PRÁCTICA DE LA DESJUDICIALIZACIÓN PENAL JUVENIL ENCOSTA RICA †Prof. Dr. Carlos Tiffer *ABSTRACT
La ponencia tiene como objetivo constatar una buena práctica, las formas dedesjudicialización o la adopción de medidas alternativas a la actuación judicial en la justicia
penal juvenil costarricense. Buena práctica inspirada en las reglas y normas del sistema deNaciones Unidas sobre prevención del delito y justicia juvenil. Se inicia explicando ladesjudicialización y diversificación de la reacción penal juvenil como indicadores de una
moderna y adecuada política criminal del Estado Democrático. Se exponen los fundamentos dela desjudicialización inspirados en la Convención de los Derechos del Niño, la Opinión
Consultiva OC 17 del 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Reglas deNaciones Unidas sobre Justicia Juvenil. Se presentan los fines de la desjudicialización como lareinserción social y evitar las reincidencias delictivas. Para continuar exponiendo las formas
legislativas de medidas alternas a la judicialización formal previstas en Costa Rica,
exponiéndolas en dos niveles. Un primer nivel que cubre la remisión, el criterio de oportunidad,
la desestimación y el archivo fiscal; y un segundo nivel centrado en la conciliación, la suspensióndel proceso a prueba y la reparación de los daños. Para concluir con la presentación de la prácticadel uso de estas medidas alternas exponiendo datos estadísticos desde el año 2000 hasta el año
2012. Por último se presentan los comentarios finales.
I. LAS FORMAS DE DESJUDICIALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA
REACCIÓN PENAL JUVENIL COMO INDICADORES DE POLÍTICA CRIMINAL
Una de las características del modelo de justicia precisamente es limitar la intervención de lajusticia penal, lo cual se logra a través de la desjudicialización. Ya que la desjudicialización, noslleva a la vigencia de dos principios; la intervención mínima y la subsidiariedad. Si bien debe deentenderse la Justicia Juvenil dentro del marco de la prevención especial positiva, esta política
criminal para estar acorde con los principios del Derecho Penal moderno 1 deben fundamentarseen la idea de la intervención mínima o sea limitar al máximo la intervención del Estado por
medio de la ley penal, de ahí que la política criminal de un Estado con respecto a jóvenes
infractores debería tener pretensiones modestas. Es decir, promover la diversificación de lasreacciones penales, esto identifica a la política criminal de un Estado moderno. Esta
† Artículo basado en la ponencia del autor en el Workshop 1, Panel II, UN Crime Congress, Doha, Qatar, 13 de abril

de 2015.

* ILANUD, Costa Rica.

1 Aunque desde la época de la Escuela de la Defensa Social se abogaba por las estrategias de desestigmatización,

desinstitucionalización y su rechazo al modelo de tratamiento como consecuencia político criminal. Ver Kaiser(Günther). Introducción a la criminología, 7º Edición, Madrid, Editorial Dykinson, 1988, p. 26.

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diversificación nos lleva a la justicia restaurativa, porque estamos proponiendo un modelo dejusticia restaurativa, precisamente como una alternativa a la justicia tradicional, y para que exista
esta alternativa, debe existir la posibilidad de diversificar la reacción penal.
Las razones jurídicas y sociales que se exponen en pro de la desjudicialización son dos
básicamente: Primero, que la desjudicialización es una forma de practicar los principios dehumanidad, de proporcionalidad, de igualdad y de eficiencia que debe buscar el sistema penal.
Segundo, que se debe considerar que todos los sistemas de represión y corrección por medio una
política criminal fuerte y severa resultan insatisfactorios 2 . Esto es precisamente elcuestionamiento que hace la justicia restaurativa, de los modelos de justicia que se centran en
una finalidad puramente retributiva. Máxime tratándose de jóvenes y adolescentes para quienes
la penalización de los conflictos en la mayoría de los casos en vez de ser una solución a losproblemas, por el contrario los aumenta. Esto debido a que los adolescentes se encuentran en una
etapa de formación de su personalidad y la conducta delictiva muchas veces es solo una
manifestación de un período de crisis de juventud y desarmonía con la madurez. La justicia
restaurativa precisamente, busca el equilibro social y la vigencia de este tipo de justicia, ha
adquirido mayor vigencia, en el ámbito de la justicia penal juvenil, no solo por los fines deprevención especial positiva que antes mencionamos, sino por la condición especial de lossujetos destinatarios de estas leyes.
La desjudicialización favorece a todos. Al adolescente por cuanto por este medio se reducen
las posibilidades de estigmatización e institucionalización que significa someterse a un proceso
penal. A la comunidad, ya que por este medio se promueve la participación de los sectoressociales que pueden convertir realmente en efectivo la idea de la resocialización y de lareeducación de los adolescentes, y hacer efectivo los fines de la prevención especial. Tambiénfavorece a la víctima, ya que de una manera más real se puede lograr una forma de reparación delos daños o recuperación de los derechos del ofendido por el delito, es una posibilidad deenfrentar al autor y la víctima que puede tener un gran potencial educativo para el adolescente.
Aquí precisamente, convergen los tres actores principales del modelo de justicia restaurativa queantes mencionamos: el autor, la víctima y la comunidad. Los cuales, deben de buscar formas deacuerdos o conciliaciones, dentro de la justicia ordinaria, que les permita solucionar el conflictoque se encuentra a la base de todo delito.
Por último, la desjudicialización favorece también la reducción de los costos de laadministración de la justicia que siempre serán insuficientes y deficientes para la prestación deun servicio público eficiente y de calidad, porque generalmente los sistemas de administración dejusticia, tienden por razón de los costos a reducir y hasta eliminar los derechos y las garantías
procesales de los jóvenes y adolescentes. Uno de los objetivos de los programas de justicia
restaurativa no es sólo la reconciliación entre el autor y la víctima, sino que también, es reducir
la intervención formal del sistema penal, lo que conlleva evidentemente a la reducción de sus
costos. De ahí que, para la vigencia de la Justicia Restaurativa, se requiera una política criminal
acorde con los fines de esta justicia. En donde se encuentren presentes las formas dedesjudicialización y de diversificación de la reacción penal.

