Real Decreto 1961/1982, de 24 de julio, sobre transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado al Consejo General Interinsular de las Islas Baleares, al Consejo General de Castilla y León, a la Junta de Comunidades de la Región Castellano-Manchega y a la Junta Regional de Extremadura en materia de tiempo libre.
Source: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

num: Artículo primero
paragraphs: - Se aprueba la propuesta de transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado al Consejo General Interinsular de Baleares, Consejo General de Castilla y León, Junta de Comunidades de la Región Castellano-Manchega y Junta Regional de Extremadura en materia de tiempo libre, elaborada por la correspondiente Comisión Mixta de transferencias, que se transcribe como anexo al presente Real Decreto, así como las de traspaso de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales precisos para el ejercicio de aquéllas.
num: Artículo segundo
paragraphs: - Uno. En consecuencia, quedan transferidas a los Entes preautonómicos citados las competencias a que se refiere el acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real Decreto y traspasados a los mismos los Servicios e Instituciones y los bienes, derechos y obligaciones, así como el personal que figuran en las relaciones números uno y dos adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta indicada, en los términos y condiciones que allí se especifican.
Dos. En el anexo II del presente Real Decreto se recogen las disposiciones legales afectadas por la presente transferencia.
num: Artículo tercero
paragraphs: - Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha señala en el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Uno. Cuando para el ejercicio de alguna de las competencias transferidas a los Entes afectados por el presente Real Decreto sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la petición del mismo será acordada por los mismos solicitándola a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien requerirá al Consejo de Estado para su emisión.
Igual procedimiento se seguirá cuando alguno de los Entes afectados acuerde oír voluntariamente al Consejo de Estado en algún expediente.
Dos. Salvo en los casos previstos en el presente Real Decreto, los demás informes que la legislación vigente exija de otros órganos, distintos del Consejo de Estado, se mantendrán con el propio carácter que tengan establecido, pero su emisión corresponderá a los órganos equivalentes que existan o se creen dentro del Ente afectado.
Segunda.- Uno. Sin perjuicio de la aplicación de la legislación reguladora de la materia objeto de transferencia por el presente Real Decreto, el régimen jurídico de los actos de los Entes afectados se acomodará a lo dispuesto en la Ley treinta y dos/mil novecientos ochenta y uno de diez de julio; en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y en la de Procedimiento Administrativo.
Dos. Contra las resoluciones y actos de los Entes afectados cabrá el recurso de reposición previo al contencioso-administrativo salvo que por otra disposición legal se exigiera la interposición de recurso de alzada, que se substanciará ante el órgano ejecutivo del Ente. El régimen jurídico de estos recursos será el establecido en las Leyes de Procedimiento Administrativo y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tercera.- La entrega de la documentación y expedientes en tramitación de los servicios traspasados, así como la resolución de éstos y la tramitación y resolución de los recursos administrativos contra actos de la Administración del Estado, se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo segundo del Real Decreto dos mil novecientos setenta/mil novecientos ochenta, de doce de diciembre.
Cuarta.- El Ente afectado organizará los servicios precisos y distribuirá entre los órganos correspondientes las competencias que se transfieren por el presente Real Decreto, publicándose los correspondientes acuerdos en el <Boletín Oficial del Estado> y en el del Ente.
Quinta.- Por Orden de la Presidencia del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social y de Administración Territorial, en todo caso, se dictarán las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.
Sexta.- El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>.