Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia.
Source: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

num: Artículo 1
paragraphs: Objeto.
Constituye el objeto de la presente ley el fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia mediante la previsión de medidas que faciliten el desarrollo, acceso y gestión del suelo empresarial, la mejora de la normativa de aplicación a dicha implantación y la previsión de los oportunos incentivos, así como la coordinación de las actuaciones en este campo de las diferentes consejerías de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos, en el marco de la competencia exclusiva de la misma para el fomento y planificación de la actividad económica en Galicia.
num: Artículo 2
paragraphs: Ámbito de aplicación.
Las previsiones de la presente ley se aplican a las iniciativas empresariales de los sectores industrial, de servicios relacionados con el sector industrial y comercial que precisen para su implantación el uso del suelo mediante establecimientos o instalaciones de carácter permanente.
num: Artículo 3
paragraphs: Principios.
El fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia se rige por los siguientes principios:
a) Libertad de empresa y de establecimiento y prestación de servicios, de acuerdo con lo establecido en la Constitución española, en los tratados de la Unión Europea y en las disposiciones que los desarrollan.
b) Eficacia, eficiencia y coordinación de las actuaciones de las administraciones públicas dirigidas a fomentar la implantación de iniciativas empresariales que impulsen nuestros sectores productivos y favorezcan la generación de valor añadido y el cierre de los ciclos productivos, así como la consolidación de empleo de calidad.
c) Racionalización de la oferta de suelo empresarial y facilidad para el acceso al mismo de las iniciativas empresariales que lo demanden.
d) Calidad de las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios de las áreas empresariales y responsabilidad pública y privada, según corresponda, en el mantenimiento y conservación de las mismas.
e) Buena regulación, que incluye la simplificación de la normativa autonómica y municipal que afecta a la implantación de iniciativas empresariales y la eliminación de las cargas administrativas innecesarias o accesorias vinculadas a la misma.
f) Racionalización del sistema tributario autonómico y municipal y coordinación del mismo con los incentivos a la implantación de iniciativas empresariales.
g) Respeto por el medio ambiente y apuesta por el desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras, buscando un equilibrio entre la defensa del medio y el desarrollo y la modernización y salvaguardando la custodia del patrimonio natural y cultural.
num: Artículo 4
paragraphs: La consejería competente en materia de economía.
En la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia corresponde a la consejería competente en materia de economía el ejercicio de las competencias para el fomento de la implantación de iniciativas empresariales, en coordinación con las demás consejerías con atribuciones relacionadas con dicha implantación.
num: Artículo 5
paragraphs: La consejería competente en materia de vivienda y suelo.
Corresponde a la consejería competente en materia de vivienda y suelo, a través del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, en el marco de lo establecido en la Ley 3/1988, de 27 de abril, de creación del referido instituto, o norma que la sustituya:
a) La propuesta de disposiciones para el establecimiento, desarrollo y gestión de la política en materia de suelo empresarial de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como su ejecución y evaluación.
b) La planificación, desarrollo y gestión del suelo empresarial en el ámbito autonómico.
c) La elaboración, promoción y gestión de planes y programas de promoción, adquisición y puesta en el mercado del suelo empresarial que incentiven el asentamiento de empresas, la dinamización económica y el equilibrio territorial.
num: Artículo 6
paragraphs: La consejería competente en materia de evaluación y reforma administrativa.
Corresponde a la consejería competente en materia de evaluación y reforma administrativa proponer los criterios y las medidas que permitan la simplificación y reducción de las cargas administrativas, así como la supresión de trámites y documentación innecesaria, en los procedimientos que se regulen por la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia de aplicación a la implantación de iniciativas empresariales, en coordinación con la consejería competente en materia de economía.
num: Artículo 7
paragraphs: Los ayuntamientos.
En ejercicio de sus competencias relacionadas con la implantación de iniciativas empresariales, los ayuntamientos, en coordinación con la Administración general de la Comunidad Autónoma:
a) En el marco de las previsiones del Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia, destinarán suelo adecuado y suficiente para la implantación de iniciativas empresariales y favorecerán, con las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios que sean precisos, la ubicación de actividades económicas generadoras de empleo estable, especialmente aquellas que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas tecnologías, mejorando los tejidos productivos, por medio de una gestión inteligente, y teniendo en cuenta las singularidades o especiales características singulares de cada zona.
b) Evaluarán periódicamente los efectos y los resultados obtenidos por la normativa municipal de aplicación a la implantación de iniciativas empresariales y tramitarán, en su caso, propuestas de simplificación y eliminación de las cargas administrativas innecesarias o accesorias vinculadas a la misma.
c) Racionalizarán el sistema tributario municipal para el fomento de la implantación de iniciativas empresariales, con la previsión de los oportunos incentivos fiscales.
num: Artículo 8
paragraphs: Tramitación urgente de proyectos sectoriales incluidos en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia.
Si concurriesen razones de urgencia, que corresponderá apreciar al Consello de la Xunta de Galicia, este podrá acordar que en la tramitación de los proyectos sectoriales incluidos en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia y en sus modificaciones se reduzcan a la mitad los plazos de información pública y audiencia previstos en la legislación vigente en materia de ordenación del territorio.
num: Artículo 9
paragraphs: Desarrollo parcial de las áreas empresariales incluidas en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia.
Cuando la demanda real de suelo de un área empresarial delimitada en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia no justifique la necesidad inmediata de desarrollo de toda el área, podrán aprobarse proyectos sectoriales que comprendan únicamente una parte de aquella que permita atender a la demanda existente, siempre que quede garantizada la viabilidad del desarrollo futuro del resto del ámbito, y previa audiencia del ayuntamiento o ayuntamientos afectados.
num: Artículo 10
paragraphs: Ejecución de los proyectos sectoriales de áreas empresariales.
1. La ejecución de los proyectos sectoriales para el desarrollo de un área empresarial, cuando no contemplen la división del ámbito en polígonos y el sistema de actuación previsto sea el de expropiación, podrá desarrollarse por fases de urbanización, que se ejecutarán ajustándose a la demanda de suelo empresarial existente.
2. La aprobación de la delimitación de las fases de urbanización corresponderá, previa audiencia del ayuntamiento o ayuntamientos afectados, al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, a petición de la persona promotora, debiendo contemplar la orden de ejecución de las distintas fases en que se divida la actuación y garantizar que, una vez finalizada la fase correspondiente, todas las parcelas de la misma dispongan de los servicios urbanísticos precisos para el pleno funcionamiento del ámbito correspondiente, debiendo cumplirse en la urbanización de la fase la reserva mínima de plazas de aparcamiento que le corresponderían por aplicación de los estándares establecidos en la legislación urbanística en función de la superficie de parcelas urbanizadas en dicha fase.
3. La aprobación de la delimitación tendrá los siguientes efectos:
a) Permitirá la aprobación del proyecto de parcelación del ámbito correspondiente a la fase de urbanización a desarrollarse, cuando el mismo no figure incluido en el proyecto de expropiación, y su inscripción en el Registro de la Propiedad. La afección de las fincas resultantes de la parcelación como garantía de la ejecución de las obras de urbanización quedará únicamente limitada a la ejecución de las obras correspondientes a la fase de urbanización en que esté ubicada la finca.
La aprobación del proyecto de parcelación corresponderá al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo cando el promotor sea la Administración general de la Comunidad Autónoma o una entidad perteneciente al sector público autonómico, con independencia de que actúe como promotor único o conjuntamente con otros promotores públicos.
b) Permitirá la aprobación y ejecución de proyectos de urbanización independientes que contemplen la urbanización de cada una de las fases en que se divida el ámbito.
c) Posibilitará la recepción de las obras de urbanización de la fase, una vez ejecutadas, por el ayuntamiento respectivo y su afección al uso público.
num: Artículo 11
paragraphs: Aprobación de los proyectos de urbanización en desarrollo de proyectos sectoriales de áreas empresariales y recepción de las obras.