2 Ibid, p. 52.

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II. FUNDAMENTOS DE LA DESJUDICIALIZACIÓN
La idea de la desjudicialización no solamente está vinculada con la justicia restaurativa, sinoque tiene un rango supranacional. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 40.3.b
establece:“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover elestablecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas paralos niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales… siempre que sea
apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir aprocedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente losderechos humanos y las garantías legales.”También este principio establecido en la Convención de Derechos del Niño, ha sido
reconocido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En laopinión consultiva OC-17 del 2002, estableció:“Son plenamente admisibles, los medios alternativos de solución de controversias,que permitan la adopción de decisiones equitativas, siempre que se apliquen, sinmenoscabo de los derechos de las personas. Por ello, es precioso que se regule con
especial cuidado la aplicación de estos medios alternativos, en los casos en que sehallan en juego los intereses de los menores de edad”. Párrafo 135.
Estas disposiciones son fruto de una corriente doctrinal, que aboga por la desjudicialización
en la resolución de conflictos, principalmente de índole penal, y se busca la aplicación efectiva
en el derecho penal juvenil, con una orientación restaurativa y menos retributiva. Así, la“filosofía subyacente a la labor de promover alternativas consiste en reducir en la mayor medidaposible el número de niños y adolescentes privados de libertad, y no en ampliar el número deindividuos sujetos a diversas normas de control penal” 3. Es claro que en una gran mayoría decasos la no intervención judicial es la mejor respuesta para jóvenes que se encuentran enconflicto con la ley penal. La desjudicialización es la búsqueda de soluciones por otros medios,diferentes a la tradicional forma de intervención jurídico-penal. Precisamente es aquí en donde
los principios de la justicia restaurativa, como una justicia alternativa, adquieren plena vigencia.
Si no es posible todavía eliminar del todo la intervención penal, sobre todo tomando en
cuenta las condiciones económicas, sociales y políticas de los países de Centroamérica, al menos
debemos reducir o minimizar la intervención de los medios de control formal. Para ello se debe
en primer lugar, definir estrategias claras de persecución penal, sobre todo en el caso delMinisterio Público. Aunque también es relevante que las autoridades jurisdiccionales ypenitenciarias, se encuentren orientadas dentro de esta filosofía de justicia restaurativa. La nointervención o minimización de los operadores del sistema nos lleva a plantearnos un modelo deJusticia en donde lo protagónico sea la comunidad, la escuela, la familia, las asociaciones, etc.
Este modelo de justicia en una fase de elaboración se refleja claramente no sólo en el artículo

3 Carranza (Elías). “Criminalidad ¿Prevención o promoción?” San José, EUNED, 1994, p. 107.

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mencionado de la Convención de los Derechos del Niño sino en las Reglas Mínimas de lasNaciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 4:Art. 1.3. Con el objeto de promover el bienestar del menor, a fin de reducir lanecesidad de intervenir, con arreglo a la ley y de someter a tratamiento efectivo,
humano y equitativo al menor que tenga problemas con la ley, se concederá la debida
importancia a la adopción de medidas concretas que permitan movilizar plenamente
todos los recursos disponibles, con inclusión de la familia, los voluntarios y otros
grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras instituciones de lacomunidad.
Las orientaciones consagradas en el artículo 1º de las Reglas de Beijing se refieren a lapolítica social en su conjunto. Tienen por objeto promover el bienestar del joven, en la mayor
medida posible, lo que permitirá reducir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir
el sistema de justicia penal juvenil y a su vez reducirá al mínimo los perjuicios que normalmenteocasiona cualquier tipo de intervención judicial y particularmente la penal. Estas medidas deatención de los jóvenes con fines de prevención del delito constituyen requisitos básicos depolítica pública de juventud.
El destacado aporte de una política social constructiva respecto del joven puede
desempeñarse entre otras cosas en la prevención del delito y la delincuencia juvenil. La justicia
de menores es parte importante de la justicia social (1.4 Beijing) y se requiere perfeccionar lajusticia social, particularmente la destinada a los jóvenes de manera continua para que esté
acorde con la evolución del sistema de justicia juvenil.
En el mismo sentido se pronuncian también las Directrices de las Naciones Unidas para laprevención de la delincuencia juvenil:
Art. 2, Para tener éxito, la prevención de la delincuencia juvenil requiere, por partede toda sociedad, esfuerzos que tiendan a garantizar un desarrollo armónico de losadolescentes, que respete y promueva su personalidad a partir de la primera
infancia. 5
La idea de la desjudicialización nos lleva al tema de la despenalización, es decir, al tema de
reducción de la intervención del Estado en los conflictos penales. Más tratándose de jóvenes yadolescentes en los cuales la penalización de los conflictos en la mayoría de los casos en vez deser una solución a los problemas, por el contrario los aumenta. Esto debido a que losadolescentes se encuentran en una etapa de formación de su personalidad y la conducta delictiva

4 Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, (Reglas de Beijing), Aprobadas porla Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución Nº 40/33, de 29 de noviembre de 1985, por
recomendación del Octavo congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento deldelincuente; artículo 17. b) y c).
5 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad). Aprobadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución Nº 45/112 por recomendación del Octavo
congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. Artículo 2.

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muchas veces es solo una manifestación de un período de crisis de juventud y desarmonía con la
madurez.
Por último, como ya se ha mencionado, también la desjudicialización favorece la reducciónde los costos de la administración de la justicia. Por lo que desde un punto de vista económico,
también es importante apoyar la desjudicialización.
Resumiendo algunos argumentos relevantes para apoyar la idea de la desjudicialización afavor de jóvenes y adolescentes que podemos mencionar, son los siguientes:••••

La socialización se produce en la comunidad, y no por medios formales de control comolo son las instancias judiciales.
La justicia penal es cara, selectiva, estigmatizante e inconveniente para jóvenes que seencuentran en proceso de formación.
La judicialización produce un efecto distorsionado en la comunidad, el pensar que eldelito por este medio se elimina, lo cual sabemos que esto no es cierto.
Un argumento ético, ¿por qué responder al delito en forma drástica y violenta, si es
posible y conveniente utilizar otras formas?

