Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Source: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

num: Artículo 1
paragraphs: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Uno. Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley, y de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, la escala autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será la siguiente:
Dos. Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley, y de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1.b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, se establecen las siguientes deducciones en la cuota íntegra autonómica:
1. Por nacimiento o adopción de hijos.–Los contribuyentes podrán deducir las siguientes cantidades por cada hijo nacido o adoptado en el período impositivo:
a) 600 euros si se trata del primer hijo.
b) 750 euros si se trata del segundo hijo.
c) 900 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.
En el caso de partos o adopciones múltiples, las cuantías anteriormente citadas se incrementarán en 600 euros por cada hijo.
Sólo tendrán derecho a practicar la deducción los padres que convivan con los hijos nacidos o adoptados. Cuando los hijos nacidos o adoptados convivan con ambos progenitores el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos si optaran por tributación individual. Para determinar el número de orden del hijo nacido o adoptado se atenderá a los hijos que convivan con el contribuyente a la fecha de devengo del impuesto, computándose a dichos efectos tanto los hijos naturales como los adoptivos.
2. Por adopción internacional de niños.–En el supuesto de adopción internacional, los contribuyentes podrán deducir 600 euros por cada hijo adoptado en el período impositivo.
Se entenderá que la adopción tiene carácter internacional cuando así resulte de las normas y convenios aplicables a esta materia. Esta deducción es compatible con la deducción por nacimiento o adopción de hijos regulada en el apartado Dos.1 de este artículo.
Cuando el niño adoptado conviva con ambos padres adoptivos y éstos optasen por tributación individual, la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.
3. Por acogimiento familiar de menores.–Los contribuyentes podrán deducir, por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo, administrativo o judicial, siempre que convivan con el menor durante más de ciento ochenta y tres días del período impositivo, las siguientes cantidades:
a) 600 euros si se trata del primer menor en régimen de acogimiento familiar.
b) 750 euros si se trata del segundo menor en régimen de acogimiento familiar. c) 900 euros si se trata del tercer menor en régimen de acogimiento familiar o sucesivo.
A efectos de determinación del número de orden del menor acogido solamente se computarán aquellos menores que hayan permanecido en dicho régimen durante más de ciento ochenta y tres días del período impositivo. En ningún caso se computarán los menores que hayan sido adoptados durante dicho período impositivo por el contribuyente.
No dará lugar a esta deducción el supuesto de acogimiento familiar preadoptivo cuando se produjera la adopción del menor durante el período impositivo, sin perjuicio de la aplicación de la deducción establecida en el apartado Dos.1 anterior.
En el supuesto de acogimiento de menores por matrimonios o uniones de hecho, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos si optaran por tributación individual.
4. Por acogimiento no remunerado de mayores de sesenta y cinco años y/o discapacitados.–Los contribuyentes podrán deducir 900 euros por cada persona mayor de sesenta y cinco años o discapacitada con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, que conviva con el contribuyente durante más de ciento ochenta y tres días al año en régimen de acogimiento sin contraprestación, cuando no diera lugar a la obtención de ayudas o subvenciones de la Comunidad de Madrid.
No se podrá practicar la presente deducción, en el supuesto de acogimiento de mayores de sesenta y cinco años, cuando el acogido esté ligado al contribuyente por un vínculo de parentesco de consanguinidad o de afinidad de grado igual o inferior al cuarto.
Cuando la persona acogida genere el derecho a la deducción para más de un contribuyente simultáneamente, el importe de la misma se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos si optaran por tributación individual.
5. Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de treinta y cinco años.–Los contribuyentes menores de treinta y cinco años podrán deducir el 20 por 100, con un máximo de 840 euros, de las cantidades que hayan satisfecho en el período impositivo por el arrendamiento de su vivienda habitual. Sólo se tendrá derecho a la deducción cuando las cantidades abonadas por el arrendamiento de la vivienda habitual superen el 10 por 100 de la base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente.
6. Por donativos a fundaciones.–Los contribuyentes podrán deducir el 15 por 100 de las cantidades donadas a fundaciones que cumplan con los requisitos de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, y persigan fines culturales, asistenciales o sanitarios o cualesquiera otros de naturaleza análoga a éstos.
En todo caso, será preciso que estas fundaciones se encuentren inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente y que éste haya ordenado su depósito en el Registro de Fundaciones.
7. Para compensar la carga tributaria de determinadas ayudas.–Los contribuyentes que integren en la base imponible de este impuesto el importe de las ayudas percibidas en aplicación del Decreto 47/2000, de 23 de marzo, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la concesión de ayudas a quienes sufrieron prisión durante al menos un año, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, podrán aplicar una deducción en la cuota íntegra autonómica por importe de 600 euros. Cuando esta deducción ya se haya practicado en períodos impositivos anteriores, la deducción aplicable será la resultante de minorar el importe de 600 euros en la cuantía de las deducciones ya practicadas, sin que el resultado de esta operación pueda ser negativo.
8. Límites y requisitos formales aplicables a determinadas deducciones.
a) Sólo tendrán derecho a la aplicación de las deducciones establecidas en el apartado Dos, números 1, 3, 4 y 5 anteriores, aquellos contribuyentes cuya base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro, no sea superior a 25.620 euros en tributación individual o a 36.200 euros en tributación conjunta.
b) A efectos de la aplicación de la deducción contenida en el apartado 6 anterior, la base de la misma no podrá exceder del 10 por 100 de la base liquidable, entendiendo como tal la suma de la base liquidable general y la de ahorro del contribuyente.
c) Las deducciones contempladas en este artículo requerirán justificación documental adecuada. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior:
1.º Los contribuyentes que deseen gozar de la deducción establecida en el apartado Dos.3 deberán estar en posesión del correspondiente certificado acreditativo de la formalización del acogimiento, expedido por la Consejería competente en la materia.
2.º Los contribuyentes que deseen gozar de la deducción establecida en el apartado Dos.4 deberán disponer de un certificado, expedido por la Consejería competente en la materia, por el que se acredite que ni el contribuyente ni la persona acogida, han recibido ayudas de la Comunidad de Madrid vinculadas con el acogimiento.
