Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.
Source: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

num: Artículo 1
paragraphs: Objeto y ámbito.
El objeto de esta ley es regular la evaluación ambiental de los planes, los programas y los proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en el ejercicio de las competencias que establece el artículo 30.46 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, y en el marco de la legislación básica contenida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y de las directivas europeas aplicables, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Administración General del Estado de acuerdo con la legislación básica estatal.
num: Artículo 2
paragraphs: Finalidades.
Las finalidades de esta ley son:
1. Regular un procedimiento de intervención administrativa ambiental que garantice un nivel de protección del medio ambiente elevado y el desarrollo sostenible, armonizando el desarrollo económico con la protección y la mejora del medio ambiente, la biodiversidad, la calidad de vida, la salud humana y los recursos naturales, mediante:
a) La integración de los aspectos ambientales en la elaboración y la adopción, la aprobación o la autorización de los planes, los programas y los proyectos.
b) El análisis y la selección de alternativas ambientalmente viables, incluida la alternativa cero.
c) El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
d) El establecimiento de medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir las finalidades de esta ley.
2. Adaptar la legislación autonómica ambiental de las Illes Balears a las modificaciones normativas de la legislación comunitaria y estatal, y sujetar los procedimientos de evaluación ambiental a los principios que establecen la normativa europea y estatal básica, como el principio de precaución, el de acción preventiva y cautelar, el de no discriminación y el de actuación de acuerdo con el mejor conocimiento científico disponible.
3. Racionalizar, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de control ambiental, garantizando la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones públicas competentes y aplicando el principio de proporcionalidad entre los efectos previstos y el procedimiento de evaluación.
4. Fomentar la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones democratizando los procedimientos administrativos regulados en esta ley y garantizar la efectividad en el cumplimiento de los trámites de consultas, información y participación pública previstos.
5. Promover la cultura de la transparencia y la utilización de medios electrónicos para facilitar la participación y el acceso a la información.
6. Promover la responsabilidad social por medio del conocimiento de los efectos sobre el medio ambiente que llevan implícitos la puesta en marcha o la ejecución de los planes, los programas, los proyectos o las actividades que regula esta ley, y velar por la aplicación efectiva del principio de «quien contamina paga».
num: Artículo 3
paragraphs: Cooperación interadministrativa.
1. Para una protección ambiental adecuada y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en esta ley, las administraciones públicas competentes ajustarán las actuaciones en materia de evaluación ambiental a los principios de lealtad institucional, coordinación, información mutua, cooperación, colaboración y coherencia.
2. La persona titular de la consejería competente en medio ambiente, representante del Gobierno en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, colaborará en el impulso de los cambios normativos y las reformas necesarias de la normativa estatal para adaptarla a la normativa europea e internacional, respetando las competencias autonómicas.
3. La consulta preceptiva al órgano ambiental de las Illes Balears de los planes, los programas y los proyectos que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes, o que sean objeto de declaración responsable o comunicación previa ante esta administración, que se ubiquen en las Illes Balears o las afecten, se emitirán de acuerdo con las previsiones y los efectos que prevén la normativa básica estatal y esta ley.
4. Cuando el órgano ambiental de la comunidad autónoma de las Illes Balears tenga conocimiento de la tramitación o el desarrollo de un plan, un programa, un proyecto o una instalación, fuera de las Illes Balears, que pueda tener efectos ambientales significativos para las Illes Balears, pedirá a las autoridades competentes la información necesaria para hacer un seguimiento adecuado, y, en el ámbito de las competencias propias, adoptar las medidas oportunas para garantizar la mínima afección.
num: Artículo 4
paragraphs: Información ambiental, participación pública y sostenibilidad social.
1. El órgano ambiental, los órganos sustantivos y los promotores garantizarán la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones en materia de medio ambiente, y también el derecho de acceso a la información ambiental, en la forma y los términos que se establecen en la normativa que regula su ejercicio.
2. Durante los trámites de audiencia y de información pública, o cualquier otro que permita la participación de las personas interesadas, toda la documentación objeto de este trámite debe ser accesible en un formato digital e informático.
3. La documentación objeto de información pública:
a) Se publicará en las sedes electrónicas o páginas web correspondientes de una manera clara, estructurada y comprensible para las personas interesadas, preferiblemente en formatos reutilizables. Se pueden prever reglamentariamente formas adicionales de publicidad.
b) Respetará las limitaciones de acceso a la información pública, de acuerdo con el artículo 5 siguiente.
4. La información debe ser comprensible y de acceso fácil, y se procurará que esté a disposición de las personas con discapacidad, de conformidad con el principio de accesibilidad universal.
5. El acceso digital a la tramitación ambiental se desarrollará reglamentariamente.
6. De acuerdo con la legislación aplicable, es pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales de la jurisdicción contenciosa el cumplimiento de lo que dispone esta ley.
7. El órgano ambiental y los órganos sustantivos tendrán en cuenta la valoración social de los proyectos en sus determinaciones.
num: Artículo 5
paragraphs: Confidencialidad.
1. Esta ley se cumplirá respetando la confidencialidad de las informaciones aportadas por el promotor y la normativa aplicable al secreto industrial y comercial, la protección de datos de carácter personal, la protección de especies y otras.
2. En caso de que el promotor solicite la confidencialidad de una parte de la documentación, lo indicará y justificará suficientemente, aportando al órgano sustantivo una copia de la documentación en los términos que considere adecuados para someterla a la información pública.
3. En el supuesto del apartado anterior, el órgano competente para la tramitación de la información pública resolverá motivadamente sobre la solicitud de confidencialidad de datos, ponderando el principio de información y participación pública real y efectiva en materia de medio ambiente con el derecho a la confidencialidad.
La resolución se notificará al promotor, con indicación de los recursos que correspondan. En caso de que se admita la confidencialidad de los datos, se hará constar en el anuncio de la información pública, advirtiendo de los recursos que correspondan.
num: Artículo 6
paragraphs: Uso de medios telemáticos.
1. Las relaciones interadministrativas y las de los ciudadanos con las administraciones públicas se llevarán a cabo preferentemente con los medios informáticos, telemáticos y electrónicos que en cada momento se encuentren disponibles, respetando las garantías y los requisitos legalmente establecidos, de conformidad con la normativa de regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y la normativa de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Las administraciones públicas habilitarán los instrumentos necesarios para posibilitar los procedimientos y los trámites electrónicamente y para garantizar que los ciudadanos puedan obtener, por medios electrónicos, la información y los formularios necesarios para acceder a la actividad y al ejercicio de estos, presentar la documentación y las solicitudes necesarias, conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de persona interesada y recibir la notificación correspondiente de los actos de trámite preceptivos y la resolución que dicte el órgano administrativo competente.
