ANÁLISIS
José Antonio Ocampo / Juan David Torres — CAMBIO ESTRUCTURAL Y DINÁMICA MACROECONÓMICA: LOS RETOS COLOMBIANOSà

PAZ Y SEGURIDAD

La FES y el SIPRI convocaron a expertos y activistas de diez países deAmérica Latina para conformar un
Grupo de Trabajo sobre seguridad
climática y ambiental.

JUSTICIA AMBIENTALY CLIMÁTICA, Y LASDINÁMICAS DE VIOLENCIAàEN AMÉRICA LATINA.
Perspectivas de un Grupode Trabajo Regional sobre
cambio climático, ambiente,
paz y seguridad en América Latina
Caroline Delgado / Farah Hegazi / Anniek Barnhoorn
Febrero de 2024

1

El Grupo de Trabajo Regional discutió sobre los desafíos del desarrollo
sostenible y los derechos de las comunidades locales y las poblacionesétnicas en el contexto de violencia
e inseguridad que afecta a América
Latina.

à

El Grupo desarrolló mensajes clave
en cuatro áreas temáticas: gobernanza, extractivismo y cambios de
uso del suelo, justicia ambiental yclimática, y protección de la naturaleza y los territorios, e identificó
audiencias clave para la incidencia
política sobre estos asuntos.

PAZ Y SEGURIDADJUSTICIA AMBIENTALY CLIMÁTICA, Y LASDINÁMICAS DE VIOLENCIA
EN AMÉRICA LATINA.
Perspectivas de un Grupode Trabajo Regional sobre
cambio climático, ambiente,
paz y seguridad en América Latina

CONTENIDO

1

INTRODUCCIÓN

5

2

EL GRUPO DE TRABAJO REGIONAL LATINOAMERICANO

8

3

GOBERNANZA

10

3.1 Voz regional...............................................................................................................................................11
3.2 El mensaje clave.........................................................................................................................................11
3.3 Público objetivo..........................................................................................................................................11
3.4. Recomendaciones.....................................................................................................................................12
4

EXTRACTIVISMO Y CAMBIO EN LOS USOS DEL SUELO

13

4.1 Voz regional...............................................................................................................................................15
4.2 El mensaje clave.........................................................................................................................................15
4.3 Público objetivo..........................................................................................................................................15
4.4 Recomendaciones......................................................................................................................................16
5

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA

17

5.1 Voz regional...............................................................................................................................................18
5.2 El mensaje clave.........................................................................................................................................18
5.3 Público objetivo..........................................................................................................................................18
5.4 Recomendaciones......................................................................................................................................19
6

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS TERRITORIOS

20

6.1 Voz regional...............................................................................................................................................20
6.2 El mensaje clave.........................................................................................................................................21
6.3 Público objetivo..........................................................................................................................................21
6.4 Recomendaciones......................................................................................................................................21
7

CONCLUSIÓN

22

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINAEl Grupo de Trabajo Regional Latinoamericano fue constituido en 2022 por la oficina en Colombia de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) y el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute), y está compuesto por veinte expertos en temas relacionados con el clima y el ambiente procedentes dediez países latinoamericanos.
Este informe presenta la perspectiva general del Grupo de Trabajo sobre los acuciantes problemas relacionados tanto con lajusticia climática y ambiental como con la seguridad alimentaria que afectan a la región en su conjunto, pero cuyo impacto
se percibe con mayor intensidad en el ámbito local.
El informe va acompañado de una breve serie de entrevistas a cuatro miembros del Grupo de Trabajo, en las que abordan
los retos para la seguridad ambiental de la región según sus perspectivas. Las entrevistas se encuentran en el canal deYouTube del SIPRI: sipriorg.
Los miembros del Grupo de Trabajo son, en orden al-• Omar Gabriel Vázquez Heredia, Venezuela, investigador.

fabético:• Pedro Landa, Honduras, Plataforma Internacional con-

• Aercio Oliveira, Brasil, coordinador, FASE - Solidaridad

tra la Impunidad (PII).

y Educación.

• Santiago González, Colombia, Asociación Comunitaria• Antonia Berríos, Chile, coordinadora, ONG FIMA.

de Bahía Málaga.

• Carolina Hidalgo Herrera, Costa Rica, consultora inde-

Por su parte, los miembros del Grupo de Trabajo proce-pendiente.

dentes de países no latinoamericanos son:• Florina Mendoza, México, Red de Futuros Indígenas.

• Ana María Méndez Dardón, Estados Unidos, directora• Iris Espinoza, Guatemala, Colectivo Madreselva.

para Centroamérica de la Oficina en Washington para

• Juan Antonio Le Clercq, México, director del Instituto

Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

de Administración Pública e Innovación Institucional• Bram Ebus, Países Bajos, periodista y consultor inde-(APII) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

pendiente.

• Leticia Tura, Brasil, directora ejecutiva de FASE – Solida-• John Walsh, Estados Unidos, director del Programa de

ridad y Educación.

políticas de drogas y los Andes de la Oficina en Washin-• Manuel Tufró, Argentina, director del área de Justicia

gton para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales

El Grupo convocante está integrado por:

(CELS).

• Anniek Barnhoorn, asistente de investigación del Pro-

• María Ciro, Colombia, Comité de Integración Social delgrama de Riesgos y Cambio Climático, SIPRI.

Catatumbo (Cisca).

• Caroline Delgado, directora del Programa de Alimen-• Mariana Belmont, Brasil, Consejo de Nuestra América

tos, Seguridad y Paz del Instituto Internacional de In-

Verde y Red de Adaptación Antirracista.

vestigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

• Mariana Blanco, México, coordinadora del proyecto• Catalina Niño, coordinadora de proyectos de la Frie-regional de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Transforma-drich-Ebert Stiftung (Fescol).

ción Social-Ecológica en América Latina.

• Farah Hegazi, investigadora del Programa de Riesgos y• Mercedes Monzón Escobedo, Guatemala, diputada

Cambio Climático, SIPRI.

electa por Sacatepéquez, Partido Movimiento Semilla• María Alejandra Rico, asistente de proyectos de la Frie-

2024-2028.

drich-Ebert Stiftung (Fescol).

• Mitzy Violeta Cortés, México, Red de Futuros Indíge-• Stephanie Blenckner, directora de comunicaciones, SIPRI.

nas.

4

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

1INTRODUCCIÓN*América Latina y el Caribe es una región con una diversidad ecológica sin parangón, que abarca selvas tropicales, desiertos áridos y extensas costas, lo que la haceespecialmente susceptible a los efectos de largo alcancedel cambio climático y la degradación ambiental. Másallá de sus diversos y singulares paisajes naturales, la región enfrenta a una compleja red de desafíos climáticos

extremos como sequías e inundaciones. En una región
que depende en gran medida de la agricultura, los cambios en los patrones de temperatura y de precipitación
tendrán consecuencias negativas para la producción dealimentos y la seguridad alimentaria. Se espera que elrendimiento agrícola disminuya, lo que aumentará lainseguridad alimentaria y la malnutrición. Además, lay ambientales que trascienden las fronteras nacionales.
Desde el deshielo de los glaciares de la cordillera de losAndes, que amenaza la seguridad hídrica de millones depersonas, hasta la deforestación de la selva amazónica,
que pone en riesgo la biodiversidad y el secuestro de carbono a escala global, la región se enfrenta a problemasque tienen implicaciones de largo alcance tanto para las
comunidades locales como para la comunidad internacional.

degradación forestal que se prevé debido a las sequías y
al aumento de la temperatura reducirá la disponibilidad
de productos forestales. Al mismo tiempo, se espera que
América Latina satisfaga parte de la creciente demanda
mundial de alimentos, ganado y maderas, lo cual amenaza con exacerbar la degradación ambiental vinculada
a las prácticas inadecuadas derivadas de la gestión delsuelo y relacionadas con la expansión de la agricultura
a gran escala.2

De acuerdo con las proyecciones sobre cómo afectará
el cambio climático a América Latina, se espera quelas temperaturas aumenten en toda la región y que
cambien los regímenes pluviales.1 También se prevé unaumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos

Es muy preocupante el modo en que los desafíos climáticos y ambientales se entrecruzan con las desigualdades sociales y la inestabilidad política. La región padece
diversas formas de violencia, desde conflictos armados
hasta una violencia criminal rampante de un nivel equiparable al de los conflictos armados. Sobresale asimismo
como una de las más violentas del mundo. Según datos*

Traducción de Yenni Castro, Valestra Editorial.

