Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas.
Source: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

num: Artículo 1
paragraphs: Objeto.
Es objeto de la presente ley el establecimiento del régimen de promoción, impulso y garantía de la integridad y la ética públicas en el sector público de Aragón y en las personas y entidades que se relacionan directamente con el mismo, así como la creación y regulación de la Agencia de Integridad y Ética Públicas.
num: Artículo 2
paragraphs: Ámbito de aplicación.
La presente ley será de aplicación, de conformidad con lo previsto en la misma, al sector público de Aragón y al sector público autonómico en los términos definidos en el presente capítulo.
num: Artículo 3
paragraphs: Sector público de Aragón.
1. A los efectos de la presente Ley, integran el sector público de Aragón:
a) La Administración y los organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Las entidades locales de Aragón y sus organismos públicos.
c) La Universidad de Zaragoza.
d) Los organismos, consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que las entidades integrantes del sector público citados en los apartados anteriores participen, de forma directa o indirecta, mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en la constitución de sus recursos propios, o financien mayoritariamente sus actividades, o tengan capacidad de nombramiento de más de la mitad de los miembros de los órganos de dirección, administración o control.
e) Aquellas entidades y organismos públicos no incluidos en los apartados anteriores y que tengan a su cargo la gestión o manejo de fondos públicos del sector público de Aragón.
2. El Director y los Subdirectores de la Agencia de Integridad y Ética Públicas estarán sujetos a esta ley en los mismos términos que las autoridades y cargos a los que se refiere el apartado anterior, así como aquellas otras autoridades y cargos cuya normativa específica lo establezca.
3. Estarán igualmente sometidos a lo establecido en el capítulo IV de la presente ley, en los términos fijados en la misma y en sus específicas normas reguladoras, las autoridades y cargos de las siguientes instituciones y órganos estatutarios:
a) Los diputados de Cortes de Aragón.
b) Los miembros de la Cámara de Cuentas.
c) El Justicia y su lugarteniente.
d) Los miembros del Consejo Consultivo.
4. La presente ley será de aplicación a las personas y entidades que desarrollen profesionalmente la actividad de lobby en nombre propio o de terceros en las materias previstas en la misma.
num: Artículo 4
paragraphs: Sector público autonómico.
1. Se entiende por «sector público autonómico», a los efectos de esta ley, el integrado por la Administración de la Comunidad Autónoma y los organismos públicos y empresas de ella dependientes.
2. Quedan sometidos al régimen establecido en esta ley, de conformidad con lo previsto en la misma, las siguientes autoridades y cargos del sector público autonómico:
a) Miembros del Gobierno.
b) Viceconsejeros, secretarios generales técnicos y directores generales.
c) Presidentes, directores y directores gerentes de los organismos públicos y entidades públicas dependientes o vinculadas a la Administración de la Comunidad autónoma de Aragón.
d) Jefe de la Delegación del Gobierno de Aragón en Bruselas.
e) Delegados territoriales del Gobierno en Huesca y Teruel.
f) Presidentes, consejeros delegados, administradores y el personal que ocupe puestos como máximos responsables en las sociedades mercantiles autonómicas a las que se refiere el artículo 133 del texto refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón. Comprenderá, en todo caso, al personal que realice en dichas sociedades funciones ejecutivas de nivel superior, conforme a lo establecido en la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.
g) Directores y gerentes de las fundaciones del sector público y consorcios autonómicos.
h) Directores y jefes de gabinete integrados en los gabinetes de los miembros del Gobierno.
3. La presente ley será de aplicación a los empleados públicos del sector público autonómico y al personal al servicio de las entidades locales sin habilitación de carácter nacional en las materias previstas en la misma, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.
num: Artículo 5
paragraphs: Objetivos generales.
Son objetivos generales en materia de integridad y ética públicas en Aragón los siguientes:
a) Promover y fortalecer las medidas para garantizar la integridad y la ética públicas combatiendo eficazmente cualquier modalidad de corrupción y de clientelismo.
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación y asistencia entre los órganos y organismos competentes en las materias reguladas por la presente ley.
c) Crear la Agencia de Integridad y Ética Públicas como autoridad independiente en la materia, con el estatuto y las funciones establecidos en esta ley.
d) Impulsar la evaluación de políticas públicas como instrumento para garantizar su adecuado diseño y ejecución.
e) Implantar, en conexión con la evaluación de políticas públicas, la evaluación de las disposiciones normativas que las regulan, su elaboración, adecuación al objeto, fundamentación desde la perspectiva del interés general y ejecución.
f) Monitorizar la tramitación de procedimientos administrativos concretos con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y las exigencias de integridad y ética públicas.
g) Regular el régimen de los lobbies con el objetivo prioritario de garantizar la transparencia en su actuación en relación con el sector público en Aragón.
h) Establecer, a través del código de buen gobierno, los principios éticos y de conducta para las autoridades y cargos del sector público autonómico.
i) Establecer y fomentar el cumplimiento de los códigos de conducta de los empleados públicos.
j) Regular el estatuto del denunciante a los efectos establecidos en esta ley.
k) Regular los elementos esenciales del estatuto de los cargos del sector público autonómico sujetos a esta ley para garantizar su integridad y actuación ética y, en particular, para evitar sus potenciales conflictos de intereses.
l) Velar por la adecuada capacitación de los miembros de los organismos públicos y altos cargos en el desempeño de su función.
m) Establecer un régimen sancionador para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente ley.
num: Artículo 6
paragraphs: Educación en integridad y ética públicas.
1. El Departamento competente en materia de educación incluirá en su ordenación curricular y en la normativa de educación adecuada contenidos que incidan en el impulso y concienciación de los principios informadores de integridad y ética públicas de acuerdo con lo previsto en esta ley.
2. La Administración educativa impulsará la realización de acciones de formación específicas tendentes a sensibilizar al profesorado respecto a los derechos y obligaciones previstos en la presente ley.
3. Las universidades del sistema aragonés integrarán gradualmente en sus enseñanzas contenidos relacionados con la integridad y la ética públicas para impulsar su difusión, conocimiento y seguimiento efectivos, incorporándolos a las guías docentes de asignaturas en titulaciones de grado o máster y a través de actividades académicas complementarias de carácter transversal.
num: Artículo 7
paragraphs: Formación permanente.
El Instituto Aragonés de Administración Pública incluirá en su planificación anual cursos específicos de formación en materia de integridad y ética públicas para todos los empleados públicos.
num: Artículo 8
paragraphs: Creación y ámbito de actuación.
Se crea la Agencia de Integridad y Ética Públicas, ente público que dependerá directamente de las Cortes de Aragón y asumirá las competencias establecidas en esta ley para la garantía, coordinación e impulso de la integridad y la ética públicas.
num: Artículo 9
paragraphs: Funciones.
La Agencia tendrá las siguientes funciones:
a) Promover los valores, las condiciones y las buenas prácticas que integran una democracia efectiva.
b) Estudiar, promover e impulsar cuantas medidas favorezcan la integridad y la ética públicas, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los caudales públicos.
c) Promover el establecimiento de criterios previos, claros y estables de control en todo momento de la acción pública en coordinación con los órganos y organismos de control interno y externo de la actuación administrativa.
d) Impulsar la implantación de procedimientos de toma de decisión transparentes y abiertos al escrutinio público.
e) Colaborar con los órganos competentes en la formación del personal en materia de integridad y ética públicas.
f) Asesorar, informar y plantear propuestas a las Cortes y al Gobierno de Aragón en las materias de su competencia.
g) Colaborar en las comisiones de investigación de las Cortes de Aragón, que así se lo demanden de forma expresa, en la elaboración de dictámenes o realizando informes especiales sobre asuntos que estén dentro del ámbito de su competencia.
h) Asesorar, elaborar informes y formular propuestas y recomendaciones a las instituciones y colectivos que considere oportunos.
i) Asesorar, elaborar informes y formular propuestas y recomendaciones que sean necesarias en relación con la evaluación de políticas públicas como instrumento para garantizar su adecuado diseño y ejecución.
j) Implantar y gestionar el registro de lobbies de Aragón.
k) Actuar contra el fraude, la corrupción, el clientelismo y cualquier otra actuación que, en perjuicio de los intereses generales, infrinja los códigos de conducta y de buen gobierno.
l) Investigar o inspeccionar posibles casos de uso o destino irregulares de fondos públicos, así como conductas opuestas a la probidad que comporten conflicto de intereses o el uso en beneficio propio de informaciones derivadas de sus funciones públicas.
m) Cuantas otras atribuciones le sean asignadas por ley.
num: Artículo 10
paragraphs: Autonomía.
1. La Agencia tendrá autonomía organizativa plena.
2. La Agencia aprobará el anteproyecto de su presupuesto, que garantizará su autonomía a través de la suficiencia de medios para el correcto desempeño de sus funciones y se integrará en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, conformando un servicio de la sección destinada a las Cortes de Aragón.
3. La Comisión Ejecutiva de la Agencia presentará ante la Mesa de las Cortes un proyecto de reglamento de organización y funcionamiento, que será debatido y aprobado por dicha Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces y publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes de Aragón» y en el «Boletín Oficial de Aragón».
num: Artículo 11
paragraphs: Organización de la Agencia.
1. Son órganos directivos de la Agencia el Director, los Subdirectores de evaluación, de investigación y de régimen interior, y la Comisión Ejecutiva.
2. La Comisión Ejecutiva estará integrada por el Director y los titulares de las subdirecciones.
num: Artículo 12
paragraphs: Requisitos de sus miembros.
