Ley 7/1983, de 29 de junio, de expropiación por razones de utilidad pública e interés social de los Bancos y otras Sociedades que componen el Grupo «Rumasa, S. A.» (Real Decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero).
Source: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

num: Artículo primero
paragraphs: Con objeto de garantizar la estabilidad del sistema financiero y los intereses legítimos de depositantes, trabajadores y terceros, se declara la expropiación forzosa, por causa de utilidad pública e interés social, de la totalidad de las acciones o participaciones sociales representativas del capital de las sociedades relacionadas en el Anexo de esta Ley, sociedades integrantes todas ellas del Grupo Rumasa.
num: Artículo segundo
paragraphs: La Administración del Estado por medio de esta expropiación legislativa, adquiere desde luego el pleno dominio de las acciones o participaciones sociales expropiadas, tomando posesión inmediata de las sociedades a que corresponden las mismas a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Dicha toma de posesión comporta la asunción por el mencionado Centro Directivo de todas las facultades de los órganos sociales.
La Dirección General del Patrimonio del Estado podrá encomendar el ejercicio de las facultades propias de los respectivos órganos de administración al Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios o al Administrador o Administradores que al efecto designe.
Los Registradores Mercantiles inscribirán los correspondientes nombramientos, apoderamientos y demás actos inscribibles emanados de la Dirección General del Patrimonio del Estado, con la sola comunicación de ésta, inscribiendo de oficio el cese de los Administradores de las sociedades a las que se refiere esta Ley, cuyas facultades sean asumidas por la Dirección General del Patrimonio del Estado, con arreglo a este artículo. El Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios y los Administradores podrán, a su vez, conferir apoderamientos conforme a lo prevenido en la legislación civil y mercantil.
num: Artículo tercero
paragraphs: 1. Los titulares de las acciones o participaciones sociales expropiadas quedarán constituidos en una comunidad de socios>, por cada sociedad a la que aquéllas correspondan, con objeto de actuar colectivamente en el procedimiento expropiatorio y, en su caso, en los procedimientos judiciales que puedan tener lugar como consecuencia de la expropiación.
En todo caso, la representación de los intereses de los titulares de las acciones o participaciones sociales expropiadas de aquellas sociedades que, a su vez, sean titulares de acciones o participaciones sociales en el capital de otras sociedades incluidas en el Anexo de esta Ley, la ostentarán sus <Comunidades de Socios>.
2. Los órganos de la <Comunidad de Socios> son la Asamblea General y el Comité de Representantes.
3. El Administrador o Administradores de cada sociedad o, en su defecto, la Dirección General del Patrimonio del Estado, convocarán en el plazo de un mes desde la fecha de la expropiación y mediante anuncios publicados en el <Boletín Oficial del Estado> y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia correspondiente, al menos diez días antes de la fecha de su celebración la Asamblea General de las respectivas <Comunidades de Socios>.
4. Las posteriores convocatorias las realizará el Comité de Representantes mediante anuncios publicados con los mismos requisitos indicados en el número anterior.
5. La Asamblea General quedará constituida, en única convocatoria, cualquiera que sea el número de socios expropiados que acudan a la misma, adoptando los acuerdos por mayoría simple.
A cada socio afectado por la expropiación le corresponderán tantos votos como le hubieran correspondido en la Junta General de la respectiva sociedad.
6. Son competencias de la Asamblea General.
a) Nombramiento y revocación del Comité de Representantes, así como la determinación del número de éstos.
b) Aprobación, en su caso, del acuerdo propuesto por el Organismo expropiante, valoración contenida en la hoja de aprecio realizada por el Comité de Representantes, y, en su caso, la realizada por la Dirección General del Patrimonio del Estado, así como la de todos aquellos acuerdos que afecten a la valoración de las acciones o participaciones sociales, incluso la impugnación de ésta ante el Jurado Provincial de Expropiación de Madrid.
c) Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Comunidad y su Régimen Económico.
d) Aprobar la gestión del Comité de Representantes.
7. El Comité de Representantes estará compuesto por un número mínimo de cinco y un máximo de 11 miembros. En el supuesto de que el número de asistentes a la primera convocatoria fuera inferior a cinco, el Comité se entenderá constituido automáticamente por todos ellos.
8. La representación de la <Comunidad de Socios> afectados por la expropiación, en juicio y fuera de él, corresponde al Comité de Representantes.
Los socios que queden excluidos de la <Comunidad>, en virtud del escrito a que se refiere el párrafo anterior, serán considerados como interesados en el expediente expropiatorio y se entenderán individualmente con cada uno de ellos todas las diligencias y resoluciones de dicho expediente.
Los socios que no hubieran formulado su propósito de exclusión de la <Comunidad> en el tiempo y forma previstos en los apartados anteriores, se considerarán incluidos en aquélla, afectándoles todas las diligencias y resoluciones adoptadas en relación con la misma en vía administrativa.
10. En los supuestos de que no asistiese ningún socio o no fuese posible por cualquier causa la adopción de acuerdos en la Asamblea, se seguirán las diligencias con el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los socios que hubiesen ejercitado debidamente su derecho de exclusión.
num: Artículo cuarto
paragraphs: 1. En el plazo de un mes, contado desde la celebración de las respectivas Asambleas a que se refiere el artículo anterior, se abrirá la fase de justiprecio de las acciones o participaciones sociales objeto de la expropiación, que se seguirá en un expediente único para las acciones o participaciones sociales de cada una de las sociedades afectadas.