1

Castellanos, E., M. F. Lemos, L. Astigarraga, N. Chacón, N.
Cuvi, C. Huggel, L. Miranda, M. Moncassim Vale, J. P. Ometto, P. L. Peri, J. C. Postigo, L. Ramajo, L. Roco y M. Rusticucci.
2022. Centroamérica y Sudamérica. En: Cambio climático
2022: impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribucióndel Grupo de Trabajo II al Sexto informe de evaluación delGrupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático [IPCC,
Intergovernmental Panel on Climate Change]. [H.-O. Pörtner,
D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck,
A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A.
Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos, págs.
1689-1816, doi:10.1017/9781009325844.014

de 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD), en América Latina y el Caribe se registra el 29% de los homicidios globales, siendouna región con el 8% de la población mundial.3 La región alberga ocho de los diez países con mayor número2

PNUMA. 2016. Evaluaciones regionales del sexto informe
sobre las perspectivas del medio ambiente mundial [GEO-6]

para América Latina y el Caribe. Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi, Kenia.
3

5

Monitor de homicidios, Igarape, https://homicide.igarape.
org.br/?l=es (consultado el 19 de octubre de 2023).

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

de homicidios y quince de los más letales. Siete de lasdiez ciudades con mayor tasa de homicidios se encuentran en América Latina y el Caribe4 que es también laregión con mayor número de conflictos ambientales y
un foco de delitos contra el ambiente.5 Muchos de estos
conflictos están relacionados con la extracción legal eilegal de recursos naturales, que a menudo se cruza con
otras economías delictivas, como el narcotráfico, la trata
de personas y el contrabando.6

se llevan a cabo actividades extractivas han sido objetode graves violaciones de los derechos humanos, y estos
ataques van en aumento en toda la región. Además delos asesinatos, las amenazas de muerte, las detenciones
arbitrarias, las agresiones sexuales, la actuación policial
militarizada, el acoso judicial, la intimidación, la violencia
física y otras formas de violencia se utilizan para silenciar
las denuncias de las comunidades locales y obstaculizar
sus intentos de emplear medios legales de protesta contra los proyectos extractivos.10 Los defensores del medio
ambiente también han sido reprimidos y criminalizados
por los gobiernos que deberían protegerlos.11

Entre los principales autores de esta violencia hay una
multitud de grupos armados no estatales, como bandas,
cárteles, redes de contrabando, milicias y grupos de vigilancia parapolicial. Según algunas fuentes, a veces lasempresas mineras cooperan voluntariamente con grupos armados ilegales, quienes a cambio les proporcionan
seguridad contra otros grupos.7 En consecuencia, América Latina es una de las regiones más peligrosas para losdefensores del medio ambiente, de hecho, el 75% detodos los asesinatos mundiales de defensores de los derechos humanos ocurridos entre 2015 y 2019 tuvieron
lugar allí.8 En 2022, el 20% de los asesinatos de personas
defensoras de los derechos humanos se cometieron enla región amazónica.9 Con frecuencia, las comunidadesy los defensores del medio ambiente en las zonas donde

4

Monitor de homicidios, Igarape, https://homicide.igarape.
org.br/?l=es (consultado el 19 de octubre de 2023).

5

Rettberg, Angelika. 2020. “Violencia en América Latina hoy:manifestaciones e impactos.” Revista de Estudios Sociales,(73) págs. 2-17.

6https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/latin-america-wrestles-new-crime-wave

7

OCDE. 2017. “Debida diligencia en la cadena de suministros

La violencia criminal, incluidos los delitos contra el ambiente, se concentra en gran medida en las zonas rurales
con escasa presencia estatal y fuertes economías ilícitas,y en los barrios humildes de las ciudades. Como tales,las principales víctimas de la violencia son las personas
socioeconómicamente empobrecidas y desfavorecidas,
incluidas las minorías étnicas como las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las minorías de género, lasmujeres y los agricultores de subsistencia.12 Alrededor
de la mitad de las víctimas de homicidio están entre los
15 y los 29 años. La violencia contra los líderes sociales,
entre ellos los defensores del medio ambiente y de losderechos humanos, tiende a afectar también de forma
desproporcionada a las personas con bajos ingresos y alas minorías étnicas.13 Además, la violencia extractivista

10 Global Witness. 2018. ¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y delmedio ambiente en 2017. Global Witness.
11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2015. “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores dederechos humanos”, http://www.oas.org/es/cidh/informes/
pdfs/criminalizacion2016.pdf

de oro colombiana: perspectivas generales”, https://mneguidelines.oecd.org/Colombia-gold-supply-chain-overview-ESP.pdf
8

Informe anual 2021 de la organización Global Witness; Informe regional de desarrollo humano. Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe (PNUD,
Nueva York, 2021), https://www.undp.org/es/latin-america/
publications/informe-regional-de-desarrollo-humano-atrapados-alta-desigualdad-y-bajo-crecimiento-en-america-latina-y-el-caribe

9

Global Witness. 2023. Siempre en pie: personas defensorasde la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática.
Septiembre, https://www.globalwitness.org/es/standing-firmes/

12 Arjona, A. 2021. “The Effects of Violence on Inequality in
Latin America and the Caribbean: A Research Agenda.” Documento de antecedentes del Documento de Trabajo No. 122021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD América Latina y el Caribe. Documento de antecedentes del Informe regional sobre desarrollo humano del PNUD
América Latina y el Caribe.
13 Arjona, A. 2021. “The Effects of Violence on Inequality in
Latin America and the Caribbean: A Research Agenda.” Documento de antecedentes del Documento de Trabajo No. 12,
2021, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD América Latina y el Caribe. Documento de anteceden-

6

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

de hoy en día se nutre en gran medida de los prejuicios ymilitares se ha asociado además con abusos contra losderechos humanos de la población civil.18

el legado de los conflictos raciales y de clase de antaño.14

Se forman bucles de retroalimentación que resultan perjudiciales, ya que el aumento de la inseguridad obstaculiza el desarrollo sostenible de los países de esta región
y ha afectado a la gobernanza democrática, siendo lamala gobernanza una de las principales causas de la violencia y la injusticia ambiental y social. Además, como la
violencia tiende a afectar de manera desproporcionada apoblaciones que ya se encuentran en desventaja, puede
perpetuar y amplificar distintos tipos de desigualdades.

Aunque se pueden apreciar importantes diferencias regionales, las respuestas estatales a la violencia criminal,
incluidos los delitos contra el ambiente, han sido predominantemente militarizadas. Los gobiernos latinoamericanos han gravitado hacia enfoques populistas punitivosde “mano dura”, que combinan la aplicación coercitiva
de la ley, el despliegue de fuerzas militares en la vigilancia nacional, las detenciones masivas y los castigos cadavez más severos, a menudo con fines electorales.15 La incapacidad o incluso la falta de voluntad de las institucio-

En respuesta a los acuciantes problemas de degradación
ambiental y a la alarmante violencia, a menudo dirigida
contra los defensores del ambiente, en 2021 en América

nes civiles para hacer frente a numerosos desafíos sociales, económicos y de seguridad exacerba la dependencia
que tiene la seguridad nacional de los militares; lo cual

Latina se logró un hito importante con la ratificación delAcuerdo de Escazú (Acuerdo regional sobre el acceso ala información, la participación pública y el acceso a lajusticia en asuntos ambientales en América Latina y el
Caribe). Este tratado internacional jurídicamente vinculante ha obtenido el apoyo de veinticuatro de los treinta
y tres países de la región y ha sido ratificado por quince.
El objetivo del Acuerdo de Escazú es salvaguardar losderechos de las generaciones presentes y futuras, garantizando su acceso a un medio ambiente sano y facilitando el desarrollo sostenible. El Acuerdo pretende lograrlo
por medio de tres objetivos principales: 1) garantizar elderecho de acceso a la información ambiental; 2) la participación pública en la toma de decisiones y el acceso
a la justicia relacionada con asuntos ambientales; y 3) lacreación y el desarrollo de capacidades.19 Es importantedestacar que el Acuerdo de Escazú es un reconocimientode que los desafíos a los que se enfrenta la región dejustifica su uso como medida provisional para respaldara las ineficaces instituciones civiles.16
Aunque estos intentos de frenar la delincuencia organizada en los países de América Latina y el Caribe han tenido, en ocasiones, efectos positivos, su impacto tiende
a disiparse rápidamente.17 La delincuencia organizada
ha evolucionado a tal punto que ha llegado a crear redes
de influencia en las autoridades y comunidades locales,
recurriendo a la intimidación violenta y a la financiaciónde campañas electorales para hacerse con el poder. Esto
ha dado lugar a una mayor probabilidad de que las autoridades se hagan los de la vista gorda o actúen en connivencia con actividades delictivas. El uso de las fuerzas

