BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 134

Miércoles 5 de junio de 2013

I.

Sec. I. Pág. 42244

DISPOSICIONES GENERALESJEFATURA DEL ESTADO
5941

Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercadodel alquiler de viviendas.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguientePREÁMBULOI

El mercado inmobiliario español se caracteriza por una alta tasa de propiedad y un
débil mercado del alquiler. En España, el porcentaje de población que habita en una
vivienda en alquiler se encuentra apenas en el 17 por ciento, frente a la media de la Unión
Europea que está muy próxima al 30 por ciento. Esto le sitúa como el país europeo con
mayor índice de vivienda por cada 1.000 habitantes y también como uno de los que posee
menor parque de viviendas en alquiler.
En el marco económico actual, las implicaciones negativas que tiene esta
característica del mercado de la vivienda sobre la economía y la sociedad españolas sonpatentes y afectan, tanto a la movilidad de los trabajadores como a la existencia de unelevado número de viviendas en propiedad, vacías y sin ningún uso.
La realidad, por tanto, es que el mercado de alquiler no es una alternativa eficaz almercado de la propiedad en España, puesto que, o bien la oferta de viviendas en alquiler
es insuficiente, o bien no es competitiva por estar sujeta a rentas muy elevadas. Además,
nuestro mercado arrendaticio se caracteriza fundamentalmente por las relaciones
personales entre arrendador y arrendatario, situándonos aún lejos de un verdaderomercado profesionalizado de alquiler.
De ahí que la búsqueda de mecanismos de flexibilización y dinamización de este
mercado deba moverse en un marco que consiga atraer al mismo, al mayor número posible
de las viviendas actualmente vacías y sin ningún uso, en manos de propietarios privados.
II– El régimen jurídico aplicable, reforzando la libertad de pactos y dando prioridad a lavoluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el título II de la Ley.
– La duración del arrendamiento, reduciéndose de cinco a tres años la prórroga
obligatoria y de tres a uno la prórroga tácita, con objeto de dinamizar el mercado delalquiler y dotarlo de mayor flexibilidad. De esta forma, arrendadores y arrendatarios
podrán adaptarse con mayor facilidad a eventuales cambios en sus circunstancias
personales.

cve: BOE-A-2013-5941

Esta Ley tiene, por tanto, el objetivo fundamental de flexibilizar el mercado del alquiler
para lograr la necesaria dinamización del mismo, por medio de la búsqueda del necesario
equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecersea los arrendadores para su puesta a disposición del mercado arrendaticio. Tal objetivo se
busca mediante la modificación de un conjunto de preceptos de la Ley 29/1994, de 24 denoviembre, de Arrendamientos Urbanos, que supone la actuación sobre los siguientes
aspectos fundamentales:

