Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.
Source: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

num: Artículo 1
paragraphs: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Uno. Se eliminan los apartados Cinco y Seis del artículo 16 y los apartados Uno y Cuatro del artículo 17 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, y se renumeran las restantes deducciones.
Dos. Se añade un nuevo apartado Siete al artículo 16 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, con el siguiente contenido:
Tres. Se añade un nuevo apartado Ocho al artículo 17 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, con el siguiente contenido:
num: Artículo 2
paragraphs: Liquidación y pago de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar.
Se modifica el artículo 31 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 3
paragraphs: Tasas.
Uno. Se incrementan los tipos de las tasas de cuantía fija vigentes en la Comunidad Autónoma de Galicia hasta el importe resultante de la aplicación del coeficiente del 1,01 a las cuantías exigibles a la entrada en vigor de esta ley, exceptuando las tarifas que experimenten alguna modificación en la cuantía en el apartado Dos de este artículo. Este coeficiente será de aplicación tanto a las cuantías, de carácter mínimo o máximo, como a las deducciones que se establecen en todo tipo de tarifas, tanto de tasas de cuantía fija como variable.
Se consideran tasas de cuantía fija cuando no están determinadas por un porcentaje sobre una base o esta no se valora en unidades monetarias.
Se exceptúan del incremento establecido anteriormente aquellas tasas que se recaudan mediante efectos timbrados.
Dos. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, en su redacción vigente:
1) Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 40, «Bonificaciones y exenciones», que queda redactada como sigue:
2) Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 40, «Bonificaciones y exenciones», que queda redactada como sigue:
3) Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 40, «Bonificaciones y exenciones», que queda redactada como sigue:
4) Se modifica la letra g) del apartado 2 del artículo 40, «Bonificaciones y exenciones», que queda redactada como sigue:
5) Se modifica el subapartado 02 del apartado 11 del anexo 1, que queda redactado como sigue:
6) Se modifica el subapartado 04 del apartado 11 del anexo 1, que queda redactada como sigue:
7) Se modifica el subapartado 05 del apartado 11 del anexo 1, que queda redactado como sigue:
8) Se añade un subapartado 09 al apartado 11 del anexo 1:
9) Se añade un subapartado 10 al apartado 11 del anexo 1:
10) Se añade un subapartado 08 al apartado 17 del anexo 1:
11) Se modifica el penúltimo apartado del apartado 19 del anexo 1, que queda redactado como sigue:
12) Se añade un apartado al subapartado 02 del apartado 20 del anexo 1:
13) Se modifica el subapartado 03 del apartado 20 del anexo 1, que queda redactado como sigue:
14) Se modifica el subapartado 04 del apartado 07 del anexo 2, que queda redactado como sigue:
15) Se modifica el subapartado 08 del apartado 07 del anexo 2, que queda redactado como sigue:
16) Se modifica el subapartado 09 del apartado 07 del anexo 2, que queda redactado como sigue:
17) Se añade un subapartado 08 al apartado 44 del anexo 2, con el contenido siguiente:
18) Se crea el apartado 52 en el anexo 2, con el contenido siguiente:
19) Se modifica el subapartado 06 del apartado 07 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
20) Se elimina el apartado 09 del anexo 3.
21) Se elimina el apartado 10 del anexo 3.
22) Se elimina el apartado 12 del anexo 3.
23) Se elimina el apartado 13 del anexo 3.
24) Se modifica el apartado 15 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
25) Se modifica el apartado 18 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
26) Se modifica el apartado 19 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
27) Se añade un subapartado 15 al apartado 29 del anexo 3:
28) Se modifica el subapartado 04 del apartado 36 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
29) Se modifica el subapartado 06 del apartado 37 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
30) Se modifica el subapartado 04 del apartado 52 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
31) Se elimina el subapartado 07 del apartado 52 del anexo 3.
32) Se elimina el subapartado 12 del apartado 52 del anexo 3.
33) Se añade un subapartado 20 al apartado 52 del anexo 3:
34) Se añade un subapartado 21 al apartado 52 del anexo 3:
35) Se modifica el apartado 59 del anexo 3, eliminando el subapartado 01, que queda redactado como sigue:
36) Se modifica el apartado 68 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
37) Se añade el subapartado 04 al apartado 77 del anexo 3:
38) Se crea el apartado 80 en el anexo 3, con el contenido siguiente:
39) Se modifica la letra a) de la regla quinta de la tarifa X4, contenida en el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
40) Se modifica la regla decimocuarta de la tarifa X4, contenida en el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
41) Se modifica la regla decimoquinta de la tarifa X5, contenida en el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
42) Se modifica la regla primera de la tarifa E2, recogida en el subapartado 02 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
43) Se modifica la regla quinta de la tarifa E2, contenida en el subapartado 02 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
44) Se modifica la regla sexta de la tarifa E2, recogida en el subapartado 2 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
45) Se modifica la regla séptima de la tarifa E2, contenida en el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
46) Se modifica la regla quinta de la tarifa E3, contenida en el subapartado 02 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
IE=1 + gravamen impuesto eléctrico (%)/100=1+5,113/100=1,05113
47) Se modifica la regla novena de la tarifa E4, contenida en el subapartado 02 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
48) Se modifica el subapartado 03 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
49) Se modifica la letra c) del subapartado 2 del apartado 02 del anexo 5, que queda redactada como sigue:
50) Se modifica el subapartado 02 del apartado 05 del anexo 5, que queda redactado como sigue:
– n=número de sujetos pasivos diferentes que emplean la misma canalización.
– Cd=coeficiente de densidad de población, calculado según la fórmula siguiente:
num: Artículo 4
paragraphs: Canon del agua
Se modifica el apartado 3 del artículo 59 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 5
paragraphs: Concurso.
Se modifica el apartado 2 del artículo 89 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 6
paragraphs: Comisión de servicios voluntaria.
Se modifica el apartado 2 del artículo 96 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 7
paragraphs: Movilidad interadministrativa.
Se añade un nuevo punto 4 bis al artículo 104 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 8
paragraphs: Definiciones.
Se modifica la letra c) de la disposición adicional primera de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, que queda redactada como sigue:
num: Artículo 9
paragraphs: Escalas y especialidades de los cuerpos de Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Uno. Se modifica, en el apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, la escala superior de seguridad y salud en el trabajo, que queda redactada como sigue:
Dos. Se modifica, en el apartado 3 de la disposición adicional octava de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, la escala de agentes de inspección, que queda redactada como sigue:
Tres. Se añade un apartado 3 bis en la disposición adicional octava de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 10
paragraphs: Escalas y especialidades de los cuerpos de Administración especial de la Comunidad Autónoma de Galicia
Uno. Se modifican, en el apartado 1 de la disposición adicional novena de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, la escala de arquitectos, la escala de ciencias y la escala de inspección urbanística, que quedan redactadas como sigue:
Dos. Se añade, en el apartado 3 de la disposición adicional novena de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, la escala de brigadistas, con el siguiente contenido:
Tres. Se añade un apartado 4 bis en la disposición adicional novena de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 11
paragraphs: Adscripción a ramas de conocimiento de las titulaciones a que se refiere la disposición adicional quinta a efectos de lo previsto en los apartados primero y segundo de las disposiciones adicionales octava y novena
Se modifica la disposición adicional décima de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, que queda redactada como sigue:
num: Artículo 12
paragraphs: Personal laboral temporal que desempeñe puestos de trabajo de personal funcionario
Se añade una disposición transitoria primera bis a la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 13
paragraphs: Puestos directivos en la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Se modifica el apartado 4 de la disposición transitoria tercera de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 14
paragraphs: Puestos ocupados por personal laboral afectados por la creación de escalas.
Se añade una disposición transitoria decimosexta en la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 15
paragraphs: Provisión de puestos de trabajo y movilidad.
Se modifica el artículo 7 de la Ley 1/2012, de 29 de febrero, de medidas temporales en determinadas materias de empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 16
paragraphs: Integración del personal laboral fijo de las entidades instrumentales como personal laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y aplicación del convenio colectivo único al personal laboral temporal.
Se modifica la disposición adicional decimoprimera de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, que queda redactada como sigue:
num: Artículo 17
paragraphs: Personal licenciado o diplomado de la escala de salud pública y administración sanitaria.
El personal funcionario de carrera licenciado o diplomado de la escala de salud pública y administración sanitaria podrá ocupar con carácter temporal, mediante comisión de servicios voluntaria, puestos de trabajo de una clase diferente a la que pertenezca, dentro de la referida escala, siempre que la titulación de acceso de su clase originaria sea la misma que la requerida para el acceso a la clase correspondiente al puesto de que se trate. En todo caso, se otorgará prioridad al personal funcionario que pertenezca a la misma clase del puesto que sea objeto de cobertura.
num: Artículo 18
paragraphs: Negociación con las organizaciones sindicales.
Cuando las decisiones de la Administración dictadas en aplicación de las potestades de organización reconocidas en el presente título produzcan consecuencias que tengan repercusión sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos recogidas en el artículo 153 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, procederá la negociación de estas condiciones con las organizaciones sindicales de acuerdo con lo dispuesto en la indicada ley.
num: Artículo 19
paragraphs: Concepto.
Se modifica el artículo 87 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 20
paragraphs: Funciones.
Se modifica el artículo 88 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 21
paragraphs: Situación de los fondos de la Comunidad Autónoma.
Se modifica el artículo 89 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 22
paragraphs: Situación de los fondos de las entidades públicas instrumentales.
Se modifica el artículo 90 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 23
paragraphs: Ingresos y medios de pago.
Se modifica el artículo 91 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 24
paragraphs: Prescripción de los depósitos y garantías en efectivo constituidos ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma.
Se añade un nuevo artículo 91 bis en el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, con el siguiente contenido:
num: Artículo 25
paragraphs: Flujos financieros.
Se modifica el artículo 92 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 26
paragraphs: Gestión presupuestaria.
Se modifica el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 2/2011, de 16 de junio, de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 27
paragraphs: Información administrativa del ciudadano.
Uno. Para dar cumplimiento al desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la Carpeta del ciudadano de la Administración general y de las entidades del sector público autonómico se configurará como el conjunto de información y documentos en formato electrónico relativos a las relaciones administrativas con las personas interesadas. Dicha carpeta estará disponible para la persona interesada en la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) y en los canales que se establezcan.
Dos. La Carpeta del ciudadano, con el objetivo de dar cumplimiento al derecho de información y orientación al interesado, tanto personas físicas como jurídicas, en los procedimientos administrativos, en los términos establecidos en la Ley 39/2015, ofrecerá, entre otros servicios, información personalizada a los ciudadanos y personas jurídicas del estado de tramitación de sus expedientes en la Administración general y en las entidades del sector público autonómico, de sus asientos registrales, de las transmisiones de datos entre administraciones relativas a sus expedientes o de sus datos y documentos recogidos por la Administración. Asimismo, permitirá la realización de distintos trámites administrativos, así como el acceso a los documentos de sus expedientes.