Los miembros de la Agencia deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener la condición política de aragonés, conforme a lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
b) Estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.
c) Cumplir las condiciones de idoneidad, probidad y profesionalidad necesarias para ejercer el cargo y, en todo caso, estar en posesión de título universitario superior y contar con experiencia profesional relacionada con el ámbito funcional de la Agencia, o ser persona de reconocido prestigio en los temas comprendidos dentro del objeto de la presente ley.
num: Artículo 13
paragraphs: Elección, nombramiento y duración del mandato del Director.
1. El Director es elegido por el Pleno de las Cortes, por mayoría de tres quintos y conforme a lo que establezca su Reglamento.
2. Los candidatos deberán comparecer previamente ante la Comisión correspondiente de las Cortes de Aragón con el fin de que esta pueda informarse de su idoneidad para el cargo. La Comisión atenderá a cuestiones relativas a formación, experiencia, trayectoria y ética profesional.
3. La Mesa de las Cortes elevará la propuesta al Pleno para su elección.
4. El Director será nombrado por el Presidente de las Cortes de Aragón y su nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial de las Cortes de Aragón» y en el «Boletín Oficial de Aragón».
5. Su mandato será de cinco años, con posibilidad de renovación por un año.
num: Artículo 14
paragraphs: Elección, nombramiento y duración del mandato de los Subdirectores de la Agencia.
1. Los Subdirectores serán elegidos por el Pleno de las Cortes de Aragón, por mayoría absoluta y conforme a lo que establezca su Reglamento, entre personas que cumplan los mismos requisitos exigidos al Director, a propuesta de este.
2. Los candidatos propuestos deberán comparecer previamente y por separado ante la Comisión correspondiente de las Cortes de Aragón, con el fin de que estas puedan informarse de su idoneidad para el cargo antes de su elección. La comisión atenderá a cuestiones relativas a formación, experiencia, trayectoria y ética profesional.
3. La Mesa de las Cortes elevará la propuesta al Pleno para su elección.
4. Si se rechaza a alguno de los candidatos propuestos, se habilitará un plazo de quince días para que el Director realice una nueva propuesta.
5. Los Subdirectores son nombrados por el Presidente de las Cortes y su nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial de las Cortes de Aragón» y en el «Boletín Oficial de Aragón».
6. Su mandato será el mismo que el del Director que los propuso.
num: Artículo 15
paragraphs: Conflictos de intereses e incompatibilidades de los miembros de la Agencia.
1. A los miembros de la Agencia les será de aplicación el régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades previsto en esta ley para las autoridades y cargos del sector público.
2. En todo caso, la condición de miembro de la Agencia será incompatible con la de diputado a las Cortes de Aragón; diputado al Congreso de los Diputados; senador; miembro del Tribunal de Cuentas; Justicia de Aragón; Defensor del Pueblo; cualquier otro cargo político o función administrativa del Estado, comunidades autónomas y entidades locales o sus organismos, consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y demás entidades públicas y empresas participadas, cualquiera que sea su forma jurídica; el cumplimiento de funciones directivas o ejecutivas en partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, o en colegios profesionales, y con el ejercicio de su profesión o de cualquier otra actividad remunerada.
3. Cuando proceda en función de su estatuto personal previo, pasarán a la situación administrativa de servicios especiales.
num: Artículo 16
paragraphs: Cese de los miembros de la Agencia.
1. Los miembros de la Agencia cesarán por las siguientes causas:
a) Por renuncia.
b) Por expiración del plazo de su mandato.
c) Por fallecimiento.
d) Por acuerdo del Pleno de las Cortes de Aragón, adoptado con la misma mayoría exigida para su elección por alguna de las siguientes causas:
– Imposibilidad física o enfermedad de duración superior a tres meses consecutivos.
– Actuación contraria a los criterios, principios y objetivos a que se refiere el artículo 5 de esta ley.
– Incurrir en alguna de las causas de incompatibilidad.
– Incumplimiento de sus deberes.
– Incompetencia manifiesta.
– Ser encausado judicialmente por delitos relacionados con el desempeño de un cargo público.
2. En caso de que cualquier miembro de la Comisión Ejecutiva se encuentre investigado judicialmente por delitos relacionados con el desempeño de su cargo, será automáticamente suspendido de sus funciones hasta que se resuelva su situación procesal o pase a incurrir en alguna de las causas de cese del apartado 1.
num: Artículo 17
paragraphs: Funciones del Director.
El Director de la Agencia tendrá las siguientes atribuciones:
a) Representar ante cualquier instancia a la Agencia.
b) Comparecer ante las Cortes de Aragón para la aclaración de los informes remitidos cuando así sea requerido.
c) Ejercer la jefatura superior del personal y las funciones relativas a su nombramiento y contratación.
d) Asignar las tareas que deban desarrollarse de acuerdo con el plan de actuación que elabore la Comisión Ejecutiva.
e) Dirigir los servicios técnicos y administrativos de la Agencia, en particular, autorizar y disponer del gasto, así como ordenar los pagos que correspondan a la Agencia y autorizar los documentos de formalización de los ingresos.
f) Notificar y certificar todos los informes que se realicen por la Agencia en el ejercicio de sus funciones.
g) Convocar y presidir la Comisión Ejecutiva.
h) Autorizar con su firma todas las certificaciones que se expidan.
i) Las demás funciones que le reconozca el reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia.
num: Artículo 18
paragraphs: Funciones de la Comisión Ejecutiva.
Corresponden a la Comisión Ejecutiva las siguientes funciones:
a) Aprobar los informes de la Agencia.
b) Elaborar y proponer para su aprobación por las Cortes de Aragón el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia.
c) Elaborar y proponer para su aprobación por el Pleno de las Cortes el Reglamento de actuación de la Agencia.
d) Elaborar el plan de actuación sometido a la aprobación de las Cortes de Aragón.
e) Elaborar las memorias anuales de la Agencia para su aprobación por las Cortes de Aragón.
f) Aprobar el proyecto de presupuesto de la propia Agencia.
g) Aprobar la relación de puestos de trabajo de la Agencia.
h) Las demás funciones que le asigne el reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia.
num: Artículo 19
paragraphs: Funciones de los Subdirectores.
Los Subdirectores ostentarán funciones articuladas sobre la base de las funciones desempeñadas por la Agencia de evaluación, investigación y régimen interior, las cuales serán desarrolladas por el reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia.
num: Artículo 20
paragraphs: Relaciones con las Cortes de Aragón.
1. La Agencia de Integridad y Ética Públicas se relaciona con el Parlamento aragonés mediante la Comisión parlamentaria que se establezca, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara.
2. Corresponde a la Comisión parlamentaria correspondiente ejercer el control de la actuación de la Agencia de Integridad y Ética Públicas y valorar los requisitos exigidos a los candidatos y miembros de la Agencia antes de ser elegidos por el Pleno de la Cámara, y también las otras funciones establecidas por el Reglamento de las Cortes de Aragón.
num: Artículo 21
paragraphs: Personal y medios materiales.
1. Para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia de Integridad y Ética Públicas dispondrá de los medios personales y materiales necesarios de acuerdo con las partidas que figuren en el presupuesto de las Cortes de Aragón.
2. El personal de la Agencia podrá ser personal funcionario y laboral de cualquier Administración pública, que se regirá, respectivamente, por la normativa legal y jurídica que le sea de aplicación. El Director de la Agencia podrá nombrar, con destino en su gabinete, un máximo de dos personas para su asistencia directa, que tendrán la consideración de cargos de confianza y de asesoramiento especial de carácter eventual. El nombramiento y cese de los miembros del gabinete serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes de Aragón» y en el «Boletín Oficial de Aragón».
3. La Agencia contará con una relación de puestos de trabajo que deberá ser aprobada por la Comisión Ejecutiva, en la que constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades materialmente públicas.
4. La Agencia, al objeto de asegurar la solvencia y capacitación técnicas y la formación continuada de su personal, puede suscribir convenios, acuerdos o protocolos docentes con cualesquiera administraciones, las universidades públicas y demás entidades de educación superior y oficinas con naturaleza, fines o funciones similares de carácter autonómico, estatal, comunitario o internacional.
num: Artículo 22
paragraphs: Plan de actuación y memorias de actividad.
1. La Agencia elaborará como mínimo cada dos años un plan de actuación que incluirá las áreas prioritarias de acción y se someterá a la aprobación del Pleno de las Cortes de Aragón.
2. El plan de actuación incluirá, como mínimo, las siguientes cuestiones:
a) Identificación de los ámbitos y procedimientos en los que detecte un mayor riesgo de incumplimiento de las exigencias de integridad y ética públicas.
b) Concretar planes de formación, actuación, control y monitorización en las áreas previstas en la letra anterior.
c) Colaborar con el Consejo de Transparencia en la detección del grado de cumplimiento de la normativa de transparencia conforme a su normativa específica.
d) Colaborar con el órgano competente en materia de conflicto de intereses e incompatibilidades en la determinación del grado de cumplimiento de la normativa en estas materias, con especial atención a los aspectos sobre los que se hayan recibido más denuncias y quejas, así como sobre los que se haya constatado un mayor grado de incumplimiento en ejercicios anteriores.
3. La Agencia someterá a la aprobación del Pleno de las Cortes de Aragón la memoria de la actividad desarrollada en el periodo correspondiente.