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Sec. I. Pág. 42245– La recuperación del inmueble por el arrendador, para destinarlo a vivienda
permanente en determinados supuestos, que requiere que hubiera transcurrido al menos
el primer año de duración del contrato, sin necesidad de previsión expresa en el mismo,
dotando de mayor flexibilidad al arrendamiento.
– La previsión de que el arrendatario pueda desistir del contrato en cualquier
momento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses y lo comunique alarrendador con una antelación mínima de treinta días. Se reconoce la posibilidad de quelas partes puedan pactar una indemnización para el caso de desistimiento.
Asimismo, es preciso normalizar el régimen jurídico del arrendamiento de viviendas
para que la protección de los derechos, tanto del arrendador como del arrendatario, no seconsiga a costa de la seguridad del tráfico jurídico, como sucede en la actualidad.
La consecución de esta finalidad exige que el arrendamiento de viviendas regulado
por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, se someta alrégimen general establecido por nuestro sistema de seguridad del tráfico jurídico
inmobiliario y, en consecuencia, en primer lugar, que los arrendamientos no inscritos
sobre fincas urbanas no puedan surtir efectos frente a terceros adquirentes que inscriban
su derecho y, en segundo lugar, que el tercero adquirente de una vivienda que reúna losrequisitos exigidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, no pueda resultar perjudicado
por la existencia de un arrendamiento no inscrito. Todo ello, sin mengua alguna de losderechos ni del arrendador, ni del arrendatario.
Por último, en los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez mássignificativo del uso del alojamiento privado para el turismo, que podría estar dando
cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal, que van en contra de lacalidad de los destinos turísticos; de ahí que la reforma de la Ley propuesta los excluya
específicamente para que queden regulados por la normativa sectorial específica o, en su
defecto, se les aplique el régimen de los arrendamientos de temporada, que no sufre
modificación.
III
Esta Ley opera una reforma de determinados preceptos de la Ley 1/2000, de 7 deenero, de Enjuiciamiento Civil, al objeto de abordar las cuestiones más puntuales que estángenerando problemas en los procesos de desahucio después de las últimas reformas de laanterior Legislatura. En concreto, se vincula el lanzamiento a la falta de oposición deldemandado, de tal modo que si éste no atendiere el requerimiento de pago o nocompareciere para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por
terminado el juicio y producirá el lanzamiento, frente al sistema actual que impide señalar ellanzamiento hasta que no se sepa si la vista se ha celebrado o no. Estas modificaciones
obligan a efectuar el ajuste de otros artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo primero. Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos.
Los artículos 4, 5, 7, 9 a 11, 13 a 20, 23 a 25, 27, 35 y 36 de la Ley 29/1994, de 24 denoviembre, de Arrendamientos Urbanos, quedan modificados como sigue:
El artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 4.

Régimen aplicable.

1. Los arrendamientos regulados en la presente Ley se someterán de forma
imperativa a lo dispuesto en los títulos I y IV de la misma y a lo dispuesto en losapartados siguientes de este artículo.
2. Respetando lo establecido en el apartado anterior, los arrendamientos devivienda se regirán por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la
voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el título II de la presente
ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.

cve: BOE-A-2013-5941

Uno.

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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso
distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo
dispuesto en el título III de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el
Código Civil.
4. La exclusión de la aplicación de los preceptos de esta ley, cuando ello sea
posible, deberá hacerse de forma expresa respecto de cada uno de ellos.
5. Las partes podrán pactar la sumisión a mediación o arbitraje de aquéllas
controversias que por su naturaleza puedan resolverse a través de estas formas deresolución de conflictos, de conformidad con lo establecido en la legislación
reguladora de la mediación en asuntos civiles y mercantiles y del arbitraje.
6. Las partes podrán señalar una dirección electrónica a los efectos derealizar las notificaciones previstas en esta ley, siempre que se garantice laautenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehacientede la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron.»Dos.

Se añade una letra e) al artículo 5 con la siguiente redacción:«e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada yequipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en
canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida
a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial.»
Tres.

El artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 7.

Condición y efectos frente a terceros del arrendamiento de viviendas.

1. El arrendamiento de vivienda no perderá esta condición aunque elarrendatario no tenga en la finca arrendada su vivienda permanente, siempre que
en ella habiten su cónyuge no separado legalmente o de hecho, o sus hijos
dependientes.
2. En todo caso, para que los arrendamientos concertados sobre fincas
urbanas, surtan efecto frente a terceros que hayan inscrito su derecho, dichos
arrendamientos deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad.»
El artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 9.

Plazo mínimo.

1. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Siésta fuera inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se
prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcanceuna duración mínima de tres años, salvo que el arrendatario manifieste alarrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminacióndel contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.
El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puestadel inmueble a disposición del arrendatario si ésta fuere posterior. Corresponderá
al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición.
2. Se entenderán celebrados por un año los arrendamientos para los que nose haya estipulado plazo de duración o éste sea indeterminado, sin perjuicio delderecho de prórroga anual para el arrendatario, en los términos resultantes delapartado anterior.
3. No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido elprimer año de duración del mismo, el arrendador comunica al arrendatario quetiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanentepara sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o parasu cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad
matrimonial. La referida comunicación deberá realizarse al arrendatario al menos

cve: BOE-A-2013-5941

Cuatro.