3.º La deducción establecida en el apartado Dos.5 de este artículo requerirá la acreditación del depósito de la fianza correspondiente al alquiler en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid formalizado por el arrendador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y en el Decreto 181/1996, de 5 de diciembre, por el que se regula el régimen de depósito de fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Madrid. A tales efectos, el contribuyente deberá obtener una copia del resguardo de depósito de la fianza.
num: Artículo 2
paragraphs: Impuesto sobre el Patrimonio.
Uno. Mínimo exento.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el artículo 28 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio se fija:
1. Con carácter general en 112.000 euros.
2. En el caso de contribuyentes discapacitados con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100, en 224.000 euros.
Dos. Tipo de gravamen.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.1.b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el artículo 30 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, la base liquidable del impuesto será gravada conforme a la siguiente escala:
num: Artículo 3
paragraphs: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Uno. Reducciones de la base imponible.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el artículo 20.1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en las adquisiciones «mortis causa», incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros sobre la vida, la base liquidable se obtendrá aplicando a la base imponible las siguientes reducciones, que sustituyen a las análogas del Estado reguladas en el artículo 20.2 de la citada Ley:
1. La que corresponda de las incluidas en los grupos siguientes:
Grupo I: adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años, 16.000 euros, más 4.000 euros por cada año menos de veintiuno que tenga el causahabiente, sin que la reducción pueda exceder de 48.000 euros.
Grupo II: adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes, 16.000 euros.
Grupo III: adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad, 8.000 euros. Grupo IV: en las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños, no habrá lugar a reducción.
Se aplicará, además de las que pudieran corresponder en función del grado de parentesco con el causante, una reducción de 55.000 euros a las personas discapacitadas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio; la reducción será de 153.000 euros para aquellas personas que, con arreglo a la normativa antes citada, acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.
2. Con independencia de las reducciones anteriores, se aplicará una reducción del 100 por 100 con un límite de 9.200 euros, a las cantidades percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando su parentesco con el contratante fallecido sea el de cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado. En los seguros colectivos o contratados por las empresas en favor de sus empleados se estará al grado de parentesco entre el asegurado fallecido y el beneficiario.
La reducción será única por sujeto pasivo, cualquiera que fuese el número de contratos de seguros de vida de los que sea beneficiario. En el caso de que tenga derecho al régimen de bonificaciones y reducciones que establece la disposición transitoria cuarta de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el sujeto pasivo puede optar entre aplicar dicho régimen o la reducción que se establece en este apartado.
Cuando se trate de seguros de vida que traigan causa en actos de terrorismo, así como en servicios prestados en misiones internacionales humanitarias o de paz de carácter público, será de aplicación lo previsto en el párrafo b) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
3. En los casos en los que en la base imponible de una adquisición «mortis causa» que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en entidades a los que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4.Ocho de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, o de derechos de usufructo sobre los mismos, para obtener la base liquidable se aplicará en la base imponible, con independencia de las reducciones que procedan con arreglo a los apartados anteriores, otra del 95 por 100 del mencionado valor neto, siempre que la adquisición se mantenga, durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente dentro de este plazo.
En los supuestos del párrafo anterior, cuando no existan descendientes o adoptados, la reducción será de aplicación a las adquisiciones por ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer grado y con los mismos requisitos recogidos anteriormente. En todo caso, el cónyuge supérstite tendrá derecho a la reducción del 95 por 100.
Del mismo porcentaje de reducción, con el límite de 123.000 euros para cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia señalado anteriormente, gozarán las adquisiciones «mortis causa» de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.
Cuando en la base imponible correspondiente a una adquisición «mortis causa» del cónyuge, descendientes o adoptados de la persona fallecida se incluyeran bienes comprendidos en los del artículo 4, apartados Uno, Dos y Tres de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en cuanto integrantes del Patrimonio Histórico Español o Cultural de las Comunidades Autónomas, se aplicará asimismo una reducción del 95 por 100 de su valor con los mismos requisitos de permanencia señalados en el primer párrafo.
En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia al que se refiere el presente apartado, el adquirente beneficiario de esta reducción deberá declarar tal circunstancia a la Administración tributaria de la Comunidad de Madrid y pagar la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada junto con los correspondientes intereses de demora dentro del plazo de treinta días hábiles desde que se produzca el hecho determinante del incumplimiento.
Dos. Otras reducciones de la base imponible de adquisiciones «mortis causa».
1. Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuando en la base imponible del impuesto se integren indemnizaciones satisfechas por las Administraciones públicas a los herederos de los afectados por el síndrome tóxico, se practicará una reducción propia del 99 por 100 sobre los importes percibidos, cualquiera que sea la fecha de devengo del impuesto. Asimismo, se aplicará el mismo porcentaje de reducción y con el mismo carácter en las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo percibidas por los herederos.
2. No será de aplicación la reducción anterior cuando las indemnizaciones percibidas estén sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Tres. Tarifa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, la tarifa prevista en el número 1 del artículo 21, de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, será la siguiente:
Cuatro. Cuota tributaria.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.c) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, la cuota tributaria prevista en el artículo 22.1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se obtendrá aplicando a la cuota íntegra el coeficiente multiplicador en función de la cuantía del patrimonio preexistente y de los grupos de parentesco siguientes:
Cuando la diferencia entre la cuota tributaria obtenida por aplicación del coeficiente multiplicador que corresponda y la que resultaría de aplicar a la misma cuota íntegra el coeficiente multiplicador inmediato inferior sea mayor que la que exista entre el importe del patrimonio preexistente tenido en cuenta para la liquidación y el importe máximo del tramo del patrimonio preexistente que motivaría la aplicación del citado coeficiente multiplicador inferior, aquélla se reducirá en el importe del exceso.
En los casos de seguros sobre la vida se aplicará el coeficiente que corresponda al patrimonio preexistente del beneficiario y al grupo en que por su parentesco con el contratante estuviese encuadrado. En los seguros colectivos o contratados por las empresas en favor de sus empleados se estará al coeficiente que corresponda al patrimonio preexistente del beneficiario y al grado de parentesco entre éste y el asegurado.