1. Los proyectos de urbanización que desarrollen las determinaciones de los proyectos sectoriales destinados al desarrollo de un área empresarial promovidos por un promotor público que no sea una administración local o una entidad dependiente de la misma se aprobarán, previa audiencia del ayuntamiento o ayuntamientos afectados, por resolución de la Presidencia del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.
2. Los proyectos de urbanización que desarrollen las determinaciones de los proyectos sectoriales destinados al desarrollo de un área empresarial cuyo promotor sea distinto de los indicados en el apartado anterior serán aprobados por el ayuntamiento correspondiente, siguiendo el procedimiento establecido en la legislación urbanística de aplicación.
En este caso, cuando el proyecto sectorial afecte a más de un ayuntamiento, el proyecto de urbanización habrá de ser aprobado por cada uno de los ayuntamientos afectados, al objeto de disponer de una aprobación conjunta del mismo.
A estos efectos, los ayuntamientos podrán instrumentar los mecanismos de colaboración previstos en la legislación vigente, a fin de coordinar los criterios a que habrá de ajustarse el proyecto de urbanización, unificar la tramitación de los expedientes de aprobación del mismo y determinar el procedimiento para recibir las obras de urbanización, así como establecer las bases del procedimiento a seguir en la gestión de las infraestructuras y servicios urbanísticos del área empresarial y el grado de participación de cada ayuntamiento en los gastos e ingresos generados por dicha gestión y los que pudieran generarse en función de la concesión de títulos administrativos habilitantes de obra y actividad en el área.
3. Una vez finalizadas las obras de urbanización conforme al proyecto aprobado y, en su caso, las modificaciones autorizadas, las obras serán recibidas por el ayuntamiento correspondiente y destinadas al uso público.
num: Artículo 12
paragraphs: Creación del Censo de suelo empresarial de Galicia.
1. Se crea el Censo de suelo empresarial de Galicia como registro público de naturaleza administrativa dependiente de la consejería competente en materia de vivienda y suelo y gestionado por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, que tiene como finalidad conocer el suelo realmente disponible y el grado de ocupación de las áreas empresariales existentes en la Comunidad Autónoma, al objeto de que sea un instrumento de evaluación, planificación y actualización de las necesidades de suelo empresarial en Galicia.
2. Las personas promotoras de áreas empresariales deberán inscribir obligatoriamente en el Censo todas las áreas empresariales promovidas por las mismas que tengan parcelas disponibles para su comercialización, así como las áreas previstas para su inmediato desarrollo.
A estos efectos, se entiende por persona promotora cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, el desarrollo y las obras de urbanización para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
3. El acceso al Censo de suelo empresarial de Galicia es público y se realizará a través de los portales de internet del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y de la sociedad Gestión del Suelo de Galicia, S.A. Toda la información de este registro será accesible de forma libre y gratuita.
4. La estructura, funcionamiento, documentación necesaria y plazos para la inscripción en el Censo de suelo empresarial de Galicia se determinarán por orden de la consejería competente en materia de vivienda y suelo.
num: Artículo 13
paragraphs: Apoyo a los ayuntamientos para el desarrollo de suelo empresarial.
1. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y la sociedad Gestión del Suelo de Galicia, S.A. podrán formalizar convenios con los ayuntamientos que no dispongan de los medios necesarios para el desarrollo de áreas empresariales de iniciativa municipal incluidas en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales en la Comunidad Autónoma de Galicia.
2. La retribución de los trabajos realizados y de los gastos en que incurran estas entidades podrá ser efectuada mediante pago en especie, con la entrega de parcelas de resultado dentro del mismo ámbito a desarrollarse, y siempre que exista acuerdo previo al respecto.
num: Artículo 14
paragraphs: Fomento del acceso al suelo empresarial en la Comunidad Autónoma de Galicia.
1. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y la sociedad Gestión del Suelo de Galicia, S.A. podrán aprobar programas de incentivos para el acceso al suelo de su titularidad, incluyendo bonificaciones en el precio de venta, adjudicación en derecho de superficie con opción de compra o derechos de adquisición preferente a favor de las personas titulares de las parcelas colindantes que permitan la consolidación de una implantación empresarial ya existente.
2. En el supuesto de la sociedad Gestión del Suelo de Galicia, S.A., los programas a que se refiere el apartado anterior habrán de respetar los límites establecidos por la legislación mercantil, debiendo quedar garantizada la viabilidad económica de la sociedad.
num: Artículo 15
paragraphs: Declaración de proyectos empresariales singulares.
1. Se entienden por proyectos empresariales singulares aquellos que justifiquen la especial importancia que su actividad o ubicación suponen para la política económica o el equilibrio territorial de la Comunidad Autónoma, estén vinculados a un sector de actividad de especial relevancia o interés en el ámbito del área empresarial de que se trate o de su área de influencia o acrediten especiales necesidades de suelo de la empresa por la actividad a desarrollarse.
Los proyectos empresariales singulares podrán comprender ámbitos de suelo empresarial urbanizado, pendiente de urbanizar o ambos tipos.
2. Los proyectos empresariales singulares se declararán por el Consello de la Xunta de Galicia cuando el valor de los terrenos sobrepase el importe previsto en la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para los expedientes de contratación que hayan de ser autorizados por el Consello de la Xunta. En los demás supuestos se declararán por la Presidencia del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.
3. Asimismo, corresponde al Consello de la Xunta de Galicia autorizar la declaración y adjudicación de proyectos empresariales singulares por la sociedad Gestión del Suelo de Galicia, S.A. cuando el valor de los terrenos sobrepase el importe previsto en la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para los expedientes de contratación que hayan de ser autorizados por el Consello de la Xunta.
Tanto en este caso, previa autorización del Consello de la Xunta, como en el resto de los supuestos de importes inferiores a los señalados anteriormente, la declaración y adjudicación corresponde al órgano competente de la sociedad.
4. La declaración de un proyecto empresarial singular habilita para la adjudicación directa del suelo de titularidad del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y de la sociedad Gestión del Suelo de Galicia, S.A. Esta adjudicación, así como sus condiciones, habrá de ser autorizada por el Consello de la Xunta de Galicia en los supuestos en que le corresponda declarar el proyecto empresarial singular.
5. La adjudicación del suelo habrá de ser garantizada, en la forma y plazo que se indique en la declaración de proyecto empresarial singular, mediante depósito de, al menos, un 10 % del precio estimado de la parcela o del importe del canon máximo correspondiente a cinco anualidades en caso de solicitudes de adjudicación en derecho de superficie.
No obstante, si la declaración del proyecto singular implicase la modificación de la ordenación urbanística o del proyecto de urbanización del polígono, el depósito en concepto de garantía habrá de ser de, al menos, o 25 % del precio estimado de la parcela o del canon máximo correspondiente a cinco anualidades en caso de adjudicación en derecho de superficie.
El importe del depósito será devuelto en el momento de elevación a escritura pública.
num: Artículo 16
paragraphs: Proyectos industriales estratégicos.