Al contrario del derecho penal de adultos tradicional, el modelo de justicia penal juvenil secaracteriza por la acentuación en resolver el menor número de conflictos en un nivel judicial, deahí que las medidas desjudicializadoras forman parte fundamental de él. La diversificación de laintervención penal obliga a que en determinados casos la posible intervención penal sea referida
a otros órganos de control informal por medio de la remisión y la conciliación entre autor yvíctima o bien, la suspensión del proceso a prueba.
Como hemos expuesto anteriormente, los fundamentos para estrategias de desjudicialización,
encuentran su base en la Convención de los Derechos del Niño y las Directrices de Naciones
Unidas, tanto las Reglas para la Administración de Justicia, como para la Prevención de laDelincuencia Juvenil. También resulta relevante como fundamento, la interpretación que alrespecto ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior resulta
relevante ya que, para implementar una justicia más restaurativa en los países de Centroamérica,
independientemente de las limitaciones y obstáculos que se pueden encontrar, en las leyesinternas de cada país, existe un fundamento internacional que perfectamente puede ser utilizado
por defensores, fiscales y jueces, para poner en vigencia estrategias de desjudicialización.
También resulta necesario dejar establecido en este apartado, que la idea de la justicia
restaurativa como una alternativa para la solución de los conflictos, puede perfectamente
realizarse a través de la desjudicialización. Ya que como posteriormente indicaremos, para queestas formas de desjudicialización tengan vigencia, resulta necesario, no sólo la participación delos tres actores fundamentales, victima, infractor y comunidad, sino sobre todo una actitud deresolver el conflicto generado por el delito, mitigando las consecuencias negativas del proceso yde la eventual sanción. Para lo cual se requiere fomentar una cultura de diálogo y de negociación.
Esto último es necesario si se quiere realmente implementar prácticas restaurativas.

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Precisamente esta última cultura de arreglo y solución pacífica de los conflictos, es lo que
hace falta fomentar en países como los centroamericanos. De ahí que la justicia restaurativa,como una alternativa y sobre todo respetando las garantías judiciales, sea una muy buena opción
para esta cultura de diálogo y negociación. En concreto no sólo de política criminal se requierepara implementar la Justicia Restaurativa, sino también de justicia social y una cultura de paz.
III. FINES DE LA DESJUDICIALIZACIÓN PENAL JUVENIL
La Justicia penal tradicional de los adultos, pese a fines declarados como la rehabilitación ola resocialización, está caracterizada más bien por la retribución. El autor debe pagar por elhecho. O en algunos casos el castigo por el castigo, sin tener realmente programas efectivos para
cumplir con esos fines declarados. Lo que convierte la justicia penal actual, principalmente deadultos, en una justicia centralizada en el castigo, principalmente en la pena de prisión. Dicho deotra forma, una justicia penal fundada en la prevención general.
Al establecer un sistema diferente al tradicional de los adultos, cuando es un joven oadolescente el autor del delito, se debe iniciar con la tarea de levantar el velo que imperaba en lossistemas “punitivos” tutelares y aceptar que pese a sus conductas delictivas los adolescentes que
han delinquido, siguen siendo sujetos de derechos y no meros objetos de castigo. Derechos queno sólo involucran las garantías legales para los jóvenes, sino muy particularmente las garantías
sociales, como el derecho a la educación, familia, vivienda, en fin el derecho al desarrollo de su
personalidad en un ambiente sano. Es a partir de este nuevo paradigma, de entender a losadolescentes como sujetos de derechos integrales que se puede entender también ladesjudicialización como una manifestación de un reducido control jurídico penal sobre lasconductas de los jóvenes, o de un control penal formal solo cuando sea necesario. Sólo si
tenemos este postulado presente podremos responder a “el para qué de la desjudicialización”,
cuyas respuestas representan los fines y metas por alcanzar. Dentro de un enfoque en el que está
estrechamente relacionada la política social y la política criminal del Estado.
Los fines de la desjudicialización, los cuales coinciden completamente con los programas dela justicia restaurativa, pueden presentarse en dos grandes niveles: Los fines generales y los fines
específicos. Posteriormente haremos una comparación entre los fines de la justicia restaurativa, aefecto de demostrar la coincidencia de ambos objetivos y la compatibilidad de ambos modelos dejusticia juvenil.
A. Fines Generales• Reducir la afectación social, moral y psicológica que significa el proceso penal
Uno de los objetivos fundamentales de establecer formas de desjudicialización, es fijar yfomentar acciones sociales necesarias que le permitan al joven o adolescente su permanente
desarrollo personal e impedir el alejamiento de su familia, lo cual a su vez contribuye al procesode educación sin la estigmatización que significa el proceso penal y eventualmente una sanción.
Así se debe procurar que el adolescente no se vea afectado social, moral y psicológicamente
con el proceso penal. Se considera inconveniente someter al joven o adolescente a un procesoque, de seguro, le causará problemas de carácter psicológico o social. La crítica de la teoría del- 120 -

etiquetamiento respecto del efecto estigmatizado es una de las justificaciones más frecuentes ycorrectas para implementar la desjudicialización en un programa alternativo o como renuncia
total a la persecución jurídico penal 6.
La desjudicialización también busca evitar la sanción formal y concretamente la imposición
de una sanción privativa de libertad. De ahí que también es una forma de reducir el uso de lasanción privación de libertad lo mismo que el aislamiento y la separación de su familia y losgrupos a los que pertenece el joven.
“La gran ventaja de la desjudicialización frente a las sanciones es que evitan en gran medida ladesintegración y estigmatización del delincuente, reconociéndolo y respetándole al mismo
tiempo su personalidad” 7.
Brindar mayor efectividad de los postulados o principios establecidos en la legislación
Tradicionalmente las legislaciones se caracterizan por normas enunciativas de derechos opostulados teleológicos que se refieren a fines como por ejemplo la reinserción social, la
rehabilitación, el interés superior del niño, etc. Sin embargo, son pocos los casos en los cuales
estos fines se llevan a la práctica. Es decir, las leyes se convierten en leyes enunciativas, dehermosos principios pero que en la práctica no tienen vigencia o aplicación. Es por esto que seconoce una lamentable tradición latinoamericana, de la dicotomía entre lo que la ley dice y loque se hace, es decir entre la teoría y la práctica, sea o judicial o administrativa.
•