Tres. Los distintos órganos y entidades que integran la Administración general y el sector público autonómico garantizarán la permanente actualización de la información y contenidos de la Carpeta del ciudadano. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, quedan autorizadas las cesiones y comunicaciones de los datos de carácter personal necesarios para dar cumplimiento a dicho derecho del interesado.
Cuatro. Asimismo, estos órganos y entidades podrán acceder al contenido de la Carpeta del ciudadano con objeto de garantizar el derecho de los interesados de no aportar documentación que ya obre en poder de la Administración, así como para prestar servicios de asistencia al ciudadano en la relación con la Administración, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento para que sean consultados u obtenidos esos documentos.
De conformidad con la normativa básica estatal, se presumirá que la consulta u obtención de documentos que obren en poder de la Administración es autorizada por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o que la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
Cinco. De conformidad con la normativa en materia de protección de datos, los datos personales relativos a la Carpeta del ciudadano serán incluidos en un fichero cuya finalidad es la gestión de los servicios de la Carpeta del ciudadano.
Seis. Lo previsto en el presente artículo será de aplicación sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y de lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
num: Artículo 28
paragraphs: Sistema de notificaciones electrónicas de Galicia.
Uno. Las notificaciones de la Administración general y del sector público autonómico serán preferentemente electrónicas, de acuerdo con los términos de la legislación básica estatal, y se realizarán en la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en la dirección electrónica habilitada única que la Administración pública gallega pone a disposición de la ciudadanía a través del Sistema de notificaciones electrónicas de Galicia.
Dos. La dirección de referencia del Sistema de notificaciones electrónicas de Galicia es https://notifica.xunta.gal/. El acceso al sistema estará también disponible en el portal web institucional de la Xunta de Galicia (www.xunta.gal), y en la sede electrónica (https://sede.xunta.gal).
La gestión tecnológica del Sistema de notificaciones electrónicas corresponderá a la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, u órgano o entidad que asuma sus competencias. Corresponderá a cada órgano o entidad de la Administración general y del sector público autonómico su aplicación a la gestión de los distintos procedimientos administrativos de su ámbito de competencia.
Previa autorización del Consejo de la Xunta de Galicia, la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia podrá modificar las direcciones electrónicas de referencia del Sistema mediante la publicación en el Diario Oficial de Galicia de una resolución que establezca las nuevas direcciones.
Tres. El Sistema informará a los interesados de los requerimientos técnicos con los que deben contar para garantizar el adecuado acceso al sistema, siendo responsabilidad de los interesados contar con los medios adecuados para ello.
Cuatro. En los casos de no funcionamiento del Sistema por razones de imposibilidad técnica en el envío o puesta a disposición, derivada de caso fortuito, fuerza mayor u otras incidencias técnicas, las notificaciones que se tengan que realizar en la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en la dirección electrónica habilitada única, mientras no se restablezca el Sistema, podrán efectuarse, a juicio del órgano que tramite el procedimiento, y atendiendo al cumplimiento de los plazos de resolución y a las circunstancias concurrentes, por medios no electrónicos, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica, en cualquier lugar adecuado para tal fin, en papel o por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o por su representante, así como de la fecha, de la identidad y del contenido del acto notificado.
Cinco. A los efectos del acceso al contenido de las notificaciones por los interesados, el Sistema informará de las indisponibilidades del servicio planificadas, así como de las interrupciones no planificadas derivadas de incidencias técnicas del Sistema. El Sistema proveerá a los interesados que así lo soliciten del oportuno justificante electrónico de indisponibilidad que exprese los periodos de interrupción, a los efectos, en su caso, de su presentación por el interesado en el correspondiente procedimiento y de la justificación ante el órgano competente para su tramitación de la imposibilidad del cumplimiento de los plazos dentro de este y petición de su ampliación, si así procede.
Seis. En todo caso, de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal, con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
Siete. Los criterios de obligatoriedad de la notificación electrónica a través del Sistema de notificaciones electrónicas de Galicia previstos en esta ley serán de aplicación para los expedientes administrativos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
num: Artículo 29
paragraphs: Interesados que no están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración.
Uno. Los interesados que no estén obligados, de acuerdo con la normativa básica, a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán solicitar la creación de su dirección habilitada única a través del Sistema de notificaciones electrónicas de Galicia, mediante los modelos normalizados disponibles a estos efectos en el propio sistema, a los efectos de recibir a partir de ese momento las notificaciones a través de medios electrónicos en cualquier procedimiento administrativo tramitado por la Administración general y del sector público autonómico.
Dos. En particular, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando el interesado elija en el modelo normalizado de solicitud que la notificación en ese procedimiento se practique por medios electrónicos, la Administración creará su dirección habilitada única.
Tres. La creación de su dirección electrónica habilitada en los casos de los dos apartados anteriores implicará que las notificaciones que deban cursarse con el interesado se realizarán preferentemente por vía electrónica, de acuerdo con lo establecido en la normativa básica, sin perjuicio de su derecho a decidir y a comunicar en cualquier momento a la Administración pública, mediante los modelos normalizados disponibles en el sistema al efecto, que las notificaciones sucesivas se dejen de practicar por medios electrónicos. En particular, en los sucesivos procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación en cada una de ellas se practicará por el medio señalado al efecto por aquel en el modelo normalizado de solicitud.
Cuatro. A los efectos de lo dispuesto en la legislación básica, la Administración autonómica, en el momento en el que se tenga que practicar a un interesado de los previstos en este artículo una notificación en papel, pondrá también a disposición del interesado, a través de la sede electrónica, el contenido de la notificación para que pueda acceder a este de forma voluntaria, y podrá dar de alta de oficio la dirección electrónica habilitada del interesado en el caso de que no la tenga. La información relativa a este extremo podrá incluirse en la notificación en papel.
Cinco. Los modelos normalizados del Sistema de notificaciones electrónicas de Galicia a los que se refieren los apartados 1 y 3 de este artículo serán establecidos por la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, u órgano o entidad que asuma sus competencias, mediante su puesta a disposición en formato electrónico en el propio sistema, y serán de uso obligatorio para los interesados.
La aprobación de los modelos normalizados de solicitud en los concretos procedimientos iniciados a solicitud del interesado al que se refieren los apartados 2 y 3 corresponderá al órgano competente en cada procedimiento, previo cumplimiento de los trámites establecidos reglamentariamente para la habilitación de procedimientos electrónicos.
num: Artículo 30
paragraphs: Interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración.
Uno. En el caso de interesados que, de acuerdo con la normativa básica, estén obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración, deberán crear y mantener su dirección electrónica habilitada única a través del Sistema de notificaciones electrónicas de Galicia, para todos los procedimientos administrativos tramitados por la Administración general y el sector público autonómico. En todo caso, la Administración general podrá de oficio crear la indicada dirección, a los efectos de asegurar el cumplimiento por los indicados interesados de su obligación de relacionarse por medios electrónicos.
Dos. En particular, en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados previstos en este artículo, deberá optarse en todo caso en el modelo normalizado de solicitud por la notificación por medios electrónicos, sin que sea válida para ellos, ni produzca efectos en el procedimiento, una opción diferente.
Tres. En los procedimientos iniciados de oficio, en los casos en los que los interesados previstos en este artículo no tengan creada su dirección electrónica habilitada única, esta será creada de oficio por la Administración general, de acuerdo con lo indicado en el apartado Uno, y se practicarán en ella las correspondientes notificaciones. El órgano competente para la tramitación del procedimiento, a los efectos de facilitar la puesta a disposición de aquellos de los canales de acceso necesarios y de los sistemas y aplicaciones previstos en esta ley, podrá practicar una comunicación en papel en su domicilio, recordando al interesado su obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración, informándolo de la creación de oficio de la dirección electrónica habilitada única y de la forma de acceso al Sistema e indicando que tiene disponible en ella la notificación electrónica, así como las consecuencias legales del no acceso en el tiempo establecido en la legislación básica. Asimismo, cuando a la Administración general y del sector público autonómico le conste su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico, adicionalmente a la comunicación en papel la Administración podrá avisarlo en ellos del envío o puesta a disposición de la notificación.
num: Artículo 31
paragraphs: Obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración para determinados procedimientos.
Uno. De acuerdo con la legislación básica, reglamentariamente podrá establecerse la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración para determinados procedimientos y ciertos colectivos de personas físicas respecto de los cuales, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Dos. En particular, en los procedimientos para la concesión de ayudas y subvenciones, las correspondientes bases reguladoras podrán establecer la indicada obligación, siempre que se justifique en ellas la concurrencia de las circunstancias indicadas en el punto anterior, de acuerdo con la memoria que al efecto se incluya en el procedimiento seguido para su aprobación.
num: Artículo 32
paragraphs: Colaboración con otras administraciones públicas e interoperabilidad del Sistema de notificaciones electrónicas de Galicia.
Uno. El Sistema de notificaciones electrónicas de Galicia estará disponible para otras administraciones públicas, y, en especial, para las administraciones locales gallegas y entes públicos instrumentales dependientes de estas, en los términos que se acuerden con ellas, permitiendo la existencia de una dirección electrónica habilitada única. En particular, en los convenios de adhesión al sistema podrá preverse la existencia de una compensación económica para el órgano gestor del Sistema por los gastos que se deriven de la colaboración.
Dos. El Sistema de notificaciones electrónicas de Galicia preverá los mecanismos necesarios para la interoperabilidad de las notificaciones con otras administraciones o sistemas de notificaciones en uso en otras administraciones públicas del Estado.
num: Artículo 33
paragraphs: Adaptación y actualización de los modelos normalizados de tramitación.
Los modelos normalizados aplicables en la tramitación de procedimientos, para su utilización en papel o en formato electrónico, podrán ser modificados con objeto de mantenerlos adaptados y actualizados y, en particular, con objeto de adaptarlos a lo establecido en esta ley. A estos efectos será suficiente la publicación de los modelos adaptados o actualizados en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, donde estarán permanentemente accesibles para todas las personas interesadas, sin que sea necesaria su nueva publicación en el Diario Oficial de Galicia.
num: Artículo 34
paragraphs: Infracciones administrativas.
Uno. Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 53 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, con el siguiente contenido:
Dos. Se modifica la letra n) del artículo 116 de la Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia, que queda redactada como sigue:
num: Artículo 35
paragraphs: Plazos en el procedimiento sancionador en materia de transporte marítimo de personas en aguas interiores de Galicia.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento sancionador en materia de transporte marítimo de personas en aguas interiores de Galicia será de un año, a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento.
num: Artículo 36
paragraphs: Plazos para dictar y notificar las resoluciones de diversos procedimientos en materia de vivienda.
Se añade una disposición adicional decimonovena a la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 37
paragraphs: Plazos para dictar y notificar las resoluciones de diversos procedimientos en materia de sanidad.
