Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda de Extremadura.
Source: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

num: Artículo 1
paragraphs: Modificación de la Ley 3/2001, de 26 de abril, de Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura.
La Ley 3/2001, de 26 de abril, de Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 1, que pasa a tener la siguiente redacción:
Dos. Se añade un apartado 3 al artículo 2, con la siguiente redacción:
Tres. Se añaden tres nuevos apartados, 13, 14, y 15, al artículo 3, con la siguiente redacción:
Cuatro. Se añade un nuevo artículo 16 bis, con la siguiente redacción:
Cinco. Se añade un nuevo artículo 16 ter, con la siguiente redacción:
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 25, que pasa a tener la siguiente redacción:
Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 34, que pasa a tener la siguiente redacción:
Ocho. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 34, que pasa a tener la siguiente redacción:
Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 38, que pasa a tener la siguiente redacción:
Diez. Se modifica el artículo 49, que pasa a tener la siguiente redacción:
Once. Se modifica el artículo 50, que pasa a tener la siguiente redacción:
Doce. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 54, con la siguiente redacción:
Trece. Se añaden los apartados g y h al artículo 57, con la siguiente redacción:
Catorce. Se añaden nuevos apartados al artículo 58, con la siguiente redacción:
Quince. Se modifica el apartado 1 del artículo 63, que pasa a tener la siguiente redacción:
num: Artículo 2
paragraphs: Expropiación forzosa del usufructo temporal de determinadas viviendas para la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.
1. Por la presente ley, una vez agotadas todas las vías de solución habitacional en previsión de la menor afectación posible al mercado hipotecario, se declara de interés social y la necesidad de urgente ocupación, a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, la cobertura de la necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del usufructo de la vivienda objeto de éstos por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente.
2. Esta medida será de aplicación a las viviendas incursas en procedimientos de desahucio instados por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias, o entidades de gestión de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto a estos efectos en la normativa básica estatal, y salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Se acredite que el lanzamiento ha sido suspendido por aplicación del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, o la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
b) Se acredite que la entidad ha concertado un alquiler asequible con el titular de la vivienda objeto de ejecución hipotecaria por un mínimo de tres años. A estos efectos, se entenderá por alquiler asequible aquel cuyo precio no exceda del previsto en el plan autonómico de vivienda para una vivienda protegida de régimen especial de nueva construcción, con un límite máximo del 30 % de los ingresos netos totales de la unidad familiar.
3. Se considerará que se encuentran en situación de exclusión residencial y, por lo tanto, podrán ser beneficiarios de esta expropiación forzosa del usufructo temporal, las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto de ejecución hipotecaria, siendo ésta su única vivienda en propiedad y siempre que ningún miembro de la unidad familiar que conviva en la vivienda objeto de ejecución hipotecaria ostente la titularidad del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda.
b) Tener la condición inicial de propietarios y deudores hipotecarios.
c) Que se den los siguientes requisitos de carácter económico:
1.º Que el procedimiento de ejecución hipotecaria sea consecuencia del impago de un préstamo concedido para la adquisición de la vivienda habitual.
2.º Que los demandantes se encuentren en situación de riesgo de exclusión residencial, entendiéndose en dicha situación, a efectos de la presente ley, a personas y unidades familiares que perciban unos ingresos inferiores al 130 % del Salario Mínimo Interprofesional calculado a doce pagas anuales si se trata de personas que viven solas, o unos ingresos inferiores a 170 % del Salario Mínimo Interprofesional calculado a doce pagas anuales si se trata de unidades de convivencia, o unos ingresos inferiores al 190 % del Salario Mínimo Interprofesional calculado a doce pagas anuales en caso de personas con discapacidades o con gran dependencia. En caso de que los ingresos sean superiores a dos veces el IPREM calculado a catorce pagas anuales, la solicitud debe ir acompañada de un informe de servicios sociales que acredite el riesgo de exclusión residencial.