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con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar yel arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si laspartes no llegan a un acuerdo distinto.
Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso,del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus
familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en lossupuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial aocupar ésta por sí, según los casos, el arrendatario podrá optar, en el plazo detreinta días, entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por unnuevo período de hasta tres años, respetando, en lo demás, las condiciones
contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos
que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la
reocupación, o ser indemnizado por una cantidad equivalente a una mensualidad
por cada año que quedara por cumplir hasta completar tres, salvo que la ocupación
no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor.
4. Tratándose de finca no inscrita, también durarán tres años losarrendamientos de vivienda que el arrendatario haya concertado de buena fe conla persona que parezca ser propietaria en virtud de un estado de cosas cuya
creación sea imputable al verdadero propietario, sin perjuicio de la facultad de norenovación a que se refiere el apartado 1 de este artículo. Si el arrendador
enajenase la vivienda arrendada, se estará a lo dispuesto en el artículo 1.571 delCódigo Civil. Si fuere vencido en juicio por el verdadero propietario, se estará a lo
dispuesto en el citado artículo 1.571 del Código Civil, además de que corresponda
indemnizar los daños y perjuicios causados.»
Cinco.

El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 10.

Prórroga del contrato.

1. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus
prórrogas, una vez transcurridos como mínimo tres años de duración de aquel,ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con treinta días deantelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará
necesariamente durante un año más.
2. Una vez inscrito el contrato de arrendamiento, el derecho de prórroga
establecido en el artículo 9, así como la prórroga de un año a la que se refiere elapartado anterior, se impondrán en relación a terceros adquirentes que reúnan lascondiciones del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
3. Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal yconvencional al que estuviera sometido.»
El artículo 11 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 11.

Desistimiento del contrato.

El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayantranscurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con
una antelación mínima de treinta días. Las partes podrán pactar en el contrato que,para el caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador con
una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año delcontrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugara la parte proporcional de la indemnización.»

cve: BOE-A-2013-5941

Seis.

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Siete.

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El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 13.

Resolución del derecho del arrendador.

1. Si durante la duración del contrato el derecho del arrendador quedara
resuelto por el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una sustitución
fideicomisaria, la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o desentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opción de compra, quedará
extinguido el arrendamiento.
Conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 7 y en el artículo 14,
se exceptúan los supuestos en los que el contrato de arrendamiento hubiera
accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes
de la resolución del derecho del arrendado. En este caso continuará el arrendamiento
por la duración pactada.
Cuando se trate de un arrendamiento sobre finca no inscrita se estará a la
duración establecida en el apartado 4 del artículo 9.
2. Los arrendamientos otorgados por usufructuario, superficiario y cuantos
tengan un análogo derecho de goce sobre el inmueble, se extinguirán al términodel derecho del arrendador, además de por las demás causas de extinción que
resulten de lo dispuesto en la presente ley.»
Ocho.

El artículo 14 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 14.

Enajenación de la vivienda arrendada.

1. El adquirente de una finca inscrita en el Registro de la Propiedad, arrendada
como vivienda en todo o en parte, que reúna los requisitos exigidos por el artículo 34
de la Ley Hipotecaria, sólo quedará subrogado en los derechos y obligaciones delarrendador si el arrendamiento se hallase inscrito, conforme a lo dispuesto por losartículos 7 y 10 de la presente ley, con anterioridad a la transmisión de la finca.
2. Si la finca no se hallase inscrita en el Registro de la Propiedad, se aplicará
lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 1571 del Código Civil. Si el adquirente
usare del derecho reconocido por el artículo citado, el arrendatario podrá exigir quese le deje continuar durante tres meses, desde que el adquirente le notifique
fehacientemente su propósito, durante los cuales deberá satisfacer la renta ydemás cantidades que se devenguen al adquirente. Podrá exigir, además, alvendedor, que le indemnice los daños y perjuicios que se le causen.»El artículo 15 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 15.

Separación, divorcio o nulidad del matrimonio del arrendatario.