2. Todos los promotores pueden aportar una dirección electrónica y señalarla como medio de notificación preferente. Se adoptarán las medidas que correspondan para que la notificación produzca plenos efectos.
El sistema de notificación debe permitir acreditar la hora y la fecha en las que la notificación se ha puesto a disposición de la persona interesada, y también el acceso efectivo, momento en el que la notificación se entiende practicada.
Si transcurren diez días hábiles desde que se tiene constancia de la puesta a disposición de la notificación, y la persona interesada no se ha pronunciado, se entenderá que la ha rechazado, de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo común.
Además de los supuestos que prevé la normativa de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los promotores, las personas jurídicas o los colectivos de personas físicas que, por razón de la capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos, deben aportar una dirección electrónica, que se considerará el medio preferente de notificación.
3. Las comunicaciones y las consultas entre las administraciones públicas afectadas se llevarán a cabo preferentemente por un medio electrónico; en concreto, el órgano ambiental tramitará de manera telemática la petición de consultas e informes a las otras administraciones públicas afectadas por la evaluación ambiental del plan, el programa o el proyecto.
4. Los promotores presentarán en soporte digital la documentación relativa a los procedimientos regulados en esta ley, sin perjuicio de que el órgano ambiental considere oportuno que se presenten en papel. El órgano ambiental determinará las características técnicas y las especificaciones del soporte digital, de acuerdo con lo que prevé el artículo 8 de esta ley.
num: Artículo 7
paragraphs: Determinación y estructura.
1. La Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears es el órgano ambiental de la comunidad autónoma de las Illes Balears con respecto a los proyectos, los planes o los programas sujetos a la evaluación de impacto ambiental o la evaluación ambiental estratégica que regula esta ley.
2. Asimismo, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears ejercerá las funciones relativas a las autorizaciones ambientales integradas, a las agendas locales 21 y al resto que le atribuya la legislación sectorial.
3. La Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears se estructura en los siguientes órganos:
a) El Pleno.
b) La Presidencia.
c) El Comité Técnico.
4. La organización, las funciones y el régimen jurídico de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears se determinarán reglamentariamente. En todo caso, las sesiones del Pleno de la Comisión serán públicas, sin perjuicio, en su caso, de las limitaciones de acceso por motivos de aforo.
5. La regulación del Comité Técnico, que puede organizarse en subcomités, garantizará una composición multidisciplinar y la representación de las consejerías del Gobierno implicadas, los consejos insulares, los ayuntamientos, la Administración del Estado y las organizaciones sociales en materia de medio ambiente.
Asimismo, invitará a los ayuntamientos, con voz y voto, y a las personas, los promotores y las entidades interesadas, con voz pero sin voto, a participar en los puntos del orden del día en que estén interesados, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
num: Artículo 8
paragraphs: Criterios técnicos o interpretativos.
1. Sin perjuicio de la potestad reglamentaria del Gobierno y de la persona titular de la consejería responsable de medio ambiente, y también de las instrucciones, circulares y órdenes de servicio que dicten los órganos superiores y directivos de la consejería para el impulso y la dirección de la actividad administrativa, el Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears, con el informe previo del Comité Técnico, puede aprobar criterios técnicos o interpretativos para la redacción de los estudios ambientales estratégicos de los planes o los programas y de los estudios de impacto ambiental de los proyectos, y también para la predicción y la valoración de sus impactos, las características técnicas y las especificaciones de la documentación que debe presentar el promotor en soporte digital.
2. Asimismo, la Comisión puede proponer a la persona responsable de la consejería competente en medio ambiente que establezca criterios técnicos o interpretativos para la redacción de los estudios de impacto ambiental de los proyectos y los estudios ambientales estratégicos de los planes o los programas, y también para la predicción y la valoración de sus posibles impactos.
3. Estas circulares, instrucciones u órdenes de servicio se publicarán en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» y en la página web corporativa de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears.
num: Artículo 9
paragraphs: Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y los programas, y también las modificaciones de estos, que adopten o aprueben las administraciones autonómica, insular o local de las Illes Balears, cuya aprobación exija una disposición legal o reglamentaria o un acuerdo del Consejo de Gobierno cuando:
a) Establezcan el marco para la autorización futura de proyectos legalmente sometidos a la evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la acuicultura, la pesca, la energía, la minería, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, la utilización del medio marino, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o el uso del suelo.
b) Requieran una evaluación porque afectan espacios Red Natura 2000 en los términos que prevé la legislación del patrimonio natural y de la biodiversidad.
c) Requieran una evaluación ambiental estratégica simplificada de acuerdo con el apartado 2 de este artículo en los dos supuestos siguientes:
i. Cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo IV.
ii. Cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y los programas que se indican en el apartado 1 de este artículo.
b) Los planes y los programas que se indican en el apartado 1 anterior que establezcan el uso de zonas de reducida extensión en el ámbito municipal.
c) Los planes y los programas que establezcan un marco para la autorización de proyectos en el futuro, pero no cumplan los otros requisitos que se indican en el apartado 1 anterior.
3. Esta ley no es aplicable a los planes y a los programas que excluye explícitamente la normativa básica estatal. No obstante, los planes y los programas aprobados específicamente por una ley autonómica dispondrán de los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente y, en la tramitación de la ley de aprobación, se cumplirán los objetivos que establece la normativa de evaluación ambiental.
4. Se considera que no tienen efectos significativos en el medio ambiente, y por lo tanto no están sujetos a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con el artículo 3.5 de la Directiva 2001/42/CE:
a) Las modificaciones de planes territoriales o urbanísticos que tengan como objeto exclusivo alguna o algunas de las finalidades expresadas a continuación:
i. Disminución de coeficientes de edificabilidad o de porcentajes de ocupación de los edificios.
ii. Disminución de la altura máxima de los edificios.
iii. Cambio de usos plurifamiliares a unifamiliares.
iv. Aumento de la superficie, o reajuste por razones funcionales, de zonas de equipamientos, espacios libres públicos o infraestructuras, siempre que este cambio de calificación o clasificación no afecte a terrenos clasificados como suelo rústico.
v. Aumento de la superficie de la parcela mínima para poder construir o implantar un uso urbanístico.
vi. Cambios de la clasificación de suelo urbano, urbanizable o apto para la urbanización con la finalidad de reconvertirlo en suelo rústico.
vii. Implementación o extensión de las medidas de protección del medio ambiente, de restauración o recuperación de hábitats o especies afectadas por incendios forestales u otros desastres naturales, en suelo rústico o respecto a bienes integrantes del patrimonio histórico.
viii. Establecimiento o modificación de los índices de uso turístico o residencial siempre que representen una disminución de la capacidad de población.
ix. Cambios del sistema de actuación de polígonos o unidades de actuación.
b) La aprobación o la modificación de los catálogos de protección del patrimonio cultural siempre que únicamente incluyan medidas que representen un mayor grado de protección del medio ambiente o del patrimonio cultural.
c) Los planes de ordenación de los recursos naturales, los planes reguladores de uso y gestión, los planes de gestión de espacios Red Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos, en la medida que representen un mayor grado de protección del medio ambiente.
d) Las modificaciones de carácter financiero o de escasa entidad de los Programas de Desarrollo Rural.
e) Estudios de detalle.