América Latina y el Caribe se extienden más allá de lasfronteras nacionales, lo que hace patente la necesidad
urgente de coordinar los esfuerzos regionales y globales
para hacer frente a estos desafíos polifacéticos.

tes del Informe regional sobre desarrollo humano del PNUD
América Latina y el Caribe.
14 McNeish, J. A. 2018. Resource extraction and conflict in Latin
America. Colombia Internacional, 93, págs. 3-16.
15 https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/
latin-america-wrestles-new-crime-wave; https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/militarization-of-law-enforcement-evidence-from-latin-america/03EE3B407BA25D8D2762A7ED3871060E

18 https://www.amnesty.org/en/location/americas/reportamericas/; https://www.wola.org/analysis/anti-democratictrends-human-rights-abuses-covid-19-latin-america/

16 https://www.americasquarterly.org/article/por-que-ya-noson-los-70-para-las-fuerzas-armadas-en-america-latina/

19 Cepal. s. f. “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. Disponible enhttps://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

17 https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/latin-america-wrestles-new-crime-wave

7

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

2EL GRUPO DE TRABAJO REGIONAL LATINOAMERICANO
Con este telón de fondo, la FES y el SIPRI convocaron
un Grupo de Trabajo Regional de investigadores, ONG
y defensores de los derechos para debatir sobre estos
complejos desafíos. El informe pretende generar una voz
regional unificada para alertar sobre las formas en queestas dinámicas de violencia profundizan las injusticias
ambientales y climáticas. Está estructurado en torno acuatro temas que se presentaron como las preocupaciones más importantes durante los debates que se dieron
en el Grupo de Trabajo: la gobernanza; el extractivismo
y los cambios en los usos del suelo; la justicia ambiental
y climática, y la protección de la naturaleza y los territorios. Cada tema lleva un mensaje clave dirigido a un
público objetivo específico, junto con recomendaciones
generales sobre cómo abordar las cuestiones de interés.

se ha asociado principalmente con la acumulación depoder, con el Estado como punto central de referencia.
En relación con esto, el Grupo de Trabajo destacó cómo,en América Latina, el cambio climático y las cuestiones
ambientales se incorporan al discurso de seguridad como
precursores de la declaración de estados de emergencia.
Este enfoque perpetúa una cultura de secretismo y dificulta la rendición de cuentas, ampliando las consecuencias adversas de este paradigma de seguridad.
Además, el Grupo de Trabajo Regional ha observado
que estos conceptos convencionales de seguridad, entre
ellos los relacionados con el clima y el ambiente, tienden
a emanar de un punto de vista eurocéntrico u occidentalizado. Estos enfoques suelen pasar por alto las sutilezas
y exclusiones que generan en el contexto latinoamericano, y que afectan desproporcionadamente a los grupos marginados que defienden los derechos humanos yambientales, que a menudo son percibidos como desafíos que hay que superar. En contraste con el paradigma
tradicional de seguridad centrado en el Estado, el Grupode Trabajo aboga por un vuelco hacia la priorización dela justicia climática y ambiental. Su argumento gira en
torno a la idea de que esta perspectiva ofrece una com-

Los temas debatidos están estrechamente relacionados
con las perspectivas de los miembros del Grupo de Trabajo en materia de seguridad. Comprender la seguridad
en su totalidad requiere una evaluación exhaustiva deltrasfondo político y de las repercusiones de la seguridad
para las diversas comunidades, especialmente en lo que
respecta a las dinámicas de poder, los beneficiarios y el
impacto perjudicial de las medidas de seguridad. Por lotanto, es imperativo tener en cuenta como factores determinantes cruciales las experiencias vividas y la administración de medidas de seguridad tangibles tanto porparte de los individuos como de los grupos.

prensión más integral e interconectada de la intrincada
relación entre naturaleza y cultura, haciendo hincapié
en el imperativo que supone la coexistencia armoniosa
entre todas las formas de vida. Este enfoque reconoce
la intrincada relación entre el bienestar humano, la salud ecológica y la inclusión social, mientras señala que
el modelo de desarrollo económico dominante en la región (el cual se abordará más adelante) es una causa
fundamental de la injusticia ambiental. Hace énfasis enla agencia colectiva y comunitaria de los individuos y se
opone firmemente a la mercantilización de la vida y delmedio ambiente.

Para el Grupo de Trabajo Regional sobre cambio climático, ambiente, paz y seguridad, en lo sucesivo denominado Grupo de Trabajo Regional, la noción de seguridad
tiene un matiz predominantemente negativo. Esta perspectiva ha sido moldeada en gran medida por una doctrina de seguridad militar que históricamente ha hecho
hincapié en los enfoques centrados en el Estado dentro
de la región. De acuerdo con esta doctrina, la seguridad
8

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

Las profundas injusticias climáticas y ambientales que seviven en América Latina exigen una mirada crítica sobre
los paradigmas del desarrollo económico. Actualmente,para lograr el crecimiento económico y el desarrollo numerosos gobiernos de la región adhieren a un modelo
de desarrollo extractivista, fuertemente dependiente dela explotación de recursos no renovables. Aunque nohubo consenso sobre lo que debería sustituir a este modelo, el Grupo de Trabajo destacó los principios rectoresfundamentales para un nuevo enfoque sobre el desarrollo económico.

gestión de los recursos se haga en colaboración con las
comunidades y respete su modo de vida.
Aunque dentro del Grupo hubo diversas opiniones respecto al papel del sector privado y el comercio internacional, prevaleció el acuerdo unánime sobre la necesidad
de cuestionar la insostenible acumulación de riqueza.
Esto supone exigir que las empresas, los gobiernos y losmercados asuman sus responsabilidades y transformar
fundamentalmente, en lo que respecta al mundo natural, la relación entre las corporaciones y los gobiernos.
En consonancia con esto, el modelo debería conferirle
poder a los países del Sur Global para que refuercen su
capacidad para tomar decisiones durante sus procesosde transición.

En medio de todo esto, es imperativo proteger las necesidades y los derechos de las comunidades más perjudicadas por los modelos actuales, en particular las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Los
modelos de desarrollo deben tener en cuenta las limitaciones de nuestro entorno natural y valorar los conocimientos tradicionales, reconociendo al mismo tiempo ladiversidad de estilos de vida. Por lo tanto, es primordialreconocer y adoptar conceptos como la autonomía territorial y la autodeterminación de los pueblos. Estos deben aplicarse democráticamente para garantizar que la

Al incorporar estos principios se fomentará un modelo de desarrollo más incluyente, equitativo y sostenible,
que dé prioridad al cuidado del planeta y a la administración de los recursos, ofrezca oportunidades para elbienestar de los seres humanos, respete la riqueza de ladiversidad cultural y salvaguarde el ambiente tanto paralas generaciones actuales como para las futuras.

9

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

3
GOBERNANZA
lo que conduce a la exclusión de los grupos marginados.
La inversión pública es baja, cerca del 1,6% del PIB en
2017, cerca de la mitad de la inversión media en los países de la OCDE, con lo cual se perpetúan las disparidades
en el acceso y la calidad de los servicios públicos y se
profundizan las desigualdades.23

DEFINICIÓN DE GOBERNANZA“La gobernanza se refiere a una serie de (inter)acciones entre actores estatales y no estatales para
formular e implementar políticas y reformas sociales, económicas e institucionales relacionadas con el
acceso o el ejercicio del poder, con el objetivo deEstas desigualdades refuerzan la creación de políticas en
favor de los intereses personales antes que del bien público.24 Muchos líderes y partidos políticos de la región
explotan la administración pública para crear redes clientelares con fines electorales, una práctica que erosiona
la confianza pública y socava la eficacia de la gobernanza. Combinados con los altos niveles de corrupción, estos factores han avivado los sentimientos de malestar
y frustración de los ciudadanos.25 En consecuencia, laconfianza en el gobierno, piedra angular de la cohesión
social y de la eficacia de las reformas, ha experimentado
un declive. La responsabilidad social, impulsada por latransparencia y el acceso a la información, es vital pararecuperar la confianza.

mejorar la gobernabilidad de los sistemas políticos
democráticos.”20

La justicia medioambiental requiere un contexto democrático sólido y garantías de los derechos humanos y losambientales basadas en instituciones fuertes, transparentes y participativas. Sin embargo, a la hora de garantizar estos derechos los países de América Latina y el
Caribe enfrentan importantes desafíos. La región es latercera más democrática del mundo, con 78% de sus
veintitrés países en democracia. Sin embargo, una preocupación creciente es la erosión democrática, que incluye los atentados contra las libertades, las autoridades
electorales y los controles constitucionales del ejerciciodel poder.21

La persistencia de los altos niveles de violencia disminuye aún más la confianza tanto en el gobierno como enel Estado. La violencia contra los activistas de derechos
humanos y la violencia ejercida por agentes del Estado
han sido identificadas como algunas de las formas deAdemás, la región es la segunda más desigual del mundo.22 La desigualdad abarca disparidades multidimensionales, entre ellas de ingresos, género, etnia y geografía,

20 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
e Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA). 2022. Gobernanza, democracia y desarrolloen América Latina y el Caribe. Mayo.