1. En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio delarrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda
arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
civil que resulte de aplicación. El cónyuge a quien se haya atribuido el uso de lavivienda arrendada de forma permanente o en un plazo superior al plazo que reste
por cumplir del contrato de arrendamiento, pasará a ser el titular del contrato.
2. La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser
comunicada al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada laresolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial
o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda.»Diez.

El apartado 4 del artículo 16 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 16.

Muerte del arrendatario.

4. En arrendamientos cuya duración inicial sea superior a tres años, las partes
podrán pactar que no haya derecho de subrogación en caso de fallecimiento delcve: BOE-A-2013-5941

Nueve.

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arrendatario, cuando éste tenga lugar transcurridos los tres primeros años deduración del arrendamiento, o que el arrendamiento se extinga a los tres años
cuando el fallecimiento se hubiera producido con anterioridad.»Once.
términos.

Se añade un apartado 5 al artículo 17 que queda redactado en los siguientes«5. En los contratos de arrendamiento podrá acordarse libremente por laspartes que, durante un plazo determinado, la obligación del pago de la renta pueda
reemplazarse total o parcialmente por el compromiso del arrendatario de reformaro rehabilitar el inmueble en los términos y condiciones pactadas. Al finalizar el
arrendamiento, el arrendatario no podrá pedir en ningún caso compensación
adicional por el coste de las obras realizadas en el inmueble. El incumplimiento porparte del arrendatario de la realización de las obras en los términos y condiciones
pactadas podrá ser causa de resolución del contrato de arrendamiento y resultará
aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23.»Doce.

El artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 18.

Actualización de la renta.

1. Durante la vigencia del contrato la renta sólo podrá ser actualizada por elarrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia delcontrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, el
contrato se actualizará aplicando a la renta correspondiente a la anualidad anterior
la variación porcentual experimentada por el índice general nacional del sistema deíndices de precios de consumo en un período de doce meses inmediatamente
anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia parala primera actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado
en la fecha de celebración del contrato, y en las sucesivas, el que corresponda alúltimo aplicado.
2. La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguientea aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando
el porcentaje de alteración aplicado y acompañando, si el arrendatario lo exigiera,
la oportuna certificación del Instituto Nacional de Estadística.
Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad delpago precedente.»
Trece.

El apartado 1 del artículo 19 queda redactado en los siguientes términos:

Catorce.

El apartado 2 del artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:«2. Durante los tres primeros años de vigencia del contrato, la suma que elarrendatario haya de abonar por el concepto a que se refiere el apartado anterior,con excepción de los tributos, sólo podrá incrementarse, por acuerdo de las partes,
anualmente, y nunca en un porcentaje superior al doble de aquel en que pueda
incrementarse la renta conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18.»

cve: BOE-A-2013-5941«1. La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos tresaños de duración del contrato le dará derecho, salvo pacto en contrario, a elevar larenta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el
tipo de interés legal del dinero en el momento de la terminación de las obras
incrementado en tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del veinte por
ciento de la renta vigente en aquel momento.
Para el cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones
públicas obtenidas para la realización de la obra.»BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Quince.

Sec. I. Pág. 42250

El artículo 23 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 23.

Obras del arrendatario.

1. El arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador,
expresado por escrito, obras que modifiquen la configuración de la vivienda o delos accesorios a que se refiere el apartado 2 del artículo 2. En ningún caso elarrendatario podrá realizar obras que provoquen una disminución en la estabilidad
o seguridad de la vivienda.
2. Sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato, el arrendador que nohaya autorizado la realización de las obras podrá exigir, al concluir el contrato, que
el arrendatario reponga las cosas al estado anterior o conservar la modificación
efectuada, sin que éste pueda reclamar indemnización alguna.
Si, a pesar de lo establecido en el apartado 1 del presente artículo, el
arrendatario ha realizado unas obras que han provocado una disminución de laestabilidad de la edificación o de la seguridad de la vivienda o sus accesorios, elarrendador podrá exigir de inmediato del arrendatario la reposición de las cosas alestado anterior.»
Dieciséis.

