Ley 3/1993, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Source: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

num: Artículo 1
paragraphs: Extensión de la modificación.
Los artículos comprendidos en los capítulos II, III y IV del título IV de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, quedan derogados y serán sustituidos por los siguientes:
num: Artículo 2
paragraphs: De la desconcentración de competencias en materia sancionadora.
1. La competencia en materia de imposición de sanciones que corresponda a los Consejeros, según el ordenamiento jurídico vigente, hasta la cantidad de 500.000 pesetas queda atribuida a los Jefes de Servicio provinciales u órganos asimilados que resulten competentes por razón de la materia.
2. La competencia en materia de imposición de sanciones que corresponda a los Consejeros, según el ordenamiento jurídico vigente, desde la cantidad de 500.001 y hasta 2.000.000 de pesetas queda atribuida a los Directores generales u órganos asimilados que resulten competentes por razón de la materia.
3. Las resoluciones que adopten los Directores generales, Jefes de Servicio u órganos similares, en uso de lo dispuesto en los apartados anteriores, no agotan la vía administrativa y, por tanto, son susceptibles de que contra ellas sea interpuesto el recurso ordinario ante el órgano jerárquico superior.
4. Los Consejeros afectados por este precepto, en el plazo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, dictarán una instrucción que contenga la ordenación concreta de competencias sancionatorias en su respectivo Departamento. Dicha instrucción se comunicará a los órganos competentes y se publicará para general conocimiento en el «Boletín Oficial de Aragón».
num: Artículo 3
paragraphs: De la desconcentración de competencias en materia de personal.
El artículo 12 del texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, queda modificado en los siguientes términos:
1. Las letras g) e i) del apartado 2 quedan redactadas en los siguientes términos:
2. Se atribuye al Director general de la Función Pública el ejercicio de las siguientes competencias:
a) Ordenar las convocatorias públicas para la provisión de los puestos de trabajo que deban cubrirse mediante concurso de méritos y resolver los correspondientes procedimientos.
b) Convocar las pruebas de selección de personal.
c) Formular las propuestas de nombramiento de los funcionarios que hayan superado las pruebas de acceso a la Administración de la Comunidad Autónoma.
d) Resolver los expedientes en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
3. Las resoluciones dictadas por el Director general de la Función Pública en los supuestos indicados en el apartado precedente no agotarán la vía administrativa, siendo susceptibles de recurso ordinario ante el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.
num: Artículo 4
paragraphs: De la desconcentración de competencias.
1. En el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno dictará un Decreto Legislativo por el que se revise la distribución de competencias entre los órganos administrativos singulares que actualmente recoge el ordenamiento jurídico vigente. Los principios de esta delegación serán los siguientes:
a) La distribución mantendrá en el Presidente, la Diputación General y los Consejeros aquellas competencias que, en el plano de lo administrativo, supongan la plasmación de criterios políticos generales que deban traducirse en actuaciones homogéneas y uniformes.
b) La distribución atribuirá a los Directores generales, Jefes de Servicio u órganos similares el ejercicio de las competencias de índole puramente administrativa.
c) Cuando la índole del tema lo aconseje, y en función de la consecución del principio de eficacia administrativa, se procurará desconcentrar nuevas funciones en los servicios territoriales de la Administración autonómica.
d) En ningún caso, las resoluciones que adopten los Directores generales, Jefes de Servicio, Servicios territoriales u órganos similares agotarán la vía administrativa, y serán, en todo caso, susceptibles de ser recurridas mediante la interposición del recurso ordinario.
2. Del uso de la delegación se dará cuenta a la Comisión parlamentaria correspondiente en sesión específica convocada al efecto.
num: Disposición adicional primera. Regulación legislativa futura de la actividad del Gobierno y de la Administración.
paragraphs: En el plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de esta Ley, la Diputación General presentará a las Cortes de Aragón, para su tramitación parlamentaria, un proyecto de ley regulador de la actividad del Presidente y del Gobierno de Aragón, y otro proyecto de ley relativo a la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma.
num: Disposición adicional segunda. Representación y defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
paragraphs: La representación y defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los entes de derecho público de ella dependientes corresponderán a los Letrados integrados en la Asesoría Jurídica, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 447.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
num: Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los órganos colegiados.
paragraphs: A efectos de lo indicado en el artículo 41, los órganos colegiados a quienes afecte esta disposición deberán revisar, en el plazo de seis meses, sus reglamentos de régimen interior. En tanto en cuanto no tenga lugar esa revisión y en caso de silencio de la norma correspondiente, se atribuye al presidente del órgano colegiado la facultad de dirimir con su voto los empates que puedan producirse.
num: Disposición transitoria segunda. Régimen jurídico del procedimiento sancionatorio.