A los efectos de lo previsto en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de política industrial, aprobado por Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, o norma que lo sustituya, podrán ser considerados proyectos industriales estratégicos aquellas propuestas de inversión para la implantación o ampliación de una o varias instalaciones industriales que tengan como resultado previsible una expansión significativa del tejido industrial gallego o la consolidación del mismo, siempre que supongan un volumen de inversión mínima de veinte millones de euros, supongan un nivel de mantenimiento y creación de empleo superior a cien puestos de trabajo directos o impliquen una especial necesidad de suelo por la actividad a desarrollarse que no pudiera ser atendida con la oferta existente.
num: Artículo 17
paragraphs: Flexibilización de los medios de pago del suelo público.
Se autoriza al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y a la sociedad Gestión del Suelo de Galicia, S.A., en los supuestos de enajenación de parcelas empresariales con la forma de pago aplazado a favor de personas empresarias, para que puedan efectuar dicha enajenación sin repercusión de intereses durante los primeros cuatro años, a contar desde la fecha de formalización de la venta, con un periodo de carencia de un año.
num: Artículo 18
paragraphs: Programas de actuación conjunta.
Para los proyectos empresariales singulares y para los proyectos industriales estratégicos, y al amparo de acuerdos específicos de actuación conjunta entre el Instituto Gallego de Promoción Económica y el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o la sociedad Gestión del Suelo de Galicia, S.A., podrán articularse las medidas oportunas para que, al amparo del plan de viabilidad del proyecto empresarial aprobado por el Instituto Gallego de Promoción Económica, y siempre que quedase garantizado el retorno del precio del suelo, pueda ampliarse el periodo de carencia señalado en el artículo anterior hasta un máximo de tres años y aplazar el pago sin intereses hasta cinco años.
num: Artículo 19
paragraphs: Mantenimiento y conservación de las áreas empresariales.
1. El mantenimiento y conservación de las infraestructuras, equipamientos y dotaciones de las áreas empresariales que hayan de ser entregadas a la Administración para su incorporación al dominio público corresponde a la misma desde la recepción expresa o tácita de las obras de urbanización.
En caso de que la Administración municipal no resolviese expresamente sobre la recepción de las obras de urbanización en el plazo de tres meses desde que se inste a tal recepción acompañada de certificación expedida por la dirección técnica de las obras, estas se entenderán recibidas.
Con anterioridad a dicha recepción, la responsabilidad de mantenimiento y conservación recae en la entidad promotora de la actuación urbanizadora.
2. El mantenimiento y conservación de las infraestructuras, equipamientos y dotaciones de titularidad privada común corresponde a las personas propietarias de las parcelas del área empresarial, constituidas en la correspondiente comunidad de personas propietarias.
3. No obstante lo indicado en el apartado 1 de este artículo, los ayuntamientos que carezcan de recursos para el mantenimiento de la urbanización podrán solicitar, durante el procedimiento de tramitación del correspondiente proyecto sectorial, que se incluya en el mismo la obligación de que las personas propietarias del suelo urbanizado constituyan una entidad de conservación que se hará cargo del mantenimiento y conservación de la urbanización y asumirá los gastos correspondientes durante un periodo que no podrá ser superior a cinco años desde la recepción de las obras por el ayuntamiento.
La solicitud habrá de dirigirse al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, antes de la finalización del trámite de información pública del proyecto sectorial, acompañándose la misma de la certificación justificativa de la carencia de medios para asumir los gastos de la urbanización, que deberá venir firmada por el alcalde y por el funcionario que ostente las funciones de tesorería de la Administración municipal.
El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo resolverá sobre dicha solicitud, ordenando, en caso de estimarla justificada, que se contemple en el proyecto sectorial la obligación de la constitución de una entidad urbanística de conservación, a la cual corresponderán las obligaciones de mantenimiento y conservación de la urbanización del parque durante el periodo que se establezca, en función de las previsiones del ayuntamiento, no pudiendo ser superior a cuatro años.
4. Finalizado el periodo de vigencia de la entidad urbanística de conservación establecido en el proyecto sectorial, las obligaciones de conservación y mantenimiento de la urbanización pasarán a ser asumidas por el ayuntamiento.
5. Con independencia de lo indicado en el apartado 3, los ayuntamientos, mediante acuerdo del pleno de la corporación, previa solicitud de las personas propietarias de, al menos, el 50 % de la superficie del área de suelo, pueden trasladar por un tiempo determinado, no superior a cinco años, a las personas propietarias, constituidas al efecto en entidad urbanística de conservación, el deber de mantenimiento y conservación de las infraestructuras, equipamientos y dotaciones de las áreas empresariales que se hubieran entregado a la Administración para su incorporación al dominio público. El ayuntamiento podrá prorrogar la duración de esta obligación por periodos de dos años a petición de las personas propietarias de, al menos, el 50 % de la superficie del área de suelo.
num: Artículo 20
paragraphs: Prestación de servicios en las áreas empresariales.
1. La prestación en las áreas empresariales de servicios comunes puede ser asumida por las personas propietarias de manera colectiva mediante su constitución en una entidad asociativa de gestión del área de suelo.
2. Todas las personas propietarias de parcelas en un área empresarial que deseen beneficiarse de los servicios comunes prestados por la entidad de gestión tienen el derecho a formar parte de la misma como miembros con plenitud de facultades y la obligación de contribuir al sostenimiento económico de la entidad y de los servicios que preste. El incumplimiento de esta obligación supondrá la suspensión de los derechos inherentes a la condición de miembro de la entidad de gestión y de la prestación de los servicios de los que el sujeto incumplidor o la parcela de que es propietario se beneficie de manera individualizada, sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan a la entidad de gestión para reclamar las cantidades adeudadas.
num: Artículo 21
paragraphs: Convenios para la mejora de las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios de las áreas empresariales.
1. Las administraciones públicas competentes podrán suscribir convenios con las entidades de gestión de las áreas empresariales, en los términos establecidos por la legislación de régimen jurídico del sector público, con la finalidad de conservar o mejorar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios de que dispongan las mismas.
2. Estos convenios podrán, asimismo, determinar las modalidades y condiciones financieras de participación de las administraciones que los suscriban y de la correspondiente entidad de gestión en la prestación de todo tipo de servicios en las áreas empresariales.
num: Artículo 22
paragraphs: Infracciones.
Tendrá la consideración de infracción administrativa leve la falta de inscripción en el Censo de suelo empresarial de Galicia de las áreas empresariales que tengan parcelas disponibles para su comercialización, así como de las áreas empresariales para su inmediato desarrollo.
num: Artículo 23
paragraphs: Responsabilidad.
1. Serán sancionadas por los hechos constitutivos de la infracción prevista en el artículo anterior las personas promotoras de áreas empresariales, según lo establecido en el apartado 2 del artículo 12, que resulten responsables de la misma.
2. Cuando la responsabilidad de los hechos constitutivos de la infracción correspondiese a una persona jurídica, podrán considerarse responsables, además, las personas físicas integrantes de sus órganos de dirección que hubieran autorizado o consentido la comisión de la infracción. Dichas personas físicas serán consideradas responsables, en todo caso, si la persona jurídica se ha extinguido antes de haberse dictado la resolución sancionadora.
num: Artículo 24
paragraphs: Sanciones.
La infracción prevista en el artículo 22 será sancionada con multa de 1.000 a 10.000 euros.
num: Artículo 25
paragraphs: Órdenes de ejecución.
1. Si la resolución recaída en el procedimiento sancionador a que se refiere el presente capítulo constatase la existencia de la infracción tipificada en el artículo 22, incluirá, además de la correspondiente sanción, una orden de ejecución para que la persona sancionada subsane, dentro del plazo que se fije al efecto, el incumplimiento que motivó la misma.
2. Para compeler al cumplimiento de la orden de ejecución por parte de la persona obligada, la Administración, a partir del momento de la notificación de la misma y una vez constatado su incumplimiento, podrá imponer multas coercitivas de entre 300 y 6.000 euros, con periodicidad mínima mensual.
num: Artículo 26
paragraphs: Competencia sancionadora.