Si no fuesen conocidos los causahabientes en una sucesión, se aplicará el coeficiente establecido para los colaterales de cuarto grado y extraños cuando el patrimonio preexistente exceda de 4.021.000 euros, sin perjuicio de la devolución que proceda una vez que aquéllos fuesen conocidos.
Cinco. Bonificaciones.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.d) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, serán aplicables las siguientes bonificaciones:
1. Bonificación en adquisiciones «mortis causa».–Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicarán una bonificación del 99 por 100 en la cuota tributaria derivada de adquisiciones «mortis causa» y de cantidades percibidas por beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integren la porción hereditaria del beneficiario.
2. Bonificación en adquisiciones «inter vivos».–En las adquisiciones «inter vivos», los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicarán una bonificación del 99 por 100 en la cuota tributaria derivada de las mismas. Será requisito necesario para la aplicación de esta bonificación que la donación se formalice en documento público.
Cuando la donación sea en metálico o en cualquiera de los bienes o derechos contemplados en el artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, la bonificación sólo resultará aplicable cuando el origen de los fondos donados esté debidamente justificado, siempre que, además, se haya manifestado en el propio documento público en que se formalice la transmisión el origen de dichos fondos.
Seis. Uniones de hecho.–A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo se asimilarán a cónyuges los miembros de uniones de hecho que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.
num: Artículo 4
paragraphs: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Uno. Tipos de gravamen en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el artículo 11.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base imponible los tipos de gravamen siguientes:
1. Con carácter general, en la transmisión de inmuebles así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto en los derechos reales de garantía, se aplicará el tipo del 7 por 100.
2. Se aplicará el tipo reducido del 4 por 100 a las transmisiones de inmuebles en las que se adquiera, por personas físicas, la propiedad de viviendas ubicadas dentro del Distrito Centro del Municipio de Madrid, incluidos los anejos y garajes que se transmitan conjuntamente con aquéllas, siempre que se cumplan simultáneamente los requisitos siguientes:
a) Que la vivienda esté ubicada en el Distrito Centro del Municipio de Madrid.
b) Que la vivienda tenga una superficie construida inferior a 90 metros cuadrados y una antigüedad mínima de sesenta años.
c) Que vaya a constituir la vivienda habitual de los adquirentes durante al menos cuatro años, entendiéndose que se cumple este requisito cuando así lo alegue el contribuyente, sin perjuicio de la posterior comprobación administrativa.
d) Que la vivienda no haya sido objeto de una rehabilitación en todo o en parte subvencionada con fondos públicos en los quince años inmediatamente anteriores al momento de la adquisición.
En el caso de que no se cumpliera el requisito de permanencia a que se refiere la letra c), el adquirente beneficiario del tipo reducido deberá declarar tal circunstancia a la Administración tributaria de la Comunidad de Madrid y pagar la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la aplicación del tipo de gravamen reducido, más los intereses de demora correspondientes dentro del plazo de treinta días hábiles desde que se produzca el hecho determinante del incumplimiento.
3. Se aplicará el tipo impositivo reducido del 4 por 100 a la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, siempre que se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Que el sujeto pasivo sea titular de una familia numerosa.
b) Que el inmueble constituya la vivienda habitual de la familia numerosa de la que sea titular el sujeto pasivo. Se considerará vivienda habitual la que se ajusta a la definición y requisitos establecidos por la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) Que, en el supuesto de que la anterior vivienda habitual fuera propiedad de alguno de los titulares de la familia numerosa, ésta se venda en el plazo de dos años anteriores o posteriores a la adquisición de la nueva vivienda habitual.
No será exigible este requisito cuando se adquiera un inmueble contiguo a la vivienda habitual para unirlo a ésta, formando una única vivienda de mayor superficie.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, tendrán la consideración de familias numerosas aquellas que defina como tales la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.
Dos. Tipos de gravamen en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base imponible los tipos de gravamen siguientes:
1. Primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de viviendas cuando el adquirente sea persona física:
a) Se aplicará el tipo 0,2 por 100 cuando se transmitan viviendas de protección pública reguladas en la Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid, con una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, que no cumplan los requisitos para gozar de la exención en esta modalidad del impuesto.
Cuando el adquirente de la vivienda de protección pública sea un titular de familia numerosa, se aplicará el límite máximo incrementado de superficie construida que resulte de lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y en sus normas de desarrollo.
b) Se aplicará el tipo 0,4 por 100 cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o inferior a 120.000 euros.
c) Se aplicará el tipo 0,5 por 100 cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o inferior a 180.000 euros y superior a 120.000 euros.
d) Se aplicará el tipo 1 por 100 cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea superior a 180.000 euros. En la determinación del valor real de la vivienda transmitida se incluirán los anejos y plazas de garaje que se transmitan conjuntamente con aquélla, aun cuando constituyan fincas registrales independientes.
2. Primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la constitución de hipoteca en garantía de préstamos para la adquisición de vivienda cuando el prestatario sea persona física:
a) Se aplicará el tipo 0,4 por 100 cuando el valor real del derecho que se constituya sea igual o inferior a 120.000 euros.
b) Se aplicará el tipo 0,5 por 100 cuando el valor real del derecho que se constituya sea igual o inferior a 180.000 euros y superior a 120.000 euros.
c) Se aplicará el tipo 1 por 100 cuando el valor real del derecho que se constituya sea superior a 180.000 euros.
A los efectos de las letras a), b) y c) anteriores se determinará el valor real del derecho que se constituya de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2.c) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
3. Cuando de la aplicación de los tipos de gravamen regulados en los números 1 y 2 anteriores resulte que a un incremento de la base imponible corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento, se reducirá la cuota resultante en la cuantía del exceso.
4. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles respecto de las cuales se haya renunciado a la exención contenida en el artículo 20.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aplicará el tipo de gravamen del 1,5 por 100.
5. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten actos o contratos distintos de los regulados en los números anteriores, se aplicará el tipo de gravamen del 1 por 100.
num: Artículo 5
paragraphs: Tributos sobre el Juego.