3.º El conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere tres veces el valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
4. El procedimiento de expropiación del derecho al usufructo temporal de la vivienda deberá ajustarse a la legislación de expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido por la legislación sectorial aplicable. La resolución que dé inicio al procedimiento se comunicará al órgano judicial que esté conociendo del procedimiento de ejecución hipotecaria de que se trate.
5. Mediante decreto del Consejo de Gobierno se declarará, previa información pública y motivadamente, el interés social y la necesidad de urgente ocupación a efectos de expropiación forzosa temporal del uso de viviendas.
6. El anuncio de publicación podrá incluir la citación para el levantamiento del acta previa.
7. En el acta de ocupación se establecerá la forma en que la propiedad recuperará el uso de la vivienda una vez transcurrido el plazo de expropiación del derecho al usufructo temporal de la vivienda. En particular, se reconoce el derecho de reversión en caso de que las circunstancias de la persona beneficiaria se modificaran antes de transcurrir los tres años establecidos como periodo máximo de la expropiación temporal del uso, de manera que pueda ejercer el derecho a una vivienda digna y adecuada en términos análogos a los que posibilita la vivienda que fue objeto del procedimiento de ejecución hipotecaria. Asimismo, se incurrirá en causa de reversión cuando se pierda la condición de beneficiario.
8. La persona beneficiaria quedará obligada al pago a la Administración expropiante de una cantidad en concepto de contribución al pago de justiprecio, en cuantía no superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la misma ni superior a la cuantía del justiprecio.
9. Cuando la persona beneficiaria haya incurrido en falsedad u ocultación de información en el cumplimiento de los requisitos contemplados en el apartado 3 o en la presentación de la documentación a que se refiere el apartado 10, perderá la condición de beneficiaria. La consejería competente en materia de vivienda vigilará el cumplimiento de los requisitos referidos y el pago de las cantidades a las que, como beneficiario, esté obligado en los términos del apartado anterior.
10. El procedimiento de expropiación forzosa se iniciará mediante solicitud de la persona interesada, que deberá cumplir con los requisitos que para los beneficiarios de la expropiación se establecen en el punto 3 de este artículo. Junto con su solicitud deberá aportar la documentación acreditativa del proceso de ejecución hipotecaria en que la vivienda objeto de expropiación temporal de uso se encuentra incurso.
Igualmente, junto con su solicitud, y a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos para ser tenida como beneficiaria, de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del presente artículo deberá acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la situación económica de la persona interesada:
1.º Certificado de rentas, y en su caso certificado relativo a la presentación del Impuesto de patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.
2.º Copia de las últimas tres nóminas percibidas; en su caso, certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo; o, en su caso, certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas y las entidades locales.
3.º En caso de trabajador por cuenta propia, certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.
4.º Autorización a la Administración actuante para la consulta de los datos fiscales y de seguridad social ante los registros y administraciones competentes.
Alternativamente a la presentación del conjunto de documentación citada en los números anteriores, la persona interesada podrá limitarse a presentar autorización a la Administración actuante para la consulta de los datos fiscales y de seguridad social ante los registros y administraciones competentes.
b) Documentación acreditativa de los ingresos por los miembros de la unidad familiar, en los mismos términos establecidos para la persona beneficiaria en la letra anterior.
c) Documentación acreditativa del número de personas que habitan la vivienda:
1.º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
2.º Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
d) Documentación relativa a la titularidad de los bienes:
1.º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar o, alternativamente, declaración responsable y autorización de consulta a la Administración actuante para solicitar los datos catastrales y del Registro de la Propiedad.
2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiera.
e) Declaración responsable de la persona deudora o deudoras relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de éste.
f) Informe de los Servicios Sociales de Atención Social Básica sobre la situación de emergencia o exclusión social en que puede quedar el beneficiario en caso de lanzamiento.
11. Las solicitudes se tramitarán según el orden riguroso de incoación, salvo que, en supuestos de especial vulnerabilidad o en el caso de que el lanzamiento sea inminente, se dicte resolución motivada de la que quedará constancia, estableciendo una preferencia distinta. Se entiende que concurren supuestos de especial vulnerabilidad en aquellos casos en los que el lanzamiento afecte a viviendas en las que habiten familias que incluyan entre sus miembros a menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o personas desempleadas sin derecho a prestación.
Analizado el cumplimiento efectivo de los requisitos para ostentar la condición de beneficiario, se dictará resolución por el director general con competencias en materia de vivienda, que declarará lo procedente.
En caso de ser declarada concurrente la condición de beneficiario respecto de la concreta solicitud, el procedimiento expropiatorio continuará por los trámites previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
12. La imposibilidad de llevar a cabo la ejecución de la ocupación de la vivienda por causas relacionadas con el procedimiento de desahucio, así como por otras causas no imputables a la Administración, no implica el reconocimiento de derecho alguno a la persona beneficiaria de la expropiación.
13. La valoración del justiprecio del derecho de usufructo temporal se realizará atendiendo, como criterios de valoración para su cálculo, al valor que tenga el inmueble cuando se haya provisionado o se vaya a provisionar en el balance de la entidad bancaria; o, en su caso, el precio aplicado al traspaso de los activos a la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, creada en el marco de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, como parte del proceso de reestructuración y saneamiento del sistema financiero español, de conformidad con los criterios establecidos por el Real Decreto Ley 2/2012, de 3 de febrero, sobre saneamiento del sector financiero.
Para el cálculo del valor del usufructo, éste se determinará a razón del 2 % del valor total del bien (en pleno dominio) por cada periodo de un año, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal de aplicación.
num: Artículo 3
paragraphs: Suspensión temporal de los procedimientos administrativos de desahucio de viviendas de promoción pública.
1. Los procedimientos administrativos de desahucio por impago de la renta del alquiler iniciados respecto de viviendas de promoción pública de la titularidad de la Junta de Extremadura o de sus empresas quedarán en suspenso, en cualquiera de sus fases, incluida la ejecutiva, por un periodo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, siempre que en los cuatro años anteriores al momento a la entrada en vigor de esta ley la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas.
Se entiende que se ha producido una alteración significativa en los ingresos de la unidad familiar cuando el esfuerzo que represente el pago del importe del alquiler sobre la renta de la unidad familiar se haya multiplicado por el 1,5.
2. El plazo de suspensión de los procedimientos administrativos de desahucio podrá ser ampliado por periodos sucesivos de un año mediante acuerdo del Consejo de Gobierno. En tal caso, la alteración significativa de las circunstancias económicas mencionadas en el apartado anterior deberá haberse producido en los cuatro años anteriores a dicho acuerdo de ampliación.
num: Artículo 4
paragraphs: Medidas para aliviar el endeudamiento derivado del impago de rentas de alquiler de viviendas de promoción pública.
La consejería competente en materia de vivienda promoverá medidas tendentes a facilitar el pago de deudas atrasadas en concepto de rentas de alquiler de viviendas de promoción pública, tales como aplazamientos, fraccionamientos y aminoraciones de renta, así como pagos en especie y cualesquiera otras medidas que permitan aliviar la situación de endeudamiento en que se encuentren los inquilinos de dichas viviendas protegidas.
Mediante un reglamento adoptado a iniciativa conjunta de las consejerías competentes en materia de hacienda y vivienda se regulará el alcance de las medidas referidas en el apartado anterior, así como los requisitos exigidos y el procedimiento que deba observarse para su efectiva aplicación.
num: Disposición adicional primera. Actuaciones de comprobación.
paragraphs: 1. El órgano directivo con competencias en materia de vivienda, a los exclusivos efectos del cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, podrá recabar de cualquier Administración pública y tratar datos de carácter personal, sin la previa autorización de persona afectada, en aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para determinar si una vivienda o grupo de viviendas se hallan desocupadas, así como para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la exigencia y depósito de las fianzas correspondientes a los contratos de arrendamiento.