Los órganos competentes para la imposición de las sanciones por la infracción prevista en el artículo 22 serán las personas titulares de las jefaturas territoriales o el órgano equivalente en sus funciones de la consejería competente en materia de vivienda y suelo.
num: Artículo 27
paragraphs: Proyectos sometidos a tramitación ambiental conjunta.
1. Podrán solicitar la tramitación ambiental conjunta las personas promotoras de proyectos de actividades que se encuentran sometidos simultáneamente a los procedimientos de autorización ambiental integrada o, en su caso, modificación substancial de dicha autorización y de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Si el proyecto de actividad estuviera sometido a los procedimientos de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental simplificada, la persona promotora podrá solicitar la tramitación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, al objeto de acogerse al procedimiento de tramitación conjunta, o bien tramitar ambos procedimientos de manera sucesiva.
2. Con carácter previo al inicio del procedimiento de tramitación conjunta, la persona promotora podrá, con carácter potestativo, solicitar al órgano ambiental que elabore un documento de alcance del estudio de impacto ambiental, siguiendo el procedimiento establecido en la normativa en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
num: Artículo 28
paragraphs: Presentación de solicitudes e inicio de la tramitación.
1. La persona solicitante presentará ante el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada la solicitud de autorización ambiental integrada, acompañada del estudio de impacto ambiental, con el contenido legalmente establecido para ambos procedimientos, y el justificante del abono de las tasas correspondientes, utilizando para ello los modelos oficiales establecidos.
2. Cuando el funcionamiento de la instalación implique la realización de vertidos a las aguas continentales, la solicitud a que se refiere el apartado anterior incluirá la documentación exigida por la legislación de aguas para la autorización de vertidos a las aguas continentales.
El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, una vez recibida la documentación mencionada en el párrafo anterior, la remitirá al organismo de cuenca en el plazo de cinco días, para que, en el plazo de diez días desde la entrada de la documentación en su registro, informe sobre si la misma debe completarse, continuándose, en caso contrario, las actuaciones.
3. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, una vez examinado el resto de la documentación presentada por la persona titular y recibido el informe previsto en el apartado anterior, en el plazo de cinco días requerirá a la persona promotora de la instalación para que, en su caso, subsane las deficiencias o acompañe la documentación preceptiva en el plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciese, se tendrá por desistida de su solicitud, de conformidad con lo previsto en la legislación del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Este requerimiento supondrá la suspensión del plazo de tramitación.
4. A los efectos del presente título, se entenderá por «órgano sustantivo» y «órgano ambiental» los definidos como tales en el artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya.
num: Artículo 29
paragraphs: Trámite de información pública y consulta a las administraciones públicas.
1. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada realizará el trámite de información pública. Este trámite será único para los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada o modificación sustancial de la misma, y tendrá una duración no inferior a treinta días.
2. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada consultará en relación con el procedimiento de evaluación ambiental a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, por plazo no inferior a treinta días.
Se recabará con carácter preceptivo el informe del ayuntamiento en cuyo término municipal se emplace la instalación y, además, cuando procedan, los siguientes informes:
a) El informe del órgano con competencias en materia de conservación de la naturaleza.
b) El informe sobre el patrimonio cultural.
c) El informe del órgano con competencias en materia de planificación hidrológica y de dominio público hidráulico.
d) El informe sobre la planificación de la demarcación marina y de dominio público marítimo-terrestre.
e) El informe del órgano competente en materia de paisaje.
f) Un informe preliminar del órgano con competencias en materia de salud pública.
g) El informe de los órganos con competencias en materia de prevención y gestión de riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes.
3. Las consultas previstas en el apartado anterior contendrán, como mínimo, la siguiente información:
a) El proyecto básico y el estudio de impacto ambiental, o el portal de internet en que pueden ser consultados.
b) El órgano a que han de remitirse los informes y las alegaciones.
num: Artículo 30
paragraphs: Resolución.
1. En el plazo máximo de treinta días desde la finalización de los trámites de información pública y de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas previstas en el artículo anterior, el órgano encargado de otorgar la autorización ambiental integrada remitirá a la persona promotora los informes y las alegaciones recibidas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y del estudio de impacto ambiental. Este requerimiento supondrá la suspensión del plazo de tramitación de la autorización ambiental integrada.
En caso de no recibirse la documentación requerida a la persona promotora en el plazo de tres meses, se declarará la caducidad del procedimiento en los términos establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, procediéndose al archivo de las actuaciones.
2. Finalizado el trámite de información pública, y, en su caso, una vez recibida la nueva versión del documento, el órgano encargado de tramitar la autorización ambiental integrada remitirá, a los efectos de dicho procedimiento administrativo, el expediente completo, incluidas las alegaciones y observaciones recibidas, a los siguientes órganos y organismos:
a) Al departamento encargado de la evaluación ambiental de proyectos, una copia completa del expediente, a fin de que en el plazo máximo de dos meses elabore la declaración de impacto ambiental.
Si en el expediente de impacto ambiental no consta alguno de los informes preceptivos y el órgano encargado de su tramitación no dispusiese de elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación de impacto ambiental, requerirá directamente al órgano competente que corresponda la evacuación del informe que precise en un plazo máximo de diez días. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano encargado del otorgamiento de la autorización ambiental integrada y a la persona promotora y suspende el plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.
b) Al organismo de cuenca, para que elabore el informe mencionado en el artículo 19 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, o norma que lo sustituya, en los supuestos en que la actividad precise, de acuerdo con la legislación de aguas, autorización de vertido al dominio público hidráulico. Este organismo habrá de emitir un informe que determine las características del vertido y las medidas correctoras que deben adoptarse a fin de preservar el buen estado ecológico de las aguas.
Este informe tendrá carácter preceptivo y vinculante. En caso de que su emisión corresponda al órgano autonómico competente en materia de aguas, habrá de evacuarse en el plazo máximo de dos meses desde la recepción del expediente que contenga la documentación preceptiva sobre vertidos.
c) Al ayuntamiento en cuyo término municipal se emplace la instalación, para que elabore, en el plazo de treinta días desde la recepción del expediente, el informe mencionado en el artículo 18 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, o norma que lo sustituya, sobre la adecuación de la instalación a todos los aspectos que sean de su competencia.
d) En su caso, al resto de órganos u organismos que hayan de informar sobre las materias de su competencia, una copia del expediente completo junto con las alegaciones y observaciones recibidas.
3. Recibidos los informes previstos en el apartado anterior, el órgano encargado de tramitar la autorización ambiental integrada, una vez realizada una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, dará audiencia a la persona solicitante de la autorización.
Si se formulasen alegaciones, se dará traslado de las mismas junto con la propuesta de resolución a los órganos informantes, para que en el plazo máximo de quince días manifiesten lo que estimen conveniente.
4. Finalizado el trámite de audiencia, el órgano ambiental redactará una propuesta de resolución. Dicha propuesta incorporará la declaración de impacto ambiental.
La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, determinando si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras y las medidas compensatorias.
Si la declaración de impacto ambiental fuese desfavorable a la ejecución del proyecto o el informe vinculante del organismo de cuenca estima que es inadmisible el vertido y, consecuentemente, se impidiese el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, el órgano competente para otorgarla dictará resolución motivada denegatoria.
5. El órgano competente para tramitar la autorización ambiental integrada dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de nueve meses. Esta resolución determinará si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en que puede desarrollarse, las medidas correctoras y las medidas compensatorias. Además, deberá recoger, como mínimo, el contenido establecido en el artículo 10 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real decreto 815/2013, de 18 de octubre, o norma que lo sustituya.
num: Artículo 31
paragraphs: Ámbito de aplicación del procedimiento de coordinación.
