Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1988, de 20 de julio, de ordenación del comercio interior de Galicia.
Source: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) 30/2010 2010-02-04 09835-09841

num: Artículo único
paragraphs: Modificación de la Ley 10/1988, de 20 de julio, de ordenación del comercio interior de Galicia.
Uno. Se elimina la rúbrica «Capítulo II, De la apertura de establecimientos comerciales y requisitos para el ejercicio de la actividad comercial» del título II, De la actividad comercial.
Dos. Se elimina la rúbrica «Capítulo III, De la Comisión Consultiva de Distribución y Ordenación Comercial» del título II, De la actividad comercial.
Tres.–Se introduce un nuevo capítulo II del título II, «De la apertura de establecimientos comerciales», que tendrá la siguiente redacción:
num: Artículo 6
paragraphs: º Apertura de establecimientos comerciales.
1. Para la apertura de un establecimiento comercial será requisito imprescindible la obtención de la licencia municipal de apertura o de actividad, y, en su caso, en los supuestos previstos en esta ley, autorización comercial de la Comunidad Autónoma.
2. Las licencias de apertura o de actividad de los establecimientos comerciales serán concedidas por los municipios, de acuerdo con la normativa vigente en materia de urbanismo, seguridad, salubridad y protección del medio ambiente.
num: Artículo 7
paragraphs: º Actividades sujetas a la autorización comercial autonómica.
1. El sometimiento a la autorización comercial autonómica de la instalación de establecimientos comerciales tiene como finalidad garantizar la adecuada integración territorial del establecimiento comercial a través de su planificación urbanística y de la ejecución previa de las infraestructuras y dotaciones necesarias, su compatibilidad desde el punto de vista de la protección del medio ambiente y la accesibilidad de los ciudadanos a estos equipamientos en condiciones adecuadas.
Atendiendo a la citada finalidad, únicamente precisará autorización comercial autonómica la instalación, la ampliación y el traslado de los establecimientos comerciales individuales o colectivos que, destinándose al comercio detallista de cualquier clase de artículos, tengan una incidencia ambiental, territorial, urbanística y en el sistema viario que trascienda del término municipal en el que se localicen, por su magnitud, importancia y características.
2. A estos efectos, se entiende que únicamente tienen incidencia supramunicipal, y por tanto están sujetos a autorización comercial autonómica, la instalación, la ampliación y el traslado de los establecimientos comerciales, proyectados en actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano no consolidado o en suelo urbanizable, cuya superficie útil de exposición y venta al público sea superior a 2.500 m2, por el impacto territorial, urbanístico, viario y medioambiental generado.
3. No precisan de autorización comercial autonómica:
a) Los establecimientos individuales dedicados a la exposición y a la venta de automóviles, de embarcaciones y otros vehículos, de maquinaria industrial o agrícola, de materiales para la construcción y de artículos de saneamiento, que requieran un gran espacio físico.
b) Los mercados municipales y los denominados centros comerciales abiertos.
4. Serán nulas de pleno derecho las licencias municipales de edificación y uso del suelo y de actividad otorgadas para la instalación, la ampliación o el traslado de establecimientos comerciales que, precisando autorización comercial autonómica de acuerdo con lo establecido en esta ley, fuesen otorgadas sin ella.
num: Artículo 7
paragraphs: º bis. Procedimiento para la obtención de la autorización comercial autonómica.
1. La autorización comercial autonómica será concedida mediante resolución de la persona titular de la consejería competente en materia de comercio interior con carácter previo a la obtención de las correspondientes licencias municipales, así como a las de cualquier otra entidad o administración que sean exigibles, en su caso.
2. La concesión de la autorización comercial autonómica estará fundamentada en los siguientes criterios de interés general, cuyo cumplimiento estará debidamente justificado en el proyecto:
a) La adecuación de la nueva implantación a los instrumentos de ordenación del territorio que, en su caso, resulten de aplicación.
b) La viabilidad urbanística, teniendo en cuenta la plena concordancia del establecimiento proyectado con las determinaciones establecidas en el planeamiento general y en los instrumentos de desarrollo y de gestión urbanística y en el resto de normas de competencia municipal.
c) El adecuado cumplimiento de la normativa reguladora en materia de accesibilidad, circulación y movilidad contenidas en el proyecto y la previsión de mejora de las infraestructuras que permitan la fluidez del tráfico rodado generado por la implantación comercial en el supuesto de que las existentes no resulten adecuadas.
d) La dotación de al menos una plaza de aparcamiento por cada 20 m2 de superficie útil de exposición y venta al público. Asimismo, se deberá prever la reserva de plazas para personas discapacitadas en los términos que establece la normativa vigente.
e) El establecimiento de líneas de transporte colectivo que descongestionen el tráfico rodado y permitan acceder en adecuadas condiciones de regularidad e intensidad a la implantación comercial cuando las existentes no resulten suficientes.
f) La viabilidad y legalidad ambiental del proyecto con cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental, que preverá la adopción de medidas positivas de protección ambiental que reduzcan la contaminación acústica, la emisión de gases de efecto invernadero y la producción de residuos, su gestión mediante procedimientos de valorización, preferentemente mediante reciclaje y reutilización, y la utilización del agua, de la energía, de las materias primas y de otros recursos de manera eficiente. Este criterio se acreditará del modo establecido en la letra b) del apartado 3 de este artículo.
g) La materialización en el establecimiento pretendido de instalaciones y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, tales como la creación de guarderías, ludotecas o salas de lactancia.