La memoria anual de la Agencia debe contener información detallada con relación a sus actividades. No deben incluirse los datos personales que permitan la identificación de las personas afectadas hasta que no recaiga una sanción penal o administrativa firme. En todo caso, deben constar el número y el tipo de actuaciones emprendidas, con indicación expresa de los expedientes iniciados, los resultados de las investigaciones practicadas y la especificación de las recomendaciones y requerimientos cursados a las Administraciones públicas, así como sus respuestas.
4. La Agencia, de oficio o a instancia del Pleno de las Cortes o de la Comisión parlamentaria correspondiente, podrá realizar actuaciones específicas o elaborar informes o memorias sectoriales en su ámbito de actuación.
5. El plan de actuación, las memorias de actividad y el resto de actuaciones e informes se elaborarán y tramitarán conforme a lo que establezca el reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia según lo previsto, en su caso, en el Reglamento de las Cortes.
num: Artículo 23
paragraphs: Procedimiento de actuación.
1. La Comisión Ejecutiva propondrá para su aprobación por el Pleno de las Cortes de Aragón el Reglamento de actuación de la Agencia, donde se establecerá su procedimiento de actuación, que deberá garantizar los derechos de los afectados y la posibilidad de que los órganos e instituciones sujetos realicen alegaciones antes de la formulación de conclusiones. El Director de la Agencia podrá solicitar al órgano competente la adopción de medidas cautelares cuando así lo exija el buen fin de las actuaciones.
2. Las denuncias o comunicaciones que se dirijan a la Agencia se formularán por persona física o jurídica en cualquier momento, aunque los hechos o circunstancias se hubieran iniciado o producido con anterioridad y siempre que no haya prescrito su sanción conforme a la legislación administrativa o penal aplicable.
3. La Agencia deberá informar de sus actuaciones al personal que pudiera resultar afectado y, en todo caso, deberá otorgarle audiencia antes de formular conclusiones o informes sobre el resultado de las mismas. Excepcionalmente, cuando lo exija el buen fin de las actuaciones, podrá diferirse la información al personal afectado, comunicándolo en tal caso al responsable del órgano o entidad correspondiente.
4. Las actuaciones de la Agencia deberán reflejar los hechos sobre los que se actúa y las personas implicadas siempre que puedan ser identificadas. Sus resoluciones deberán estar motivadas de manera suficiente.
5. Como resultado de sus actuaciones, la Agencia podrá emitir recomendaciones e informes, así como instar comparecencias ante la comisión parlamentaria competente y proponer modificaciones normativas que contribuyan al cumplimiento de sus fines.
num: Artículo 24
paragraphs: Potestades de la Agencia.
1. En el ejercicio de sus funciones de investigación e inspección, y con pleno respeto por los derechos de los ciudadanos, la Agencia puede acceder a cualquier información que se halle en poder de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sujetas a su ámbito de actuación. En el caso de los particulares, las potestades de inspección se limitarán estrictamente a su actividad relacionada con las entidades del sector público en Aragón.
2. El Director, el Subdirector de investigación o, por delegación expresa, el personal funcionario de la Agencia que tenga atribuidas funciones de investigación e inspección pueden:
a) Personarse, acreditando la condición de autoridad o agente de la Agencia, en cualquier oficina o dependencia de las entidades del sector público en Aragón para solicitar información, efectuar comprobaciones in situ y examinar los documentos, expedientes, libros, registros, contabilidad y bases de datos, cualquiera que sea el soporte en que estén grabados, así como los equipos físicos y lógicos utilizados.
b) Efectuar las entrevistas personales que se estimen convenientes, tanto en la correspondiente dependencia del sector público en Aragón como en la sede de la Agencia. Los entrevistados tienen derecho a ser asistidos por la persona que ellos mismos designen.
c) Acceder, si así lo permite la legislación vigente, a la información de cuentas corrientes en entidades bancarias en que se hayan podido efectuar pagos o disposiciones de fondos relacionados con procedimientos de adjudicación de contratos del sector público u otorgamiento de subvenciones públicas, mediante el requerimiento oportuno.
d) Acordar, al efecto de garantizar la indemnidad de los datos que puedan recogerse, la realización de copias o fotocopias adveradas de los documentos obtenidos, cualquiera que sea el soporte en que estén almacenados.
3. Los funcionarios al servicio de la Agencia que tengan atribuidas competencias inspectoras tendrán la condición de agente de la autoridad. Los documentos que formalicen en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos harán prueba de estos, salvo que se acredite lo contrario.
num: Artículo 25
paragraphs: Confidencialidad.
1. Las actuaciones de la Agencia están sometidas a la máxima reserva con objeto de garantizar el buen fin de sus actuaciones y los derechos de las personas y entidades afectadas.
2. El personal de la Agencia, para garantizar la confidencialidad de sus actuaciones, está sujeto al deber de secreto. El incumplimiento de este deber dará lugar a responsabilidad disciplinaria y/o a las que procedan en el ámbito de su competencia.
num: Artículo 26
paragraphs: Protección y cesión de datos.
1. El tratamiento y la cesión de los datos obtenidos por la Agencia como resultado de sus actuaciones, especialmente los de carácter personal, están sometidos a las disposiciones vigentes sobre protección de datos.
2. La Agencia no cederá los datos que obtenga excepto a órganos o entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, puedan o deban conocerlos por razón de sus funciones. En todo caso, no podrán utilizarse ni cederse con fines diferentes de los establecidos en esta ley.
3. La Agencia, la Cámara de Cuentas, el Justicia de Aragón y los restantes órganos e instituciones con competencias relacionadas con la integridad y la ética públicas o con funciones de control de los cargos y entidades sujetos a esta ley establecerán acuerdos de colaboración para la comunicación de datos e información relevante en el ámbito de sus respectivas competencias.
4. Los datos e información recabados por la Agencia en ejercicio de sus competencias serán remitidos a la autoridad competente para iniciar los procedimientos disciplinarios, sancionadores o penales a que pudieran dar lugar.
5. La Agencia de Integridad y Ética Públicas mantendrá una relación de cooperación continuada en la cesión de datos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y cuantas otras entidades de similar carácter puedan existir a nivel estatal o autonómico, a efectos de realizar la oportuna comprobación fiscal de las declaraciones presentadas y el posible inicio de expedientes por incoherencias detectadas.
num: Artículo 27
paragraphs: Colaboración con otros órganos y organismos.
1. La Agencia ejercerá sus funciones sin perjuicio de las que corresponden conforme a su normativa reguladora específica al Justicia de Aragón, la Cámara de Cuentas de Aragón, la Intervención General de la Comunidad Autónoma y la Inspección General de Servicios, los órganos competentes en materia de transparencia, conflictos de intereses e incompatibilidades u otros órganos de control interno o externo, supervisión o protectorado de las entidades sometidas a su ámbito de actuación.
2. Como órgano colegiado de consulta, participación y colaboración de la Agencia con los órganos y organismos enumerados en el apartado anterior, se crea la Comisión Aragonesa de Integridad y Ética Públicas, cuya composición y funciones se establecerán en el Reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia.
3. La Agencia impulsará el establecimiento y aplicación de protocolos y prácticas efectivas de colaboración funcional entre los órganos, organismos y entidades de control del sector público en Aragón ya existentes, tales como el Justicia de Aragón, la Cámara de Cuentas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma, su Inspección de Servicios o los órganos equivalentes de las entidades locales aragonesas.
4. La Agencia colaborará con los órganos, organismos y entidades de control del resto del sector público que pudieran ostentar competencias en relación con su ámbito de actuación en el marco de lo establecido en la normativa estatal.
5. La Agencia colaborará con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal en el marco establecido en la normativa estatal. En particular, corresponderá a la Agencia la función de asistencia a las autoridades policiales y judiciales y al Ministerio Fiscal cuando sea requerida para ello.
num: Artículo 28
paragraphs: Delimitación de funciones.
1. La Agencia no podrá suplantar en su actuación a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal ni a las autoridades bajo su mando.
2. La Agencia no podrá investigar hechos que estén sujetos a investigación de dichas autoridades y deberá cesar en su actuación tan pronto sea requerida por las mismas para ello o tenga conocimiento por cualquier medio de la iniciación por ellas de procedimiento para determinar la relevancia penal de los hechos de que se trate. En tal caso, la Agencia aportará de oficio toda la información de la que disponga y, si fuese requerida para ello, prestará la asistencia y colaboración precisa.
num: Artículo 29
paragraphs: Ámbito material.
1. La evaluación externa de las políticas públicas, que realizará la Agencia de Integridad y Ética Públicas, podrá abarcar materias completas de la competencia del sector público autonómico o limitarse a ámbitos o sectores concretos que integren tales materias.
2. La evaluación de las políticas públicas se realizará conforme a los principios y criterios recogidos en la Ley 5/2013, de 20 de junio, de Calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y tendrá por finalidad comprobar el grado de aplicación, entre otros, de los criterios que se relacionan en el artículo 3 de dicha ley.
num: Artículo 30
paragraphs: Evaluación externa de políticas públicas.