Uno. Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite y azar.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley y de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en relación con la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite y azar, la previsión normativa contenida en el artículo 3, apartados tercero y cuarto, del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas, queda sustituida por la siguiente:
Dos. Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley y de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, la Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, cuando la Administración de la Comunidad de Madrid autorice la celebración o hubiera sido la competente para autorizarla en los supuestos en que se organicen o celebren sin dicha autorización, queda regulada en los siguientes términos:
Uno. La previsión normativa del artículo 38 del Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, del Texto Refundido de Tasas Fiscales, queda sustituida por la siguiente:
Dos. La previsión normativa del artículo 40 del Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, del Texto Refundido de Tasas Fiscales, queda sustituida por la siguiente:
num: Artículo 6
paragraphs: Modificación parcial del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto legislativo 1/2002, de 24 de octubre.
Con efectos a partir de 1 de enero del año 2008, se modifica, en los términos que a continuación se detallan, el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto legislativo 1/2002, de 24 de octubre.
Uno. Dentro del artículo 19, se modifica su apartado 2, que pasa a tener la siguiente redacción:
Dos. Dentro del artículo 31, se modifica el párrafo segundo de su apartado 1, que pasa a tener la siguiente redacción:
Tres. Se modifica el artículo 32.1, en el siguiente sentido:
1.º El epígrafe «F» pasa a tener la siguiente denominación:
2.º El apartado «F» pasa a tener el siguiente contenido:
Cuatro. Se modifica el artículo 32.1, letra «T», modificándose la referencia a la «tasa por ejecución de inspecciones y emisión de informes de la Dirección General de Salud Pública», quedando redactada de acuerdo con el siguiente tenor literal:
Cinco. Dentro de la «Tasa por servicios administrativos de ordenación y gestión del juego», regulada en el Capítulo V del Título IV, se modifica el artículo 56, Tarifas, en el siguiente sentido:
1. Se suprime la tarifa 5.03., por Acreditaciones profesionales.
2. Se modifica el título de la tarifa 5.04., que pasa a tener el siguiente tenor literal:
3. Se introducen dos nuevas subtarifas en la tarifa 5.04., con el siguiente tenor literal:
4. Se crean dos nuevas tarifas, con el siguiente tenor literal:
Seis. Dentro de la «Tasa por emisión de informe sobre el valor de bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión», regulada en el Capítulo VII del Título IV, se modifican los artículos 65, 66 y 67, que quedan redactados de acuerdo con el siguiente tenor literal:
Siete. Dentro de la «Tasa por ordenación de instalaciones y actividades industriales, energéticas y mineras» regulada en el Capítulo IX del Título IV, y dentro del artículo 79:
1. Se adicionan dentro de la tarifa 9.18 «Instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico e instalaciones radiactivas», tres nuevas subtarifas, con el siguiente tenor literal:
2. Se adiciona una nueva tarifa 9.20, con el siguiente tenor literal:
3. Se adiciona una nueva tarifa 9.21, con el siguiente tenor literal:
Ocho. Dentro de la «Tasa por inspección técnica y emisión de certificados de características de vehículos», regulada en el Capítulo X del Título IV, y dentro del artículo 85:
1. Se modifica dentro de la tarifa 10.01 «Inspecciones Técnicas», la subtarifa 1001.4, que queda redactada de acuerdo con el siguiente tenor literal:
2. Se modifican, dentro de la tarifa 10.02 «Inspecciones previas a matriculación de vehículos procedentes de la Unión Europea o importados, incluidos los traslados de residencia», las subtarifas 1002.1 y 1002.2., que quedan redactadas de acuerdo con el siguiente tenor literal:
Nueve. Dentro de la «Tasa por la ordenación del transporte», regulada en el Capítulo XXII del Título IV, y dentro del artículo 139:
1. Se establece una nueva tarifa de acuerdo con el siguiente tenor literal:
2. Se establece una nueva tarifa de acuerdo con el siguiente tenor literal:
Once. Se modifica la «Tasa por ejecución de inspecciones y emisión de informes de la Dirección General de Salud Pública», regulada en el Capítulo LVIII del Título IV, quedando redactada con el siguiente tenor literal:
Doce. Se modifican las «Tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos», reguladas en el Capítulo LIX del Título IV, dando nueva redacción a los artículos 291 a 301, ambos inclusive y quedando sin contenido los artículos 302 y 303; todo ello de acuerdo con el siguiente tenor literal:
Trece. Se establece una nueva tasa por actuaciones administrativas en materia de vivienda protegida, en el Capítulo LXXVIII del Título IV, con el siguiente tenor literal:
Catorce. Se establece una nueva tasa por actuaciones y servicios en materia de certificaciones de eficiencia energética de viviendas y edificios, en el Capítulo LXXIX del Título IV, con el siguiente tenor literal:
num: Artículo 7
paragraphs: Modificación parcial de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Se modifica el primer párrafo del apartado 4 del artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que queda redactado en los siguientes términos:
num: Artículo 8
paragraphs: Modificación parcial de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 10, que queda redactado en los siguientes términos:
Dos. El artículo 11 queda redactado en los siguientes términos:
num: Artículo 9
paragraphs: Reconocimiento de trienios a los funcionarios interinos.
1. Los funcionarios interinos devengarán los trienios por los servicios que presten a partir de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, órganos de gestión sin personalidad jurídica propia y demás entidades de Derecho público y entes del sector público de ella dependientes.
2. En iguales términos, se reconocerán los servicios prestados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyos efectos económicos, de proceder, serán en todo caso posteriores a su entrada en vigor.
3. Mediante orden de la Consejería de Hacienda se regulará el procedimiento para hacer efectivo lo establecido en el presente precepto.
num: Artículo 10
paragraphs: Modificación parcial de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Uno. Se añade un tercer apartado al artículo 26 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid que tendrá la siguiente redacción:
Dos. Se modifica el artículo 29.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid con la siguiente redacción:
Tres. Se adiciona una nueva letra f) al artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid con la siguiente redacción:
Cuatro. Se añade el siguiente inciso in fine en el apartado 1 del artículo 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid:
Cinco. Se modifica el artículo 91.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid que queda como sigue:
La letra b) del artículo 91.3 mantiene su actual redacción.