23 OCDE. 2020. Panorama de las administraciones públicas:
América Latina y el Caribe 2020. Publicaciones de la OCDE,
París, https://doi.org/10.1787/1256b68d-es

21 PNUD e IDEA. 2022. Gobernanza, democracia y desarrollo en
América Latina y el Caribe. Mayo.

24 OCDE. 2020. Panorama de las administraciones públicas:
América Latina y el Caribe 2020. Publicaciones de la OCDE,
París, https://doi.org/10.1787/1256b68d-es

22 PNUD. 2021. Informe regional de desarrollo humano, 2021.
Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América
Latina y el Caribe.

25 PNUD e IDEA. Gobernanza, democracia y desarrollo en América
Latina y el Caribe. Mayo.

10

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

violencia especialmente perjudiciales para la gobernabilidad, es decir, la calidad de la gobernanza, y son motivo
de gran preocupación en América Latina y el Caribe.26
La falta de una rendición de cuentas en la persecuciónde estos delitos violentos intensifica la desconfianza y elenfado de la población hacia las instituciones estatales,
especialmente cuando se producen violaciones flagrantes del derecho a la vida y a la seguridad personal.

de materias primas, el desprecio o la deslegitimación delas estructuras locales de gobierno y el menoscabo de laautonomía y la autodeterminación de las comunidades
indígenas por parte de intereses corporativos que priorizan sus ganancias sobre el bienestar de las comunidades
locales y las poblaciones indígenas.
Además, el uso predominante de la fuerza estatal para
reprimir los conflictos socioambientales hace que, a menudo, las inquietudes ambientales sean eclipsadas porla retórica del orden público, la seguridad nacional y elsecretismo. En consecuencia, los gobiernos de la región
se vuelven incapaces de cumplir sus funciones más esenciales, como defender el Estado de derecho, salvaguardar los derechos de las personas, prevenir la violencia ypreservar el medio ambiente. Las consecuencias de largoalcance de estos desafíos abarcan la ausencia de servicios públicos adecuados en los territorios indígenas, la
explotación legal e ilegal de los recursos naturales, la deforestación desenfrenada, la proliferación de economías
ilícitas, la incapacidad de llevar a cabo investigaciones
exhaustivas contra las redes ilegales y quienes las financian y la violencia focalizada contra los defensores delmedio ambiente.

El crimen organizado prevalece en toda la región, y algunos sectores son testigos de cómo las organizaciones
criminales suplantan por completo la presencia y las funciones del Estado.27 Estos grupos ofrecen un apoyo social limitado a la población y afirman protegerla de otras
bandas criminales, todo ello a cambio de diversos pagos
extorsivos a modo de impuestos, una situación que representa una desintegración profunda de la gobernanza
en estos sectores. Además, el crimen organizado supone
una amenaza importante para las instituciones que defienden el Estado de derecho, ya que tiende a infiltrarse en los partidos políticos, las burocracias, los órganos
democráticos encargados de la toma de decisiones y losorganismos encargados de hacer cumplir la ley. Esto, asu vez, perpetúa una cultura de impunidad.

A estos asuntos se le suma la ausencia de una coordinación en las políticas regionales para abordar colectivamente estos problemas comunes, problemas que comparten la gran mayoría de países de América Latina.

3.1 VOZ REGIONAL
Las dinámicas mencionadas fueron las inquietudes predominantes en el Grupo de Trabajo Regional, que enfatizó en cómo la ausencia de una gobernanza eficaz enla región perpetúa un modelo de desarrollo extractivistaque, a su vez, exacerba la crisis de gobernanza. El Grupo
expresó su preocupación por varios factores relacionados con la gobernanza que contribuyen a la promoción
de este modelo de desarrollo extractivista a expensas delas poblaciones locales. Entre estos se incluyen el acaparamiento de las instituciones estatales por parte de intereses de las élites, la capacidad limitada del Estado más
allá de sus funciones militares y de seguridad, las economías excesivamente dependientes de la exportación

3.2 EL MENSAJE CLAVE
El liderazgo democrático debe fortalecerse para que logre incorporar una visión clara e integral de la justicia
ambiental. Este fortalecimiento debe abarcar por igual a
los agentes estatales, la sociedad civil y los movimientos
sociales, pues esto permitiría el desarrollo de unas sólidas
capacidades de gobernanza de múltiples partes interesadas y aumentaría su potencial para influir en la prevención de la violencia y la protección del medio ambiente.

3.3 PÚBLICO OBJETIVO

26 PNUD e IDEA. 2022. Gobernanza, democracia y desarrollo en
América Latina y el Caribe. Mayo.

Por ello, el Grupo de Trabajo identificó varios organismos y organizaciones para esto, entre ellos la Organi-

27 PNUD e IDEA. 2022. Gobernanza, democracia y desarrollo en
América Latina y el Caribe. Mayo.

11

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

zación Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la Asociación de Organismos Electorales deAmérica del Sur y las ONG o entidades internacionales
de financiación que capacitan a líderes comunitarios ysindicatos.

promover activamente la desmilitarización de losdistintos modos de abordar los conflictos socioambientales. También deben priorizar la eliminación delos asuntos ambientales del ámbito de la seguridad
nacional y el secretismo.
4. En las regiones, los gobiernos nacionales deben establecer directrices claras sobre las funciones y responsabilidades de las fuerzas armadas para garantizar
la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

3.4. RECOMENDACIONESPara alcanzar esa visión enunciada en el mensaje clave,se recomiendan las siguientes acciones, destinadas a un
público regional y nacional. Es importante señalar queestas recomendaciones ofrecen una orientación general
y no se pretende su adaptación específica a cada público
identificado.

5. Cuando se considere imprescindible la intervención
de las fuerzas armadas como último recurso, se debegarantizar un control estricto del uso de la fuerza, tomando medidas de rendición de cuentas y de comparecencia ante la justicia para garantizar que lasacciones se ajusten a la ley y a lo que más convenga
a la población.

1. Fortalecer el liderazgo en los territorios indígenas, lascomunidades afrodescendientes y entre las comunidades campesinas mediante el aumento del acceso
a la financiación, la creación de plataformas de coordinación nacionales y regionales y el establecimientoy la aplicación de mecanismos de protección eficacesque garanticen la vida y la seguridad de los defensores del medio ambiente.

6. Los Estados latinoamericanos deben implementar
los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, incorporándolos o creando Planes deacción nacionales sobre las empresas y los derechos
humanos. Esto debe hacerse de manera participativa e incluyente, armonizando al mismo tiempo lalegislación y los procedimientos administrativos parasupervisar y garantizar la aplicación de estos principios y actuar en consecuencia cuando se incumplan.

2. Los Estados deben garantizar y aumentar la inclusiónde los pueblos indígenas en la toma de decisiones
sobre asuntos que afecten a sus territorios y respetar
los derechos de propiedad colectiva y la libre determinación de los pueblos en sus territorios.

7. Establecer un grupo de trabajo nacional sobre empresas y derechos humanos que conste de múltiples
partes, en constante diálogo y cooperación con las
Naciones Unidas.

