector, cuyo informe compete a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que se crea por el Real Decreto-ley 6/1996, y el gas canalizado para usos domésticos y comerciales y gases licuados del petróleo (costes de comercialización), cuyo informe compete al Ministerio de Industria y Energía.
Dos. Las modificaciones de precios solicitadas se valorarán teniendo en cuenta la evolución de los costes del sector y las ganancias de productividad, en el marco del establecimiento de crecimientos máximos de los precios sectoriales formulados en términos de variaciones del IPC minoradas en determinados porcentajes. Excepcionalmente podrán utilizarse técnicas alternativas, siendo necesaria su previa justificación ante el órgano competente para informar las modificaciones de precios.
Tres. Quedan liberalizados los precios autorizados de ámbito nacional que no han sido incluídos en el anexo 1 de este Real Decreto-ley.
Cuatro. La aprobación de los precios autorizados de ámbito autonómico contemplados en el anexo 2 compete a las Comisiones Autonómicas y Provinciales de Precios.
Cinco. Los precios comunicados de ámbito nacional y autonómico incluidos en los anexos 2 y 4 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 de febrero de 1993, que modifica el régimen de precios de determinados bienes y servicios, quedan eximidos de los correspondientes requerimientos.
Seis. Las competencias de la suprimida Junta Superior de Precios para desarrollar y mantener la información que permita el seguimiento permanente de los precios de los principales bienes y servicios en sus distintos niveles de comercialización quedan asumidas por la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Hacienda.
Siete. Corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la aprobación de las variaciones de los precios incluidos en el anexo 1, así como la de dicha relación de precios.
num: Artículo 17
paragraphs: Modificación del Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, de Medidas Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales.
Se modifica el artículo 12, que queda redactado de la siguiente forma:
num: Artículo 18
paragraphs: Modificación del Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, de Medidas Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales.
Se modifica el artículo 14, que queda redactado de la siguiente forma:
num: Artículo 19
paragraphs: Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto de Sociedades.
Se modifica el punto 1 del artículo 69, que queda redactado de la siguiente forma:
num: Artículo 20
paragraphs: Préstamos participativos.
Uno. Se considerarán préstamos participativos aquéllos que tengan las siguientes características:
a) La entidad prestamista percibirá un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria. El criterio para determinar dicha evolución podrá ser: el beneficio neto, el volumen de negocio, el patrimonio total o cualquier otro que libremente acuerden las partes contratantes. Además, podrán acordar un interés fijo con independencia de la evolución de la actividad.
b) Las partes contratantes podrán acordar una cláusula penalizadora para el caso de amortización anticipada. En todo caso, el prestatario sólo podrá amortizar anticipadamente el préstamo participativo si dicha amortización se compensa con una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que éste no provenga de la actualización de activos.
c) Los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes.
d) Los préstamos participativos tendrán la consideración de fondos propios a los efectos de la legislación mercantil.
Dos. Los intereses devengados tanto fijos como variables de un préstamo participativo se considerarán partida deducible a efectos de la base imponible del Impuesto de Sociedades del prestatario.
num: Artículo 21
paragraphs: Modificación de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de normas reguladoras de las Instituciones de Inversión Colectiva.
Se da nueva redacción al segundo inciso del artículo 10.2 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, quedando el artículo como sigue:
Por otro lado, se añade el siguiente párrafo en el artículo 10.2:
num: Artículo 22
paragraphs: Liberalización de los servicios funerarios
Se liberaliza la prestación de los servicios funerarios.
Sin perjuicio de lo anterior, los Ayuntamientos podrán someter a autorización la prestación de dichos servicios. La autorización tendrá carácter reglado, debiéndose precisar normativamente los requisitos objetivos necesarios para obtenerla y se concederá a todo solicitante que reúna los requisitos exigidos y acredite disponer de los medios materiales necesarios para efectuar el transporte de cadáveres.
num: Artículo 23
paragraphs: Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Se modifica el apartado 3 del artículo 86, suprimiendo la mención «servicios mortuorios».
num: Artículo 24
paragraphs: Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Se modifica el apartado 1.c) del artículo 26, quedando redactado de la siguiente forma:
num: Artículo 25
paragraphs: Condiciones de acceso a las instalaciones.
El presente Real Decreto-ley establece las condiciones de acceso de terceros a las instalaciones fijas de recepción, almacenamiento y transporte de productos petrolíferos, así como las instalaciones de recepción y almacenamiento de Gases Licuados de Petróleo (GLP) propiedad de la «Compañía Logística de Hidrocarburos, Sociedad Anónima» (CLH), «Repsol Butano, Sociedad Anónima» y «Distribuidora Industrial, Sociedad Anónima» (DISA), que podrán ser utilizadas por terceros en los términos y condiciones establecidos en el presente Real Decreto- ley.
El acceso de terceros a las instalaciones antedichas deberá realizarse en condiciones no discriminatorias, transparentes y objetivas para los mismos y sólo podrá ser denegado por las causas establecidas en el artículo 5.
En aquellos productos sometidos a obligación de existencias mínimas, el acceso de terceros incluirá la prestación de almacenamiento estratégico, si bien de forma proporcional a la utilización operativa que de las instalaciones pretenda realizarse.