Por medio de la desjudicialización y particularmente la remisión a programas de carácter
social y la conciliación, realmente se estaría cumpliendo con los principios rectores de una
protección integral, de la búsqueda de la formación y la reinserción del adolescente en su familia
y en la sociedad. La desjudicialización significa convertir en efectivos los derechos de losjóvenes y los adolescentes.
La desjudicialización vista desde esta perspectiva además es una forma para promover laparticipación de las organizaciones no gubernamentales y la comunidad en los programasorientados a los fines de la protección de los derechos del adolescente, e igualmente desalvaguardar los intereses de las víctimas. Especialmente resulta de relevancia ladesjudicialización, ya que son cada vez más escasos los programas públicos de prevención deldelito. Además, la complejidad social de un joven “tipo” infractor penal requerirá asistencia yayuda que no siempre los programas públicos le pueden dar 8. Es decir, para cumplir con estos

6 Albrecht (Peter - Alexis). “El derecho penal de menores.” Barcelona. PPU, 1990, 587. Traducción al castellano deJuan Bustos Ramírez.

7 Kaiser (Günter). Op. cit. p. 197.

8 Cuando nos referimos a un infractor tipo, estamos indicando el que coincide con el perfil social elaborado por elsuscrito y que tienen las siguientes características: Sexo masculino, mayor de 15 y menor de 18 años. Resideprimordialmente en las zonas marginales urbanas. Retraso escolar de 4 años o más. Trabaja en actividades que norequieren calificación laboral. Contribuye al sostenimiento del grupo familiar. El padre o la madre sondesempleados o subempleados. Proviene de una familia que es incompleta o desintegrada con ausencia del padre.
Conviven el mayor tiempo fuera de su núcleo familiar, con grupos igualitarios. Presenta adicción a drogas livianas yfuertes. Muestra problemas de socialización o integración con grupos diferentes al que pertenece. Estos factores
pueden provenir de los criterios de selección de las instancias de control formal penal.

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fines se requiere de la participación efectiva de la comunidad. Que es precisamente uno de losactores principales de la justicia restaurativa.
Reducir los costos del aparato judicial y administrativo
Es por todos conocido, y pareciera que no requeriría mayor explicación que el
funcionamiento de la administración de la justicia en todos los países es cada vez más costosos,
además que la justicia, y en particular la justicia juvenil, no siempre es una prioridad en el orden
de gasto de los gobiernos 9. Estos costos están relacionados con el aparato policial, las fiscalías,
las defensas públicas, la judicatura y el sistema penitenciario. Además de los gastos en el
personal de apoyo, tanto administrativo como profesional y los gastos operacionales de todo elsistema de justicia penal. Siempre resulta oportuno hacerse la siguiente pregunta: ¿Sí se están
utilizando correctamente los recursos públicos? La respuesta a esta interrogante debería estar
orientada en los efectos, es decir, si estos recursos económicos públicos están produciendo losefectos deseados, apartar a los adolescentes del delito y evitar las reincidencias. Sabemos quelamentablemente no es así. De ahí que, si los recursos son limitados y se utilizan mal, es decir,
no logrando los efectos deseados, lo más conveniente es que el Estado redefina su estrategia para
utilizar correctamente los recursos públicos.
•

Con la desjudicialización y la utilización de mecanismos como la remisión y laconciliación, se busca reducir los costos de la administración de la justicia, por medio deiniciativas públicas y privadas que, con toda seguridad, tendrán más éxito con los jóvenes, que lajusticia tradicional. Consiste también en promover por medio de la desjudicialización, una
justicia más participativa, que involucre a la comunidad en la búsqueda de las soluciones deldelito.
Otro argumento importante para favorecer la desjudicialización es el siguiente: Es conocido
también que la mayoría de delitos que cometen los adolescentes son los delitos de bagatela,como por ejemplo delitos contra la propiedad, hurtos, faltas, lesiones leves. En una segunda
categoría se ubicarían los delitos de una mediana peligrosidad (delitos con penas menores de 3 o
5 años) y son menos frecuentes los delitos graves, como los sexuales, violentos, o contra la vida.
Esta mayoría de delitos generalmente ínfimos no son razón suficiente para poner a funcionar
todo el costoso aparato de la administración de justicia, atendiendo al aforismo “De minimis non
curat pretor” (“Los jueces no conocen de las cosas pequeñas”). Es decir, aplicar correctamente
la ley penal sólo para los casos que realmente lo ameritan y no para casos insignificantes. De ahí
que deberíamos aplicar medidas desjudicializadoras o dejarlas como posibles en principio en
todos los delitos de bagatela. Además contar con la intervención de otras instancias formales (porejemplo con instrucciones de conducta) para los delitos de mediana peligrosidad. Y solo dejar elproceso formal para los delitos graves, por las exigencias instrumentales y simbólicas respecto
9 Por ejemplo, en Costa Rica solo para iniciar el primer año de aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil (1996),
el Poder Judicial solicitó al Ministerio de Hacienda la suma de 720 millones de colones; igualmente el Ministerio deJusticia gastó la suma de 110 millones de colones para acondicionar las instalaciones del llamado Centro de
Detención Juvenil San José. Estos dos datos nos reflejan que a nivel judicial y administrativo al Estado
costarricense en el primer año de vigencia de la ley ha gastado la suma de 830 millones de colones ($3.400.000.ºº) y
probablemente quizá más que esa suma de dinero, ya que se requiere una investigación específica sobre los costos
de la Justicia Juvenil para determinar realmente cuantos son sus verdaderos costos. Sobre todo en 15 años devigencia que lleva esta ley en Costa Rica.