3. Las organizaciones regionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deben

12JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

4EXTRACTIVISMO Y CAMBIO EN LOS USOS DEL SUELO
Como se dijo, los recursos naturales desempeñan un papel fundamental en las economías de los países de América Latina y el Caribe. Esto ha llevado a los gobiernosde la región, en su búsqueda de crecimiento económico
y desarrollo, a adoptar un modelo de desarrollo extractivista, altamente dependiente de la explotación de recursos no renovables.28 Muchos gobiernos de la región

Además de hidrocarburos, minerales y metales, junto
con el Caribe posee un tercio de los recursos mundiales
de agua dulce y más de una cuarta parte de las tierras
de cultivo de potencial medio a alto del mundo.32 Comoresultado de lo anterior, concentra el 13% de la producción mundial de materias primas agrícolas y pesqueras yel 17% del valor neto de exportación de los productos.33

fomentan la inversión extranjera en el sector extractivo
para potenciar sus planes de desarrollo.29

Entre 2015 y 2017, las exportaciones de recursos primarios, incluida la agricultura, constituyeron el 37% de lasexportaciones totales de la región, superando significativamente la media mundial del 9%.34

La región tiene cuantiosas reservas de metales y minerales que la convierten en un protagonista importantedel panorama mundial de los recursos. Por ejemplo,
alberga aproximadamente el 60% de los yacimientos
mundiales de litio. Brasil es el tercer productor mundialde mineral de hierro, mientras que México y Perú figuran entre los diez mayores productores de oro a escalamundial.30 Además, América Latina posee alrededordel 20% de las reservas mundiales de petróleo y el 4%de las de gas.31

Se espera que la producción de recursos aumente debido a la considerable inversión en proyectos minerosde gran escala y a la adopción de técnicas de extracciónno convencionales, como la perforación en aguas profundas y la exploración de esquisto.35 Además, a medida que el mundo avanza hacia un futuro basado en
tecnologías limpias, unido a la necesidad de reforzar la
seguridad energética en Europa y otras partes del mundo, las materias primas de América Latina serán muy codiciadas por el Norte Global y las economías emergentes

32 Zeigler, M., Truitt Nakata, G. 2014. The next global breadbasket: How Latin America can feed the world: A Call to Action
for Addressing Challenges & Developing Solutions, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C.

28 Arsel, M., Hogenboom, B. y Pellegrini, L. 2016. The extractive imperative in Latin America. The extractive industries andsociety, 3(4), págs. 880-887; McNeish, J. A. 2018. Resource
extraction and conflict in Latin America. Colombia Internacional, 93, págs 3-16.

33 OCDE/FAO. 2022. OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 20222031, Publicaciones de la OCDE, París.

29 OCDE. 2022. Conducta empresarial responsable en el sector
extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE, París.
30 OCDE. 2022. Conducta empresarial responsable en el sector
extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE, París.

34 Cepal. 2018. Ministerios de Minería de las Américas sereúnen en Perú para abordar desafíos y oportunidades delsector minero hacia un desarrollo sostenible, https://www.cepal.org/es/comunicados/ministerios-mineria-americas-se-reunen-peru-abordar-desafios-oportunidades-sector-minero

31 OCDE. 2022. Conducta empresarial responsable en el sector
extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE, París.

35 OCDE. 2022. Conducta empresarial responsable en el sector
extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE, París.

13

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

de Asia.36 Asimismo, se prevé que la producción agrícola
y pesquera aumente 14% en la próxima década y quela intensificación desempeñe un papel fundamental eneste incremento.37

las emisiones de gases de efecto invernadero derivadasde la expansión agrícola y de los cambios en el uso delsuelo en Sudamérica.41 Los megaproyectos extractivos,
como la minería, han afectado significativamente la disponibilidad y calidad del agua.42 Esto, a su vez, afecta elacceso general de la población a los servicios de agua ysaneamiento.43

Aunque el crecimiento económico relacionado con la
extracción de recursos ha contribuido en cierta medidaa reducir los índices generales de pobreza, desigualdady desempleo, también ha traído consigo importantes
repercusiones adversas de carácter ambiental, social ycultural.38 Según la FAO, América Latina y el Caribe concentran el 14% de la degradación mundial del suelo,
que se debe en gran medida a una gestión inadecuada
de los recursos naturales.39 La expansión de las fronteras
extractivas y agrícolas ha sido rápida, lo que ha ejercido
presión sobre ecosistemas cruciales como las cabeceras de cuenca, la selva amazónica, las mesetas de altamontaña, los glaciares y las lagunas altoandinas, entre
otros.40

Las poblaciones afrodescendientes e indígenas suelenverse perjudicadas de forma desproporcionada por las
actividades extractivas: se calcula que el 19% de los territorios indígenas de América Latina se ven afectados
por la minería legal o ilegal.44 Si bien muchos países dela región reconocen los derechos y el uso de la tierrade los pueblos indígenas, la situación es más compleja
para las comunidades afrodescendientes, para quienes
existen distintos grados de reconocimiento de sus derechos colectivos.45 La situación es todavía más difícil paralos agricultores a pequeña escala o de subsistencia, querara vez tienen derechos constitucionales sobre la tierra.
Incluso cuando existen mecanismos de protección, su
implementación sigue siendo un desafío. Con frecuencia, las actividades de extracción invaden tierras colectivas indígenas y afrodescendientes sin el consentimientode las comunidades locales, lo que provoca conflictos
sobre la tenencia de la tierra, los derechos colectivos yla expropiación.

Dos sistemas de producción primaria –la ganadería (paracarne y cuero) y la soja (para grano y aceite)– son losresponsables de la mayor parte de la deforestación y de

36 Cardenas, M. 2023. Here’s how Latin America can help tackle
the global food, energy and climate crisis. Foro Económico
Mundial, enero, https://www.weforum.org/agenda/2023/01/
latin-america-s-unique-opportunity; Nem Singh, J. 2021.
“Mining Our Way out of the Climate Change Conundrum?
The Power of a Social Justice Perspective.” Latin America’s
Environmental Policies in Global Perspective. Washington,
D.C.: The Wilson Center.

41 Vasconcelos, A. 2022. Uncovering the deforestation and climate risks of Chinese and EU soy and beef imports from South America. Washington: Wilson Center.

37 OCDE/FAO. (2022). OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 20222031, Publicaciones de la OCDE, París.
38 PNUD, Informe regional de desarrollo humano, 2021. Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina yel Caribe, 2021; Smart, S. 2020. The political economy of Latin American conflicts over mining extractivism. The Extractive
Industries and Society, 7(2), págs. 767-779; Global Witness.
2018. ¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato
de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en2017. Global Witness.

42 OCDE. 2022. Conducta empresarial responsable en el sector
extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE, París.
43 Asamblea General de las Naciones Unidas. 2019. Derechos
humanos al agua potable y al saneamiento. Nota del Secretario General. https://undocs.org/A/74/197

39 Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe,“Sudamérica consolida su alianza regional por el suelo”,
https://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/279601/

44 OCDE. 2022. Conducta empresarial responsable en el sector
extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE, París; Banco Mundial. 2015. Latinoamérica
indígena en el siglo XXI. Washington, D.C.: Banco Mundial.

40 Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal). 2015. “Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión. Estado de situación en 2014”.

45 OCDE. 2022. Conducta empresarial responsable en el sector
extractivo y minero en América Latina y el Caribe. Publicaciones de la OCDE, París.

14

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

4.1 VOZ REGIONAL

el océano Pacífico con el golfo de México a través deuna serie de parques industriales a lo largo de un tramo
de 200 kilómetros. Los miembros del Grupo explicaron
que la construcción de este proyecto ha desplazado alas comunidades, amenazando así su patrimonio social ycultural y dañando la biodiversidad de la región. A pesarde la resistencia de las comunidades, el proyecto sigue
adelante.

Las implicaciones perjudiciales del extractivismo y delcambio en el uso de la tierra fueron algunas de las preocupaciones más acuciantes planteadas por el Grupo deTrabajo Regional como fuente fundamental de injusticia
ambiental. El Grupo señaló en particular las consecuencias negativas que experimentan las poblaciones indígenas, rurales, afrodescendientes y urbanas como producto del modelo de desarrollo impuesto en la región
latinoamericana para satisfacer el consumo, el estilo devida y la acumulación de riqueza en lo que el Grupo deTrabajo denomina “el Norte Global”. Este modelo dedesarrollo enfatiza el uso desigual de la naturaleza comobien común, impone una carga de responsabilidades
ambientales a las comunidades locales y promueve ladegradación de la biodiversidad y el despojo territorial.
Más específicamente, enfatiza y fomenta la extracciónde hidrocarburos (combustibles fósiles y gas natural, entre otros); los monocultivos agroindustriales que causanla pérdida de la seguridad y soberanía alimentaria; el uso
de agroquímicos que aumentan la carga de enfermedades; la deforestación para la producción ganadera y depalma aceitera; la minería de minerales y metales que
destruye las fuentes de agua dulce y contamina el suelo
con metales tóxicos como el mercurio; la construcciónde megainfraestructuras como las presas hidroeléctricas;
y los esfuerzos de integración como la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana)
y el Sistema de Interconexión Eléctrica de la Integración
Eléctrica para Países de América Central (Siepac).

Como ya se ha señalado, el extractivismo se beneficia
de la corrupción y exacerba las desigualdades socioeconómicas, enfrentando a las élites económicas con lospueblos indígenas, rurales, afrodescendientes y urbanos.
Además, el Grupo expresó su preocupación ante la perspectiva de que la transición energética verde del Norte
Global aumente los desplazamientos y la degradación
socioambiental, ya que el sector privado no aplica criterios de buena gobernanza y pasa por alto las consecuencias de sus operaciones en los territorios, contribuyendoa menudo a la desintegración del tejido social.