El artículo 24 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 24.

Arrendatarios con discapacidad.

1. El arrendatario, previa notificación escrita al arrendador, podrá realizar enel interior de la vivienda aquellas obras o actuaciones necesarias para que pueda
ser utilizada de forma adecuada y acorde a la discapacidad o a la edad superior asetenta años, tanto del propio arrendatario como de su cónyuge, de la persona conquien conviva de forma permanente en análoga relación de afectividad, con
independencia de su orientación sexual, o de sus familiares que con alguno deellos convivan de forma permanente, siempre que no afecten a elementos oservicios comunes del edificio ni provoquen una disminución en su estabilidad oseguridad.
2. El arrendatario estará obligado, al término del contrato, a reponer lavivienda al estado anterior, si así lo exige el arrendador.»
Diecisiete.

El apartado 8 del artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:«8. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, las partes podrán
pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente.
En los casos en los que se haya pactado dicha renuncia, el arrendador deberá
comunicar al arrendatario su intención de vender la vivienda con una antelación
mínima de treinta días a la fecha de formalización del contrato de compraventa.»
Se añade un apartado 4 al artículo 27 en los siguientes términos:«4. Tratándose de arrendamientos de finca urbana inscritos en el Registro dela Propiedad, si se hubiera estipulado en el contrato que el arrendamiento quedará
resuelto por falta de pago de la renta y que deberá en tal caso restituirse
inmediatamente el inmueble al arrendador, la resolución tendrá lugar de pleno
derecho una vez el arrendador haya requerido judicial o notarialmente alarrendatario en el domicilio designado al efecto en la inscripción, instándole al pagoo cumplimiento, y éste no haya contestado al requerimiento en los diez días hábiles
siguientes, o conteste aceptando la resolución de pleno derecho, todo ello por
medio del mismo juez o notario que hizo el requerimiento.
El título aportado al procedimiento registral, junto con la copia del acta derequerimiento, de la que resulte la notificación y que no se haya contestado por elrequerido de pago o que se haya contestado aceptando la resolución de pleno
derecho, será título suficiente para practicar la cancelación del arrendamiento en el
Registro de la Propiedad.

cve: BOE-A-2013-5941

Dieciocho.

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Sec. I. Pág. 42251

Si hubiera cargas posteriores que recaigan sobre el arrendamiento, será
además preciso para su cancelación justificar la notificación fehaciente a lostitulares de las mismas, en el domicilio que obre en el Registro, y acreditar laconsignación a su favor ante el mismo notario, de la fianza prestada por elarrendatario.»
Diecinueve.

El artículo 35 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 35.

Resolución de pleno derecho.

El arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las causas
previstas en las letras a), b), d) y e) del apartado 2 del artículo 27 y por la cesión osubarriendo del local incumpliendo lo dispuesto en el artículo 32.»
Veinte.
términos:Los apartados 2 y 3 del artículo 36 quedan redactados en los siguientes«2. Durante los tres primeros años de duración del contrato, la fianza no
estará sujeta a actualización. Pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, elarrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que
disminuya, hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente,
según proceda, al tiempo de la prórroga.
3. La actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo
pactado para el arrendamiento exceda de tres años, se regirá por lo estipulado alefecto por las partes. A falta de pacto específico, lo acordado sobre actualizaciónde la renta se presumirá querido también para la actualización de la fianza.»
Artículo segundo. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Los artículos 22, 164, 220, 440, 497, 549 y 703 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, deEnjuiciamiento Civil, quedan modificados como sigue:
Uno.

El apartado 4 del artículo 22 queda redactado en los siguientes términos:

Dos.

El artículo 164 queda redactado en los siguientes términos:«Artículo 164.

Comunicación edictal.