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del sistema que tienen que ser puestas en consonancia con los controles estatales socialmenteorganizados.
Es decir, tomando en cuenta también esta realidad del delito, en la gran mayoría de las
infracciones cometidas por los adolescentes, delitos contra la propiedad, es posible implementar
programas de reparación que fomenten una justicia más restaurativa y que tendrá mejores efectosde reinserción social en los jóvenes. Lo que desde luego implicaría también, menores costos parala administración de justicia.
Involucrar a la comunidad en las soluciones de la delincuencia juvenil
La idea generalizada que tiene la comunidad de los jóvenes delincuentes, resulta casi
siempre negativa. La opinión pública se orienta con la idea de reprimir con penas severas a estos
grupos. Para fundamentar estas posiciones tan radicales, se esgrimen argumentos simplistas yprejuicios, que tratan de demostrar la creciente inseguridad ciudadana y altas tasas decriminalidad. Por ejemplo se argumenta que porcentualmente la criminalidad aumenta año a año,
y que los delitos de bagatela se transforman en delitos graves 10 . Como responsables de este“aumento” de criminalidad e inseguridad generalmente se les atribuye a los jóvenes,
principalmente de las zonas urbanas marginales.
•

Sin embargo, estos datos deben de manejarse con mucha cautela, pueden tener efectos
distorsionadores y alarmista infundados. En realidad no hay que fijarse sólo en el aumento de lastasas porcentuales de delincuentes. Sino también en lo que eso significa, con relación al aumentode la población del país, con relación a la implementación de políticas internas y externas, asícomo tomar en cuenta los profundos cambios sociales, los periodos de crisis económicas, lasguerras, y los eventos naturales, entre otros 11. Además no resulta cierto en muchos casos, que
los jóvenes cometan más delitos, o delitos más graves que los adultos. Por el contrario, losporcentajes de la comisión de delitos por lo menos en Costa Rica, en relación a los adultos, en
muchos casos no supera el 10% y, si efectivamente hay un aumento del delito, lo más probablees que todos los sectores y grupos etarios en una sociedad, contribuyan a ese aumento y noespecíficamente las personas menores de edad.
No se pueden interpretar los aumentos estadísticos al margen de muchos otros factores,
como por ejemplo las cifras negras de la delincuencia, los estudios de reincidencia, la relación
entre el delito y pobreza, lo mismo que la relación droga y delito 12.
Podríamos resumir diciendo que, pese a que deben de existir comunidades o sociedades mástolerantes que otras, la mayoría proponen soluciones tradicionales al problema de la delincuencia
en general y en particular a la delincuencia juvenil. Esta respuesta tradicional se concreta en laidea de endurecer el sistema penal y esto significa: aumentar e incluso militarizar a la policía,
aumentar y endurecer las penas y aumentar el número de personas detenidas 13 , junto con ladisminución de las garantías judiciales, acompañadas de políticas criminales como la reducción
10 Albrecht (Peter - Alexis). Op. Cit. pp. 21–22.
11 Ibid. p. 23.
12 Ibid. p. 30.

13 González (Daniel).

“Delincuencia Juvenil y Seguridad Ciudadana”. En: Ciencias Penales. Revista de laAsociación de Ciencias Penales de Costa Rica. San José, Nº 13, año 9, julio 1997, p. 112.

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de la edad de la responsabilidad penal, toques de queda y prisión preventiva automática paradelitos graves.
Estas respuestas tradicionales y negativas de las comunidades, producto de una distorsióndel fenómeno delictivo, podrían reducirse y hasta eliminarse con una desjudicialización con
intervención comunal. Que les permita a las comunidades reconocer que la mayoría de jóvenes
delincuentes son recuperables, capaces de cumplir tareas o trabajos de utilidad pública en
beneficio de todos. Además también sería una forma de educar a la población en los derechos delos jóvenes delincuentes y aumentar la conciencia solidaria necesaria en toda comunidad.
Con la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño se pone en evidencia,
tanto que la condición material de la infancia resulta directamente dependiente de su condición
jurídica, cuanto el hecho que la ley es demasiado importante como para que no sea preocupaciónde la sociedad 14. La participación de la comunidad resulta fundamental en cualquier programa dejusticia restaurativa. Sin embargo también hay que reconocer, que dicha participación es uno delos aspectos más complejos y difíciles para la vigencia de la justicia restaurativa. También es
posible señalar experiencias positivas de participación comunal y local, como el caso de laprovincia de Cartago en Costa Rica y el programa de suspensión del proceso a prueba, que es un
ejemplo claro de responsabilidad comunitaria 15.
• Reducir la discriminación que produce el sistema penal
Si bien es cierto la investigación criminológica no ha demostrado, que exista una directa
conexión de causas entre las condiciones de marginalidad social y delincuencia, lo cierto es quelas condiciones sociales influyen en el pronóstico delictivo. También es cierto que la mayoría dela clientela de la delincuencia juvenil registrada e institucionalizada, pertenece a los grupossociales económicamente débiles de la sociedad.
Lo anterior confirma la idea de que el sistema penal es discriminatorio y especialmente paralos jóvenes. Esto debido a que con las ideas de “protección y asistencia” de modelos de justicia
juvenil como el tutelar, las desigualdades producidas por el sistema de control formal seránsiempre mayores, al nivel de judicializar solo a los grupos de niños y jóvenes pobres. A pesar dela superación del modelo tutelar a nivel legislativo, siempre los sectores socialmenteestigmatizados serán los objetos del control formal. Lo que forma parte de otro importantefenómeno que es el proceso de criminalización, que tan solo menciono en este trabajo.
De ahí que la desjudicialización ayude a reducir la discriminación o trato desigual delsistema de justicia, además disminuye el fenómeno de la criminalización de sectores socialmente
14 García Méndez (Emilio). “Legislaciones Infanto - Juveniles en América Latina”. En: La niñez y la adolescencia
en conflicto con la ley penal. El nuevo derecho penal juvenil. Un derecho para la libertad y la responsabilidad. San
Salvador, CEE /ILANUD /UNICEF /PNUD /PRODERE Edinfodoc /Cooperazione Italiana /Ministerio de Justicia
de El Salvador. Editorial Hombres de Maíz, 1995, p. 37.
15 Ver sobre experiencias prácticas sobre justicia restaurativa en Costa Rica, en Arias Madrigal, Doris. 2006.
“Reflexiones teóricas y prácticas sobre la reparación del daño y la justicia restaurativa”. En: “Justicia Restaurativa
en Costa Rica: Acercamientos Teóricos y Prácticos.” Primer Congreso de Justicia Restaurativa. San José. Comisión
Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. pp. 164-185.