4.2 EL MENSAJE CLAVE
El modelo económico actual —opuesto a las prácticas
tradicionales locales— extrae recursos de la tierra sin tener en cuenta las consecuencias. Esta práctica insostenible no solo monopoliza las fuentes de vida y sacrifica
la biodiversidad, sino que despoja territorios y elimina ladiversidad cultural, amenazando en última instancia losmedios de vida de sus pueblos. Es importante comprender y promover métodos de desarrollo alternativos que
reflejen las cosmovisiones de los diversos pueblos y sus
territorios.

Los miembros del Grupo plantearon dos ejemplos ilustrativos de esta dinámica. El primero es el caso de Guapinol, Tocoa, en Honduras. Explicaron que, de acuerdo
con su conocimiento, los miembros de la comunidad deGuapinol no fueron consultados antes de que el gobierno otorgara una concesión minera en el Parque Nacional
Carlos Escaleras. Mientras la comunidad ejercía su derecho a manifestarse, las autoridades estatales y fuerzas
armadas privadas la reprimieron, lo que ocasionó múltiples muertos y heridos. El segundo ejemplo planteado fue el caso del Corredor Interoceánico en México. El
Corredor Interoceánico es un gran megaproyecto quese está ejecutando en Oaxaca. Su objetivo es conectar

4.3 PÚBLICO OBJETIVOEl Grupo de Trabajo identificó varios públicos, entre ellos
las autoridades locales de los territorios donde se realiza
la extracción, los sindicatos, las asociaciones nacionales
e internacionales de periodistas, los sistemas internacionales de justicia como la CIDH, la Unión Europea, la sociedad civil del Norte Global y los principales accionistasde las corporaciones.

15

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

4.4 RECOMENDACIONES

de la Organización de los Estados Americanos para
defender los derechos de las comunidades indígenas
y exigir responsabilidades a estados y empresas.

Para alcanzar la visión articulada en el mensaje clave se
recomiendan las siguientes acciones, dirigidas a un público regional y nacional. Es importante señalar que estas
recomendaciones ofrecen una orientación general y no
se pretende que se adapten a cada público identificado.

4. Abogar para que se permita a los relatores especiales,
como el relator especial de la CIDH sobre derechos
económicos, sociales, culturales y medioambientales, el relator especial de la ONU para los derechos
humanos y el medio ambiente, el relator especial dela ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas,
el relator de la OEA sobre defensores de derechos
humanos y operadores de justicia y el grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos,
participar en la constatación de hechos y la investigación de violaciones.

1. Convocar a la CIDH para que haga una audiencia temática sobre la relación entre el extractivismo y las
violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y urbanas.
2. Motivar a la CIDH a elaborar y actualizar informes,
escenarios y pronósticos regionales para América Latina y el Caribe sobre los impactos del extractivismo
en los derechos humanos y los sustentos de las personas.

5. Dada la importancia del acceso a la información paralos líderes y defensores del medio ambiente, los estados latinoamericanos deben ratificar y aplicar el
Acuerdo de Escazú para que el sector privado y lasempresas estatales asuman sus responsabilidades.

3. Utilizar el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (Convenio 169 de la OIT) y la Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas

16

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA5JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA
La justicia ambiental es un concepto polifacético que
vincula las disparidades ambientales y sociales. Este
concepto se ha aplicado de diversas formas y ha servido como consigna en campañas, tema de investigación
académica, principio rector de políticas y fundamentode movimientos políticos. Comprende tanto un discursopara la elaboración de políticas como un catalizador delrecursos naturales, su geografía y sus altos niveles dedesigualdad y pobreza, América Latina y el Caribe es
una de las regiones más vulnerables al cambio climático,ya que trece de los cincuenta países más afectados delmundo se encuentran allí.49
La búsqueda de la justicia ambiental y climática ha reunido a un conjunto diverso de personas, comunidades
y entidades, como movimientos de base, poblaciones
indígenas, pequeños agricultores, trabajadores sin tierra, ecologistas y científicos.50 Esta amplia coalición reconoce la profunda conexión entre los patrones históricosde desigualdad social, discriminación étnica, conflictos
ambientales y la integración de la región en la economía
mundial.51

cambio social, al tiempo que funciona como herramienta analítica para comprender la distribución desigual delas vulnerabilidades socioambientales derivadas de loscambios ambientales.46
La justicia climática es, por su parte, un aspecto importante de la justicia ambiental. Hace énfasis en el vínculo
entre las emisiones de carbono, el calentamiento global
y la distribución desigual de los daños, entre otros. Conecta las preocupaciones ambientales con la crítica al
capitalismo global, señalando que las cargas que genera
el cambio climático se reparten de manera desigual entre naciones y estratos socioeconómicos. Pone en primer
plano los vínculos entre los modelos de producción, elestilo de vida de las élites acomodadas tanto en el norte
como en el sur, y la distribución de las vulnerabilidades
provocadas por el clima.47 América Latina no es un granPara hacer frente a la injusticia ambiental y climática es
esencial garantizar el suministro de información ambiental de manera rápida y eficiente, permitiendo la participación en la toma de decisiones ambientales y facilitando el acceso a los recursos legales para hacer cumplir lasleyes ambientales y hacer frente a los daños ambientales. Estos derechos interrelacionados están consagrados
en el Principio 10 de la Declaración de Río y desempeñan

emisor mundial de gases de efecto invernadero, pues
contribuye con menos del 7% de las emisiones mundiales.48 Sin embargo, debido a su dependencia de losen asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia
el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (LC/TS.2017/83), Santiago.
49 PNUD. “Clima, paz y seguridad en América Latina y el Caribe”,
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-09/
lac_guidance_note_-_spanish_version.pdf

46 Rasmussen, M. B. y Pinho, P. F. 2016. Debates: Environmental
Justice and Climate Change in Latin America. Lasa Forum, 47(4), pp. 8-38.

50 Rasmussen, M. B. y Pinho, P. F. 2016. Debates: Environmental
Justice and Climate Change in Latin America. Lasa Forum, 47(4), pp. 8-38.

47 Rasmussen, M. B. y Pinho, P. F. 2016. Debates: Environmental
Justice and Climate Change in Latin America. Lasa Forum, 47(4), pp. 8-38.

51 Rasmussen, M. B. y Pinho, P. F. 2016. Debates: Environmental
Justice and Climate Change in Latin America. Lasa Forum, 47(4), pp. 8-38.

48 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
2018. Acceso a la información, la participación y la justicia

17

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

una función crucial a la hora de abordar los problemasambientales que afectan de manera desproporcionada alos grupos marginados. Estos derechos garantizan también que los intereses de estos grupos se tengan debidamente en cuenta, en consonancia con la promesa dela Agenda 2030 de adoptar la diversidad y la inclusión.52
Además, el ejercicio efectivo de los derechos de acceso
a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales es un elemento esencial para la buena
gobernanza de los recursos naturales en la región y puede ayudar a prevenir conflictos.53

narrativa de la transición ecológica debería ir más allá dela mera descarbonización, integrando los impactos locales de los fenómenos meteorológicos extremos, como
tormentas y sequías, y los costos locales de la transición
ecológica para los países y las comunidades locales del
Sur Global. También se señaló que la transición energética puede generar nuevas formas de injusticia al fomentar la extracción de los minerales raros que son necesarios para las nuevas tecnologías.
Para hacer frente a estas injusticias ambientales el Grupo sostuvo que un buen punto de partida sería aplicar
eficazmente los marcos jurídicos de protección de losderechos humanos de acuerdo con las normas internacionales y garantizar su cumplimiento.

5.1 VOZ REGIONALEl acceso desigual a los bienes comunes y sus consecuencias perjudiciales, el impacto desigual del cambio climático y el costo de la transición verde del Norte Global
que soportan las comunidades altamente vulnerables deAmérica Latina, fueron preocupaciones clave expresadas
por el Grupo. Un ejemplo que se planteó fue el aumentode la demanda de nuevas tecnologías como parte dela transición verde, que ha incrementado la demanda
de minerales estratégicos como el litio. En las provincias
argentinas de Chubut, Río Negro, Neuquén, Catamarcay Jujuy, pueblos indígenas, movimientos sociales y sindicatos se han manifestado contra la explotación del litio.
Los miembros del Grupo explicaron que estos manifestantes han sido reprimidos, criminalizados y recibidos
con violencia por sus acciones.