Seis. Lo dispuesto en el artículo 57 f) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, prevalecerá sobre las legislaciones sectoriales afectadas en lo referente a la tramitación y al plazo de emisión de los informes necesarios requeridos.
num: Artículo 11
paragraphs: Compatibilidad de servicios de carácter asistencial en el sector público sanitario por razones de interés público.
1. El personal sanitario dependiente de la Consejería de Sanidad y de sus organismos autónomos, empresas públicas y entes del sector público de la Comunidad de Madrid adscritos, podrá compatibilizar un segundo puesto de trabajo de carácter asistencial o ejercer una segunda actividad en el sector público, si así lo exigiera el interés del propio servicio público.
2. Se declara de interés público, a efectos de compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector público sanitario de la Comunidad de Madrid, la prestación de servicios de carácter asistencial en los centros sanitarios públicos de Atención Primaria, Especializada y SUMMA 112.
3. En consecuencia, se podrá conceder autorización de compatibilidad, en razón del interés público, para el ejercicio de una segunda actividad de carácter asistencial en el sector público sanitario de la Comunidad de Madrid en los ámbitos delimitados en el apartado 2 de este artículo. Esta autorización no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario en ningún de los dos puestos compatibilizados y se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
Lo dispuesto en este artículo se entiende en el marco de lo dispuesto en la normativa laboral y de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
num: Artículo 12
paragraphs: Modificación parcial de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.
Se modifica el artículo 86.1 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, en el siguiente sentido:
Introducir entre los términos «... Naturaleza ...» y «... o cualquier otro tipo de infraestructura ...», el término «..., actividades deportivas ...».
num: Artículo 13
paragraphs: Agencia Madrileña para la Emigración.
Uno. Creación de la Agencia Madrileña para la Emigración.
1. Se crea la Agencia Madrileña para la Emigración, configurada como ente de Derecho público de los previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y adscrita a la Consejería competente en materia de emigración.
2. La Agencia Madrileña para la Emigración tendrá personalidad jurídica propia y gozará de plena capacidad jurídica y de obrar y autonomía de gestión.
Dos. Régimen jurídico general.
1. La Agencia se regirá por lo dispuesto en la presente ley y en las disposiciones que la desarrollen y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
2. La Agencia, como ente institucional de Derecho público, podrá ejercer, para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos y la necesaria agilización y racionalización de sus procedimientos, las potestades administrativas que se deriven del ámbito de aplicación de esta ley y de sus facultades de organización y actuación.
3. Cuando la Agencia actúe en el ejercicio de potestades administrativas, será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Las resoluciones dictadas en el ejercicio de estas potestades por los órganos de gobierno de la Agencia pondrán fin a la vía administrativa y contra aquéllas podrá interponerse recurso de reposición o recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos previstos por las leyes.
5. Los contratos que celebre la Agencia se regirán por la legislación sobre contratos del sector público, en lo que le sea de aplicación.
6. La Agencia podrá constituir o participar en el capital de toda clase de entidades que adopten la forma de sociedad mercantil y cuyo objeto social esté vinculado con los fines y objetivos de aquélla, en los términos previstos en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. A este fin la Agencia podrá encargar a estas entidades la realización de las actividades y contrataciones necesarias.
Tres. Fines.
1. La Agencia Madrileña para la Emigración tiene como finalidad el diseño, elaboración, planificación, gestión, ejecución y evaluación de las políticas de emigración de la Comunidad de Madrid, conforme a las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno y por la Consejería competente por razón de la materia, dirigidas a:
a) Los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartados 2 y 3 del Estatuto de Autonomía.
b) Los descendientes directos de los anteriores, hasta el grado que se determine reglamentariamente, inscritos como madrileños en el correspondiente Consulado.
c) Los madrileños emigrantes que hayan retornado o retornen a España para fijar su residencia en la Comunidad de Madrid, siempre que ostentaran la nacionalidad española antes del regreso.
2. Corresponde en exclusiva a la Agencia Madrileña para la Emigración el cumplimiento de los objetivos que, en materia de emigración, constituyan la política del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la atención, ayuda y promoción de los madrileños residentes en el exterior, así como para el apoyo a las colectividades, centros y casas regionales para el desarrollo de programas asistenciales y culturales a favor de aquéllos.
Cuatro. Funciones.
1. Corresponden a la Agencia Madrileña para la Emigración las siguientes funciones:
a) La elaboración, en coordinación con el resto de Consejerías competentes, del proyecto del Plan de Ayuda para la Emigración de la Comunidad de Madrid.
b) La coordinación, ejecución y evaluación del Plan de Ayuda para la Emigración de la Comunidad de Madrid.
c) El desarrollo de las acciones y la consecución de los objetivos que sean específicamente encomendados por el Consejo de Gobierno o por la Consejería competente por razón de la materia.
d) La colaboración con la Administración General del Estado y el resto de las Administraciones públicas en materia de emigración.
e) La representación de la Comunidad de Madrid, cuando no corresponda a su Presidente o al titular de la Consejería competente por razón de la materia, en los órganos estatales o autonómicos destinados a coordinar las políticas de emigración.
f) La formulación de propuestas en relación con las acciones de ayuda, protección y apoyo a los madrileños residentes en el exterior.
g) La emisión de informes sobre las iniciativas propuestas por las distintas Consejerías que puedan afectar a la ayuda, protección y apoyo de los madrileños en el exterior.
h) La emisión de estudios e informes relacionados con la situación de la población emigrante de la Comunidad de Madrid.
i) La celebración de los convenios de colaboración con cualesquiera personas jurídicas públicas o privadas que contribuyan, con medios propios o ajenos, al desarrollo de las políticas de emigración.
j) El desarrollo de cualesquiera otras funciones que impliquen el ejercicio de las competencias en materia de emigración.
2. En el ejercicio de sus funciones, la Agencia actuará con plena autonomía financiera y de gestión.
Cinco. Órganos de gobierno.