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marginados. Aunque también debería de cuestionarse, si la desjudicialización con intervención
social, no aumentaría las redes de control formal no judicial de los sectores más pobres de lasociedad. Por lo que la desjudicialización de los problemas legales de los jóvenes con o sinintervención, debería ser de tal forma que no se convierta en una ampliación de las redes de loscontroles sociales y produzca precisamente los que queremos evitar, la estigmatización ynegación de oportunidades para los jóvenes. En todo caso, aún reconociendo que las formas dedesjudicialización podrían ser también una forma de control social, evidentemente se trata de uncontrol reducido y con menores efectos dañinos, que el control jurídico-penal.
En todo caso, hay que decir que actualmente, el sistema penal y muy particularmente lassanciones, se aplican de manera restrictiva porque se limitan a determinados grupos dedelincuentes o al ámbito de determinados delitos. Por lo tanto debería promoverse undesplazamiento del control formal penal, por medidas desjudicializadoras, (con intervención osin ella) especialmente para casos leves 16.
Se podría considerar como criterio paralelo a todos los expuestos, que la desjudicialización
consiste en rescatar y dar plena vigencia al principio de humanidad, o mejor dicho en cuanto al
respeto y garantía de los derechos humanos de los jóvenes. Así se puede afirmar como lo hace
Kaiser, por ejemplo “que la desjudicialización es superior en humanidad, y en efectividad en
relación con las penas” 17. Es decir, frente a los dos controles formales, resulta más beneficiosopara los adolescentes, el control social que puede ejercerse a través de la desjudicialización.
B. Fines Específicos
La desjudicialización también cumple con los fines especiales de prevención que desde mi
punto de vista son los más importantes en un sistema de justicia juvenil. Sin pretender agotar
estos fines, ni tampoco que el orden aquí expuesto signifique una importancia jerárquica, vamos
a presentar a manera de ejemplo algunos de estos fines de prevención especial, que se cumplen
por medio de la desjudicialización. Lo cual no lleva a las finalidades u objetivos de losprogramas de justicia restaurativa.
Conservar al máximo posible el ritmo normal diario, de estudio, de trabajo y el entornosocial del joven
Este fin buscado con la desjudicialización consiste en que el adolescente conserve, si lo tiene,
su ritmo diario normal de estudio, de trabajo y el entorno social, pese a encontrarse sujeto a unproceso penal o pese el haber sido acusado de infringir una ley penal. Los órganos depersecución penal deberían en todo caso cuestionarse si es conveniente para el cumplimiento defines educativos, ejercer la acusación penal. O si por el contrario sería más conveniente remitir al
joven a programas educativos, que no afecten su vida cotidiana, esto en especial para la mayoría
de delitos, cometidos por los jóvenes, que, como observamos, son de bagatela.
•

En primer lugar la desjudicialización procura tener un efecto directo en la persona deladolescente, de tal forma que la reacción institucional no sea igual de violenta, o más violenta
que la misma conducta delictiva. Pero además busca reducir al máximo la intervención delsistema penal mediante sanciones de ejecución ambulatorias, que a la vez tienen la positiva
16 Kaiser (Günter). Op. cit. p. 198.
17 Ibid. p. 194.

- 125 -

consecuencia de que en muchos casos, el joven no será sustraído de la supervisión de sus padreso responsables, ni de su comunidad, ni de la vida regular que llevaba antes de la comisión deldelito. Se cumplen mucho mejor los objetivos educativos del sistema de justicia juvenil, en eltanto no se requiera de la institucionalización que pudiera significar la imposición de una sanción
formal.
Permitirle al joven una comprensión de su conducta delictiva
En los viejos modelos sobre legislación de menores (doctrina de la situación irregular) los
jóvenes o adolescentes no eran considerados responsables, por el contrario se trataba desustraerlos del proceso penal, por la idea que eran penalmente irresponsables, ya que
teóricamente no podían cometer delitos. Sólo se les consideraba objeto de protección.
•

Con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, se establece que sí esposible la atribución de una responsabilidad penal atenuada en el caso que los jóvenes cometan
una infracción tipificada por la ley como delito 18.
Para la realización de este fin se debe presumir “iuris tantum”, que los jóvenes poseen lacapacidad de comprender los actos delictivos, son personas con derechos pero también con
responsabilidades cuando afectan los derechos de otros. Actualmente sería muy difícil sostenerque los jóvenes tienen una incapacidad generalizada, o una falta de capacidad para comprenderla ilicitud del hecho 19. Como consecuencia de estos postulados, los modelos de justicia penal
juvenil integran en sus normas los principios de responsabilidad, tipicidad y culpabilidad.
Sin embargo, eso no significa que se les pueda someter a la jurisdicción penal de adultos,
puesto que aún se encuentran en proceso de desarrollo y formación de la personalidad. Y además
están excluidos de todo sistema penal los niños cuya edad es menor al límite de imputabilidad
penal, pues se presume que, estos niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales 20.
Junto con el fin represivo del derecho penal juvenil (la justicia juvenil no pierde su carácter
de derecho penal), se debe procurar el fin pedagógico, es decir que el joven comprenda su
conducta delictiva. Esto tiene importancia dentro de un modelo de responsabilidad, para que eljoven fortalezca también el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales deterceros. La desjudicialización con intervención, como podría ser la conciliación, la reparaciónde daños a la víctima, el enfrentamiento entre autor y víctima, son sin lugar a duda medios
18 Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobada por Costa Rica por la Ley Nº 7184, de 18 de julio de 1990.

Publicada en La Gaceta Nº 149 de 9 de agosto de 1990, artículo 40 inciso 1: Los Estados parte reconocen el Derecho
de todo niño de quien se alegue que ha infringido leyes penales, o a quien se acuse o declare culpable de haber
infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de sus sentido de la dignidad y el valor, que
fortalezca el derecho del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en la que setenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma una
función constructiva en la sociedad.
19 Sin que lo anterior signifique que en un caso particular, al menor de edad no se le pueda aplicar las atenuaciones
por trastornos mentales transitorios o permanentes como a los mayores de edad. Tiffer Sotomayor (Carlos). “Ley deJusticia Penal Juvenil. Comentada y concordada, con exposición de motivos del proyecto de ley e instrumentos
internacionales.” Editorial Jurídica Continental. 2011.
20 Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobada por Costa Rica por la Ley Nº 7184, de 18 de julio de 1990.
Publicada en La Gaceta Nº 149 de 9 de agosto de 1990., artículo 40 inciso 3º.