5. Tampoco se sujetan a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con el artículo 3.5 de la Directiva 2001/43/CE, las modificaciones de escasa entidad que el órgano ambiental declare, previo informe técnico, que no tienen efectos significativos en el medio ambiente.
num: Artículo 10
paragraphs: Trámites, documentación y plazos de la evaluación ambiental estratégica .ordinaria, la evaluación ambiental estratégica simplificada y la modificación de la declaración ambiental estratégica.
1. La evaluación ambiental estratégica ordinaria, la evaluación ambiental estratégica simplificada, la modificación de la declaración ambiental estratégica y la presentación de la documentación para estos trámites, se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento y los plazos que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental y con las particularidades que prevé esta ley.
2. El órgano ambiental establecerá modelos normalizados de solicitudes de inicio que estarán al alcance del público en la sede electrónica del órgano ambiental.
A la solicitud de inicio se adjuntará la documentación que exigen la normativa sectorial y la normativa básica estatal de evaluación ambiental y el justificante del pago de la tasa para evaluaciones ambientales correspondiente.
Toda la documentación se presentará en formato digital, sin perjuicio de que el órgano ambiental considere oportuno que se presente en papel.
3. El procedimiento de tramitación se adecuará a las previsiones del artículo 6 de esta ley, sobre el uso de medios telemáticos.
4. La información pública en los procedimientos que regula este artículo se anunciará en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» y en la sede electrónica del órgano sustantivo o promotor.
Cuando la normativa sectorial prevea la información pública de los planes o los programas, se procurará que sea simultánea a la información pública del procedimiento ambiental.
5. El análisis técnico del expediente se efectuará de acuerdo con la normativa básica estatal de evaluación ambiental y esta ley, e incluirá una referencia particular a la integración paisajística, concretamente al cumplimiento de las normas de aplicación directa en materia paisajística que prevén la legislación territorial y urbanística.
6. Para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración ambiental estratégica, el órgano ambiental dispondrá de un plazo de tres meses, prorrogable por un mes más, por razones justificadas debidamente motivadas desde la recepción del expediente completo.
num: Artículo 11
paragraphs: Particularidad de la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización.
La evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización incorporará, al menos, los siguientes informes preceptivos y determinantes:
a) El de la administración hidrológica sobre la disponibilidad de agua potable, en cantidad, calidad y suficiencia de la capacidad de la red de saneamiento y depuración, en relación con la población que prevean las actuaciones de urbanización que se propongan, y también sobre la protección del dominio público hidráulico.
b) El de la administración de costas sobre la delimitación y la protección del dominio público marítimo-terrestre, en su caso.
c) Los de las administraciones competentes en materia de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, energía y otras infraestructuras afectadas, con respecto a esta afección y al impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de estas infraestructuras.
num: Artículo 12
paragraphs: Particularidades de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
1. Dentro del plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de una evaluación estratégica simplificada, el órgano ambiental, con el informe técnico previo, puede resolver que se debe tramitar una evaluación estratégica ordinaria cuando así se desprenda de manera inequívoca del contenido de la solicitud.
La propuesta de resolución se comunicará al promotor y al órgano sustantivo, a los que se otorgará un plazo de diez días para presentar alegaciones, con la advertencia de que, si no las presentan, la resolución será definitiva sin ningún otro trámite.
2. El informe ambiental estratégico puede concluir que el plan o el programa es inviable ambientalmente cuando detecte inconvenientes que no sean subsanables en el marco de una tramitación ambiental ordinaria.
3. El documento ambiental estratégico incluido en la solicitud de tramitación simplificada se publicará en la página web del órgano ambiental durante la fase de consultas.
num: Artículo 13
paragraphs: Particularidad de la evaluación ambiental estratégica de las normas territoriales cautelares.
1. Las normas territoriales cautelares previas a la formulación, la revisión o la modificación de un instrumento de ordenación territorial incluirán una memoria-análisis de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, que se someterá al trámite de información pública y a la consulta de las administraciones públicas afectadas, junto con la norma territorial cautelar.
2. La intervención del órgano ambiental se efectuará después de la información pública y de la consulta a las administraciones públicas, y antes de la aprobación definitiva. A este efecto, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental todo el expediente administrativo, con la norma territorial cautelar, la memoria-análisis, los informes de las administraciones públicas afectadas, las alegaciones y la valoración.
3. La declaración ambiental estratégica se formulará en el plazo máximo de un mes que se contará desde la entrada de la solicitud y de toda la documentación en el registro del órgano competente para emitirla, y se publicará en el plazo de quince días hábiles en el «Boletín Oficial de las Illes Balears». Esta declaración no es impugnable, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, correspondan contra el acto o la disposición de aprobación o adopción de la norma territorial cautelar.
num: Artículo 14
paragraphs: Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.
Serán objeto de evaluación ambiental, de acuerdo con esta ley, los proyectos incluidos en los siguientes apartados que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por las administraciones autonómica, insular o local de las Illes Balears, o que sean objeto de declaración responsable o comunicación previa ante las mismas.
1. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos siguientes, públicos o privados:
a) Los proyectos incluidos en el anexo I y los proyectos que se presenten fraccionados y alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o las dimensiones de cada uno.
b) Los proyectos incluidos en el anexo II, cuando así lo decida, caso por caso, el órgano ambiental en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o el anexo II, cuando esta modificación cumpla los umbrales que establece el anexo I.
d) Los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada cuando el promotor solicite que se tramite por medio de una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
2. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos siguientes, públicos o privados:
a) Los proyectos incluidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II pero que puedan afectar de manera apreciable, directa o indirectamente, a espacios protegidos Red Natura 2000.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, diferente de las modificaciones descritas en el apartado 1.c) anterior, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entiende que una modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando representa:
i. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
ii. Un incremento significativo de los vertidos en lechos públicos o en el litoral.
iii. Un incremento significativo de la generación de residuos.
iv. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
v. Una afección apreciable a espacios protegidos Red Natura 2000.
vi. Una afección significativa al patrimonio cultural.
d) Los proyectos que se presenten fraccionados y alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o las dimensiones de cada uno.
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusivamente o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.
num: Artículo 15
paragraphs: Proyectos excluidos y exceptuables de la evaluación ambiental.