paragraphs: Hasta tanto no se promulguen las normas a que se hace referencia en la disposición adicional primera, y en los supuestos en que las leyes respectivas no contengan un propio procedimiento sancionatorio, para la determinación de las infracciones cometidas y para la imposición de las correspondientes sanciones, se actuará de la siguiente forma:
a) El procedimiento deberá incoarse por providencia del órgano competente en cada caso. Este, al recibir comunicación o denuncia sobre una supuesta infracción administrativa, podrá acordar la instrucción de una información reservada antes de dictar la providencia en que se decida la incoación del expediente o, en su caso, el archivo de las actuaciones.
b) En la providencia por la que se acuerde la instrucción del expediente, se nombrará un instructor y, en su caso, un Secretario. La providencia con el contenido indicado se notificará al sujeto a expediente.
c) El instructor ordenará la práctica de cuantas pruebas, actuaciones y diligencias puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. A la vista de estas actuaciones, se formulará un pliego de cargos en el que se expondrán los hechos imputados. El pliego se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de ocho días para que puedan contestarlos.
d) Contestado el pliego de cargos o transcurrido el tiempo para hacerlo, el instructor formulará propuesta de resolución, que se notificará a los interesados para que en el plazo de ocho días puedan alegar cuanto consideren conveniente a su defensa. En todo caso, los interesados podrán hacer llegar al órgano instructor, y hasta este trámite de audiencia, cuantos documentos, pruebas o proposiciones consideren necesario, sin esperar a ningún momento procedimental determinado.
e) La propuesta de resolución, junto con todo lo actuado, se remitirá al órgano que ordenó la incoación del expediente, que resolverá o, en su caso, elevará al órgano que competa la decisión, cuando éste, según el ordenamiento jurídico vigente, debiera ser distinto.
num: Disposición transitoria tercera. Delegación de competencias en las corporaciones representativas de intereses económicos y sociales.
paragraphs: 1. El ejercicio de competencias administrativas por parte de corporaciones representativas de intereses económicos y sociales se acomodará, si ello fuera necesario, a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, según el texto modificado por la presente Ley.
2. En los supuestos en que fuera necesaria la acomodación, se suscribirá el preceptivo convenio en el plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de esta Ley. El convenio seguirá el régimen jurídico general previsto en el artículo a que se hace referencia en el apartado anterior.
num: Disposición transitoria cuarta. Aplicación de las nuevas competencias orgánicas.
paragraphs: 1. La distribución de competencias contenida en los artículos segundo y tercero de esta Ley se tendrá en cuenta en todas las resoluciones que deban emitirse con posterioridad a su entrada en vigor, y con independencia del momento en que se hayan iniciado los correspondientes expedientes.
2. Los órganos administrativos que resulten incompetentes para emitir la resolución definitiva en los correspondientes procedimientos en virtud de lo dispuesto en la presente Ley deberán remitir, con la menor dilación posible, los expedientes al órgano que resulte competente para resolver.
num: Disposición transitoria quinta. De la adaptación de los procedimientos administrativos y de la interposición del recurso ordinario.
paragraphs: 1. Antes del 27 de agosto de 1993, la Diputación General deberá proceder a la adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos administrativos competencia de la Comunidad Autónoma, a los principios aplicables de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a los contenidos en la presente Ley.
2. La adecuación se referirá tanto a la adaptación de los trámites formales como a la determinación clara de los efectos estimatorios o desestimatorios que en cada procedimiento tenga la falta de resolución expresa.
3. Cuando la norma adaptada fuera de rango legal, se dará cuenta específica a las Cortes de Aragón de la forma y razones de la adaptación en el plazo de un mes después de que ésta haya tenido lugar.
4. Con independencia de lo preceptuado en los apartados primero y segundo de esta disposición, las resoluciones que se emitan por parte de la Administración autonómica a partir de la entrada en vigor de esta Ley serán recurribles en todo caso en la forma que indica el artículo 53 de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, según el texto reformado por la presente Ley. Congruentemente con esta disposición se entenderá cumplido el trámite de adaptación previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo referente, exclusivamente, al recurso a interponer contra las resoluciones finales de los distintos procedimientos de competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón.
5. Cuando las resoluciones a que se hace referencia en el apartado anterior no agoten la vía administrativa, el recurso procedente será el ordinario, que se interpondrá en el plazo, forma y efectos regulados en la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, debiendo indicarse tal circunstancia en las correspondientes notificaciones administrativas. Cuando las resoluciones agoten la vía administrativa, su notificación deberá indicar la procedencia de la interposición del recurso contencioso-administrativo junto con las demás indicaciones que la hacen eficaz según la normativa aplicable.
num: Disposición derogatoria.
paragraphs: Queda derogado, en cuanto se oponga a lo previsto en el artículo tercero de esta Ley, el artículo 12.2 del texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y cuantas disposiciones de igual e inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.
num: Disposición final primera.
paragraphs: Esta Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
num: Disposición final segunda.
paragraphs: Se autoriza a la Diputación General a dictar las normas reglamentarias que sean precisas para su correcto desarrollo y aplicación.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.