- 126 -

mucho más eficaces para lograr que el joven comprenda la ilicitud de su conducta y la afectaciónde derechos de terceros. Además que debe buscarse como objetivo central, que el adolescente
continúe una vida futura sin la comisión de delitos.
Entender la delincuencia juvenil como un “episodio de juventud”
Hay que considerar que opiniones calificadas 21 informan que los adolescentes y los jóvenes
atraviesan por una etapa de inmadurez, en la cual el realizar algunas conductas prohibidas
estimula la definición de su personalidad y marca el paso a la edad adulta, “el delito en losjóvenes entre los 12 y 18 años es una conducta normal debido a un periodo de crisis de juventudy desarmonía con la madurez, ya que se encuentran en una fase transitoria y con perturbaciones
de adaptación. Además, la delincuencia juvenil no es una manifestación sólo de las clasessociales más pobres, ni de los sujetos estigmatizados socialmente” 22.
•

Habría que revisar críticamente la conducta de la generación actual de adolescentes para
observar que esta conducta delictiva de los jóvenes no tiene grandes diferencias en cuanto a losadolescentes de los años noventa, ochenta, setenta o sesenta. ¿O es que los jóvenes de lageneración actual son más proclives al delito que los de las generaciones pasadas? Si bien es
cierto hay algunas particularidades en cada generación, la adolescencia se caracteriza por ser
siempre un período de adaptación, que con mucha facilidad puede llevarnos hacia laestigmatización de los grupos de adolescentes como jóvenes problema y de ahí es muy fácil
llegar a la idea de que éstos jóvenes son delincuentes. Lo que realmente se diferencia, son lasformas de comisión del delito y los contextos socioculturales que a cada generación lecorresponde vivir. Adaptación que, precisamente es parte del proceso de desarrollo en que seencuentran los adolescentes y que la mayoría de ellos supera normalmente y sin entrar en
conflicto con la ley penal.
Lo anterior nos debería de llevar a la conclusión de que muchos de los que actualmentesomos adultos, también hemos pasado por un período de adaptación y que solo en algunos casos
podemos hablar de “crisis” en la adolescencia, y esto no significó un obstáculo para que lamayoría se integrara socialmente. Sin necesidad de que la adolescencia hubiera significado elinicio de una carrera delictiva, esto debería justificar que la reacción y la intervención judicial
sea la menos posible, ya que los delitos (por lo menos la gran mayoría) son productos de lo que
podríamos denominar trance de juventud. Además de este carácter episódico y de trance en eldesarrollo de la personalidad, por el que atraviesan los jóvenes, no hay que dejar de mencionarque en el caso centroamericano, se presentan particularidades muy importantes, tales como
conflictos armados, guerras civiles, gobiernos dictatoriales y autoritarios, una historia dediscriminación para sectores sociales como indígenas y afrocaribeños. Por lo que actualmente,estas sociedades de la mayoría de los países centroamericanos, se encuentran inmersas encontextos de alta violencia y delitos graves, con problemas de corrupción pública y privada, yuna criminalidad vinculada a las actividades del narcotráfico. Todo esto hace que, a parte de lacrisis individual por la que pueden atravesar los adolescentes, se le agregue un fenómeno decrisis social.
21 Kaiser (Günther). Op. cit. pp. 190, Dünkel, Frieder (2010), Ostendorf, Heribert (2011).

22 Tiffer Sotomayor (Carlos). “Prevención y delincuencia juvenil”. En: La Nación. Domingo 28 de septiembre de1997, p. 15.

- 127 -

Por medio de la desjudicialización y la intervención mínima se posibilita la idea que laparticipación de un adolescente en un hecho delictivo sea sólo un episodio en el desarrollocompleto de sus vidas.
IV. FORMAS LEGISLATIVAS DE LA DESJUDICIALIZACIÓN PENAL JUVENIL ENCOSTA RICA
Las formas de desjudicialización previstas en la legislación costarricense se pueden dividir
en dos niveles:• Primer nivel:
A. Remisión
B. Archivos fiscales
C. Desestimaciones
D. Criterio de oportunidad•

Segundo nivel:
A. Conciliaciones
B. Suspensión del proceso a prueba
C. Reparación integral del daño
D. Ejecución condicional
V. PRÁCTICA DE LA DESJUDICIALIZACIÓN EN COSTA RICA 23

23 Crédito: Imagen tomada de Google.

- 128 -

- 129 -

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PORCENTAJERELACIÓN
NIÑOS/ADULTOS(7.5%)

12.25912.193

9.81% 10.10% 10.38% 9.17%

11.703

8.13%

11.494

6.94%

9.953

6,90%

9.863

6.30%

9.921

6.37%

11.951

6.35%

15.585

6.70%

16.7187.24%

16.962

6.90%

10.91610.837

2002

TOTAL
NIÑOS
(160.355)

2001

110.363 115.757 118.034 132.900 141.294 143.413 142.791 157.438 187.543 245.158 249.203 234.041 158.121

2000

TOTAL
ADULTOS
(2.136.056)

AÑO

5.1. Delitos denunciados en el Ministerio Público 2000-2012 en Costa Rica

- 130 -10.83711.70312.25912.193

11.494

9.953

9.863

566

508

TotalesAbsolutos

128

155

147

149

189

101

148

2009

662

5.4. Archivos Fiscales 2003-2012 en procesos contra adolescentes en Costa Rica
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008

657

2009

11.951

494

673

2008

9.921

486

TotalesAbsolutos

5.3. Remisiones 2003-2012 en procesos contra adolescentes en Costa Rica
Año
2003
2004
2005
2006
2007

TOTAL

5.2. Cantidad de adolescentes denunciados en materia penal juvenil 2000-2012 en Costa Rica
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