1. Esta ley no se aplica a los proyectos que la normativa básica estatal excluye explícitamente de la evaluación ambiental, en particular a los proyectos detallados aprobados específicamente por una ley. No obstante, los proyectos detallados aprobados específicamente por una ley autonómica dispondrán de los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de estos proyectos sobre el medio ambiente, y en la tramitación de la ley de aprobación, se cumplirán los objetivos que establece la normativa de evaluación ambiental.
2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en medio ambiente, con el informe previo del órgano ambiental emitido a petición razonada del órgano sustantivo, en supuestos excepcionales y mediante un acuerdo motivado, puede excluir un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y en particular las obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos y las obras de emergencia.
3. El informe del órgano ambiental, mediante un trámite sumario, examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación que cumpla los principios y los objetivos de esta ley, aunque sea con posterioridad, y establecer, en su caso, las medidas correctoras, protectoras o compensatorias que estime adecuadas para minimizar los posibles efectos adversos del proyecto.
4. El acuerdo de exclusión del Consejo de Gobierno se publicará en el «Boletín Oficial de las Illes Balears», y la información relativa a la decisión de exclusión, los motivos que la justifican, las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido y las medidas correctoras, protectoras o compensatorias, se pondrán a disposición del público en las sedes electrónicas o páginas web correspondientes.
5. El órgano sustantivo comunicará la información que prevé el apartado 4 anterior a la Comisión Europea, previamente a la autorización del proyecto.
num: Artículo 16
paragraphs: Valoración en el caso de fraccionamiento de proyectos.
La evaluación de impacto ambiental hará referencia a la totalidad del proyecto. El fraccionamiento de proyectos no impide que se apliquen los umbrales que establecen los anexos de esta ley, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o las dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
num: Artículo 17
paragraphs: Trámites, documentación y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, de la evaluación de impacto ambiental simplificada y de la modificación de la declaración de impacto ambiental.
1. La evaluación de impacto ambiental ordinaria, la evaluación de impacto ambiental simplificada, la modificación de la declaración de impacto ambiental, la presentación de la documentación y el cómputo de los plazos se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental y las particularidades que prevé esta ley.
Los efectos, la publicidad y la vigencia de la declaración de impacto ambiental ordinaria, la simplificada y sus modificaciones se rigen por la normativa básica estatal, exceptuando las especialidades que expresamente se contemplen en el texto de esta ley.
2. El órgano sustantivo, previamente al inicio de la tramitación ambiental, valorará la viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo con la normativa sectorial aplicable, y lo podrá denegar sin más trámites si la incumple de manera manifiesta e inequívoca.
Si el órgano ambiental, una vez analizada la documentación presentada por el órgano sustantivo, considera la posible inviabilidad jurídica del proyecto por aplicación de la normativa sectorial, lo notificará al órgano sustantivo a fin de que este adopte una resolución adecuada y la comunique al órgano ambiental.
3. A la solicitud de inicio se adjuntará la documentación que exigen la normativa sectorial y la normativa básica estatal y, en su caso, el justificante del pago de la tasa por evaluación ambiental que corresponde.
Toda la documentación se presentará en formato digital, sin perjuicio de que el órgano ambiental considere oportuno que se presente en papel.
El órgano ambiental establecerá modelos normalizados de solicitudes de inicio, que estarán al alcance del público en la sede electrónica del órgano ambiental.
4. El procedimiento de tramitación se adecuará al artículo 6 de esta ley, sobre el uso de medios telemáticos.
5. Los estudios de impacto ambiental incluirán, además del contenido mínimo que establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
6. La información pública se efectuará mediante un anuncio que se publicará en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» y en la sede electrónica, sin perjuicio de que la normativa sectorial o el desarrollo reglamentario de esta ley especifiquen otras fórmulas.
7. El plazo para realizar las consultas previas y para elaborar el documento de alcance será de dos meses. El plazo para elaborar el estudio de impacto ambiental y para realizar la información pública y las consultas será de seis meses desde la comunicación al promotor del documento de alcance. El plazo para el análisis técnico y para formular la declaración de impacto ambiental será de tres meses desde la recepción del expediente completo, prorrogables por un mes adicional por razones justificadas y comunicadas al promotor y al órgano sustantivo.
num: Artículo 18
paragraphs: Particularidades en la tramitación.
1. En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el órgano sustantivo puede solicitar al órgano ambiental que determine las administraciones públicas que considere afectadas por el proyecto, a efectos de poder llevar a cabo con posterioridad la fase de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
Si lo solicita, deberá adjuntar a la solicitud una copia del proyecto y una del estudio de impacto ambiental.
El órgano ambiental se pronunciará en el plazo de diez días hábiles desde que reciba la solicitud y la documentación adjunta.
2. En los proyectos sometidos a la declaración de interés general o a la declaración de utilidad pública, actuará como órgano sustantivo aquél a quien corresponda aprobar la declaración de interés general o la declaración de utilidad pública, y en este orden.
3. En el plazo de veinte días hábiles desde que se recibe la solicitud de inicio de una evaluación de impacto ambiental simplificada, el órgano ambiental, con el informe técnico previo, puede resolver que se debe tramitar una evaluación de impacto ambiental ordinaria cuando así se desprenda de manera inequívoca del contenido de la solicitud.
La propuesta de resolución se comunicará al promotor y al órgano sustantivo, y se les otorgará un plazo de diez días para presentar alegaciones, con la advertencia de que, si no las presentan, la resolución será definitiva sin ningún otro trámite.
4. Durante la fase de consultas el documento ambiental incluido en la solicitud de tramitación simplificada se publicará en la página web del órgano ambiental.
5. El órgano promotor se hará cargo de los gastos de las medidas correctoras, protectoras o compensatorias que establezca la declaración de impacto ambiental, incluida la restauración eventual del espacio.
num: Artículo 19
paragraphs: Consultas fuera de las Illes Balears.
En el caso de que se estime que un plan, un programa o un proyecto de los sometidos a estos procedimientos puedan tener efectos ambientales significativos fuera del ámbito de las Illes Balears, se remitirá una copia de la solicitud de inicio de estos procedimientos a las comunidades autónomas afectadas, o al departamento del ministerio competente en materia de medio ambiente del Gobierno del Estado, o al Ministerio de Asuntos Exteriores cuando afecte a otros estados, con el fin de invitarlos a formular las alegaciones o consideraciones que estimen oportunas, con el procedimiento y el alcance que prevé la legislación básica estatal de evaluación ambiental. Asimismo, se les remitirá la resolución o el informe definitivo que finalmente se adopte.
num: Artículo 20
paragraphs: Resolución de discrepancias.