Cuando, practicadas, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el
artículo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación,o cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus

cve: BOE-A-2013-5941«4. Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago delas rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto
dictado al efecto por el secretario judicial si, requerido aquél en los términos
previstos en el apartado 3 del artículo 440, paga al actor o pone a su disposición enel Tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento, el
importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el
momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera ala enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes a lavista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará sentencia
por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda
habiendo lugar al desahucio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario
hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no
hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador
hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, almenos, treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se
hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.»BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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efectos, conforme a lo establecido en los artículos anteriores, o cuando así seacuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo 157, el secretario
judicial, consignadas estas circunstancias, mandará que se haga la comunicación
fijando la copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvaguardando en todo caso los derechos e intereses de menores, asícomo otros derechos y libertades que pudieran verse afectados por la publicidad
de los mismos. Tal publicidad podrá ser sustituida, en los términos que
reglamentariamente se determinen, por la utilización de medios telemáticos,
informáticos o electrónicos, conforme a lo previsto en el artículo 236 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Sólo a instancia de parte, y a su costa, se publicará en el “Boletín Oficial” de laprovincia, en el de la Comunidad Autónoma, en el “Boletín Oficial del Estado” o en
un diario de difusión nacional o provincial.
En todo caso en la comunicación o publicación a que se refieren los párrafos
anteriores, en atención al superior interés de los menores y para preservar su
intimidad, deberán omitirse los datos personales, nombres y apellidos, domicilio, ocualquier otro dato o circunstancia que directa o indirectamente pudiera permitir su
identificación.
En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago derentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en losprocesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere
hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados
en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado deforma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador, alque éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a fijar la cédula decitación o requerimiento en el tablón de anuncios de la oficina judicial.»Tres.

Se modifica el apartado 2 del artículo 220:

«2. En los casos de reclamaciones de rentas periódicas, cuando la acción dereclamación se acumule a la acción de desahucio por falta de pago o por expiración
legal o contractual del plazo, y el demandante lo hubiere interesado expresamente
en su escrito de demanda, la sentencia, el auto o el decreto incluirán la condena asatisfacer también las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a lapresentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca,
tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras, el importe de la última
mensualidad reclamada al presentar la demanda.»
Los apartados 3 y 4 del artículo 440 quedan redactados como sigue:«3. En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión dedesahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, acumulando o no lapretensión de condena al pago de las mismas, el secretario judicial, tras laadmisión, y previamente a la vista que se señale, requerirá al demandado paraque, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o, en caso depretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición
de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas enla demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador deldesahucio; o en otro caso comparezca ante éste y alegue sucintamente, formulando
oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, lacantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.
Si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso aque se refiere el apartado 3 del artículo 437, se le pondrá de manifiesto en el
requerimiento, y la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento
con los efectos del artículo 21.

cve: BOE-A-2013-5941

Cuatro.

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Además, el requerimiento expresará el día y la hora que se hubieran señaladopara que tengan lugar la eventual vista en caso de oposición del demandando,
para la que servirá de citación, y la práctica del lanzamiento en caso de que nohubiera oposición. Asimismo se expresará que en caso de solicitar asistencia
jurídica gratuita el demandado, deberá hacerlo en los tres días siguientes a lapráctica del requerimiento, así como que la falta de oposición al requerimiento
supondrá la prestación de su consentimiento a la resolución del contrato dearrendamiento que le vincula con el arrendador.
El requerimiento se practicará en la forma prevista en el artículo 161 de esta
Ley, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en apartado 3 del artículo 155 yen el último párrafo del artículo 164, apercibiendo al demandado de que, de no
realizar ninguna de las actuaciones citadas, se procederá a su inmediatolanzamiento, sin necesidad de notificación posterior, así como de los demás
extremos comprendidos en el apartado siguiente de este mismo artículo.
Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no comparecierepara oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado
el juicio de desahucio y se procederá el lanzamiento en la fecha fijada.
Si el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble
sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el secretario judicial
lo hará constar, y dictará decreto dando por terminado el procedimiento, y dejando
sin efecto la diligencia de lanzamiento, a no ser que el demandante interese su
mantenimiento para que se levante acta sobre el estado en que se encuentre lafinca, dando traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución en
cuanto a la cantidad reclamada, bastando para ello con la mera solicitud.
En los dos supuestos anteriores, el decreto dando por terminado el juicio dedesahucio, impondrá las costas al demandado e incluirá las rentas debidas que sedevenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega dela posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de lasrentas futuras, el importe de la última mensualidad reclamada al presentar lademanda. Si el demandado formulara oposición, se celebrará la vista en la fecha
señalada.
4. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado enel requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se declarará eldesahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de lasentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. Igualmente,en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado se fijará día yhora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes
de treinta días desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandadoque, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá allanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.»
Cinco.