267

2010

517

2010

15.58520092011

16.962

298

2011

454

2011

16.718

2010

28

2012

451

2012

10.9162012

- 131 -

5352

5224

5307

5362

5247

7072

10034

2009

11334

2010

10935

2011

3045

2006

5931

2007

7367

2008

2009

2010

TotalesAbsolutos

118

137

54

62

41

10

39

61

2010

2520

2005

5.7. Sobreseimientos provisionales 2003-2012 en procesos contra adolescentes en Costa Rica
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

4832

2004

4025

4106

2003

4280

TotalesAbsolutos

Año

24

2011

3147

2011

5.6. Sobreseimientos definitivos 2003-2012 en procesos contra adolescentes en Costa Rica (*criterios de oportunidad incluidos)

TotalesAbsolutos

5.5. Desestimaciones 2003-2012 en procesos contra adolescentes en Costa Rica
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008

55

2012

4397

2012

6774

2012

- 132 -

808

834

769

TotalesAbsolutos

315

363

459

560

495

673

379

537

2010

786

5.9. Suspensión del Proceso a Prueba 2003-2012 en procesos contra adolescentes en Costa Rica
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

713

2010

236

547

2009

279

TotalesAbsolutos

5.8. Conciliaciones 2003-2012 en procesos contra adolescentes en Costa Rica
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008

713

2011

331

2011

544

2012

440

2012

- 133 -Sentenciados
360
450
363
442
273 <
525
678
602
644
532
554
465
578
670 >
592

Año

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sanción
impuesta

302

337 >

290

202

184 <

231

236

252

309

280

303

262

226

297

246

Condenatoria

51.01

50.29

50.17

43.44

33.21

43.42

36.6

41.8

45.6

53.3

64.1

59.3

62.3

66.0

68.3

%

Tipo de sentencia

Menores condenados

5.10. Frecuencia de adolescentes sentenciados entre el año 1998-2012 en Costa Rica

290

333

288

263

370

301

408

350

369

245

170

180

137

153

114

Absolutoria

48.99

49.71

49.83

56.56

66.78

56.57

63.3

58.1

54.4

46.7

35.9

40.7

37.7

34.0

31.7

%

- 134 -

28
1
1
56
10

30

4

0

53

6

246

TOTAL

297

3

23

19

2

136

39

61

71<

1999

1998

Reparación de daños
Orden de orientación ysupervisión
Internamiento
domiciliario
Internamiento en tiempo
libreInternamiento en
centro especializado
Internamiento con
ejecución condicional

Libertad asistida
Prestación de servicio ala comunidad

AÑO
Amonestación yadvertencia

226

1

40

0

0

24

0

28

102

31

2000

262

8

48

0

3

14

0

27

126

36

2001

5.11. Práctica sancionatoria en Costa Rica (1998-2012)

303

6

68

0

0

30

0

17

157

25

2002

280

2

74

5

3

38

3

17

119

19

2003

309

4

48

3

1

25

1

22

179

26

2004

252

1

34

1

0

35

1

8

146

26

2005

236

0

25 <

5

0

22

0

12

149

23

2006

231

2

33

1

1

12

1

5

133

43

2007

184

2

50

-

1

8

-

2

103

18

2008

202

4

54

-

-

8

-

-

110

26

2009

290

-

88

-

-

13

5

4

151

29

2010

337

6

99

-

1

16

2

2

189 >

22

2011

302

12

129 >

-

-

11

-

2

135

13

2012

VI. COMENTARIOS FINALES
Una intervención judicial excesiva, afecta el proceso de desarrollo y muy probablemente
influye en las reincidencias delictivas. Para que la desjudicialización sea una práctica en lossistemas de justicia juvenil, se requiere de una concepción de un Estado Democrático que
promueva la incorporación familiar y social de los adolescentes, no su exclusión. También
los sujetos procesales que intervienen, fiscales, jueces y defensores, deben incorporar underecho penal mínimo y subsidiario. Además, se requiere un compromiso interinstitucional
público y privado, con la participación de la comunidad. La desjudicialización favorece lareducción de la sanción privativa de libertad y consecuentemente la disminución deadolescentes privados de libertad.
De la estadística presentada, se observa que el porcentaje de delitos cometidos por los
niños en comparación con los adultos es de un promedio de 7.5% y que contrario a lo que laopinión pública cree, por lo menos del periodo 2000-2012 las denuncias presentadas contra
personas menores de edad han disminuido. También encontramos que la práctica de la
desjudicialización tiene plena vigencia, ya que se utilizan formas de desjudicialización comola remisión, los archivos fiscales, las desestimaciones y sobreseimientos desde un inicio delprimer contacto de los adolescentes con el sistema de justicia. El promedio de uso de laremisión en el periodo estudiado fue de 546,8 casos, mientas que los archivos fiscales fue de161 casos. Importante señalar es que la desestimación es la forma de desjudicialización que
más se ocupa con un promedio de 7.264,1 casos y los sobreseimientos definitivos fueron unpromedio de 4.365 casos, mientras que los sobreseimientos provisionales fueron un promediode 60,1 casos. También las formas de desjudicialización denominadas alternativas al juicio,como por ejemplo la conciliación en el periodo estudiado se utilizó en un promedio de 602,2
casos. Mientras que la suspensión del proceso a prueba se utilizó en un promedio de 503,8
casos. En Costa Rica falta vincular estas medidas desjudicializadoras con programas deprevención del delito y reinserción social específico para adolescentes, con el objetivo dereducir las reincidencias delictivas.
Con respecto a la práctica sancionatoria, se observa que en el periodo estudiado la
sanción impuesta a personas menores de edad en su mayoría consiste en la libertad asistida,mientras que la sanción más drástica de internamiento en centros especializados no superó
del año 1998 al 2009 el número de 100 casos, mientras que se observa una tendencia deaumento a partir del año 2010, 2011 y 2012. El principal problema de Costa Rica seencuentra en el ámbito de ejecución o cumplimiento de la sanción, que es precisamente en
donde debe materializarse los fines socioeducativos de las sanciones. Ese es el principal
desafío del país.

VII. BIBLIOGRAFÍA
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- 136 -