1. En el caso de que haya discrepancias entre el órgano sustantivo y el órgano ambiental sobre el contenido de la declaración ambiental estratégica, la declaración de impacto ambiental, el informe ambiental estratégico o el informe de impacto ambiental, las resolverá:
a) El Consejo de Gobierno, si se trata de planes, programas o proyectos que deba aprobar la comunidad autónoma de las Illes Balears.
b) Un órgano de composición paritaria integrado por dos representantes del órgano ambiental y dos del órgano sustantivo, en cualquier otro caso. En caso de empate, lo resolverá el Consejo de Gobierno.
2. La tramitación y los plazos son los que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental.
3. El acuerdo de resolución de la discrepancia motivará los cambios que se han producido, valorará las repercusiones ambientales e incluirá el contenido de la decisión, las condiciones impuestas, la motivación de la decisión con relación al resultado de los informes y de la información pública y la descripción de las medidas correctoras, protectoras o compensatorias adecuadas que se deben incorporar sobre la base de la declaración de impacto ambiental o la declaración ambiental estratégica.
4. El acuerdo por el que se resuelve la discrepancia se publicará en el «Boletín Oficial de las Illes Balears».
num: Artículo 21
paragraphs: Relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental.
1. La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que deriven de este.
2. El órgano ambiental puede acordar motivadamente, en nombre del principio de eficacia, la incorporación de trámites y de actos administrativos del procedimiento de evaluación ambiental estratégica a otros procedimientos de evaluación ambiental siempre que no haya transcurrido el plazo establecido en el plan o el programa o, si no, el de cuatro años desde la publicación de la declaración ambiental estratégica, y no se hayan producido alteraciones de las circunstancias tenidas en cuenta en la evaluación ambiental estratégica.
num: Artículo 22
paragraphs: Tramitación de urgencia.
1. De conformidad con la normativa básica de procedimiento administrativo, cuando lo aconsejen razones de interés público, el órgano ambiental, de oficio o a petición de la persona interesada, puede acordar que se aplique la tramitación de urgencia al procedimiento, por la que los plazos establecidos para los procedimientos fijados en esta ley, incluido el periodo de información pública, se reducen a la mitad.
2. No se puede interponer ningún recurso contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.
num: Artículo 23
paragraphs: Nulidad de los planes, los programas y los proyectos que no se sometan a la evaluación ambiental.
1. Los planes, los programas y los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley se someterán a una evaluación ambiental antes de que se adopten, se aprueben o se autoricen, o bien, si procede, en el caso de los proyectos, antes de que se presente la declaración responsable o la comunicación previa a la que se refiere la normativa del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
2. Son nulos de pleno derecho, y no tienen validez, los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, los programas o los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que no se hayan sometido a la evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder. Respecto a las actuaciones que se lleven a cabo al amparo de esta ley, se aplicarán las medidas de protección y defensa de la legalidad ambiental que se prevén.
num: Artículo 24
paragraphs: Los planes, los programas y los proyectos sometidos a la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa.
1. Cuando el acceso a una actividad o al ejercicio de una actividad exija una declaración responsable o una comunicación previa que requiera una evaluación de impacto ambiental de acuerdo con esta ley, la declaración responsable o la comunicación previa no se pueden presentar hasta que el órgano ambiental no haya concluido esta evaluación y el órgano sustantivo haya adoptado el informe mediante una resolución.
2. Con carácter general, un proyecto sujeto a declaración responsable o comunicación previa que debe estar sometido a evaluación ambiental, no tiene validez, sin haber obtenido previamente la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondan.
num: Artículo 25
paragraphs: Falta de emisión de las declaraciones y los informes ambientales.
En ningún caso se puede entender que la falta de emisión de la declaración ambiental estratégica, el informe ambiental estratégico, la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental equivale a una evaluación ambiental favorable.
num: Artículo 26
paragraphs: Consulta preceptiva al órgano ambiental de la comunidad autónoma de los planes, los programas y los proyectos que debe evaluar la Administración General del Estado.
1. Corresponde al órgano ambiental de la comunidad autónoma de las Illes Balears formular la consulta preceptiva que prevé la legislación básica estatal de los planes, los programas o los proyectos que deben adoptar, aprobar o autorizar la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes, o que deben ser objeto de declaración responsable o comunicación previa ante esa administración, que puedan afectar a las Illes Balears.
2. Son nulos de pleno derecho y no tienen validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, los programas y los proyectos determinados en el apartado 1 anterior respecto a los que no se haya solicitado el informe de consulta mencionado.
3. La consulta preceptiva al órgano ambiental se entiende sin perjuicio, en su caso, de otras consultas o informes de órganos de la misma administración de la comunidad autónoma o de otras administraciones.
No obstante, cuando se formule una consulta o una solicitud de informe a distintos órganos de la administración autonómica, se procurará que la consulta preceptiva al órgano ambiental valore o tenga en cuenta, en los términos que se estimen adecuados, las observaciones o las consideraciones de los otros órganos de la misma administración de las que se tenga conocimiento, evitando duplicidades o posibles discordancias.
Asimismo, el órgano ambiental puede valorar las observaciones o las consideraciones de las administraciones insulares o municipales de las Illes Balears.
num: Artículo 27
paragraphs: Procedimiento.
Las repercusiones de los planes, los programas y los proyectos que, sin tener relación directa con la gestión del lugar Red Natura 2000 o sin que sean necesarios para esta gestión, puedan afectar de manera apreciable a estos lugares o espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se evaluarán en los procedimientos que prevén la Ley 21/2013 y esta ley, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del lugar, de conformidad con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).
num: Artículo 28
paragraphs: Actuaciones previas.
1. Los planes, los programas y los proyectos que puedan afectar a espacios Red Natura 2000, y que se sometan a la evaluación ambiental solo por esa posible afección, se someterán previamente a un procedimiento que determinará, mediante el certificado oportuno, si el plan, el programa o el proyecto tiene relación directa con la gestión del lugar Red Natura 2000 o es necesario para su gestión, y también si afecta o no de manera apreciable el lugar mencionado.
El órgano competente para emitir este certificado y el procedimiento de determinación sobre si el plan, el programa o el proyecto tiene relación directa con la gestión del lugar Red Natura 2000 o es necesario para su gestión, y también si afecta o no de manera apreciable el lugar mencionado, son los que prevé la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).
En caso de que se concluya que corresponde el procedimiento de evaluación ambiental correspondiente, este incluirá una evaluación adecuada de las repercusiones en el lugar del plan, el programa o el proyecto.
2. Los planes, los programas y los proyectos que puedan afectar espacios Red Natura 2000, y que se sometan a la evaluación ambiental no solo por esta posible afección, no están sujetos a ninguna actuación previa y directamente se someterán al procedimiento de evaluación ambiental que corresponde, en el que se evaluarán adecuadamente las repercusiones en el lugar.
num: Artículo 29
paragraphs: Seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas, los informes ambientales estratégicos, las declaraciones de impacto ambiental y los informes de impacto ambiental.