1. Son órganos de gobierno de la Agencia Madrileña para la Emigración los siguientes:
a) El Consejo de Administración.
b) El Presidente del Consejo de Administración.
c) El Director.
2. Bajo la supervisión del Consejo de Administración, podrán establecerse órganos de dirección que tendrán la función de ejercer la dirección superior de las unidades y los servicios de la Agencia, para asegurar su funcionamiento y operatividad, así como la del personal a su servicio, su vigilancia y control, y todas aquellas funciones que les sean delegadas y encomendadas por sus órganos de gobierno.
Seis. El Consejo de Administración.
1. El Consejo de Administración de la Agencia Madrileña para la Emigración estará compuesto por el Presidente del Consejo, el Director y los vocales.
2. Son vocales del Consejo de Administración:
a) El Viceconsejero de la Consejería a la que esté adscrita la Agencia.
b) El Secretario General Técnico de la Consejería a la que esté adscrita la Agencia.
c) El Viceconsejero competente en materia de inmigración y cooperación.
d) Hasta tres vocales más, nombrados por el Presidente del Consejo de Administración.
3. El Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, designará un Secretario que habrá de ser licenciado en Derecho y preferentemente funcionario público. El Secretario convocará las reuniones del Consejo por decisión de su Presidente y asistirá a las mismas con voz pero sin voto.
4. Los miembros del Consejo de Administración no podrán cobrar retribuciones por el ejercicio de sus funciones como tales, pero sí devengar dietas por asistencia en la forma que dispongan las normas reguladoras correspondientes.
5. Corresponden al Consejo de Administración las siguientes funciones:
a) La aprobación del proyecto de Plan de Ayuda para la Emigración de la Comunidad de Madrid, con carácter previo a su sometimiento al Consejo de Gobierno.
b) La aprobación del programa de actuación anual que desarrolle el Plan de Ayuda para la Emigración de la Comunidad de Madrid.
c) El seguimiento, la supervisión de la ejecución y la evaluación del Plan de Ayuda a la Emigración.
d) El seguimiento y la supervisión del programa de actuación anual y de las acciones en materia de emigración específicamente encomendadas a la Agencia.
e) La definición de la posición de la Agencia en las relaciones interadministrativas con la Administración General del Estado y el resto de las Administraciones autonómicas en materia de emigración.
f) La aprobación de las propuestas en relación con las acciones de ayuda, protección y apoyo a los madrileños residentes en el exterior.
g) El conocimiento de los informes evacuados por el Director sobre las iniciativas propuestas por las distintas Consejerías que puedan afectar a la ayuda, protección y apoyo de los madrileños en el exterior.
h) La creación de órganos de dirección que tengan la función de ejercer la dirección de unidades o servicios de la Agencia para asegurar su funcionamiento y operatividad.
i) La aprobación del anteproyecto de presupuesto de la Agencia, que se integrará en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
j) La aprobación de las cuentas anuales y de la memoria anual de las actividades de la Agencia, que serán presentadas al titular de la Consejería de adscripción.
k) La aprobación de acuerdos sobre la administración del patrimonio de la Agencia.
l) La adopción de decisiones que puedan corresponder a la Agencia en relación con las sociedades anónimas en las que tuviera participación.
m) La propuesta, cuando así corresponda, del nombramiento y sustitución de los miembros de los consejos de administración de las empresas públicas que pudieran ser creadas o participadas por la Agencia.
6. El régimen de acuerdos del Consejo de Administración será el previsto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Siete. El Presidente del Consejo de Administración.–El Presidente del Consejo de Administración será el titular de la Consejería competente en materia de emigración y velará por la consecución efectiva de los objetivos y fines asignados. Además, le corresponden las siguientes funciones:
a) La representación institucional superior de la Agencia.
b) El control directo de la actuación del Director.
c) La suscripción, en nombre de la Agencia, de convenios, conciertos y demás instrumentos de colaboración, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de la Comunidad de Madrid, así como de los contratos de la Agencia, en cuanto órgano de contratación de ésta.
d) La decisión sobre la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración y el establecimiento del orden del día de aquéllas, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones y sugerencias de los demás miembros formuladas con la antelación suficiente.
e) La presidencia de las sesiones, la dirección y moderación del desarrollo de los debates y su suspensión cuando concurran causas justificadas.
f) La facultad de dirimir con su voto los empates que se produzcan en las votaciones, a efectos de la adopción de acuerdos.
g) El visado de las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo de Administración.
h) El desempeño del resto de competencias que pueda atribuirle el ordenamiento jurídico.
i) Cualesquiera otras funciones del Consejo de Administración que, por acuerdo de éste, pudieran serle delegadas.
Ocho. El Director.
1. El Director de la Agencia Madrileña para la Emigración será nombrado y cesado mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Presidente del Consejo de Administración.
2. Corresponden al Director las funciones siguientes:
a) Asegurar la ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración, velando por su cumplimiento.
b) La elaboración y propuesta al Consejo de Administración, con carácter bienal, del proyecto del Plan de Ayuda a la Emigración.
c) La elaboración y propuesta al Consejo de Administración del programa de actuación anual.
d) La ejecución del Plan de Ayuda a la Emigración y del programa de actuación anual, siguiendo las instrucciones que, en su caso, hayan sido formuladas por el Consejo de Administración o su Presidente.
e) La ejecución de las acciones específicamente encomendadas a la Agencia, siguiendo las instrucciones que, en su caso, hayan sido formuladas por el Consejo de Administración o su Presidente.
f) La formulación de propuestas en relación con las acciones de ayuda, protección y apoyo a los madrileños residentes en el exterior.
g) La elaboración de informes sobre las iniciativas propuestas por las distintas consejerías que puedan afectar a la ayuda, protección y apoyo de los madrileños en el exterior.
h) La representación de la Agencia en el Consejo de Madrileños en el Exterior.
i) La llevanza del Registro de Asociaciones y Centros de Madrileños en el Exterior.
j) La elaboración y propuesta al Consejo de Administración del anteproyecto de presupuesto de la Agencia, la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas al Consejo de Administración de su cumplimiento.
k) La autorización de los gastos y la ordenación de los pagos.
l) La jefatura superior de personal.
m) La propuesta a la Consejería de Hacienda, para su aprobación, de la relación de puestos de trabajo y sus correspondientes plantillas presupuestarias, así como sus modificaciones.
n) El control directo de la actuación de los órganos de dirección, en su caso, sin perjuicio de las funciones de supervisión del Consejo de Administración.