1. El procedimiento de coordinación regulado en el presente capítulo se aplicará a las instalaciones que requieran los medios de intervención administrativa de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia enunciados en el apartado 3 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, o norma que lo sustituya, y además requieran de una evaluación de impacto ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya.
2. En concreto, este procedimiento se aplicará a la autorización de industrias o instalaciones industriales que estén legal o reglamentariamente sometidas a autorización administrativa previa, de conformidad con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, o norma que la sustituya. En particular, tendrán esta consideración las autorizaciones establecidas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el capítulo IV de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana, en lo referente a las instalaciones químicas para la fabricación de explosivos, o normas que las sustituyan.
3. Los documentos que sean comunes para varios de los procedimientos regulados en el presente capítulo se presentarán solo una vez, siempre que incluyan todos los requisitos previstos en las distintas normas de aplicación.
num: Artículo 32
paragraphs: Presentación de solicitudes e inicio de la tramitación.
1. La persona promotora del proyecto presentará ante el órgano sustantivo:
a) La solicitud de la autorización sustantiva, la declaración responsable o la comunicación previa, según proceda, junto en cada caso con la documentación exigida con arreglo a la normativa sectorial.
b) Cuando el proyecto esté encuadrado en alguno de los supuestos contemplados en el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya, la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento ambiental del proyecto mencionado en el artículo 45 de dicha ley, o norma que la sustituya.
c) Cuando el proyecto esté encuadrado en el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya, la persona promotora del proyecto podrá presentar con carácter potestativo una solicitud de determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, junto con el documento inicial del proyecto y la documentación mencionada en el apartado 2 del artículo 34 de dicha ley, o norma que la sustituya.
El órgano sustantivo remitirá, según corresponda, la documentación mencionada en los apartados b) o c) al órgano ambiental para que proceda a la tramitación establecida en la sección 2.ª del capítulo I del título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya, o bien proceda a determinar el alcance del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 34 de dicha ley, o norma que la sustituya.
2. La persona titular de la instalación presentará ante el órgano competente de la Administración general de la Comunidad Autónoma la solicitud de autorización ambiental integrada, incluido el estudio de impacto ambiental, en su caso.
num: Artículo 33
paragraphs: Trámite conjunto de información pública y consulta a las administraciones públicas.
1. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada remitirá copia del expediente de solicitud de la autorización ambiental integrada al órgano sustantivo para que, en el plazo de diez días, realice el trámite de información pública y de consulta a las administraciones públicas y a las personas interesadas. Este trámite será único para los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y para el otorgamiento de autorización ambiental integrada, así como para el procedimiento de autorización sustantiva, y tendrá una duración no inferior a treinta días.
En tanto no se reciba dicho expediente, el órgano sustantivo suspenderá el cómputo del plazo para el otorgamiento de la autorización sustantiva.
2. Finalizado el trámite de información pública y de consulta, el órgano sustantivo, en el plazo de cinco días, remitirá el expediente, junto con las alegaciones y observaciones recibidas, al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada.
3. Una vez cumplimentadas las actuaciones reguladas en los apartados anteriores, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, el órgano sustantivo y el órgano ambiental continuarán los trámites establecidos en la legislación que resulte, respectivamente, de aplicación en materia de autorización ambiental integrada, autorización sustantiva o evaluación de impacto ambiental.
El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada suspenderá el cómputo del plazo para el otorgamiento de dicha autorización en tanto no reciba la declaración de impacto ambiental.
num: Artículo 34
paragraphs: Formulación de la declaración de impacto ambiental.
El órgano ambiental formulará la declaración de impacto ambiental, remitiéndola, en el plazo máximo de diez días, al órgano sustantivo y al competente para otorgar la autorización ambiental integrada, para que continúen, respectivamente, con la tramitación del procedimiento de autorización sustantiva y de autorización ambiental integrada.
La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, determinando si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en que puede desarrollarse, las medidas correctoras y las medidas compensatorias.
num: Artículo 35
paragraphs: Informe del órgano autonómico competente en materia de cuencas.
1. En los supuestos en que la actividad sometida a autorización ambiental integrada precise, de acuerdo con la legislación de aguas, autorización de vertido al dominio público hidráulico de cuencas gestionadas por la Comunidad Autónoma de Galicia, el órgano autonómico competente en materia de cuencas habrá de emitir un informe que determine las características del vertido y las medidas correctoras que deben adoptarse a fin de preservar el buen estado ecológico de las aguas.
2. El informe regulado en el apartado anterior tendrá carácter preceptivo y vinculante. Este informe habrá de evacuarse en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de entrada en el registro del órgano autonómico competente en materia de cuencas de la documentación preceptiva sobre vertidos o, en su caso, desde la subsanación que fuese necesaria.
3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que el órgano autonómico competente en materia de cuencas haya evacuado el informe, podrá otorgarse la autorización ambiental integrada, contemplando en la misma las características del vertido y las medidas correctoras requeridas, que se establecerán de conformidad con la legislación sectorial de aplicación.
No obstante lo anterior, el informe recibido fuera del plazo señalado y antes del otorgamiento de la autorización ambiental integrada habrá de tenerse en consideración por el órgano competente de la Administración general de la Comunidad Autónoma.
4. Si el informe vinculante regulado en este artículo estimase que es inadmisible el vertido y, consecuentemente, impide el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, el órgano competente para otorgarla dictará resolución motivada denegatoria.
num: Artículo 36
paragraphs: Competencias relativas a la vigilancia e inspección y potestad sancionadora en materia de vertidos a cuencas gestionadas por la Comunidad Autónoma de Galicia.
En el ámbito de las cuencas gestionadas por la Comunidad Autónoma de Galicia, las competencias relativas a vigilancia e inspección, así como la potestad sancionadora en materia de vertidos de las instalaciones que cuenten con autorización ambiental integrada, corresponden al órgano autonómico competente en materia de aguas, el cual remitirá periódicamente al órgano competente para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada la información derivada de las inspecciones y sanciones que sean impuestas a estas instalaciones.
num: Artículo 37
paragraphs: Procedimiento de tramitación conjunta de las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia.
1. Las personas promotoras de proyectos de instalaciones eléctricas reguladas en el artículo 53 de la Ley 24/2013, del sector eléctrico, o norma que la sustituya, podrán solicitar la tramitación conjunta de las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica, así como, si fuese preciso, el proyecto sectorial, y la solicitud de declaración de utilidad pública. Se exceptúan los proyectos de generación eléctrica a partir de energía eólica, que se regirán por su legislación específica.
2. La unidad tramitadora que instruya el procedimiento para las autorizaciones reguladas en los apartados a) y b) del punto 1 del artículo 53 de la Ley 24/2013, del sector eléctrico, o norma que la sustituya, será el órgano territorial de la consejería competente en materia de energía correspondiente a la provincia donde radique la instalación.
Los órganos competentes para resolver serán los indicados en el Decreto 9/2017, de 12 de enero, por el que se establecen los órganos competentes para la resolución de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas que sean competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, o norma que lo sustituya.
3. En caso de que se optase por la tramitación conjunta regulada en este artículo, la persona solicitante habrá de presentar:
a) La documentación necesaria para la obtención de la autorización administrativa previa y/o de construcción.
b) El documento ambiental necesario para la evaluación ambiental del proyecto, según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya.
c) En su caso, la documentación necesaria para la aprobación del proyecto sectorial, indicada en el Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, o norma que lo sustituya.
d) La relación de bienes y derechos afectados, en caso de solicitarse la declaración de utilidad pública de la instalación.