1. Corresponde al órgano sustantivo, respecto a los planes, los programas o los proyectos que no son de competencia estatal, el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación y la ejecución de los planes y los programas y del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, en los términos que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental.
2. En las evaluaciones de impacto ambiental, el promotor está obligado a contratar una auditoría ambiental que acredite que se cumple el apartado 1 cuando el presupuesto del proyecto supere la cuantía de un millón de euros o cuando así lo acuerde justificadamente el órgano ambiental.
3. El órgano ambiental puede recaudar información del órgano sustantivo, hacer las comprobaciones que estime adecuadas y formular requerimientos a las autoridades competentes a fin de que ejerzan las potestades que establece esta ley.
num: Artículo 30
paragraphs: Inspección.
Corresponde al órgano sustantivo, en el ejercicio de las competencias propias, comprobar que los planes, los programas o los proyectos se han sometido a la evaluación ambiental cuando lo exige la normativa estatal o autonómica, y velar por que se cumplan las prescripciones y las medidas incluidas en los procedimientos ambientales.
num: Artículo 31
paragraphs: Fianzas y seguros de responsabilidad civil y ambiental.
1. Con el fin de garantizar la ejecución de las medidas correctoras, protectoras o compensatorias, el órgano sustantivo puede exigir la prestación de una fianza, con la cuantía, la forma y las condiciones que se determinen reglamentariamente.
2. Cuando se trate de proyectos que comportan un riesgo potencial grave para las personas, los bienes o el medio ambiente, y con el fin de cubrir los riesgos de daños a las personas, los bienes y el medio ambiente en general, el órgano sustantivo puede exigir que se constituya un seguro de responsabilidad civil y ambiental, aunque la normativa sectorial no lo prevea, que cubrirá, en todo caso:
a) Las indemnizaciones por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
b) Las indemnizaciones por daños en los bienes.
c) Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.
Las condiciones de los seguros de responsabilidad civil y ambiental, y también la cuantía, la forma de prestación, la extinción y el resto de elementos, se determinarán reglamentariamente.
num: Artículo 32
paragraphs: Medidas cautelares.
1. En el supuesto de que los proyectos sujetos a la evaluación ambiental produzcan, o puedan producir, daño al medio ambiente o una alteración no permitida de la realidad física o biológica, se pueden dictar medidas provisionales de acuerdo con el procedimiento que establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental, con el fin de garantizar daños mínimos al medio ambiente.
2. Cuando se ejecute un proyecto sujeto a la evaluación ambiental sin la evaluación pertinente, o contraviniendo las condiciones, el órgano sustantivo ordenará la suspensión inmediata de las obras o el cese del acto o uso en curso de ejecución, realización o desarrollo, en todo o en la parte que sea procedente. Esta medida se adoptará incluso previamente al inicio del expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado.
No obstante, si el órgano competente considera que los efectos de la suspensión podrían comportar perjuicios más graves para el medio ambiente, adecuará el acuerdo a los intereses ambientales, sin perjuicio de exigir que se inicien los trámites para legalizar la situación, acudiendo, en su caso, a los mecanismos de la ejecución forzosa.
La orden de suspensión se notificará, indistintamente, a las personas promotoras, propietarias o encargadas de la dirección y la ejecución de las obras, y también a cualquier otra persona que esté en el lugar de ejecución, realización o desarrollo y manifieste la relación con la obra. Si transcurren 48 horas desde que se ha practicado la notificación y no se ha cumplido la orden notificada, se pueden precintar las obras, las instalaciones o el uso.
El incumplimiento de la orden de suspensión, mientras persista, da lugar a la imposición de multas coercitivas sucesivas por periodos mínimos de diez días y cuantía de 600 euros en cada ocasión. Del incumplimiento se dará cuenta al Ministerio Fiscal, en su caso, a efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda.
3. Cuando la actividad haya estado en funcionamiento durante más de un año al amparo de un título administrativo y de acuerdo con las condiciones que en él se establecen, el órgano competente podrá, motivadamente, conceder un plazo de dos meses para iniciar la tramitación ambiental para la regularización de las actuaciones antes de dictar orden de suspensión.
En caso de que se haya concedido un plazo para la regularización, si una vez vencido no se ha solicitado el inicio de la tramitación, o cuando se adopte acuerdo desfavorable a la regularización o se ordene el archivo del expediente, se adoptarán las medidas cautelares oportunas.
4. Las actuaciones a que se refiere este artículo son independientes de las sancionadoras.
num: Artículo 33
paragraphs: El restablecimiento del orden jurídico perturbado, la reposición de la realidad física alterada y la indemnización por daños y perjuicios.
1. El orden jurídico perturbado por un proyecto, un plan o un programa sometido a evaluación ambiental que no haya llevado a cabo la tramitación ambiental preceptiva o contravenga sus condiciones, se restablecerá mediante:
a) La aprobación, la autorización o la licencia del proyecto, el plan o el programa correspondiente con la tramitación previa de la evaluación ambiental, si se solicita y es compatible con la ordenación vigente.
b) La declaración de nulidad de los acuerdos tomados o la reposición de la realidad física alterada al estado originario, si no se da el supuesto del apartado a) anterior.
2. Cuando las actuaciones se hayan ejecutado al amparo de un título administrativo y de acuerdo con las condiciones que se establecen, el órgano sustantivo concederá un plazo de dos meses para iniciar la tramitación ambiental para su regularización. Transcurrido el plazo sin que se haya solicitado dicha regularización, o después de adoptar acuerdo desfavorable u ordenar el archivo del expediente, se procederá al restablecimiento del orden jurídico perturbado con la anulación de los títulos que amparen las actuaciones y, en su caso, se ordenará la reposición de la realidad física alterada al estado originario, sin perjuicio de que se adopten las medidas provisionales del artículo anterior.
Los acuerdos que declaren nulos planes, programas o proyectos por la falta de la tramitación ambiental correspondiente preverán las medidas adecuadas para evitar eventuales perjuicios en el medio ambiente.
3. En el caso de proyectos sujetos a la evaluación ambiental que produzcan daño al medio ambiente o una alteración no permitida de la realidad física o biológica, el promotor queda obligado a la reposición de la situación alterada al estado originario y a la indemnización por los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la sanción que se pueda imponer.
La reposición de la situación alterada y la indemnización por los daños y perjuicios se llevarán a cabo en los términos que establecen la normativa de responsabilidad ambiental y esta ley.
4. El órgano sustantivo determinará, en un procedimiento contradictorio y con el informe previo del órgano ambiental, la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios causados a la administración y el plazo para abonarla, con la audiencia previa de la persona interesada. En caso de que el promotor no esté de acuerdo con la valoración, se efectuará una tasación contradictoria.