ñ) El ejercicio de las funciones que le hayan sido delegadas y de cualesquiera otras que, siendo de competencia de la Agencia, no estén específicamente atribuidas a otro órgano.
Nueve. Delegaciones.–Las funciones de los distintos órganos de gobierno y dirección, podrán ser ejercidas por suplencia o ser objeto de delegación, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la mayor agilidad y eficiencia en su ejercicio y en la operatividad de la Agencia.
Diez. Hacienda.–La Hacienda de la Agencia está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad le corresponde, y se regirá por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Once. Patrimonio.
1. El Patrimonio de la Agencia está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualesquiera que sean su naturaleza y el título de su adquisición o aquél en virtud del cual le hayan sido atribuidos.
2. El régimen jurídico del Patrimonio de la Agencia se regirá por la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
3. Corresponde a la Agencia, en todo caso, la titularidad patrimonial sobre todo bien material o lógico afecto o necesario para la prestación de los servicios que tiene encomendados en su ámbito de actuación.
Doce. Presupuesto.
1. La Agencia Madrileña para la Emigración someterá su régimen presupuestario a lo establecido en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
2. La Agencia elaborará y aprobará con carácter anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto, con la estructura que determine la Consejería competente en materia presupuestaria y lo remitirá a ésta para su elevación al Consejo de Gobierno y posterior remisión a la Asamblea.
3. El presupuesto de la Agencia tendrá carácter limitativo por su importe global. Las variaciones en la cuantía global serán aprobadas por la Asamblea, el Consejo de Gobierno o el titular de la Consejería competente en materia de hacienda, según lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Las variaciones en los créditos que no alteren la cuantía global del presupuesto serán acordadas por el Director.
Trece. Contabilidad y control.
1. La Agencia queda sometida al régimen de contabilidad pública en los términos señalados en el Título VI de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
2. La Agencia estará sometida a control financiero, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, excepto en la gestión de la actividad subvencional, que se sujetará al ejercicio de la función interventora según lo determinado en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Catorce. Régimen jurídico de personal.
1. El personal de la Agencia Madrileña para la Emigración estará integrado por personal funcionario y laboral, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. El personal funcionario se regirá por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y restante legislación básica estatal y la normativa sobre función pública de la Comunidad de Madrid.
3. El personal laboral de la Agencia se regirá por la normativa legal y convencional que le sea aplicable.
4. La Agencia tendrá autonomía de gestión de su personal para el más ágil y eficaz cumplimiento de sus fines y objetivos, dentro del marco legislativo y presupuestario aplicable.
num: Artículo 14
paragraphs: Unidad Central de Radiodiagnóstico.
Uno. Creación y naturaleza.
1. Se crea, dependiente de la Consejería competente en materia de sanidad, la Unidad Central de Radiodiagnóstico, como empresa pública con forma de entidad de Derecho público, de las previstas en el artículo 2.2.c).2) de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.
2. La Unidad Central de Radiodiagnóstico ostenta personalidad jurídica propia y cuenta con patrimonio propio y plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines.
Dos. Fines y ámbito de actuación.
1. La Unidad Central de Radiodiagnóstico tendrá como objeto la gestión y explotación de los servicios de diagnóstico y tratamiento que conlleven la aplicación de alta tecnología sanitaria, de las empresas públicas: Hospital del Norte, Hospital de Vallecas, Hospital del Sur, Hospital del Henares, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo.
2. Asimismo, la Consejería competente en materia de sanidad, le podrá asignar la gestión de tales servicios en otros hospitales o centros, con la extensión y ámbito que se determine, así como aquellas otras funciones específicas que, relacionadas con su objeto, le sean encomendadas.
Tres. Estatutos.
1. Mediante decreto del Gobierno se aprobarán los estatutos de la Unidad Central de Radiodiagnóstico.
2. La constitución efectiva de dicha empresa pública tendrá lugar en el momento de la entrada en vigor de sus estatutos.
Cuatro. Régimen Jurídico.
1. La Unidad Central de Radiodiagnóstico se regirá por la presente ley, por sus estatutos y por las restantes normas que le sean de aplicación.
2. El régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de la Unidad Central de Radiodiagnóstico será el establecido en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y en las demás disposiciones que le sean de aplicación.
3. En el ejercicio de potestades administrativas, se someterá a las normas de Derecho administrativo.
4. La contratación de la Unidad Central de Radiodiagnóstico se regirá, en lo que le resulte aplicable, por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
5. Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos que celebre la Unidad Central de Radiodiagnóstico sobre bienes y derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y por la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y en lo no dispuesto en las mismas, por la legislación de contratos de las Administraciones públicas. Sus efectos y extinción se regirán por las normas de Derecho privado.
Cinco. Personal.
1. El personal estatutario que desempeñe sus funciones en la Unidad Central de Radiodiagnóstico tendrá la condición de personal estatutario en servicio activo, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, gozando de los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal estatutario de la Red Pública Asistencial.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la Unidad Central de Radiodiagnóstico, de acuerdo con sus necesidades y objetivos, podrá contar con otros empleados públicos contratados en régimen laboral, en la forma y con las condiciones que se determinen en sus estatutos y en la normativa de desarrollo de esta ley.
3. No obstante lo anterior, el personal estatutario y funcionario de la Unidad Central de Radiodiagnóstico podrá optar voluntariamente a su integración directa como personal laboral.
Seis. Contabilidad y Control.
1. La Unidad Central de Radiodiagnóstico quedará sujeta al régimen de contabilidad pública establecido en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y en las demás disposiciones aplicables.
2. La referida empresa pública quedará sujeta al control financiero de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y normas de desarrollo, excepto en la gestión de la actividad subvencional, que se sujetará al ejercicio de la función interventora, según lo determinado en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
3. La Unidad Central de Radiodiagnóstico estará sometida al control de eficacia ejercido por la Consejería competente en materia de sanidad.