4. La unidad tramitadora enviará copia del proyecto sectorial al órgano competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo al efecto de que este indique, en el plazo máximo de veinte días, los informes que habrán de recabarse en función de las afecciones derivadas de la normativa sectorial de aplicación.
5. Del mismo modo, se enviará copia del documento ambiental que proceda al órgano ambiental para que este indique, en el plazo máximo de veinte días, la relación de organismos que han de ser consultados a los efectos de la evaluación ambiental del proyecto.
6. La unidad tramitadora someterá a información pública durante un plazo de treinta días, de forma simultánea, el proyecto de ejecución, el estudio de impacto ambiental en caso de evaluación ambiental ordinaria y el proyecto sectorial, mediante su publicación en el «Diario Oficial de Galicia» y, en su caso, el portal de internet de la Xunta de Galicia.
En caso de que se solicitase la declaración de utilidad pública, se realizará de forma simultánea el trámite de información pública mediante la publicación en uno de los diarios de mayor circulación de cada una de las provincias afectadas.
7. La unidad tramitadora enviará una separata del proyecto de ejecución a los organismos indicados en el artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, o norma que lo sustituya.
8. Asimismo, y de forma simultánea, se realizará el trámite de consultas indicado en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya, a los organismos indicados por el órgano ambiental, en caso de evaluación ambiental ordinaria.
En caso de evaluación ambiental simplificada, se realizarán los trámites indicados en la sección 2.ª del capítulo II de dicha ley, o norma que la sustituya.
9. Igualmente, y de forma simultánea, se recabarán los informes necesarios que indique el órgano competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, dándose audiencia a los ayuntamientos afectados, con arreglo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 13 del Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, o norma que lo sustituya.
10. En los casos de organismos que hayan de informar a los efectos indicados en los apartados 7, 8 y 9, se recabará un único informe. El plazo para la remisión de estos informes será de un mes desde la recepción de la solicitud. De no recibirse el informe en plazo, se entenderá la conformidad con la documentación presentada, continuándose la tramitación del procedimiento, salvo que se trate de informes preceptivos y se decida la suspensión del mismo durante el plazo máximo previsto por la legislación del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
11. La unidad tramitadora enviará a la persona promotora los informes y las alegaciones recibidas para su conformidad y/o consideración en la redacción del proyecto de ejecución, del estudio de impacto ambiental y del proyecto sectorial, a fin de que realice las modificaciones y adaptaciones de cada uno de estos documentos.
12. Realizados los cambios y adaptaciones mencionados en el apartado anterior, la persona promotora presentará a la unidad tramitadora el proyecto de ejecución modificado de la instalación, el estudio de impacto ambiental definitivo y el proyecto sectorial, para la obtención de la declaración de impacto ambiental, la autorización administrativa previa y de construcción y la aprobación del proyecto sectorial.
13. En todo lo no previsto en este artículo habrá que estar a lo dispuesto en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y, en lo que corresponda, a lo regulado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, o normas que los sustituyan.
num: Artículo 38
paragraphs: Exención del trámite de información pública.
1. No será necesario el trámite de información pública, siempre que no se solicite la declaración de utilidad pública ni sea preceptiva la evaluación ambiental ordinaria, según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya, en los siguientes casos:
a) Solicitudes de autorización administrativa previa de nuevas instalaciones de distribución o conexión de generadores a la red de distribución de energía eléctrica con una tensión igual o inferior a 30 kV.
b) Solicitudes de autorización administrativa previa de modificaciones de instalaciones de distribución o conexión de generadores a la red de distribución y/o transporte de energía eléctrica, cualquiera que sea su tensión.
c) Modificaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica que no supongan un incremento o reducción de un 10 % de la potencia nominal autorizada, salvo proyectos de generación de energía eléctrica a partir de energía eólica.
d) Instalaciones de autoconsumo de potencia superior a 100 kW.
2. En los casos en que proceda, será necesario acompañar, junto a la solicitud de autorización administrativa, una declaración responsable de la persona solicitante en la que esta haga constar que dispone de acuerdos previos con todas las personas titulares de los bienes y derechos afectados.
num: Artículo 39
paragraphs: Autorizaciones provisionales.
1. De manera excepcional, y al objeto de garantizar el suministro eléctrico, podrán autorizarse instalaciones eléctricas de forma provisional y para un periodo de tiempo determinado, para la realización de obras de interés general o para reforzar el suministro eléctrico en determinadas zonas, así como en aquellos supuestos singulares que determine la consejería competente en materia de energía.
2. La solicitud de autorización administrativa de una instalación eléctrica provisional habrá de acompañarse de un informe justificativo del interés, necesidad y urgencia de la misma, no requiriendo de información pública.
3. La resolución de autorización administrativa de una instalación eléctrica provisional habrá de señalar el plazo máximo por el que se autoriza, el cual, con carácter general, no excederá de un año.
num: Artículo 40
paragraphs: Régimen de incentivos a la inversión.
1. La Comunidad Autónoma de Galicia aprobará un régimen de incentivos a la inversión, de naturaleza subvencional o de bonificaciones impositivas autonómicas, con la finalidad de fomentar el desarrollo de proyectos de inversión con creación de empleo y que supongan la creación de nuevos proyectos empresariales, así como la ampliación o modernización de los ya existentes.
A través de una norma reglamentaria se establecerán los requisitos de las personas beneficiarias y los sectores económicos y las líneas estratégicas donde se aplicarán los criterios para la determinación de la cuantía de la subvención, el mecanismo de pago aplazado y los órganos competentes para la ordenación y resolución de la misma. Cualquier línea de incentivos irá asociada a planes de desarrollo de los sectores que se determinen e incentivará proyectos que se encuadren en las líneas definidas en los planes.
2. El régimen de incentivos a la inversión contemplado en este artículo se configura mediante la concesión de una subvención cuya fase de pago podrá materializarse a medida que se afronte por la persona beneficiaria el abono de figuras tributarias autonómicas o bien teniendo en cuenta estas en la configuración del incentivo.
num: Artículo 41
paragraphs: Medidas de promoción para facilitar la implantación de iniciativas empresariales.
La Xunta de Galicia, a través de sus presupuestos, establecerá mecanismos de mejora de la financiación de los ayuntamientos gallegos que incorporen en sus figuras tributarias medidas para facilitar la implantación de iniciativas empresariales.
num: Disposición adicional primera. Normas complementarias del Decreto 45/2015, de 26 de marzo, por el que se regula el procedimiento integrado para la implantación de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, su puesta en funcionamiento y se determinan los órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de hidrocarburos.
paragraphs: 1. El procedimiento integrado para la implantación de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, regulado en el Decreto 45/2015, de 26 de marzo, será obligatorio si la vía afectada por el acceso a la instalación es de titularidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o de alguna de las entidades locales gallegas.
2. El plazo máximo para la emisión de los informes, autorizaciones o licencias necesarios para la tramitación del procedimiento integrado regulado en el Decreto 45/2015, de 26 de marzo, será de dos meses y el sentido del silencio, negativo, si el órgano competente para su emisión pertenece a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o es alguna de las entidades locales gallegas.
Este plazo y el sentido del silencio no serán de aplicación para el otorgamiento de la licencia municipal de obra.
3. En el procedimiento integrado regulado en el Decreto 45/2015, de 26 de marzo, será preceptiva la emisión de un informe en materia de seguridad industrial, firmado por técnico o técnica competente, que haga referencia a la adecuación de las instalaciones proyectadas a la normativa de seguridad industrial vigente, que será emitido en el plazo contemplado en el apartado anterior y, en todo caso, antes del otorgamiento de la licencia municipal de obra.
num: Disposición adicional segunda. Programa específico de promoción del reciclaje mediante la puesta en marcha y la gestión de una planta de compostaje promovido por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia a través de la Sociedad Gallega del Medio Ambiente, S.A.
paragraphs: 1. Dentro del sistema promovido por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia para la gestión institucional de los residuos domésticos, gestionado por la Sociedad Gallega del Medio Ambiente, S.A., de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia, se pondrá en marcha una planta de producción de compost a partir de la fracción orgánica de los residuos urbanos, con la finalidad de incrementar los porcentajes de recuperación de materiales.
2. Dicha planta dará servicio a aquellos ayuntamientos más próximos a la misma que voluntariamente decidan adherirse, hasta agotar su capacidad de tratamiento.
3. La adhesión de los ayuntamientos interesados para la entrega y el tratamiento en la nueva planta de la fracción orgánica de los residuos urbanos recogida de forma separada se efectuará mediante convenio, que tendrá naturaleza administrativa y será formalizado entre la entidad local y la Sociedad Gallega del Medio Ambiente, S.A., como gestora institucional de la instalación. La consejería competente en materia de residuos fijará las condiciones de adhesión de los ayuntamientos y aprobará el modelo de convenio para la formalización de la adhesión.
4. En garantía de la sostenibilidad financiera de la nueva instalación de gestión, se fija un canon específico de 45 euros por tonelada de residuos entregados que cumplan los requisitos mínimos que fijará la consejería competente en materia de residuos en las condiciones de adhesión, más el correspondiente IVA. Dicho canon específico se actualizará a partir del ejercicio 2018 en el mes de enero de cada año, conforme a la evolución del índice de precios de consumo gallego, publicándose su cuantía actualizada en el Diario Oficial de Galicia.
5. La gestión, liquidación y cobro del canon específico establecido en el apartado anterior estará sujeta a lo establecido en la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014.
num: Disposición transitoria primera. Procedimientos integrados en tramitación para la implantación de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos y su puesta en funcionamiento.
paragraphs: Los procedimientos integrados regulados en el Decreto 45/2015, de 26 de marzo, por el que se regula el procedimiento integrado para la implantación de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, su puesta en funcionamiento y se determinan los órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de hidrocarburos, que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley se sustanciarán por las normas vigentes en el momento de presentación de la solicitud. No obstante, las personas interesadas podrán, a través del órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento único integrado, en el plazo de un mes desde la aprobación de la presente ley, solicitar tramitarlos de acuerdo con la nueva normativa establecida en la misma.
num: Disposición transitoria segunda. Convocatoria de concursos de derechos mineros caducados.
paragraphs: El órgano minero competente dispondrá del plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para convocar los correspondientes concursos de los derechos mineros caducados con anterioridad.
num: Disposición transitoria tercera. Procedimientos en tramitación de solicitud de cualquier tipo de autorización administrativa de parques eólicos, así como de sus infraestructuras de evacuación.
paragraphs: 1. Las personas promotoras de los expedientes de solicitud de cualquier tipo de autorización administrativa de parques eólicos, así como de sus infraestructuras de evacuación, que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley se encuentren en tramitación podrán optar por continuar tramitándolos de acuerdo con la normativa vigente en la fecha de presentación de la solicitud o por tramitarlos, a partir de la fase en que se encuentren, de acuerdo con el procedimiento establecido por la presente ley.
2. A los efectos indicados en el apartado anterior, las personas promotoras de los expedientes señalados comunicarán a la dirección general competente en materia de energía, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley, si optan por tramitarlos de acuerdo con el procedimiento establecido por la presente ley. De no efectuar dicha comunicación en el plazo expresado, se entenderá que optan por continuar tramitando los expedientes de acuerdo con la normativa vigente en la fecha de presentación de la solicitud.
3. En caso de que la persona promotora optase por tramitar el expediente de acuerdo con el procedimiento establecido por la presente ley, para una mayor celeridad y eficacia en la tramitación, se conservarán, a requerimiento de la persona solicitante y a los efectos de la autorización administrativa previa y de construcción:
a) Los actos y resoluciones administrativas ya dictados.
b) Los trámites administrativos efectuados.
c) Los documentos previamente presentados.
num: Disposición transitoria cuarta. Plazos para solicitar autorizaciones de explotación o de construcción de parques eólicos.
paragraphs: 1. Las personas titulares de autorizaciones administrativas, previas y de construcción, o, en su caso, aprobación de proyecto, de parques eólicos obtenidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley dispondrán de un plazo de cuatro años, a contar desde la fecha de entrada en vigor de la misma, para solicitar la correspondiente autorización de explotación. Sobrepasado el plazo indicado sin haber solicitado la autorización de explotación, la dirección general competente en materia de energía podrá iniciar los correspondientes procedimientos de revocación de las autorizaciones administrativa previa y de construcción, o, en su caso, aprobación de proyecto, con audiencia de las personas titulares.
2. El plazo para obtener la autorización de construcción para las personas promotoras con solicitudes de autorización administrativa previa y/o de construcción en tramitación con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley será de tres años, a contar desde ese momento. La superación de este plazo sin que se obtuviese la autorización de construcción facultará a la dirección general competente en materia de energía para instar al procedimiento de caducidad del expediente y al archivo de las actuaciones, con la condición de que las causas que originaron la falta de obtención de las citadas autorizaciones fueran directamente imputables a la persona solicitante.
3. Asimismo, para los casos indicados en el apartado anterior, el plazo máximo para solicitar la autorización de explotación será de tres años, a contar a partir de la fecha de notificación de la autorización de construcción. Sobrepasado este plazo sin que se solicitase la autorización de explotación, la dirección general competente en materia de energía podrá iniciar los correspondientes procedimientos de revocación de las autorizaciones administrativa previa y de construcción, o, en su caso, aprobación de proyecto, con audiencia de las personas titulares.
num: Disposición transitoria quinta. Compromisos industriales y demás compromisos de las personas titulares de parques eólicos.
paragraphs: 1. Las personas titulares de los parques eólicos autorizados o en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley mantendrán los compromisos industriales y los demás compromisos asociados a dichos parques, aunque la persona promotora optase por tramitar el expediente de acuerdo con el procedimiento establecido por la presente ley.
2. En caso de que la persona promotora solicitase el desistimiento de parques eólicos en tramitación o renunciase a la autorización administrativa de parques eólicos vinculados a cualquiera de los compromisos señalados en el apartado anterior, se aceptará la renuncia o el desistimiento, así como la reducción de los compromisos, proporcional a la potencia del parque eólico del que se renuncia o desiste, aplicándosele los prorrateos de inversión por MW y empleo por MW, o, en caso de supuestos de monetarización, de euros por MW, correspondientes a dicho plan. La aceptación de la renuncia o desistimiento conllevará la imposibilidad, tanto para la persona titular como para sociedades en que participe como accionista, de presentar nuevas solicitudes de autorización administrativa de parques eólicos por un periodo de dos años desde esta aceptación, en las mismas áreas de desarrollo eólico en que se ubiquen los proyectos en tramitación o autorizados de los que se desistió o renunció.