Se añade un apartado 8 en el artículo 39 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 38
paragraphs: Disposiciones de adecuación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia sancionadora a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Uno. El plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos sancionadores de competencia de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de sus entidades públicas instrumentales será de seis meses, contados desde el dictado del acuerdo de inicio, salvo aquellos casos en los que la normativa legal o reglamentaria reguladora del procedimiento establezca un plazo específico diferente. Esta previsión será de aplicación a todos los procedimientos sancionadores iniciados a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Dos. En relación con los recursos interpuestos frente a resoluciones administrativas sancionadoras, presentados y no resueltos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, conforme a lo indicado en la normativa básica, y, en particular, a lo dispuesto en los artículos 26.2 y 30.3 de la citada Ley 40/2015, el plazo previsto para la prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso, aunque el plazo en cuestión hubiese finalizado con anterioridad a la entrada en vigor de las dos leyes mencionadas, y con independencia de lo previsto en la legislación sectorial para los procedimientos sancionadores de que se trate, cuando dicha legislación sea anterior a las citadas leyes de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de régimen jurídico del sector público.
Tres. En caso de tratarse de resoluciones administrativas sancionadoras y de restitución de la legalidad urbanística, el acto administrativo que resuelva el recurso interpuesto frente a dichas resoluciones y que disponga, en su caso, la prescripción de la sanción de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, deberá pronunciarse expresamente sobre el acto administrativo de restitución de la legalidad según la normativa aplicable y, en particular, teniendo en cuenta los plazos de prescripción indicados en ella para dicha restitución, sin que a estos plazos les sea aplicable lo previsto en este artículo para los plazos de prescripción de la sanción.
num: Artículo 39
paragraphs: Recursos interpuestos contra resoluciones de expedientes sancionadores y de reposición de la legalidad por infracciones reguladas en la normativa en materia de costas cometidas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimoterrestre pendientes de resolución a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Uno. En consonancia con la legislación básica estatal, en los recursos interpuestos contra resoluciones de expedientes sancionadores y de reposición de la legalidad por infracciones reguladas en la normativa en materia de costas cometidas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimoterrestre, el plazo previsto para la prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución del recurso, aunque el plazo en cuestión hubiese finalizado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Dos. En los supuestos señalados en el apartado anterior, en los recursos pendientes de resolución, el plazo de prescripción de quince años, en consonancia con lo dispuesto en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, que modifica el artículo 95 de la Ley estatal 22/1988, de 28 de julio, de costas, en cuanto a la reposición o restitución de la legalidad, comenzará a computarse desde que la Administración haya dictado el acto en el que se haya acordado la obligación de restitución.
Tres. La resolución administrativa que resuelva los recursos en los supuestos previstos en el presente artículo acordará de oficio la prescripción de la sanción impuesta, en su caso, y deberá pronunciarse expresamente sobre la prescripción de la obligación de restitución de la legalidad según lo indicado en el apartado anterior.
Cuatro. En las obras, edificios, construcciones o instalaciones afectados situados dentro de la servidumbre de protección indicada en el apartado anterior, y siempre que resulte compatible con la legislación básica estatal, solo se podrán realizar, previa solicitud de autorización del órgano autonómico competente en materia de zona de servidumbre de protección, obras imprescindibles para la conservación y el mantenimiento del uso preexistente, sin que puedan incrementar el valor expropiatorio. En la resolución que declare la prescripción se recogerá expresamente la sujeción al régimen específico establecido en este artículo.
num: Artículo 40
paragraphs: Aplicación de la normativa en materia de protección de los consumidores de la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias.
Se añade una nueva disposición adicional sexta a la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias, con el siguiente contenido:
num: Artículo 41
paragraphs: Silencio administrativo en determinados procedimientos en materia de personal.
En los procedimientos iniciados por solicitudes o reclamaciones en materia de personal, con contenido retributivo, planteados por los empleados públicos de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia que tengan repercusión en el capítulo I del presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma, el silencio administrativo producirá efectos desestimatorios.
num: Artículo 42
paragraphs: Responsabilidades de los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles públicas autonómicas o de los patronatos de las fundaciones públicas autonómicas o miembros de las entidades u órganos liquidadores de un ente del sector público autonómico.
Se añade una nueva disposición adicional decimoquinta a la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 43
paragraphs: Ordenación de las competencias de ejecución de la Comunidad Autónoma respecto del control metrológico de instrumentos en servicio.
Uno. Las actividades relacionadas con el control metrológico de instrumentos en servicio de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia serán ejercidas por la propia Administración autonómica o, en su caso, por los organismos autorizados de verificación metrológica que se designen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.5 de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología, y en el artículo 8, apartados 1 y 6, del Real decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla dicha ley.
Dos. La Administración autonómica podrá realizar dichas actividades:
a) Directamente, a través de los órganos de la Administración general con competencias en materia de industria o mediante las entidades instrumentales que tengan el carácter de medios propios instrumentales y servicios técnicos.
b) Indirectamente, mediante contrato, de conformidad con la legislación de contratos del sector público.
Tres. Como consecuencia de lo indicado en los apartados anteriores, continuará la ejecución del contrato, actualmente existente, de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, consistente en el control metrológico de diversos equipos de medida en la fase de instrumentos en servicio en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la actuación, en el territorio autonómico, de organismos autorizados de verificación metrológica que puedan designarse, de acuerdo con el régimen impuesto por la normativa estatal en materia de control metrológico.
Cuatro. En caso de que la efectiva realización, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, de actividades de verificación metrológica por organismos autorizados de verificación metrológica designados conforme al procedimiento previsto en la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología, y en el Real decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla dicha ley, suponga un desequilibrio económico acreditado del contrato al que se alude en el punto 3 de esta disposición, el concesionario podrá solicitar el restablecimiento del equilibrio económico. En este caso, comprobada por el órgano de contratación la existencia de un desequilibrio económico, este adoptará las medidas procedentes para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, conforme a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público. Dichas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas a abonar por las personas usuarias, en la reducción del plazo del contrato o, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato, de manera que este pueda seguir desarrollándose con el mismo equilibrio económico existente en el momento de su celebración.
Lo indicado anteriormente se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de modificar el contrato de acuerdo con los límites de la legislación de contratos del sector público, o de su resolución, si ni el reequilibrio económico ni la modificación contractual fuesen posibles.
Las anteriores medidas, limitadas al estricto marco contractual, se entenderán sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial, en su caso, por los daños derivados de la aplicación del nuevo marco normativo en materia de metrología, que será exigible, cuando se den los supuestos constitucionales y legales para su ejercicio, ante los órganos competentes.
num: Artículo 44
paragraphs: Autorización administrativa.
Se modifica la letra f) del artículo 6 de la Ley 14/1985, de 23 de octubre, reguladora de los juegos y apuestas de Galicia, que queda redactada como sigue:
num: Artículo 45
paragraphs: Suelo para viviendas protegidas.
Se añade un apartado 3 al artículo 72 de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 46
paragraphs: Catastro Minero de Galicia.
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, que queda redactado como sigue:
Dos. Se renumeran los actuales apartados 1 y 2 del artículo 14 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, como 2 y 3, y se añade un nuevo apartado 1, que queda redactado como sigue:
Tres. Se añade una nueva disposición adicional quinta a la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 47
paragraphs: Concepto de consumidor.
Se modifica el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 48
paragraphs: Consejo Gallego de Economía y Competitividad.
Uno. Se modifica el artículo 18 de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia, que queda redactado como sigue:
Dos. Se modifica el apartado 5 del artículo 32 de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 49
paragraphs: Concepto de monte o terreno forestal.
Uno. Se modifican la letra e) del apartado 2 y el apartado 3 del artículo 2 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, que quedan redactados como sigue:
num: Artículo 50
paragraphs: Del procedimiento de deslinde de montes vecinales con propiedades particulares.
Se modifica el párrafo primero del apartado 1 del artículo 54 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 51
paragraphs: Condiciones que deben cumplir las repoblaciones forestales.
Se modifica el artículo 67 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 52
paragraphs: De los instrumentos de ordenación o de gestión forestal: categorías.
Se añade la letra d) al apartado 2 del artículo 79 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, que queda redactada como sigue:
num: Artículo 53
paragraphs: Autorizaciones administrativas.
Se añade una nueva disposición adicional quinta a la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 54
paragraphs: Montes con consorcios o convenios con la Administración.
Se modifica la disposición transitoria novena de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, que queda redactada como sigue:
num: Artículo 55
paragraphs: Revisión de croquis de montes vecinales en mano común.
Se modifica la disposición transitoria decimotercera de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, que queda redactada como sigue:
num: Artículo 56
paragraphs: Aprovechamientos individuales en montes vecinales en mano común.
Se añade una nueva disposición transitoria decimoquinta a la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 57
paragraphs: Evaluación del cumplimiento de los objetivos generales
Uno. Se elimina el apartado 3 del artículo 7 de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia.
Dos. Se modifican los apartados 4, 5 y 6 del artículo 7 de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, que quedan redactados como sigue:
num: Artículo 58
paragraphs: Régimen en precario de las fincas de la masa común.
Se añade un nuevo artículo 33 bis a la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 59
paragraphs: Masa común.
Se modifican los apartados 6 y 7 del artículo 34 de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, que quedan redactados como sigue:
num: Artículo 60
paragraphs: Tramitación de la documentación.
Se modifica el apartado 3 del artículo 41 de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 61
paragraphs: Distancias de explotaciones ganaderas porcinas a cascos urbanos.
Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 62
paragraphs: Coordinación catastral.
Se añade una disposición transitoria sexta a la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 63
paragraphs: Contratación pública de innovación.
Se modifica el artículo 28 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 64
paragraphs: Proyectos de I+D liderados por el sector público autonómico.
Se añade un nuevo capítulo a la Ley 5/2013, de 30 de mayo, de fomento de la investigación y de la innovación de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 65
paragraphs: Ampliación del plazo de las concesiones portuarias otorgadas por la Comunidad Autónoma de Galicia con anterioridad a la entrada en vigor del Real decreto ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Se añade una nueva disposición transitoria sexta a la Ley 5/1994, de 29 de noviembre, de creación del ente público Puertos de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 66
paragraphs: Duración de las concesiones.
Uno. Se modifica el artículo 53 de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia, que queda redactado como sigue:
Dos. Se modifica el artículo 61 de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 67
paragraphs: Concesiones experimentales.
Uno. Se modifica el primer párrafo del artículo 56 de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia, que queda redactado como sigue:
Dos. Se modifica el primer párrafo del artículo 65 de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 68
paragraphs: Prórroga extraordinaria de los títulos habilitantes para el ejercicio de la acuicultura.
Se añade una disposición adicional decimocuarta en la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia, con el siguiente contenido:
num: Artículo 69
paragraphs: Régimen de cofinanciación en los servicios prestados por el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar o ente que lo sustituya en colaboración con los ayuntamientos y mancomunidades.
Uno. El sistema de cofinanciación de los servicios que se presten en las escuelas infantiles y en los centros de día gestionados por el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar o entidad que se subrogue en sus derechos y obligaciones establecidos en los instrumentos de colaboración con los ayuntamientos y mancomunidades con fundamento en las competencias que sobre esta materia tienen atribuidas por la normativa vigente las entidades locales se regirá por lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios que se prestan a través del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, en colaboración con los ayuntamientos y mancomunidades, y de homogeneizar sus condiciones en garantía de la seguridad jurídica. Todo en consonancia con el acuerdo marco firmado por la Consejería de Política Social con la Federación Gallega de Municipios y Provincias.
Dos. Las cantidades que corresponda abonar a las entidades locales derivadas del régimen de cofinanciación previsto en este artículo tendrán la consideración de deudas firmes, líquidas y exigibles, y podrán ser objeto de compensación con la participación de aquellas en el Fondo de Cooperación Local, de acuerdo con lo dispuesto en su regulación.
Cuando el obligado al pago sea una mancomunidad de municipios, los ayuntamientos integrantes serán responsables solidarios, en la parte que corresponda según su porcentaje de participación en la correspondiente mancomunidad, de las deudas generadas al Consorcio o ente que lo sustituya por el no pago de las deudas.
Tres. Para establecer la participación de los ayuntamientos y mancomunidades en la cofinanciación de las escuelas infantiles y de los centros de día se aplicará lo dispuesto en el anexo I de esta ley, cuyas condiciones serán aplicables con efectos de 1 de enero de 2017.
Cuatro. El Consorcio o ente que lo sustituya expedirá semestralmente las liquidaciones derivadas del régimen de cofinanciación correspondientes a las entidades locales, en las que se indique el número de usuarios y las cantidades aplicables de acuerdo con lo establecido en el anexo I de esta ley. Las entidades locales deberán abonarlas en el plazo de tres meses. En los casos de discrepancia en la cuantía, si no se alcanza acuerdo en la comisión de seguimiento establecida en los convenios formalizados en su día, el Consorcio o ente que lo sustituya dictará resolución motivada y fijará la cuantía, sin perjuicio de que la entidad local pueda recurrir en la vía jurisdiccional contenciosoadministrativa.
Cinco. El régimen de cofinanciación previsto en esta disposición y en el anexo I será aplicable a los convenios ya suscritos por las entidades locales y el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar y, asimismo, será aplicable a las entidades locales que no tengan convenio firmado pero respecto de las cuales el Consorcio haya asumido o asuma la gestión de los centros ubicados en el territorio de dichos ayuntamientos. En ambos casos será aplicable una vez que transcurra el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta norma, salvo que dentro de ese plazo las entidades locales remitan el acuerdo adoptado por el órgano competente de la entidad local en el que se opte por el mantenimiento del régimen jurídico y de cofinanciación que se derive del convenio en su día formalizado. En este último caso, el Consorcio procederá a la exigencia, por las vías legales procedentes, de las cantidades íntegras pendientes de pago según el régimen que se derive del correspondiente convenio, sin perjuicio de su derecho a resolver el convenio por incumplimiento.
Seis. Las entidades locales que se acojan al régimen de cofinanciación establecido en el presente artículo para la gestión de las escuelas infantiles y de los centros de día a través del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar o ente que lo sustituya podrán acogerse a una nueva liquidación de las cantidades pendientes de pago, de acuerdo con los nuevos criterios económicos fijados en esta ley, aplicados con carácter retroactivo a los años anteriores.
Siete. A los efectos anteriores, el Consorcio o ente que lo sustituya revisará en el plazo de un año desde la aprobación de esta ley todas las liquidaciones practicadas correspondientes a los años anteriores y que fueron remitidas a los ayuntamientos.
Ocho. A las entidades locales que opten por esta fórmula, una vez aprobadas las nuevas liquidaciones, se les aplicará una bonificación equivalente a la mitad de la cantidad resultante. Con el pago de la citada cantidad se darán por cumplidas las obligaciones pendientes con el Consorcio.
Se establecerá un plazo de fraccionamiento para el pago de esas nuevas liquidaciones de cinco años, a solicitud del ayuntamiento, que podría ampliarse en aquellos supuestos excepcionales en que la situación económica del ayuntamiento lo requiera por estar inmerso en un plan de ajuste. En todo caso, a aquellos ayuntamientos que ya abonaron total o parcialmente las liquidaciones de años anteriores se les compensarán en las liquidaciones futuras los saldos que resulten de aplicación de acuerdo con esas revisiones.
num: Artículo 70
paragraphs: Historia social única electrónica.
Se modifica el artículo 16 de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Artículo 71
paragraphs: Objeto y alcance.
Uno. El presente título establece la ordenación del sistema de transporte público regular de viajeros de Galicia y complementa la regulación del Plan de transporte público de Galicia realizada por la Ley 10/2016, de 19 de julio, de medidas urgentes para la actualización del sistema de transporte público de Galicia.
En esta materia, las disposiciones de la presente ley resultarán de aplicación a los servicios de transporte público de viajeros que se desarrollen íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma. Se entenderá que el transporte transcurre íntegramente en Galicia cuando en este ámbito territorial desarrolle la totalidad de sus relaciones de tráfico.
Dos. Se incorpora como anexo II de esta ley la relación de definiciones y la clasificación de los tipos y modalidades de transporte.
num: Artículo 72
paragraphs: Competencias y organización administrativa en el ámbito del transporte por carretera
Uno. Las administraciones públicas de Galicia con competencia y responsabilidad en la planificación, ordenación, adjudicación y gestión de los servicios de transporte público regular regulados en esta ley son:
a) La Administración general de la Xunta de Galicia, que ejercerá con plenitud y de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico las competencias que estatutariamente corresponden a la Comunidad Autónoma de Galicia y, en concreto, las de impulso y aprobación del Plan de transporte público de Galicia y la de coordinación del sistema integrado de transporte público en el territorio de la Comunidad Autónoma. En este ámbito, la Xunta de Galicia ejercerá las competencias de planificación, ordenación, coordinación, control, inspección y sanción de los servicios de transporte público de ámbito autonómico.
b) Los ayuntamientos, que, en relación con los tráficos de sus respectivos ámbitos territoriales, poseen competencias de planificación, ordenación, coordinación, control, inspección y sanción de los servicios de transporte público de personas de ámbito local.
c) Las áreas metropolitanas, que poseerán las competencias atribuidas en sus respectivas leyes de creación.
Dos. El ejercicio de las respectivas competencias en materia de transporte público por parte de las diferentes administraciones públicas se fundamentará en los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, y en los de cooperación, colaboración y coordinación, y procurará la máxima racionalización, eficacia en el cumplimiento de los objetivos marcados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y de los medios de transporte.
Tres. En el ámbito de la Xunta de Galicia, corresponde a la consejería con competencia en materia de transporte público velar por el correcto funcionamiento de los transportes a que se refiere la presente ley, y ejercer las funciones de planificación, ordenación, coordinación, control, inspección y sanción, en su caso, de los servicios públicos de personas de los que es titular, cualquiera que sea el modo en el que se gestionen.
Para el ejercicio de estas funciones, la consejería con competencia en materia de transporte público asumirá las funciones de órgano de contratación del conjunto de servicios de transporte público regular contratados por la Xunta de Galicia, de conformidad con la programación y con las excepciones que, en su caso, acuerde el Consejo de la Xunta de Galicia o establezca el Plan de transporte público de Galicia. En tanto no se produzca dicha asunción plena de esta función y respecto, en todo caso, de los supuestos que el Consejo de la Xunta de Galicia acuerde excepcionar, los respectivos departamentos mantendrán las funciones de órgano de contratación de los servicios que se refieran a sus ámbitos de actuación, con el conjunto de facultades propias de este.
num: Artículo 73
paragraphs: Establecimiento de servicios.
Uno. La prestación de los servicios regulares permanentes de transporte de personas de uso general o mixtos será precedida de la correspondiente resolución administrativa sobre el establecimiento o creación de dichos servicios y de aprobación del correspondiente proyecto para su prestación. En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma corresponde a la consejería competente en materia de transportes la adopción de esta resolución.
Dos. Dicho establecimiento o creación serán acordados por la Administración, por iniciativa propia o de persona interesada.
Mediante la aprobación del Plan de transporte público de Galicia se considerará adoptado el acuerdo de establecimiento y creación de los servicios que prevea dicho plan, sin perjuicio de la aprobación de los proyectos de explotación por parte de la Administración, de acuerdo con lo que en esta ley se establece.
También se considerará justificado el acuerdo de establecimiento o creación en los servicios que, incluso antes de la aprobación del Plan de transporte público de Galicia, se planifiquen con el objetivo de garantizar la continuidad en la explotación de tráficos en los que concurran las circunstancias que prevé el artículo 5.5 del Reglamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los reglamentos (CEE) 1191/69 y (CEE) 1107/70 del Consejo, y cuya explotación se prevea con las limitaciones temporales que establece el referido precepto. Esta norma resultará de aplicación aun cuando el nuevo servicio suponga una reordenación en profundidad de los servicios abandonados o en riesgo de abandono, incluso con la introducción, supresión o modificación sustancial de los tráficos que en ellos se preveían, o con la inclusión de nuevas modalidades de prestación de los servicios, como servicios bajo demanda o servicios integrados.
Igualmente, la Administración podrá acordar el establecimiento de otros servicios, no previstos expresamente en el Plan de transporte público de Galicia, que resulten coherentes con su planificación general y que se proponga implantar con una duración temporalmente limitada, bien para la satisfacción de demandas puntuales de transporte, bien para la convalidación de soluciones de movilidad innovadoras, o para la experimentación, limitada en el tiempo o en el territorio, de alternativas no previstas inicialmente en la planificación de transporte.
num: Artículo 74
paragraphs: Prestación de servicios regulares permanentes de transporte de personas de uso general.
Uno. Los transporte públicos regulares de personas de uso general tienen el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración, y pueden ser utilizados, sin discriminación, por cualquier persona que lo desee en las condiciones que establece esta ley y demás normativa de aplicación.
Dos. Como regla general, la prestación de los mencionados servicios será llevada a cabo por la empresa a la que la Administración le adjudique el correspondiente contrato de gestión del servicio público de transporte, bajo el principio de riesgo y ventura en su explotación.
No obstante, la Administración podrá optar por la gestión directa de los servicios de transporte público, a través de sus propios medios o de organismos y entes instrumentales dependientes, cuando considere esta modalidad como la más acomodada al interés general en función de su naturaleza y características, especialmente en los casos de ausencia de licitadores interesados en la prestación de los servicios, de interrupción o de riesgo inminente de tal situación
Tres. El contrato de gestión de cada servicio determinará su plazo de duración atendiendo a sus características y a los plazos de amortización de los activos aportados por el adjudicatario que resulten necesarios para su prestación y que sean utilizados con exclusividad o de manera predominante en esta. En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de la Unión Europea reguladora de la materia, la duración de los contratos no podrá ser superior a diez años.
No obstante, cuando resulte necesario atendiendo a las condiciones de amortización de los indicados activos, la duración del contrato podrá prolongarse durante un periodo no superior a la mitad del periodo originalmente establecido.
Los contratistas de servicios de transporte público tienen, en todo caso, la obligación contractual de continuar en la explotación del servicio hasta que culmine el procedimiento de adjudicación que se establezca para darle continuidad al servicio público, con el límite temporal, en cuanto a su obligatoriedad, de doce meses, a contar desde la fecha del vencimiento del contrato o, en su caso, de aquella en la que se haga efectiva la ejecución de la resolución que le haya puesto fin. La continuidad en la explotación indicada en este apartado se realizará en las mismas condiciones económicas, contractuales y jurídicas que resulten de aplicación al contrato en ese momento, y se producirá en los términos previstos en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, y en su normativa de desarrollo, así como en los casos que la misma establece, y en la Ley 10/2016, de 19 de julio.
Cuatro. Los servicios de transporte público regular de personas de uso general o mixtos los adjudicará la Administración con el carácter de exclusivos, de conformidad con lo dispuesto en la normativa comunitaria y en la normativa estatal básica, en los términos que prevea el Plan de transporte público de Galicia y los correspondientes proyectos de explotación y pliegos de licitación, los cuales podrán definir supuestos o ámbitos territoriales en los que la exclusividad de los tráficos sea compartida entre dos o más servicios públicos, fijando las condiciones de coordinación entre ellos.
Cinco. Sin perjuicio de la posibilidad de promover o participar en cualquier momento en actuaciones interadministrativas de colaboración para la mejora y el fomento del sistema de transporte público, el ejercicio pleno de la competencia sobre transporte público y el establecimiento de nuevos servicios locales, por parte de los ayuntamientos y demás entidades locales que en el momento de la entrada en vigor de esta ley no dispongan de servicios de transporte público colectivo de su competencia, requerirán de la comunicación previa al órgano competente sobre los servicios autonómicos con, al menos, doce meses de antelación al vencimiento del plazo legalmente establecido para la aprobación del Plan de transporte público de Galicia, o, una vez aprobado este, con la misma antelación con respecto a las fechas que se prevean para la aprobación de sus revisiones.
La misma regla indicada en el párrafo anterior resultará de aplicación en relación con los tráficos que asuman efectivamente las áreas metropolitanas con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
Cuando, en los términos de los párrafos anteriores, una administración local comunique a la Administración autonómica su intención de establecer un servicio de transporte de ámbito local, esta excluirá de los proyectos de licitación que elabore las relaciones de tráfico de ese ámbito territorial. No obstante, el órgano autonómico competente para la aprobación del indicado proyecto de explotación podrá acordar la explotación coordinada de determinados tráficos cuando esta suponga una mejora en la oferta para las personas usuarias por la coincidencia de los itinerarios o del tráfico de los diferentes servicios o cuando dicha exclusión pueda poner en riesgo la sostenibilidad del propio servicio autonómico.
En estos supuestos, el órgano autonómico competente en materia de transporte, oída la entidad local correspondiente, establecerá los criterios de coordinación de tarifas, horarios y calendarios de las expediciones correspondientes a servicios autonómicos y locales que atiendan conjuntamente dichas relaciones de tráfico. Igualmente, las administraciones competentes podrán conveniar la explotación indistinta de estos servicios, de manera que los servicios local y autonómico atiendan, total o parcialmente, el conjunto de sus respectivos tráficos.
num: Artículo 75
paragraphs: Contratos de gestión de servicios públicos de transporte de personas.
Uno. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte de personas serán definidos por los correspondientes proyectos de explotación de los servicios, que, en los supuestos de adjudicación mediante un procedimiento abierto, servirán de base de los pliegos de condiciones que se regulan en este mismo artículo.
Los proyectos de explotación serán elaborados directamente por la Administración o por un particular. En el supuesto de elaboración por un particular, este deberá presentar un anteproyecto completo al órgano de la Administración que resulte competente para su aprobación, el cual discrecionalmente podrá tomarlo en consideración y proceder a su tramitación, ponderando a tal fin su integración con el sistema de transporte público o con los trabajos de planificación en desarrollo o programados. En cualquier caso, la Administración podrá requerir del promotor que el anteproyecto sea enmendado o se complete con la información adicional que estime conveniente para la adecuada definición del servicio. La Administración adoptará el correspondiente acuerdo en el plazo de tres meses, a contar desde la presentación completa del anteproyecto del servicio, tras el cual, de no haberse adoptado acuerdo por parte de la Administración, el interesado podrá entender que este es desfavorable a la toma en consideración del servicio.
Los proyectos de explotación se someterán a información pública durante un plazo de diez días, en el cual el proyecto estará disponible para cualquier interesado en la página web de la correspondiente administración de transportes. De forma simultánea, se dará audiencia durante el mismo plazo a los ayuntamientos en los cuales, en el proyecto del servicio, se establezcan puntos o localidades de parada.
Analizadas las alegaciones recibidas, la Administración de transportes competente acordará la aprobación del correspondiente proyecto de servicio, en su caso.
En el ámbito de la Xunta de Galicia, los proyectos de servicios públicos de transporte de personas que deban ser sometidos a un procedimiento de licitación abierto corresponderán a la consejería competente en materia de transportes.
Dos. Los pliegos de condiciones que regirán el contrato tomarán como base el proyecto de explotación aprobado por la Administración, y fijarán las condiciones de prestación del servicio.
Los pliegos regularán las condiciones de prestación de los servicios incorporando, en todo caso, las siguientes:
a) Los tráficos que definen el servicio, así como su itinerario, expediciones, calendarios y horarios o franjas horarias de servicio, cuando resulten pertinentes, y el plazo de duración del contrato.
b) Las condiciones mínimas de solvencia técnica, profesional y económica que, en su caso, deberá cumplir el contratista, con la finalidad de que resulte garantizada la adecuada prestación del servicio de que se trate de manera continuada.
c) Los medios materiales de los que deberá disponer el contratista para la prestación del servicio, y sus características, tales como vehículos o medios y sistemas tecnológicos precisos para la explotación del servicio y la obtención de información del mismo por parte de la Administración
d) El régimen económico que resulte de aplicación al contrato, incluyendo, de ser posible, las tarifas de usuario que se prevea aplicar y las tarifas de equilibrio del contrato, y otras compensaciones por la prestación del servicio que resulten de aplicación, indicando los parámetros sobre cuya base deberán ser calculados.
e) El compromiso del contratista de someterse al arbitraje de la Junta Arbitral de Transportes de Galicia en relación con cualquier controversia con las personas usuarias relacionadas con la prestación del servicio, o con los titulares de infraestructuras de transporte que deba utilizar el servicio en relación con los cánones, tarifas o precios que deba abonar por dicha utilización.
f) El régimen de penalidades que, en su caso, resulte de aplicación por una deficitaria prestación del servicio o por incumplimientos contractuales, y las condiciones en las que el contratista estará obligado a indemnizar a las personas usuarias por los daños que se les deriven de los incumplimientos contractuales.
num: Artículo 76
paragraphs: Adjudicación de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte de personas.
Uno. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de personas de uso general se adjudicarán, con carácter general, mediante un procedimiento abierto en el que todo empresario que cumpla con los requerimientos de solvencia que fijen los correspondientes pliegos podrá presentar una proposición. En cualquier caso, deberán desestimarse las ofertas que establezcan condiciones desproporcionadas o anormales, técnicamente inadecuadas, o que no garanticen debidamente la continuidad del servicio o su prestación en las condiciones precisas, en los términos que definan los pliegos de licitación.
Dos. No obstante lo indicado en el punto anterior, la Administración podrá optar por la adjudicación directa en los supuestos y en los términos establecidos por la normativa comunitaria y por la legislación estatal de carácter básico. Igualmente, en el caso de interrupción de los servicios o de riesgo inminente de tal situación, además del procedimiento de adjudicación directa que prevé la normativa comunitaria, la Administración podrá optar por establecer exigencias de prestación de determinadas obligaciones de servicio público por parte de otros contratistas, que verán modificados de esta manera sus contratos, con la garantía en todo caso del mantenimiento de su correspondiente equilibrio económico.
Tres. El adjudicatario del servicio deberá disponer de autorización que lo habilite para la realización de la actividad de transporte público en el ámbito territorial en el que se preste, en los términos que establece la normativa comunitaria y nacional en la materia, y podrá subcontratar parcialmente su prestación en los términos que establezca el correspondiente proyecto de explotación del servicio.
En el caso de uniones temporales de empresas, deberán disponer de la autorización habilitante indicada en el apartado anterior la totalidad de las empresas que, formando parte de la unión temporal, sean las que efectivamente oferten y presten los servicios de transporte.
num: Artículo 77
paragraphs: Procedimiento de adjudicación directa.
Uno. En los supuestos en que resulte de aplicación el procedimiento de adjudicación directa, bastará con que el proyecto de explotación del servicio identifique los tráficos que se van a atender, los itinerarios, en su caso, el calendario de prestación, las frecuencias, el régimen económico aplicable y el plazo de vigencia.
Dos. Los anteproyectos de explotación de servicios de transporte objeto de adjudicación directa se someterán a información pública durante un plazo de diez días naturales.
Durante este plazo, las empresas y demás interesados en general podrán formular las alegaciones que consideren en relación con el contenido del anteproyecto. Igualmente, las empresas con capacidad para su prestación podrán proponerse para ser invitadas para la presentación de oferta.
Tras analizar las alegaciones presentadas, la Administración aprobará el proyecto de explotación del servicio y, dejando constancia en el expediente de forma sucinta de las razones que justifican la elección, remitirá invitación para presentar oferta a un mínimo de tres empresas de entre las que hubiesen comunicado su interés en ser invitadas, siempre que resulte posible, señalándoles un plazo no inferior a cinco días naturales para la presentación de la correspondiente oferta y facilitándoles el acceso al indicado proyecto de explotación.
La Administración analizará las ofertas que formulen las empresas invitadas, y podrá acordar la celebración de un proceso de negociación con las correspondientes empresas, tras lo cual adjudicará el contrato a la empresa que presente la oferta que resulte más ventajosa de conformidad con las condiciones y criterios fijados en el proyecto de explotación y en la propia invitación, y formalizará con aquella el correspondiente contrato de gestión del servicio de transporte público regular.
Tres. En todo caso, cuando los procedimientos previstos en el apartado anterior queden desiertos por carecer de empresas interesadas en ser invitadas, o la Administración aprecie discrecionalmente que concurren circunstancias que no aconsejan promover la concurrencia prevista en los apartados anteriores sin un grave riesgo de interrupción del servicio público de transporte, o cuando tras remitir las invitaciones que en ellos se indican ninguna empresa formule una oferta de conformidad con los requerimientos exigidos por la Administración, la Administración podrá disponer la adjudicación directa del servicio a la empresa que a tal fin seleccione, con la cual formalizará directamente un contrato de gestión del servicio público de transporte.
Cuatro. En el caso de procedimientos de adjudicación directa de contratos de gestión de servicios de transporte público regular de personas por carretera que tramite la Administración general de la Xunta de Galicia, corresponderá a la dirección general competente en materia de transporte público la competencia para acordar la aplicación de esta modalidad de adjudicación, la aprobación del correspondiente proyecto de explotación y la adjudicación del contrato.
num: Artículo 78
paragraphs: Integración de servicios de transporte.
Uno. Con la finalidad de conseguir una prestación racional y eficiente de los servicios de transporte, además de las fórmulas de colaboración, cooperación y coordinación de servicios de la competencia de diferentes administraciones públicas reguladas en esta ley y demás normativa sectorial de aplicación, se promoverá la integración de servicios dirigidos a la atención de diferentes colectivos de personas usuarias, preferentemente contratados por una misma administración.
Dos. Con carácter general, cualquier administración pública gallega podrá reservar plazas en los servicios de transporte público regular de uso general a favor de los estudiantes, trabajadores o colectivos análogos, en expediciones que tengan tráficos en el ámbito territorial de competencia de la respectiva administración, para atender las necesidades de movilidad de esas personas usuarias.
En estos supuestos, la administración que reserve las plazas deberá abonar por la prestación del servicio la tarifa de equilibrio contractual que esté establecida en el correspondiente contrato de gestión.
num: Artículo 79
paragraphs: Racionalización e integración de servicios de transporte contratados por la Xunta de Galicia.
Uno. En el marco de los acuerdos para la integración de los servicios y de su programación que adopte el Consejo de la Xunta de Galicia directamente o mediante la aprobación del Plan de transporte público de Galicia, se promoverá una utilización racional de la oferta de servicios de transporte público que contrata la Xunta de Galicia.
Al efecto, se promoverá la utilización de la red de transporte público regular de uso general por parte de los colectivos de personas usuarias a los que la Xunta de Galicia ofrezca la prestación del servicio de transporte público, tales como estudiantes o personas usuarias del Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal. En todo caso, se mantendrá la prestación diferenciada de los servicios para el conjunto de personas usuarias que, por sus condiciones específicas, no puedan hacer uso de los servicios de transporte público regular de uso general.
Dos. El Plan de transporte público de Galicia y los proyectos que la Administración defina con antelación a su aprobación, o establezca con carácter experimental, garantizarán la máxima cobertura territorial con la finalidad de que la red de transporte público regular de uso general presente una oferta real alternativa a las distintas redes dedicadas que actualmente mantiene la Xunta de Galicia.
Igualmente, en esta planificación se garantizará la atención prioritaria de los colectivos de menores y demás personas usuarias de las redes de transporte público regular de uso especial, de manera que la oferta alternativa propuesta mantenga, al menos, los mismos niveles de calidad y prestación de servicio de los que disponían previamente. Los servicios integrados deberán cumplir íntegramente la normativa sobre condiciones de seguridad en el transporte de escolares y menores que les resulte de aplicación.
En los supuestos en que la Administración de la Xunta de Galicia ofrezca la prestación de las relaciones de movilidad a través de servicios integrados previstos en la red de transporte público regular de uso general, estos medios darán satisfacción al derecho al correspondiente servicio público de transporte, sin que por parte de la Administración autonómica se establezcan servicios diferenciados, procediendo, en su caso, a la suspensión de los servicios dedicados que carezcan de personas usuarias.
En tanto no se produzca la integración en un único órgano de contratación de la competencia sobre la prestación del servicio de transporte regular de uso general y la gestión de los servicios de transporte dedicados, complementarios de otros ámbitos de actuación de la Administración, la administración competente sobre estos últimos abonará directamente a la empresa contratista el importe correspondiente a la tarifa de equilibrio contractual que en cada caso corresponda.
Tres. De forma simultánea a la integración de servicios en la red de transporte público regular de uso general, en el marco de los acuerdos de integración y de la programación que establezca el Consejo de la Xunta de Galicia, o de la planificación de transporte que determine el Plan de transporte público de Galicia, en su caso, se fijarán servicios de transporte mixtos en los que en un mismo contrato se contemple la prestación de servicios de transporte regular de uso general junto con servicios de transporte regular de uso especial.
En estos supuestos, los proyectos de explotación de los servicios de transporte público regular de uso general fijarán las compensaciones económicas que se abonarán por la prestación de los diferentes servicios.
num: Artículo 80
paragraphs: Adaptación de la explotación de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general o mixtos por razón de integración de servicios y mejoras en la explotación.
Uno. La Administración podrá introducir, en cualquier momento, alteraciones y modificaciones en las condiciones de explotación de los servicios calificados como integrados, con la finalidad de atender la demanda de transporte generada por personas usuarias con derecho a la utilización de los servicios de transporte público que oferte la Xunta de Galicia.
Dos. A tal fin, identificada la existencia de una nueva demanda de servicio, se abrirá de oficio por parte de la administración titular del servicio de transporte un procedimiento de adaptación de sus condiciones de prestación, de conformidad con las siguientes reglas:
1. El órgano competente sobre el contrato dictará una medida cautelar de carácter ejecutivo en la que dispondrá su prestación por parte de la empresa contratista elegida para tal fin, de conformidad con lo previsto en los correspondientes contratos de gestión de servicios públicos de transporte. Esta medida cautelar tendrá carácter ejecutivo y será de obligado cumplimiento para el contratista, que deberá adaptar la explotación del servicio en el plazo que en la misma se establezca.
2. Sin perjuicio del indicado carácter ejecutivo del requerimiento de la Administración, desde su recepción el contratista dispondrá del plazo de diez días para la formulación de alegaciones. Con este mismo plazo, la Administración dará audiencia a cualquier otro interesado.
3. Analizadas las alegaciones formuladas, en su caso, el órgano titular del servicio dictará resolución definitiva.
Tres. Mediante resolución conjunta de los departamentos de la Xunta de Galicia con competencia en materia de transportes y en cada uno de los ámbitos sectoriales objeto de integración, se establecerán protocolos administrativos de actuación para la recepción, convalidación y aprobación de las nuevas demandas de prestación de servicios de transporte público.
Cuatro. Igualmente, en los términos previstos en esta ley y en la normativa básica de aplicación, la mejora en las condiciones de prestación del servicio público de transporte, la implantación de soluciones de explotación innovadoras como la gestión bajo demanda, o la integración de servicios de transporte, se considerarán causas de interés público justificativas de la modificación de oficio de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general que estén en explotación en los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 3.1 de la Ley 10/2016, de 19 de julio, de medidas urgentes para la actualización del sistema del transporte público de Galicia, previa audiencia del contratista.
En estos casos la Administración deberá prever las compensaciones que resulten esenciales para, manteniendo las condiciones de equilibrio económico de los indicados contratos y el principio de riesgo y ventura que les es propio, resarcir al contratista por las nuevas obligaciones de servicio público que se le impongan.
num: Artículo 81
paragraphs: Régimen económico de los servicios de transporte.
Uno. Como sistema de transporte de titularidad de la Administración, el régimen económico del sistema de transporte público regular de uso general prestado a través de empresas contratistas se basa en el principio de riesgo y ventura del contratista, asociado al volumen de personas usuarias conseguido con la prestación del servicio y la aplicación de una tarifa de equilibrio de carácter contractual.
Dos. En los servicios de transporte discrecional y en los servicios de transporte público regular de uso especial, su régimen económico será el que en cada caso establezcan las partes contratantes.
num: Artículo 82
paragraphs: Régimen económico y tarifario de los servicios de transporte público.
Uno. En el sistema de transporte público regular de uso general, y en los mixtos, se diferencia entre:
a) Tarifa de equilibrio contractual: importe que tiene derecho a percibir la empresa contratista por cada usuario y relación de tráficos que realice, bien lo perciba de la propia persona usuaria, bien lo haga, total o parcialmente, de una administración pública o de un tercero.
b) Tarifa de usuario: importe efectivamente abonado por la persona usuaria, determinado por la Administración, y que puede coincidir o no con la tarifa de equilibrio contractual.
El cálculo de las anteriores tarifas podrá basarse en la multiplicación de los kilómetros recorridos por la persona usuaria por un coeficiente tarifario, en su caso con un importe mínimo de percepción, o en razón del número de saltos que realice la persona usuaria entre zonas de transporte previamente delimitadas, atendiendo a las matrices aprobadas por la Administración.
Dos. La tarifa de equilibrio contractual podrá obedecer a uno de los métodos de cálculo indicados en el apartado anterior o estar formada por varios de ellos, incluida la diferenciación de la aplicable en atención a las condiciones específicas o cualificadas de prestación, como horarios fijos, disponibilidad de acompañante o adaptación del itinerario a las concretas necesidades de las personas usuarias, que se les apliquen a determinados colectivos, tal como puede suceder en el transporte integrado de escolares o en los servicios de transporte bajo demanda.
Tres. Corresponde a la Administración determinar las tarifas de usuario aplicables en cada caso, pudiendo hacerlo con el carácter de fijas o de máximas:
a) Tarifas fijas: son obligatorias para la empresa prestadora del servicio y para las personas usuarias.
b) Tarifas máximas: la empresa prestadora podrá ofertar tarifas inferiores a la autorizada, atendiendo a criterios objetivos de promoción de la movilidad y con sujeción al principio de no discriminación entre las personas usuarias.
Cuatro. Tanto en el supuesto de tarifas fijas como en el de tarifas máximas, la Administración podrá autorizar la comercialización de tarifas bonificadas:
a) Bonos de utilización recurrente o para la promoción de la utilización del sistema de transporte público. Estos bonos serán dirigidos al público en general, y no será admisible la introducción de discriminaciones por razones de territorio o residencia ni por razones sociales o de otra índole.
b) Bonos sociales, vinculados a políticas o actuaciones transversales de los poderes públicos en el ámbito social, a cuyo efecto se tomarán en consideración las condiciones específicas de las personas usuarias o de sus unidades familiares, tales como familias numerosas, estudiantes, jubilados o nivel de renta. En ningún caso se podrán establecer bonos sociales atendiendo a criterios exclusivamente territoriales, como la residencia, o a condiciones discriminatorias, como la raza, la religión o la opinión de la persona usuaria.
Junto con las anteriores tarifas bonificadas podrán establecerse y gestionarse en el marco del sistema de transporte público bonificaciones adicionales promovidas por la propia administración titular del servicio o por cualquier otra administración, entidad, agrupación o colectivo interesado en la promoción del transporte público o en la prestación de un servicio al colectivo al que dirijan su actuación.
num: Artículo 83
paragraphs: Integración tarifaria y de información del sistema de transporte público de Galicia.
Uno. El conjunto de servicios de transporte público regular de uso general de Galicia se integrará en un sistema común de información dirigido a facilitar a las personas usuarias el conocimiento del conjunto de servicios de transporte público regular ofertados por las diferentes administraciones. Igualmente, las administraciones colaborarán en la integración tarifaria, de forma que los títulos de transporte ofertados por cada una de ellas puedan operar indistintamente en el conjunto del sistema.
Dos. A tal fin, la Xunta de Galicia, mediante orden de la consejería competente en materia de transportes, previo informe de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, establecerá los requisitos de interoperatividad de los sistemas de pago y de información del transporte público, que resultarán obligatorios en los proyectos que desarrollen el conjunto de administraciones titulares de servicios de transporte regular de uso general. En iguales condiciones, dicho departamento establecerá las condiciones de remisión de esta información en relación con otros servicios de transporte público que contrate la Xunta de Galicia y, de manera específica, los servicios de transporte público regular de personas por carretera de uso especial.
num: Artículo 84
paragraphs: Ámbito de aplicación.