2. El órgano directivo con competencias en materia de vivienda creará y mantendrá, con pleno respeto a las garantías y derechos establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal, los ficheros que resulten necesarios para el ejercicio de las funciones referidas en el apartado anterior, así como los que se precisen para su adecuada gestión.
num: Disposición adicional segunda. Inventario de bienes del parque público de viviendas de la Junta de Extremadura.
paragraphs: El Observatorio de la Vivienda de Extremadura realizará un inventario de bienes del parque público de viviendas de la Junta de Extremadura y deberá remitir copia actualizada, con carácter anual, a la Asamblea de Extremadura.
El inventario de bienes del parque público de vivienda de la Junta de Extremadura contendrá todas las viviendas de promoción pública, así como las que adquiera por cualquier título y cuya finalidad sea atender a las necesidades de vivienda de las personas que cumplan con los requisitos fijados reglamentariamente, por municipios, con indicación de la ocupación y estado de las viviendas.
num: Disposición adicional tercera. Exención de reintegro de ayudas en supuestos de dación en pago.
paragraphs: A los beneficiarios de ayudas autonómicas para la adquisición de viviendas protegidas no se les exigirá el reintegro de las ayudas recibidas cuando la vivienda protegida sea objeto de dación en pago al acreedor o a cualquier sociedad de su grupo o de transmisión mediante procedimiento de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial.
La previsión contenida en esta disposición adicional no implicará la modificación del régimen jurídico de calificación de la vivienda ni el resto de condiciones aplicables a ésta.
num: Disposición adicional cuarta. Deudas y cargas sobre la vivienda habitual.
paragraphs: La Junta de Extremadura, a través de la consejería que detente las competencias en vivienda, renunciará a los derechos de tanteo y retracto en las viviendas de protección oficial, expidiendo al solicitante un certificado que acredite que el inmueble se encuentra libre de dicha carga por el deudor para proceder a la dación en pago si el inmueble constituye su vivienda habitual.
num: Disposición adicional quinta. Tipo de gravamen reducido del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para las escrituras públicas que documenten reestructuraciones hipotecarias sobre vivienda habitual según lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas.
paragraphs: Se modifica el Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, introduciendo el nuevo artículo 43 bis, con la siguiente redacción:
num: Disposición adicional sexta. Medidas para el sobreendeudamiento con las comunidades de vecinos, administraciones públicas y organismos.
paragraphs: Los poderes públicos extremeños promoverán la suscripción de convenios extrajudiciales para la liquidación progresiva de la deuda de las comunidades de vecinos constituidas en aquellas promociones de viviendas de promoción pública en las que existan viviendas de propiedad pública, con el fin de alcanzar deuda cero.
num: Disposición transitoria primera. Aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de la presente ley.
paragraphs: Lo establecido en el artículo 2 de la presente ley será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de la presente ley en los que no se hubiera ejecutado lanzamiento o en aquellos otros en los que, a la entrada en vigor de la misma, se hubiese producido el lanzamiento permaneciendo la vivienda desocupada y no transmitida a tercera persona, salvo que ésta lo sea igualmente una entidad financiera o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
num: Disposición transitoria segunda. Colaboración entre la Junta de Extremadura y las administraciones locales. Tramitación ante las administraciones locales y plazo para los mecanismos de garantía del realojamiento adecuado. Colaboración entre la Junta de Extremadura y las administraciones locales en un Plan de Dinamización de Barrios.
paragraphs: La Junta de Extremadura y las administraciones locales establecerán mecanismos de coordinación en el intercambio de información sobre el estado del parque público de viviendas, así como los mecanismos de coordinación para abordar de manera efectiva las situaciones de riesgo habitacional, la declaración de hogar vulnerable, con el objetivo de dar cobertura a las necesidades de la población, así como a la rehabilitación de barrios y a la integración social en materia de vivienda.
num: Disposición transitoria tercera. Nueva regulación en materia de vivienda.
paragraphs: 1. Se elaborará una nueva Ley de Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley.