2. La <Comunidad de Socios> respectiva, los socios que hubieran hecho uso del derecho de exclusión y, en su caso, el Ministerio Fiscal, formalizarán hoja de aprecio dentro del plazo de seis meses, que al efecto les concederá la Dirección General del Patrimonio del Estado. La hoja de aprecio de cada <Comunidad> deberá ser sometida a la Asamblea General respectiva para su aprobación.
Los socios que hubiesen votado en contra del acuerdo mayoritario podrán dirigirse en plazo de siete días a la Dirección General del Patrimonio del Estado, a fin de que ésta les conceda un plazo de un mes para formular sus respectivas hojas de aprecio.
3. Dicho Centro Directivo habrá de aceptar o rechazar la valoración de los expropiados en el plazo de un mes. En el primer caso, se entenderá determinado definitivamente el justiprecio en el segundo, la Dirección General del Patrimonio del Estado extenderá hoja de aprecio en el plazo de cinco meses.
Los expropiados y la Administración podrán acompañar a las hojas de aprecio los dictámenes periciales, auditorías y justificaciones que se consideren oportunas.
4. El valor de las acciones o participaciones sociales expropiadas se estimarán atendiendo al resultado que arroje el balance de la respectiva sociedad, cerrado a la fecha de la expropiación.
Para la formación de dicho balance se depurarán las partidas de activo y de pasivo con criterios comerciales usuales, ajustando los valores contables al valor real, para cuyo calculo se tendrá en cuenta la situación de resultados de cada sociedad en los últimos tres años.
Cuando haya sociedades cuyas acciones o participaciones en todo o en parte, sean propiedad de otras sociedades incluidas en el Anexo de la presente Ley, el justiprecio de las acciones o participaciones de éstas se determinará de conformidad con el neto patrimonial que resulte de un balance realizado con técnicas de consolidación, que no podrán ser perjudicadas por la existencia de sociedades interpuestas.
5. Si a través de las hojas de aprecio o mediante mutuo acuerdo las partes no llegasen a resultados coincidentes en la estimación del justiprecio, fijará éste en vía administrativa el Jurado Provincial de Expropiación de Madrid, que deberá adoptar su resolución dentro del plazo de seis meses.
6. El importe del justiprecio será abonado por el Estado en el plazo de tres meses siguientes a la fecha del acuerdo de las partes o de la resolución del Jurado, devengando el interés básico del Banco de España desde el día en que tenga lugar la expropiación.
num: Artículo quinto
paragraphs: 1. El Gobierno podrá autorizar la enajenación de todas o parte de las acciones o participaciones en el capital de las sociedades a que se refiere esta Ley, aplicando en dicha enajenación criterios que respeten el interés social perseguido con la expropiación.
2. La enajenación se hará por concurso público, en la forma prevista por la legislación de Contratos del Estado, salvo que el Gobierno autorice la venta directa de las acciones. En este último caso, se dará cuenta a las Cortes Generales.
3. De acuerdo con los principios del capítulo II del título III de la Ley de Expropiación Forzosa, las participaciones expropiadas no estarán sujetas al derecho de reversión.
num: Artículo sexto
paragraphs: Quedarán exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de cualquier tributo de carácter local, las operaciones y actos necesarios para el saneamiento económico y financiero de las sociedades cuyas acciones o participaciones sociales se expropien y de las sociedades participadas al 100 por 100 por las primeras. Esta exención se mantendrá respecto de las sociedades inicialmente citadas, mientras sean propiedad del Estado y respecto de las sociedades participadas mientras la sociedad o sociedades matrices sigan siendo propiedad del Estado y mantengan la titularidad del 100 por 100 de los títulos representativos del capital de la sociedad participada.
Asimismo, quedarán exentas del Impuesto sobre la Renta de Sociedades las plusvalías que, en su caso, se pongan de manifiesto con motivo de la regularización de la situación patrimonial de las citadas entidades, exención sujeta también al mismo límite temporal y condiciones previstos en el apartado anterior.
num: Articulo séptimo
paragraphs: Por el Ministerio de Economía y Hacienda se adoptarán las medidas precisas para habilitar los créditos necesarios en orden a la ejecución de lo establecido en la presente Ley.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Se autoriza al Gobierno para dictar las Disposiciones reglamentarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en la presente Ley.
Segunda.- Los Directores, Gerentes, Consejeros Delegados o personas que efectivamente hubiesen ejercido la administración de las Sociedades a que se refiere esta Ley hasta el día de su entrada en vigor, podrán comparecer como interesados en cuantos procedimientos administrativos y judiciales, seguidos por dichas Sociedades e iniciados con anterioridad a tal fecha, puedan afectarles personalmente.
DISPOSICION TRANSITORIA
Las Asambleas Generales de las Comunidades de Accionistas, a que se refiere el artículo 4. del Real Decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero, convocadas por el Director general del Patrimonio del Estado, o por los respectivos Administradores oficiales, mediante edictos publicados en el <Boletín Oficial del Estado> y en la prensa y celebradas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán válidas y producirán los efectos previstos en el precepto citado.
DISPOSICION FINAL
A la entrada en vigor de la presente Ley, que se producirá el mismo día de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>, quedará derogado el Real Decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero.
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 29 de junio de 1983.- JUAN CARLOS R.- El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez.