Guatemala: Criminalización defensores
Channel: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Date: 20/03/2017

Guatemala: Criminalización defensores 

Audiencia Pública del 161 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Lunes 20 de marzo de 2017

En la audiencia “Denuncias sobre criminalización de personas defensoras de derechos humanos que se oponen a proyectos hidroeléctricos en Guatemala”, las organizaciones participantes afirmaron que dicho Estado había debilitado el marco jurídico ambiental para dar paso a la privatización de la producción energética en el país, lo que habría permitido la aprobación de estudios ambientales altamente deficientes e inconsultos, en violación de sus obligaciones internacionales. Las organizaciones solicitantes también denunciaron los desalojos violentos que enfrentaban las comunidades que se oponían a la operación de empresas en sus territorios, así como los ataques, amenazas, acoso constante a la población, con particular afectación de las mujeres defensoras. Señalaron que había patrones de criminalización en el sistema guatemalteco, mediante la tipificación de figuras penales como secuestro o asociación ilícita, que no contemplan medidas sustitutivas a la prisión preventiva; la equiparación de organizaciones indígenas a estructuras de crimen organizado; y los litigios maliciosos por fiscales del Ministerio Publico y abogados de las empresas transnacionales, entre otros. Se denunció el caso del defensor Fausto Sánchez, autoridad indígena que fue mantenido injustamente en prisión preventiva por más de 2 años, así como el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan durante una manifestación pacífica. Por su parte, el Estado guatemalteco explicó que estaba buscando la sustitución progresiva de su fuente energética hacia fuentes de energía renovables como la energía hidroeléctrica. Asimismo, refirió que se encuentra desarrollando un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que incluirá la fiscalización y control de las actividades empresariales, la protección de derechos humanos, y medidas de reparación. El Estado se comprometió a presentar a la CIDH un informe sobre estas materias dentro de un plazo de 6 meses. El Comisionado James Cavallaro acogió con beneplácito la creación del Plan Nacional, y pidió al Estado información sobre las medidas de control en caso de uso por parte de fiscales del poder punitivo del Estado para intimidar el legítimo trabajo de defensa de derechos humanos.   

→ Accede a las fotografías y videos del 161 Período de Sesiones de la CIDH: 
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/161/default.asp

Guatemala: Criminalization of Defenders

Public Hearing held during the 161st Period of Sessions of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) 

Monday , March 20, 2017

The organizations participating in this hearing claimed that Guatemala had weakened the framework of environmental law to open the country’s energy production to privatization, which they said had led to the approval of environmental studies that were highly flawed and done without consultation, in violation of the State’s international obligations. The organizations that requested the hearing also denounced the violent evictions faced by communities that opposed the operation of corporations in their territories, as well as the attacks, threats, and constant harassment of the population, particularly directed toward women environmental activists. They indicated that there were patterns of criminalization in the Guatemalan system, carried out through the definition of criminal offenses such as kidnapping or unlawful assembly, which provide no alternatives to pretrial detention; the equivalence drawn between indigenous organizations and organized crime structures; and malicious litigation brought by prosecutors in the Public Prosecutor’s Office and attorneys from transnational corporations, among other factors. The civil society organizations spoke out about the case of human rights defender Fausto Sánchez, an indigenous authority who was unjustly held in pretrial detention for more than two years, and the killing of defender Sebastián Alonso during a peaceful demonstration. For its part, the Guatemalan State explained that it was seeking to progressively substitute its energy sources with renewable sources such as hydroelectric power. It also said that it is developing a National Plan on Business and Human Rights, which will include oversight and control of business activities, protection of human rights, and reparation measures. The State pledged to provide the IACHR with a report on these matters within six months. Commissioner James Cavallaro welcomed the creation of the National Plan and asked the State for information on control measures in cases in which prosecutors use the punitive power of the State to intimidate the legitimate work of defending human rights.