2. Asimismo, la Junta de Extremadura iniciará, en el plazo de cuatro meses, la modificación del Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
num: Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.
paragraphs: Se habilita a la Junta de Extremadura para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de la presente ley.
num: Disposición final segunda. Ayudas de la Junta de Extremadura.
paragraphs: La Junta de Extremadura desarrollará un nuevo Plan de Ayudas al Alquiler de Vivienda Libre, dotado con una cuantía destinada a tal efecto que será creciente y nunca inferior a los cinco millones de euros, adaptado a los estudios de exclusión social y pobreza, priorizando las circunstancias de los desahucios de su vivienda habitual con medidas para incentivar el mercado de alquiler con garantía entre particulares por parte de la Junta. Se reservará hasta un 15 % de estas para jóvenes con voluntad de emanciparse del hogar familiar y hasta un 10 % de las mismas para mujeres víctimas de violencia de género, asegurando que las adjudicatarias reciben las mismas con criterios de dispersión territorial a fin de minimizar el riesgo de encuentro fortuito con sus maltratadores.
num: Disposición final tercera. Canon de vivienda deshabitada.
paragraphs: 1. Al objeto de fomentar el cumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda, se establece un canon sobre la vivienda deshabitada. Su imposición, de carácter extrafiscal, a cargo de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura gravará las viviendas declaradas deshabitadas y los ingresos por este concepto dotarán el patrimonio municipal de suelo.
2. La imposición del canon recaerá sobre las personas jurídicas, así como sobre las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, y sean titulares del derecho de propiedad de la vivienda deshabitada, siempre que estén también en posesión del derecho de uso de la vivienda.
3. En caso de que el derecho real de goce o disfrute sobre las viviendas deshabitadas no corresponda al propietario, el canon recaerá sobre los titulares del citado derecho real.
4. El canon se liquidará anualmente y a partir de que la declaración de vivienda deshabitada constituya un acto definitivo en vía administrativa. El gravamen se fija en un importe de diez euros por cada metro cuadrado útil y año, que se incrementará un 10 % por año que permanezca en dicha situación, sin que pueda superar tres veces el importe inicial.
num: Disposición final cuarta. Garantías de habitabilidad.
paragraphs: La Junta de Extremadura garantizará que las viviendas de promoción pública y de protección oficial en su propiedad cumplan los requisitos óptimos de habitabilidad en términos análogos a los previstos en el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, entregándolas con contadores de suministros individuales y actualizados con respecto a deudas previas contraídas por habitantes anteriores.
num: Disposición final quinta. Bolsa de viviendas para el alquiler social.
paragraphs: La Junta de Extremadura creará una bolsa de viviendas destinadas al alquiler social y asequible, priorizando las circunstancias de los desahuciados de su vivienda habitual y personas y unidades en situación de riesgo de exclusión residencial, en los términos, garantías y prerrogativas previstas en la presente ley. Se reservará hasta un máximo de un 15 % de las viviendas de la citada bolsa para jóvenes con voluntad de emanciparse del hogar familiar y hasta un máximo de 10 % para mujeres víctimas de violencia de género, asegurando que las adjudicatarias reciben las mismas con criterios de dispersión territorial a fin de minimizar el riesgo de encuentro fortuito con sus maltratadores.
num: Disposición final sexta. Modificación de la Ley 7/2016 de 21 de junio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social.
paragraphs: Se introduce un artículo 17 bis a la Ley 7/2016, de 21 de junio, de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social.
num: Disposición final séptima. Comisión de Seguimiento de la Vivienda.
paragraphs: Se modificará el Decreto 157/2001, de 9 de octubre, por el que se regula la Comisión Regional de Vivienda, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, que recoja funciones de seguimiento de lo contenido en ella, así como la garantía de los preceptos que se determinen reglamentariamente.
num: Disposición final octava. Entrada en vigor.
paragraphs: La presente ley entrará en vigor transcurridos veinte días naturales contados a partir de su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, que sea de aplicación esta ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan cumplir.