5.2 EL MENSAJE CLAVE
Para alcanzar la verdad, la justicia, la reparación integral y
la garantía contra la repetición de las injusticias ambientales que enfrenta América Latina es crucial que todaslas partes interesadas —incluidas las empresas extranjeras y los gobiernos— reconozcan, cumplan y actualicen
los marcos legales para incorporar nuevos tipos de delitos penales y criterios de regulación y reparación que
puedan ser implementados por los estados latinoamericanos en colaboración con las comunidades y los pueblos de América Latina. Se debe obligar a las empresas
a pasar de medidas voluntarias a medidas obligatorias,
como las que forman parte del Acuerdo de Escazú. El
Acuerdo proporciona un marco que permite supervisarlas y responsabilizarlas legalmente por las consecuencias
de sus operaciones. Debe obligárseles a que apliquen
medidas para reducir su impacto, por ejemplo, que faciliten información sobre sus operaciones y garanticen la
trazabilidad de sus productos y cadenas de suministro.

Por otra parte, el Grupo destacó que es necesario revisar
la retórica centrada en el carbono en torno a la mitigación del cambio climático, que se enfoca en medir eléxito de la justicia climática y ambiental en función dela reducción de las emisiones de carbono. En su lugar, la

5.3 PÚBLICO OBJETIVO

52 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
2018. Acceso a la información, la participación y la justicia en
asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia ellogro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (LC/TS.2017/83), Santiago.

El Grupo de Trabajo identificó muchos públicos, entre
ellos el relator especial de la ONU sobre el derecho aun medio ambiente saludable, el grupo de trabajo dela ONU sobre las empresas y los derechos humanos, la
Cepal, el Comité de Apoyo a la Implementación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú y las instituciones financieras internacionales.

53 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
2018. Acceso a la información, la participación y la justicia en
asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia ellogro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (LC/TS.2017/83), Santiago.

18

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

5.4 RECOMENDACIONES

cuestiones y promover la equidad en la asignaciónde recursos.

Para alcanzar la visión articulada en el mensaje clave se
recomiendan las siguientes acciones, dirigidas a un público regional y nacional. Es importante señalar que estas recomendaciones ofrecen una orientación general yno se pretende su adaptación específica a cada público
identificado.

2. Solicitar la firma, ratificación e implementación delAcuerdo de Escazú por parte de todos los paísesde la región y denunciar las violaciones al Comitéde Apoyo a la Implementación y Cumplimiento delAcuerdo de Escazú.
3. Las organizaciones regionales deben presionar a lospaíses del Norte Global para que amplíen o refuercen
los mecanismos de supervisión, control y sanción delas empresas, como la ley de diligencia debida en lacadena de suministro de la Unión Europea y el Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos.

1. Llevar el debate sobre la financiación de megaproyectos que afectan a los bienes y recursos naturales
y a la justicia ambiental a los consejos y mecanismosde reclamación de las instituciones financieras internacionales que tienen inversiones en América Latina,
como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina
y el Caribe y el Banco Centroamericano de Integra-

4. Agilizar los casos de justicia ambiental y climática enlos ámbitos nacionales e internacionales, ya que genera jurisprudencia y recomendaciones institucionales a nivel estatal.

ción Económica. Esto garantizará la utilización delos foros adecuados para abordar estas importantes

19

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

6
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS TERRITORIOS
América Latina y el Caribe es una región que cuenta con
una rica biodiversidad, albergando aproximadamente el
60% de la vida terrestre del planeta.54 En esta región
se encuentran seis de los países más biodiversos: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Cabe
destacar que la selva amazónica de esta zona es el hábitat más biodiverso del mundo. América del Sur alberga

América Latina depende en gran medida de las áreas
protegidas como principal herramienta para la conservación de la biodiversidad. En 2014, el 28% de América
Central y el 25% de América del Sur estaban cubiertos
por protección terrestre, el porcentaje más alto del mundo. Este porcentaje es significativamente mayor que elde los países de la OCDE, que es solo del 15%57 y supera

más del 40% de la biodiversidad de la Tierra y más deuna cuarta parte de sus bosques. América Latina y el
Caribe contiene también los humedales más extensosdel mundo, vitales para el agua potable, las necesidades
agrícolas y energéticas, el control de las inundaciones, laprevención de la erosión, el transporte de sedimentos yla protección contra las tormentas. Además, desempeñan una función importante en la conservación de las
tradiciones culturales.

también el objetivo internacional del 17% establecido
en el Convenio sobre la diversidad biológica de las Naciones Unidas.

6.1 VOZ REGIONALEl Grupo hizo énfasis en la biodiversidad de la región, incluida la agrobiodiversidad,58 argumentando que la naturaleza y el ambiente, y los pueblos que salvaguardan
estas áreas, deben ser protegidos y cuidados. Dado que
el desarrollo de las crisis climática y ecológica amenaza
el disfrute de los derechos humanos, como el derecho aun medio ambiente saludable, es urgente abordar estas
cuestiones por tres razones: 1) la naturaleza tiene un valor intrínseco que debe ser cuidado; 2) las personas son
ecodependientes y un ambiente saludable les permite
vivir con dignidad; y 3) la biodiversidad permite el desarrollo de la cultura y la soberanía alimentaria.

Como ya se ha señalado, la región enfrenta cada vez
más presiones sobre la biodiversidad, como la degradación de la tierra, el cambio climático, la contaminación yel uso insostenible de los recursos. Entre 1970 y 2018 se
produjo un descenso regional medio del 94% en las poblaciones de fauna silvestre monitorizadas, el mayor detodos los descensos regionales a escala mundial.55 Aunque las tasas de deforestación en América del Sur han
disminuido, siguen siendo de las más altas del mundo.56

Sin embargo, la conservación de la naturaleza no debe
enfocarse simplemente en la creación de parques naturales o zonas protegidas, que en algunos casos restringen el acceso, ya que dicha solución se ha percibido

54 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente(PNUMA). 2016. El Estado de la biodiversidad en América Latina y el Caribe: una evaluación de mediano plazo del progresode la región en el cumplimiento de las Metas de Aichi. Mayo.
55 WWF. 2022. Informe Planeta Vivo 2022. Hacia una sociedad
con la naturaleza en positivo. Almond, R. E. A., Grooten M.,
Juffe Bignoli, D. y Petersen, T. (eds). WWF, Gland, Suiza.

57 OECD. 2018. Biodiversity conservation and sustainable use in
Latin America: Evidence from environmental performance reviews.

56 OECD. 2018. Biodiversity conservation and sustainable use in
Latin America: Evidence from environmental performance reviews.

58 Entendida como diversidad biológica en su intersección con ladiversidad cultural para la alimentación de los pueblos.

20

JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

6.3 PÚBLICO OBJETIVO

como insuficiente y, en algunas ocasiones, injusta. Aunque en determinados lugares las zonas protegidas son elúnico mecanismo con el que cuentan las comunidades
indígenas para defender sus territorios, a menudo a la
población se le impide utilizar o acceder a los servicios delos ecosistemas o a los relacionados con la naturaleza.
Por otra parte, el modelo de desarrollo actual se contradice con el cuidado de la naturaleza, ya que prioriza
las ganancias económicas a corto plazo y los intereses
políticos que promueven la explotación de los recursos
naturales por medio de industrias extractivas, como la
minería, y de una agricultura y ganadería intensivas que
requieren la deforestación y el uso de pesticidas.

El Grupo de Trabajo identificó muchos públicos, entre
ellos las autoridades locales, las ONG y la sociedad civil
dedicadas al medio ambiente y las empresas del sector
privado que ya utilizan prácticas respetuosas con el medio ambiente y producen y venden productos ecológicos.

6.4 RECOMENDACIONESPara alcanzar la visión articulada en el mensaje clave se
recomiendan las siguientes acciones, dirigidas a un público regional y nacional. Es importante señalar que estas recomendaciones ofrecen una orientación general yno se pretende su adaptación específica a cada público
identificado.

En la mayoría de los casos, las minorías marginadas que
se ven desplazadas son las que protegían y cuidaban sus
territorios. Sin embargo, la protección de la naturaleza
no debe recaer únicamente en ellas, ni en los defensoresdel medio ambiente y los derechos humanos. Se trata deun problema social y dejarlo únicamente en manos delos defensores les pone en riesgo. La protección de lanaturaleza y los territorios debe realizarse desde la perspectiva de la buena gobernanza, la justicia ambiental yla soberanía de los pueblos. De lo contrario, se corre elriesgo de exacerbar las desigualdades existentes y crear
otras nuevas.