Siete. Extinción y disolución.–La extinción y disolución de la Unidad Central de Radiodiagnóstico deberá ser acordada por ley de la Asamblea, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid. Las condiciones de dicha extinción y disolución se determinarán reglamentariamente, garantizando, en su caso, la continuidad y la correcta prestación de los servicios que se vean afectados.
num: Artículo 15
paragraphs: Modificación parcial de la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Se modifica el apartado 2 de la disposición final primera de la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas que queda redactado en los siguientes términos:
num: Artículo 16
paragraphs: Modificación parcial de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Uno. Se adiciona un último inciso al apartado 5 a) de la disposición adicional primera de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, con el siguiente tenor literal:
Dos. Se adiciona un segundo párrafo al apartado 5 b) de la disposición adicional primera de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, con el siguiente tenor literal:
Tres. Se suprime la expresión «vinculante» del apartado 5 c) de la disposición adicional primera de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que queda redactado en los siguientes términos:
num: Disposición adicional primera. Convenios de formación del profesorado.
paragraphs: Para el desarrollo de los programas de implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés, en centros públicos de educación infantil y primaria y en institutos de educación secundaria, así como de perfeccionamiento y metodología de lenguas comunitarias, la Comunidad de Madrid podrá formalizar convenios de colaboración en materia de formación del profesorado, con organismos e instituciones oficiales con reconocida experiencia en la enseñanza de idiomas.
num: Disposición adicional segunda. Plan de Ayuda para la Emigración de la Comunidad de Madrid.
paragraphs: 1. Con carácter bienal, el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de emigración, aprobará el Plan de Ayuda a los Emigrantes, que concretará las acciones en materia de emigración de la Comunidad de Madrid.
2. Entre los objetivos del Plan de Ayuda a los Emigrantes se encontrarán, cuando sea necesario, los que deben ser considerados de especial atención conforme al artículo 3 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, y por sus normas de desarrollo.
num: Disposición adicional tercera. Inicio de la actividad de la Agencia Madrileña para la Emigración.
paragraphs: La Agencia Madrileña para la Emigración no se pondrá en funcionamiento ni iniciará su actividad hasta que se habiliten los créditos suficientes para ello y se constituya formalmente el Consejo de Administración.
num: Disposición adicional cuarta. Adscripción del Registro de Asociaciones y Centros de Madrileños en el Extranjero y del Consejo de Madrileños en el Extranjero.
paragraphs: 1. Se adscriben a la Agencia Madrileña para la Emigración el Registro de Asociaciones y Centros de Madrileños en el Extranjero y el Consejo de Madrileños en el Extranjero, creados por el Decreto 129/2007, de 20 de septiembre, por el que se regula la promoción y ayuda de la Comunidad de Madrid a los madrileños residentes en el extranjero.
2. Cualquier cambio de adscripción posterior de estos órganos podrá hacerse mediante decreto del Consejo de Gobierno.
num: Disposición adicional quinta. Habilitación presupuestaria.
paragraphs: Se autoriza a la Consejería de Hacienda para realizar las modificaciones presupuestarias y cuantas otras operaciones de carácter financiero y presupuestario sean precisas para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
num: Disposición transitoria primera. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
paragraphs: El plazo de permanencia de cinco años, establecido en el artículo 3, apartado Uno, número 3, párrafo primero, resultará aplicable también a los bienes o derechos adquiridos por transmisión «mortis causa» antes de la entrada en vigor de esta ley.
num: Disposición transitoria. Tributos sobre el juego del bingo.
paragraphs: 1. Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 de esta ley, a partir del 1 de enero de 2008, por los cartones del juego del bingo sobre los que se haya ingresado la tasa al tipo del 20 % y todavía no se haya efectuado su venta al jugador, deberá autoliquidarse por los sujetos pasivos de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite y azar, el 2% restante mediante el modelo 043, dentro de los veinte primeros días del mes de enero de 2008.
2. Se podrán suministrar y comercializar, hasta el agotamiento de existencias, los cartones para el juego del bingo y los pliegos de cartones para el juego del bingo simultáneo, fabricados con el texto del reverso conteniendo la tributación vigente hasta la entrada en vigor de esta ley. En las salas de bingo, antes de proceder a la venta de estos cartones, se pondrá de manifiesto esta circunstancia.
num: Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
paragraphs: 1. A partir de la entrada en vigor de esta ley queda derogada la Ley 12/1994, de 27 de diciembre, de Tributación sobre los juegos de suerte, envite y azar.
2. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
num: Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
paragraphs: 1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley.
2. Se faculta a los Consejeros competentes por razón de la materia para aprobar, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda, la forma, plazos de ingreso, modelos de impreso y normas de desarrollo que sean necesarias para la gestión, liquidación y recaudación de las tasas referidas en el artículo 6 de esta ley.
num: Disposición final segunda. Premios del bingo.
paragraphs: Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley los porcentajes de los premios de bingo regulados en el artículo 27.3 del Reglamento de los Juegos Colectivos de Dinero y Azar en la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 105/2004, de 24 de junio, del Consejo de Gobierno, quedan fijados en los siguientes:
1. Establecimientos de categoría A. Los porcentajes del 9 por 100 y 55 por 100 pasan a ser del 8 por 100 y 54 por 100, respectivamente.
2. Establecimientos de categoría B. Los porcentajes del 9 por 100 y 54 por 100 pasan a ser del 8 por 100 y 53 por 100, respectivamente.
Dos. La retribución de los premios del juego del bingo simultáneo a que se refiere el artículo 39.2 de la norma citada en el apartado anterior queda fijada en el 60 por 100 del valor facial de la totalidad de los cartones vendidos para la partida en el conjunto de las salas participantes con independencia de los premios que se otorguen en cada partida.
Tres. Se autoriza al Consejo de Gobierno a modificar por decreto los porcentajes de premios regulados en los dos apartados anteriores.
num: Disposición final tercera. Entrada en vigor.
paragraphs: La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2008.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.