No está incluido en este derecho el envasado de GLP en las instalaciones de envasado propiedad de Repsol Butano y Disa, ni el uso de las instalaciones aeroportuarias para el suministro a aeronaves.
num: Artículo 26
paragraphs: Requisitos para la solicitud de utilización de las instalaciones.
Podrán solicitar la utilización de las instalaciones a las que se refiere el artículo 25 quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Operadores autorizados para realizar la actividad de distribución al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos al amparo del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre y operadores autorizados para ejercer la actividad de suministro al por mayor de GLP al amparo del Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre.
b) Aquellas empresas cuyo consumo anual de fuel-oil supere las 50.000 Tm/año.
c) Aquellas empresas cuyo consumo anual de queroseno supere las 125.000 Tm/año.
d) Aquellas empresas cuyo consumo anual de gases licuados de petróleo supere las 15.000 Tm/año.
El Ministerio de Industria y Energía podrá modificar, cuando así lo aconseje la evolución de los mercados, los límites anteriormente fijados.
num: Artículo 27
paragraphs: Contrato de acceso a las instalaciones.
Quienes pretendan acceder a las instalaciones a las que se refiere el artículo 25 deberán dirigirse a las empresas titulares de las mismas a fin de suscribir el correspondiente contrato.
A estos efectos, las empresas titulares deberán elaborar los correspondientes contratos tipo que someterán, en el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, a la aprobación de la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía para que manifieste su conformidad o reparos a los mismos sobre la base de los principios de no discriminación, transparencia y objetividad.
num: Artículo 28
paragraphs: Comunicación de precios.
Los titulares de las instalaciones comunicarán a la Dirección General de la Energía, del Ministerio de Industria y Energía, la relación de precios por la utilización de las referidas instalaciones. La falta de pronunciamiento expreso en el plazo de un mes, tendrá efecto estimatorio.
num: Artículo 29
paragraphs: Limitación del acceso de terceros a las instalaciones.
Los titulares de las instalaciones a las que se refiere el artículo 25 podrán denegar el acceso de terceros en los siguientes supuestos:
a) Que existan razones técnicas que lo imposibiliten.
b) Que no exista capacidad disponible durante el período contractual propuesto por el potencial usuario.
c) Que el solicitante del transporte o servicio esté domiciliado en un Estado no comunitario que, conforme al principio de reciprocidad internacional, no permita el otorgamiento de derechos similares a los aquí contenidos.
d) Que se trate de operadores, personas o entidades, públicas o privadas, que siendo titulares, directa o indirectamente, de instalaciones semejantes, no permitan, por cualquier causa, el acceso a las mismas de terceros.
e) Que el solicitante no se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de utilizaciones anteriores.
En cualquiera de los supuestos anteriores, el titular de las instalaciones deberá comunicar su negativa exponiendo las razones de la misma a la Dirección General de la Energía del MINER, quien previa audiencia de las partes, resolverá, en el plazo de treinta días, la procedencia o no de la citada utilización y, en su caso, el plazo y condiciones de la misma.
num: Disposición adicional primera. Prórroga del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes.
paragraphs: Se prorroga por un plazo de seis meses la autorización concedida al Gobierno por el artículo 2 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes, para remitir a las Cortes el correspondiente proyecto de Ley de reordenación de la regulación de las prestaciones patrimoniales afectadas por la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 24 de diciembre.
num: Disposición adicional segunda. Coeficientes de actualización correspondientes a 1996.
paragraphs: A efectos de lo previsto en el apartado dos del artículo 46 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el coeficiente de actualización del valor de adquisición aplicable en el caso de transmisiones que tengan lugar en 1996, a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, será el 1,000.
num: Disposicion adicional tercera. Controladores laborales.
paragraphs: 1. En el ejercicio de sus funciones, los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Controladores Laborales están autorizados para entrar y permanecer libremente y en cualquier momento, en todo centro y lugar de trabajo sujeto a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En el ejercicio de sus funciones, dichos funcionarios tienen el carácter de Agentes de la autoridad, pudiendo recabar el oportuno auxilio de la autoridad competente o de sus Agentes si fuesen obstruidos o perturbados en tal ejercicio. En todo caso, las acciones u omisiones que impidan o perturben el ejercicio de las funciones de los Controladores laborales serán consideradas obstrucción en los términos de los artículos 49 y concordantes de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
num: Disposición transitoria. Precios regulados.
paragraphs: Hasta que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones esté en disposición de ejercer las funciones descritas en el apartado uno, del artículo 2, del capítulo I del presente Real Decreto-ley, éstas serán asumidas de forma transitoria por la Dirección General de Política Económica y Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía y Hacienda.
num: Disposición derogatoria primera.
paragraphs: Queda derogado el artículo 20 del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera.
num: Disposición derogatoria segunda.
paragraphs: Queda derogado el artículo 11 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversión y Reindustrialización, así como cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley.
num: Disposición final primera. Desarrollo reglamentario y entrada en vigor de determinados preceptos.
paragraphs: Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Real Decreto-ley.
Se faculta al Ministro de Industria y Energía a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de las previsiones contenidas en los artículos 26 al 30 del presente Real Decreto-ley.
No obstante las modificaciones introducidas por los artículos 8, 9 y 10 en la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, entrarán en vigor el 1 de enero de 1997.
num: Disposición final segunda.
paragraphs: El presente Real Decreto-ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».