Uno. La regulación y las medidas establecidas en este título serán de aplicación en aquellos supuestos en que la declaración de nulidad de todo o parte de un instrumento de planificación urbanística municipal o de un decreto por el que se suspenda la vigencia de la planificación urbanística municipal por una sentencia firme suponga que recobre su vigencia un instrumento de planificación anterior que, según lo que se establece en esta ley, no responda a la realidad urbanística existente en el término municipal, surgida al amparo del instrumento anulado.
Estas medidas serán de aplicación, en particular, en los supuestos de obsolescencia sobrevenida del instrumento que recobra su vigencia debido a la sustancial modificación del marco legislativo urbanístico recaído desde su aprobación, a la radical mutación de la normativa sectorial de aplicación o a la inadaptación del modelo existente de ciudad respecto del previsto en dicho instrumento.
Dos. En todo caso, la adopción de las medidas previstas en el presente título deberá respetar lo dispuesto en las sentencias firmes que declaren la nulidad de los instrumentos de planificación urbanística o de los decretos de suspensión, y las resoluciones judiciales recaídas en su ejecución.
Tres. La adopción de las medidas establecidas en esta ley se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de modificar puntualmente el plan que recobra vigencia, con los requisitos previstos en la legislación vigente.
Cuatro. Las medidas de ordenación provisional no serán de aplicación al suelo clasificado como rústico en el planeamiento anulado, para el cual será de aplicación lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, de acuerdo con lo establecido en sus disposiciones transitorias.
Cinco. En ningún caso las medidas de ordenación provisional serán de aplicación cuando el instrumento de ordenación provisional para el ámbito de que se trate deba someterse a la evaluación ambiental estratégica ordinaria de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal.
num: Artículo 85
paragraphs: Mantenimiento de la seguridad jurídica.
Uno. De acuerdo con lo establecido en la normativa estatal, la anulación de todo o parte de un instrumento de planificación urbanística por una sentencia firme no afectará por sí misma a la eficacia de los actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación haya alcanzado efectos generales.
Dos. En los procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos firmes que se hayan dictado con fundamento en instrumentos de ordenación anulados, se ponderará, en el análisis sobre la procedencia o no de acordar la suspensión de la ejecución del acto objeto del procedimiento de revisión de oficio así como en la aplicación de los límites a las facultades de revisión establecidos en la legislación básica, entre otras circunstancias, el grado de cumplimento de los deberes urbanísticos o el grado de desarrollo urbanístico conseguido al amparo del instrumento anulado.
num: Artículo 86
paragraphs: Protección del patrimonio cultural.
A los efectos de la protección del patrimonio cultural y de la aplicación de la Ley del patrimonio cultural de Galicia, la simple declaración de nulidad del instrumento de ordenación urbanístico no implicará la pérdida de la condición de bienes declarados de interés cultural o de bienes catalogados de los bienes incluidos en el catálogo del instrumento de ordenación anulado, siendo de aplicación en todo caso el régimen derivado de la legislación indicada.
num: Artículo 87
paragraphs: Iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento de planificación urbanística que sustituye al instrumento anulado. Plazos para su tramitación y aprobación.
Uno. A los efectos de aplicar las medidas de ordenación provisional previstas en el presente título, será requisito necesario que el ayuntamiento cuyo instrumento de planificación fue anulado inicie la tramitación de uno nuevo, inicie, en su caso, el procedimiento de contratación de los servicios técnicos o jurídicos necesarios para su redacción o bien encomiende la realización total o parcial del instrumento a los servicios técnicos municipales.
Dos. En todo caso, el ayuntamiento que apruebe instrumentos de ordenación provisional de los previstos en la presente ley deberá presentar el borrador del nuevo instrumento de planificación en el plazo de un año, aprobar inicialmente el nuevo instrumento en el plazo de dos años y aprobar provisionalmente el nuevo instrumento de ordenación en el plazo de tres años y seis meses. Los anteriores plazos se contarán cada uno de ellos desde la fecha de publicación del acuerdo de aprobación definitiva del instrumento de ordenación provisional.
El cumplimiento de los trámites a que hace referencia el párrafo anterior dentro de los plazos señalados a tales efectos es requisito inexcusable para el mantenimiento de la vigencia de los instrumentos de ordenación provisional aprobados de acuerdo con lo previsto en la presente ley. Transcurrido cualquiera de los plazos señalados sin cumplirse los trámites previstos en este artículo, el instrumento de ordenación provisional aprobado agotará su vigencia por ministerio de lo previsto en la presente ley y quedará inmediatamente sin efecto.
num: Artículo 88
paragraphs: Estudio de la situación derivada de la anulación del instrumento de ordenación en cada ámbito que se pretenda ordenar provisionalmente.
Uno. Con carácter previo a la adopción de un instrumento de ordenación provisional de los previstos en la presente ley, se realizará un estudio específico de la situación derivada de la anulación del instrumento de ordenación para el ámbito que se pretenda ordenar a través de dicho instrumento provisional.
Dos. Dicho estudio y análisis municipal se someterán a informe urbanístico y ambiental vinculante de los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Tres. El informe urbanístico se pronunciará sobre la coincidencia de la ordenación provisional con la prevista para ese ámbito en el instrumento de ordenación anulado y, en su caso, en sus instrumentos de desarrollo, así como sobre la adecuación de las medidas de ordenación provisional adoptadas a lo previsto en la presente ley.
Cuatro. El informe ambiental se pronunciará sobre la tramitación ambiental que se realice para la aprobación del instrumento de ordenación provisional de que se trate, de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal sobre evaluación ambiental y atendiendo a su específica naturaleza.
Cinco. Una vez emitidos los informes anteriores, el estudio será, en su caso, aprobado por el ayuntamiento, justificando la necesidad de la adopción de las medidas de ordenación provisional previstas en la presente ley.
num: Artículo 89
paragraphs: Contenido del estudio.
En el estudio a que se refiere el artículo anterior deberá analizarse para el ámbito afectado:
– El instrumento de ordenación urbanística que recobra su vigencia, y la legislación al amparo de la cual se aprobó.
– La adecuación del instrumento de ordenación que recobra su vigencia a la legislación urbanística y sectorial vigente, teniendo en cuenta lo expresado en el artículo siguiente, así como a la realidad urbanística existente en el ámbito afectado, surgida al amparo del instrumento de planificación anulado.
– La propuesta de aprobación de una ordenación provisional con los límites y de acuerdo con el procedimiento previsto en la presente ley.
num: Artículo 90
paragraphs: Contenido y vigencia de la ordenación provisional.
Uno. La ordenación provisional que se proponga para el ámbito afectado deberá ser coincidente con la prevista para ese ámbito en el instrumento de ordenación anulado y, en su caso, en sus instrumentos de desarrollo, en los términos previstos en los artículos siguientes. Solo se podrán realizar las modificaciones que sean necesarias para adaptar la regulación al contenido de las sentencias judiciales que se refieran al ámbito afectado, a lo exigido por la legislación sectorial de acuerdo con los informes recaídos en el procedimiento y al resultado de la información pública practicada y de la tramitación ambiental realizada. Igualmente, podrán realizarse las modificaciones que permitan asignar usos globales adecuados para implantar nuevas dotaciones y equipamientos, públicos o privados, o para implantar nuevas actividades económicas, empresariales o productivas, sustituyendo el uso residencial por el uso industrial, terciario o comercial.
No será necesaria la adaptación de los instrumentos de ordenación provisional a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, y será de aplicación en todo caso esta, de acuerdo con lo dispuesto en sus disposiciones transitorias, según la fecha de aprobación definitiva del instrumento de ordenación anulado y la legislación a la que este esté adaptado, circunstancia que se indicará expresamente en la ordenación provisional.
Dos. La ordenación provisional, una vez aprobada, sin perjuicio de la posibilidad de su modificación por los procedimientos de modificación del plan establecidos en la Ley del suelo, estará en vigor hasta que se sustituya por la prevista en el nuevo instrumento de ordenación para ese ámbito o, en su caso, hasta que transcurra cualquiera de los plazos señalados en el artículo 87 de la presente ley sin cumplirse los trámites previstos en el citado artículo.
num: Artículo 91
paragraphs: Ordenación provisional en suelo clasificado como urbano y de núcleo rural en el instrumento anulado.
Se podrán aprobar instrumentos de ordenación provisional para el suelo urbano consolidado y de núcleo rural, coincidentes con la ordenación recogida en el instrumento anulado, de acuerdo con lo indicado en el artículo anterior. La ordenación provisional prevista en dichos instrumentos será de aplicación de conformidad con las reglas establecidas en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, según la fecha de aprobación definitiva del instrumento anulado.
num: Artículo 92
paragraphs: Ordenación provisional en ámbitos sujetos a desarrollo urbanístico.
Uno. En el suelo sujeto a desarrollo urbanístico de acuerdo con el instrumento anulado y sus instrumentos de desarrollo, el ayuntamiento deberá justificar la elección de los ámbitos que ordene provisionalmente a través de los instrumentos previstos en la presente ley, incidiendo en la concurrencia de un especial interés general, por su carácter dotacional o de equipamiento público o privado, por tratarse de la planificación de espacios para actividades económicas o áreas para actividades productivas o empresariales que acojan usos industriales, terciarios o comerciales en sustitución de usos residenciales, la afección a elementos fundamentales de la estructura general y orgánica del territorio, su grado de desarrollo, o por su inclusión en un plan estratégico municipal.
Dos. De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, se entenderá que concurre interés general en atención a su grado de desarrollo urbanístico, a los efectos de su ordenación provisional en el reconocimiento del grado de cumplimiento de los deberes de ejecución del planeamiento urbanístico que fueron desarrollados de conformidad con la legislación urbanística, siempre que hubiesen conseguido en su día la aprobación definitiva del instrumento de equidistribución y cumplido con el deber de cesión y de distribución de cargas y beneficios.
Tres. En aquellos supuestos en los que el instrumento de equidistribución aprobado en su día resulte afectado en su contenido por lo dispuesto en la ordenación provisional, deberá aprobarse un nuevo instrumento de equidistribución adaptado a la indicada ordenación.
Cuatro. En aquellos supuestos en los que el grado de desarrollo urbanístico conseguido determine la consideración del suelo como urbano consolidado, el instrumento de ordenación provisional reconocerá el indicado grado de desarrollo y clasificación.
num: Artículo 93
paragraphs: Tramitación para la aprobación de la ordenación provisional.
Uno. La tramitación de la aprobación de los instrumentos de ordenación provisional regulados en el presente título se ajustará al procedimiento establecido en este artículo.
Dos. Con carácter previo a la aprobación inicial del documento, se realizarán los siguientes trámites:
a) El ayuntamiento remitirá al órgano ambiental la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, a la que acompañará el borrador de las ordenaciones provisionales y el documento ambiental estratégico, con el contenido establecido en la legislación vigente.
b) El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la documentación indicada en el apartado anterior, tras identificar y consultar a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas de acuerdo con lo establecido en la normativa indicada por un plazo máximo de un mes.