1. La evaluación externa de las políticas públicas tratará, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Necesidades detectadas y que se pretenden resolver.
b) Segmentación de los interesados o grupos de interés a los que se dirige.
c) Objetivos que se pretenden alcanzar, de acuerdo con el interés general.
d) Resultados alcanzados, en contraste con los esperados.
e) Relación entre los elementos anteriores.
f) Impactos constatados y sectores sobre los que se han producido.
g) Medios administrativos, técnicos y jurídicos y recursos económicos y humanos empleados.
h) Costes soportados y relación con los medios empleados.
i) Sostenibilidad y permanencia de los cambios y efectos positivos en el tiempo, relacionado con su coste y medios empleados.
j) Procedimientos utilizados y razones de su elección.
k) Grado de colaboración interinstitucional.
l) Grado de participación ciudadana en la elaboración y desarrollo de la política pública.
m) Valoración por los ciudadanos de las actuaciones desarrolladas.
n) Comparabilidad con otras Administraciones públicas.
ñ) Cumplimiento de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos.
2. Además de estos criterios, se pueden aplicar otros factores de análisis, como son la coherencia, la equidad, la capacidad de respuesta, la oportunidad, la cobertura y la rentabilidad, a aplicar con flexibilidad en función de cada caso concreto.
num: Artículo 31
paragraphs: Evaluación de disposiciones legales.
Deberán ser objeto de evaluación, en el marco de las disponibilidades materiales, personales y presupuestarias de la Agencia, las disposiciones legales autonómicas en la fase de elaboración del anteproyecto, atendiendo a su adecuación al objeto y su fundamentación desde la perspectiva del interés general, así como ejecución.
num: Artículo 32
paragraphs: Momento de la evaluación.
1. La evaluación externa de las políticas públicas se realizará con posterioridad a la implementación de la política pública programada o en cualquier momento que se considere oportuno.
2. La evaluación de disposiciones legales autonómicas podrá realizarse en cualquier momento de su aplicación y podrá comprender los trabajos iniciales de redacción del anteproyecto y su ejecución.
3. El diseño e implementación de nuevas políticas públicas, así como la elaboración de nuevas disposiciones legales autonómicas, deberán tener en cuenta las evaluaciones existentes sobre sus materias, debiendo ofrecer motivación cuando se aparten de su contenido.
num: Artículo 33
paragraphs: Publicidad.
La Agencia dará publicidad a sus evaluaciones por los medios técnicos que considere más adecuados a fin de conseguir su máxima difusión entre el personal de la Administración pública y el conjunto de la ciudadanía.
num: Artículo 34
paragraphs: Informe a las Cortes de Aragón.
La Agencia de Integridad y Ética Públicas dará cuenta a las Cortes de Aragón de los resultados de las evaluaciones que realice, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de organización y funcionamiento.
num: Artículo 35
paragraphs: Conceptos.
1. Se considerará actividad de lobby, a los efectos de esta ley cualquier comunicación directa o indirecta con cualesquiera de los cargos o autoridades del sector público de Aragón, de las Instituciones y órganos estatutarios, así como de sus empleados, con la finalidad de influenciar la toma de decisión pública, desarrollada por o en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental, en beneficio de sus propios intereses.
2. Se considerarán lobistas, a los efectos de esta Ley, las personas que, como parte de su profesión, desarrollen profesionalmente la actividad de lobby en nombre propio o de terceros, tales como consultores de relaciones públicas, representantes de organizaciones no gubernamentales, corporaciones, empresas, asociaciones industriales o de profesionales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales, talleres o grupos de ideas, despachos de abogados, medios de comunicación, organizaciones religiosas u organizaciones académicas.
num: Artículo 36
paragraphs: Registro.
1. Se crea el Registro de lobistas y lobbies, que tendrá carácter público, accesible y gratuito.
2. La Agencia de Integridad y Ética Públicas será la responsable del Registro de lobistas y lobbies.
num: Artículo 37
paragraphs: Régimen jurídico del Registro.
1. El régimen jurídico del Registro de lobistas y lobbies será establecido por el Reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia conforme a las siguientes reglas mínimas:
a) En el Registro se inscribirán los lobistas y los lobbies que desarrollen su actividad en relación con los cargos y autoridades sujetos a esta ley.
b) La estructura y el contenido del Registro deberán distinguir las diferentes categorías de sujetos, actividades e información que han de inscribirse, así como el código de conducta aplicable en cada caso y los sistemas de seguimiento y control de cumplimiento.
c) El Registro dará publicidad, a través de la página web de Transparencia de la Administración, institución u órgano correspondiente, a la agenda de las autoridades y cargos sujetos al presente capítulo y a la información resultante de la actividad de los lobistas y lobbies y, en particular, a las reuniones y los informes y documentos tratados en ellas o de ellas resultantes.
d) La inscripción, que tendrá lugar a instancia de parte mediando declaración responsable, será de carácter obligatorio y habilitará para ejercer la actividad de lobby como lobista o lobby inscrito en el Registro y producirá aquellos otros efectos que establezca su normativa reguladora.
e) El Registro tendrá carácter electrónico.
2. Los lobistas y los lobbies no podrán disponer de los anteproyectos de disposiciones normativas de cualquier naturaleza antes de que estos resulten accesibles al público en general.
num: Artículo 38
paragraphs: Códigos de conducta.
1. Los lobistas y lobbies quedarán sujetos en su actuación, como mínimo y en los términos que establezca la normativa reguladora del Registro, al siguiente Código de conducta:
a) Actuar de forma transparente, identificándose con su nombre o con el de la entidad para la que prestan servicios.
b) Facilitar la información de forma clara, entendible y accesible relativa a la identidad de la persona u organización a quien representan y los objetivos y finalidades representados.
c) No falsear la información y los datos aportados al registro con el fin de obtener la acreditación.
d) No poner a los cargos electos o autoridades en situación que pueda generar conflicto de intereses.
e) Garantizar una información veraz, completa, relevante y actualizada.
f) No influir, obtener ni tratar de obtener información o decisiones de manera deshonesta.
g) Informar a los cargos y autoridades con los que se relacionen que están actuando como lobby inscrito en el registro aragonés o de otro ámbito sin inducirles a incumplir las exigencias de integridad y ética públicas.
h) No difundir la información de carácter confidencial que conozcan en el ejercicio de su actividad.
i) Aceptar que la información proporcionada se haga pública obligatoriamente.
j) Garantizar que el personal a su servicio no está incurso en incompatibilidades al cese de los cargos o autoridades sujetos a esta ley.
k) Cumplir estrictamente la normativa aplicable sobre integridad y ética públicas.
2. Los lobistas, los lobbies y sus organizaciones profesionales podrán aprobar Códigos de conducta más exigentes que el Código mínimo general regulado en el apartado anterior. Estos Códigos podrán inscribirse en el Registro como específicamente aplicables a los lobistas y lobbies a los que afecten y que específicamente los suscriban asumiendo las obligaciones que de ellos deriven.
num: Artículo 39
paragraphs: Medidas aplicables en caso de incumplimiento.
1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley o por el código de conducta puede dar lugar a la suspensión temporal de la inscripción en el Registro de lobistas y lobbies o, si el incumplimiento es grave, a la cancelación de la inscripción.
2. En tales supuestos, dejarán de producirse, temporal o definitivamente, los efectos contemplados en el artículo 37.1.d) de la presente ley.
3. El procedimiento de tramitación será desarrollado por el Reglamento de actuación de la Agencia de Integridad y Ética Públicas y deberá garantizar la audiencia del afectado.
num: Artículo 40
paragraphs: Principios de buen gobierno.
1. Las autoridades y cargos del sector público autonómico observarán y respetarán el Código de buen gobierno, que incluye los principios éticos y de conducta que deben informar el ejercicio de sus funciones.
2. Dicho Código podrá ser aplicable, de manera voluntaria y mediante adhesión individual, a las siguientes personas:
a) Diputados de las Cortes de Aragón, Justicia de Aragón, consejeros de la Cámara de Cuentas, miembros del Consejo Consultivo y los integrantes de cualquier otro órgano o institución análoga que se pueda crear en el futuro.
b) Los miembros de las corporaciones Locales y el personal directivo de su sector público.
c) Los miembros de los órganos de dirección de la Universidad de Zaragoza.
3. Son principios éticos:
a) El pleno respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Aragón y al resto del ordenamiento jurídico, ajustando su actuación a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
b) La orientación estratégica y exclusiva a los intereses generales y al bien común de los ciudadanos, ejerciendo sus atribuciones con lealtad a la Administración aragonesa y respetando los principios de eficacia, eficiencia, diligencia y neutralidad.
c) La imparcialidad en sus actuaciones, sin que puedan condicionarlas ningún tipo de interés personal, familiar, corporativo, clientelar o cualquier otro que pueda colisionar con este principio.
d) La asunción de la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los órganos u organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
e) El desempeño de la actividad pública regida por los principios de transparencia en la gestión y accesibilidad a los ciudadanos.
f) La abstención de contraer obligaciones económicas, realizar cualquier tipo de operación financiera o negocio jurídico que pudiera suponer un conflicto de intereses con su cargo público.
g) La no obtención de ningún privilegio o ventaja injustificada, beneficiándose de su condición.
h) La no contribución a la agilización o resolución de trámites o procedimientos administrativos que pudiera beneficiarles a ellos mismos o a su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
i) La confidencialidad y el secreto en relación con los datos e informes de los que tuvieran conocimiento por razón de su cargo, aun después de cesar, no pudiendo hacer uso de esa información para su propio beneficio o el de terceros, o en perjuicio de los intereses de los ciudadanos.