5. Las actuaciones a que se refiere este artículo son independientes de las sancionadoras.
num: Artículo 34
paragraphs: Medios de ejecución forzosa.
El órgano sustantivo, por iniciativa propia o a petición del órgano ambiental o de cualquier persona o entidad, previo aviso, puede ejecutar forzosamente la declaración de impacto ambiental o el acuerdo de resolución de discrepancias, en el supuesto de que se hayan incumplido, y más concretamente las condiciones y las medidas correctoras, protectoras o compensatorias, y también el deber de restitución de la realidad física alterada, con los medios que prevén esta ley y la normativa de procedimiento administrativo.
num: Artículo 35
paragraphs: Ejecución subsidiaria.
1. El órgano sustantivo, por sí mismo o por medio de terceras personas, con el requerimiento previo, puede ejecutar subsidiariamente las condiciones y las medidas correctoras, protectoras y compensatorias, y también el deber de reposición, a costa de la persona responsable, en el supuesto de que se incumplan en los plazos establecidos.
2. Los gastos para la ejecución subsidiaria se pueden liquidar provisionalmente y antes de la ejecución, a cuenta de la liquidación definitiva.
num: Artículo 36
paragraphs: Multas coercitivas.
1. Si transcurre el plazo para el cumplimiento de las condiciones, las medidas o el deber de restitución y estos no se cumplen, el órgano sustantivo puede acordar la imposición de multas coercitivas, reiteradas en lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo que se ordena, según los plazos fijados, que serán independientes y compatibles con las sanciones que se puedan imponer.
2. La cuantía de cada una de las multas coercitivas puede llegar hasta el 10 % de la multa o, en su defecto, oscilar entre 600 y 6.000 euros. La cuantía se fijará según los criterios siguientes:
a) El retraso en el cumplimiento.
b) La existencia de intencionalidad o reiteración.
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, en concreto, que el daño afecte recursos o espacios únicos, escasos o protegidos.
num: Artículo 37
paragraphs: La potestad sancionadora.
1. La potestad sancionadora en materia de evaluaciones ambientales solo se aplica a proyectos privados de acuerdo con lo que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental, y corresponde al órgano sustantivo que debe autorizar o aprobar el proyecto.
2. Cuando la infracción posible sea imputable a una administración pública, en su condición de promotora de un plan, un programa o un proyecto, se aplicará la normativa reguladora de la responsabilidad de la administración, de agentes y personal funcionario.
3. El órgano ambiental puede recabar información del órgano sustantivo, hacer las comprobaciones que considere convenientes y formularle requerimientos, con el fin de ejercer las potestades que establece esta ley.
num: Artículo 38
paragraphs: Sujetos responsables de las infracciones.
1. Pueden ser responsables por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas que regula esta ley:
a) Los promotores del proyecto privado.
b) Las personas autoras del proyecto o el personal técnico encargado de la dirección.
c) El personal técnico encargado de la redacción del estudio de impacto ambiental.
d) El contratista.
e) El auditor ambiental.
2. En caso de que el cumplimiento de una obligación legal corresponda a varias personas conjuntamente, estas responderán de manera solidaria de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan.
3. Las personas jurídicas son responsables de las infracciones cometidas por sus órganos o agentes y, en su caso, asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceras personas que correspondan.
4. De la obligación del pago de las multas y del beneficio ilícito obtenido impuesto a las personas jurídicas en virtud de lo que establece esta ley, son responsables subsidiarios:
a) Las personas gestoras o administradoras cuya conducta haya sido determinante para que la persona jurídica incurriera en la infracción.
b) Las entidades que, por la participación en el capital o por cualquier otro medio, controlen o dirijan la actividad de la responsable principal, a menos que deban ser consideradas directamente autoras de la infracción.
5. La muerte de la persona física extingue la responsabilidad por las infracciones que prevé esta ley, sin perjuicio de que la administración adopte las medidas no sancionadoras que correspondan y que, en su caso, exija de los herederos o de quien se haya beneficiado o lucrado con la infracción, el beneficio ilícito obtenido de la comisión.
6. En caso de que se extinga una persona jurídica responsable presunta de una infracción antes de la firmeza de la sanción, se considerarán responsables solidariamente de la infracción las personas físicas cuya conducta determinó la comisión de la infracción, bien como integrantes de los órganos de dirección de la entidad o actuando al servicio de esta o por ellas mismas.
En caso de que se extinga una persona jurídica responsable, los socios o partícipes en el capital responderán solidariamente del pago de la sanción y, en su caso, del coste de la reposición de la realidad física alterada, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado.
num: Artículo 39
paragraphs: Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental.
1. Las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental se clasifican en muy graves, graves y leves.
2. Es una infracción muy grave el inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos a la declaración responsable o la comunicación previa, sometido a la evaluación de impacto ambiental ordinaria sin haber obtenido previamente la declaración de impacto ambiental correspondiente.
3. Son infracciones graves:
a) El inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos a la declaración responsable o la comunicación previa, sometido a la evaluación de impacto ambiental simplificada sin haber obtenido previamente el informe de impacto ambiental.
b) La ocultación de datos y el falseamiento o la manipulación maliciosa de datos en la redacción del proyecto o en el procedimiento de evaluación.
c) El incumplimiento de las condiciones ambientales o las medidas correctoras o compensatorias que establece la declaración de impacto ambiental, incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto, o el incumplimiento de las condiciones ambientales que establece el informe ambiental, incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto o, en su caso, en la declaración responsable o la comunicación previa del proyecto.
d) El incumplimiento del requerimiento acordado por la administración para la suspensión de la ejecución del proyecto, el cierre o la clausura de establecimientos, la suspensión de actividades o la adopción de medidas correctoras o de restauración del medio físico o biológico.
e) El incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por el órgano competente.
f) La obstrucción grave en los trabajos de vigilancia y seguimiento de la administración.
4. Es una infracción leve el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o los requisitos que contienen esta ley o la normativa básica estatal que no esté tipificado como grave o muy grave.
5. Cuando un mismo infractor cometa varias acciones susceptibles de ser consideradas infracciones diferentes, se impondrán tantas sanciones como infracciones se hayan cometido. En caso de que unos mismos hechos puedan ser constitutivos de varias infracciones, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave en su mitad superior. En caso de que unos hechos sean constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la comisión de otros hechos también constitutivos de infracción, de manera que estos deriven necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más grave en su mitad superior.
6. Las infracciones prescriben en los plazos que establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental.
num: Artículo 40
paragraphs: Sanciones correspondientes a las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental.
1. Las infracciones tipificadas en esta ley dan lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
a) En el caso de una infracción muy grave: multa desde 300.001 euros hasta 3.000.000 de euros.
b) En el caso de una infracción grave: multa desde 30.001 euros hasta 300.000 euros.
c) En el caso de una infracción leve: multa de hasta 30.000 euros.
2. Las sanciones se graduarán de acuerdo con la normativa básica estatal de evaluación ambiental.
3. La imposición de una sanción con carácter firme por la comisión de una infracción muy grave de las que prevé esta ley también implica la prohibición de contratar de acuerdo con los términos que prevé la normativa básica estatal en materia de contratación.
4. La comisión de las infracciones reguladas en esta ley no podrá reportar beneficio económico a sus responsables. Cuando la suma de la multa y de los costes que comporte el restablecimiento de la legalidad de una cifra inferior a este beneficio, se incrementará la cuantía de la multa hasta llegar al importe del mismo.
5. Cuando los actos constitutivos de infracción se cometan al amparo de un título administrativo y de acuerdo con las condiciones que se establezcan, no se puede imponer ninguna sanción administrativa mientras no se anule el título administrativo que en cada caso los ampare.
num: Artículo 41
paragraphs: Procedimiento sancionador y publicidad de las sanciones.
1. El procedimiento sancionador es el que prevé la normativa reguladora del procedimiento sancionador de las Illes Balears y, supletoriamente, el que se prevé en la normativa básica estatal de evaluación ambiental y en la normativa de régimen jurídico y procedimiento administrativo común.
2. Las sanciones correspondientes a infracciones muy graves y graves se publicarán en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» y en la página web del órgano ambiental, con mención de los sujetos responsables y las infracciones cometidas.
num: Artículo 42
paragraphs: La prestación ambiental sustitutoria.
1. Las multas, una vez firmes, pueden ser sustituidas, a solicitud de la persona sancionada, por una prestación ambiental de restauración, conservación o mejora del medio ambiente, o de educación ambiental, en los términos y las condiciones que determine el órgano sancionador, con el informe previo del órgano ambiental.
2. En todo caso, la prestación ambiental sustitutoria guardará la proporcionalidad debida con la multa que sustituye y en ningún caso será inferior a la cuantía de esta.
num: Disposición adicional única. Legalización de las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la fabricación de cerámicas para la construcción.
paragraphs: Las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la fabricación y a la comercialización de cerámicas para la construcción, ubicadas en suelo rústico y urbano, existentes en la entrada en vigor de esta ley y que hayan tenido una actividad continuada en los últimos ocho años, se consideran ajustadas a la legalidad y asimiladas a las realizadas con licencia, con independencia de la categoría y la calificación de suelo donde se ubiquen, siempre que en el plazo de tres años, contados desde la entrada en vigor de esta ley, presenten una solicitud de legalización ante el ayuntamiento correspondiente.
Asimismo, podrán autorizarse cambios en las instalaciones ya existentes que tengan por objeto su modernización y/o adaptación a cambios tecnológicos, previa declaración de interés general exclusivo para este extremo.
num: Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
paragraphs: 1. Esta ley se aplica a todas las evaluaciones ambientales que se inicien a partir de su entrada en vigor.
2. Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley pierden la vigencia y cesan en la producción de los efectos propios si no se ha empezado la ejecución del proyecto o la actividad dentro del plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de la ley. En ese caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental del proyecto de conformidad con esta ley.
num: Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
paragraphs: 1. Quedan derogadas todas las disposiciones del mismo rango que esta ley, o de un rango inferior, en lo que la contradigan.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) La Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, excepto las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta.
b) La Ley 9/2010, de 27 de julio, de declaración de interés autonómico de la construcción del campo de golf de Son Bosc en Muro.
c) Los artículos 39 bis y 39 ter de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears (LECO).
d) Los párrafos segundo y tercero del artículo 44.4 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears.
num: Disposición final primera. Modificación de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears.
paragraphs: El artículo 16.4 de la Ley 10/2014 queda redactado en los siguientes términos:
num: Disposición final segunda. Modificación de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears (LECO).
paragraphs: 1. Se modifica el artículo 22.a) de la Ley 5/2005, que pasa a tener la siguiente redacción:
2. Se modifica el artículo 23.2 de la Ley 5/2005, que pasa a tener la siguiente redacción:
3. Se modifica el artículo 39 de la Ley 5/2005, que pasa a tener la siguiente redacción:
4. Se introduce una nueva disposición adicional a la Ley 5/2005, con la siguiente redacción:
5. Se introduce una nueva disposición transitoria a la Ley 5/2005, con la siguiente redacción:
num: Disposición final tercera. Exclusiones de la autorización administrativa de la administración hidráulica.
paragraphs: No obstante el artículo 106.1 del Plan Hidrológico de las Illes Balears, aprobado por el Real Decreto 701/2015, de 17 de julio, quedan excluidas de la autorización administrativa de la administración hidráulica las actuaciones en zonas inundables y potencialmente inundables siguientes:
1. Las actuaciones de conservación y rehabilitación de construcciones y edificios existentes, excepto que se ejecuten en sótanos o vinculadas a un uso público esencial, como hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, parques de bomberos, centros penitenciarios o similares.
2. Las obras que no requieran un proyecto técnico cuando no estén incluidas en zonas de policía o servidumbre y no modifiquen la circulación libre de las aguas o no representen obstáculos para el flujo de la escorrentía, el desagüe o las avenidas de las aguas.
3. Las obras de construcción, rehabilitación o reparación de lavaderos, piscinas o aljibes, siempre que se encuentren a la cota del terreno.
4. Las obras de conservación y mantenimiento de caminos existentes.
5. Las obras de mantenimiento o reparación de servicios soterrados, como cañerías de agua, gas, saneamiento, fibra óptica, electricidad o similares.
num: Disposición final cuarta. Autorización de desarrollo.
paragraphs: 1. En el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma de las Illes Balears y por medio de los procedimientos que prevé esta ley, se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para su ejecución y desarrollo.
2. Asimismo, se autoriza al Gobierno a adaptar los anexos a las modificaciones de ius cogens que, en su caso, introduzca la normativa comunitaria o la normativa básica estatal.
3. El desarrollo reglamentario previsto en esta ley se realizará en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor.
num: Disposición final quinta. Modificación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo.
paragraphs: Se modifica la disposición transitoria cuarta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, que pasa a tener la siguiente redacción:
num: Disposición final sexta. Modificación del artículo 1.3 de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión
paragraphs: Se modifica el artículo 1.3 de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión, que pasa a tener la redacción siguiente:
num: Disposición final séptima. Modificación del artículo 15.5 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo
paragraphs: Se modifica el artículo 15.5 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, que pasa a tener la siguiente redacción:
num: Disposición final octava. Entrada en vigor.
paragraphs: Esta ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de las Illes Balears».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.