El apartado 3 del artículo 497 queda redactado como sigue:

Seis.

Se modifica el apartado 3 del artículo 549:

«3. En la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de las rentas
o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, o en losdecretos que pongan fin al referido desahucio si no hubiera oposición alrequerimiento, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio serásuficiente para la ejecución directa de dichas resoluciones, sin necesidad de ningún

cve: BOE-A-2013-5941«3. No será necesaria la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” de la
Comunidad Autónoma o en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ en aquellos procedimientos
en los que la sentencia no tenga efecto de cosa juzgada y en los procesos dedesahucio en los que se acumule la acción de reclamación de las rentas ycantidades debidas. En estos casos bastará la publicidad del edicto en el tablón deanuncios de la Oficina Judicial.»

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otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la propia
sentencia o en la fecha que se hubiera fijado al ordenar la realización delrequerimiento al demandado.»
Siete.

El apartado 1 del artículo 703 pasa a tener la siguiente redacción:«1. Si el título dispusiere la transmisión o entrega de un bien inmueble, una
vez dictado el auto autorizando y despachando la ejecución, el secretario judicial
responsable de la misma ordenará de inmediato lo que proceda según el contenido
de la condena y, en su caso, dispondrá lo necesario para adecuar el Registro altítulo ejecutivo.
Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto deltítulo, el secretario judicial requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazoque señale. Si no las retirare, se considerarán bienes abandonados a todos losefectos.
En los casos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, opor expiración legal o contractual del plazo, para evitar demoras en la práctica dellanzamiento, previa autorización del secretario judicial, bastará con la presencia deun único funcionario con categoría de Gestor, que podrá solicitar el auxilio, en su
caso, de la fuerza pública.»
Artículo tercero.

Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.

Disposición adicional primera.
arrendamiento de vivienda.

Transmisión de información sobre contratos deCon la finalidad de definir, proponer y ejecutar la política del Gobierno relativa alacceso a la vivienda, el Ministerio de Fomento podrá articular instrumentos decolaboración que le permitan obtener información acerca de la localización de lasviviendas, de los contratos de arrendamiento sobre las mismas de los que se tenga

cve: BOE-A-2013-5941

1. Se crea un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. Por
real decreto se regulará su organización y funcionamiento.
2. Con la finalidad de ofrecer información sobre el riesgo que supone arrendar
inmuebles a personas que tienen precedentes de incumplimiento de sus obligaciones depago de renta en contratos de arrendamiento y que, por dicho motivo, hayan sidocondenadas por sentencia firme en un procedimiento de desahucio del artículo 250.1.1.°
o del artículo 438 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el secretario
judicial correspondiente remitirá dicha información al Registro de sentencias firmes deimpagos de rentas de alquiler.
3. En el mismo sentido, los órganos de arbitraje competentes deberán poner enconocimiento de dicho Registro los datos relativos a aquellas personas que hayan sido
declaradas responsables del impago de rentas de arrendamientos, por medio de laudo
arbitral dictado al efecto.
4. Tendrán acceso a la información obrante en el Registro, los propietarios deinmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento sobre los mismos, seanpersonas físicas o jurídicas. A tales efectos deberán presentar una propuesta de contratode arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, limitándose la
información a la que tendrá derecho, a los datos que consten en el Registro, relacionados
exclusivamente con dicho arrendatario.
5. Las personas incluidas en el Registro podrán instar la cancelación de la inscripción
cuando en el proceso correspondiente hubieran satisfecho la deuda por la que fueroncondenadas. No obstante, la constancia en el citado Registro tendrá una duración máxima
de seis años, procediéndose a su cancelación automática a la finalización de dicho plazo.
6. La inscripción a la que se refiere este artículo estará, en todo caso sujeta a loestablecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