4. Son principios de conducta:
a) Dedicarse plenamente y con profesionalidad al servicio público, cumpliendo fielmente el régimen de incompatibilidades que les es aplicable.
b) Actuar con la diligencia debida y realizar una gestión eficiente y austera de los recursos públicos que tengan asignados, no utilizando los mismos en beneficio propio o de su entorno familiar y social, así como cuidar y conservar los recursos y bienes públicos asignados a su puesto.
c) Actuar con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, sin que la pertenencia a órganos ejecutivos y de dirección en partidos políticos comprometa su actuación ni suponga menoscabo o dejación de las funciones que tengan encomendadas.
d) Hacer uso adecuado de los medios que se arbitran para el mejor y eficaz desarrollo de su función, administrando los recursos públicos con austeridad y evitando actuaciones que puedan menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo público.
e) Hacer un uso adecuado, motivado, justificado y austero de los gastos de representación y atenciones protocolarias que tengan asignados por razón de su cargo.
f) Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que suponga una ganancia o ahorro que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos previstos en la legislación vigente.
g) Facilitar el acceso de los ciudadanos a la información requerida, con las limitaciones previstas en el ordenamiento jurídico.
h) Ser accesibles a los ciudadanos, respondiendo a sus peticiones, escritos y reclamaciones que formulen.
i) Evitar los contactos con lobistas no registrados y comunicar a la Agencia de Integridad y Ética Públicas cualquier violación del régimen de los lobbies de la que tenga conocimiento.
num: Artículo 41
paragraphs: Recursos humanos y materiales.
1. Las autoridades y cargos del sector público autonómico gestionarán los recursos humanos, económicos y materiales siguiendo los principios de eficiencia y sostenibilidad.
2. Las autoridades y cargos del sector público autonómico percibirán las retribuciones fijadas conforme a su normativa reguladora y a la Ley de Presupuestos, que habrán de ser suficientes para no comprometer en modo alguno su integridad y coherentes con las funciones y responsabilidad encomendadas.
3. La utilización de vehículos oficiales por autoridades y cargos del sector público autonómico estará vinculada a las obligaciones de desplazamiento derivadas del desempeño de sus funciones y, en su caso, por razones de seguridad. La prestación de otros servicios que, en su caso, puedan requerir el uso de vehículos oficiales deberá ser debidamente justificada atendiendo a la naturaleza del cargo desempeñado y a las necesidades de seguridad, y de acuerdo al principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos.
4. El crédito presupuestario de los gastos de representación y atenciones protocolarias solo podrá utilizarse para sufragar actos de esta naturaleza en el desempeño de las funciones de la autoridad o cargo del sector público autonómico, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de los intereses públicos y no existan para ellos créditos específicos en otros conceptos. No podrá abonarse con cargo a estos ningún tipo de retribución, en metálico o en especie, para la autoridad o cargo del sector público autonómico.
Asimismo, deberán ser debidamente justificados y acreditar su necesidad para el desempeño de las funciones inherentes al ejercicio de la autoridad o cargo del sector público autonómico.
5. La Administración no pondrá a disposición de las autoridades o cargos del sector público autonómico tarjetas de crédito.
num: Artículo 42
paragraphs: Principios de actuación.
1. Los empleados públicos ajustarán su actuación al código de conducta y a los deberes previstos en esta ley, en la normativa reguladora que les resulte de aplicación y, especialmente, a los principios siguientes:
a) Legalidad.
b) Dedicación al servicio público.
c) Eficacia.
d) Profesionalidad.
e) Integridad y responsabilidad.
f) Transparencia y rendición de cuentas.
g) Ejemplaridad, austeridad y honradez.
h) Servicio efectivo al ciudadano.
i) Fomento y garantía de la igualdad entre hombres y mujeres.
j) Objetividad, neutralidad e imparcialidad.
k) Confidencialidad.
l) Accesibilidad.
m) Promoción del entorno cultural y medioambiental.
2. Los principios y reglas establecidos en la presente sección informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
num: Artículo 43
paragraphs: Derechos y deberes.
Los empleados públicos tendrán los derechos y deberes establecidos en la normativa de empleo público que les resulte de aplicación.
num: Artículo 44
paragraphs: Código de conducta.
1. Los empleados públicos de las Administraciones públicas y el personal perteneciente al sector público incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, en el ejercicio de sus funciones y en el desempeño de sus tareas, deberán, en todo caso, ajustar sus actuaciones a los principios éticos y de conducta que conforman el código de conducta de los empleados públicos regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la legislación de función pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. El Gobierno de Aragón y los órganos competentes del sector público de Aragón podrán desarrollar dicho código básico de conducta, así como aprobar otros códigos de conducta específicos que desarrollen lo previsto en este capítulo para colectivos de empleados públicos cuando se considere necesario por las peculiaridades del servicio que presten o por el carácter directivo del puesto que ocupen.
3. Los Códigos de conducta serán publicados en su integridad en el «Boletín Oficial de Aragón».
4. El Plan de formación de cada Administración pública concretará, anualmente, el conjunto de acciones formativas y otras iniciativas que atiendan a la divulgación y el conocimiento del conjunto de principios e instrumentos previstos en el presente Código.
5. Las Administraciones públicas promoverán las actuaciones necesarias para que el sistema de gestión del rendimiento que se establezca incluya, dentro de la valoración de la conducta profesional del empleado, criterios que permitan garantizar la observancia de los deberes y principios establecidos en este Código.
6. El incumplimiento del código de conducta podrá ser objeto de denuncia ante la Agencia de Integridad y Ética Públicas, siéndole aplicable al denunciante el mismo estatuto previsto para su protección en la sección siguiente.
num: Artículo 45
paragraphs: Definición de denunciante.
1. Se considera denunciante a los efectos de esta ley a cualquier empleado del sector público de Aragón o de las instituciones y órganos estatutarios que pone en conocimiento de la Agencia de Integridad y Ética Públicas hechos que pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades por alcance o penales por delitos contra la Administración pública.
2. No será de aplicación el estatuto del denunciante establecido en esta ley cuando, a juicio de la Agencia, la denuncia se formule de mala fe, proporcionando información falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita. En tales supuestos, la Agencia podrá, previa audiencia reservada al denunciante, archivar sin más trámite, pero con motivación suficiente, la denuncia, manteniendo la confidencialidad, advirtiéndole de que, de hacerla pública, no se aplicará el estatuto del denunciante establecido en esta ley e incluso podrían derivarse responsabilidades disciplinarias o penales contra el falso denunciante.
3. El procedimiento para la sustanciación de las denuncias presentadas se desarrollará en el Reglamento de actuación de la Agencia previsto en el artículo 23.1 de la presente ley.
num: Artículo 46
paragraphs: Medios para garantizar la confidencialidad.
No se admitirán denuncias anónimas. No obstante, la Agencia deberá establecer procedimientos y canales confidenciales para la formulación de denuncias que garanticen su estricta confidencialidad cuando el denunciante invoque la aplicación del estatuto regulado en este artículo. En particular, la Agencia creará una oficina virtual, que pondrá a disposición de los denunciantes para la presentación de denuncias y documentación asociada, así como para la comunicación con los denunciantes que así lo soliciten, de manera segura y confidencial. Dichos procedimientos y canales podrán ser también utilizados por quienes ya hubiesen actuado como denunciantes para comunicar represalias u otras actuaciones lesivas derivadas de la presentación de la denuncia.
num: Artículo 47
paragraphs: Estatuto del denunciante.
1. Sin necesidad de previa declaración o reconocimiento, los denunciantes recibirán de inmediato, con los recursos propios de la Agencia, asesoría legal para los hechos relacionados con su denuncia y tendrán garantizada la confidencialidad de su identidad.
2. No podrá adoptarse, durante la investigación ni tras ella, medida alguna que perjudique al denunciante en su carrera profesional o la cesación de la relación laboral o de empleo. La protección podrá mantenerse, mediante resolución de la Agencia, incluso más allá de la culminación de los procesos de investigación que esta desarrolle, sin perjuicio de lo establecido en el apartado segundo de este artículo. En ningún caso la protección derivada de la aplicación del estatuto del denunciante le eximirá de las responsabilidades en que hubiese podido incurrir por hechos diferentes de los que constituyan objeto de la denuncia.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, a instancia del denunciante, la Agencia podrá instar del órgano competente el traslado del denunciante a otro puesto siempre que no implique perjuicio a su estatuto personal y carrera profesional. Excepcionalmente, podrá también instar del órgano competente la concesión de permiso por tiempo determinado con mantenimiento de su retribución. La normativa de los empleados públicos establecerá las previsiones suficientes para evitar que el órgano competente deniegue los citados traslados y/o permisos y para que no se produzca una disminución relevante en las retribuciones efectivas.
4. El denunciante tendrá derecho a la indemnización por daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública cuando acredite la existencia de un daño individualizado y determinado económicamente, consecuencia directa de la denuncia, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5. El estatuto del denunciante regulado en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo que establezca la normativa estatal. En todo caso, cuando la Agencia denuncie ante la autoridad competente hechos que pudieran ser constitutivos de delito que hayan sido denunciados por personas que se hayan acogido al estatuto del denunciante conforme a esta ley, deberá indicarlo expresamente poniendo de manifiesto, cuando pudiera concurrir a su juicio, la existencia de peligro grave para la persona, libertad o bienes del denunciante o testigo, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos.
num: Artículo 48
paragraphs: Conceptos.
1. Las autoridades y cargos del sector público autonómico servirán con objetividad a los intereses generales de Aragón, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.
2. Se entiende por conflicto de intereses la situación en la que se produce una colisión entre el interés público y el privado, derivado del interés particular, económico, personal o profesional, que pudiera tener la autoridad o cargo del sector público autonómico que afectase a la forma en que cumple sus obligaciones y responsabilidades.