El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas, determinará en el informe ambiental estratégico si la ordenación provisional tiene o no efectos significativos en el medio ambiente. En el caso de no prever efectos significativos, la ordenación provisional podrá aprobarse en los términos que el propio informe establezca.
El informe ambiental estratégico se remitirá en el plazo de quince días hábiles para su publicación en el Diario Oficial de Galicia y en la sede electrónica del órgano ambiental.
Tres. El órgano municipal competente procederá a su aprobación inicial y lo someterá a información pública como mínimo durante veinte días, mediante anuncio que se publicará en el Diario Oficial de Galicia y en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia. Asimismo, se les notificará individualmente a todas las personas titulares catastrales de los terrenos afectados.
Cuatro. Durante el mismo tiempo en el que se realiza el trámite de información pública, la Administración municipal deberá solicitar de las administraciones públicas competentes los informes sectoriales y las consultas que resulten preceptivos. Los informes sectoriales autonómicos deberán ser emitidos en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual se entenderán emitidos con carácter favorable.
Si la ordenación provisional prevista fue ya objeto de los indicados informes con anterioridad, se admitirá la reproducción o confirmación de los criterios contenidos en los informes emitidos en su día por los órganos informantes, sin perjuicio de las cuestiones que se puedan añadir a la vista de nuevas circunstancias o de la aprobación de normativa posterior.
Cinco. Se emitirá informe de los servicios jurídicos y técnicos municipales sobre la integridad documental del expediente, de las actuaciones administrativas realizadas, de la calidad técnica de la ordenación proyectada y de la conformidad de la ordenación con la presente ley.
Seis. La aprobación definitiva de las ordenaciones provisionales corresponderá al pleno del ayuntamiento. Una vez aprobadas definitivamente, las ordenaciones provisionales se publicarán de acuerdo con lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 82 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
num: Disposición adicional primera. Instrumentos para la coordinación de servicios de la Xunta de Galicia.
paragraphs: En el marco de lo que establece la sección 3.ª del capítulo I del título I de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, el Consejo de la Xunta de Galicia podrá crear comisiones u órganos colegiados de coordinación en materia de transporte público e integración de servicios de transporte, para lo cual dictará las oportunas disposiciones de carácter organizativo.
num: Disposición adicional segunda. Vehículos autorizados para la prestación de servicios de transporte.
paragraphs: Los titulares de contratos de gestión de servicios públicos de transporte podrán subcontratar, para la prestación de servicios de uso regular, vehículos provistos de autorizaciones de transporte de personas en vehículos de turismo previstos en la Ley 4/2013, de 30 de mayo, de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia, adscritas a vehículos de hasta nueve plazas.
num: Disposición adicional tercera. Ampliación del plazo para la puesta en marcha de las emisiones y pago de la tasa del servicio de comunicación audiovisual de televisión correspondientes a las adjudicaciones transformadas en licencias.
paragraphs: El plazo para responder de las obligaciones y para materializar los compromisos asumidos en las ofertas presentadas y para acreditar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el pliego de bases y en la normativa reguladora para la puesta en marcha de las emisiones y pago de la tasa indicado en los artículos 38 y 40 de la Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, queda ampliado en cuatro años, a contar a partir de la finalización del plazo anterior.
num: Disposición adicional cuarta. Supresión del cuerpo de letrados del Consejo Consultivo de Galicia.
paragraphs: Uno. Se suprime el cuerpo de letrados del Consejo Consultivo de Galicia, regulado en el artículo 30 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia.
Dos. El personal funcionario de carrera perteneciente al indicado cuerpo de letrados se integra en la escala de letrados de la Xunta de Galicia, del cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma, subgrupo A1, prevista en el apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, con garantía de su grado personal consolidado y de su antigüedad.
num: Disposición adicional quinta. Supresión del ente Centro Informático para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable (Cixtec).
paragraphs: Uno. Se autoriza la supresión del Centro Informático para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable (Cixtec), cuyas funciones serán asumidas por la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), de conformidad con lo que se establezca en los estatutos de dicha agencia.
Dos. La supresión del Centro Informático para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable (Cixtec) se llevará a cabo por decreto del Consejo de la Xunta, en el que se determinará el destino de sus bienes, derechos y obligaciones, así como las medidas aplicables al personal funcionario y laboral que esté prestando servicios en el Centro Informático para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable (Cixtec) en el momento de la supresión. A efectos presupuestarios, esta supresión implicará la integración de las partidas económicas y funcionales de gasto de los presupuestos del Cixtec en los presupuestos de la Amtega.
num: Disposición adicional sexta. Agencia Gallega de la Industria Forestal.
paragraphs: Uno. Mediante la presente ley se autoriza la creación de la Agencia Gallega de la Industria Forestal como agencia pública autonómica adscrita a la consejería competente en materia de economía, que tiene como fines generales y objetivos básicos actuar como un instrumento de gestión eficiente en el ejercicio de funciones relacionadas con el impulso de la actividad económica asociada al sector forestal, con la mejora de la competitividad y de la innovación de las empresas del sector y con la coordinación de los centros de investigación en materia forestal.
Dos. En el desarrollo de sus fines, la Agencia Gallega de la Industria Forestal procurará los siguientes objetivos:
a) Identificar los diversos sectores económicos y productivos asociados al recurso forestal, definir los sectores estratégicos y procurar en todo caso la compatibilidad y sostenibilidad de los diversos usos productivos del monte.
b) Participar en la planificación y en la ordenación de los aprovechamientos forestales dirigida a la mejora y sostenibilidad de la producción forestal, así como en la mejora de la gestión y aprovechamiento de los recursos forestales.
c) Mejorar la competitividad e innovación de las empresas del sector forestal, con especial incidencia en la segunda y siguientes fases de transformación del recurso.
d) Coordinar los centros de investigación y tecnológicos vinculados a la industria forestal.
Tres. Esta agencia asumirá los medios personales y materiales que respecto de sus fines y objetivos corresponden en la actualidad a otros departamentos, especialmente los correspondientes a las unidades afectadas de la Consejería de Medio Rural, los cuales se suprimirán en sus estructuras en el momento de creación de la Agencia y quedarán integrados en ella.
Cuatro. Mediante decreto del Consejo de la Xunta de Galicia se procederá a su creación, así como a la aprobación de los estatutos que detallen las funciones específicas que desarrollará.
Cinco. Su régimen jurídico será el establecido en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.
num: Disposición transitoria única. Personal funcionario que ocupe puestos de trabajo de letrado en el Consejo Consultivo de Galicia en el momento de la entrada en vigor de esta ley.
paragraphs: El personal funcionario de carrera que en el momento de la entrada en vigor de esta ley esté ocupando puestos de trabajo que correspondían al suprimido cuerpo de personal letrado en el Consejo Consultivo de Galicia seguirá desarrollando funciones de letrado al servicio del Consejo Consultivo hasta la provisión de los correspondientes puestos de trabajo en la forma determinada en el artículo 30 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia, en la redacción dada a dicho precepto por la presente ley. Este personal cesará en el momento de la provisión del puesto de trabajo si no obtiene la plaza, y quedará a disposición del órgano competente en materia de personal del Consejo Consultivo de Galicia, quien procederá a su adscripción provisional a un puesto de trabajo vacante de los correspondientes a letrados al servicio del Consejo Consultivo. Si no hubiese puesto de trabajo vacante o cuando así lo aconsejen las necesidades del servicio, el Consejo consultivo lo comunicará a la consejería competente en materia de función pública, que procederá a la adscripción provisional del indicado personal a otros puestos vacantes de la escala de letrados de la Xunta de Galicia, con cambio de dependencia orgánica. En el caso de cambio de localidad, será preciso, además, la conformidad de la persona afectada.
num: Disposición derogatoria primera.
paragraphs: Queda derogado el Decreto 149/2008, de 26 de junio, por el que se regula el procedimiento de autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la valorización energética de la biomasa forestal primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Quedan derogadas las demás disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente ley.
num: Disposición derogatoria segunda.
paragraphs: Queda derogado el artículo 86 de la Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
num: Disposición derogatoria tercera.
paragraphs: Queda derogada la Ley 10/1983, de 9 de diciembre, reguladora del Consejo Asesor de RTVE en Galicia, y queda disuelto el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en Galicia.
num: Disposición derogatoria cuarta.
paragraphs: Quedan derogados los artículos 19 y 20 de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia.
num: Disposición derogatoria quinta.
paragraphs: Queda derogada, en el momento en que se proceda a la extinción del Centro Informático para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable, la disposición adicional quinta de la Ley 2/1998, de 8 de abril, de medidas tributarias, de régimen presupuestario, función pública, patrimonio, organización y gestión.
num: Disposición final primera. Historia social única electrónica.
paragraphs: Uno. Se modifica el punto 1 del artículo 11 del Decreto 89/2016, de 30 de junio, por el que se regula la creación, el uso y el acceso a la Historia social única electrónica, que queda redactado como sigue:
Dos. El Decreto 89/2016, de 30 de junio, por el que se regula la creación, el uso y el acceso a la Historia social única electrónica, conserva su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente ley. Las determinaciones incluidas en el punto 1 de su artículo 11, que son objeto de modificación en esta ley, podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en la que figuran.
num: Disposición final segunda. Modificación del Decreto 130/2013, de 1 de agosto, por el que se regula la explotación de los puertos deportivos y de las zonas portuarias de uso náuticodeportivo de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia.
paragraphs: Uno. Se modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 5 del Decreto 130/2013, de 1 de agosto, por el que se regula la explotación de los puertos deportivos y de las zonas portuarias de uso náuticodeportivo de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, que queda redactada como sigue:
Dos. Se modifica la disposición transitoria primera del Decreto 130/2013, de 1 de agosto, por el que se regula la explotación de los puertos deportivos y de las zonas portuarias de uso náuticodeportivo de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, que queda redactada como sigue:
Tres. El Decreto 130/2013, de 1 de agosto, por el que se regula la explotación de los puertos deportivos y de las zonas portuarias de uso náuticodeportivo de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, conserva su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente ley. Las determinaciones incluidas en la letra e), apartado 1, de su artículo 5, y en su disposición transitoria primera, que son objeto de modificación en esta ley, podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en la que figuran.
num: Disposición final tercera. Modificación de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia.
paragraphs: Uno. Se modifica el apartado 6 del artículo 18 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia, que queda redactado como sigue:
Dos. Se modifica el artículo 22 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia, que queda redactado como sigue:
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 23 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia, que queda redactado como sigue:
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 29 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia, que queda redactado como sigue:
Cinco. Se modifica el artículo 30 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia, que queda redactado como sigue:
num: Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
paragraphs: Se modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que queda redactada como sigue:
num: Disposición final quinta. Entrada en vigor.
paragraphs: Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, excepto la disposición adicional tercera, que producirá efectos desde el día 1 de enero de 2017.
Santiago de Compostela, 8 de febrero de 2017.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.