3. Completada la documentación, el órgano instructor recabará los siguientes informes:
a) Informe de la consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo sobre el cumplimiento del criterio establecido en la letra a) del apartado anterior.
b) Informe de la consejería competente en materia de medio ambiente sobre el cumplimiento del criterio establecido en la letra f) del apartado anterior.
Si se trata de un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, evaluación de efectos ambientales, evaluación de incidencia ambiental u otras figuras de evaluación ambiental, los procedimientos correspondientes quedarán integrados en el procedimiento de otorgamiento de la autorización comercial. Durante la tramitación de éstos, se entiende suspendido el procedimiento para resolver la autorización comercial.
c) Informe de la consejería competente en materia de transporte sobre la existencia o la suficiencia del transporte interurbano previsto en el criterio establecido en la letra e) del apartado anterior.
d) Informe del ayuntamiento en cuyo término municipal se pretenda emplazar el establecimiento comercial, que deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los criterios establecidos en las letras b), c), d) y e) del apartado anterior, además del cumplimiento de todas las normas que habilitan la apertura del establecimiento.
e) Informe del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, que no podrá versar sobre aspectos económicos.
4. Transcurridos dos meses desde que se tenga constancia de la recepción de la petición de cada informe sin que haya existido pronunciamiento expreso al efecto, se podrá proseguir con las actuaciones.
5. Emitidos los anteriores informes, el expediente se remitirá a la Comisión Consultiva prevista en el artículo 9 de esta ley con objeto de que efectúe propuesta de resolución. La Comisión Consultiva podrá en este trámite solicitar ampliación o aclaraciones de los informes emitidos.
6. El plazo para resolver el procedimiento de autorización comercial autonómica será de seis meses desde que tenga entrada en el registro del órgano competente para su tramitación la documentación completa, incluido el justificante de abono de las correspondientes tasas. Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo.
7. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de concesión de la autorización comercial autonómica prevista en esta ley.
num: Artículo 7
paragraphs: º ter. Simplificación administrativa e integración de procedimientos.
El procedimiento para la obtención de la autorización comercial autonómica se integrará en el procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividad. A estos efectos, una vez otorgada la autorización comercial por la Administración autonómica, el ayuntamiento dictará una única resolución sobre las licencias municipales del modo previsto en el artículo 196.2º de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.
num: Artículo 7
paragraphs: º quater. Vigencia de la autorización comercial autonómica.
1. La vigencia de la autorización comercial autonómica tendrá carácter indefinido.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la autorización concedida caducará en el caso de que el proyecto de instalación del establecimiento comercial autorizado no se realizase en su totalidad en el plazo que prevea la resolución única municipal prevista en el artículo 7 ter. y en las prórrogas que, en su caso, sean concedidas, que serán comunicadas a la consejería competente en materia de comercio».
Cuatro.–Se modifica el capítulo III del título II, que tendrá la siguiente redacción:
num: Artículo 9
paragraphs: º Comisión Consultiva.
1. Se crea la Comisión Consultiva como órgano consultivo, asesor y de colaboración con la Administración pública gallega en la ordenación de la actividad comercial.
2. La Comisión Consultiva se adscribe a la consejería competente en materia de comercio sin participar de su estructura, pero integrándose en ella.
3. La Comisión Consultiva tendrá la siguiente composición:
a) Presidencia. Titular de la consejería competente en materia de comercio.
b) Vicepresidencia. Titular de la dirección general competente en materia de comercio.
c) Vocales:
Dos personas representantes de la consejería competente en materia de comercio.
Una persona representante de la consejería competente en materia de ordenación del territorio.
Una persona representante de la consejería competente en materia de trabajo.
Una persona representante designada por el Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia.
Una persona representante de la Federación Gallega de Municipios y Provincias.
Una persona representante designada por el Consejo Gallego de Consumidores y Usuarios.
Dos personas expertas de reconocido prestigio designadas libremente por el titular de la consejería competente en materia de comercio, que tendrán voz pero no voto.
d) Secretaría. Una persona funcionaria de la dirección general competente en materia de comercio, que actuará como tal con voz pero sin voto.
4. Las vocales y los vocales de la Comisión Consultiva que no lo sean por razón de su cargo serán nombrados por la persona titular de la consejería competente en materia de comercio por propuesta de los órganos, de las entidades o de las organizaciones a las que se refiere el apartado anterior. Esta propuesta deberá realizarse por escrito, en el plazo de un mes a partir de la recepción del requerimiento que la citada consejería efectúe a tal efecto.
5. La composición y organización de la Comisión Consultiva se regirá por el principio de paridad y tratará de garantizar una representación proporcionada entre hombres y mujeres. Reglamentariamente se establecerá el régimen de funcionamiento y organización de la Comisión Consultiva».
num: Disposición adicional.
paragraphs: El procedimiento de concesión de autorización comercial autonómica de implantación, ampliación y traslado de un establecimiento comercial dará lugar al pago de una tasa por este concepto, de conformidad con la normativa reguladora.
num: Disposición derogatoria.
paragraphs: 1. Queda derogado el Decreto 341/1996, de 13 de septiembre, por el que se crea la Comisión Consultiva de Equipamientos Comerciales y se regula la implantación de grandes establecimientos comerciales en la Comunidad Autónoma de Galicia.
2. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
num: Disposición final.
paragraphs: Primera.–Modificación del anexo 3 de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Se modifica el apartado 51 del anexo 3 de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, que pasará a tener la siguiente redacción:
«51. Autorización comercial autonómica para la instalación, la ampliación y el traslado de establecimientos comerciales.
Por metro cuadrado de superficie útil para exposición y venta al público: 3,69 €».
Segunda.–Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2009.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.