1. Solicitar una audiencia pública con los organismos
nacionales de conservación y gestión de los recursos naturales para debatir un enfoque más integral
de la protección de la naturaleza en todos sus aspectos. Esto incluiría incorporar los conocimientos
tradicionales locales y tener en cuenta los modelosde producción milenarios, que han mantenido labiodiversidad de forma sostenible. Un enfoque más
holístico de la protección de la naturaleza liberaría alos defensores de la responsabilidad y los riesgos alos que están expuestos.

6.2 EL MENSAJE CLAVE
Para prosperar, el bienestar de las personas y las comunidades, así como la economía, dependen de la naturaleza, y, con el tiempo, destruirla será más costoso queconservarla. Protegerla puede generar mayor bienestar.
A medida que las personas adquieran conciencia ecológica, exigirán un mayor cuidado del medio ambiente.
Las prácticas socioambientales y económicas desiguales
e injustas intensificarán los conflictos sociales y acarrearán costos financieros considerables a mediano y largo
plazo.

2. Crear una legislación más sólida que establezca mecanismos justos de mitigación, reparación e indemnización por daños a la naturaleza. Dicha legislación
debería impedir también que se siga destruyendo lanaturaleza.

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JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

7
CONCLUSIÓN
Los desafíos a los que se enfrentan América Latina yel Caribe son numerosos y graves. La degradación delmedio ambiente en la región, que tiene su origen en elmodelo extractivista y la gobernanza inadecuada, agrava los problemas de desigualdad y violencia. Dada la naturaleza transnacional de estos problemas y su carácter
común entre las naciones, abordarlos eficazmente exige

En relación con estos temas, identificaron una serie demensajes clave dirigidos a distintos públicos. Lo que todos comparten es un llamado a las organizaciones regionales para que evalúen y controlen la magnitud delas infracciones y sancionen a los infractores. También
piden que se apliquen los marcos jurídicos existentes,
como el Acuerdo de Escazú, destinados a la protección

un enfoque regional concertado y colaborativo.

del medio ambiente.

En representación de una voz regional, los investigadores, las ONG y los defensores de los derechos destacaron
que la gobernanza deficiente es una preocupación predominante y que el modelo de gobernanza da prioridad
al desarrollo extractivo a expensas de las poblaciones
locales. El Grupo señaló también que este modelo dedesarrollo extractivo promueve la extracción de recursos
naturales y el cambio de uso del suelo, lo que supone
una carga para las comunidades locales, fomenta la degradación de la biodiversidad y las despoja de sus territorios. Además, los miembros del Grupo afirmaron que
este modelo fomenta las injusticias ambientales y climáticas, y subrayaron que la transición verde está dirigida
al Norte Global y se producirá a expensas del Sur Global.

Dado que los miembros del Grupo consideran que elmodelo de desarrollo actual es problemático para elpresente y para el futuro, articularon una visión para un
modelo de desarrollo alternativo. Esta alternativa requeriría un cambio en la relación de los seres humanos con
el medio ambiente y un alejamiento de las economías
extractivas. Reconocería y permitiría otras formas de vida
y conocimiento, corregiría las desigualdades existentes yfuncionaría dentro de los límites de la naturaleza. También exigiría responsabilidades a las partes —como losgobiernos y el sector privado extractivo— responsables
de degradar el medio ambiente y perpetrar injusticias.
De este modo, la justicia sería posible.

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JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINAACERCA DE LOS DIÁLOGOS REGIONALES FES – SIPRI
Este informe representa la tercera edición de una serie de diálogos regionales sobre seguridad climática. Estos
diálogos han sido organizados por el SIPRI en colaboración con las oficinas regionales de la Friedrich-Ebert-Stiftung con el fin de explorar formas de incorporar más eficazmente los riesgos relacionados con el cambio
climático en los procesos de paz y seguridad dentro de las regiones propensas a conflictos y establecer una
perspectiva y una voz regional unificada sobre los desafíos en cuestión.
Cada Grupo de Trabajo Regional lleva a cabo hasta tres diálogos, que facilitan los intercambios entre sus
miembros, así como entre diversas partes interesadas y expertos, incluidos los políticos encargados de la tomade decisiones. El objetivo general es fomentar nuevas perspectivas sobre las oportunidades de actuación regionales, continentales, globales y colectivas para abordar y mitigar de forma integral los riesgos de seguridad
relacionados con el clima.
Adicionalmente, una serie de breves entrevistas en vídeo complementa este esfuerzo, lo que permite hacerse a
una idea de la diversidad de puntos de vista y sirve como introducción a las complejidades de cada región. Paraconsultar los informes anteriores y las series de vídeos de los grupos de trabajo del Cuerno de África (https://library.fes.de/pdf-files/iez/16301.pdf) y África Occidental (https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-03/
fes-reportclimate-a4-03.pdf), consulte los enlaces proporcionados.

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ACERCA DE LAS AUTORASPIE DE IMPRENTA

Caroline Delgado. Directora del Programa de Alimentos, Seguridad y Paz del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Calle 71 nº 11-90 | Bogotá-Colombia

Farah Hegazi. Investigadora del Programa de Riesgos y
Cambio Climático, SIPRI.

Responsable

Anniek Barnhoorn. Asistente de investigación del Programa de Riesgos y Cambio Climático, SIPRI.

Oliver Dalichau
Representante de la FES Colombia
Catalina Niño
Coordinadora de proyectos
catalina.nino@fes.de

Bogotá, febrero de 2024

SOBRE ESTE PROYECTO
Este documento es un producto del proyecto de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Red Latinoamericana de Se
guridad Incluyente y Sostenible, formada por expertos
y expertas internacionales provenientes de los ámbitosde la política, la academia, la diplomacia, el sector deseguridad y las organizaciones de sociedad civil. La Red

El uso comercial de los materiales editados y publicados por
la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) está prohibido sin autorización
previa escrita de la FES.

se creó como un espacio permanente de discusión sobre
los desafíos a la paz y la seguridad que enfrenta América
Latina y sus impactos sobre la democracia en la región.
Para más información, consulte
https://colombia.fes.de/fes-seguridad

José Antonio Ocampo / Juan David Torres — CAMBIO ESTRUCTURAL Y DINÁMICA MACROECONÓMICA: LOS RETOS COLOMBIANOSJUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA, Y LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA
Perspectivas de un Grupo de Trabajo Regional sobre cambio climático, ambiente, paz y seguridad en América Latina



MENSAJE CLAVE 1

MENSAJE CLAVE 3

El liderazgo democrático debe fortalecerse para que logre incorpo-

Para alcanzar la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía

rar una visión clara e integral de la justicia ambiental. Este fortaleci-contra la repetición de las injusticias ambientales que enfrenta Amé-

miento debe abarcar por igual a los agentes estatales, la sociedad

rica Latina es crucial que todas las partes interesadas —incluidas

civil y los movimientos sociales, pues esto permitiría el desarrollolas empresas extranjeras y los gobiernos— reconozcan, cumplan yde unas sólidas capacidades de gobernanza de múltiples partes

actualicen los marcos legales para incorporar nuevos tipos de delitos

interesadas y aumentaría su potencial para influir en la prevención

penales y criterios de regulación y reparación que puedan ser im-

de la violencia y la protección del medio ambiente.

plementados por los estados latinoamericanos en colaboración conlas comunidades y los pueblos de América Latina. Se debe obligara las empresas a pasar de medidas voluntarias a medidas obligatorias, como las que forman parte del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo

MENSAJE CLAVE 2

proporciona un marco que permite supervisarlas y responsabilizarlas

El modelo económico actual —opuesto a las prácticas tradicio-

legalmente por las consecuencias de sus operaciones. Debe obligár-

nales locales— extrae recursos de la tierra sin tener en cuenta lasseles a que apliquen medidas para reducir su impacto, por ejemplo,

consecuencias. Esta práctica insostenible no solo monopoliza lasque faciliten información sobre sus operaciones y garanticen la tra-fuentes de vida y sacrifica la biodiversidad, sino que despoja terri-zabilidad de sus productos y cadenas de suministro.

torios y elimina la diversidad cultural, amenazando en última ins-

tancia los medios de vida de sus pueblos. Es importante comprender y promover métodos de desarrollo alternativos que reflejen las

MENSAJE CLAVE 4

cosmovisiones de los diversos pueblos y sus territorios.

Para prosperar, el bienestar de las personas y las comunidades,
así como la economía, dependen de la naturaleza, y, con el tiempo, destruirla será más costoso que conservarla. Protegerla puede generar mayor bienestar. A medida que las personas adquieran conciencia ecológica, exigirán un mayor cuidado del medio
ambiente. Las prácticas socioambientales y económicas desiguales e injustas intensificarán los conflictos sociales y acarrearán
costos financieros considerables a mediano y largo plazo.

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