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constancia a través de los Registradores de la Propiedad, de los registros administrativosde contratos de arrendamiento o de depósitos de fianzas de las Comunidades Autónomas
y del Consejo General del Notariado, así como de aquellos datos de carácter estadísticoque consten en la Administración Tributaria derivados del acceso a beneficios fiscales dearrendadores y arrendatarios. En ningún caso, dicha información contendrá datos decarácter personal protegidos por la legislación en materia de protección de datos.
Disposición adicional segunda. Régimen aplicable a las ayudas de los Planes Estatales
de Vivienda y Renta Básica de Emancipación.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley será de aplicación el siguiente régimen alas ayudas de subsidiación de préstamos, Ayudas Estatales Directas a la Entrada ysubvenciones reguladas en los Planes Estatales de Vivienda cuyos efectos se mantengana la entrada en vigor de esta Ley y a las ayudas de Renta Básica de Emancipación
establecidas por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre:a) Se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que sevinieran percibiendo.
Asimismo se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos
reconocidas, con anterioridad al 15 de julio de 2012, que cuenten con la conformidad delMinisterio de Fomento al préstamo, siempre que éste se formalice por el beneficiario en elplazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
Quedan suprimidas y sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo
reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda.
No se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos
que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquierotra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.
b) Las Ayudas Estatales Directas a la Entrada que subsisten conforme a ladisposición transitoria primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, sólo
podrán obtenerse cuando cuenten con la conformidad expresa del Ministerio de Fomentoa la entrada en vigor de esta Ley, y siempre que el beneficiario formalice el préstamo en
un plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la misma.
c) Se mantienen las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas derehabilitación integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE,
acogidas a los Planes Estatales de Vivienda hasta que sean efectivas las nuevas líneas
de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Se suprimen y quedan
sin efecto el resto de subvenciones acogidas a los Planes Estatales de Vivienda.
d) Las ayudas de Renta Básica de Emancipación reguladas en el Real Decreto
1472/2007, de 2 de noviembre, que subsisten a la supresión realizada por el Real Decretoley 20/2011, de 30 de diciembre, y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, se
mantienen hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas, del Plan Estatal de
Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración yrenovación urbanas, 2013-2016.
Disposición transitoria primera. Régimen de los contratos de arrendamiento celebrados
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
Los contratos de arrendamiento sometidos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,de Arrendamientos Urbanos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era deaplicación.
Sin perjuicio de ello, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a lasprevisiones legales, los contratos preexistentes podrán adaptarse al régimen jurídico
establecido en esta Ley.

cve: BOE-A-2013-5941

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Disposición transitoria segunda. Régimen de los procesos en tramitación a la entrada envigor de esta Ley.
A los procesos que estuvieran en trámite a la entrada en vigor de la presente ley no
serán de aplicación las modificaciones introducidas en el artículo segundo. Estos
procesos se sustanciarán, hasta que recaiga decreto o sentencia, conforme a lalegislación procesal anterior.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 8.ª y 13.ªde la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre regulación de lascondiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de derechos constitucionales,
legislación procesal, legislación civil, ordenación de los registros e instrumentos públicos ybases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Adaptación del Real Decreto 297/1996, de 23 de febrero,sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de los contratos de arrendamientos
urbanos.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adaptará
la regulación contenida en el Real Decreto 297/1996, de 23 de febrero, sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de los contratos de arrendamientos urbanos, a lasprevisiones de la misma, en especial en lo concerniente a las condiciones de cancelaciónde la inscripción de los arrendamientos y a la modificación de los aranceles notariales yregistrales aplicables.
Disposición final tercera. Desarrollo normativo.
Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte lasdisposiciones reglamentarias y medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de esta
Ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley.
Madrid, 4 de junio de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

cve: BOE-A-2013-5941

MARIANO RAJOY BREY

http://www.boe.es

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D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X