3. Se considerarán intereses privados o personales, al menos, los siguientes:
a) Los intereses propios.
b) Los intereses familiares, incluyendo los del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
c) Los de las personas con quienes tenga una cuestión litigiosa pendiente.
d) Los de las personas con quienes tenga amistad íntima o enemistad manifiesta.
e) Los de las personas jurídicas o entidades privadas a las que las autoridades y cargos del sector público autonómico hayan estado vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento.
f) Los de las personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos en la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración.
g) Aquellos otros que pueden colisionar con las funciones públicas encomendadas.
num: Artículo 49
paragraphs: Dedicación exclusiva.
Las autoridades y cargos del sector público autonómico ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, y, asimismo, tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o entidades vinculadas a estas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada simultánea, sin perjuicio de las excepciones previstas en esta ley.
num: Artículo 50
paragraphs: Compatibilidad con actividades públicas.
1. Los miembros del Gobierno podrán compatibilizar su actividad con la propia del mandato como diputado en las Cortes de Aragón, en los términos previstos en la legislación electoral.
2. La condición de autoridad o cargo del sector público autonómico es incompatible con cualquier mandato representativo popular, salvo el alto cargo con competencia en materia de relaciones con las Cortes de Aragón, que podrá ostentar la condición de diputado autonómico.
3. La condición de autoridad o cargo del sector público autonómico será compatible con las siguientes actividades públicas:
a) El ejercicio de los cargos que con carácter legal o institucional les correspondan o para los que fueren designados por su propia condición.
b) La representación de la Administración autonómica en toda clase de órganos colegiados y en los consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles con capital público.
c) La participación, en representación del Gobierno de Aragón, como miembros de instituciones, organismos y empresas públicas del Estado.
d) La colaboración con fundaciones públicas.
e) El desarrollo de misiones temporales de representación ante otros Estados o ante organizaciones o conferencias internacionales.
4. Las autoridades y cargos del sector público autonómico solo podrán percibir, por actividades compatibles, los gastos de viaje, estancias y traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente o ser resarcidos por la cuantía exacta de los gastos realizados de acuerdo con la justificación documental de los mismos.
5. Las cantidades devengadas por cualquier concepto que no deban ser percibidas deberán ser facturadas a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón e ingresadas directamente por la sociedad, empresa o ente pagador a la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
num: Artículo 51
paragraphs: Compatibilidad con actividades privadas.
1. La condición de autoridad y cargo del sector público autonómico será compatible con la debida motivación con las siguientes actividades privadas:
a) Las que se deriven de la mera gestión del patrimonio personal y familiar, con las limitaciones previstas en el artículo siguiente.
b) El ejercicio de actividades y cargos en partidos políticos, siempre que no perciban ningún tipo de retribución por dicha participación.
c) Las de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de las mismas, así como la asistencia ocasional como ponentes a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios, o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de su deberes.
d) La participación en fundaciones o entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro, siempre que no perciban ningún tipo de retribución por dicha participación.
2. No se considerarán retribución a estos efectos las indemnizaciones que les pudieran corresponder por gastos de viaje, estancias y traslados que deben percibir de acuerdo con la normativa vigente o ser resarcidos por la cuantía exacta de los gastos realizados de acuerdo con la justificación documental de los mismos.
num: Artículo 52
paragraphs: Limitaciones patrimoniales en participaciones societarias.
1. Las autoridades y cargos del sector público autonómico no podrán tener, por sí o junto a su cónyuge, sea cual sea el régimen económico matrimonial, o persona que conviva en análoga relación de afectividad e hijos económicamente dependientes o personas tuteladas, participaciones directas o indirectas superiores a un diez por ciento en empresas mientras estas tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local, o sean subcontratistas de dichas empresas, o reciban subvenciones provenientes de cualquier Administración pública.
2. En el supuesto de sociedades mercantiles cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, dicha prohibición afectará a las participaciones patrimoniales que, sin llegar al porcentaje del diez por ciento, supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación.
3. En el supuesto de que la persona que sea nombrada para ocupar un cargo de los comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley poseyera una participación superior a las que se refieren los apartados anteriores, tendrá que desprenderse de la misma en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de la toma de posesión de su cargo. Si la participación fuera adquirida por sucesión hereditaria o donación durante el ejercicio del cargo, el plazo para desprenderse de la misma será de cuatro meses.
En ambos casos se dará cuenta al registro de bienes y derechos patrimoniales de autoridades y cargos del sector público autonómico de la enajenación o cesión, así como de la identificación del destinatario.
num: Artículo 53
paragraphs: Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.
1. Durante los dos años siguientes a la fecha del cese, las autoridades y cargos del sector público autonómico no podrán realizar, por sí mismos o a través de sociedades o empresas participadas por ellos directa o indirectamente en más del diez por ciento o con las que mantengan cualquier relación profesional remunerada, actividades privadas relacionadas con procedimientos sobre los que hayan emitido informe preceptivo y vinculante o hayan dictado resolución o sobre los que hayan intervenido mediante la presentación de propuestas en reuniones del Gobierno en las que se hubiera adoptado acuerdo o resolución.
2. Las autoridades y cargos del sector público autonómico que con anterioridad a ocupar dichos puestos públicos hubieran ejercido su actividad profesional en empresas privadas a las cuales quisieran reincorporarse no incurrirán en la incompatibilidad prevista en el apartado anterior cuando la actividad que vayan a desempeñar en ellas se desarrolle en puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo ocupado ni puedan adoptar decisiones que afecten a este.
3. Las autoridades y cargos del sector público autonómico deberán efectuar, durante el período de dos años a que se refiere el primer apartado de este artículo, ante el órgano competente en materia de conflictos de intereses la declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio. En el plazo de un mes, el órgano competente en materia de conflictos de intereses se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios. En caso de no pronunciamiento, el sentido del silencio será positivo.
4. Estas limitaciones con posterioridad al cese serán de aplicación a quienes hubieran ocupado un puesto de alto cargo y reingresen a la función pública y tengan concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos.
num: Artículo 54
paragraphs: Compensación económica tras el cese por aplicación del régimen de incompatibilidades.
1. Podrá establecerse una compensación económica mensual, durante un período máximo de dos años tras el cese, en relación con aquellos cargos o autoridades que cuando tomaron posesión desarrollaban una actividad que, conforme a esta ley, resulte totalmente incompatible por razón de las funciones desarrolladas. La incompatibilidad deberá ser apreciada motivadamente por el órgano competente en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades, previo informe vinculante de la Agencia de Integridad y Ética Públicas. La percepción de esta compensación económica mensual será incompatible con la percepción de cualquier otra retribución, pública o privada.
2. El órgano competente en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades supervisará que durante el período en que se perciba la compensación, cuando proceda conforme al apartado anterior, se mantienen las condiciones que motivaron su reconocimiento.
num: Artículo 55
paragraphs: Declaración de actividades.
1. Las autoridades y cargos del sector público autonómico están obligados a formular una declaración de las actividades económicas, profesionales o mercantiles que hubieren desempeñado, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, durante los dos años anteriores a su toma de posesión. Dicha declaración de actividades deberá efectuarse en el plazo improrrogable de los dos meses siguientes a la fecha de toma de posesión.
2. Una vez hubiesen cesado en el desempeño de los cargos, las autoridades y cargos del sector público autonómico estarán obligados a formular una declaración de las actividades económicas, profesionales o mercantiles que vayan a realizar tras su cese, ante el órgano competente en materia de conflictos de intereses, en el plazo improrrogable de los dos meses siguientes a la fecha de su cese.
3. Asimismo, las autoridades y cargos del sector público autonómico, una vez que hayan cesado, deberán efectuar una nueva declaración de actividades previa al inicio de cualquier nueva actividad no declarada ante el órgano competente en materia de conflicto de intereses. Esta obligación se mantendrá durante los dos años siguientes a la fecha de su cese.
num: Artículo 56
paragraphs: Declaración de bienes y derechos patrimoniales.
1. Las autoridades y cargos del sector público autonómico deberán formular una declaración patrimonial comprensiva de los bienes, derechos y obligaciones ante el órgano competente en materia de conflictos de intereses.
2. La declaración patrimonial irá acompañada de la copia de la última declaración tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio, en su caso.
3. La declaración patrimonial se presentará en el plazo improrrogable de dos meses siguientes a las fechas de toma de posesión y cese, respectivamente, en el cargo.
Además, anualmente, deberán presentar copia de las declaraciones tributarias referidas en el apartado anterior, en el plazo improrrogable de dos meses desde la conclusión de los plazos establecidos legalmente para su presentación.
num: Artículo 57
paragraphs: Registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales.
1. El Registro de actividades y el Registro de bienes y derechos patrimoniales de autoridades y cargos del sector público autonómico, tendrán carácter público y se regirá por lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales y de transparencia.
2. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de las autoridades y cargos del sector público autonómico se publicará en el portal de transparencia, en los términos previstos reglamentariamente. En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares. La información procedente de estas declaraciones se organizará de manera que sea fácilmente accesible y permita una consulta rápida, ágil e intuitiva, para lo que se utilizarán formatos de datos que permitan la interoperabilidad y la reutilización de la información de acuerdo con la normativa de protección de datos.
3. El órgano competente para la gestión de los registros es el órgano competente en materia de conflictos de intereses. Será el encargado de la llevanza y gestión de los Registros de actividades, y de bienes y derechos patrimoniales, así como responsable de la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que en ellos se contengan.