3. Solo podrá solicitarse la renuncia o el desistimiento parcial de la potencia admitida a trámite de un parque eólico si existen informes sectoriales preceptivos que lo motiven.
num: Disposición derogatoria primera. Derogaciones expresas.
paragraphs: Quedan expresamente derogados:
a) El artículo 25 bis de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia.
b) El apartado 7 del artículo 2 y la disposición adicional de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.
c) El Decreto 138/2010, de 5 de agosto, por el que se establece el procedimiento y las condiciones técnico-administrativas para la obtención de las autorizaciones de proyectos de repotenciación de parques eólicos existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia.
d) El Decreto 162/2010, de 16 de septiembre, por el que se regulan las entidades colaboradoras de la Administración hidráulica de Galicia en materia de control de vertidos y calidad de las aguas.
e) La Orden de la Consejería de Innovación e Industria de 7 de septiembre de 2007 sobre avales de acceso a la red de distribución de energía eléctrica.
num: Disposición derogatoria segunda. Cláusula general derogatoria.
paragraphs: Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley.
num: Disposición final primera. Modificaciones de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia.
paragraphs: Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, quedando redactado como sigue:
Dos. Se añade un nuevo artículo 7 bis a la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, con la siguiente redacción:
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, quedando redactado como sigue:
Cuatro. Se modifica el artículo 97 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, quedando redactado como sigue:
Cinco. Se modifica el artículo 98 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, quedando redactado como sigue:
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 104 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, quedando redactado como sigue:
Siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 134 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, quedando redactado como sigue:
Ocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 134 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, quedando redactado como sigue:
Nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 136, quedando redactado como sigue:
Diez. Se modifica el apartado a) del punto 5 del artículo 139 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, quedando redactado como sigue:
Once. Se modifica el apartado b) del punto 2 del artículo 141 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, quedando redactado como sigue:
Doce. Se modifica el apartado c) del punto 2 de la disposición adicional novena de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, quedando redactado como sigue:
num: Disposición final segunda. Modificación de la Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
paragraphs: Se modifica el anexo II, «Relación de procedimientos en que el silencio administrativo produce efectos desestimatorios», de la Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en el epígrafe correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente, en el cual el procedimiento que se menciona a continuación queda redactado como sigue:
num: Disposición final tercera. Modificación de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza.
paragraphs: Se modifica el apartado 2 del artículo 16 de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza, quedando redactado como sigue:
num: Disposición final cuarta. Modificaciones de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia.
paragraphs: Uno. Se modifican los epígrafes 01, 03, 05 y 07 del apartado 37 del anexo III de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, quedando redactados como sigue:
Dos. Se añade un nuevo epígrafe 08 en el apartado 37 del anexo III de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, con la siguiente redacción:
Tres. Se añade un nuevo epígrafe 09 en el apartado 37 del anexo III de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, con la siguiente redacción:
num: Disposición final quinta. Modificación de la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega.
paragraphs: Se modifica el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega, quedando redactado como sigue:
num: Disposición final sexta. Modificaciones de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia.
paragraphs: Uno. Se modifica el artículo 17 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:
Dos. Se modifica el artículo 18 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:
Tres. Se modifica el artículo 19 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:
Cuatro. Se modifica el artículo 20 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:
Cinco. Se modifica el artículo 21 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:
Seis. Se modifica el artículo 22 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:
Siete. Se modifica el artículo 23 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:
Ocho. Se modifica el artículo 25 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:
Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 26 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:
Diez. Se añade un nuevo apartado e) al punto 2 del artículo 28 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, con la siguiente redacción:
Once. Se modifica el artículo 32 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:
Doce. Se modifica el capítulo III del título IV de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:
Trece. Se modifica el capítulo IV del título IV de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:
Catorce. Se modifica la disposición adicional segunda de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando redactada como sigue:
Quince. Se añade una nueva disposición adicional sexta a la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, con el siguiente contenido:
Dieciséis. Se añade una nueva disposición adicional séptima a la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Disposición final séptima. Modificaciones de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.
paragraphs: Uno. Se modifica el apartado c) del artículo 1 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, quedando redactado como sigue:
Dos. Se modifican los apartados 5 y 6 del artículo 2 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, quedando redactados como sigue:
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, quedando redactado como sigue:
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, quedando redactado como sigue:
Cinco. Se modifica el artículo 16 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, quedando redactado como sigue:
Seis. Se modifica el título IV de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, quedando redactado como sigue:
Siete. Se modifica el título V de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, quedando redactado como sigue:
Ocho. Se modifica el título VI de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, quedando redactado como sigue:
Nueve. Se añade una nueva disposición adicional primera a la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, con la siguiente redacción:
Diez. Se añade una nueva disposición adicional tercera a la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, con la siguiente redacción:
Once. Se modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, quedando redactada como sigue:
Doce. Se añade una nueva disposición transitoria sexta a la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, con la siguiente redacción:
Trece. Se añade una nueva disposición final cuarta a la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, con la siguiente redacción:
num: Disposición final octava. Modificación de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
paragraphs: Se modifica el apartado 3 del artículo 29 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, quedando redactado como sigue:
num: Disposición final novena. Modificación de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia.
paragraphs: Se modifica el apartado 3 del artículo 65 bis de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia, quedando redactado como sigue:
num: Disposición final décima. Modificaciones de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.
paragraphs: Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 81 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, quedando redactado como sigue:
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 83 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, quedando redactado como sigue:
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 84 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, quedando redactado como sigue:
Cuatro. Se modifica el artículo 92 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, quedando redactado como sigue:
Cinco. Se añade un nuevo artículo 92 bis a la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, con la siguiente redacción:
Seis. Se modifica el artículo 94 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, quedando redactado como sigue:
Siete. Se modifica el apartado 3 del artículo 95 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, quedando redactado como sigue:
Ocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 104 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, quedando redactado como sigue:
Nueve. Se modifica el punto 2 del apartado ñ) del artículo 128 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, quedando redactado como sigue:
Diez. Se añade una nueva disposición adicional sexta a la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, con la siguiente redacción:
Once. Se añade una nueva disposición adicional séptima a la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, con la siguiente redacción:
num: Disposición final undécima. Modificaciones de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia.
paragraphs: Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, quedando redactado como sigue:
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 66 de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, quedando redactado como sigue:
Tres. Se modifica el apartado g) del punto 1 del artículo 43 de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, quedando redactado como sigue:
num: Disposición final decimosegunda. Modificaciones de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia.
paragraphs: Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 39 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, quedando redactado como sigue:
Dos. Se modifica el apartado a) del punto 2 del artículo 78 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, quedando redactado como sigue:
Tres. Se añade una nueva disposición adicional decimotercera a la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, con la siguiente redacción:
num: Disposición final decimotercera. Modificación del Decreto 59/2013, de 14 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, en materia de ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas.
paragraphs: Se modifica el apartado 1 del artículo 9 del Decreto 59/2013, de 14 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, en materia de ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas, quedando redactado como sigue:
num: Disposición final decimocuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
paragraphs: 1. Se habilita al Consello de la Xunta de Galicia para dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.
2. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley se aprobarán las normas reglamentarias necesarias para hacer efectivo el régimen de incentivos a la inversión previsto en el artículo 40.
3. Las modificaciones de normas de rango reglamentario introducidas por la presente ley podrán ser objeto de ulterior modificación o derogación por norma de ese mismo rango.
num: Disposición final decimoquinta. Autorización para refundir textos.
paragraphs: 1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de empleo, aprobará el correspondiente decreto legislativo que refunda la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, y sus modificaciones, incluyendo los preceptos contenidos en la presente ley.
2. La autorización a que se refiere esta disposición incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que tengan que refundirse.
num: Disposición final decimosexta. Entrada en vigor.
paragraphs: La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de Galicia”, con la excepción de las medidas de racionalización de los aprovechamientos madereros de carácter comercial, que surtirán efectos en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma.
Santiago de Compostela, 19 de octubre de 2017.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.