4. Los datos incorporados a ambos Registros se inscribirán en el correspondiente fichero de datos de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
5. El personal que preste servicios en los Registros regulados en esta ley tiene el deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones que conozcan por razón de su cargo, trabajo o función, incluso después de haber cesado en el desempeño de estas funciones.
num: Artículo 58
paragraphs: Deber de abstención.
1. Las autoridades y cargos del sector público autonómico vienen obligados a abstenerse del conocimiento de los asuntos en los que pudieran incurrir en conflicto de intereses y, en todo caso, en aquellos asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien convivan en análoga relación de afectividad, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público.
2. En el caso de que, durante el desempeño del cargo público, las autoridades y cargos del sector público autonómico estuvieran obligados a abstenerse en los términos previstos en esta ley, en la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público o en cualquier otra ley, la abstención se producirá por escrito para su adecuada expresión y constancia y se notificará al superior inmediato del alto cargo o al órgano que lo designó, quien decidirá sobre la procedencia de la misma. En todo caso, esta abstención será comunicada por el interesado, en el plazo de un mes, al Registro de actividades de las autoridades y cargos del sector público autonómico para su constancia.
3. A los efectos de este artículo, el órgano competente en materia de conflicto de intereses, de acuerdo con lo manifestado en la respectiva declaración de actividades de las autoridades y cargos del sector público autonómico, les informarán sobre los asuntos o materias sobre los que deberán abstenerse. En todo caso, las autoridades y cargos del sector público autonómico podrán formular cuantas consultas estimen necesarias al órgano competente en conflictos de intereses.
num: Artículo 59
paragraphs: Examen de la situación patrimonial de las autoridades y cargos del sector público autonómico.
1. La situación patrimonial de los miembros del Gobierno y de los altos cargos será examinada por el órgano competente en materia de conflicto de intereses al finalizar su mandato.
2. Se elaborará un informe en el plazo de los cuatro meses siguientes a su cese, en que se examinarán los siguientes extremos:
a) El adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en esta ley.
b) La existencia de indicios de enriquecimiento injustificado, teniendo en consideración los ingresos percibidos a lo largo de su mandato y la evolución de la situación patrimonial.
3. Para la elaboración de este informe, el órgano competente en materia de conflicto de intereses podrá requerir a los miembros del Gobierno y a los altos cargos aportar toda la documentación que considere necesaria.
4. Una vez elaborado el informe, en fase de propuesta, será remitido al interesado para que pueda formular las alegaciones que estime oportunas, en el plazo de quince días.
5. Transcurrido dicho plazo y habiendo sido respondidas motivadamente las alegaciones presentadas, se elevará el informe a definitivo, procediéndose a su notificación a los interesados.
6. Si las conclusiones del informe reflejasen indicio de enriquecimiento injustificado, se dará cuenta a la Agencia de Integridad y Ética Públicas y se solicitará colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a los efectos de aclarar los hechos. Si, concluida esta colaboración, persistiesen los indicios de enriquecimiento injustificado, se dará traslado a las autoridades y órganos competentes.
num: Artículo 60
paragraphs: Principios generales.
1. El incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la presente ley por parte de las personas responsables conlleva la aplicación del régimen sancionador regulado por este capítulo.
2. En todo aquello no determinado por el presente capítulo son de aplicación los principios y reglas generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador establecidos por la legislación básica y por la legislación autonómica.
num: Artículo 61
paragraphs: Infracciones.
1. A los efectos de esta ley, se consideran infracciones muy graves:
a) La obstaculización o incumplimiento de las actuaciones y resoluciones de la Agencia de Integridad y Ética Públicas.
b) El incumplimiento de los principios de conducta establecidos en el artículo 40.4 de la presente ley.
c) El ejercicio de actividades incompatibles.
d) La presentación de declaraciones con datos o documentos falsos.
e) La inducción, por parte de personas físicas, a un cargo o empleado público del sector público autonómico a la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en este capítulo, aun cuando no haya obtenido el beneficio particular pretendido.
2. Se consideran infracciones graves:
a) El incumplimiento por los lobistas y lobbies de las obligaciones del Código de conducta reguladas en la presente ley o la comisión de tres o más infracciones leves durante el desempeño de su actividad.
b) La vulneración de la confidencialidad garantizada por el estatuto del denunciante.
c) La no presentación de la declaración de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes Registros tras el apercibimiento para ello.
d) La omisión deliberada de datos y documentos que deban ser presentados conforme a lo establecido en esta ley.
e) El incumplimiento del deber de abstención cuando determine la nulidad de la actuación de que se trate.
f) La comisión de tres o más infracciones leves durante el ejercicio del cargo.
3. Se consideran infracciones leves:
a) La falta de colaboración injustificada ante los requerimientos de la Agencia de Integridad y Ética Públicas.
b) El incumplimiento por los lobistas y lobbies de las obligaciones del Código de conducta reguladas en la presente ley cuando este, siendo posible su subsanación, se haya subsanado tras el requerimiento que se formule al efecto.
c) La no presentación de la declaración de actividades o de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes registros, dentro de los plazos establecidos, cuando se subsane tras el requerimiento que se formule al efecto.
num: Artículo 62
paragraphs: Sanciones.
1. Las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento de la ley y su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
2. La sanción por infracción muy grave comprenderá además:
a) El cese en el cargo o en la relación de empleo o servicio que ostentase, salvo que ya se hubiese producido.
b) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente en la forma que se establezca reglamentariamente.
3. Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que hubiera lugar.
4. Si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración deberá poner los hechos en conocimiento del Ministerio fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte la resolución que proceda.
5. Las personas que hayan sido sancionadas por la comisión de infracciones muy graves no podrán ser nombradas ni miembros del Gobierno ni altos cargos de la Administración autonómica durante un período de entre cinco y diez años, contados desde que sea efectiva la sanción.
En la graduación de la medida prevista en el párrafo anterior se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles. En este supuesto, el órgano competente para sancionar deberá realizar la liquidación de las cantidades percibidas indebidamente.
6. Las infracciones leves se sancionarán con amonestación.
num: Artículo 63
paragraphs: Sanciones aplicables a otras personas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.
1. Las sanciones que pueden aplicarse a las personas físicas o jurídicas que no tienen la condición de altos cargos o de personal al servicio de las Administraciones públicas y que incurran en las infracciones previstas en el apartado e) del párrafo 1, apartado a) del párrafo 2 o apartado b) del párrafo 3 del artículo 61 son las siguientes:
a) Por la comisión de infracciones muy graves:
1.º La suspensión para poder contratar con la Administración durante un período de uno a tres años.
2.º La inhabilitación para ser beneficiarios de ayudas públicas durante un período de uno a tres años.
b) Por la comisión de infracciones graves:
1.º La inhabilitación para ser beneficiarios de ayudas públicas durante un período máximo de un año.
2.º La suspensión, durante un período máximo de un año, de la inscripción en el Registro de grupos de interés para los lobistas y lobbies o su cancelación definitiva en función de la gravedad del incumplimiento.
c) Por la comisión de infracciones leves: amonestación.
num: Artículo 64
paragraphs: Procedimiento sancionador.
El procedimiento se sustanciará en expediente contradictorio y sumario conforme se determine reglamentariamente. En lo que no se regule de manera específica, se aplicará supletoriamente la normativa autonómica que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.
num: Artículo 65
paragraphs: Órganos competentes del procedimiento sancionador.
1. El órgano competente para ordenar la incoación del procedimiento sancionador es el consejero del Departamento de Presidencia, salvo que el cargo público afectado sea miembro del Gobierno, en cuyo caso la incoación corresponde al propio Gobierno, a propuesta de dicho consejero.
2. La instrucción de los correspondientes expedientes se realizará por el órgano competente en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades.
3. Corresponde al Consejo de Gobierno la imposición de sanciones por faltas muy graves y, en todo caso, cuando se trata de un miembro del Gobierno. La imposición de sanciones por faltas graves y leves corresponde al consejero del Departamento de Presidencia.
4. La suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro de intereses corresponde a la Agencia de Integridad y Ética Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la presente ley.
num: Artículo 66
paragraphs: Prescripción de infracciones y sanciones.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años; las impuestas por infracciones graves, a los tres años, y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.
num: Disposición adicional primera. Referencias de género.
paragraphs: La utilización de sustantivos de género gramatical determinado en referencia a cualquier sujeto, cargo o puesto de trabajo debe entenderse realizada por economía de expresión y como referencia genérica tanto para hombres como para mujeres con estricta igualdad a todos los efectos.
num: Disposición adicional segunda. Supresión de tratamientos protocolarios oficiales.
paragraphs: 1. El tratamiento oficial de carácter protocolario de las autoridades y cargos del sector público de Aragón y de las instituciones y órganos estatutarios será el de señor/señora seguido de la denominación del cargo o empleo correspondiente.
2. El tratamiento oficial de carácter protocolario de las instituciones y órganos del sector público de Aragón continuará siendo el vigente a la entrada en vigor de esta Ley.
num: Disposición adicional tercera. Oficina Virtual de la Agencia.
paragraphs: La Oficina Virtual a que se refiere el artículo 46 deberá estar operativa en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley y deberá garantizar la confidencialidad, la seguridad de las comunicaciones y admitir la posibilidad de aportar documentación en diferentes formatos.
num: Disposición adicional cuarta. Obligación de comunicar nombramientos.
paragraphs: 1. Todas las entidades del sector público autonómico deberán comunicar al órgano competente en materia de conflictos de intereses los nombramientos y ceses que efectúen correspondientes a puestos de trabajo cuyo titular esté incluido en el ámbito de aplicación de la presente ley.
2. Las sociedades participadas por la Corporación Empresarial Pública de Aragón realizarán la comunicación a través de esta.
num: Disposición adicional quinta. Atribución de competencias sobre conflictos de intereses e incompatibilidades.
paragraphs: 1. Las competencias en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades corresponderán a la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno de Aragón.
2. Mediante Decreto podrá modificarse el Departamento u órgano de la Administración autonómica competente en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades.
num: Disposición adicional sexta. Régimen de publicidad de las instrucciones de la Intervención General.
paragraphs: 1. La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma podrá dirigir las actividades de sus órganos jerárquica o funcionalmente dependientes mediante instrucciones u órdenes de servicio.
2. Las instrucciones u órdenes de servicio que dicte la Intervención General se publicarán por medios telemáticos en todo caso y podrán también publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón» cuando la Intervención General lo considere conveniente por razón de sus destinatarios o de los efectos que puedan producirse. Asimismo, podrán publicarse aquellos informes de fiscalización de especial relevancia, a juicio de la Intervención General, para la coordinación de las funciones que le corresponden.
3. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir y de los efectos generadores de precedente administrativo que su seguimiento continuado pueda llegar a producir.
num: Disposición adicional séptima. Régimen sancionador en las materias de gestión económico-presupuestaria y disciplinaria.
paragraphs: Las previsiones contenidas en los artículos 64 y 65 de esta ley, referidos al procedimiento sancionador y a los órganos competentes de éste, serán de aplicación al régimen sancionador en las materias de gestión económico-presupuestaria y disciplinaria reguladas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
num: Disposición adicional octava. Control parlamentario sobre responsabilidad civil en los procesos penales.
paragraphs: En los procesos penales que se sigan por delitos contra la Administración pública y se halle comparecida la Administración autonómica no se podrá alcanzar acuerdo alguno sobre la responsabilidad civil derivada del delito en cualesquiera de las fases del proceso sin autorización previa de las Cortes de Aragón.
num: Disposición transitoria primera. Aplicación de la normativa sobre conflictos de intereses e incompatibilidades.
paragraphs: Las autoridades y cargos del sector público de Aragón se regirán por la normativa sobre conflictos de intereses e incompatibilidades establecida en esta ley, pasado un año desde su entrada en vigor.
No obstante, transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, se aplicarán sus disposiciones sobre publicidad de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales y las establecidas en la normativa sobre transparencia.
num: Disposición transitoria segunda. Aplicación de medidas a denunciantes.
paragraphs: Las medidas favorables a la protección del denunciante reguladas en esta ley serán de aplicación a todos los denunciantes relacionados con denuncias vigentes, aunque su presentación haya sido anterior.
num: Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
paragraphs: Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley, y expresamente los artículos 21, 31 a 36 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
num: Disposición final primera. Modificación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
paragraphs: La Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, se modifica en los siguientes términos:
1. Se introduce una nueva letra en el apartado 1 del artículo 8 con la siguiente redacción:
2. La letra a) del apartado 5 del artículo 13 queda redactada como sigue:
num: Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
paragraphs: La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón, se modifica en los siguientes términos:
1. Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que pasa a tener la siguiente redacción:
2. Se modifica la titulación del artículo 4, que pasa a denominarse de la siguiente manera:
3. Se añaden dos nuevos apartados 3 y 4, en el artículo 4, con la siguiente redacción:
4. Se modifica el título del artículo 8, que queda redactado de la siguiente manera:
Se introduce un inciso final, como último párrafo, en el apartado segundo del artículo 8, con la siguiente redacción:
5. Se añade un artículo 12 quater, con la siguiente redacción:
6. Se añade un artículo 12 quinquies, con la siguiente redacción:
7. La letra a) del apartado 2 del artículo 17 queda redactada como sigue:
8. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 17, con la siguiente redacción:
9. El apartado 1 del artículo 18 queda redactado como sigue:
10. El artículo 20 queda redactado como sigue:
11. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 21, con la siguiente redacción:
12. Se añade un capítulo VI, con la siguiente redacción:
13. Se añade un capítulo VII, con la siguiente redacción:
14. Se añade un capítulo VIII, con la siguiente redacción:
15. La disposición adicional octava queda redactada de la siguiente manera:
num: Disposición final tercera. Modificación de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
paragraphs: La Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se modifica en los siguientes términos:
1. La letra b) del apartado 1, del artículo 2 queda redactada como sigue:
2. Se modifica el apartado 7 y se introduce un apartado 8 en el artículo 5, que quedan redactados como sigue:
3. Se introduce un nuevo apartado cuarto en el artículo 14, numerándose sus actuales apartados 4 a 6 como apartados 5 a 7 sin modificaciones y quedando redactado el nuevo apartado 4 como sigue:
4. El apartado tercero del artículo 21 queda redactado como sigue:
5. El apartado primero del artículo 22 queda redactado como sigue:
6. Se introduce un nuevo apartado quinto en el artículo 23 redactado como sigue:
7. Se introducen dos nuevos apartados segundo y quinto en el artículo 26, numerándose sus actuales apartados 2 y 3 como apartados 3 y 4 sin modificaciones y quedando redactados los nuevos apartados como sigue:
8. Se introduce un nuevo apartado tercero en el artículo 28, numerándose sus actuales apartados 3 a 6 como apartados 4 a 7 sin modificaciones y quedando redactado el nuevo apartado 3 como sigue:
9. El apartado quinto del artículo 32 queda redactado como sigue:
10. El apartado segundo del artículo 40 queda redactado como sigue:
11. El apartado tercero del artículo 49 queda redactado como sigue:
12. Se introduce un nuevo apartado quinto en el artículo 56 redactado como sigue:
13. El artículo 58 queda redactado como sigue:
num: Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio.
paragraphs: Se introduce una nueva disposición adicional decimoquinta en el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, quedando renumerada la anterior disposición adicional decimoquinta como disposición adicional decimocuarta; y la disposición adicional decimocuarta como disposición adicional decimosexta.
La nueva disposición adicional decimoquinta queda redactada como sigue:
num: Disposición final quinta. Modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
paragraphs: 1. Se modifica el capítulo IV del título IV, relativo al Gobierno en funciones, que queda redactado de la siguiente manera:
2. La disposición adicional tercera, relativa al Estatuto de los ex Presidentes de la Comunidad Autónoma, pasa a tener la siguiente redacción:
num: Disposición final sexta. Aprobación de los Reglamentos de la Agencia de Integridad y Ética Públicas.
paragraphs: En el plazo de cuatro meses desde la creación de la Agencia de Integridad y Ética Públicas se aprobarán su reglamento de organización y funcionamiento y su reglamento de actuación, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
num: Disposición final séptima. Personal directivo en el sector público autonómico.
paragraphs: 1. El Gobierno de Aragón presentará ante las Cortes de Aragón un proyecto de ley de función pública de Aragón en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley.
2. Dicho proyecto de ley deberá incluir, en desarrollo del artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el estatuto especial del personal directivo con arreglo a las siguientes reglas:
a) Las relaciones de puestos de trabajo calificarán como puestos de carácter directivo, como mínimo, aquellos que, ubicados bajo la dependencia directa de altos cargos, tengan encomendadas funciones directivas que afecten a diversas unidades administrativas y requieran períodos plurianuales de gestión. Los puestos de carácter directivo podrán incorporar complementos asociados a la evaluación del desempeño, sin que sus retribuciones totales puedan superar las fijadas para los altos cargos de los que dependan.
b) El nombramiento del personal directivo deberá realizarse mediante un procedimiento selectivo que garantice la publicidad y libre concurrencia con arreglo a los principios de mérito y capacidad. La valoración de los méritos corresponderá a un órgano colegiado, que propondrá un mínimo de tres candidatos idóneos para el puesto al titular del departamento u organismo público, que deberá seleccionar a uno de ellos.
c) El cese del personal directivo se producirá por causas tasadas legalmente, que deberán responder a criterios objetivos, vinculados al desempeño y a la valoración del ejercicio profesional del puesto, incluida la idoneidad para la implementación de las políticas públicas diseñadas desde el departamento, sin que puedan justificarse únicamente por razón de cambios de gobierno o de los altos cargos de los que dependan.
d) Podrán establecerse períodos de desempeño de los puestos directivos temporalmente limitados, que en ningún caso podrán ser coincidentes con los de las legislaturas.
num: Disposición final octava. Delegación legislativa.
paragraphs: 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en el artículo correspondiente de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, se autoriza al Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, apruebe un texto refundido de las siguientes leyes:
a) Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, y las normas legales que la modifican.
b) Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón, y las normas legales que la modifican.
c) Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
2. La facultad de refundición comprende su sistematización, regularización, renumeración, aclaración y armonización en el marco de los principios contenidos en las respectivas normas reguladoras.
num: Disposición final novena. Desarrollo de la ley.
paragraphs: Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones de carácter reglamentario sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente ley.
num: Disposición final décima. Entrada en vigor.
paragraphs: 1. La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
2. No obstante, el capítulo IV de la ley entrará en vigor en el plazo de seis meses desde la aprobación del reglamento que regule el régimen jurídico del Registro de lobbies previsto en el artículo 37 de esta.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.